El dolor de la incomunicación: La barrera idiomática para los inmigrantes haitianos

Haití/Diciembre de 2017/Fuente: UChile

Después de tres días de que su esposo estuviera internado en el hospital Padre Hurtado, ubicado en la comuna de San Ramón, una mujer haitiana pudo conocer su diagnóstico médico. Llevó a su pareja de la misma nacionalidad de urgencias, pero su manejo del español era muy precario. Por lo mismo, esperó horas para que desde el recinto consiguieran un intérprete de creole que le informara sobre su estado de salud. Fueron días de angustia.

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Un grupo de mujeres asiste al taller “Nadie es Perfecto” que ofrece la municipalidad de San Miguel a las madres con hijos que presentan algún tipo de retraso en su crecimiento. Dentro del grupo se encuentra una mujer haitiana madre de mellizos de ocho meses. La sesión es dirigida por una parvularia que en la primera ronda les pide una breve presentación para que compartan el diagnóstico hecho por el Centro de Salud Familiar (Cesfam) al que acuden. La profesional les pregunta si todavía amamantan, sobre la alimentación de las guaguas, sobre sus rutinas, entre otros temas. Llegó el turno de la extranjera, pero no hubo manera de comunicarse. Nadie sabía cómo ayudarla porque no manejaban su idioma y la mujer tampoco entendía el castellano. Para la próxima oportunidad quedaron de llevar unas fichas con figuras dibujadas de manera que la mujer las asociara a las ideas que buscaba expresar.

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Y con un desenlace fatal, recordamos el caso de Joane Florvil, la mujer haitiana que falleció mientras enfrentaba un proceso judicial por el supuesto abandono de su hija. Aunque hace una semana atrás finalmente esa tesis fue descartada y se sobreseyó dicha arista de la causa, los responsables de su muerte se mantienen en investigación a cargo del Ministerio Público. Con todo, se entiende que la primera negligencia cometida fue no comprender a la mujer y malinterpretar el hecho de que dejara a su hija al cuidado de un guardia de un servicio público, lo que no habría configurado el delito de abandono según estimó el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago.

Las coincidencias de estos casos saltan a la vista: se trata de una inmigración vulnerable, racializada por el color de su piel, de mujeres a las cuales no se les están garantizando sus derechos y de una barrera idiomática como un gran obstáculo para acceder a esos servicios. Es un hecho patente y doloroso que la incomunicación deja la puerta abierta para que se cometa toda clase de abusos. Y el Estado una vez más es reactivo. A pesar de que hace más de cinco años las estadísticas proyectaban que las cifras de la inmigración serían exponenciales, nuevamente se llega al punto de lamentar una muerte para advertir la falta de facilitadores y la necesaria adaptación que requieren los servicios públicos ante la nueva conformación de la sociedad. De los casos antes mencionados e hilando mucho más fino, es posible advertir otras situaciones: ¿Qué está pasando con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres haitianas que asisten a centros de salud públicos? Y, en los partos, ¿hay traducciones en las cartas de consentimiento si quieren explicitar que no desean una cesárea?

Por ahora todo tiene mucho de improvisación y en el reglamento que se elaboraría una vez aprobada la modificación a la Ley de Extranjería, de 1975, podría establecerse la cantidad de traductores que se requieren por servicio según la demanda extranjera por comuna u otra división apropiada. Sería una implementación de manera formal. Esos son temas que se deben discutir en medio de la tramitación que sigue trabada en el Congreso, hoy en la comisión de Gobierno Interior que debió despachar la iniciativa que creó la Subsecretaría de la Niñez y que, en teoría, se retomaría migración durante estas semanas.

La tía Rosita y sus estudiantes

Una intérprete para 138 estudiantes haitianos. Jornadas semanales de 8:30 a 15:00 horas y un día hasta las 17:00 horas. Sueldo 360.000 mil pesos. Esa es la realidad de la profesora dominicana Rosa Féliz (34), la tía Rosita. Hace seis años que llegó a vivir a Chile y desde hace siete meses que trabaja en el colegio Humberto Valenzuela, ubicado en la comuna de Estación Central. Vive en Cerrillos y se traslada por cerca de una hora en transporte público para llegar a su lugar de trabajo y  a la salida corre para ir a buscar a su hijo al jardín.

Rosa ha asumido un rol fundamental en este colegio que registra una de las matrículas más altas de estudiantes extranjeros de la comuna, en especial de haitianos. Muchos de ellos llegan sin hablar nada de español. Es un gran desafío, explica, sobre todo cuando los niños son de mayor edad. “El aprendizaje es mucho más eficaz en los niños más pequeños, con los de cuarto y quinto hay que lidiar también con sus temores de quedar en vergüenza frente al grupo porque no sabe y se cohíben más”, precisa.

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Rosa Féliz y uno de sus estudiantes

Como cada mañana sus clases comienzan a las 8:30 con el primer curso, pero a veces la requieren mucho más temprano. Su labor se ha extendido también a ayudar con la información a los apoderados haitianos. “Ay, tía Rosita, que bueno que llegaste. Había un papá haitiano y le dijimos que volviera en la tarde porque no le pudimos hablar”, le dicen otros colegas a la profesora porque muchos padres dejan a los niños a primera hora para irse a trabajar. Destacan que su rol es imprescindible.

Rosa figura en la nómina del colegio como monitora de creole y aunque tiene su título de profesora parvularia, labor que desempeñó durante ocho años en República Dominicana, aquí ha tenido dificultades para revalidar su profesión. Reconoce avances con los niños, pero también frustraciones. “A los niños los inscriben por edad y no por conocimiento, por ejemplo, en un curso de cuarto básico me encuentro con niños con los que debes comenzar prácticamente un proceso de alfabetización porque muchos no son lectores. Ellos se quedan un poco atrás”, explica.

Pese a esa dificultad provocada por el sistema escolar, la profesora ha aplicado su propia metodología de trabajo. En su sala se observa una cartulina con los nombres de los niños haitianos divididos en tres grupos según su dominio del español. A partir de eso evalúa quienes requieren de más horas pedagógicas en el taller o de un reforzamiento. Después de dos o tres clases pregunta a los profesores de otras asignaturas si han notado cambios en aquellos niños que llegaban sin hablar ni una palabra en español y así va sondeando el nivel de aprendizaje que han logrado.

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Material de trabajo de la profesora

En este colegio donde trabaja la tía Rosita, ubicado en la población Los Nogales de Estación Central, se espera que la matrícula para 2018 ascienda a unos 200 niños haitianos. Son proyecciones que la dirección estima de acuerdo a los nuevos estudiantes inscritos hasta ahora, pero aún resta un largo periodo en el que sin duda podrían aumentar. Lo que no está claro es si mantendrán a una sola profesora y le incorporarán más horas pedagógicas o si los recursos permitirán contratar a otro profesional que desempeñe sus mismas funciones.

Por el momento, para la dominicana existe una cuestión evidente y es que contar un intérprete “es un paso muy incipiente para romper con la barrera idiomática” y traspasar los conocimientos. “Hay muchas necesidades por la cantidad de niños extranjeros que llegan. El Ministerio de Educación dice que hay que darles educación a todos por igual como un derecho, pero si aquí entre profesor y estudiante no se entienden y no se cuentan con las herramientas suficientes, es muy difícil entregar los contenidos”, afirma. Y esa es precisamente otra de las situaciones más frustrantes que reconoce, el observar a un niño sentado en su puesto pero a la vez verlo acongojado o desconcentrado porque, en el fondo, no comprende los contenidos que se hablan en la sala de clases.

“Joane se sentía amordazada”

Joane Florvil murió sin saber realmente de qué se le acusaba. Estuvo detenida 12 horas, primero en la 44° Comisaría de Lo Prado y luego en la 48° Comisaría de Asuntos de la Familia en Santiago. Su relato antes de que falleciera fue que carabineros le puso un casco antimotines para evitar que se golpeara la cabeza como había ocurrido poco después de que la encarcelaran. Su angustia aumentaba con el correr de las horas. No sabía nada de su hija de dos meses que había dejado a cargo de un guardia de una oficina municipal mientras iba a ayudar a su esposo. Ese fue el hecho que injustamente le costó muy caro. Le costó, por ejemplo, no volver a tener a su hija en brazos por días, una separación muy dolorosa. En algún momento incluso creyó que estaba muerta y que ese habría sido el motivo de su arresto. Impotencia, dolor, rabia por la imagen que se construyó de ella, la de una verdadera delincuente. Le costó esa condena mediática antes de tiempo, con imágenes que una y otra vez la destacaban esposada. Luego vino un “tírate a esa colchoneta a dormir”, la orden de los policías según le contó a sus familiares. Y, tal vez, el mensaje detrás de ese casco antidisturbios sería: “Sigue golpeándote, total con esto no vas a morir”. Negligencias.

Hoy se sabe que la madre haitiana murió siendo inocente y que al momento de su arresto no hubo traductor. Según consta en el parte policial, sólo se dispuso un intérprete para su familia. El caso es investigado por la Fiscalía y aunque ya están disponibles los informes del Servicio Médico Legal (SML) que detallarían la causa de su muerte, son antecedentes de carácter reservado hasta que finalice la indagatoria.

Pero las responsabilidades van por grado y Virginia Palma Erpel, abogada de la ONG Acción Mujer y Madre que asumió parte de la defensa de la extranjera, particulariza algunas. En primer lugar, explica que “el protocolo de cualquier funcionario que tiene a una persona detenida y observa que se está infringiendo daño físico es llevarla a un centro asistencial de inmediato y no después de 12 horas”. Fueron golpes que los neurocirujanos asociaron a la rabia y a una persona que se siente amordazada por la incomunicación. Aunque no se puede descartar que la mujer fuera víctima de una golpiza dentro de la celda, según el testimonio de un médico haitiano que la atendió luego en la Posta Central.

Lo que pasó durante esas 12 horas se mantiene en una nebulosa. Es necesario reconstruir los hechos sucedidos en esas horas y develar cuáles fueron las decisiones que se tomaron en cada uno de los servicios que atendieron a Joane, desde su permanencia en la comisaría, el traslado a la Posta Central y, finalmente, al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y, en estos dos últimos lugares, evaluar si le suministraron los medicamentos de manera adecuada o si por un mal manejo médico se produjo la hepatitis fulminante que le causó la muerte. Un punto claro es que ella no tenía antecedentes previos de alguna otra enfermedad.

Pero aquí también se transgredió uno de los principios fundamentales de los imputados que es su presunción de inocencia. “Ella no pudo en ningún momento dar a entender o intentar demostrar que era inocente de lo que se le estaba culpando porque ni siquiera llegó a entenderlo”, afirma la abogada. La ONG asumió dos aristas del caso, por un lado la causa de familia que buscaba reencontrar a la hija de Joane con sus parientes para que no permaneciera al cuidado del Consejo Nacional de la Infancia. Esa línea está cerrada y cumplió su objetivo. Y, por otro lado, se estaba siguiendo la arista penal donde se le imputaba el delito de abandono que también fue sobreseída. Para un futuro, el equipo jurídico no descarta presentar una querella contra todos los que resulten responsables de la muerte de la mujer, pero es una decisión que deberá tomar la familia de la haitiana residente en Chile.

Este se ha convertido en un caso emblemático que demuestra la incapacidad para garantizar el derecho básico de la comunicación, pero también deja al descubierto el racismo. “A una inmigrante alemana, por ejemplo, ¿le habrían quitado su guagua? No lo creo”, cuestiona la abogada Virginia Palma. El caso salió a la luz por la muerte implicada, pero ¿cuántos otros siguen bajo un manto invisible porque no llegan a cobrar vidas aunque tengan igual gravedad? Lo cierto, es que las mujeres haitianas siguen muriendo en el país por este y por otros motivos. “Después del caso de Joane nos han llegado varios casos de mujeres que mueren en los partos y donde no se tienen mayores antecedentes. Los esposos tampoco pueden hablar, dicen que no saben las causas”, comenta con pesadumbre la abogada de la ONG Acción Mujer y Madre.

Capacitando a los nuevos profesionales

Peterson Saindard explica la utilidad de unos manuales que ayudó a preparar junto a la ONG Byenvini (bienvenido en creole) e IFMSA Chile. “Con esto en mano, la idea es que el médico aprenda a leer. Entonces, llega el paciente y le explica su dolencia y el rápidamente va buscando el término. También incluye la frase ´¿en qué te puedo ayudar?´ y eso debe memorizarlo. Por eso, el libro está dividido en partes”, explica el profesor de nacionalidad haitiana.

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Guía para estudiantes de medicina

Lleva poco más de un año viviendo en Chile y domina un español muy fluido, en parte se debe a que cursó estudios de Lengua en la Universidad Estatal de Haití antes de viajar y ahora se desempeña impartiendo clases para distintas instituciones. Hace unos sábados atrás comenzó a enseñar creole a un grupo de estudiantes de medicina. Se reúnen en las dependencias de la Universidad Andrés Bello pero son estudiantes de distintas casas de estudios. El manual lo prepararon precisamente con la intención de capacitar a los futuros profesionales que tendrán trato directo con pacientes inmigrantes a lo largo de su quehacer diario y, también, entendiendo la educación como una herramienta fundamental para terminar con los prejuicios. “La idea de las clases es desarrollar la autonomía de los estudiantes”, acota Peterson.

Por otro lado, dicta clases de español a un grupo de ocho trabajadores haitianos de una empresa de construcción de Quilicura. No van a clases en el mismo horario, depende de los turnos que tengan. Por lo mismo, el nivel de aprendizaje de los funcionarios es muy disímil. “Todos entienden, pero les cuesta hablar bien”, reconoce entre risas. Y agrega que su método es despertarles una pasión por la lectura porque afirma que ninguno lee. “No intentan mejorar su idioma, todo lo aprenden en la calle y eso les genera muchas confusiones”, comenta.

La falta de comunicación provoca miedo por parte del trabajador. Probablemente, no puede atreverse a denunciar malos tratos o a renunciar a sus labores. Es una idea que plantea Peterson desde su experiencia como intérprete, como haitiano que debió conseguir un trabajo con contrato para regularizar sus documentos, y que también conoció las condiciones vulnerables. Y reparó que cumpliendo las mismas funciones en un supermercado, a él le pagaban el sueldo mínimo y a sus colegas al menos cien mil pesos más. Sufrió la desigualdad, el racismo.

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Cartel en negocio de chilenos, Estación Central.

“Para la manera en que están trabajando algunos haitianos yo no he podido encontrar otra palabra más que esclavitud”, dice pausado encontrando los términos adecuados para cada oración. Pero entiende que no es una situación inocente. A su juicio, la falta de una regularización en todo ámbito responde a las necesidades de tener mano de obra barata en una oleada migratoria que elige a Chile como país con mayores oportunidades, y que sin duda beneficia a un grupo de empleadores.

Pero más allá de eso y esperanzado en que los cambios favorezcan a sus compatriotas que llegan dispuestos a todo por conseguir un sueldo, por precario que sea, dice que el punto de encuentro en materia idiomática debe ser la cooperación. “Tú me ayudas y yo te ayudo. No puede ser de otra manera porque no sólo los haitianos deben esforzarse por aprender mejor el español, sino que los chilenos también deben manejar lo mínimo para lograr la interacción”, concluyó Peterson.

Fuente: http://radio.uchile.cl/2017/12/03/el-dolor-de-la-incomunicacion-la-barrera-idiomatica-para-los-inmigrantes-haitianos/

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España: Aprobada la contratación de 305 auxiliares de conversación en centros educativos y escuelas de idiomas

España/14 septiembre 2017/Fuente: La Vanguardia

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, conceder subvenciones, por un importe global de 1,7 millones, a los centros de educación infantil y primaria, institutos de enseñanza secundaria y escuelas oficiales de idiomas para la dotación de auxiliares de conversación de habla inglesa, francesa, alemana, italiana y china para el curso 2017/2018.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha nombrado a 277 auxiliares de conversación de lengua inglesa, 22 de lengua francesa, 3 de lengua alemana, 2 de lengua italiana y 1 de lengua china cuya subvención corre a cargo de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para prestar servicio en los centros educativos del sistema bilingüe.

Los auxiliares contribuirán, junto a los docentes, al aprendizaje de la lengua extranjera en los 252 colegios públicos bilingües de Educación Infantil y Primaria, y a los 106 institutos de Educación Secundaria públicos en los que se imparte el Programa Bilingüe, así como en las distintas Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia.

El carácter singular de esta subvención deriva de que los beneficiarios de ésta han sido seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante un proceso de concurrencia competitiva.

Fuente noticia: http://www.lavanguardia.com/local/murcia/20170913/431259166791/aprobada-la-contratacion-de-305-auxiliares-de-conversacion-en-centros-educativos-y-escuelas-de-idiomas.html

Fuente imagen: http://fotos01.laopiniondemurcia.es/2017/09/13/328×206/foto4.jp

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República Dominicana: UASD gradúa 341 nuevos profesionales de la Escuela de Idiomas

República Dominicana/26 junio 2017/Fuente: Listin Diario

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió a 341 estudiantes durante el noveno acto de graduación de los cursos extrarriculares de la Escuela de Idiomas.

El acto de investidura fue encabezado por el decano de la Facultad de Humanidades, Ramón Rodríguez; la directora de la Escuela de Idiomas, Altagracia Suero, y el coordinador de los cursos extracurriculares, René Olivares.

«¿Juran honrar el grado que han recibido, ponerlo en servicio de los demás en beneficio de la patria y del mundo? «, fue el juramento leído por el decano Rodríguez a los graduados, con el fin de darle continuidad al aprendizaje adquirido y de nuevos idiomas.

Los cursos extracurriculares son impartidos en el edificio Juan I. Jímenez (JJ) del recinto universitario y en la zona oriental, donde se imparten inglés, francés, italiano, portugués, español, creole, japonés, coreano, ruso y próximamente el catalán.

Fuente: http://www.listindiario.com/la-republica/2017/06/26/471676/uasd-gradua-341-nuevos-profesionales-de-la-escuela-de-idiomas

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Experts warn Japan’s language schools are becoming a front for importing cheap labor

Japón/Enero de 2017/Fuente: The Japan Times News

RESUMEN: Una estudiante nepalesa de 29 años de edad en Tokio se ha visto atrapada en el limbo con sus sueños descarrilados, y el estado de las escuelas de idiomas de Japón es culpable. Un sobreviviente de la trata de personas en el pasado, la mujer, que deseaba ser identificada sólo por su apellido, Puri, llegó a Japón en 2014 como estudiante de intercambio. Brimming con grandes expectativas en el momento, dijo que estaba decidida a adquirir una maestría en sociología, con un énfasis en un tema querido a ella, los derechos de las mujeres. Imagine su decepción, entonces, cuando su sueño fue interrumpido por la escuela de japonés en Tokio, donde estudiaba. La escuela le enseñó sólo lo básico de la lengua, la agrupó con los estudiantes desmotivados que con frecuencia se quedaban dormidos en clase y – a su conmoción – le informó que una escuela vocacional era el único camino educativo que podría preparar para ella. Ser negada la oportunidad de avanzar a la escuela de posgrado refrenó su motivación académica, lanzando sus planes para el futuro en desorden.

A 29-year-old Nepalese student in Tokyo has found herself stuck in limbo with her dreams derailed, and the state of Japan’s language schools is to blame.

A survivor of human trafficking in the past, the woman, who wished to be identified only by her last name, Puri, came to Japan in 2014 as an exchange student.

Brimming with high expectations at the time, she said she was determined to acquire a master’s degree in sociology, with an emphasis on a subject dear to her, women’s rights.

Imagine her disappointment, then, when her dream was cut short by the Japanese-language school in Tokyo where she was studying.

The school taught her only the very basics of the language, lumped her in with unmotivated students who frequently fell asleep in class and — to her shock — informed her that a vocational school was the only educational path it could prepare her for. Being denied the opportunity to advance to graduate school curbed her academic motivation, throwing her plans for the future into disarray.

Today, Puri finds herself trapped at a vocational school in western Tokyo studying tourism, a subject completely unrelated to her interest in gender issues.

“I don’t know what I should do next,” she said.

Puri’s plight highlights the apparently falling quality standards of Japanese-language schools and their shifting emphasis from education to commercialism, with some even turning into what critics call a hotbed of profiteering. These subpar institutes allow, or even actively arrange, illegal overwork on the part of students, facilitating their transformation into an unofficial, cheap source of labor in Japan’s rapidly shrinking workforce.

Prime Minister Shinzo Abe’s government seeks to boost the number of foreign students to 300,000 by 2020, viewing their talent as vital to making Japan more internationally competitive.

But a recent influx of students with low academic motivation highlights a disparity between the reality and the rosy goals Abe espouses.

Justice Ministry statistics show that the number of exchange students hit a record 257,739 as of last June, up about 30,000 from a year earlier.

The rise is due mainly to a spike in Vietnamese and Nepalese students, whom language institutes here have been bending over backward to attract to offset a recent decline in Chinese and South Korean students.

Many students from these developing countries come here after being hoodwinked by brokers back home into believing they can make a fortune working part time in Japan, experts say. That Japan imposes no language proficiency test as a prerequisite for their entry — not to mention the fact that they are allowed to work up to 28 hours a week — makes Japan seem like an alluring option, they say.

In line with this influx, the number of Japanese-language schools has increased steadily, from 461 in 2011 to 549 in 2015, according to the education ministry.

While some language institutes are under the jurisdiction of that ministry or a municipal government, the majority are subject to no such oversight and simply operate as private companies — although they are required to fulfill guidelines set forth by the Justice Ministry before launching their businesses.

This lack of proper monitoring has seen many language institutes engage in malpractice, allowing them to prioritize business over education and increasingly cater to Vietnamese and Nepalese students whose central motive is, by and large, to save money by working in Japan, according to Susumu Ishihara, president of the Japan Immigrant Information Agency, a Tokyo-based company that publishes a magazine called Immigrants for researchers and nonprofit organizations.

“The Japanese government is gung ho about getting top-notch exchange students as ‘global talent,’ but in reality, such individuals are becoming harder to come by,” Ishihara said.

Indeed, out of the 21,208 students at Japanese-language schools who advanced to higher education in fiscal 2014, an overwhelming 60.3 percent ended up in vocational schools, versus 26.4 who went to universities, according to a survey released in March by the Association for the Promotion of Japanese Language Education.

It is against this backdrop that a cross-party group of lawmakers was established in November with the aim of crafting a law to better manage the Japanese-language education system.

Currently, different ministries and agencies divvy up the responsibilities in the absence of a central policy, but the envisaged law seeks to correct this half-hearted government commitment by specifying which entity should be in charge.

“We need to take the leadership role in solving this issue, with an eye to creating a relevant law and providing a common platform” to discuss it, Hiroshi Hase, a lawmaker from the ruling Liberal Democratic Party who serves as secretary-general of the group, said in a recent interview.

One of the group’s priorities is how to eradicate malpractice, which is seemingly rife in Japanese-language schools.

In Fukuoka Prefecture, three executives running a language institute were arrested last January for reportedly arranging for its Vietnamese students to work “part time” for up to 72 hours a week, far beyond the 28-hour limit currently permitted for exchange students, to make sure they did not default on their tuition payments.

Schools in Gunma and Tochigi prefectures have made headlines for similar misconduct.

The Okinawa-based newspaper Ryukyu Shimpo, meanwhile, reported in December that a language institute in Naha had confiscated the zairyu residence cards from 90 of its Nepalese students to keep them from running away.

These incidents hardly strike Bijay Gyawali, a 33-year-old Nepalese clinical psychologist in Tokyo, as surprising.

Gyawali himself recalls being told to surrender his passport to a language school in Saga Prefecture in 2007 after being informed that it needed to be “kept safe.” In hindsight, Gyawali says, the school probably wanted to keep him and other students on a short leash so that they wouldn’t run away.

Students from countries such as Vietnam and Nepal have it tough.

Many hail from ordinary working-class families and usually wind up deep in debt after paying tuition and other fees.

Like many others, Gyawali, then 23, found himself up to his neck in debt after paying about ¥1.2 million both to a consultancy firm in Nepal and the Saga language school when he first came to Japan on a student visa in 2007.

As he put it, “¥1.2 million is big money in Nepal. . . . And after coming to Japan, my first priority was to work part-time” to pay off the loans.

Gyawali had it better than most of his compatriots during his time at the language institute, thanks mainly to financial support he received from his family back home. He said that of the 400 Nepalese students who studied at the Saga school, only two — including himself — advanced to universities in his year.

As a clinical psychologist, he has dealt first-hand with a number of debt-laden Nepalese students who overworked themselves to the point of depression. Everybody, he says, works well beyond the 28-hour limit and fears they might get busted by Immigration and deported at anytime. Distraught, some turn to alcohol, sometimes excessively so, before killing themselves.

Gyawali, who works closely with the Nepal Embassy in Tokyo, said that last year alone at least four Nepalese students took their own lives.

“Many persons who come here as students. . . . They’re not students. They’re workers. The Japanese government brings in lots of workers on a student status (because) it needs a lot of workers,” the doctor said.

Masako Tanaka, an associate professor at Sophia University who has conducted extensive research into the situation in Nepal, said the dark side of Japanese-language schools doesn’t end there.

She pointed out collusion between language schools in Japan and those in Nepal. Prior to their arrival in Japan, most Nepalese students learn rudimentary-level Japanese in their local language schools, which, according to Tanaka, now increasingly advertise their “easy admission” and “free-of-charge course” in vernacular newspapers.

Those schools, she said, thrive on “rewards” they get from Japanese institutes for funneling students to them. Last time she checked, such shady under-the-counter payments typically amounted to ¥200,000 per head, she said.

The professor says these backstreet profits have corrupted schools in Nepal, which no longer make an effort to hire good teachers and improve their classes. As a result, Nepalese students arrive in Japan these days with an abysmally low command of the language, she said.

“The whole thing is turning into an underground business now. I’d say it verges on human trafficking,” Tanaka said.

Fuente: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/03/national/social-issues/experts-warn-japans-language-schools-are-becoming-a-front-for-importing-cheap-labor/#.WGwXDLlGT_s

Imagen: Bijay Gyawali, a 33-year-old clinical psychologist from Nepal, says the Japanese government brings in lots of workers on a student status (because) ‘it needs a lot of workers.’ | TOMOHIRO OSAKI

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España: Las Escuelas Oficiales de Idiomas ofertan más de 22.000 plazas el próximo curso escolar

Murcia / 21 de junio de 2016 / Fuente: http://www.carm.es/

  • Los alumnos pueden optar a un total de siete idiomas que abarcan más de 120 horarios y por primera vez la admisión es unificada.
  • Aumentan en 300 las plazas ofertadas de nivel C1 de Inglés.

La Consejería de Educación y Universidades ha abierto el plazo de solicitud de admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región, que ofertan para el próximo curso escolar 2016-2017 más de 22.000 plazas en 21 municipios.

La principal novedad en el proceso de admisión es que el usuario, además de solicitar idioma, curso y nivel, podrá elegir el horario que desea en cualquiera de las sedes en las que se imparta el idioma seleccionado. En años anteriores únicamente se elegía una sede por idioma, mientras que ahora se puede escoger el tramo horario deseado, con el fin de evitar los llamamientos presenciales y las esperas en el proceso de matriculación.

De este modo, el usuario dispone de más opciones en su elección en cualquiera de los siete idiomas ofertados (inglés, francés, alemán, árabe, chino, italiano y español para extranjeros), que suman más de 120 horarios posibles.

El próximo curso escolar será el primero en el que la admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas es unificada, es decir, un alumno puede escoger un horario en una sede y repetir el mismo en otras localizaciones que también le convengan, y todo en una misma solicitud.

Además, el próximo curso se ofertará por segunda vez el nivel de especialización en inglés C1, del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas, con un total de 840 plazas, lo que supone un aumento de 300 plazas respecto al curso pasado.

Por su parte, el C1 en lengua francesa se oferta en las sedes de Murcia y Cartagena. En ambos casos, el proceso de admisión para este nivel se realizará durante el mes de septiembre.

La consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, destacó que “el próximo curso se incrementa considerablemente el número de plazas disponibles, con el fin de dar facilidades a todos los que desean estudiar idiomas, y con horarios que se adapten a sus necesidades”.

Las solicitudes se realizarán vía telemática en las páginas web de las Escuelas Oficiales de Idiomas, enlazadas con la aplicación de admisión: https://apliedu.murciaeduca.es/convocatorias/convocatorias.ctrl. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de junio y se pueden realizar tantas solicitudes como idiomas ofertados.

Fuente noticia: http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=85662&IDTIPO=10&RASTRO=c77$s3$m

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