Por: Claudia Savo
El gobierno Nacional presentó su proyecto de “Ley de Libertad Educativa” como si se tratara de una ampliación de derechos. Algunos medios masivos lo celebran en esa clave, más opciones, más autonomía, más libertad. Pero cuando se corre el velo del marketing, lo que aparece no es más libertad para las mayorías, sino un Estado que promueve la educación librada al mercado y a las posibilidades económicas de cada familia.
La idea central del proyecto es clara, el Estado deja de ser responsable directo de garantizar el derecho a la educación y pasa a ocupar un rol subsidiario. En una nota de Infobae se repite una y otra vez que la familia es el “agente natural” de la educación y que el Estado no debe “imponer” contenidos ni modelos. Sin embargo, como bien señala Claudio Vilardo, docente de Educación Media en su nota publicada en este medio: “Donde pareciera decir que ‘el Estado no debe imponer’, debe leerse ‘el Estado no se va a hacer cargo’”, refiriéndose a dicho Proyecto de Ley.
Este corrimiento del Estado no es neutro, sino que, de implementarse el Proyecto de Ley, el mismo descarga sobre las familias, una responsabilidad que debería ser colectiva. En un país atravesado por la desigualdad social, eso implica que quienes tengan recursos podrán elegir, mientras que quienes no, quedarán a la deriva.
Desde el discurso libertariano se insiste en que “nada es gratis” y que la educación pública siempre “alguien la paga”. Lo que se oculta es que hoy la educación se financia, en gran medida, con impuestos regresivos que ya pagan mayoritariamente las y los trabajadores. El problema no es el gasto, sino quién paga y para quién se gobierna.
Además, este Proyecto de Ley mantiene la descentralización del financiamiento educativo, dejando a las provincias a cargo de la educación básica. En nombre de la “libertad de elección”, se consolida un esquema donde el Estado subsidia y estimula la expansión de ofertas privadas.
El discurso de Infobae presenta el financiamiento por demanda a través de vouchers, bonos o becas como una ampliación de la “libertad de elección” y una herramienta eficiente para mejorar la calidad educativa, siendo en realidad, uno de los puntos más graves del Proyecto de Ley. Cuando el dinero sigue al estudiante y no a la escuela, no se garantiza igualdad sino competencia desigual. Las instituciones mejor ubicadas social y económicamente concentran recursos, mientras que las que sostienen la educación en contextos más pobres quedan desfinanciadas. Así, lo que Infobae celebra como “neutral y moderno”, en los hechos consolida la segmentación del sistema educativo y profundiza las desigualdades que dice querer resolver. Como advierte Vilardo, “financiar las escuelas más ‘demandadas’, genera una brecha, un desfinanciamiento sistemático de las escuelas más desfavorecidas”. Por ejemplo, en el caso del financiamiento a través de vouchers, la experiencia internacional muestra que este modelo no corrige desigualdades, sino que las consolida y las vuelve estructurales.
En ese esquema, la educación deja de ser un derecho social y pasa a funcionar como un bien de mercado. Las escuelas se transforman en “empresas educativas” que compiten entre sí, seleccionan estudiantes y ajustan costos. El resultado no es calidad, sino expulsión.
La ley también avanza sobre los derechos laborales docentes. Declara a la educación como servicio esencial, limitando el derecho a huelga y habilita nuevas formas de contratación y organización escolar. Menos derechos para quienes enseñan y, en consecuencia, peores condiciones de aprendizaje para quienes estudian. “Menos derechos para trabajadoras y trabajadores de la educación. Y menos derechos, también, para estudiantes”, resume Vilardo.
Además, se habilitan salidas del sistema escolar tradicional, como la educación en el hogar o modalidades virtuales, sin garantizar condiciones reales de igualdad. Esto no amplía derechos, sino que legitima trayectorias educativas de segunda para los sectores populares.
No es casual que el proyecto ponga el eje en la familia y no en los estudiantes. Tampoco es casual que no hable de inclusión, igualdad o justicia educativa. Como señala el autor de la nota publicada en este medio, “lo que busca este proyecto, no se basa en ningún anhelo de libertad para las mayorías, sino en desligarse del gasto que implica el derecho a la educación”.
Por eso, frente a este proyecto, no alcanza con la crítica discursiva. Defender la educación pública hoy implica rechazar esta ley y organizarse para enfrentar un modelo que busca naturalizar la exclusión. Porque sin educación garantizada, no hay libertad posible.
Incluso, la ofensiva del gobierno Nacional no se limita a recortar derechos por separado, sino que avanza con un paquete integral de reformas, en principio la reforma laboral, la cual busca imponer jornadas interminables, debilitar convenios, abaratar despidos y criminalizar la organización colectiva para garantizar mano de obra precarizada, la llamada Ley de Libertad Educativa apunta a mercantilizar la educación y expulsar a las hijas e hijos de la clase trabajadora de un sistema público que debería ser un derecho. Tanto el Proyecto de Ley de “Libertad Educativa”, como la reforma laboral, responden a la misma lógica, trasladar costos, responsabilidades y riesgos a las familias trabajadoras mientras se liberan ganancias para las patronales y el gran capital. Por eso no se trata de peleas sectoriales, ni de leyes aisladas, sino de un ataque estructural que exige una respuesta común, enfrentar la Ley de Libertad Educativa es también enfrentar parte de la reforma laboral en el sector educativo, porque defender la educación pública y los derechos laborales es defender el futuro mismo de la clase trabajadora frente a un proyecto que solo ofrece más explotación, desigualdad y exclusión.
https://www.laizquierdadiario.com/Ley-de-Libertad-Educativa-cuando-la-libertad-es-mercancia-y-la-educacion-deja-de-ser-un-derecho
Users Today : 55
Total Users : 35508240
Views Today : 69
Total views : 3635580