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Chile: “Queremos Una Educación Que Deje Fuera La Mirada Discriminadora Que Plantea El Patriarcado”

América del Sur/Chile/23-08-2021/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl

Con más de 100 participantes, el Departamento de Mujer y Género del Magisterio dio inicio este martes al “Ciclo de Talleres sobre Educación No Sexista”. Espacio formativo cuya misión es entregar herramientas que permitan elaborar clases con perspectiva de género y así, contribuir a eliminar el sexismo presente en el sistema educacional.

Conversamos con Javiera Zumarán, una de las profesoras asistentes al primer taller, quien destacó la instancia por ser un espacio de reflexión: “Se tocaron varios puntos que a veces como docentes damos por sentado, como por ejemplo:  ¿Qué es el sexismo?, ¿Qué es un discurso de odio?; y al aunar criterios con las demás participantes, que eran de distintas partes de Chile y de diferentes generaciones, fue posible comprender de una manera más íntegra de qué estamos hablando cuando hablamos de una Educación No Sexista. Por eso, una de las cuestiones que destacaría de este taller, es la oportunidad que tuvimos de conversar y poner en común nuestras experiencias y así llevar ese conocimiento a nuestras propias escuelas”.

En ese sentido, la profesora y coordinadora del Ciclo, Rosa María Montecinos, destacó la importancia de generar este tipo de talleres para que las profesoras puedan tener los conocimientos, experiencias y herramientas necesarias para contribuir desde el currículo a una Educación No Sexista en Chile. “Queremos una educación que deje fuera la mirada discriminadora que plantea el patriarcado. Abrir un portal que visibilice a las mujeres y a las disidencias en el relato histórico de la construcción del conocimiento, erradicando ciertas dinámicas que están presentes en nuestras comunidades escolares, que son: heteronormativas, sexistas y discriminadoras y que muchas veces, producen violencia en nuestros alumnos y también en nuestros docentes”, agregó Montecinos.

Si bien el ciclo de talleres ya comenzó, éste se extiende hasta el 1º de septiembre, a continuación tendrás el detalle de cada uno de los talleres y el formulario de inscripción:

Taller 2.-” Aproximaciones a las Olas Feministas”
Análisis histórico de las distintas olas feministas, que permite reflexionar respeto de las luchas, conquistas, tensiones y aportes del feminismo a lo largo de la historia. Miércoles 18 de Agosto a las 19:00 horas.

Taller 3: “Introducción a las Diversidades Sexuales y de Género”
Este taller está dirigido a profesoras y profesores que por primera vez se enfrentan a la temática, o que desean desarrollar una mirada integral sobre esta realidad. Miércoles 25 de Agosto a las 19:00 horas.

Taller 4: “Infancias Trans y Educación: hacia una inclusión efectiva”
Este taller está dirigido a profesoras y profesores que deseen comprender de manera cabal las infancias trans y los desafíos que enfrentan en establecimientos educacionales, así como adquirir herramientas para avanzar hacia su inclusión efectiva en la comunidad escolar. Jueves 26 de Agosto a las 19:00 horas.

Taller 5: “Trabajando la Diversidad Sexual en la asignatura de biología”
Este taller está dirigido a profesoras y profesores de biología que busquen conocer más sobre la diversidad sexual en la naturaleza y en la humanidad desde una perspectiva biológica, derribando con evidencia mitos sobre la sexualidad para avanzar hacia una enseñanza actualizada de esta dimensión humana en el aula. Abierto a docentes de otras asignaturas. Martes 31 de Agosto a las 19:00 horas.

Taller 6: “Trabajando la Diversidad Sexual en la asignatura de historia”
Este taller está dirigido a profesoras y profesores de historia que busquen conocer más sobre la presencia de la diversidad sexual y de género a lo largo de la historia en diversas culturas, la historia del movimiento LGBTI moderno y cómo aplicar estos conocimientos en el aula. Abierto a docentes de otras asignaturas. Miércoles 1 de Septiembre a las 19:00 horas.

Fuente e Imagen: https://www.colegiodeprofesores.cl/2021/08/18/queremos-una-educacion-que-deje-fuera-la-mirada-discriminadora-que-plantea-el-patriarcado/

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Desneoliberalizar la educación: hacia un modelo estatal-comunitario, democrático e integral

Por: Leonora Reyes y Miguel Caro

Un modelo estatal-comunitario es el marco que proporcionará las condiciones institucionales básicas para el sostenimiento de procesos que promuevan una educación no sexista, que replanteen la relación con la naturaleza desde una perspectiva de sustentabilidad, que amplíen la noción de conocimiento desde la experiencia social, considerando los saberes ancestrales, así como el uso crítico y contextual del conocimiento académico.

La inminencia de la puesta en marcha de la Convención Constitucional como un momento estratégico para la redefinición del derecho a la educación para varias décadas más, nos plantea el desafío de establecer la centralidad que debe ocupar la educación pública en la desneoliberalización de la sociedad chilena. Pero no será posible llegar a establecer un marco normativo para cumplir esta expectativa sino aseguramos un proceso deliberativo de discusión desde los actores de la educación, sobre la educación que queremos. Más concreto aún, no lograremos establecer las bases jurídicas del derecho a la educación sin un proceso que tenga por objetivo la redefinición y actualización del proyecto de educación pública que necesitamos para el siglo XXI.

De hecho, un proceso de debate y de desarrollo de experiencias colaborativas se vienen dando desde hace décadas. En la post dictadura, por ejemplo, desde fines de la década de 1990, lo hicieron colectivos de reflexión crítica de estudiantes y docentes, el Colegio de Profesores y también diversas organizaciones de trabajadores de la educación y de apoderadas/os. Por otro lado, se generaron experiencias educativas desde establecimientos cuyos equipos directivos, junto con sus docentes, impulsaron transformaciones desde las comunidades educativas, orientadas a la democratización de la gestión administrativa, curricular y pedagógica. Por último, se impulsaron iniciativas de grupos de académicos y espacios de articulación entre diversos actores sociales y colectivos docentes.

En estas décadas se ha ido acumulando un aprendizaje y una perspectiva de reconstrucción global del sistema educativo. Se ha transitado paulatinamente desde la demanda exclusivamente gremial hacia una crítica estructural y hacia una reelaboración del proyecto educativo que requiere un nuevo modelo. Allí subyace “lo público” asociado a las reglas de un nuevo sistema y la discusión sobre “la educación que queremos” a partir de “lo común”, como el lugar “donde nos encontramos en tanto que ciudadanos/as iguales” en derechos; resignificando y reemplazando, por tanto el concepto de “calidad educativa”.

De esas elaboraciones se puede inferir que, si lo que se requiere es llegar a cambiar los principios constitucionales en orden a garantizar el derecho a la educación, es preciso hacerlo desde un lugar: la definición conjunta de un concepto de educación que desmonte el esquema de mercado y que sostenga las bases para el desarrollo de un nuevo sistema público, articulado, mayoritario y preferente. Entendemos esto no sólo como un reordenamiento del régimen de propiedad en favor de la recuperación del rol garante del Estado, sino además como la necesidad de conectar estratégicamente la función educativa con los desafíos de un proyecto país, que ponga al centro la dignidad de la vida y la plena participación de sus comunidades.

Desmontar la concepción de mercado implica, por tanto, el doble ejercicio de subordinar la libertad de enseñanza al derecho a la educación y, a la vez, dotar al sistema educativo de un conjunto de principios que promuevan un proyecto que recoja las actuales necesidades de desarrollo del país. Por otro lado, obliga a sacar la educación de su pretensión de neutralidad, de la mera transmisión de una cultura académica y la instrucción funcional, para alinearla con los requerimientos de la vida en sociedad desde una perspectiva compleja en clave post neoliberal. El requisito indispensable de este cambio es la superación de la perspectiva estandarizadora, individualista y competitiva que hoy caracteriza al sistema educativo, en cuanto dichos rasgos operan como negación de la constitución de sujetos historizadas/os, lo que requiere una necesaria deliberación comunitaria sobre el contenido educativo.

Para todo esto, hay condiciones esenciales que también debieran quedar plasmadas a nivel de principios constitucionales, partiendo por el tránsito hacia una educación como derecho social universal efectivo y la definición de la educación como bien público; esto es, como una actividad que produce bienes culturales esenciales para el interés general y el desarrollo de la sociedad, más allá de sus eventuales beneficios individuales. Sobre dicha base, resulta completamente indispensable el rol garante del Estado, así como la provisión estatal mayoritaria y preferente del derecho a la educación. Tal garantía implica, por cierto, superar el financiamiento focalizado y competitivo del sistema, por uno de tipo basal y orientado a sustentar a plenitud las necesidades de los proyectos educativos.

No obstante, nada de esto resolverá adecuadamente los problemas estructurales de una educación de mercado si no se garantiza la participación deliberativa y vinculante de las comunidades, tanto en la gestación como en la implementación y desarrollo del proyecto educativo, el currículum, los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación.

En síntesis, el nuevo modelo, junto con sacar al mercado de la educación, debe producir una relación articuladora entre Estado y comunidad, para otorgar la garantía del derecho a la educación, la conexión con el interés general del país y la deliberación desde la base social articulada, respecto de la gobernanza de las instituciones escolares y del sentido del proceso educativo (en todos sus ámbitos). De este modo, el urgente reemplazo de la preeminencia que tiene la libertad de enseñanza y el mercado por sobre el derecho a la educación, no puede ser entendida sólo como la garantía universal de acceso. Debe entenderse también como el aseguramiento de un tipo de educación que habilite a las personas para vivir en la sociedad de manera plena y digna, lo cual supone que dicho acceso, además de darse en condiciones de igualdad, tienen que ser capaz de proveer de un proyecto educativo democrático-participativo, integral e inclusivo.

Un modelo estatal-comunitario es el marco que proporcionará las condiciones institucionales básicas para el sostenimiento de procesos que promuevan una educación no sexista, que replanteen la relación con la naturaleza desde una perspectiva de sustentabilidad, que amplíen la noción de conocimiento desde la experiencia social, considerando los saberes ancestrales, así como el uso crítico y contextual del conocimiento académico. Un proceso que eduque desde la experiencia de formas activas, directas y comunitarias de participación ciudadana y que se reconozca en nuestra condición de plurinacionalidad e interculturalidad.

Educar para la vida digna, en un marco de comprensión post neoliberal implica transitar desde políticas que efectivamente materialicen los principios generales y que no se limiten simplemente a situarse en un nivel declarativo. Por dicha razón es exigible que la nueva Constitución tenga un alto nivel de precisión en estos temas y que, luego, se exprese en la elaboración de una nueva ley general de educación, así como en una amplia normativa que la concrete. Implica, por cierto, una nueva generación de políticas curriculares, evaluativas y de desarrollo profesional docente, orientadas por el nuevo enfoque de principios.

Para desneoliberalizar la educación no basta con ampliar la definición de derecho a la educación en la nueva Constitución. Si bien se requiere asegurar un marco jurídico y normativo amplio, es necesario contar con la agencia de sujetos, actores y movimientos para el desarrollo de una educación democrática, diversa y con justicia social. Desneoliberalizar la sociedad chilena tiene, como una de sus condiciones indispensables, avanzar de manera urgente hacia una educación unificada desde lo público, en el contexto de un modelo que vincule al Estado con la comunidad, en la tarea de conectar al sistema educativo con un proyecto de desarrollo que supere el actual modelo neoliberal.

Leonora Reyes y Miguel Caro
Leonora Reyes es doctora en Historia, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Miguel Caro es profesor de Historia y Geografía, académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).

Fuente e Imagen: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/05/29/desneoliberalizar-la-educacion-hacia-un-modelo-estatal-comunitario-democratico-e-integral.html

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Ministra de Educación Holandesa: examinen cuidadosamente lo que crean, en un intento por terminar con los estereotipos de género en la industria del juguete.

Europa/Holanda/www.bbc.com

La ministra de Educación holandesa, Ingrid van Engelshoven, ha pedido a los fabricantes de juguetes que examinen cuidadosamente lo que crean, en un intento por terminar con los estereotipos de género en la industria del juguete.

Ella estaba respondiendo a un pacto de fabricantes de juguetes franceses para desechar juegos o juguetes que promueven estereotipos para niñas y niños.

Un ministro francés dijo que muchos juguetes proyectaban mensajes «insidiosos».

La Sra. Van Engelshoven también se ha quejado de la publicidad que muestra a las niñas en la cocina mientras los niños asumen trabajos difíciles.

Sus intentos de dirigir el debate sobre los llamados juguetes sexistas coinciden con el fabricante de Barbie, Mattel, que lanza una nueva línea de muñecas neutrales en cuanto al género.

El ministro holandés dijo en una charla de TED en diciembre pasado que los medios de comunicación y la industria publicitaria continuaron retratando a los esposos como sostenes y esposas como amas de casa y que esto tuvo un efecto duradero en los niños.

¿Qué hay detrás del pacto francés?

El ministro de Economía francés, Agnès Pannier-Runacher, dijo que la nueva «carta para una representación equilibrada (de género) en los juguetes» (en francés) tiene por objeto brindar a las niñas y los niños «acceso a un mundo que abre una gama de posibilidades».

Este experimento probó si los adultos eligieron juguetes para niños según su género

La carta, anunciada antes del mercado de juguetes de Navidad, cubre toda la industria en Francia. La federación nacional de juguetes dijo que estaba comprometida a hacer esfuerzos «cuantificables» para mejorar la neutralidad de género en los juguetes.

El personal de Toyshop también recibirá capacitación para preguntar qué le interesa a un niño en lugar de «¿es para un niño o una niña?».

En un tweet, Pannier-Runacher dijo que el elemento de imaginación transmitido por los juguetes era importante para los niños. y ella destacó tres nuevos juguetes de Barbie.

Espacio en blanco de presentación

«Una niña pequeña puede querer ser doctora y no vestirse con el uniforme de una enfermera», dijo a la radio francesa. «Ella podría elegir ser un caballero cabalgando hacia la batalla en lugar de una princesa. Démosles un mundo mucho más rico que no los estigmatice».

Se quejó de que solo una de cada 10 mujeres entró en la codificación de la computadora, dejando a los hombres que representan el 90% de los trabajadores que se centran en los algoritmos del futuro. Los fabricantes de juguetes ahora se centrarían en transmitir mensajes como «actuar como adultos» en lugar de elegir a mamá o papá, dijo.

Los fabricantes de juguetes franceses dijeron que era demasiado pronto para revisar su gama antes de Navidad, pero que habría cambios inmediatos en las exhibiciones de las tiendas y en la forma en que el personal trataba a los niños y las niñas.

Van Engelshoven no fue tan lejos como para pedir a las compañías holandesas que desechen juguetes vistos como estereotipos de género, pero un portavoz le dijo a la BBC que quería que las compañías pensaran cuidadosamente sobre la situación.

Sin embargo, varios políticos criticaron su intervención. Un parlamentario dijo que estaba sorprendido de que ella tuviera tanto tiempo para este tipo de pasatiempo, ya que tenía mucho que hacer en educación. La emancipación es parte de la cartera del ministro.

Fuente: https://www.bbc.com/news/world-europe-49837450

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Las estudiantes chilenas esperan desde hace un año nuevos protocolos contra el acoso en la universidad

Por: Meritxell Freixas Martorell

La movilización estudiantil feminista de hace un año reclamó cambios en estos documentos, pero son pocos los centros que han concretado los cambios

“Ni el protocolo [de la universidad] ni el sistema judicial es suficiente para las denunciantes. Nos relegan a un rol secundario, donde todo es secreto y ni siquiera podemos decir qué pasó ni defendernos de las decisiones que toma la universidad”. Es la crítica que la estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, Sofía Brito, expresaba en contra de la desprotección que vivió por acusar dentro de la universidad a uno de sus profesores. Fue en mayo de 2018, cuando la joven y exayudante de Carlos Carmona, quien además de académico fue presidente del Tribunal Constitucional, dio a conocer públicamente una denuncia por acoso sexual y laboral contra el docente que terminó provocando su dimisión. El caso motivó una protesta feminista que paralizó las clases de la facultad durante 74 días, en un contexto de movilizaciones estudiantiles que se replicaron en todo el país para exigir una educación no sexista y el fin de la violencia machista en las aulas.

Entre abril y agosto de 2018, la ola de protestas estudiantiles feministas provocó la ocupación y paralización de 24 universidades de Chile y convocó masivas manifestaciones en las principales ciudades del país.

Las primeras en organizarse fueron las jóvenes de la Universidad Austral de Chile, ubicada en la ciudad sureña de Valdivia. El 17 de abril de 2018 estudiantes de Antropología se tomaron el edificio de su facultad para denunciar varios casos de acoso y abuso entre estudiantes. A ellas se sumaron las jóvenes de Ciencias de la misma casa de estudios, que rechazaron la decisión de la institución de mantener en plantilla a un docente que, tras una investigación interna, fue hallado culpable de acosar sexualmente a una funcionaria. En un par de semanas, las ocupaciones llegaron a la capital, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por las acusaciones de Sofía Brito en contra de Carmona.

Poco a poco, otras instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, fueron sumándose a la movilización estudiantil feminista. Entre ellas, la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, que fue la que estuvo más tiempo en paro, casi cuatro meses, y que incluso implicó una huelga de hambre para conseguir que su rector aceptara el petitorio; o también la Pontificia Universidad Católica, que fue ocupada por última vez en 1986, en plena dictadura.

Universidades sin protocolos

Los petitorios que presentaron las estudiantes a los rectores de las universidades paralizadas recogían distintas demandas. Pero prácticamente todos tenían en común la creación o mejora de los protocolos internos para abordar situaciones de acoso y/o abuso; la suspensión y expulsión de los académicos involucrados en estos casos, y la eliminación de la educación sexista, una cuestión muy amplia que abarcaba desde el lenguaje que los docentes utilizan en clase, hasta cursos obligatorios con perspectiva de género incluidos en el currículum académico o cuotas de género en cargos académicos y administrativos, entre otros.

El informe Protocolos de acoso sexual en las universidades chilenas: una deuda pendiente, publicado hace un año por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Universidad Católica, revelaba que sólo siete universidades de las 60 que existen en Chile habían diseñado y publicado protocolos contra el acoso sexual universitario a noviembre de 2017. A partir de enero de 2018, otras cuatro se sumaron a este proceso.

La investigación también señalaba tres limitaciones comunes de las instituciones universitarias para abordar esta cuestión: una definición restringida del acoso; el uso de protocolos como estrategia reactiva y no preventiva; y el desconocimiento de las lógicas de poder “entretejidas” en la problemática. “Los protocolos no son, en su diseño, ni equitativamente seguros ni cómodos para todas las partes”, concluyeron las autoras. Precisamente por eso, las protestas hicieron de su creación o mejora una necesidad de las estudiantes para actuar ante situaciones de acoso, abuso y violencia sexual en las universidades. En esa demanda, las jóvenes se encontraron con la complicidad de académicas y funcionarias que apoyaron sus reivindicaciones y presionaron para conseguirlas.

En Universidad de Chile y en la de Concepción, por ejemplo, en el último tiempo se han puesto en marcha “fiscalías” para mejorar las garantías de las investigaciones y evitar, así, que sean los académicos –muchas veces sin formación en género– los que tengan que esclarecer un caso de acoso o abuso dentro de la institución.

Falta de voluntad para avanzar

Consuelo Sarmiento fue una de las portavoces de la movilización de la Universidad Austral y hoy es parte del Observatorio de Género y Medios para el Sur. Explica que la protesta logró “fortalecer” algunos puntos del reglamento de la universidad en materia de acoso sexual y destaca la creación de la primera Secretaría de Género y Sexualidad de la universidad.

Sin embargo, la exestudiante lamenta que no se haya logrado “sacar a los académicos acosadores de las aulas”, hecho que, según ella, no pasa con los estudiantes, que son expulsados con mucha más facilidad: “Con los profesores la relación de poder es bastante distinta”, afirma. Según la prensa chilena, después de las protestas, un total de 16 universidades abrieron 132 procesos internos por denuncias de acoso y/o abuso sexual o laboral.

Desde la Universidad Católica, Daniela Pinto, estudiante de Bioquímica y una de las portavoces de la ocupación, cuenta que las estudiantes siguen “a la espera” de que se concreten los cambios que solicitaron en el protocolo: “Hoy todavía tenemos el mismo que el año pasado”, se queja. Piden que se incluya el acoso hacia las estudiantes –no sólo hacia las trabajadoras de la universidad–, que se acorten los tiempos de las investigaciones o que contemple también los casos ocurridos fuera del recinto universitario.

La joven explica que durante las negociaciones se acordó modificar el documento durante el primer semestre de este año, entendiendo que se pudieran prolongar los plazos porque se trata de un proceso lento. Sin embargo, en su opinión, “las autoridades no muestran voluntad para avanzar”.

Más allá de los pendientes en materia de protocolo, Pinto menciona que sí ha habido tímidos avances, por ejemplo, en la incorporación de dos psicólogas al equipo de abogadas que aborda los casos de violencia sexual. “El gran problema es que la Universidad no muestra nada de lo que está haciendo, se sabe sólo a nivel de autoridades y eso dificulta hablar de avances porque un estudiante de base no tiene ni idea de nada”, critica ella.

Esperar con cierta “frustración”

La movilización estudiantil feminista llevó al Ministerio de Educación a proponer un compromiso entre los rectores para avanzar en equidad de género. Por ahora, nueve universidades han firmado el acuerdo. Entre las medidas que deberán cumplir está que al menos un 40% de los integrantes de los órganos superiores sean mujeres y que en las elecciones de rectores compita al menos una mujer.

Este mes se cumple un año de aquel “mayo feminista” que tiñó las calles de Santiago de verde, color de la lucha por el aborto, y de lemas y consignas a favor de una educación no machista y libre de violencias. Pero con la distancia y perspectiva, las protagonistas de las marchas observan con cierto regusto amargo que no han avanzado tanto como esperaban. “Más allá del hito que representó la movilización y de un avance en la toma de consciencia, creo que hay un poco de frustración porque al final no hemos visto nada concreto ni tangible. Estamos en un punto muerto”, dice Pinto. “Y mientras no llegan los cambios, nuestras compañeras siguen en clase con sus abusadores, las siguen violentando”, añade.

Las tomas que lideraron las estudiantes en el otoño e invierno austral de 2018 contribuyeron a alimentar y consolidar el movimiento feminista en Chile, que tuvo su máxima expresión el pasado 8 de marzo, con masivas manifestaciones en todo el país. Las chilenas hicieron historia, pero no podría explicarse el éxito del 8M sin el pulso que abrieron las jóvenes hace justo un año. Los frutos de ese esfuerzo, pero, los siguen esperando impacientes hasta hoy.

Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/wp-content/uploads/2019/04/IMG_9656-768×512.jpg

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/04/29/las-estudiantes-chilenas-esperan-desde-hace-un-ano-nuevos-protocolos-contra-el-acoso-en-la-universidad/

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Primera marcha estudiantil de 2019 en Chile acaba en disturbios con Policía

Redacción: La Vanguardia

(Actualiza con cifra de manifestantes detenidos y policías heridos durante los disturbios)

Los estudiantes universitarios y secundarios chilenos protagonizaron este miércoles su primera marcha de protesta del 2019, centrada en el repudio a la ley de «aula segura», que facilita la expulsión de alumnos desde los centros educativos.

Unos 20.000 jóvenes, según los organizadores, y la mitad según la policía, marcharon a lo largo de la Alameda Bernardo O’Higgins, la principal avenida de Santiago, en una jornada que culminó con incidentes cuando grupos de encapuchados se dedicaron a destruir el mobiliario urbano y se enfrentaron con la Policía.

 

 

Asimismo, también aclararon que 6 agentes de la Policía resultaron heridos por las piedras u objetos arrojados contra ellos por esa facción de los manifestantes.

La manifestación, replicada en otras ciudades de Chile, fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que reúne a estudiantes universitarios y las dos principales agrupaciones de secundarios, los más afectados por la ley de aula segura.

Los estudiantes plantearon a las autoridades un petitorio de cinco puntos en el demandan una educación no sexista, cambios en el modelo de financiación, un plan de salud mental en las instituciones de educación superior, y espacios para la educación cívica en los distintos establecimientos.

También exigieron una solución para alrededor de 27.000 universitarios que perdieron la gratuidad por retrasarse en sus carreras.

En relación con los secundarios, el dirigente Víctor Chanfreau acusó una excesiva represión de las autoridades y cuestionó la detención, en sus domicilios la semana pasada, de seis alumnos del Liceo Darío Salas acusados de usar bombas incendiarias contra profesores en el establecimiento.

En tanto, Belén Larrondo, portavoz de la Confech, denunció una «falta de respuestas» de las autoridades ante las demandas surgidas desde el sector estudiantil.

«No vemos que el Gobierno esté en pos de querer avanzar, para que las medidas que han sido aplicadas de manera deficiente, como la gratuidad, mejoren, sino que aplica medidas parche constantemente, que no solucionan el profundo problema que hoy tiene la educación chilena», sostuvo.

 

 

La manifestación mantuvo cierto orden hasta las proximidades del Palacio de La Moneda, sede del Gobierno, donde aparecieron los encapuchados, que fueron reprimidos con gases lacrimógenos y chorros de agua por la Policía.

Los enfrentamientos se extendieron a calles adyacentes, en las que se interrumpió el tráfico de vehículos y numerosos comercios cerraron sus puertas.

El desorden se generalizó en los últimos tramos del recorrido, al punto que fue suspendido el acto final de la marcha, que incluía discursos de los dirigentes, cuando unos encapuchados prendieron fuego al escenario.

Otras manifestaciones estaban previstas en las ciudades de Temuco, Valdivia, Chillán, Copiapó, La Serena, Puerto Montt y Osorno, entre otras.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/internacional/20190425/461865320049/primera-marcha-estudiantil-de-2019-en-chile-acaba-en-disturbios-con-policia.html

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Reino Unido: La escuela primaria de Birmingham suspende las clases de LGBT por tiempo indefinido

Europa/Reino UNido/TheGuardian

Parkfield dice que los estudios no se reanudarán hasta que se alcance una resolución con los padres que protestan

Una escuela primaria de Birmingham que enseñó a los alumnos los derechos LGBT como parte de un programa para desafiar la homofobia suspendió las lecciones por tiempo indefinido hasta que se alcance una resolución con los padres que protestan.

La escuela comunitaria Parkfield en Saltley ha sido el escenario de protestas semanales sobre las lecciones, que los padres afirman que promueven estilos de vida gay y transgénero.

Los jefes escolares ahora han dicho que las lecciones de No forasteros, que enseñan la tolerancia de diversos grupos, incluidos los de diferentes razas, géneros y orientación sexual, no se enseñarán «hasta que se haya alcanzado una resolución».

Anteriormente, Parkfield dijo que continuarían normalmente después de las vacaciones de Semana Santa.

Este mes, unos 600 niños musulmanes, de edades comprendidas entre cuatro y 11 años, fueron retirados de la escuela por el día, dijeron los padres. Parkfield no confirmó el número.

El mismo día se llevaron a cabo conversaciones entre los padres, los jefes de educación y el Excelsior Multi Academy Trust, que administra Parkfield, lo que llevó al anuncio de que se suspenderían las lecciones.

En una declaración, la escuela dijo: “Nada es más importante que garantizar que la educación de nuestros hijos continúe sin interrupciones.

“Tanto los padres como el fideicomiso mantuvieron conversaciones constructivas con el comisionado regional de escuelas y, como resultado de estas discusiones, estamos ansiosos por continuar trabajando junto con los padres en los próximos días y semanas para encontrar una solución que apoye a los niños en Nuestra escuela para continuar su educación en un ambiente armonioso.

«Hasta que se llegue a una resolución, las lecciones de No forasteros no se enseñarán en Parkfield y esperamos que los niños no sean retirados de la escuela para participar en las protestas».

En enero, The Guardian informó que el asistente del director de la escuela se vio obligado a defender las lecciones después de que 400 padres predominantemente musulmanes firmaron una petición que pedía que se les retirara del currículo.

Andrew Moffat, quien recibió un MBE por su trabajo en educación para la igualdad, dijo que fue amenazado y atacado a través de una campaña de folletos después de que la escuela pilotara el programa No Outsiders. Su espíritu es promover la igualdad LGBT y desafiar la homofobia en las escuelas primarias.

Moffat, quien ha sido seleccionado para el premio al mejor maestro del mundo, renunció a otra escuela primaria en Birmingham , la academia Chilwell Croft, luego de una disputa similar. También es autor de Challenging Homophobia in Primary Schools, un documento de enseñanza.

En una de las protestas de Parkfield, los padres sostuvieron carteles que decían «diga no a la promoción de la homosexualidad y las formas de vida LGBT para nuestros hijos», «deje de explotar la inocencia de los niños» y «la educación no el adoctrinamiento».

El grupo comunitario de padres de Parkfield, que ha organizado protestas, dijo que los miembros tuvieron una reunión positiva con el Departamento de Educación (DfE, por sus siglas en inglés) para hablar sobre «preocupaciones serias» con el programa.

Al dar la bienvenida a la suspensión de las lecciones, el grupo canceló su protesta por esta semana y dijo que mantendría la opción de las futuras «bajo revisión».

Mohammed Aslam, un portavoz, dijo: «Damos la bienvenida a estos desarrollos y reiteramos que la escuela necesita trabajar con los padres en un espíritu de asociación y cooperación y no en contra de ellos para educar a sus hijos».

Fuente; https://www.theguardian.com/education/2019/mar/14/birmingham-primary-school-suspends-lgbt-lessons-indefinitely-parkfield-protest-parents

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Repensar la educación para cambiar el sistema patriarcal

Durante el 2018 fuimos protagonistas y testigos de masivas movilizaciones feministas, que impactaron a la sociedad chilena, especialmente las que se verificaron en el ámbito de la educación superior. Sin duda constituyeron un gran avance, pero transcurrido casi un año constatamos que el machismo y la misoginia, ingredientes básicos de la violencia contra las mujeres, están lejos de erradicarse de nuestro país y más bien han surgido expresiones aún más virulentas y organizadas. Por consiguiente, el incentivo es aún mayor para movilizarse este próximo 8 de marzo.

Sobre todo, si a esto sumamos el reciente descubrimiento del sitio web para misóginos Nido, el linchamiento por redes sociales de una comedianta calificándola de ‘feminazi’, y el burdo acoso a una diputada por haber vacacionado con un amigo, también parlamentario. Lo asombroso de estos dos últimos casos es que una buena proporción de atacantes eran mujeres y que el diputado varón pasó desapercibido. Estas expresiones de ciber acoso, no son simple manifestación del machismo imperante en nuestro país, son también una acción concertada e inducida desde grupos y caudillos extremistas, que buscan hacer retroceder en toda la línea el protagonismo de la mujer en la promoción de sus derechos.

Si recordamos lo ocurrido el 2018, nos encontramos con estudiantes organizadas, apoyadas por movimientos provenientes de la diversidad sexual y de género, así como por diversas organizaciones de la sociedad civil, paralizaron sus lugares de estudio, exigiendo una educación no sexista y la erradicación de la violencia de género y el acoso sexual instalados al interior de las casas de estudio. Se buscaba resguardar de manera efectiva la integridad de las mujeres y de la comunidad en general, restituyendo los derechos de todas y todos las y los sujetos que hubiesen resultado vulneradas o vulnerados en sus derechos.

Un aspecto que resulta central en el cambio que nuestra sociedad necesita para no repetir lo anteriormente descrito, pasa por la educación, por repensarla, apuntando a la defensa y promoción de ciertos derechos y principios fundamentales provenientes del mundo de los derechos humanos, que puedan constituir las bases para la construcción de una política educacional no sexista y no discriminatoria, en términos más amplios.

Aún permanece en la memoria de los chilenos la ‘Revolución Pingüina’, como un gran estallido de protesta social emprendido por los estudiantes secundarios, movilizados tras el objetivo de transformar la educación desde un bien de consumo hacia un derecho social, tal como ya se venía consagrando desde varias décadas atrás, en diversos tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile. De manera análoga, hoy se promueven en diversos establecimientos de educación superior reformas que atañen directamente a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual/de género; los que podrían ser abordados desde un enfoque de derechos humanos.

Para erradicar la desigualdad de género que han experimentado históricamente las mujeres y las comunidades de la diversidad sexual, es preciso erradicar la intolerancia, la discriminación y la desigualdad. Promover mediante acciones directas la igualdad de género al interior de las instituciones pasa por mirar estas pedagogías que se piensan y aplican a partir de un enfoque de derechos humanos mayor. Porque una educación no sexista no solo se ocupa de no discriminar por el sexo, género o por cualquier otro motivo. Es una educación que se co-construye abriendo espacios deliberativos, democráticos, para todos sus actores; una educación que no promueve el individualismo, ya suficientemente promovido por esta sociedad, sino la colaboración mutua; una educación que no soslaya aquellos temas que son urgentes o que provocan el disenso al interior de los distintos grupos. Da cuenta de una sociedad que sabe convivir con sus diferencias.

La tolerancia es una disposición básica para el respeto de los derechos humanos. Tal como establece la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, impulsada por UNESCO, ésta radica en aceptar y reconocer la diversidad de culturas, formas de expresión y modos de ser y estar en el mundo. Para ser tolerante, es preciso conocer y dialogar con horizontalidad y apertura de mente, aunque difícilmente sin prejuicios. Esto no representa solo un deber moral, como señala la mentada declaración, “sino además una exigencia política y jurídica”. Sin embargo, y ante todo, la tolerancia implica “una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás”.

Respecto de la situación particular de las mujeres, podemos afirmar que es uno de los grupos históricamente discriminados y que, a pesar de constituir una discriminación que se ha hecho visible en el ámbito público, tiene una raigambre cultural, social, institucional y económica de larga data, que requiere de acciones certeras para deconstruir. Comprender y abordar el fenómeno de forma interdimensional e integral representa un camino para ir derribando los estereotipos asociados a los roles de género, al igual que la condición de inferioridad de las mujeres respecto de los hombres. El mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señaló en su Informe 2017 que, a pesar de ser un tema visibilizado, la igualdad de derechos de la mujer aún involucra una discriminación que se manifiesta de modo estructural en el Estado, instituciones privadas y públicas, medios de comunicación y publicidad (1). Los principales focos de desigualdad y discriminación hacia las mujeres se encuentran en el mundo laboral, en las brechas salariales y acceso a cargos de responsabilidad; en la seguridad social, particularmente en lo que a sistema previsional y planes de salud respecta; y en los medios de comunicación, especialmente en la representación de lo femenino en la publicidad. A ello, debemos sumar la situación de discriminación múltiple que sufren mujeres indígenas y migrantes (Informe INDH 2017).

Volviendo al propósito inicial de construir una política que promueva la igualdad de género en todos los ámbitos alrededor de nuestra comunidad, identificamos ciertas prácticas transversales que pueden cimentar la construcción de una educación no sexista, por ejemplo, mediante la generación de espacios más democráticos, deliberativos críticos y colaborativos. Estos adjetivos no son usados al azar. Condensan un profundo trabajo en educación y derechos humanos, cuyos referentes encontraremos en nuestro país en los sitios de memorias, universidades y espacios de educación popular y comunitaria. Un Chile que cuenta con exponentes como el Premio Nacional de Educación Abraham Magendzo, pero por sobre todo con organizaciones y activistas de la sociedad civil que, con más o menos tiempo de existencia, han emprendido una ardua lucha en la reivindicación de los derechos de las mujeres, como MEMCH, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y el Observatorio contra el Acoso Callejero, por mencionar solo algunas.

Mariana Zegers Izquierdo
Secretaria General
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

[1] La discriminación estructural refiere a aquellas prácticas enraizadas en las instituciones sociales que reproducen “las desigualdades entre hombres y mujeres, legitimando un conjunto de prácticas discriminatorias y, en algunos casos, violentas” (Informe INDH 2017).

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/198573

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