Escuela concertada

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España, entre los países de Europa con menos escuelas públicas

Noticias

Europa/España/18 Marzo 2017/Fuente: RNV

España es el cuarto país de Europa donde menos escuela pública hay en Secundaria y el tercero en Primaria. En concreto, un 69% de los alumnos españoles de Secundaria acuden a centros públicos (68% en Primaria), un porcentaje que en todo el continente solo baten Bélgica, Reino Unido y Malta, según datos de Eurostat (los de Holanda están en revisión). En el otro extremo, países como Irlanda, Rumanía, Croacia, Alemania o Finlandia superan el 90% de sus alumnos en centros públicos.

España ocupa también el cuarto lugar en cuanto a la presencia de colegios concertados (privados sostenidos por fondos públicos), que suman el 28% de la oferta educativa estatal, tanto en Primaria como en Secundaria. El restante 3% estudia en un centro privado. Esta categoría replica la tabla de la escuela pública: Bélgica, Reino Unido y Malta son los países con más escuelas “privadas dependientes del Gobierno”, como las denomina la Unión Europea, según se observa en el gráfico elaborado por Statista, desglosado entre Primaria y Secundaria.

La escuela concertada no es por tanto una anomalía del sistema español. Podría serlo su alta presencia, pero ni siquiera es el país europeo que más tiene. Sin embargo, sí que está enmarcada en un grupo de cuatro naciones, junto a las tres ya referidas, que se sale mucho de la composición típica europea del sistema educativo. Mientras estos cuatro países no alcanzan un 70% de escuela pública, el resto de la UE de los 28 no baja del 80%. La media europea es de un 81% de escuela pública, 13% de concertada (en cada país con sus características) y 6% de privada.

El 60%, en manos de la iglesia

El debate sobre escuela concertada sí o no es recurrente en España. Estos centros surgieron a mediados de los años 80, cuando tras la dictadura el gobierno socialista quería universalizar la educación pública y gratuita, pero no tenía los colegios públicos necesarios para ello ni los fondos para construirlos.

Así que Felipe González tiró de centros privados, a los que pagaría los salarios de los docentes y otros gastos generales a cambio de que se integraran en el sistema público. Colegios públicos y concertados forman parte de la misma red hoy en día, comparten derechos y deberes al menos en teoría. Treinta y algún años después, la red concertada se ha hecho con aproximadamente dos millones de alumnos y 130.000 profesores repartidos por 3.500 centros.

En los últimos años, bajo el Gobierno del PP y su ley educativa, la escuela concertada se ha beneficiado de un empujón político. La LOMCE privilegia la elección de centros por parte de las familias, lo que en la práctica supone un impulso a la educación privada y concertada en detrimento de la pública, ya que antes se garantizaban plazas suficientes en centros públicos y ahora simplemente “garantizarán la existencia de plazas suficientes”.

En regiones como Madrid se ha impulsado la cesión de suelo público para colegios privados sostenidos con fondos estatales. Según UGT, entre los años 2000 y 2013 se cedieron 82 parcelas para construir este tipo de colegios. En los barrios de nuevo desarrollo, por ejemplo, es habitual que se abran más centros concertados que públicos.

Entre las principales pegas que ponen los críticos a la escuela concertada está que la Iglesia controla alrededor de seis de cada diez centros de este tipo a través de Escuelas Católicas, por lo que el Estado estaría financiando a estas entidades. El resto pertenecen a cooperativas o agrupaciones de distinta índole.

A este sector también se le acusa de seleccionar a su alumnado, algo que en el sistema público no se puede hacer y en teoría el privado concertado tampoco, de manera que los estudiantes con más necesidades o necesidad de atención diversa podrían quedar fuera de estos centros.

¿Más caros o más baratos?

Una de las principales quejas de los colegios concertados es que el módulo reciben es insuficiente para sufragar sus gastos, casi la mitad del gasto real. La educación concertada, afirman los sindicatos del sector y Escuelas Católicas, es más barata que la pública para el Estado. Pero no porque cueste menos, sino porque el Gobierno les paga de menos. Según datos del Consejo Escolar del Estado, estos centros recibieron en el curso 2012/13 unos 6.300 millones de euros, lo que supondría 6 de cada 10 euros de sus ingresos.

Así, el coste para el Gobierno de cada alumno en la escuela concertada sería de 2.670 euros en los colegios concertados frente a los 5.348 euros de los centros 100% públicos, según un estudio del CIS.

Sin embargo, un informe de Izquierda Unida rebatía estas cifras y las achacaba a las circunstancias en las que operan unos colegios y otros. Los profesores en la escuela concertada cobran menos y tienen más alumnos. Generalizando, los colegios tienen ratios más altas pero no alumnos que necesiten atención especial en clase o desdobles, aspectos que abaratan la educación. IU concluía que, a igualdad de condiciones, el gasto sería el mismo en una red u otra: 4.185 euros por alumno.

En el eterno debate hay una evidencia. Acabar con estas escuelas, como llegó a proponer Podemos y exigen IU y otros partidos y agrupaciones de izquierdas, plantea varios problemas. Qué se hace con los alumnos de estos centros, que la red pública no puede asumir. Si se pueden cerrar algunas unidades sí y otras no, de manera que incluso dentro de un mismo centro coexistan diferentes aulas. O qué ocurriría con sus profesores, que tendrían que equiparar su estatus y condiciones con los de sus compañeros funcionarios.

Fuente: http://rnv.gob.ve/espana-entre-los-paises-de-europa-con-menos-escuelas-publicas/

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Educar sin adjetivos.

Antonio Jose Mialdea Baena

Por:  Antonio J Mialdea Baena.

Posiblemente sea éste que te dispones a leer uno de los artículos más complicados que he escrito. Y tú dirás: ¡Venga ya! Pues sí. Hoy la voz de un colectivo muy grande que siente que debe alzar su palabra en diálogo para reivindicar y defender lo que otros intentan, sin que haya necesidad, ni diálogo, ni razón suficiente, amenazar y destruir. Por tanto, siento una enorme responsabilidad al convertirme en eco de un colectivo como el de la Escuela Concertada y, por eso, voy a escribir este artículo tratando de conseguir, difícil a priori, el equilibrio entre lo que me dicta la razón y lo que me dicta la emoción, ambas con sus diferentes ramificaciones como la llamada inteligencia racional y la emocional. Yo añadiré, y espero que lo podáis descubrir con un poco de voluntad, que seguro que sí, la inteligencia de la interioridad que no se enseña sino que, como digo, se descubre.

Partiré en este viaje, corto pero intenso, de algo emocional. Soy padre de dos hijos y los dos estudian en la escuela pública. Y sin entrar ahora en demasiados detalles estoy muy satisfecho de la formación académica que están recibiendo. Lo he manifestado expresamente en numerosas ocasiones. De hecho, sé que esa formación es buena, y perdonadme la inmodestia, porque incluso cuentan con un servidor para que vaya a hablar a los alumnos de vez en cuando. Es decir, hay una preocupación por la formación de los estudiantes que va más allá de las clases magistrales de sus respectivos profesores. Es más, ningún profesor de la Pública, que yo conozca al menos y conozco a unos cuantos, tiene reparo en llamar a uno de la Concertada o Privada para que comparta con el alumnado su experiencia y sus conocimientos. Ni, por supuesto, al contrario. Y luego les diré algo sobre los espacios comunes que compartimos agradablemente y a los que no pienso renunciar.

Vamos con lo racional, que tomaré en el sentido de profesional para no dejarme llevar en demasía por lo emocional. Soy profesor de la Escuela Concertada. Ya llevo algunos años y puedo decir que soy un tipo feliz con el trabajo que realizo cada día (bueno, he tenido y tengo, como todos, mis días…) y trato igualmente cada día de que mis alumnos sean felices, desde que entran muy temprano ¡demasiado! por la puerta del colegio hasta que salen, y sí, claro, a través de un modelo educativo atravesado, no me oculto, por los valores del Cristianismo, repito, del Cristianismo.

Partiendo de estas dos laderas, quien soy como padre y quien soy como profesor, escribiré tres o cuatro ideas que quiero dejar bien claras para que mis lectores puedan comprobar lo que algunos políticos de turno quieren hacer, en este caso, en materia educativa que es precisamente uno de los asuntos, después lógicamente de la economía, el paro, la corrupción, que más nos preocupan a los españoles. Por eso, y aunque me repita en exceso, creo que es urgente un pacto por la Educación porque es irracional seguir a merced del vandalismo político de unos cuantos que sólo se mueven para ganar votos, escaños y dietas sin dar palo al agua. Como he reescrito el artículo un par de veces, las dos o tres ideas que te dejo no van a ser ni datos poblacionales, ni económicos, etc. Esto ya lo tienes todo publicado por activa y por pasiva. Te dejo unas ideas para que reflexiones. La primera es mitad reflexión y mitad invitación a los altos jerifaltes del PSOE para que publiquen en qué colegios estudian o estudiaron sus hijos. Si ellos no lo hacen, a mí no me importaría hacer un ejercicio de memoria. No sabéis las sorpresas que nos llevaríamos, aunque algunas son de sobra conocidas. Que se preocupen ellos sobre estos asuntos y sobre otros, como recuperar su identidad (que se la han cargado) y que dejen de decirles a los padres de nuestros alumnos que no se preocupen. Los padres de nuestros alumnos se ocupan de saber dónde quieren que sus hijas e hijos estudien. Quienes se tienen que preocupar por arreglar ciertos asuntos son ustedes mismos, señoras y señores políticos del PSOE, PP, C’s, PODEMOS, etc. que se ocupan de lo que no se tienen que ocupar y que no se preocupan de lo que se tienen que preocupar verdaderamente.

Entiendo las reivindicaciones de los profesores de la Educación Pública y naturalmente que quiero que trabajen y que se sientan bien con lo que hacen, pero es absurdo que se quiera conseguir esto arruinando la vida del colectivo de la Concertada, quienes, igual que ellos, nos dejamos la piel cada día en las aulas, tanto, y no se olviden, con aquellos a quienes educamos como con aquellos que cada año nos examinan. También pasamos continuas oposiciones.

Termino diciendo algo sobre los espacios comunes porque quiero que nuestros políticos comprendan de una vez que los profes de la Pública y de la Concertada ya tenemos logros en común sin necesidad de destrozarnos los unos a los otros. Y me refiero, porque lo conozco sobradamente, a nuestros encuentros en torneos de debate con nuestro respectivo alumnado donde hemos sido capaces de crear lazos de trabajo y de amistad común. Así que no quieran ustedes venir a destrozar desde sus cómodos escaños lo que nosotros, con nuestro esfuerzo y nuestra ilusión, ya hemos logrado. Nosotros sólo miramos por el bien de nuestros alumnos porque mientras nuestros políticos siguen discutiendo para ver qué adjetivo le colocan detrás a la palabra Educación, nosotros, los que pasamos el día en el aula hemos ido aprendiendo a educar sin adjetivos.

Fuente: http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/educar-sin-adjetivos_1123628.html

Imagen: http://zetaestaticos.com/cordoba/img/noticias/1/123/1123628_1.jpg

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España: La escuela concertada, ¿blindada jurídicamente?

Noticias

Europa/España/27 de enero de 2016/Fuente: el mundo

La puesta a cero de los conciertos educativos en las enseñanzas postobligatorias (Bachillerato y Formación Profesional) quedó ayer definitivamente oficializada. El DOGV publicaba ayer el decreto de la Conselleria de Educación que acaba con la renovación automática de dichos conciertos, que disfrutaban los colegios de forma generalizada. Y, aunque el Consell se escuda en el vacío legal de la legislación estatal -tampoco el Consell Jurídic Consultiu ha puesto reparos a la norma-, desde el sector de la concertada se cuestiona el encaje legal, algo a lo que también ha apelado el PP.

La pregunta, por tanto, es la siguiente: ¿Está la escuela concertada blindada jurídicamente? A juicio del abogado especializado en derecho educativo Jesús Muñoz de Priego, la libertad de enseñanza está hoy «amenazada», a pesar de su reconocimiento explícito en la Constitución Española. Invitado por la Mesa por la Educación en Libertad, Muñoz de Priego argumentó que «la libertad de enseñanza es fundamentalmente una libertad de elección». Y para que pueda elegirse, debe haber diferentes opciones.

Esto es lo que justifica, en su opinión, la existencia de un centro concertado: «Es importante que se reconozca el ideario como elemento nuclear de la libertad de enseñanza frente a otras líneas argumentales», puesto que es «la elección de un centro conforme al ideario» lo que «debe ser garantizado por la Administración educativa». Sólo así se puede defender lo siguiente: «Aunque las plazas públicas fueran suficientes para atender a todos los solicitantes, eso no restaría un ápice de justificación a la existencia de la concertada».

A partir de ahí, Muñoz de Priego lamentó sobre el nuevo decreto que «cumple la amenaza de reconocer el principio de subsidiariedad», es decir, de no considerar a la escuela concertada como complementaria de la pública. Y esto, la consagración de la concertada como subsidiaria y dependiente de las necesidades de la pública, «está expresamente rechazado por el Tribunal Supremo», según el experto.

El abogado pone además el acento en el diferente trato que especialmente a partir de ahora tendrán las enseñanzas obligatorias y las postobligatorias a la hora de ser o no concertadas. «Es cuestionable que se establezca este trato diferencial, ya que también hay jurisprudencia corroborada por el Supremo» que no lo establece así.

La Abogacía de la Generalitat, por el contrario entendió que la nueva norma de conciertos educativos no vulneraba el principio de la libertad de enseñanza. Aun así, para el abogado, la actual normativa es «restrictiva». En este sentido, se mostró muy crítico con la «opción explícita por una escuela pública única, como modelo excluyente, y que sería totalmente incompatible con la libertad de enseñanza».

«No puede excluirse de la educación el elemento ideológico, y deben ser los padres, primeros y últimos responsables de la educación de sus hijos, quienes deben elegir la formación religiosa y moral de los mismos de acuerdo con sus convicciones», sentenció Muñoz de Priego.

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Debatir con rigor sobre la escuela concertada

Ángel Martínez González-Tablas

Por: Ángel Martínez González-Tablas

Se hace necesario en este momento hablar sobre cuál debe ser el papel de la concertada dentro del sistema educativo

En momentos en los que se abre la posibilidad de explorar un Pacto de Estado sobre la educación, sería miope y poco responsable que quienes estamos implicados en el mundo educativo, no fuéramos capaces de reflexionar seriamente y sin prejuicios sobre el significado, las posibilidades y las limitaciones de la educación concertada, en nuestro país, a comienzos del siglo XXI.

El  régimen de conciertos tomó forma en 1985 -en el contexto de la Constitución de 1978 y los acuerdos con el Vaticano cerrados un año después-, intentando responder a la importante presencia de la iglesia católica en la educación y a la incapacidad de la red pública para cubrir la demanda de plazas generada por el crecimiento demográfico y la extensión de la educación obligatoria.

Después, sucesivas leyes educativas, con concepciones a menudo contrapuestas, han conducido a una situación en la que la educación concertada representa un tercio del total, con un 63% impartido por organizaciones vinculadas a la iglesia católica y el resto impulsado por un variado espectro de cooperativas, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, junto a concreciones jurídicas auspiciadas por grupos privados de claro perfil mercantil. Cualquier cosa menos un conjunto homogéneo que permita hablar de la educación concertada a secas.

El análisis de nuestro entorno aporta información útil, con ejemplos para todos los gustos y sin que las tendencias parezcan inequívocas. Si bien es cierto que España es uno de los países con mayor peso de la enseñanza de titularidad privada, tampoco carece de interés que sea en Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco donde supone más del 50%. En suma, no hay una opción que reúna consenso generalizado, por lo que somos nosotros los que tenemos que ponderar y elegirla. A ser posible, evaluando los logros relativos, sin ignorar nuestra trayectoria específica y con argumentos.

Tal vez no sea difícil alcanzar un cierto acuerdo en torno a proposiciones que nos permitirían avanzar desde fundamentos compartidos. Entre ellas podrían estar las siguientes: si la educación siempre ha sido crucial para cualquier sociedad, lo es más hoy en un mundo abierto, en el que la comunicación y el conocimiento son esenciales para la buena vida y la supervivencia; no nos basta con aprender del pasado y con extraer las mejores prácticas, porque los desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades son de nuevo tipo y, conscientes o no de ello, van a tener que enfrentarse a un cambio profundo y global; además, la posición relativa de la escuela ha variado. A su lado actúa una pléyade de instituciones que de forma continua y a través de medios diversos transmiten códigos de comportamiento, forman y deforman a las personas que (también) van a la escuela. Así mismo, la educación requiere recursos y la prioridad que en principio le atribuyan las sociedades quedará en nada si esa asignación no se concreta de forma suficiente y duradera; finalmente, digámoslo sin equívocos, la educación es un bien público y le corresponde a la sociedad ofrecerlo y garantizarlo de forma universal a sus ciudadanos o, dicho desde otro ángulo, la educación no es una mercancía que pueda ser regulada de forma satisfactoria por el mercado.

A partir de aquí, sería aconsejable que no cerráramos la reflexión y el diálogo con proposiciones que se consideran evidentes o planteamientos necesarios que se presentan como obvios, en vez de utilizar con rigor y contundencia opiniones que plantean argumentos e incluso proposiciones provisionales que nos pueden servir de guía. Analicemos la realidad, atrevámonos a argumentar y a escuchar a otros. ¡Cuánto nos ayudaría si fuéramos capaces de abandonar los axiomas y los planteamientos apodícticos, para avanzar con modestia sirviéndonos de tesis y de hipótesis de trabajo! Si lo hiciéramos, quizás descubriéramos que, en aspectos muy significativos, es más lo que nos une que lo que nos separa.

En esta línea, hablemos con propiedad de los distintos tipos de escuela, sin caer en simplificaciones porque, por su titularidad, la escuela puede ser pública o privada; si atendemos al régimen administrativo, pública, concertada o privada y, finalmente, si hubiera unos rasgos sustantivos diferenciadores nos encontraríamos con escuelas públicas o privadas, en función de que reunieran o no dichos rasgos. ¿Nos pueden ser útiles estas diferenciaciones o las descartamos por banales sin siquiera explorarlas?

El punto anterior nos lleva a preguntar cuáles son los rasgos que caracterizan a una verdadera escuela pública. ¿Es la titularidad y la gestión directa de las administraciones públicas condición necesaria y suficiente para serlo? ¿Acaso no puede haber un contenido sustantivo que nos proporcione una delimitación más consistente? Y si, al margen de la gestión y la titularidad, hubiera otros centros que cumplieran esas exigencias, ¿cómo considerarlos? ¿Habría que reclamar su absoluta subsidiaridad respecto a los de titularidad y gestión estatal o convendría reflexionar antes de dar una respuesta? ¿Es satisfactoria e inteligente la oferta de integración a esas variantes en una red de titularidad y gestión pública única o existen otras posibilidades? No ocultemos que hay riesgos de distinto tipo. De un lado que, al complejizar, abramos una fisura por la que se cuelen proyectos espurios, de otro, tirar al niño con el agua sucia para evitarlo. No parece que todo esté resuelto y hay campo sobrado para que merezca la pena pensar juntos, si nos atrevemos a hacerlo.

Si reflexionamos sobre la laicidad, tal vez también podamos sacar el debate a un espacio menos atravesado por apriorismos antagónicos, aunque, a la postre, es algo que corresponde decidir a los políticos. En nuestro contexto es un tema con una larga historia, pero es un hecho que la religión sigue siendo un fenómeno determinante. ¿Puede haber interpretaciones positivas del laicismo que  abran posibilidades de conocer y pensar sobre algo con lo que los ciudadanos se van a topar en su existencia social? ¿Cómo abordarlo? Y no digamos que eso es lo que defienden las posturas confesionales, porque hay expertos que lo plantean desde un inequívoco laicismo.

En lo económico, tratemos de verdad la financiación de la educación y la falta de prioridad efectiva que reflejan los presupuestos públicos, en la sesgada asignación de recursos a distintos tipos de escuela. Analicemos los costes reales de la educación impartida y los que exigiría una educación de calidad, sin ocultar el grado y la forma en la que, en la práctica, se cubren esos costes necesarios; hagamos propuestas que eviten la inseguridad jurídica y la hipocresía estructural que emerge cuando los principios que se enuncian se niegan con la realidad que se practica ¿Por qué no somos capaces de establecer con objetividad los hechos? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre y actuamos consecuentemente, en vez de escondernos en el doble lenguaje?

¿Por qué no entrar también a fondo en el diseño del control y la auditoría, de los números y de las prácticas, que son imprescindibles cuando se utilizan recursos públicos? ¿Debe haber cierto margen de diferenciación para la experimentación y la innovación no discriminatorias o es preferible encerrarse en un igualitarismo rígido, que sofoca la creatividad y deviene de mínimos? ¿Cuál debe ser la exigencia efectiva que, preservando la seguridad jurídica, aporte contundencia frente a las transgresiones de los que hacen un uso incorrecto de los recursos públicos? ¿No somos muchos los que, desde la escuela de titularidad y gestión pública y desde centros concertados con voluntad y compromiso de servicio público, compartimos decididamente cuestiones de fondo y de forma en esta materia?

Será grande la responsabilidad de quienes, por buena que sea su intención y acertadas algunas de sus propuestas, se encierren en la repetición de sus formulaciones, evitando dialogar. Y dialogar no es lo mismo que ensamblar monólogos. No es inocuo el papel de quienes, en la práctica, dividen a los que podríamos y deberíamos avanzar unidos, respetándonos y enriqueciéndonos recíprocamente, haciéndonos fuertes frente a las posiciones que realmente están enfrente. Tenemos ante nosotros una gran oportunidad y no deberíamos perderla. La mano de muchos está tendida.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2016/11/11/debatir-rigor-la-escuela-concertada/

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«Sería una pena renunciar al avance educativo del Bachillerato concertado»

Entrevistas

18 de octubre de 2016/Fuente: el mundo

Fue una de las cabezas visibles que el curso pasado enarboló la bandera contra la política de la Conselleria de Educación hacia la escuela concertada. Pero a pesar de que hoy Vicenta Rodríguez no esconde la inquietud del sector por lo que pueda pasar con el Bachillerato y la FP, tiende la mano al departamento que dirige Vicent Marzà, reconoce las bondades del programa Xarxa Llibres e incluso admite que el decreto de plurilingüismo puede hacer avanzar efectivamente en la presencia del valenciano.

¿Cómo describiría la política de la Conselleria de Educación hacia la escuela concertada?
Yo creo que no tienen un buen conocimiento de lo que es la enseñanza concertada y viven más de los prejuicios, de lo que durante años han podido conocer. Pero pienso que no nos conocen en profundidad y tienen una mala imagen de nosotros, unos prejuicios muy fuertes y por eso me propuse hablar con el conseller para explicarle nuestra labor. Somos enseñanza privada-concertada y ellos quizá hacen más hincapié en la parte privada. Nosotros hacemos más en la parte concertada, que significa que cumplimos las normas igual que un centro público porque son exactamente iguales en muchos casos. También está la riqueza que suponemos para la sociedad como opción diferente. Es genial que los padres elijan una enseñanza pública, pero también que den opción a los padres que decidan elegir un centro concertado. La política del Consell es de prejuicios, de estereotipos, de falso conocimiento de nuestra realidad.
Para la derecha, la escuela pública y la concertada pueden ser redes complementarias, mientras que para la izquierda, la segunda debe ser subsidiaria de la primera. ¿No es tan legítimo un planteamiento político como el otro?
Lo legítimo es que sean complementarias pues por qué se va a priorizar lo público o lo estatal sobre la opción privada-concertada. Somos complementarias porque nos complementamos. Subsidiaria es decir que ‘no tengo más remedio que soportarte porque no tengo suficiente oferta pública’. La subsidiariedad iría en contra de lo que es la libertad de enseñanza, que está recogida en la Constitución. Lo difícil es entender que la concertada no se opone a la pública sino que son dos redes que se complementan y que las familias eligen; es lo que nos hace ser diferentes. Habrá centros públicos de una manera y otros de otra, igual que hay concertados con unos sistemas y otros con otros. Es verdad que la Conselleria hace hincapié en la subsidiariedad, pero creo que eso es menoscabar la importancia de la concertada. Desde siempre ha funcionado muy bien como complementaria. Dejarnos como subsidiarios, lo que no hay más remedio que mantener, creo que es una pobreza para el sistema educativo.
¿Qué les transmiten las familias? ¿Comparten la preocupación de los titulares de los centros?
Las familias terminaron el pasado curso preocupadas. Hemos empezado un poco inquietos por la gestión de Xarxa Llibres o las becas de comedor. Los padres están preocupados y expresan un razonamiento: ‘Si optamos por un colegio a los 3 años, queremos que nuestro hijo continúe la escolaridad en este centro. ¿Por qué nos obligan ahora a tener que cambiar?’. Quizá estamos poniendo la venda antes de la herida. No sabemos realmente cuál va a ser el criterio para concertar o no en el Bachillerato y la Formación Profesional.
Teniendo en cuenta que la Conselleria ha dicho que se concertará sólo en los casos en que la oferta pública no sea suficiente, ¿qué colegios deberían tener prioridad a la hora de mantener su concierto?
Un hecho objetivo es la demanda social. Si el centro tiene demanda social, ¿por qué se va a ver privado del Bachillerato concertado? Nosotros no vamos a negociar este centro sí o este no. Nuestro papel es que todos los concertados que tengan demanda en Bachillerato continúen. Si hay uno que no tiene demanda social, habrá que decirlo. Pero creo que casi todos los que tienen Bachillerato tienen demanda social. Como dicen los padres, estando contentos con el centro, con su carácter propio, su trabajo educativo, ¿por qué deben sacar a su hijo para llevarlo a un público o dejarlo en su colegio pagando más de 300 euros? Se elimina la posibilidad a las familias de continuar en ese centro que eligieron a los 3 años.
Educación argumenta que no tiene la obligación de concertar por ser etapas postobligatorias, además de que en esto la Comunidad Valenciana es una excepción en España. ¿Qué responderán?
Una vez que hemos conseguido avanzar en esa línea de conciertos y que llegue la escolaridad obligatoria hasta los 18 -al ser concertado se facilita la escolarización gratuita-, una vez que hemos hecho esa conquista educativa y social, es una pena que renunciemos a ella. Es verdad que no hay obligación, pero si contamos con que uno de los principios de la educación para 2020 es que exista esa escolaridad obligatoria hasta los 18, ¿por qué se va a perder ahora una conquista social? Otra cosa sería si las familias no lo demandaran o si no funcionase, pero hoy nadie se plantea retirar los conciertos de 3, 4 y 5 años. Infantil tampoco es etapa obligatoria y no nos lo cuestionamos, e incluso se han puesto aulas públicas de 2 años. Si ya empezamos a escolarizar temprano porque está demostrado el valor pedagógico, ¿por qué vamos a cortar a los 16 cuando el objetivo es llegar a los 18? Sería una pena perder este avance educativo y social que se ha logrado en esta Comunidad que ha sido pionera.
¿Aun habiendo plazas vacantes en institutos públicos?
A lo mejor lo que hay que plantearse es por qué hay plazas en la escuela pública. Los centros públicos de Primaria están adscritos a un instituto para que sus alumnos pasen automáticamente y que haya un mejor seguimiento de ellos. Esa era una de las ventajas de los concertados. Se ha hecho este año de manera más firme en los centros públicos, por lo que si esto se valora, ¿por qué lo vamos a suprimir ahora? Sería guillotinar un proyecto cuando en la pública se está aceptando como bueno y nosotros ya lo tenemos.
¿Iría la concertada a los tribunales?
Llegar hasta ahí ni me lo planteo en principio. No creo que vaya a ser tan grave.
¿Y manifestaciones en la calle?
Supongo que si las cosas no salen bien objetivamente hablando y nos escapamos de lo que es razonable, creo que sí habrá muchas familias que desearán salir a la calle y decir que esto no les parece ni justo, ni bueno ni legal.
Muchos colegios concertados decidieron no participar en los bancos de libros de Xarxa Llibres. ¿Se lo replantearán en el futuro?
Quizá se hubiese solucionado si nos hubiésemos sentado antes de publicar la normativa y visto los pros y contras. Se ha gestionado muy tarde y mal. Ahora otro problema añadido es que muchos centros hacen venta de libros a las familias con el consiguiente descuento. Eso es bueno porque las familias se ahorran mucho dinero, pero ¿cómo facturo a Conselleria? Me he vendido los libros a mí misma para distribuirlos a su vez a las familias. Los concertados que no han entrado es porque no lo han visto claro. En mi colegio entramos porque nos parecía un sistema bueno, aunque reconozco que fue un trabajo ímprobo. Si se solucionase todo, pienso que el año que viene habrá muchos más centros participando. Nosotros nunca hemos sido obstrucción para la Conselleria. Hemos sido siempre leales y colaboradores.
¿Siente que la Conselleria está únicamente contra una parte de la concertada? ¿Se siente en el punto de mira la concertada católica?
Creo que la concertada somos todos. No nos sentimos especialmente atacados por el tema religioso. Supongo que lo que han tocado hasta ahora ha sido puramente educativo, de gestión. No hemos entrado en el ideario o los valores.
El nuevo decreto de plurilingüismo permite a los colegios mantener sus actuales líneas en castellano. ¿Se sentirá la concertada incentivada para implantar programas con más valenciano?
Dependerá de las zonas. Ese es el gran problema para el sistema educativo. Hay colegios concertados en Castellón que tienen prácticamente todo en valenciano y colegios de Alicante que no. Creo que el decreto supone una declaración de principios interesante porque nos va a permitir avanzar a todos hacia el valenciano pero también al inglés. Me parece bien que apueste por la formación de los profesores, pero no sólo para que tengan un título, sino la metodología adecuada que les permita enseñar mejor los idiomas. Avanzar al valenciano es importante porque es la lengua cooficial, pero también es verdad que desde los medios de comunicación, y lo recoge el decreto, habrá que trabajar más tanto el valenciano como el inglés. Estudiar mucho valenciano o inglés no te da capacidad para hablarlo, es el contacto. Las dos grandes apuestas que hace el decreto son la formación del profesorado y el papel de los medios de comunicación. Y luego que sea respetuoso con las zonas. Un idioma nunca se puede imponer. Es cierto que se puede dar una situación compleja, que por tener más valenciano se pueda tener más inglés. Habrá que ser respetuoso con los castellanohablantes para que puedan titular en inglés.
Los tribunales investigan supuestos pagos irregulares a las patronales de la concertada por la figura de sus liberados a sueldo de la Administración. ¿Mantiene que todo era legal?
En Escuelas Católicas, y en FERE en particular, estamos muy tranquilos y hemos entregado toda la documentación. El convenio nació en FERE nacional y nuestra Conselleria lo mantuvo. En un momento hizo una prórroga tácita y no se renovó, aunque nosotros insistimos en que el convenio estaba sin firmar. Ahí surgió la dificultad. Pero nosotros hemos hecho los cursos de formación, están las personas y los colaboradores de formación que teníamos, que eran profesores y estaban en sus centros. Cuando fueron llamados a participar como formadores, en su lugar en sus colegios se puso a otros profesores. Al acabar, han vuelto a sus colegios porque todos eran profesores, excepto uno que se ha jubilado.
¿No han vuelto a hablar de este convenio con la actual Conselleria?
Se terminó en abril de 2015. Surgió esta situación y los profesores se quedaron a terminar el curso, pagados ya por FERE, y en junio se reincorporaron a sus centros. A día de hoy, el personal que tenemos en nuestra sede trabajando es personal pagado íntegramente por Escuelas Católicas. Ese convenio no se ha vuelto a renovar ni nos han hecho ninguna propuesta. Imagino que cuando esto acabe y se aclare, habrá que volver a plantearlo. Es una obligación de los gobiernos favorecer la formación de docentes. Precisamente porque no existían suficientes Cefires se concedió que FERE pudiera gestionar esos cursos de formación. Y lo hicimos con profesores. De hecho nosotros no veíamos el dinero, pues los salarios iban directamente al profesor. No sé por qué se habla de financiación irregular de las patronales. Por eso cuando se acabó ellos volvieron a su colegio y siguieron percibiendo su salario igual.
Para la formación en plurilingüismo, ¿tendrán los profesores de la concertada acceso ahora a los Cefires públicos?
Nosotros ya hemos empezado tanto en valenciano como en inglés cursos de capacitación. Se hace a través de la Fundación Tripartita. Pero estamos bajo mínimos.

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/10/16/58034b31ca4741e0328b45f4.html

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La escuela concertada, en alerta.

José Gabriel Alfonso Pérez

Por:Jose Gabriel Alfonso Perez.

El 26 de enero pasado publicaba en este periódico un artículo, La concertada en peligro, que analizaba las cuatro nuevas normas educativas que pasaron el 19 de enero por la Comisión Permanente del CEV y de las cuales han visto la luz tres (el Decreto y la Orden de Admisión, y el Decreto de Ratios), quedando todavía sin ser publicado en el DOCV la cuarta, el denominado Arreglo Escolar, en el que se especifican los criterios para, entre otras cosas, la modificación de unidades en centros privados concertados.

Aunque se podrían hacer diferentes análisis del proceso de admisión, me quiero fijar especialmente en dos aspectos, el de las ratios y el de las horas que pierde o deja de ganar la concertada por la Resolución de Conciertos de 5 de mayo. En cuanto a las ratios, la publicitada rebaja de las mismas se debe fundamentalmente al ajuste con las ratios reales, especialmente en los centros públicos y para los niveles de infantil y primaria. Era lo que había y por eso no ha habido coste. Mientras que en los centros concertados la ratio solía estar al máximo permitida con la ampliación, no era lo mismo en los centros públicos. Es decir, con la bajada de cinco alumnos por unidad se producirá en unos años una pérdida de la masa de alumnado de centros concertados.

En cuanto a las horas, es importante darse cuenta de que hay dos caras en la misma moneda de la supresión: las unidades que se pierden y las unidades que no se conceden. Pues bien, en el capítulo de las que se pierden, en la provincia de Alicante hay un saldo de 74 horas. A esa pérdida hay que añadirle la reciente resolución de Compensatoria (alumnos con necesidades educativas) que, paradójicamente, da un saldo de 45 horas respecto al curso anterior. Aunque esas pérdidas no son nada si se compara con las unidades que no se han dado, y de las que interesadamente se calla cuando se hace balance de lo que se da y se quita, comparándose con la anterior legislatura (como ha hecho el señor Puig en el debate sobre el estado de la Comunitat). En concreto, tal y como se puede comprobar en el DOCV número 7.776 de 6 de mayo pasado, se desestiman para la provincia de Alicante 64 unidades (cifra superior a las 46 ó 40 de los dos últimos años del PP). De esas desestimadas, la mayoría son de Bachillerato y FP lo que indica ya un camino. Lo que está claro es que, pese a que la demanda por la concertada se mantiene, los datos objetivos es que se han suprimido más unidades, se han dejado de dar más unidades, y hay una mayor pérdida de puestos de trabajo, y un progresivo y forzado trasvase de alumnos de una red a otra. Mientras, la red pública se ha visto reforzada.

¿Casualidad o planificación? Las declaraciones pro-red pública de los actuales mandatarios de la Conselleria parece que no dejan lugar a dudas. ¿Y qué hay de la agresión a la concertada? Parece que, en la estrategia del trasvase, el curso actual es clave. Y aquí entramos en la próxima renovación de todos los conciertos (a excepción de la primaria, como ya señalamos). ¿Es casualidad que, desde enero de este año aún no se haya publicado el arreglo escolar para la concertada? ¿Habrá alguna modificación de los criterios que en esa norma se aceptaron en el Consejo Escolar, a propuesta de FSIE, y que mitigaban alguna de las barbaridades que recogía, como el 3.8 que en su apartado 1 e) establecía que se puedan eliminar unidades concertadas que requieran el uso del transporte y comedor por su ubicación: «e) se considera, en todo caso, que un centro no satisface necesidades de escolarización o no atiende a poblaciones desfavorecidas cuando su ubicación impida el acceso al mismo de alumnos que carecen de recursos económicos para hacer frente al coste de los servicios de transporte o comedor escolar».

Veremos. El sector está sensibilizado y alerta, y con el músculo preparado, después de las movilizaciones del año pasado (Alcoy, Alicante, Orihuela y Elche). Nos jugamos mucho, y no sólo los puestos de trabajo de los profesionales del sector. Nos jugamos la igualdad de trato en una red dual educativa, la pública y la concertada, que se sostiene con los fondos de todos los ciudadanos, y que debe ser tratada sin discriminaciones arbitrarias y respetando el derecho a poder elegir que garantiza nuestra Carta Magna.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2016/09/23/escuela-concertada-alerta/1808791.html

Imagen:http://www.alertadigital.com/wp-content/uploads/2016/05/ximno.jpg

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España: ¿Qué ha pasado factura al Consell?

Noticias

España/28/06/2016/ Autor: Noa De La Torre/ Fuente: el mundo

El bipartito ha tenido en la escuela concertada a uno de sus máximos oponentes en su primer año, pero la crisis de gestión se ha percibido en el conflicto comercial o los enchufismos

 

La imagen de miles de personas en una abarrotada plaza de la Virgen clamando contra la política de la Conselleria de Educación en contra de la escuela concertada -a favor de la pública, según la Administración- hizo saltar algunas alarmas en la Generalitat. Pero no todas, porque había quien daba por hecho que se producirían y que forman y formarán parte de la batalla política, como en el pasado lo hicieron las movilizaciones contra los recortes del PP en educación. Pero, vistos los resultados de los comicios y cómo han zarandeado el pacto del Botànic, la primera gran movilización contra el Consell encabeza la lista de las piezas que han acabado pasándole factura.

Fueron «movilizaciones preventivas», declaraba ayer el presidente Ximo Puig en la Ser. Sin embargo, el debate en torno a la concertada implica a miles de familias, miles de profesores y cientos de colegios. Hasta el punto de que tuvo que salir posteriormente el conseller de Educación, Vicent Marzà, a «tranquilizar» al alumnado y a sus padres, a pesar de que su departamento había vendido el mensaje de que se trataba simplemente de una protesta auspiciada por las patronales para mantener su «negocio». Lo que está claro es que socialmente no se entendió así.

Y hay ahora quien también se pregunta por qué la Conselleria que gobierna Compromís -apoyado fundamentalmente por el PSPV en la figura de su secretario autonómico de Educación, Miguel Soler– avanzó en plena campaña electoral su intención de suprimir la exención del valenciano en las zonas castellanohablantes. La pregunta no es baladí, pues hay que tener en cuenta que la propia Conselleria lleva un año congelando el debate sobre el futuro modelo de plurilingüismo… o de inmersión en valenciano. Educación, de hecho, pactó negociarlo con los sindicatos en febrero, pero cuando nadie contaba con un escenario de repetición de elecciones. Es decir, una vez pasados los comicios del 20 de diciembre.

Hasta qué punto el Partido Popular sale beneficiado de este debate sólo hay que verlo observando sus resultados en municipios castellanohablantes como Torrevieja y Orihuela. Si en el primero ha pasado de lograr el 36,29% del voto al 41,81% en sólo seis meses, en el segundo el crecimiento ha sido desde el 46,21 al 51,56%.

En todo caso, el coste electoral no se mide únicamente en términos educativos. Los populares acuñaron la expresión del «pacto del Titanic» -aprovechando el juego de palabras con el pacto del Botànic- para simplificar el mensaje de la nula gestión del Consell, en contraposición con la idea socialmente extendida de que la derecha gestiona mejor. Una máxima, obviamente, que se ha empeñado en rebatir el Gobierno valenciano. ¿Con éxito?

Cisma

No mucho, a juicio de lo que ha pasado por ejemplo con temas como el del conflicto por la libertad de los horarios comerciales que ha llegado a provocar hasta un cisma en la Conselleria de Economía, con el enfrentamiento abierto y ya nada disimulado entre el conseller de Compromís, Rafael Climent, y la secretaria autonómica socialista María José Mira.

Y no es tanto que a la ciudadanía hayan llegado los problemas de mestizaje político evidentes. Al final, se trata de una crisis política con efectos prácticos en la vida diaria. Ha sido tal el lío creado por Economía con pasos adelante y atrás que el resultado ha sido un desconcierto mayúsculo entre comerciantes y ciudadanos, y sin que todavía esté claro qué domingos podrá abrirse y dónde.

Por otro lado, el goteo de casos de enchufismo en el Consell ha sido otro de los argumentos con los que más ha atizado el PPCV de Isabel Bonig al bipartito que sostiene el Consell. No en vano, fue una de las principales armas de batalla de la izquierda contra los populares cuando estaba en la oposición… y que ahora se ha vuelto en su contra con la perversa asunción de que todos los políticos son iguales.

La batalla en clave identitaria e incluso emocional tiene en la prohibición del ‘bou embolat’ en Valencia la gota que ha colmado el vaso del coqueteo sobre todo de Compromís con los antitaurinos. De nuevo, la dialéctica ha girado en torno al concepto de libertad, en una nueva polémica cuya oportunidad ahora se cuestiona por abrirse -otra vez- a las puertas de la campaña electoral. Y antes no faltó la manifestación protaurina.

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