Pedro Flores Crespo
Hace poco más de un mes, el Presidente de la República presentó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 con el objetivo de que los legisladores lo revisen, discutan y aprueben.
Inmediatamente —y como debe ser en una democracia—, la propuesta del Ejecutivo levantó diversas reacciones debido a la contracción del gasto público que se plantea para el próximo año. Para analistas como Macario Schettino, todas las secretarías deberán “apretarse el cinturón”; sin embargo, hay algunas que perderán más y en este caso está precisamente la Secretaría de Educación Pública (SEP). La dependencia a cargo de Aurelio Nuño verá reducido su presupuesto en casi 32 mil millones de pesos, mientras a Salud y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) le quitarán 15 y 8 mil millones de pesos, respectivamente (El Financiero, 12/09/16).
¿Cuál es el objetivo de este severo ajuste? Según Enrique Peña Nieto, el proyecto de presupuesto para 2017 se propone “prolongar una tendencia de desarrollo económico en el país y mantener la estabilidad macroeconómica”. Pero si la reforma al Sistema Educativo Nacional es ¿o era? una prioridad para este gobierno, uno no se explica por qué le retiran recursos a la dependencia encargada de conducir “uno de los compromisos más importantes impulsados por el Gobierno de la República”. Con respecto a lo proyectado el año anterior, la disminución del gasto educativo para la SEP sería de 14 por ciento en términos reales, según la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto.
Pero los recortes al gasto no son para todos por igual. Hay “ganadores” y “perdedores” en la propuesta enviada por el Ejecutivo al Legislativo. Entre los primeros están algunos actores del “ramo autónomo” como el Poder Legislativo. Sí, el presidente propone que las cámaras de diputados y senadores reciban siete por ciento más recursos que en 2016, mientras que los órganos autónomos “castigados” son el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ante esto, Sylvia Schmelkes, consejera presidente del INEE, reaccionó y pidió a los diputados aumentar el presupuesto en 8.9 por ciento con respecto al monto aprobado para este año. Este aumento es necesario, según Schmelkes, para poder aplicar la prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) para secundaria y educación media superior, lo cual cuesta alrededor de 80 millones de pesos.
Otra ejemplo de las asimetrías de poder es la asignación del presupuesto para educación superior. Aquí se planean gastar en 2017, 106.7 mil millones de pesos, sin embargo, hay tres instituciones que se llevarían 54 por ciento de este total y éstas son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Pero no sólo eso, a estas tres Instituciones de Educación Superior (IES), el Ejecutivo les propuso aumentar su presupuesto con respecto a 2016. Tal inversión es rentable por donde se le vea: el gobierno sabe que al beneficiar financieramente a estas importantes IES, está menguando una coalición universitaria. Como el “horno no está para bollos”, es mejor desactivar un posible conflicto haciéndoles una ligera caricia con el presupuesto. La UNAM, el Poli y la UAM son los “ganadores” del proyecto de presupuesto para 2017, ¿y quiénes serán los “perdedores”? Muy probablemente las universidades públicas estatales.
Ante este escenario desfavorable, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha iniciado un intenso proceso de sensibilización con legisladores, académicos, empresarios y representantes de otras universidades de tamaño medio y pequeñas con el ánimo de cabildear el presupuesto para 2017. Se propone mostrar, con datos, la importancia que tiene invertir en las IES estatales que están desempeñándose con eficiencia, transparencia y un alto compromiso social.
La UAQ, por ejemplo, generó 600 millones de pesos en ingresos propios en 2015, ha tratado de cuidar que la nómina no rebase desproporcionalmente el monto de los subsidios, ha congelado los salarios de rector y secretarios y tampoco hay gastos de representación, ni vales de gasolina o choferes para directores de facultad o funcionarios de primera línea.
En términos académicos, la UAQ cuenta actualmente con 63 posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado (PNPC), no ha aumentado las colegiaturas debido a que ocho de cada diez estudiantes provienen de hogares con un ingreso mensual de menos de cuatro salarios mínimos y a pesar de las fallas burocráticas que aún presenta, se ha tratado de privilegiar el desarrollo académico.
Si unos ganan con el presupuesto y otros pierden, es difícil sostener que no hay suficientes recursos.
La asignación del gasto sin criterios técnicos claros levanta diversas interrogantes y suspicacias, pero también activa la movilización de actores universitarios que demandan de manera razonada y fundamentada recursos para operar con equidad, eficiencia y un alto compromiso social. Esto no podía venir de otro lado más que de la universidad pública mexicana.
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