Page 34 of 35
1 32 33 34 35

España: Colegios que rompen moldes.

Europa/España/Junio 2016/Autor:Maria de Jesus Ibañez/Fuente:http://www.elperiodico.com/

Cuando entras en el colegio público El Martinet, en Ripollet (Vallès Occidental), no parece que entres en una escuela. Porque aquí no hay aulas y los alumnos, distribuidos en tres grupos (pequeños, medianos y mayores), ocupan amplios espacios donde trabajan en grupo o individualmente”, cuenta Jaume Carbonell, que durante años dirigió la revista ‘Cuadernos de Pedagogía’. Cuando se construyó la escuela, relata Carbonell, el equipo de maestros y representantes del ampa de la escuela colaboraron con losarquitectos “para definir los espacios en función del proyecto pedagógico”.

Algo parecido ocurrió, unos años después, en la escuela pública Els Encants, en el distrito del Eixample de Barcelona, que ha estrenado nuevas instalaciones este 2015-2016 después de varios cursos dando clases en barracones. El colegio ocupa ahora un edificio muy funcional, con paredes acristaladas y mobiliario de mimbre y madera. “Mantuvimos varias reuniones con la Administración y, al final, conseguimos una escuela en la que podemos educar de una manera diferente”, explicaba recientemente a este diario Agnès Barba, directora de este pequeño centro educativo. “No podemos decir que sea un colegio hecho a medida nuestra, pero sí se ajusta bastante a nuestras necesidades”, admitía la docente.

LUZ NATURAL Y VENTILACIÓN:

La normativa sobre construcciones escolares, un decreto del 2010 delMinisterio de Educación que establece cuáles son los espacios mínimos que ha de tener una escuela, prevé, entre otros requisitos, que se destine un espacio de dos metros cuadrados por alumno en las aulas de infantil y de un metro y medio por estudiante en las clases de primaria, secundaria y bachillerato. Los gimnasios, laboratorios, salas de dibujo y talleres han de permitir que cada persona disponga de cinco metros cuadrados para su uso.

“Estos mínimos son los que aplica la Generalitat”, asegura laConselleria d’Ensenyament, que ha publicado, además, un “libro de criterios para la construcción de nuevos edificios docentes”, con indicaciones eminentemente técnicas. En él, se concretan cuestiones como que “la superficie destinada a iluminación natural será de entre el 20% y el 25% de la superficie útil de cada aula” y que “ningún espacio escolar podrá ventilarse únicamente a través de la puerta”.

HACER DE MÁS Y DE MENOS:

Y aunque hay quien opina que “la legislación es todavía decimonónica, demasiado rígida y poco ajustada a las nuevas tendencias pedagógicas”, como critica el pedagogo Jaume Carbonell, también hay quien defiende que, con el marco normativo actual, se pueden hacer de más y de menos. “En los últimos tiempos, hemos mantenido muchos encuentros y muchas sesiones de trabajo con los inspectores de Ensenyament, para ver cómo adaptar, entre todos, los requisitos previstos por la ley”, indica Xavier Aragay, director general de la Fundación Jesuitas Educación. “Y, al final, siempre hemos llegado a acuerdos”, destaca.

Miembros de la institución (que ha realizado transformaciones profundas en varios de sus colegios, algunos de ellos, edificios centenarios) han sido invitados en los próximos meses a un congreso de inspectores de toda España para explicar la experiencia. “Les contaremos cómo estamos modificando las escuelas para dar cabida a la innovación educativa”, precisa Aragay.

En esto de la renovación escolar, “la iniciativa privada está yendo por delante de la pública”, asegura el arquitecto Carles Francesch. “Estamos aplicando el manual constructivo de la Generalitat, que es el que utiliza la empresa pública Infraestructures de Catalunya, la antigua GISA, cuando recibe el encargo de Ensenyament de construir un colegio, pero lo hacemos aplicando cierta cintura”, confiesa Francesch. Por ejemplo, las ágoras o espacios de encuentro entre aulas “han surgido de la suma de las aulas de refuerzo previstas en la ley. “Lo que hemos hecho nosotros ha sido agrupar los entre 22 y 25 metros cuadrados que dice la normativa para convertirlos en un espacio polivalente”, concreta el arquitecto.

Fuente: 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/educacion/escuela-innovadora-colegios-rompen-moldes-arquitectonicos-5185547

Imagen: 

http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/6/5/innovadora-escuela-els-encants-barcelona-que-usa-nuevas-metodologias-docentes-1461967893956.jpg

Comparte este contenido:

Argentina: Valentín Alsina: el ajuste llegó hasta a las desinfecciones de alacranes

LaIzquierdaDiario/Viernes 3 de Junio de 2016/Por: Corresponsal LID/Zona Sur GBA

Ante una invasión de alacranes en el establecimiento, las autoridades de la escuela n° 33 se negaron a suspender las clases.

En la escuela pública el ajuste es una realidad de todos los días, que se ve muy transparente en la decadente infraestructura, en la comida deficitaria que les dan a nuestros pibes y en los magros salarios de auxiliares y docentes. Se palpaba en la época de gobiernos K, y se percibe y se intensifica en el de Macri con Vidal en la Provincia de Buenos Aires.

Pero en la escuela nº 33 de Valentín Alsina el ajuste avanzó aún más. Ante la aparición reiterada de alacranes en el establecimiento, la inspectora se negó a suspender las clases alegando que «el veneno trae leve consecuencias», en un acto de irresponsabilidad inédita, sin ningún tipo de estudio serio ni evaluación científica al respecto.

Sabiendo de la plaga y en pos de ocultar el hecho, la directora hizo ingresar a los alumnos, docentes y auxiliares como si nada estuviese pasando. Es que mostrar normalidad y cumplir con los días de clase a cualquier costo busca esconder la crisis educativa y el ajuste en curso, sin importar exponernos a la picadura del insecto que mide cerca de 12 cm.

Recién plantea la desinfección para el fin de semana, sin importarle los posibles brotes alérgicos o picaduras del alacrán a cualquier miembro de la escuela.

Los docentes, padres y alumnos, es decir, el conjunto de la comunidad educativa, somos los únicos que sostenemos la escuela pública día y a día, y los que peleamos contra gobiernos ajustadores como el de Macri y Vidal, que tienen a algunas directoras e inspectoras como aliadas.

Tomado de: http://www.laizquierdadiario.com/Valentin-Alsina-el-ajuste-llego-hasta-a-las-desinfecciones-de-alacranes

Comparte este contenido:

Portugal:Oposição vira-se para a Educação, BE defende Governo

Europa/Portugal/Mayo 2016/Fuente:Publico.PT /Autor:Liliana Valente

Resumen: Discusiones generadas debido al debate propuesto ante el parlamento respecto a la política del Gobierno de financiamiento del Estado a los colegios privadas, en donde la oposición no esta de acuerdo debido a que se descuida a las escuelas públicas.

 

Passos Coelho chamou a política e educação de «retrógrada». Assunção Cristas perguntou: «Afinal, quem manda no Ministério da Educação?». E aos dois líderes dos partidos da oposição quem respondeu foi Catarina Martins. O ministro da Educação está debaixo de críticas nos últimos dias por causa da decisão sobre os contratos associação com escolas privadas e a líder do BE defendeu a política de Tiago Brandão Rodrigues.

No final da reunião da Mesa do Bloco, Catarina Martins acabou por explicar que «não terminarão [qualquer] contrato associação em nenhum local onde não exista escola pública» e que, por isso, «o BE está do lado de quem defende a escola pública. E isso significa acabar com o abuso de o Estado pagar turmas em colégios privados, quando há uma escola pública ao lado», disse, em resposta às críticas que surgiram da direita, mas também, acrescentou, para acalmar pais e alunos.

Tudo começou nos últimos dias com a decisão do PSD de chamar para debate no Parlamento a política do Governo no que diz respeito ao financiamento do Estado a colégios privados. Com esta acção, há uma tentativa de desgaste do governante – que viu há pouco tempo um secretário de Estado sair por estar em «desacordo» com a sua política e o seu método – e acendendo as críticas sobre a decisão do Governo de não fazer mais contratos de associação com colégios onde exista oferta pública.

Passos Coelho voltou ao tema ainda na sexta-feira, considerando «retrógrado» o que o Executivo está a fazer, mas sobretudo perigoso: «Porque é muito possível que estas instituições coloquem o Estado em Tribunal, por este não estar a honrar os seus compromissos», disse. O Governo tem uma interpretação diferente, tal como o PÚBLICO noticiou, ao considerar que o que não tem base legal são os contratos assinados por Passos.

Este sábado foi a vez de Assunção Cristas retomar o assunto. A líder do CDS acusou o Governo de estar «capturado pela agenda ideológica da esquerda radical».

Durante o dia, alguns pais esperaram António Costa na inauguração do Túnel do Marão em protesto contra a decisão, mas ficaram distantes do primeiro-ministro. Com Lusa

Fuente de la noticia:https://www.publico.pt/politica/noticia/oposicao-virase-para-a-educacao-be-defende-1731314?frm=ult

Fuente de la imagen: https://imagens0.publico.pt/imagens.aspx/1048110?tp=UH&db=IMAGENS&w=749

Comparte este contenido:

Migrant Children Kept From Enrolling in School

América del Norte/EEUU/Abril 2016/Autor: Garance Burke and Adrian Sainz/ Fuente: Associated Press

Resumen: Associated Press ha descubierto que, en al menos 35 distritos escolares de 14 estados de los EEUU, cientos de menores, sin representantes, procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, han sido disuadidos o presionado de inscribirse en las escuelas, en lo que los defensores y abogados argumentan que son diferentes pero con programas alternativos desiguales -conocidos como callejones académicos-, pudiendo violar la ley federal.

Candelario Jimon Alonzo came to the U.S. dreaming of becoming something more than what seemed possible along the rutted roads of his hometown in Guatemala’s highlands. This was his chance: He could earn a U.S. high school education and eventually become a teacher.

Instead, the 16-year-old spends most days alone in the tumbledown Memphis house where he lives with his uncle, leaving only occasionally to play soccer and pick up what English he can from his friends.

Local school officials have kept Jimon out of the classroom since he tried to enroll in January. Attorneys say Jimon and at least a dozen other migrant youth fleeing violence in Central America have been blocked from going to Memphis high schools because officials contend the teens lacked transcripts or were too old to graduate on time.

The Associated Press has found that in at least 35 districts in 14 states, hundreds of unaccompanied minors from El Salvador, Guatemala and Honduras have been discouraged from enrolling in schools or pressured into what advocates and attorneys argue are separate but unequal alternative programs – essentially an academic dead end, and one that can violate federal law.

Instead of enrolling Jimon and the other minors in high school, their cash-strapped district routed them to an adult school in East Memphis that offered English classes a few hours a week. But before Jimon could even register, the state shut the GED and English-language programs over concerns that few students were graduating, effectively ending his chances for a formal education.

«I really wanted to study math and English when I got here,» said Jimon, who grew up speaking Spanish and the indigenous language Quiche. The reed thin, soft-spoken teen is in the process of applying for permission to stay in the country permanently.

Shelby County Schools spokeswoman Natalia Powers said her sprawling district had a policy that allowed students 16 and older to choose to enroll in a GED program, and that once the program closed, students could continue studying in a «similar» program at a local nonprofit. But attorneys and advocates said their clients weren’t given the choice to attend a mainstream high school, and that the Memphis nonprofit did not teach English.

America’s schools remain one of the few government institutions where migrant youth are guaranteed services, but the federal government has extended little money or oversight to monitor whether that happens, in part because schools are locally governed.

Since fall 2013, the federal government has placed nearly 104,000 unaccompanied minors with adult sponsors in communities nationwide, where they are expected to attend school while they seek legal status in immigration court. Months later, during the dramatic surge of illegal crossings at the border, the Education and Justice departments issued joint guidance reminding districts that a 1982 Supreme Court ruling established that states cannot deny children a free public education, regardless of immigration status.

Districts found to have broken the law can be forced to change their enrollment policies, but making that happen is not easy. To start, few migrant children understand their rights.

Students and their advocates can sue districts or file complaints with the Education or Justice departments, but investigations are so backlogged that decisions can take years and typically result only in civil sanctions, said Lisa Carmona, a senior attorney with the nonprofit Southern Poverty Law Center.

«Some students who come from other countries may be far behind, but that doesn’t allow the school district to say that you will never succeed so we will put you in our least challenging environment, forever,» said John Affeldt, managing attorney with San Francisco-based civil rights nonprofit Public Advocates. «You won’t see that challenged very often because these kids usually aren’t connected to communities that have a lot of resources or access to lawyers.» Many local school districts have stretched to find the resources and staff to meet the educational needs of these students, who often carry emotional trauma, have gaps in their education and are older than other English-language learners.

To determine where that was not happening, the AP analyzed federal data to identify areas where the number of migrant children was relatively large when compared to public school enrollment, along with the number of students formally learning English. In Alabama, California, Florida, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Tennessee, Texas and South Carolina, social workers and attorneys told AP that migrant students have been barred from enrolling, kept out of class for months due to elaborate paperwork requirements or routed to reform schools and adult programs. The full extent of how the Central American minors are faring in schools is unknown because the government does not release data on counties where fewer than 50 minors have been placed, which means information was not provided for about 25,000 of the migrants. Some examples of where AP found unaccompanied youths facing educational barriers:

-Case managers said schools in Florida’s Miami-Dade County had routed teens as young as 16 to adult schools, where they can take only English as a Second Language classes. Miami-Dade County Public Schools spokesman John Schuster said registration in the adult program was optional, and could include GED prep.

-City officials in Lynn, Massachusetts, suggested two Central American teens were lying about their age to get into high school in summer 2014. Since then, dozens of unaccompanied minors have been sent to alternative newcomers programs, where they studied English and other material but received no credit. The district declined comment.

– About 50 unaccompanied minors were denied access or routed into alternative, non-degree bearing programs in Hempstead and Westbury, on New York’s Long Island. A settlement was announced in March requiring the Westbury district to improve enrollment policies and provide students comprehensive instruction.

Spokeswomen for the Education and Justice departments declined to comment on the scope of the problem, but said the agencies remained vigilant about protecting unaccompanied migrant students’ civil rights.

Some districts have gone to extraordinary lengths to accommodate the students, who often come to join relatives, sometimes escaping criminal gangs or extreme poverty. One district in rural Kansas rerouted a school bus to ensure a group of unaccompanied teens could make it to class. A San Francisco high school rewrote young-adult novels at a basic level to spark the newcomers’ interest in reading. A Maryland district created a new after-school program to help students bond with their sponsors.

In Rhode Island, a handful of small school districts have dragged their feet in registering migrant children, but two diverse urban districts – Providence and Central Falls – have welcomed the challenging population. At Providence’s Mt. Pleasant High School, teacher Murkje Dekoe said her Central American students who work weekends in cranberry bogs and late nights in jewelry factories have the highest attendance rates.

In March 2015, federal officials made $14 million in grants available for county school districts where the government placed more than 50 unaccompanied minors with sponsors. But that amounts to less than $175 for each unaccompanied child placed in those counties in the last two and a half years, which many districts say leaves them to cover too much of the cost.

In Florida’s Miami-Dade, the country’s fourth-largest school district, officials estimate it costs about $2,700 more per year to educate each foreign-born student.

«When refugee kids are resettled, it is a policy decision that gets made and arrives at our door,» said Gabriela Uro, a director at the Council of the Great City Schools, which represents large, urban districts, including Miami.

«We have basically had to help each other because we have not been getting much in the way of help from the states or the feds,» she said.

The new student population can have a particularly noticeable impact in smaller districts, such as the 3,000 pupil district in Nobles County, Minnesota, about 250 miles southwest of Minneapolis. Since fall 2013, the government has placed at least 121 unaccompanied minors there, equivalent to about 3 percent of current public school enrollment, according to federal data.

The district hired two new English-language instructors and some special education support staff in the last year to meet the students’ needs.

«We evaluate them related to their abilities with language and grade level so we can provide interventions,» said Worthington school district Superintendent John Landgaard. «There is no one-size-fits-all box for these kids.»

All children must attend school until at least the eighth grade or until they turn 16 under compulsory education laws in all 50 states. Students can enroll beyond that age in many states.

For students learning English, federal guidance says school districts must provide appropriate language assistance services so students can participate equally in the standard instructional program within a reasonable period of time.

In the heart of Silicon Valley – near the headquarters of Facebook, where CEO Mark Zuckerberg often calls for immigration reform – attorneys said two wealthy California districts have shunted off about 30 migrant teens to adult schools.

On a recent morning, about a dozen Central American youths were studying ESL in trailer classrooms; they said the San Mateo Union High School District blocked them from going to the high-performing high school next door.

«We tried to go to the high school because the classes are a lot more interesting there, but they said we couldn’t,» said Melvin Lara, 18, who recently arrived from El Salvador and had hoped to study at San Mateo High School, which Newsweek deemed one of America’s top high schools.

District spokeswoman Sheri Costa-Batis said only teens who were at least 17 1/2 years old and arrived at the district «significantly undereducated» are referred to San Mateo Adult School for «intensive learning.» She also said that students must go through a waiver process and get a release from their parent or guardian in order to attend.

Even in states like New York, where many districts already had special curriculum for immigrant students, some newcomer programs have been criticized for failing to bring English learners into the mainstream.

Since January 2015, 22 New York districts have changed their policies as the result of an ongoing investigation by the state attorney general into claims that school officials routed immigrant students into alternative, non-degree bearing programs or denied them access.

Neither the Education Department nor Justice Department would say how many of the nation’s roughly 14,000 school districts have been investigated for similar failures.

Education spokeswoman Dorie Nolt said her department has given districts extensive resources to access relevant federal services and supports.

«We remain committed to working with federal partners and community-based organizations to address any issues that unaccompanied children, their sponsors, and families may face in dealing with the education system,» she said.

Fuente de la noticia: http://readersupportednews.org/news-section2/318-66/36640-migrant-children-kept-from-enrolling-in-school

Fuente de la imagen: http://readersupportednews.org/images/stories/article_imgs20/020871-school-children-migration-050216.jpg

Comparte este contenido:

Australia:Talking Point-Going to school can stretch family budgets

Oceanía/Australia/Marzo 2016/Fuente: http://www.themercury.com.au/Autora: Alison Standen

Resumen: En Australia y Tanzania, si una familia desea llevar a su hijo a una escuela independiente debe considerar costos superiores a los 468.000 dólares solo en su ciclo de estudios escolares, en cambio en escuelas gubernamentales los costos se estiman en 66.000 dólares. Esta es la cruda realidad de la educación «gratuita» pública para miles de familia en esa región. En adición, anualmente las familias deben prever 2000 dólares solamente para uniformes, calzados e insumos por niño. Todo esto en un escenario donde 638.000 niños están viviendo con familias desempleadas.

For families suffering severe financial hardship, affording a child’s school essentials can be a distressing burden.

The Australian Scholarships Group says the lifetime cost of sending a child to an independent school is more than $468,000.

For government schools the estimate is $66,000.

This is the reality of a “free” public school education for thousands of families across Tasmania, and Australia.

However, not all of them will have the capacity to bear these costs, even when making the lowest possible contribution.

All parents want the best for their children, but for families struggling to make ends meet on an already strained household budget, finding the money to pay for their child’s educational needs causes additional stress.

How can we make sure these children are not further disadvantaged because they do not have the resources and support they need for school?

Some of us will know what it felt like to be singled out for not having the right clothes, the right pens, or schoolbag.

Some of us will remember feeling isolated, not good enough to keep up with our classmates.

When a child does not have everything they need for school, their learning can suffer — like the young student who failed an assignment because she could not afford excursion costs.

She was too embarrassed to let her teacher know why she could not attend.

We also hear about students who choose cheaper electives because they know their parents cannot afford the extra expense necessary for their preferred subject.

We hear about students falling behind in studies because they do not have access to a computer and the internet at home, essentials in today’s learning environment.

This is reality for many disadvantaged students. It is tough for their parents who, at this time of year, have been trying to prepare them for a new school year.

Last year, we estimated the cost for a family to provide the essentials for their child to attend a government primary school. We found the likely cost of uniforms, shoes and stationery, through to the charges that are part of daily attendance and study, at upwards of $2000 for one child over a year. And that’s just for primary school.

For a low-income family, $2000 is a big and probably unattainable ask.

When a child does not have the basics for school, they can start to feel different and isolated. The feelings worsen as each year passes. The consequences can be serious — becoming disengaged over time and at risk of dropping out of school altogether.

There is much that governments, community and business can and must do to positively influence the educational outcomes of disadvantaged children and help them avoid long-term dependence on welfare.

Research shows these children are more likely to experience financial hardship as adults. It’s a cycle that perpetuates through generations.

The Smith Family’s targeted educational program helps poor children to participate fully in education so they can get the chance to have a better future. However, demand for our services is far higher than the 34,000 children we are able to support — there are 638,000 children living in jobless families in Australia right now.

Education is a path out of poverty.

If we want to prevent disadvantaged children from the life-long effects of financial hardship, the best thing we can do is to support them while they are at school.

With a strong and complete education behind them, they have the best chance to go on to further training and work, and to enjoy a productive and fulfilling life.

Fuente de la noticia: http://www.themercury.com.au/news/opinion/talking-point-going-to-school-can-stretch-family-budgets/news-story/51ccd0c51fc3081c1889055195d22c73

Fuente de la imagen: https://www.pinterest.com/phyllisseidl/australian-aboriginal-history/

 

Comparte este contenido:

EEUU: The disturbing reason why charter schools may have higher test scores

TheModerJones/03-18-2016/Por: Kristina Rizga

Resumen: Un escritor de Filadelfia redactó un ensayo en donde expresaba su
preocupación por la clausura de las escuelas públicas donde él había
asistido cuando era niño, las cuales hoy en día habían sido reemplazada en
su totalidad por escuelas Charter. Dembry, el ensayista, dice en su
escrito, algo así: “Nuestras escuelas son señal de la historia que contamos
de nosotros mismos y nuestras comunidades”. El número de escuelas públicas
cerradas ha ascendido a más de 30 desde 2012 hasta la fecha, siendo una de
las ciudades más afectadas: Detroit. Las escuelas Charters exhiben una gama
de estilos de enseñanza, que en algunos casos siguen el modelo Montessori,
con enfoques etnocéntricos. La doctrina centra al estudiante en la creencia
de castigar inmediatamente las infracciones más pequeñas; se pueden ver a
niños castigados de pie en un rincón del aula por alguna infracción
cometida en el aula. Algunos niños ya ha denominado el programa disciplinar
de las escuelas Charters como “prisiones públicas”. Por otro lado, en ellas
la apertura para estudiantes con discapacidades o inmigrantes residentes
que no hablan inglés, es escasa, igualmente, para aquellos estudiantes cuyo
color los sentencia a recurrir en faltas que ponen en riesgo su permanencia
en el sistema educativo estadounidense. El artículo es una reflexión sobre
el futuro de la educación pública, el racismo y la inclusión en Estados
Unidos.

Last September, Gene Demby ,
a writer with NPR’s Code Switch team, penned anessay mourning
the loss of public schools in his native Philadelphia. The elementary and
middle schools he’d attended as a kid had closed in recent years and were
eventually replaced by charters.

«Our schools are signposts in the stories we tell ourselves about ourselves
and our communities,» Demby said. As more public schools shutter—Philadelphia has shut down
more than 30 of them since 2012, while hard-hit cities such as Detroit have
closed since 2002—that story increasingly revolves charter schools. And a new study raises
intriguing questions about how these schools discipline students and how
such rules disproportionately affect black children and students with
disabilities.

And while charter schools encompass a broad range of teaching styles—some
follow the Montessori model or have an ethnocentric focus, for example—many
in urban areas follow a «no excuses» philosophy.

This approach borrows heavily from a «zero tolerance» policing ideology
that emphasizes cracking down on minor offenses, including by searching the
pockets of teenagers living in low-income neighborhoods for drugs and
weapons, to prevent major crimes such as drug dealing down the road.

«No Excuses»

In a classroom setting, this translates into a belief that the smallest
infractions, such as passing a note during class, is to be met with an
immediate consequence. Depending on the offense, that can escalate from
being asked to stand up for the rest of the class to being sent home on an
«out-of-school suspension.» Schools such as the Knowledge is Power Program
(KIPP), Success Academy, and Uncommon Schools, among others, use various
parts of «no excuses» ideology.

«If you don’t tuck in your shirt, if you space out for a minute and don’t
track your teacher with your eyes, if your binder is messy, you lose
points,» one former KIPP student told me in 2014 of his middle school
experience.

«If you lose enough points, you are not allowed to go on field trips or be
a part of graduation ceremony. My homeroom teacher was really young and
didn’t know how to control the classroom. She kicked me out a lot and I was
sent home a lot. Some of us called it the Kids in the Public Prison Program,» he said.

A famous example of «no excuses» charter school is the Roxbury Preparatory
Charter School near Boston that was founded by Secretary of Education John
King Jr., in 1999. Roxbury Prep became the highest-performing urban public school in
Massachusetts, according to NPR. It is these high test scores—more than any other measure—that charter
school advocates cite as a strong argument for replacing traditional
schools.

Discipline data

But as more «no excuses» charter schools open, a growing number of critics
have been raising serious concerns: Do charters truly admit all
students—such as kids who face great challenges like severe disabilities or
recent immigrants who don’t speak English—like traditional schools do? And
do some charters engage in practices that artificially raise kids’ test scores?

Yesterday, the UCLA’s Center for Civil Rights Remedies published a study that
for the first time looked at discipline data for 5,250 charter schools and
95,000 public schools. The study, «Charter Schools, Civil Rights and School
Discipline: A Comprehensive Review,» focused on how often students were
sent home on detention (or «out-of-school suspensions,» in education
jargon) during the 2011-12 academic year.

Researchers have found that
being suspended is a strong indicator that a student will eventually drop
out. And students who drop out are much more likely to
end up in prison, becoming part of the «school to prison pipeline.» This issue
disproportionately affects black students (in charter and noncharter
schools), who are suspended at a rate three times greater than white students.

Here are the most significant findings in the report:

Suspensions are falling, but there is a disturbing trend. The good news
is that early data suggests suspension rates have been declining in many
districts since 2012, thanks in part to a recent push by the federal
government and various advocates to encourage schools to consider
alternative discipline approaches grounded in strong research.

That said, there were troubling exceptions in two states, the authors
write. Last year, charters in Connecticut suspended and expelled higher
percentages of students in preschools and elementary schools (14 percent)
than the public schools did (3 percent). And in Massachusetts, data from
2015 showed that charter schools made up a disproportionate share of the
state’s highest-suspending schools. Secretary of Education John King’s
Roxbury Prep had the highest suspension rate of all charter schools in the
state: 40 percent of all students and 58 percent of its students with
disabilities were suspended in 2014. (Nationally in all schools, that number
was 10 percent and 18  percent, respectively, in the 2011-12 academic year.)

Charter schools suspended higher percentages of black students and
students with disabilities than traditional schools did.* The overall
difference between suspension rates in charters versus traditional schools
isn’t huge: In the 2011-12 academic year, charters suspended 7.8 percent of
all students, compared with 6.7 percent for noncharters. But these gaps
increase when you look at who is getting suspended: In charter schools,
black students and students with disabilities were suspended at higher
percentages in all grades than their peers in traditional schools. In
middle and high schools, 12 percent more students with disabilities and 2.5
percent more black students were suspended in charters compared with
noncharters.

What the authors of the report found especially worrisome was that close to
half of all black students at middle and high school charter schools went
to one of the 270 schools that was highly segregated (80 percent black) and
where the suspension rate for black students was extremely high: 25
percent. Even more disconcerting, 235 charter schools suspended more than
50 percent of their enrolled students with disabilities, the researchers
wrote.

The patterns among some charter schools of having high test scores and very
high suspension rates prompted the authors of the report to conclude,
«Although beyond the scope of this report, the possibility certainly exists
that some charter schools are artificially boosting their test scores or
graduation rates by using harsh discipline to discourage lower-achieving
youth from continuing to attend.»

Charter schools may benefit from another advantage that potentially boosts
test scores: so-called «selection bias.» Many scholars have pointed out,
the report says, that since charter schools require parents to apply for a
charter or enter lotteries, the schools typically attract more students who
have engaged parents, or who are higher achieving or better behaved. A 2015
study by the University of California-Berkeley showed that in fact students who
entered charter schools in Los Angeles were already higher achieving, as
measured by their standardized test scores, than their peers in traditional
schools.

Charter schools teach fewer students with disabilities and fewer kids who
are learning to speak English. While the report found that charter schools
enroll higher percentages of black students and poor students than
traditional schools, the researchers also found that charters tend to have
smaller percentages of students with learning disabilities (ranging from
attention deficit hyperactivity disorder and autism to kids in wheelchairs)
and kids just learning to speak English. Yet students who live in poverty
are more likely to be diagnosed with learning disabilities and to be
learning English, so researchers were surprised to find that these two
groups were underrepresented at charters. This data raised additional
concerns with the study authors about enrollment and suspension policies in
charter schools.

Many charter schools don’t suspend a lot of students, and some «no
excuses» followers are reforming their discipline tactics. The report
found that among middle schools and high schools, only 332 schools were
classified as «high-suspending» (meaning these schools suspended more than
25 percent of any group). With elementary grades, the 240 high-suspending
charter schools were far outnumbered by the 486 lower-suspending schools
(those with a suspension rate around 10 percent or less).

And while some charter schools such as the widely known Success Academy
have publicly defended their suspension policies, others like KIPP are embracing
reform. Just last month, many KIPP school leaders at a national meeting attended
sessions on the «restorative justice» approach to school discipline—which uses misbehavior and conflict as
opportunities for self-reflection and learning with the help of a trained
coach—as an alternative to «zero tolerance» discipline. And California and
Connecticut have recently prohibited the use of suspensions for minor
infractions for young students in all schools in those states.

The new federal Every Student Succeeds Act now
requires that states include many measures in their school grading
formulas—not just standardized test scores—including «school climate»
indicators such as suspensions.

«Currently, half of all states do not report discipline data broken up by
race and disability to the public on their state site, even though every
state is required to do so every year,» Daniel J. Losen, one of the authors of the report and the director of the Center for Civil Rights Remedies, told *Mother Jones*.

As Demby reflected in his essay on the past and future of public education,
«It’s no accident that local schools are battlegrounds for so many of our
most heated, pitched battles over race and place in America.» There are big
questions embedded in how we decide to educate kids and how we allocate
public resources to schools, he added. «Who gets to go to the best of
them?» he asked.

Fuente:
www.motherjones.com/politics/2016/03/charter-schools-suspend-more-black-students-disabilities-test-scores

 

Comparte este contenido:

Perú: Inicial de clases. Se encarece el costo de las matrículas en colegios públicos y privados

 

134703

 

Lima, Perú /03 de marzo de 2016/ Omar Mariluz/ Fuente: Gestión

El costo de vida de las familias peruanas se encarece cada año con la fuerte alza de los alimentos o las tarifas de servicios públicos, a lo que ahora se le tiene que sumar un fuerte incremento de las matrículas de los colegios tanto públicos como privados.

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, reveló que en febrero la matrícula de los colegios estatales subió 12%, bastante más que en el mismo mes del año pasado, cuando hubo un incremento de apenas 0.7%.

Las matrículas de los colegios estatales que más subieron fueron los de la educación primaria (14%), seguidos por la secundaria (11%) y finalmente inicial la (8.2%), lo que resulta preocupante dado que este servicio público es brindado justamente a las familias de menos recursos.

Justo Zaragoza, director del Grupo Educación al Futuro explicó que el fuerte incremento de las matrículas en los centros educativos estatales responde a que el propio gobierno ha elevado los topes que por ley se establece para el pago de este concepto.

“Si el gobierno incrementa el tope a pagar, los colegios hacen ese cobro hasta el tope, antes permitían solo cobrar S/ 50 pero al haber subido esos techos, todos los colegios cobran el límite”, explicó.

 

Colegios privados

En el caso de los colegios privados el costo de las matrículas también se encareció en febrero un 7.4% en promedio, más del doble del incremento de 2.7% registrado en el mismo mes del 2015, según datos del ente estadístico.

Las matrículas de los colegios privados que mayores alzas registraron en febrero fueron la de los centros de inicial y secundaria con 7.9%, cada una, y muy de cerca primaria con un 6.8%, aunque esta alza va más en línea con el aumento de pensiones que efectuarán las instituciones particulares.

Zaragoza sostuvo que los colegios privados vienen incrementando el costo de sus pensiones entre un 6% y un 8% cada año, ante la mayor demanda de la población por este tipo de instituciones, lo que a su vez jala hacia arriba el precio de las matrículas.

“Usualmente los colegios cobran 10 meses de pensión y la matrícula que siempre es un mes de pensión, entonces si las pensiones suben entre 6%y 8%, es lógico que el costo de la matrícula suba en la misma magnitud”, mencionó.

Pero las matrículas y las pensiones no son de lo único en lo que deben preocuparse los padres de familia en esta temporada de inicio de clases. El INEI detalla que también se ha registrado en febrero un aumento de precios en los textos escolares de primaria (6.6%), secundaria (5.8%) y en menor medida inicial (0.4%).

 

Explicación macro

Desde un punto de vista macroeconómico el encarecimiento de las matrículas y pensiones responde, según el economista de la Universidad del Pacífico Jorge González Izquierdo, a que las expectativas de inflación de los agentes económicos han subido.

Las expectativas de inflación de los agentes económicos para este año han subido de 3.3% a 3.5%, por fuera del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) de entre 1% y 3%.

“Si tú eres un sindicato y crees que la inflación de los próximos meses va a ser 10% vas a pedir 10% de aumento, igual con los colegios. Una respuesta a las mayores expectativas de inflación de los agentes económicos”, señaló Izquierdo.

 

FUENTES DE LA NOTICIA:

http://gestion.pe/economia/inicio-clases-se-encarece-costo-matriculas-colegios-publicos-y-privados-2155621

FUENTE DE LA FOTO:

http://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/3/4/134703.jpg

PROCESADO POR:

Hans Mejía Guerrero

hans_mguerrero@hotmail.com

 

 

Comparte este contenido:
Page 34 of 35
1 32 33 34 35