Educación

Vuelve, por enésima vez, la polémica en torno a los deberes escolares. Y, por extraño que parezca, lo que se discute no es si los deberes son útiles o no para el aprendizaje ( ¡que es lo que habría que discutir!), sino si esto de los deberes es o no es una cuestión discutible. Así de absurda es la cosa.

Para algunos sindicatos docentes (PIDE, ANPE, CSI-F) la discusión en torno al valor didáctico de los deberes y su eventual regulación no es una cuestión que se deba someter al escrutinio público, ni tan siquiera al de la comunidad educativa, pues – según ellos –  esto supondría una intromisión intolerable en el trabajo de los profesores. Por eso se niegan obstinadamente a que este asunto salga a la luz y (a manera de cortina de humo) generan polémicas absolutamente artificiosas.

La última de estas polémicas es la fabricada y protagonizada estos días por el sindicato del profesorado PIDE (y secundada por los otros dos sindicatos corporativos) en torno a un cuestionario elaborado por el Consejo Escolar y la Consejería de Educación para recabar datos acerca de la percepción que de los deberes tienen alumnos, familias y docentes. La oposición de estos sindicatos a un simple cuestionario se justifica por cuestiones técnicas pero, sobre todo, por lo ya dicho: hacer encuestas sobre los deberes supone – según estos sindicatos – una injerencia inadmisible en el trabajo del profesor y una puesta en cuestión de su labor y profesionalidad. ¡Fíjense! Y eso que hablamos de una encuesta. ¡Qué pasará el día que el gobierno se decida a legislar sobre este asunto!

Seamos claros. Que estos sindicatos defiendan el (presunto) interés corporativo de sus afiliados es perfectamente comprensible; que sus quejas tengan sentido en el contexto, más amplio, de los intereses de toda la comunidad educativa (docentes incluidos) es otra historia. Yo creo que no lo tienen en absoluto. Que la Consejería de Educación haga encuestas para recoger la opinión de padres, alumnos y profesores acerca de una cuestión que afecta a todos (como es el caso de los deberes) es una práctica democrática legítima y deseable (¿no nos hemos quejado, tantas veces, de lo contrario?). Y que se planteen cuestiones que supongan opinar (por muy indirectamente que sea, pues la encuesta no plantea preguntas al respecto) sobre la labor del profesor es un saludable síntoma de que algo puede estar cambiando – ¡a mejor! – en el mundo educativo. ¿Por qué habrían de estar exentos los profesores (y les habla uno de ellos) del escrutinio de los alumnos y las familias a las que prestan sus servicios?

El resto de los argumentos que esgrimen PIDE y el resto de sindicatos corporativos son, a mi juicio, muy poco defendibles. Tal vez la encuesta se podría haber diseñado mejor por parte del equipo técnico de la Consejería. Pero la elaboración básica del cuestionario por parte de una comisión de miembros del Consejo Escolar en el que participó PIDE – y el que esto escribe –  fue irreprochablemente democrática. De otro lado, es pura demagogia afirmar que el debate abierto en torno a la pertinencia de los deberes escolares sea “fruto de la obstinación de una asociación de padres”. La iniciativa partió de la Asamblea de Extremadura, a instancia de un grupo político, y como expresión perfectamente legítima de una controversia mucho más general y que afecta igualmente a otras administraciones educativas.

Una controversia, por cierto, que no es entre padres y profesores (celosos, ambos, de su ámbito de competencias), como de manera simplista pretenden hacernos creer, sino más bien entre modelos pedagógicos diferentes (con padres y docentes indistintamente a favor de uno u de otro). Es esta controversia en torno al valor didáctico de los deberes (y a la conciliación de las tareas escolares con la vida familiar y el ocio) la que realmente debería ocuparnos, escuchando a los expertos (es decir, a los pedagogos), pero también al resto de la comunidad educativa (docentes, padres, madres, alumnos), para, después, legislar en consecuencia, igual que se hace con el resto de actividades escolares y como, de hecho, ya se hizo, o se intentó, en anteriores legislaturas. ¿A qué tanto miedo a racionalizar y someter a control público y administrativo algo que, como los deberes, afecta a la vida de tanta gente durante tantos años?.

El resto de los argumentos sindicales en relación al cuestionario son, a mi juicio, improcedentes. Que se aluda, una y otra vez, al presunto exceso de “actividades extraescolares” de los niños es, además de una injustificada intromisión en la vida privada de la gente, una concesión a esa “pedagogía parroquial” que considera los deberes de matemáticas o historia más importantes que practicar deportes o dedicar las tardes a la danza o la música (por no hablar de las alusiones a la pereza o a los “vicios” tecnológicos en que incurrirían los niños faltos de esa suerte de “disciplina forjadora del carácter” que por lo visto es – para algunos – hacer tareas escolares en casa).

Solo en una cosa coincido con la postura de estos sindicatos: el exceso de deberes está relacionado con problemas estructurales del sistema educativo. Aunque no solo se trata del excesivo número de alumnos por aula, como reiteran ellos. También se trata de la insistencia en un modelo pedagógico que carga al alumno de contenidos absurdos, tareas repetitivas y series inacabables de exámenes. Justo contra cosas como estas (asumidas como naturales por la LOMCE) muchos docentes vamos a secundar la huelga general educativa del próximo día 9, apoyados por la mayoría de los sindicatos (entre los que esperamos encontrar no solo a PIDE, sino también a ANPE o al CSI-F, si es que saben rectificar a tiempo). Y lo haremos durante la jornada docente. Nada de dejarlo como tarea para casa.