(CNN Radio Argentina) — Martín Nistal, coordinador de Investigación del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación y autor del informe ‘Financiamiento Educativo Provincial’, conversó este martes con CNN Radio sobre los gastos en educación que hacen las provincias argentinas.
En contacto con Regreso CNN de Federico Seeber, Nistal señaló que “en educación, 3 de cada 4 pesos lo ponen las provincias y 1 de cada 4 pesos lo pone Nación. Muchas veces la discusión está centrada en qué hace Nación con educación, pero vale la pena revisar qué está pasando en las provincias”.
“En 2015, fue la última vez que se cumplió la meta de inversión en educación con un 6%. Todo lo que gastan las provincias, más lo que gasta Nación, tiene que ser igual al 6% del PBI. El problema es que nadie sabe cuánto tiene que gastar cada provincia. Esto suena un poco raro porque si nadie sabe cuánto tiene que invertir, cómo vas a llegar a ese porcentaje”, explicó.
El informe destaca que entre 2004 y 2021, 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos. El autor de este informe, precisó que «Mendoza y CABA son los lugares donde más hubo reducción y las que más aumentaron fueron Salta y Neuquén».
«Desde las provincias, dicen que hubo cambios en los presupuestos. De las cosas que se hacía cargo Nación y se las pasó a las provincias, hizo que se reduzca la participación de educación en los presupuestos», detalló Nistal.
«Los presupuesto están condicionados por los salarios», remarcó el coordinador. En este sentido, el informe indica que todas las jurisdicciones dedican más del 65% de su inversión educativa al pago de salarios.
El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha sido sobresaliente en los últimos años. Su expansión ha alcanzado también al sector educativo, donde se ha visto una vorágine de innovación acompañada por campañas publicitarias en torno a las grandes ventajas de la adopción tecnológica. Así, se ha buscado construir una narrativa en la cual la IA es esencialmente una herramienta que puede asistir a docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de estrategias como la personalización y a la cual el profesorado puede delegar una amplia gama de responsabilidades, particularmente administrativas, que suelen requerir mucho tiempo para ser realizadas.
El anunciado desembarco de la IA privada en sistemas escolares del mundo ha generado gran interés en amplios sectores sociales y académicos, entre los cuales se ha expresado tanto confianza, respecto de las potenciales mejoras en la enseñanza y el aprendizaje, como escepticismo o franca preocupación, respecto de los efectos de la “aplicación” de dicha tecnología. Como efecto de ello se han organizado charlas y debates en los cuales se han discutido perspectivas sobre la IA y la educación.
Si bien dichos encuentros han resultado sumamente interesantes, hasta ahora la discusión ha versado principalmente en torno a las limitaciones estructurales y desigualdad en el acceso a tecnologías y a Internet, así como a preocupaciones de carácter instrumental, relativas a cómo incrementar nuestra productividad y aprovechar dicha tecnología. Se han discutido también ciertos riesgos asociados generalmente a su mal uso, plagio o sesgos contenidos en la IA generativa.
Comúnmente, la IA en educación se da por sentada, como si no tuviera historia o contexto. Además, se presenta como si fuera una herramienta lista para ser utilizada a placer por sus usuarios. No se le considera en tanto articulación técnica, condicionada históricamente y con la facultad de generar efectos en quienes la emplean. Una tecnología productiva no sólo de contenido académico útil y “accesible”, sino también de nuevas sociabilidades en el campo educativo.
Es importante considerar al menos tres problemáticas vinculadas al desarrollo histórico de la IA en educación:
Datificación digital alude al proceso mediante el cual la realidad educativa se transforma en grandes volúmenes de información que es procesada por máquinas (datos), lo cual permite a la IA realizar tareas como cálculos, proyecciones, diagnósticos, etcétera. Dado que la compleja realidad cotidiana debe ser estudiada por máquinas, la datificación conlleva también simplificación. Si bien la generación de datos educativos se puede efectuar de distintas formas –como las pruebas estandarizadas a gran escala, entre las cuales PISA es sobresaliente–, el uso de plataformas y software en educación incrementa sustancialmente la capacidad de obtener información. La recolección de dichos datos debe ser constante. Con ello, las escuelas funcionan como minas de datos y el ejercicio educativo se torna en práctica extractiva que puede beneficiar a las grandes empresas dueñas de las “herramientas” digitales.
El asunto del poder resulta crucial cuando hablamos de estructuras digitales, plataformas y formas de IA. Esto se da, cuando menos, en tres sentidos: a) todas esas expresiones constituyen sistemas sociotécnicos que reorganizan distintos procesos educativos, curriculares, de gestión y evaluación. Las estructuras digitales, y la propia IA, condicionan tanto la interacción digital de los usuarios, como los resultados de investigación; b) la tecnología, particularmente la IA generativa, conlleva implicaciones ideológicas que se expresan en forma de “sesgos” en los textos que producen. Distintos productos de IA generan resultados definidos políticamente, tal como han mostrado estudios sobre los posicionamientos de Google Bard y Chat GPT de Open AI sobre la guerra entre Rusia y Ucrania; c) por otro lado, la datificación educativa es un ejercicio de poder, dado que construye un campo de acción en el cual actores como burocracias y empresas pueden posteriormente intervenir desde fuera por medio de dispositivos de política con el objetivo de modular comportamientos y obtener beneficios.
Finalmente, la expansión del capitalismo digital constituye el contexto del impulso de la IA en el sector educativo. A ello responde también la abierta competencia entre Google y Microsoft respecto de la provisión de IA para educación. Lo anterior conlleva al menos dos implicaciones: a) creación de enclaves de rentabilidad privada en el ámbito de la educación pública, por la vía de comercialización de productos de IA, lo cual podría conducir a otro ciclo de privatización educativa; b) un uso de IA en educación enfocada prioritariamente en la formación de capital humano, ahora asociado a los requerimientos de la cuarta revolución industrial.
Ante el entusiasmo por la transformación digital de la educación resulta sugerente mantener una distancia crítica que permita a comunidades educativas, profesorado, estudiantes y familias conocer y discutir sus aristas y tensiones internas. Así, podremos tener mayor claridad en torno a la construcción/consolidación de proyectos educativos de actualidad que sean capaces de atender las necesidades educativas del siglo XXI sin ceder el control de la educación a actores ajenos.
Luchar por una educación crítica y democrática en el siglo XXI conlleva superar el fetichismo tecnológico. Así, antes de invitar sin discusión a docentes y escuelas a “modernizarse”, es importante considerar la compleja circunstancia histórica de la IA, así como las potenciales implicaciones (favorables o no) de su uso respecto a las actividades educativas cotidianas.
Cuatro mujeres lograron lo que parecía imposible: cursar con éxito una maestría en gerencia y práctica del desarrollo junto a otros profesionales de 24 municipios del litoral Pacífico. Ellas esperan regresar a sus comunidades para compartir sus nuevos conocimientos.
Yohaysa Perea Rentería, Yenilsen Alomía, Vivían Abadía y Leidy Ortega son mujeres afrodescendientes de los municipios de López de Micay, Cauca; Nuquí, Chocó; Tumaco, Nariño y Florencia, Caquetá, que lograron lo que parecía imposible: cursar con éxito la maestría gerencia y práctica del desarrollo de la Universidad de los Andes, junto a otros profesionales de 24 municipios del litoral Pacífico.
Estas cuatro historias tienen algo en común: están atravesadas por el liderazgo, el territorio y la esperanza de una vida digna para sus comunidades. Estas son sus historias de disciplina y también de valentía.
De López de Micay a los Andes, un viaje de ida y vuelta para Yenilsen
Para llegar de López de Micay, un municipio caucano de la costa del Pacífico, a Bogotá hay que hacer un recorrido que puede tardar dos o tres días. Primero, una travesía por mar hasta el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, cuya duración depende de las condiciones marítimas. Del puerto a Cali, por tierra, otras seis horas, si no hay bloqueos o derrumbes. De Cali a Bogotá, normalmente unas 10 horas.
Yenilsen Alomía es una trabajadora social y líder de López de Micay, en el Cauca. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Ese fue el recorrido que hizo durante varios meses Yenilsen Alomía Riascos, una trabajadora social, para llegar a sus clases en la maestría de la Universidad de los Andes y que busca potenciar el liderazgo en las regiones para que quienes la cursen se conviertan en gerentes de cambios efectivos.
Un sueñohecho realidad gracias al Fondo Potencia Pacífico de la Corporación Manos Visibles y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Yenilsen ha vivido y desarrollado sus actividades profesionales en López de Micay, una tierra que, pese a tener grandes riquezas naturales, no cuenta con oportunidades laborales. Especialmente, las mujeres y los jóvenes no encuentran en qué laborar después de terminar sus estudios de secundaria.
“Es un territorio con una riqueza inmensa en biodiversidad, pero también tiene esas problemáticas que afectan las condiciones de vida, especialmente de los jóvenes, que no pueden acceder a educación de calidad o a empleos dignos. Y, en el caso de las mujeres, vivimos de la agricultura y lo que buscamos es la formación de emprendimientos que nos permitan cerrar esas brechas de desigualdad de género que nos han acosado históricamente”, asegura.
Es que Yenilsen, contra el destino al que parecía condenada, pudo estudiar trabajo social en la Universidad del Cauca, y no dudó en regresó a su pueblo para trabajar en diversas iniciativas, especialmente enfocadas en las mujeres de su comunidad con el fin de evitar violencias, desempleo, deserción escolar y también consolidar la educación como alternativa para alejarse de la pobreza.
“La maestría me permitirá, como profesional, ser una gerente con mayor capacidad de toma de decisiones y de incidencia en esas apuestas que se dan en los territorios, especialmente las que se enfocan en educación y emprendimiento de las mujeres”, dice Yenilsen.
Nuquí, el paraíso en donde las mujeres apuestan por la sostenibilidad ambiental
Vivian Abadía es ingeniera ambiental. Nació en Nuquí, estudió en la Universidad Tecnológica del Chocó y se postuló a la maestría de la Universidad de los Andes.
“Deseo continuar empoderando a mi comunidad, en función de la sostenibilidad, como una herramienta de desarrollo. Promoviendo espacios de formación y capacitación. Además de impulsar el relevo a espacios de poder y decisión para generar las transformaciones que requerimos como Pacífico y cómo Chocó a partir de políticas públicas efectivas” dice.
Vivian Abadía estudió en la Universidad Tecnológica del Chocó y se postuló a la maestría de la Universidad de los Andes. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Y tras la posibilidad de especializarse en una universidad llegó un sueño. Se llama Corpropacífico y busca poner “las bases para que el Chocó sea un territorio autónomo y ambientalmente sostenible. Nuestro enfoque es el ser humano como sujeto y tomador de decisiones respetuosas con el medio ambiente y sostenible para las presentes y futuras generaciones”.
Ahora, con su título ya listo y con las experiencias y aprendizajes desarrollados a lo largo de esta formación, Vivian ve así el futuro: “Soy una convencida de que, como departamento, podemos trascender al resto del Pacífico de manera positiva, pero primero debemos trabajar en nuestros impactos y transformaciones internas”.
Cacao, una vía al emprendimiento en Tumaco
Para llegar a la sede de la Asociación de Productores de Cacao, Asprocat, hay que salir de San Andrés de Tumaco, recorrer más de 20 kilómetros por la vía a Pasto y en la vereda Inguapí, a un lado del camino, está la entrada a este centro de producción cacaotera, uno de los más importantes de la región y desde donde sale a los mercados internacionales y nacionales el mejor cacao de Tumaco.
Leidy Fernanda Ortega es profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en proyectos de desarrollo. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Por eso, para Leidy Fernanda Ortega es tan importante hacer parte de esta asociación, a través de la cual se pudo postular a la misma maestría de la Universidad de Los Andes como gestora y a la que espera poder retornar con creces los conocimientos adquiridos.
Ella es una profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en proyectos de desarrollo y actualmente se desempeña como orientadora productiva de la Agencia para la Reincorporación y Normalización en Nariño.
En la Amazonía, las mujeres tienen su propia red para impulsarse
Malinké y Harambeé son las palabras que guían la senda de Frema, la Fundación Red de Mujeres Afroamazónicas, una organización que trabaja por la reivindicación y promoción de los derechos humanos, sociales, territoriales, económicos, culturales, ambientales y políticos de las comunidades.
Estas palabras de origen africano, que significan Casa Cultural y Hagámoslo Juntos, son las líneas de acción de esta organización que dirige Yohaysa Perea Rentería, una madre cabeza de hogar y una convencida del poder transformador de la educación y la comunicación. “Soy amante y defensora de las tradiciones ancestrales de las comunidades étnicas, en particular las que vivimos el proceso de la diáspora y habitamos en territorios amazónicos”, dice esta comunicadora social y especialista en TIC de la educación que acaba de terminar la maestría gerencia y práctica del desarrollo.
Yohaysa Perea Rentería es comunicadora social y especialista en TIC de la educación. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Para ella, la mejor manera de llevar las experiencias de esta maestría adquiridas en las aulas es compartir los conocimientos. “Estos se comparten a través del diálogo, los diferentes espacios que tenemos de encuentro y sobre todos los talleres que hacemos para el intercambio de saberes y la visibilidad de los aportes de las comunidades negras en esta zona del suroriente del país”, asegura la nueva magister.
Este libro reúne un conjunto de artículos que expresan algunas de las presentaciones realizadas en el 5.o Encuentro Latinoamericano de la Red de Investigadores e investigadoras sobre apropiación de Tecnologías Digitales [RIAT] y II Reunión del Grupo de Trabajo de CLACSO, “Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades”. Los problemas que se abordan en estos artículos dan cuenta, por un lado, del modo como van consolidándose las relaciones y las experiencias de investigación en el marco de la RIAT y, simultáneamente, de la potenciación y diversidad que imprime la conformación de un grupo de trabajo en el marco de CLACSO: si bien se observa que el interés por los procesos de apropiación que se producen en el ámbito educativo, continúa teniendo un peso relativo muy importante, se desarrollan también investigaciones y reflexiones sobre otras problemáticas que, subrayadas por el rol que las relaciones con las tecnologías digitales tienen a partir del escenario producido por la pandemia por covid-19, reclaman análisis especializados y propuestas de intervención.
Autoría: Roxana Cabello. Silvia Lago Martínez. [Editoras] Roxana Cabello. Silvia Lago Martínez. Delia Crovi Druetta. Guadalupe Álvarez. Gloria Álvarez Cadavid. Fernando Andonegui. Manuel Area-Moreira. Roberto Canales Reyes. María Belén Fernández Massara. Susana Finquelievich. Romina Paola Gala. Martín Ariel Gendler. Victoria Matozo. Héctor Molina Arriagada. Susana Morales. Renzo Moyano. Graciela Natansohn. María Belén Odena. Ingrid Ojeda Cea. Martín Alejandro Pizarro. Flavia Romina Samaniego. Luis Ricardo Sandoval. Francisco Sierra Caballero. Sofía Torres. [Autoras y Autores de Capítulo]
De acuerdo con Daniel Esponda, secretario de Educación, el país necesita alrededor de unos 10 mil profesores para poder operar en óptimas condiciones, además de unos 6 mil profesores nuevos para “poder superar la crisis existente” en el sector educación.
Tegucigalpa, Honduras – Este lunes la Dirección Departamental de Educación en Tegucigalpa, amaneció tomada por docentes, padres y madres de familia del Centro Básico Manuel Bonilla, de la comunidad de Azacualpa, Distrito Central, como una medida de presión para que les asignaran un docente, una solicitud que venían haciendo desde que inició el año lectivo.
Luego de esta protesta –la segunda en lo que van del año– la Departamental les asignó una docente hasta noviembre, mes en el que concluye el año escolar, esto significa que de no reverse el problema de la estructura docente, el siguiente año este problema continuará.
El centro educativo está a 17 kilómetros al Suroriente de la capital de Honduras, y con un poco de dificultad por la distancia –pero más por el mal estado de la carretera—, los cuatro decentes asignados llegan a impartir las clases a los niños y niñas.
La comunidad educativa de la Aldea Aguacate, donde esta ubicado el Centro Básico Manuel Bonilla, se han presentado a las instalaciones de la Departamental en Tegucigalpa, para denunciar el robo de estructuras docentes.
Mariluz Zepeda, directora CEB Manuel Bonilla. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
De acuerdo con la directora, Mariluz Zepeda, los docentes se han distribuido la carga académica para poder atender a los 139 estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, los estudiantes más afectados han sido los de tercero y cuarto grado, en primer lugar, y el resto de los estudiantes debido a que los docentes no los pueden atender al cien por ciento.
Por su parte, Fanny Valladares, madre de familia –que está al pie de la lucha para el nombramiento del docente faltante—, comentó a Criterio.hn, que en la Departamental les informaron, en relación a la estructura docente que se extravió, “ya no se puede hacer nada, porque se hizo una transferencia a otro centro educativo”.
Sin embargo, con la asignación de la docente para el tercer ciclo los estudiantes de tercer y cuarto grado ya podrán recibir sus clases con normalidad, ya que la maestra asignada para estos grados estaba atendiendo a los estudiantes de secundaria. la ´preocupación de los padres y madres era que los niños corrían el riesgo de perder el año escolar”. Esta situación seria una completa violación al derecho humano a la educación de niños y niñas, que además urgen de una escuela en optimas condiciones.
El centro Básico Manuel Bonilla, además de docentes, necesita reparación de conexiones eléctricas, mobiliario, reconstrucción de un puente de acceso al Jardín de niños Emanuel, dotación de material didáctico, pizarras nuevas, e iluminación en sus aulas.
Esta problemática, según de acuerdo con un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (AASJ), en el 2023 está afectandoha afectado al 25 % de los centros educativos del país..
FALTA DE DOCENTES: PROBLEMA DE PERCEPCIÓN
Desde que iniciaron las clases este 2023, ante la falta de docentes los padres, madres, estudiantes y docentes se han visto obligados a tomarse los centros educativos como una medida de presión para ser escuchados por las autoridades educativas.
Daniel Esponda, secretario de Educación. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Según, dijo a Criterio.hn, el ministro de Educación, Daniel Esponda, esta situación es “un problema de percepción”, ya que, de los más de 23 mil 600 centros educativos, en la Secretaría de Educación “el número de escuelas que nosotros hemos tenido reportes en lo va del año hasta la fecha son menos de 100, eso significa que es menos del 0.00 10%”, sien embargo el problema sigue latente y la más afectada es la niñez hondureña.
De acuerdo con Esponda, han atendido todos los reclamos que han recibido, “debemos señalar que unos son correctos, en algunos centros educativos hacen falta docentes”, reconoció.
Esponda, justificó que la falta de docentes se debe a que “El sistema educativo hondureño opera con las mismas plazas que dejó el presidente Zelaya, es decir tenemos los mismos docentes de hace 14 años y la población estudiantil en nuestra región ha crecido”.
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DENUNCIAS
El concurso docente que inició en 2022 y que se encuentra en etapa de audiencias públicas, pese a esta medida ha sido fuertemente cuestionado y criticado, de acuerdo con docente ya que denuncian que se continúan nombrando docentes de dedo.
Los mas afectados con la falta de docentes en los centros educativos son los niños y niñas. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
El viceministro de Educación, Edwin Hernández, en entrevista con Criterio.hn señaló “la asignación de plazas –salvo en algunos departamentos en donde ha habido una falta de agilización de parte de las autoridades, y eso ha generado problemas—, por lo general en 15 departamentos vamos bien”.
Sin embargo, Dafne Unilia Rodríguez, docente y fiscal de la junta directiva central del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), indicó que este colegio magisterial ha recibido denuncias. “hay profesores que mencionan que se están violentando algunas disposiciones para el nombramiento de profesores”.
Además, Rodríguez mencionó que los docentes afiliados a este colegio magisterial han denunciado que a docentes nuevos –recién nombrados— se les han completado sus horas clase, dejando de lado a los maestros con antigüedad.
Otra de las problemáticas, que enfrentan los centros educativos es la perdida de estructuras docentes que pertenecían a docentes jubilados o que han fallecido. “Hay denuncias de centros educativos donde no se han llevado maestros y las estructuras se pierden (…) estos movimientos son los que no entendemos por qué los hacen”, manifestó Dafne Rodríguez.
Además, señaló que el docente que ha sido nombrado con una estructura perteneciente a otro centro educativo “no puede entrar en propiedad en esa plaza, este es el problema de los interinos famosos que nunca logran tener una plaza”.
De acuerdo con Daniel Esponda, el país necesita alrededor de unos 10 mil profesores para poder operar en óptimas condiciones, además de unos 6 mil profesores nuevos para “poder superar la crisis existente” en el sector educación.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que los niños y niñas de los grupos con mayor nivel de exclusión de la cobertura educativa son aquellos que viven en la zona rural, que representa el 48.7%; los que tienen entre 3 y 5 años es decir el 65 % y los adolescentes de entre 12 y 14 años o sea el 55.1 % y los adolescentes de 15 a 17 años el 74.6 %.
Hoy, se espera que se inicie el primer debate con la ponencia positiva radicada que reúne a dos proyectos más de la Comisión VI
Se abre la agenda para la educación en la administración de Gustavo Petro. El jueves de la semana pasada se llevó a la presentación de la ponencia positiva para el debate de la Ley 30 de 1992, la iniciativa legislativa que reúne dos proyectos más en la Comisión VI de la Cámara de Representantes y que es liderada por el representante Jaime Raúl Salamanca.
Los proyectos que se adelantan en Cámara corresponden a la Bancada Comunes, al articulado 054 y de la Coalición Centro Esperanza, 082. Entre tanto, los tres proyectos coinciden en la reforma de los artículos 86 y 87, que describen la financiación de la educación pública y la gestión en la distribución desde el Presupuesto General de la Nación a las Universidades.
Hoy, se espera que se inicie el primer debate con la ponencia positiva radicada. El presidente de la Comisión, que también es el coordinador ponente, presentó el documento que cuenta con 10 artículos y que busca reformar principalmente los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que ya tiene 10 años desde su radicación, y, además, ofrece una perspectiva desde un enfoque diferencial de género desde los planteles educativos.
«Esta iniciativa se suma a otras iniciativas con las cuales queremos responder a las demandas históricas del Movimiento Universitario, como el Proyecto de Democracia Universitaria que esta listo para su segundo debate, y Gratuidad Total que esperamos sea aprobado en su último debate en la Plenaria del Senado», explica Salamanca.
¿Qué propone la reforma?
Uno de los ejes centrales de la reforma es que articula e integra a todo el sistema de educación superior público como un conjunto, es decir, a las Universidades y a las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (Ittu) públicas, reconociendo su diversa condición jurídica de creación, sus diversas condiciones, oferta, esquemas de financiación, cobertura, rol de las entidades territoriales etc.
Esto, a razón de que el esquema actual de transferencias establecido en la Ley 30 de 1992 recoge únicamente a los entes universitarios autónomos.
Otro punto clave es que la modificación del artículo 86 de la ley 30 propone principalmente que los aportes asignados a las universidades públicas, de orden nacional y territorial, se calcularán sobre la base del presupuesto asignado por el mismo concepto a cada universidad en el año inmediatamente anterior, y ajustándose como mínimo cada año por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), de las Universidades públicas, calculado por el Dane.
Esto significa que se postula abandonar el mecanismo de aumento de la base presupuestal, como mínimo según el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como viene sucediendo. Esto, justificado por el argumento de que se considera que el Ices refleja con mucha más fidelidad las variaciones reales de los costos en que incurren las universidades para la prestación del servicio educativo.
En todo caso, el parágrafo 1 indica que, cuando el Ices sea menor que el IPC, se tomará el IPC como referencia para calcular los incrementos.
Se modifica, además, el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, señalando que el Gobierno Nacional incrementará anualmente sus aportes para las universidades nacionales, departamentales y municipales, en un porcentaje no inferior al 50% del incremento real del PIB, recursos que no harán parte de la base presupuestal de las Universidades públicas.
Y por último, el artículo 9 adiciona un artículo a la Ley 30 de 1992, indicando la obligatoriedad de formular e implementar un Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencias Basadas en Género y Discriminación en todas las Instituciones de Educación Superior. Del mismo modo, la creación de un fondo con destinación específica a la implementación de estrategias relacionadas a las políticas de prevención y atención a dichos casos.
Según el ponente Salamanca, el próximo nueve de junio se espera que se radique el proyecto de Ley.
¿Por qué se propone la reforma?
El artículo 86 de la Ley 30 de 1992 establece un crecimiento de las transferencias inercial en pesos constantes (crecimiento por IPC). Según Salamanca, esto dice que el incremento de los recursos no responde a la dinámica de los costos de prestación del servicio ni al crecimiento o mejoramiento de las universidades y del sector.
Por otro lado, la forma como está concebido el esquema de financiación de la Ley 30 de 1992, no permite que todas las IES públicas puedan acceder a recursos ordinarios del PGN.
Así lo indica el informe “Financiamiento educativo provincial” del Observatorio de Argentinos por la Educación para el período 2004-2021. El documento también revela que la meta de invertir el 6% del PBI en esta área, sólo se cumplió en tres oportunidades en ese plazo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza son las que menos invirtieron.
La situación educativa en Argentina es crítica. En 2019, el país obtuvo el peor desempeño de su historia en las evaluaciones internacionales de aprendizaje (ERCE) de la UNESCO y, según las estadísticas resultantes, el 46% de los alumnos de tercer grado carece de competencias básicas de comprensión lectora. Sin embargo, la inversión en educación está lejos de ser una prioridad para los dirigentes nacionales y provinciales: 12 de 24 provincias redujeron la proporción de su presupuesto destinada a gastos educativos entre 2004 y 2021.
¿Cuántas provincias redujeron su inversión en educación entre 2004 y 2021?
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza son las que mas lo hicieron en ese período de 17 años: 8,8% y 7,3% respectivamente es el porcentaje en redujeron el dinero destinado a educación. En el extremo opuesto, Salta y Neuquén se erigieron como las provincias que más aumentaron la participación de esta área en su presupuesto: 8,1% en la provincia del Noroeste Argentino (NOA) y 6,6% en la patagónica.
Salta, además, se destaca como la segunda provincia que más porcentaje de sus recursos totales destinó a gastos para enseñanza en 2021, detrás de la Provincia de Buenos Aires, con 28,8% y 30,8%, respectivamente. CABA, por su lado, no sólo presentó una variación negativa entre 2004 y 2021, sino que también destacó como la jurisdicción que menor proporción de su presupuesto asignó a educación con un 16,7%. Le sigue Santa Cruz que invirtió en esta área el 17,6% de sus recursos provinciales.
La Ley de Educación Nacional, aprobada en 2006, establece que la inversión en esta área no puede ser menor al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, hasta el 2021, esta meta sólo se alcanzó en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2015. Así lo indica el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “Financiamiento educativo provincial”, que trabaja sobre los presupuestos de las jurisdicciones subnacionales dado que ─luego de la descentralización de competencias que se dio entre las décadas de 1970 y 1990─ de ellas depende el 75% del financiamiento educativo.
“La descentralización educativa dispuesta en el país requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional”, señaló Javier Curcio, autor del informe.
Evolución del gasto educativo como proporción del gasto público provincial, en porcentajeArgentinos por la Educación
El documento fue elaborado con participación también de Martín Nistal y Víctor Volman.
“Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, agregó Curcio en relación a la deuda de múltiples provincias con los aprendizajes.
¿Cuál es la proporción de gastos en salarios y en inversión en infraestructura para la educación?
El informe de Argentinos por la Educación expone, además, que la mayor parte del dinero asignado a educación es destinado al pago de sueldos. Para el 2021, a nivel nacional, el 90% del gasto se utilizó para financiar al personal docente y no docente de los establecimientos educativos: 78% corresponde a salarios del sector público, mientras que el 12% restante fue dirigido al sector privado.
Sin embargo, a nivel subnacional, pese a que en todos los casos supera el 65%, la inversión en salarios exhibe mayores brechas. Chubut y Neuquén son las dos provincias con proporción del presupuesto destinada al financiamiento de personal más elevada: el porcentaje asciende al 91% y 86% respectivamente. En el extremo contrario, se destacan San Luis ─con inversión del 66%─ y Formosa y CABA ─ambas con 69%.
Distribución del gasto destinado a educación, por provincia y área Argentinos por la Educación
La magnitud del gasto en salarios docentes deja poco margen para la inversión en capital que permita mejorar las instalaciones y, en consecuencia, las condiciones de aprendizaje de los alumnos, especialmente de aquellos que asisten a escuelas públicas. “Es muy notoria la baja participación de gasto destinada a la inversión en infraestructura. Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en bienes de capital de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento”, explicó Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación.
El docente e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Juan Doberti, ratificó la excesiva participación del componente salarial en los gastos para enseñanza y subrayó la importancia de una mejor coordinación y comunicación entre Nación y provincias para la asignación del presupuesto. “En un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos y, asimismo, los escasos recursos se empleen de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones del país”, expresó.
En este contexto, y dado el bajo rendimiento de los alumnos locales y la calidad de sus aprendizajes, el informe de Argentinos por la Educación reafirma la necesidad de resarcir la deuda educativa del estado con los estudiantes. No se trata solo de invertir una elevada proporción del presupuesto en enseñanza, sino de hacerlo de manera eficiente y equitativa a fin de potenciar los aprendizajes de todos los chicos a nivel nacional.
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