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Desaparición masiva de niñas y adolescentes, relacionadas con prostitución forzada en México

México/16 junio 2016/Autor: Nancy Flores/ Fuente: Voltaire.net

“La Merced es el único lugar donde, por 150 pesos, uno puede abusar de una mujer. En otros estados cobran mil pesos, mil 500. Aquí, en Viaducto por ejemplo, también mil 500: 500 para el hotel, mil para ellas. Y en Sullivan cobran caro. Pero en la Merced son 150 pesos: 50 para el hotel, 100 para ellas… 200 el desnudo; 50 la posición. Bien trabajado, un cliente paga hasta 400 pesos. Pero por esos 400 puede abusar de ella cuantas veces le dé la gana.”

Por años, Mario Hidalgo Garfias fue uno de los padrotes que operan en el popular barrio de la Merced, ubicado en la Ciudad de México. Ahora es activista, dice, para pagar lo que debe y con su testimonio ayudar a erradicar la trata con fines de explotación sexual. “Me arrepentí verdaderamente, créame… Quiero que mi vida cambie. Por eso hablo de la trata, para que el mundo conozca”.

Nariz ancha, tez morena, estatura baja. Así es físicamente quien sometió y explotó sexualmente hasta 40 mujeres y niñas. En su piel está la huella de aquella época: en el antebrazo derecho, el tatuaje de una prostituta. En el izquierdo, de espaldas, una mujer semidesnuda, hincada y amarrada de manos y pies.

La capital del país es la entidad con mayor número de casos documentados por el delito trata de personas con fines de prostitución ajena, revela el mapa de este ilícito elaborado por Contralínea a partir de dos reportes de la Procuraduría General de la República (PGR, oficios SJAI/DGAJ/01502/2016 y SJAI/DGAJ/06218/2016).

Y es que en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) la PGR inició 64 investigaciones por ese ilícito, entre enero de 2013 y febrero de 2016. Al igual que en el resto de las entidades, por cada caso hay de una a 40 o más víctimas identificadas, muchas de ellas menores de edad. En total, la dependencia que encabeza Arely Gómez ha abierto 716 averiguaciones previas por trata en todo el país, durante ese mismo periodo.

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Por número de indagatorias, en el segundo lugar se ubica Puebla, con 45. Le siguen Tlaxcala, con 37; Chiapas, con 28; y el Estado de México, con 23. En este mapa de la trata con fines de explotación sexual, ninguna entidad quedó fuera: Durango es la que registró menos investigaciones: una.

“Al principio nada más les sacaba el dinero por engaño: les decía que estaba enfermo, que mi mamá estaba enferma, y ellas solitas me daban el dinero. Durante 1 año completo, o menos, aprendí a engañarlas. Conocí la cocaína, así que un día dejé de trabajar… bueno, seguí trabajando pero con muchachas. Se las robaba a otros padrotes. Robármelas a veces era nada más convencerlas. Una misma chava me convencía a otras. Y llegó el día en que empecé a secuestrar a las mujeres, llevármelas a la fuerza. Las obligué a trabajar para mí. Ya no nada más se las robaba a otros padrotes sino que tenía mis propias mujeres.”

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Mario parece enojado. Luce incómodo la mayor parte del tiempo. Será que aún le fastidia la presencia femenina o que sea una mujer quien husmea en su pasado. Será que es así cuando recuerda esa vida o que ése es su carácter, pero en varias ocasiones interrumpe su relato para cuestionar si se quiere continuar con la entrevista. “¿De verdad quieres escuchar?”.

De pronto lo suelta, es una anécdota con una reportera española con la que discutió: “Le dije que odiaba a las periodistas”. Guarda silencio… Sostiene su mirada. Finalmente prosigue con sus respuestas.

En extremo violento, así se recuerda. Igual que a su hermano, también tratante de mujeres: “Teníamos mala fama en la Merced. La mayoría de los padrotes dejan a sus muchachas en alguna estación del Metro, pero nosotros estábamos ahí, con ellas. Conocíamos a todos los rateros, a los chineros”.

Afirma que nunca asesinó a nadie. “Al menos no que yo sepa”, aclara, porque en ese mundo había que aferrarse a punta de pistola. Asegura, sin embargo, que las armas sólo las usaba para amedrentar a los hombres que intentaban abusar de sus mujeres.

Sus mujeres. Así es como aún se refiere a las víctimas: las nombra como cosas de su propiedad. “Llegué a tener hasta 40 mujeres. Muchas de ellas eran menores de edad. Y llegué a tener en una misma casa, mías, muchachas mías, perdón por la grosería, pero muchachas que trabajaban para mí llegué a tener cinco, niñas también, en un mismo día”.

No es claro cuándo habla el Mario del pasado y cuándo el que se dice arrepentido. “Es muy fácil engañar a una mujer. Y cuando una mujer no se quiere a sí misma, y tiene su autoestima por el suelo, es fácil engañarla”.

—¿Qué piensas de las mujeres?

—Qué pienso de las mujeres… ¿antes o ahora? …Antes las odiaba. Para mí no tenían valor: o son bonitas o son tontas. No hay mujeres inteligentes y bonitas… Eso pensaba… Hoy solamente sé que tienen el mismo valor que tenemos nosotros [los hombres]. Que nadie vale más ni menos. Eso es lo que aprendí. Ahora tengo una novia”.

La revalorización que asegura haber hecho sobre el género femenino se debe, sobre todo, a que fueron mujeres quienes lo apoyaron cuando estuvo en prisión. “El 6 de julio de 2003 caí en la cárcel. Me sentenciaron a 18 años 10 meses 15 días. Salí el año pasado [2015], el 11 de marzo. Cuando estuve ahí, las únicas personas que no me abandonaron fueron mi mamá y mis hermanas”.

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Problema en ascenso

En entrevista, Rosi Orozco, presidenta de la organización civil Comisión Unidos vs Trata, advierte que en el país se dan las tres facetas de la trata de personas con fines de explotación de la prostitución ajena: ser origen, tránsito y destino.

Respecto de ser origen, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por su sigla en inglés), señala que México es el país con mayor número de víctimas del delito de trata de personas con ese fin, seguido por Argentina y Brasil.

En términos nacionales, la Coalición ubica a la Ciudad de México como el primer lugar de origen para la trata, y a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Azcapotzalco como las de mayor incidencia de este delito en su modalidad de explotación sexual. La Merced, donde operó por años Mario, se localiza en la delegación Venustiano Carranza.

Para la maestra Teresa Ulloa, directora regional de la CATWLAC, cada año aumenta este problema sin que las autoridades hagan algo para frenarlo; menos aún para erradicarlo. “Nosotros empezamos a trabajar los casos desde el momento de la desaparición y hemos detectado que el mayor número de víctimas se ubica en el rango de edad de 12 a 18 años. Además, que el mayor número de víctimas está en la explotación sexual”.

La defensora de los derechos humanos critica que aunque hay un compromiso que firmó la procuradora Arely Gómez con el gobierno de Estados Unidos para combatir la trata, “no hay esa intención. No les importan las víctimas ni a SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada], ni a Fevimtra [Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas] ni a la PGR, en general”.

Teresa Ulloa sostiene que “desde que llegó el nuevo subprocurador [Gustavo Salas] a la SEIDO, nada camina. Desmanteló la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, que había logrado más de 20 sentencias por delincuencia organizada y trata. Así que sólo es un discurso [de que van a combatir la trata]”.

La maestra en ciencias de la educación destaca que uno de los mayores problemas es que no se han activado los protocolos para cambio de identidad de las víctimas rescatadas, motivo por el cual adolescentes y mujeres jóvenes en esa condición no pueden salir a la calle, porque el grupo que las explotó sexualmente es muy peligroso. Las autoridades “quieren que a los 3 meses las víctimas salgan a agradecer porque van a rehacer su vida, cosa que es muy difícil”.

Pero no todo recae en el gobierno federal, observa. “Hasta ahora el Congreso de la Unión no ha puesto un solo peso a los fondos que estableció la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, uno para asistencia a las víctimas y el otro para cambios de identidad y reubicación nacional e internacional. Esa ley se aprobó en 2012, ya han transcurrido 4 años”.

Desapariciones y crimen organizado

Mario Hidalgo considera que ahora le sería más fácil ser padrote, no sólo porque se crió como tal, sino porque conoce las flaquezas del sistema judicial y del género femenino.

Las redes sociales, dice, han facilitado a los tratantes enganchar a sus víctimas. “Si invito a una niña a salir por internet estoy seguro que iría. Muchas irían. Pero de 100 niñas que se secuestran, sólo una regresa a casa. Las otras 99 no. A muchas las matan, otras se suicidan…”.

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Las desapariciones de niñas y niños vinculadas a la trata de personas es incalculable. En abril pasado, la Red por los Derechos de la infancia en México (Redim) advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que calificó como “epidemia de desapariciones”. La organización indicó que el 30 por ciento de las víctimas de este delito son niñas, niños y adolescentes de entre 0 a 17 años de edad.

De acuerdo con la Redim, entre 2006 y 2014 se anotaron en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas 6 mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, de los cuales el 30 por ciento es de mujeres adolescentes de 15 a 17 años y niños de 0 a 4 años de edad.

En entrevista, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red, señala que se puede presumir que hay un vínculo del crimen organizado con las desapariciones de niñas y adolescentes mujeres.

“Lo que estamos encontrando es que de los más de 6 mil 700 casos [de desapariciones], más o menos 2 mil 500 son de adolescentes de 15-17 años de edad. Lo que llama la atención es que el 65 por ciento de esos casos, es decir siete de cada 10, son mujeres adolescentes”.

Agrega que en redes sociales hay una constante búsqueda de las adolescentes por parte de las familias y de las organizaciones que les ayudan, que evidencia ese mismo fenómeno observado en los propios datos.

Para el defensor de los derechos humanos de la infancia, “lamentablemente, la respuesta que han dado las autoridades ha sido de desestimar esto y considerarlo como ausencias voluntarias: como si la chica se enojó y escapó para que no la localice su familia. Sin duda eso puede suceder en algún caso, pero al ser un fenómeno masivo no podemos partir de ese principio. No se puede considerar que no se debe investigar”.

Juan Martín Pérez García indica que son las propias familias y organizaciones que trabajan en torno a feminicidios y a trata las que han destacado el vínculo entre la desaparición de mujeres adolescentes y varios de los cuerpos encontrados presuntamente vinculados a hechos delictivos.

El activista recuerda el caso de Karla Romero Tezmol, una niña de 11 años de edad originaria de Tlaxcala –entidad “que forma parte de la ruta de proxenetas”–, desaparecida el 13 de enero de 2016 y quien habría sido prostituida en Puebla.

Tras la denuncia hecha por los padres de la niña se activó la Alerta Amber. Pero nada pasó. “La familia investigó por su cuenta y localizó a la niña en Puebla. Y pese a tener identificada a la chica y hacer las denuncias correspondientes, no se logró que se hiciera un operativo para recuperarla”.

Pérez García advierte que en México no sólo se padece la ineficacia de la autoridad en el proceso de investigación, sino también mucho prejuicio machista. “No se busca a los niños y niñas desaparecidos. A las adolescentes tampoco las buscan porque [asumen que] andan en malos pasos. Eso va en detrimento y es contrario a la seguridad e integridad de las víctimas”.

Las autoridades clasifican las desapariciones con conceptos equivocados: persona extraviada, no localizada o ausente. Eso, observa el director de la Redim, deposita la responsabilidad en las víctimas. “No se quiere reconocer el hecho de la desaparición, sino que se deja como no localizado, extraviado o ausente; y si está ausente, él o ella decidió irse; extraviado es porque no conoce la ciudad y se perdió pero aparecerá en horas; y no localizado es en la misma lógica de que se pudo ir por su propia voluntad. Estos conceptos generan una trampa que impide que la búsqueda sea inmediata”.

Ello, a pesar de que los estándares internacionales plantean que, después de que se denuncia una desaparición, las 3 primeras horas son clave. Si se activa la búsqueda inmediata, la posibilidad de encontrar con vida al niño o la niña es del 90 por ciento.

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Para Pérez García, la segunda trampa son las prácticas equivocadas en torno a la búsqueda: “Todavía en algunas entidades federativas se pide esperar 72 horas para iniciar una averiguación previa. Esas 72 horas significan literalmente perder al niño o la niña, no poderlo recuperar ya. Obviamente entre más tiempo transcurre menos posibilidades hay de lograr identificar [a los captores por medio de] cámaras, rastrear números telefónicos”.

Y el tercer elemento, dice, es que esa dilación permea todo: la búsqueda está asociada con el proceso ministerial, entonces en los casos donde se pide esperar 72 horas para iniciar la averiguación también se toma ese tiempo para empezar la búsqueda. Esto deja en vulnerabilidad a las víctimas”.

Ahora mismo, esos 6 mil 725 niños, niñas y adolescentes desaparecidos pueden estar siendo explotados sexualmente, sin que las autoridades los busquen ni rescaten.

—¿Qué pasaba con las niñas y mujeres que secuestraste? ¿Notabas algún cambio? ¿Las conocías previamente?

—Sí. Las conocía y cuando tenía la oportunidad, me las llevaba. Se volvían temerosas, amargadas. Su vida cambiaba completamente: con la cabeza agachada todo el tiempo. A muchas de ellas que conocí les ha de haber costado mucho trabajo regresar a casa. Muchas no han de haber regresado. Se quedaron ahí.

La modalidad de explotación que deja más daños en las víctimas es la de explotación sexual, advierte la maestra Teresa Ulloa. Observa con preocupación que en México esté aumentando el turismo sexual que victimiza a niñas y niños. “Sobre todo lo hemos detectado en tres puntos: Acapulco [Guerrero], donde es una situación escandalosa y no se está haciendo nada para combatirlo; en Puerto Vallarta [Jalisco] y Nuevo Vallarta [Nayarit], ahí hay una isla que está dedicada únicamente a recibir turistas sexuales, y se cobra todo en dólares; y en Cancún [Quintana Roo]”.

Por ello, dice, desde la CATWLAC se promueve el modelo nórdico, que es el castigo a la demanda, porque sin demanda no hay oferta. “La sociedad tiene que entender que el combate a este ilícito no es sólo de las autoridades: tenemos que comprometernos todas y todos y ver desde cómo educamos, cómo se construyen las identidades de las y los adolescentes, qué oportunidades se les da”.

Mario Hidalgo asegura que nunca ha pagado por sexo. A quienes sí lo hacen no los comprende: “Si una persona contrata el servicio de una muchacha en la Merced, o un servicio de masajes, para mi parecer, es el peor pervertido del mundo, porque vive escondido y lo que no puede hacer en su casa lo va a hacer ahí. Eso pensaba antes. Hoy estoy seguro que carecen de amor, de todo el amor, de pareja. La verdad es que nunca he dado dinero a una mujer para tener una relación sexual. Quizá mi delito fue peor porque yo me las llevaba, las secuestraba, pero nunca he entendido por qué los hombres lo hacen”.

Fuente:

http://www.voltairenet.org/article192284.html

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El impacto de los casos

Algunas revelaciones provocan mayor indignación por ser más mediáticas.

Por Carolina Vásquez Araya

Los jueves de Cicig y MP se han convertido en un punto de convergencia de la atención ciudadana. La sucesión indetenible de escándalos revelados con lujo de detalles por la Fiscal General y el Comisionado de la Cicig, junto con el ministro de Gobernación, en algunos casos, y los fiscales encargados del trabajo de base, constituyen una novedad en este país de los ocultamientos.

La transparencia con la cual han procedido las instancias encargadas de las investigaciones y el armado de los expedientes dista mucho de las manipulaciones usuales cuando los involucrados son individuos de gran poder político o económico, como en estos casos. Quizá ese ha sido uno de los factores que ha motivado a la población a volver a la plaza.

Sin embargo, duele constatar que algunas denuncias incluso más graves en incidencia y alcance pasen casi inadvertidas para la ciudadanía. Entre ellas, la de la trata de personas que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, cuyo destino incierto a veces se decanta por la prostitución forzada, el tráfico de órganos, la esclavitud o la muerte.

Pero si devanamos los hilos llegaremos a la conclusión de que todo está conectado de un modo u otro. Veremos que los actos de corrupción no han sido solo el saqueo de los recursos del Estado por medio de argucias administrativas o descarados robos de caja, sino también una estrategia perversa de asesinato masivo de la institucionalidad en todos sus niveles. Amarrar las cosas de tal modo que la cooptación del Estado echara sus raíces para siempre en un sistema garante de la impunidad para sus amplias organizaciones criminales.

Los objetivos resultan cada vez más claros si nos remitimos a los inicios de la campaña que llevó al poder a esta clica criminal, aunque es indispensable incluir en la fórmula a toda la casta política y a sus jefes directos: los financistas. Esa mirada en perspectiva permite captar en toda su dimensión la profunda podredumbre mental y espiritual de quienes han gobernado al país con el único fin de servirse de ese privilegio para sus beneficios personales y de grupo.

La trata de personas, uno de los crímenes de lesa humanidad más repugnantes que conciba la mente humana, ha pasado por debajo del agua gracias al poder de sus redes. La inmensa estructura construida gracias al increíble capital amasado en esta actividad y al tráfico de influencias en sectores de decisión, tiene un alcance operativo que trasciende al de otras actividades delictivas –aunque asociadas- como el narcotráfico.

Por qué el informe divulgado por la Cicig, junto con el Ministerio Público y Unicef sobre el negocio de la trata no convocó a una plaza, resulta incomprensible. Cuando nos adentramos en la descripción de las experiencias de una sola de las víctimas de este negocio maldito cuesta comprender cómo es posible tanto silencio. Cómo las víctimas escogidas por esas redes aparezcan a diario en las alertas y no haya reacción masiva de la sociedad: niñas y niños que deberían estar seguros en sus hogares, asistir a la escuela y vivir felices y protegidos, perdidos muchas veces de manera definitiva en manos de explotadores, ellos sí acunados por el sistema.

¿Alguien lo recuerda? 33 personas captadas diariamente, 64 por ciento de ellas niñas y mujeres ofrecidas “por categoría” y obligadas a atender unos 30 servicios sexuales por día. Y esos son los casos denunciados o captados por quienes se han tomado la molestia de investigar. Hay, sin duda, muchos más perdidos en esta vorágine interminable de escándalos. ¿Qué haremos por ellos?

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com

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Save the Children denuncia la desprotección de los niños migrantes en España

09/06/2016 / Eldiario.es / Por Néstor Cenizo

España “no está cumpliendo plena ni satisfactoriamente” con sus obligaciones legales respecto a los niños migrantes. Un informe de Save the Children denuncia que esos niños son objeto frecuente de trata para su explotación sexual, viajan y viven solos sin que nadie se ocupe de ellos y, en el caso de los refugiados, son tratados […]

Peninsula-Foto-Pedro-ArmestreSave-Children_EDIIMA20160609_0614_18

España “no está cumpliendo plena ni satisfactoriamente” con sus obligaciones legales respecto a los niños migrantes. Un informe de Save the Children denuncia que esos niños son objeto frecuente de trata para su explotación sexual, viajan y viven solos sin que nadie se ocupe de ellos y, en el caso de los refugiados, son tratados primando su condición de migrante antes que la de niño.

El documento, publicado este jueves, pone el acento en la pasividad e inoperancia con respecto a la situación de estos niños: falta voluntad política, personal capacitado y especializado en la infancia y recursos suficientes para atender adecuadamente a los menores, asegura Save the Children. La ONG detecta tres problemas en su informe, que titula con un explícito “Infancia invisible”, dos de ellos bien conocidos en Melilla, donde la entidad ha realizado parte del trabajo de campo.

La situación de los menores no acompañados en la ciudad se ha normalizado hasta el punto de que el consejero de Bienestar, Daniel Ventura, reconoció recientemente que la ciudad, tutora legal de estos chicos, no cumple la legalidad, según recogió El Faro de Melilla. Insistió, no obstante, en que son tratados “adecuadamente”.

La situación del centro La Purísima es de desbordamiento (340 niños sobre una capacidad de 160; hay más de 500 en la ciudad, repartidos en tres centros), y son frecuentes las quejas de estos chicos por el trato que reciben. El informe recoge el caso de un chico a quien los educadores del centro habrían agredido, según su relato. El muchacho no pudo denunciar porque no tenía la autorización de su tutor legal, la ciudad, que a su vez gestiona el centro a través de una concesión a una entidad privada. En las calles de Melilla es habitual encontrar a chicos que denuncian agresiones de un educador del centro que no han podido ser investigadas.

Por todo esto, muchos de ellos prefieren dormir en la calle e intentar entrar en los barcos que unen Melilla y la Península. En alguna ocasión esos niños han sufrido violencia policial, según podía apreciarse en un vídeo grabado por Prodein. El informe los cifra entre 20 y 60; Harraga, que trabaja con estos chicos, suele elevar la cifra a unos 80. En muchas ocasiones estos niños ni siquiera están registrados, recuerda el informe. Casi todos son varones, pero hace dos semanas Harraga denunció que había encontrado, hasta en dos ocasiones, a una niña viviendo en la calle.

“La mayoría de estos niños tienen entre 15 y 17 años y, aunque son niños, se tiende a primar su condición de inmigrantes y a olvidar que, como menores de edad, necesitan y tienen derecho a protección. En muchas ocasiones el sistema les excluye y les abandona sin ningún apoyo”, denuncia el documento, que también cuestiona las pruebas de edad a las que se les somete.

Esos test, que se realizan aunque el menor esté documentado, presentan un alto grado de error, han sido cuestionados por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo. Del resultado de las pruebas, que se realizan sin la asistencia de un abogado, depende si el chico puede quedarse o no. Este medio ha recogido testimonios de chavales que se quejan de la discrecionalidad de esa prueba.

Los chicos intentan colarse en el barco a diario ( el “riski”), en el camión de la chatarra, a la carrera o a nado. Las caídas y lesiones son frecuentes; también ha habido muertes. “No será la primera, ni será la última”, dijo el consejero Ventura después de que un chico apareciera ahogado en marzo. En enero, y ante otro ahogamiento, el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, insistió en que “el menor no es menor, es mayor de edad”. Luego hizo un “llamamiento” a Marruecos para “repatriar” a estos chicos.

Un menor escala la valla junto a las escolleras del puerto | N.C.
Un menor escala la valla junto a las escolleras del puerto | N.C.

También ha intentado implicar al Gobierno en la solución del problema y forzar un cambio legislativo, pero la última solución es ofrecer un cheque de 300 euros a las familias de Melilla que se hagan cargo de un menor o plantearse la instalación de tiendas de campaña visto el hacinamiento del centro de menores.

Separados de sus familias en la frontera

Save the Children también denuncia la situación de los menores refugiados. De los 14.600 solicitantes de asilo en España en 2015 (un 1,1% del total en la UE), 3.754 eran niños, según Eurostat. El informe los describe como “niños y niñas que han vivido situaciones dramáticas imposibles de olvidar y familias que lo han perdido todo y no tienen a dónde volver”.

Para llegar a Melilla las familias pasan por Nador, donde se separan frecuentemente para atravesar la frontera. Primero pasa la madre con los bebés, previo pago o confundida entre marroquíes; luego los niños a la carrera, o en manos de desconocidos. El último en llegar suele ser el padre.

Walid Slimane, un sirio de 43 años de profesión pocero, pasó por Argelia y Rabat antes de llegar al CETI, donde reside con su mujer marroquí y sus siete hijos, el mayor de 10 años, y espera su salida desde hace más de tres meses. En cinco meses en Nador gastó 4.000 euros, así que no le quedó dinero para pagar a las mafias la frontera, según cuenta a eldiario.es. Primero pasaron la mujer y los niños; luego él. “Fue un milagro”.

Unas 9.000 personas pasaron por el CETI de Melilla en 2015; de ellas, 7.000 eran sirios, y 3.000 menores. Las cifras se han reducido mucho desde enero y en la actualidad  el CETI está dentro de su capacidad (en torno a los 450 residentes, cuando llegó a albergar 1.700), que además se ha incrementado hasta las 1.100 plazas en situaciones excepcionales. Hay menos entradas (apenas cinco o seis peticiones de asilo al día; una media de unos 30 sirios a la semana a fecha 11 de mayo, según los datos recabados por este medio) y las salidas de los sirios suelen producirse apenas un mes después de su llegada.

Sin embargo, las familias siguen viviendo separadas y su director, Carlos Montero, declaró la pasada semana durante la celebración de un evento festivo (el único día en el que la prensa ha podido acceder al centro), que “el espacio es el que es. Si tenemos a las familias, ¿qué hacemos con el resto? ¿Los dejamos en la calle? ¿Nos dedicamos sólo a las familias?”. Montero dijo también que en el centro hay unos 60 niños en total. Con frecuencia, las pruebas de ADN a estos menores retrasan la salida a la Península.

 Save the Children “constata mejoras” en el CETI pero entiende que “sigue sin ser un lugar adecuado para los niños y las niñas”. “Hay que tener en cuenta que en el CETI convive mucha gente y se pueden dar situaciones de tensión ocasionadas por el sufrimiento acumulado de las personales que allí residen, la incertidumbre por su futuro, las separaciones familiares…”, resalta el informe.

eldiario.es ha recogido en los últimos meses numerosos testimonios de robos y agresiones en el centro o sus alrededores. Para Save the Children, “es preocupante que no existan mecanismos claros de denuncia disponibles para que los residentes en el centro puedan denunciar casos de explotación sexual o violencia de cualquier otro tipo”. El centro funciona sin un régimen disciplinario público y las sanciones (frecuentemente la expulsión temporal del centro) son comunicadas de viva voz, según han relatado a este medio media docena de residentes.

“Durante todo el proceso de solicitud de asilo los niños y niñas no son escuchados ni informados”, destaca el documento. Save the Children pide la adaptación del sistema de acogida para un eventual incremento de llegadas, la elaboración de un Plan Estratégico Nacional que tenga en cuenta las especificidades de familias y niños, la adopción de un Protocolo de Protección en Melilla y la aplicación de medidas de reagrupación.

El informe contiene una descripción demoledora de los riesgos que corren todos estos niños: “Viajan dentro de sus países o entre países, acompañados de sus padres o solos, y las oportunidades que les abre un mundo nuevo vienen acompañadas por riesgos: riesgo de ser explotados sexual o económicamente, riesgo de sufrir abuso, abandono o violencia, o un cuidado inadecuado que vulnere sus derechos”.

http://www.eldiario.es/desalambre/Save-Children-denuncia-desproteccion-migrantes_0_524948276.html

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Los alcances del fracaso

La pandemia de las violaciones sexuales cubre al planeta entero

Por Carolina Vásquez Araya

El caso más reciente: Una niña violada por 30 hombres adultos en una favela de Brasil, cuyo impacto provocó manifestaciones en ese país y repudio en todo lugar en donde llegó la noticia, nos enfrenta con una realidad de violencia tan extendida como impune. Ante esto, cabe preguntarse qué hubiera pasado si los violadores no hubieran compartido las imágenes de su perverso acto de crueldad, en su entusiasmo por divulgar su hazaña.

Lo más probable, hubiera pasado inadvertido. Si la niña denunciaba pondría en riesgo su vida y la de su familia, dado el carácter de 33 hombres adultos reunidos con el propósito de pasar un momento de “diversión” a costa de una adolescente indefensa. Es decir, la visión panorámica de una construcción cultural en la cual no existe el concepto de respeto por la vida, el cuerpo y la integridad de las mujeres, no importa cuál sea su condición.

Hemos visto agresiones de todo tipo, en todas partes. No es algo excepcional ni aislado. A un lector que criticó mi exposición del caso de Nabila en Chile, afirmando que estos temas –feminicidio, violaciones, acoso y violencia intrafamiliar- no tienen relevancia internacional, le respondo: Estos temas ya han ingresado en el listado de las políticas urgentes si queremos reparar el tejido de nuestras sociedades enfermas, y la comunidad internacional así lo considera. La violencia en contra de las mujeres es un rasgo cultural de toda sociedad patriarcal y urge combatirlo.

Las violaciones y otra clase de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes rebasan en mucho las cifras oficiales. Existen familias enteras integradas a fuerza de violaciones en cadena, como el caso de una niña de 12 años embarazada de su padre, quien a su vez violó y embarazó consecutivamente a 3 generaciones que siguen viviendo bajo el mismo techo. Es decir, la niña es también hermana de su madre y de su abuela. Estos casos, poco divulgados pero frecuentes en las áreas rurales, constituyen la muestra indiscutible de la situación de marginación en la cual crecen las niñas, cuyos cuerpos están a la disposición de quien quiera tomarlos, explotarlos y desecharlos.

En países como Guatemala, en donde falta la presencia del Estado en grandes extensiones del territorio y, por tanto, tampoco hay un sistema de justicia y protección, el escenario es aún más devastador. Quienes sufren los abusos sexuales y otras agresiones físicas, psicológicas y económicas, callan por temor o por un arcaico convencimiento –transmitido por generaciones- de que así es la vida para las mujeres.

El reciente informe divulgado por UNICEF y CICG sobre La Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Guatemala, pone en claro la dimensión dantesca de este fenómeno y cómo existe y prospera gracias a sus poderosos nexos con las autoridades de Gobierno y algunas de sus instituciones. El análisis, sobre una muestra de sentencias judiciales –lo cual solo refleja parte de los casos reales- determina que un 57 por ciento de las víctimas son niños, niñas y adolescentes y, en el caso de las niñas, la mayoría destinadas a explotación sexual, muchas veces dando servicios a más de 30 hombres por día. Un horrendo escenario de esclavitud, de impunidad y una evidencia del subdesarrollo humano de nuestras sociedades.

Los números, sin embargo, son fríos. No reflejan el drama cotidiano de las víctimas, quienes pierden su vida y oportunidades en un sistema que las margina desde su nacimiento. Determinar la responsabilidad por este fracaso colectivo es la tarea pendiente para la ciudadanía.

elquintopatio@gmail.com

Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com

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Foto tomada de: http://kaosenlared.net/wp-content/uploads/2016/05/13323569_848619968614740_6012271757412244167_o-1024×669.jpg

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Solo la mitad de los niños refugiados en el mundo asiste a primaria y un cuarto a secundaria

Estambul/UNESCO/22 de mayo de 2016/ Fuente: La red 21

Un informe conjunto de la UNESCO y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló que los niños refugiados que asisten a la primaria son sólo la mitad de los menores en edad escolar.

El estudio de la UNESCO y ACNUR, dado a conocer en vísperas de la Cumbre Humanitaria Mundial que se celebra los días 23 y 24 de mayo en Estambul, tiene el nombre de “No más excusas” y pide a los países y a sus socios humanitarios y de desarrollo que garanticen la inclusión de los niños que han tenido que desplazarse de sus hogares.

Específicamente, el documento exige que los refugiados estén contemplados en los planes nacionales de educación y que se monitoree mejor su educación.

Según distintos organismos de la ONU, los niños que están en situación de refugiados tienen cinco veces más probabilidades de no poder ir a la escuela que aquellos que no han tenido que desplazarse de su país. Esto se refleja claramente en las cifras: solo la mitad de los menores refugiados en edad escolar asiste a primaria y un 25% de los adolescentes va a clases en secundaria.

Sin precedentes

La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, se mostró sorprendida con el “número sin precedentes” de población desplazada que presiona a los sistemas de educación a ampliarse y hacerse más inclusivo.

“Para esos niños y jóvenes, la educación es especialmente importante ya que con sólo ir a la escuela están mejor protegidos de la trata, la adopción ilegal, los matrimonios infantiles, la explotación sexual y el trabajo forzado”, explicó.

Diferencias según la geografía

“No más excusas” demostró también que hay diferencias entre los niños que se encuentran como refugiados en distintos países.

En Egipto, Irán y Yemen, por ejemplo, el 80% de los menores refugiados con edad escolar va a la escuela primaria, mientras que en Pakistán sólo estudia el 40% y en Etiopía el 50%.

En cuanto a secundaria, en Kenya, Pakistán y Bangladesh menos del 5% de los adolescentes está inscrito y en Turquía la cifra solo sube al 7%.

Por otro lado, si se diferencia por género, el estudio da cuenta de la marginación que sufren las niñas refugiadas. En Kenya, por ejemplo, el 38% estudia en primaria. En Pakistán la cifra es aún peor: solo el 10% va a clases. No obstante, el caso más extremo es el de Afganistán: apenas el 1% de las mujeres desplazadas sabe leer y escribir allí.

Fuente: http://www.lr21.com.uy/mundo/1289402-mitad-ninos-refugiados-asiste-escuela-primaria

Imagen: http://www.lr21.com.uy/wp-content/uploads/2016/05/refugiados.jpg

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