Animando el debate sobre las reformas a la educación superior en Colombia

Por: Camilo Andrés Espitia Hernández

Como ya entramos en tiempos de agudo debate sobre los cambios que requiere la educación en el país, y en medio de los primeros meses del gobierno progresista de Gustavo Petro, pongo sobre la mesa tres comentarios relacionados con las reformas en materia de educación superior.

Primero. El sistema de educación superior

En el programa del actual gobierno se habla de crear un sistema de educación superior, algo que por supuesto va más allá de la reforma al modelo de financiación de las universidades públicas. Colombia carece de un sistema de educación superior integral y, en cambio, existe el sistema de educación postmedia, más conocido como el Sistema Nacional de Educación Terciaria – SNET. El SNET es un sistema segmentario, jerarquizado y estructurado en forma piramidal, que masifica el ingreso a la educación superior en torno a la «formación para el trabajo», mientras elitiza el acceso y la permanencia en la educación superior universitaria. Esa elitización se vislumbra en el hecho de que sólo las personas más privilegiadas de la sociedad colombiana o las personas que cumplen con los requisitos meritocráticos son los que acceden a la educación superior universitaria, y para mantenerse deben hacer esfuerzos mayores, dejando como opción alternativa para la mayoría de estudiantes que no cumplen con estas condiciones el endeudamiento mediante los mecanismos de financiación a la demanda (crédito educativo o financiación contingente al ingreso). Una realidad producto del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior, proceso comprendido por el SNET (recordemos el Acuerdo por lo Superior 2034).

Adicional, en el SNET la formación de competencias y de «capital humano» está enfocada a producir trabajadores que satisfagan las necesidades del modelo económico neoliberal imperante en el país, reprimarizado, extractivista y con un sector servicios fortalecido, marcado por la financiarización y la transnacionalización, donde persisten dinámicas de acumulación por despojo y a la capacidad adquisitiva, y que ubica al país en la división internacional del trabajo como productor de materias primas (en especial hidrocarburos y minerales) e importador de bienes y servicios transformados.

Por lo anterior, si se pretende crear un sistema de educación superior que responda a las necesidades del país, además de la revisión integral y exhaustiva a la Ley 30 de 1992, el proyecto de «economía productiva y sostenible» del gobierno y la producción de conocimiento deben tener un papel central, con tal de avanzar hacia la construcción de una sociedad para el vivir sabroso. También debe contarse con las comunidades educativas de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUS), actores protagónicos en ese futuro sistema de educación superior. En esa vía, sugiero considerar un documento de investigación bastante valioso del Centro de Pensamiento de Políticas de Educación Superior de la UNAL – C3PES, titulado «Hacía un sistema de educación superior basado en la cooperación, la complementariedad y la integración»[1], al igual que los conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales ligados a las necesidades y demandas regionales y territoriales en todo el país, en perspectiva de diálogos interculturales y justicia epistémica (así a algún “muy científico” exrector de la UNAL no le guste el término).

Segundo. La lucha por una educación superior como derecho fundamental y bien común va más allá del pleno financiamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas

De acuerdo con lo dicho anteriormente, pensarse la construcción de un sistema de educación superior integral no es reductible a solucionar las problemáticas presupuestales de las IES públicas con la reforma al modelo de financiación. En un foro de inicios de año sobre la financiación de la Educación Superior[2], organizado por el Espacio Distrital de Articulación de IES (espacios de articulación de estudiantes de IES del distrito capital), el profesor Andrés Felipe Mora asentó una proposición, a mí juicio, bastante acertada, sosteniendo que los mecanismos de financiación a la demanda no sólo someten a la lógica de la privatización y mercantilización a las IES, sino que permite un mayor control gubernamental. Es clave comprender esa proposición porque articula estrechamente la grave problemática de desfinanciación de las IES públicas con la carencia de democracia, autonomía y cogobierno universitario, alejándose de visiones economicistas sobre la crisis de la educación superior en el país (que tiene varias dimensiones y aguarda en su seno debates y disputas sobre el objeto y el sentido de la educación).

Así, la mera pelea por mayor financiación de la universidad es economicista o lo que en el lenguaje revolucionario se llama «reformista», pero esa lucha, sustentada en una concepción transformadora de la educación, defendiéndola como derecho fundamental y bien común, y en búsqueda de abrir los caminos de la democracia radical en las IES, se puede llamar revolucionaria. Me parece que otra proposición que en el referido foro enunció el profesor Andrés Felipe Mora va por esa vía: «la idea de lo común nos permite alejarnos de la privatización y el control gubernamental».

Tercero. Ahora sí: sobre la reforma al modelo de financiación de las IES públicas

Dejo por último lo referente a la reforma del modelo de financiación de las universidades públicas porque, a pesar de ser la discusión que por excelencia ha dominado los espacios de reunión del movimiento estudiantil y quizás sea el cambio más urgente que necesitamos, quiero dejar de presente que esa demanda particular no puede adueñarse de toda la agenda de lucha del movimiento estudiantil, además que posiblemente dejar a lo último el comentario sobre la cuestión más discutida es una forma de asegurar que se lean los otros comentarios que integran el escrito.

De la baraja de propuestas existentes de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la que más me gusta es la del C3PES[3]. Maneja aspectos determinantes como la actualización presupuestaria que asegura recursos anuales sobre el 1% del PIB (contemplando el déficit histórico acumulado por 27 años, de más de 18 billones de pesos al día de hoy), un componente contracíclico integrado a la actualización presupuestaria para asegurar la asignación progresiva de recursos incluso en tiempos de recesión económica y la modificación de la regla presupuestal con el cambio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como medidor de la variación de la asignación presupuestal en cada vigencia por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), acorde tanto con el cierre de desigualdades y brechas sociales, como con las necesidades y cumplimiento efectivo de los fines misionales de las universidades públicas.

Sin embargo, esa propuesta puede ajustarse o mejorarse. El mismo C3PES construyó una propuesta de financiamiento para las ITTUS que ya circula en las redes académicas y de los movimientos ligados a la educación. Por su parte, a las propuestas del C3PES se podrían incluir algunos componentes tendientes a cerrar brechas regionales, como ya se ha expresado en algunos foros. Dicho esto, reitero que, a mí parecer, entendiendo la complementariedad y articulación entre la propuesta del C3PES para las universidades públicas y la dirigida a las ITTUS, la mejor propuesta que existe en el momento es la del C3PES no sólo porque sea más progresiva en garantía de derechos que la del Sistema Universitario Estatal (SUE)[4] (donde hay componentes de carácter competitivo y no hay claridad sobre la meta de universalización), sino que se debe comprender desde una visión amplia de transformación de la educación superior en la que es fundamental reformar el SUE y crear un sistema de educación superior acorde con los cambios sociales que demanda la mayoría de la población colombiana.

A este respecto, vale la pena mencionar que el reciente Proyecto de Ley presentado por los representantes a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad) y Gabriel Becerra (Unión Patriótica) y el Senador Ariel Ávila (Alianza Verde) toma elementos tanto de la propuesta del C3PES, como la del SUE. Resulta positivo que en su propuesta modifiquen la regla presupuestal con el paso del IPC por el ICES y que integren el componente contracíclico de la propuesta del C3PES, pero existen elementos a lo menos cuestionables en la propuesta, por ejemplo, la posibilidad de que el Fondo de Cierre de Brechas de las Universidades Públicas se mantenga como un fondo concursable por recursos adicionales de inversión, la falta de un plan de actualización presupuestal para las Universidades Públicas o el segundo plano en el que (tradicionalmente) se pone a las ITTUS. Espero aportar en una reflexión crítica posterior más elementos para la discusión sobre este Proyecto de Ley en el marco de la construcción de la agenda del movimiento estudiantil frente al nuevo momento político.

Para finalizar, una reflexión a tono de llamado. Hacer una reforma del carácter y alcance que propone el C3PES, que vaya más allá de la financiación y ubique los componentes fundamentales de un sistema de educación superior integral, debe contar con la reforma tributaria del gobierno, que cumpla con criterios de progresividad, equidad y justicia tributaria, tal como lo ordena la Constitución de 1991, pero también necesita de la cualificación y articulación de las comunidades universitarias, del movimiento estudiantil y de los movimientos ligados a la educación. Ese es un llamado urgente.

[1] Enlace del documento: http://pensamiento.unal.edu.co/cp-educacionsuperior/educacion-superior/sistema/

[2] Enlace del Foro: https://www.facebook.com/canaluniversitariofceud/videos/614806666868079/?app=fbl

[3] Enlace del documento: http://pensamiento.unal.edu.co/cp-educacionsuperior/educacion-superior/financiacion/

[4] Enlace del documento: https://media.utp.edu.co/archivos/Sostenibilidad%20y%20Financiaci%C3%B3n%20de%20las%20Universidades%20P%C3%BAblicas%20en%20Colombia%20SUE%202021VF.pdf

Fuente: https://rebelion.org/animando-el-debate-sobre-las-reformas-a-la-educacion-superior-en-colombia/

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El proyecto de ley de universidades sigue en pie: el Congreso tumba las tres enmiendas a la totalidad en España

PP, Vox y Junts no han logrado el respaldo del resto de la Cámara. Subirats se compromete a negociar en una comisión la polémica financiación de los campus

El Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves las tres enmiendas a la totalidad al proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) que presentaron el Partido Popular, Vox y Junts. De modo que el proyecto, que sufrió muchos bandazos en sus inicios con el ministro Manuel Castells, prosigue su tramitación en manos de Joan Subirats, más hábil que el primero para negociar la ley, quizás por su experiencia política previa. Las enmiendas se han rechazado con 193 votos en contra, 148 votos a favor y una abstención.

En la teoría, el Gobierno cuenta con los votos suficientes para sacar adelante la norma en una votación a finales de 2022. Castells se jactó de ello en este periódico hace diez meses: “Podríamos aprobar la ley del Sistema Universitario mañana, pero quiero que sea consensuada”. Días antes, los rectores se habían negado a emitir un informe preceptivo para aprobar la ley ―consideraron que no era la versión definitiva― y colectivos de estudiantes convocaron una huelga sin ningún eco. La norma vigente ―la Ley Orgánica de Universidades (LOU)― ya ha cumplido 20 años y España ha cambiado mucho desde entonces. Cuenta con 30 universidades más, todas ellas privadas, hasta llegar a las 90 actuales.

La financiación de la ley es probablemente el mayor escollo de la negociación con las autonomías, que tendrán que sufragar los gastos extra. La intención es que en 10 años las universidades reciban un 1% del PIB para su financiación (ahora es el 0,7%). A las críticas se sumó hace tres semanas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page ―”No vamos a tolerar que cargue de deudas a las comunidades autónomas”, dijo―, que se declaró dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional. Subirats, en el pleno de este jueves, se ha comprometido a negociar un plan en una comisión de expertos, “en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria” en la que se sienta el ministro y los consejeros del ramo.

El PP arrancó su enmienda rechazada asegurando que la ley no cambia nada, porque “se limita a repetir epígrafes, materias ya conocidas o lugares comunes para generalizar en unos casos y detallar en otros los aspectos que figuran en la norma vigente”. Pero, seguidamente, afirma que la norma “deconstruye” el sistema, al otorgar más autonomía a los campus, lo que va a llevar a una atomización tal que dificultará la movilidad de estudiantes e investigadores.

Considera asimismo el PP que el texto no está conectado a la recientemente aprobada Ley de Ciencia. Se muestran también en contra de la contratación masiva de profesores asociados (doctores y con relación larga con el centro) pues, a su juicio, esta regularización del colectivo en situación precaria. “incrementa la conflictividad laboral, potencia la endogamia y va en detrimento de la excelencia”. “Esta ley abre una nueva era de precariedad. No resuelve los problemas que requieren instrumentos legales y crea otros nuevos”, ha asegurado María Jesús Moro, su portavoz.

Este miércoles, el consejero andaluz Gómez-Villamandos que dejó la presidencia de la conferencia de rectores en abril, defendió punto por punto la enmienda del PP en la Comisión de Ciencia, a la que acudió como experto invitado por su partido, pero dijo hablar no como político, sino como académico. Por eso, decidió emplear en cada frase el “nosotros”para sorpresa de muchos parlamentarios. Su tono como presidente de la CRUE durante tres años fue mucho más templado.

Vox ha encabezado una enmienda a la totalidad porque considera que con esta ley se quiere “convertir en política de Estado un programa ideológico” que hace seguidismo de las “agendas globales [Agenda 2030], el fanatismo climático, el feminismo radical, el desprecio al esfuerzo”. El diputado defensor del texto, Joaquín Robles, ha llegado a acusar al Gobierno de “justificar los escraches” sin citar a su excompañera Macarena Olona, víctima de uno, muy distanciada del partido.

La enmienda de Junts, como suele ocurrir con los nacionalistas, iniste en que el Gobierno no responde a las “peticiones y reclamaciones de Cataluña en materia universitaria, a pesar de ser un ámbito transferido”. El Ejecutivo no tiene que dar por perdido el voto de Junts, pues su diputada Mariana Illamola ha reconocido que presentaron la enmienda para presionar ―”Es una herramienta útil para la negociación”― y que observan “mejoras” en el proyecto de Subirats respecto a los anteriores. La CUP coincide en que la ley se entromete en las competencias autonómicas pero, como Coalición Canaria, quieren seguir negociando.

Marta Rosique, diputada de Esquerra Republicana ―cuyos votos son fundamentales―, ha mostrado su buena predisposición a votar a favor porque han detectado “cambios relevantes” que les agradan en un texto que da más independencia a los campus para autogestionarse. “Queremos que las universidades decidan cómo es su modelo, no desde Madrid”, ha insistido Rosique.

El PNV, que ha votado en contra de las enmiendas, echa de menos que de la nueva versión haya desaparecido la formación dual, como ocurre en FP con las empresas. Tampoco ha respaldado las enmiendas Ciudadanos, que se felicita de la “buena actitud” de Subirats, que trata de convencerles de las bondades de la ley, pero el partido cree que la norma “no es como se nos dijo”, en palabras de su diputado Juan Ignacio López-Bas. Además, coinciden en el diagnóstico de los problemas de la universidad con el PP.

Fuente: https://elpais.com/educacion/universidad/2022-09-22/el-proyecto-de-ley-de-universidades-sigue-en-pie-el-congreso-tumba-las-tres-enmiendas-a-la-totalidad.html

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Entrevista: Profesores Roberto López Sánchez y Lino Meneses responden al Ministro César Trómpiz «Sin dudas está en curso una reforma neoliberal de la educación universitaria en Venezuela»

A raíz de la nota de prensa de aporrea.org en la que «Profesores Universitarios se pronuncian ante la eliminación de las Carreras Humanísticas«, se produjo una repuesta en la que el Ministro César Trómpiz desmiente el cierre de carreras en una entrevista realizada por Unión Radio y publicada también por este medio.

Debido a la inmensa importancia de lo que ya es un debate público de alto interés en cuanto a la concepción y orientación de la formación educativa, desde Aporrea pudimos contactar y conversar con dos profesores universitarios Roberto López Sánchez de la Universidad del Zulia (LUZ)[i] y Lino Meneses de la Universidad de los Andes (ULA)[ii] firmantes del citado Pronunciamiento y a quienes le hicimos las siguientes preguntas:

Aporrea: El Ministro Trómpiz ha respondido al pronunciamiento crítico que ustedes han publicado denunciando la no priorización de las carreras humanísticas en el currículum nacional. Específicamente el ministro ha dicho que ustedes se mantienen en una «universidad rentística» y el país debe ir a una «universidad productiva».

Prof. Lino Meneses: Lo primero que debemos dejar claro es que nuestro pronunciamiento lo hacemos en base a un documento emanado del Ministerio que preside el Sr. Ministro Trómpiz, titulado: REDIMENSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INGRESO UNIVERSITARIO, BASADO EN LA REACTIVACIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO NACIONAL en la cual se deja claro en el documento en cuestión, que se va a priorizar, cito textualmente: «el ingreso de nuevos estudiantes a las carreras y/o programas relacionados con la economía productiva, de acuerdo a las necesidades de formación de la nación. Es por ello que se estableció la oferta de 15 carreras base en las áreas prioritarias, 21 carreras derivadas y 109 complementarias, las cuales constituyen la nueva oferta académica 2021». Lo que hemos planteado parte del análisis del contenido de ese documento y de la realidad que viven no solo los profesores, trabajadores y estudiantes universitarios, sino todas las familias venezolanas que de una u otra manera están vinculadas a la vida universitaria, bien sea por que tengan a sus hijos cursando una carrera universitaria o un familiar que trabaje en una institución universitaria pública del país, de tal manera, que lo que hemos plateado en este pronunciamiento no tiene nada que ver con que si defendemos una «universidad rentística» o estemos en contra de una «universidad productiva».

El ministro pretende evadir el debate planteado sobre la redimensión del sistema nacional de ingreso, levantando un discurso que busca polarizar en base a un juego dicotómico ―universidad rentística y universidad productiva ― que pretende enmascarar lo que en la realidad práctica significa dar prioridad o preferencia a un grupo de carreras universitarias en detrimento de otras.

Cuando se revisa el documento emanado por el ministerio que preside el Sr. Cesar Trómpiz observamos que en las 15 carreras prioritarias, las 21 carreras derivadas y 109 complementarias, no se encuentran carreras trascendentales para la construcción de conocimientos alternativos al conocimiento noratlántico que nos permita subvertir el neocoloniaje que todavía vivimos, nos referimos a la antropología, la sociología, la historia, la arqueología, la geografía, la educación, entre otras.

Ahora bien, en relación a la «universidad productiva» que menciona el ministro, nosotros, me refiero los firmantes del pronunciamiento que hemos llamado: LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS Y LA RESOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PUEBLO Y LA NACIÓN dejamos claro que toda actividad productiva a desarrollar en Venezuela requiere de una visión científica y humanística que la haga viable y perdurable. De tal manera, que creemos que es de suma importancia mancomunar esfuerzos multidisciplinarios que nos permitan ejecutar los proyectos productivos en nuestro territorios, para tal fin se requieren del concurso de antropólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos, comunicadores sociales (que no solo es periodismo), trabajadores sociales, psicólogos, y demás profesionales que aporten diagnósticos, explicaciones y propuestas vinculadas y en armonía con el escenario productivo que se ejecuta. Un proyecto productivo, por ejemplo turístico, por solo mencionar uno, que no tome en cuenta los recorridos históricos, la identidad cultural, los acervos patrimoniales, los procesos culturales existentes, las variables geográficas y la realidad social en general, difícilmente podrá responder a las necesidades de la Nación y por tanto nunca podrá constituirse en «la solución de los problemas del pueblo».

Prof. Roberto López: El Ministro Trompiz tiene el mismo discurso de los funcionarios del Banco Mundial que en 1996 vinieron a Venezuela a impulsar su modelo de educación universitaria neoliberal, subordinada a las necesidades del gran capital mundial. El centro del debate es si las universidades se deben subordinar al modelo productivo existente en un país determinado de la periferia capitalista, o si deben promover un modelo productivo que tienda a la soberanía económica de ese país. Si los países de escaso desarrollo industrial, como es el caso de Venezuela, se restringen a impulsar un modelo universitario y de producción científico-técnica que esté vinculado exclusivamente a los proyectos productivos en ejecución, digamos la explotación petrolera y la explotación minera, pues nuestra dependencia económica se prolongaría de manera indefinida en el tiempo, que es precisamente lo que le conviene a las grandes empresas multinacionales, sean estas estadounidenses, europeas, chinas o rusas. Pues nunca podremos adquirir capacidades científico-técnicas y político-culturales que nos permitan diversificar nuestras capacidades productivas, alcanzar la soberanía alimentaria, sustituir importaciones, y hasta generar nuevos productos de exportación no tradicionales.

Por ello es que hemos sostenido por décadas, recuperando las ideas de los teóricos de la dependencia, que el modelo universitario a desarrollar tiene que fundamentarse en dar respuestas a las necesidades del pueblo venezolano, incluyendo aquí las necesidades de la nación en cuanto a su desarrollo económico inmediato, pero sin limitarse a eso. Por ejemplo, la explotación minera, tanto de oro, diamantes y coltán en el estado Bolívar, como la del carbón en el estado Zulia, afectan a numerosas comunidades indígenas que habitan en dichos territorios; esos proyectos productivos requieren de investigaciones antropológicas, y de impacto ambiental, que establezcan normas que guíen la actuación de las empresas nacionales y extranjeras involucradas en dichas explotaciones, para evitar afectar las condiciones de vida y el medio ambiente de esos pueblos indígenas.

De ahí que el impulso de un plan económico minero, como pretende el gobierno de Maduro, no se reduce a formar ingenieros de minas. Esa visión que defiende el ministro es la visión propia de las grandes multinacionales mineras y petroleras, que históricamente han exigido que los países receptores de sus inversiones aporten el personal profesional y técnico necesario para ejecutar dichos proyectos mineros o petroleros. Es el modelo dependiente que en el plano educativo se promovió desde Estados Unidos después de la segunda guerra mundial, siendo James Dewey uno de sus principales teóricos. Es un modelo que prolonga hasta el infinito la dependencia, pues reduce a las universidades a resolver las necesidades de cuadros profesionales científico-técnicos que requieren las multinacionales. En los objetivos e intereses de todas las grandes empresas capitalistas, incluyendo aquí a las chinas y rusas, no aparece por ninguna parte garantizar las necesidades y el bienestar del pueblo venezolano.

Esas empresas persiguen mantener el monopolio tecnológico, y por tanto la creación de nueva tecnología y la formulación de nuevos proyectos productivos en áreas que no sean de interés a las multinacionales pero que sí sean prioritarias para resolver las necesidades del pueblo, debe ser una responsabilidad del estado y de las universidades venezolanas. Responsabilidad de un estado y de unas universidades que tienen que estar sujetas a la respectiva contraloría institucional y social, para evitar que determinadas élites en el poder del estado o que controlen las universidades, ignoren sus responsabilidades patrióticas y éticas, como ocurre actualmente.

Por estas razones, el discurso del ministro Trompiz al defender la «universidad productiva» se debe traducir en que desea formar los profesionales en áreas científico-técnicas para garantizar las necesidades de las multinacionales que invierten en Venezuela. Ese discurso tiene más de 60 años, y fue la inspiración de la creación de universidades como la Simón Bolívar (1969), que precisamente fue la respuesta que las elites adeco-copeyanas dieron a la rebelión estudiantil y profesoral conocida como La Renovación, desarrollada entre 1966 y 1970. La Renovación buscaba colocar a las universidades al servicio de las necesidades del pueblo y del desarrollo económico soberano. En contrapartida, la USB fue creada bajo un modelo tecnocrático a imitación del Instituto Tecnológico de Massachusets (en Estados Unidos), que sólo oferta carreras de ingeniería y ciencias básicas. Trompiz repite ese mismo discurso tecnocrático que prioriza las carreras científico-técnicas y deja por fuera todas las carreras de formación humanística. Trompiz podrá ser joven, pero su pensamiento es el mismo de Rafael Caldera.

En una declaración reciente en la cual el ministro intenta responder a nuestro documento-denuncia, afirma que él no cerrará ninguna carrera humanística, pues cuando salga del cargo que ocupa piensa convertirse en empresario, y que en ese caso «ningún administrador, al cual le hayan cerrado la carrera, querrá ir a trabajar en su empresa». Aquí tienen al pretendido «revolucionario» que tiene por norte el ser empresario. Obviamente, empresario capitalista. Porque no dijo cooperativista ni nada que se diferencie. Es un buen ejemplo de que la «revolución socialista» de Maduro es puro discurso, para los incautos, y que realmente está en ejecución una reforma neoliberal en todos los órdenes de la sociedad.

Aporrea: El ministro Trómpiz ha dejado claro que el gobierno no ha decretado el cierre de ninguna carrera humanística. Que sólo buscan priorizar las necesidades profesionales acordes al plan de desarrollo de la nación.

Prof. Roberto López:  Es que el cierre de la formación humanística se viene produciendo desde hace años, al excluir a todas las disciplinas humanísticas de las áreas de investigación prioritarias definidas por la ONCTI. Todas las carreras universitarias son un compendio de docencia, investigación y extensión. Sin investigación priorizada en el área humanística no pueden existir carreras humanísticas. Si un equipo multidisciplinario de antropólogos, sociólogos e historiadores, para poner un ejemplo, propone un proyecto de investigación que estudie la situación de las comunidades populares y/o indígenas afectadas por la explotación petrolera/minera, pues el gobierno ha negado y sigue negando todo financiamiento a proyectos de contenido humanístico. Esta es una forma de cortar el desarrollo de las carreras en el área de ciencias sociales. Si no existe investigación en el área específica, las universidades se equiparan a un liceo.

Personalmente hemos investigado durante más de 20 años los movimientos sociales venezolanos, por considerarlos los motores de los cambios sociopolíticos desarrollados en el último siglo. Particularmente estudiamos al movimiento estudiantil y al movimiento obrero en Venezuela. Esta área de investigación, que abarca la historia, la sociología, la antropología y las ciencias jurídicas y políticas, no es prioritaria para Trompiz y Maduro, pero si es de suma importancia para el futuro del movimiento de trabajadores y del movimiento estudiantil en Venezuela. Son investigaciones al servicio de las grandes mayorías sociales, pero que por supuesto en nada interesan a una multinacional china que venga a explotar oro en el arco minero, o a la Chevron-Texaco que viene a explotar petróleo. En contrario, esas empresas estarán sumamente interesadas que no se aparezcan nunca en sus áreas de explotación científicos sociales que intenten dar argumentos a las comunidades y a los trabajadores para que defiendan mejor sus derechos.

Por otra parte, en nuestro documento publicado en aporrea y otros portales, le exigimos a Trompiz y a Maduro que aclaren si la no priorización de las carreras humanísticas se extiende a negar presupuestos para reposición de cargos docentes, administrativos y obreros en esas carreras, y si implica también una negativa a otorgar cupos estudiantiles destinados a esas carreras. Porque de ser así, aunque no se decrete un cierre inmediato, está condenando a las humanidades a la muerte lenta.

La actual rectora encargada de LUZ, Judith Aular, dijo recientemente que la no priorización de las carreras humanísticas se «limitaba» a las 46 nuevas universidades que ha creado el gobierno en tiempos recientes. Si en los años 70 el movimiento estudiantil revolucionario denunciaba que una sola universidad creada por el estado, la USB, estaba concebida como una institución tecnocrática, al servicio de las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con mucha más razón hay que reaccionar ahora cuando el estado venezolano ha creado no una sino 46 nuevas universidades tecnocráticas, en las cuales ni se asoma la formación humanística.

Trompiz y Maduro creen que maniobrando con las palabras van a engatusar al pueblo venezolano. Suena muy bonito hablar de «universidad productiva». Que da a entender que desde las actuales universidades no se produce nada. Nosotros hemos generado durante más de 20 años toda una serie de «productos» académicos vinculados estrechamente con las necesidades del pueblo venezolano. Entre ellos podemos mencionar 8 diplomados en Formación Sindical, Consejos de Trabajadores y Prevención Laboral, realizados con dirigentes y activistas sindicales de distintas áreas aquí en Maracaibo. Ocho diplomados en Consejos Comunales que realizamos en conjunto con Fundacite, en municipios como Mara, Guajira, Maracaibo y La Cañada de Urdaneta. Junto con ello 50 seminarios y foros sobre temas de interés general, como Marxismo y Antropología, Crisis Económica Mundial, Crisis Política en Venezuela, Protagonismo Popular en la Historia de Venezuela, Movimientos Sociales y Lucha de Clases en el Siglo XXI, Movimientos Estudiantiles en Venezuela, y Desarrollo Histórico del Movimiento de Trabajadores en Venezuela. Junto con ello hemos publicado unos 40 artículos en revistas científicas y 15 libros que resumen todas esas investigaciones realizadas, todas muy pertinentes para el desarrollo del movimiento popular en Venezuela. Realizamos dos congresos internacionales de Historia Inmediata (en 2008 y 2011), además de contribuir como tutores a numerosas tesis de pregrado y posgrado en el área de Historia y Ciencias Políticas.

Las universidades venezolanas producen ciencia, tecnología, cultura, y nuevos profesionales. Esa es la función básica de las universidades en todo el mundo. Dependiendo de cómo se oriente esa investigación, esa formación docente y esa política de extensión, los productos de la universidad redundarán en beneficio de las grandes mayorías sociales, o simplemente servirán para mantener en el poder a élites político-económicas que se burlan de las necesidades populares y sólo buscan su propio beneficio como socios menores del capital multinacional.

Prof. Lino Meneses: Si, el gobierno no ha decretado el cierre de ninguna carrera humanística; sin embargo, cuando no le da prioridad para atender los planes del desarrollo de la nación a las ciencias sociales y humanísticas, nos indica que en lo práctico los presupuestos estarán dirigidos, para utilizar sus propias palabras, a las carreras priorizadas, derivadas y complementarias, trayendo como consecuencia el cierre técnico de todas carreras humanísticas y sociales que no entraron en la carreras priorizadas.

Ya esto lo hemos visto antes cuando dejan de ser prioritarias las líneas de investigación o alguna ciencia cesan los financiamientos, se congelan los presupuestos y cuando se deja de financiar y/o otorgar presupuestos para el funcionamiento, se empiezan a cerrar las puertas, ya tenemos experiencia en esto, solo basta con recordar cuando se empezaron a implementar las líneas de investigación prioritarias para ser financiadas por el FONACIT y luego por el ONCTI, los proyectos ubicados en el campo de las humanidades y las ciencias sociales ni siquiera podían aplicar por que no eran prioritarias, también pasó lo mismo con las revistas científicas del país que dejaron de ser prioritarias y le cortaron los financiamientos que venían desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y hoy sobreviven gracias al trabajo heroico de sus editores/as, de los universitarios que se encuentran al frente de los repositorios institucionales y de las comisiones de publicaciones de las universidades.

Aporrea: ¿Cuáles son los principales problemas a resolver para garantizar la permanencia de las universidades venezolanas y que puedan aportar a la solución de la grave crisis nacional?

Prof. Lino Meneses: Tal como lo indicamos en el documento, las universidades venezolanas, incluyendo las recién fundadas por el gobierno, atraviesan una profunda crisis presupuestaria, agudizada por la grave crisis económica que vive el país, que atenta severamente contra ellas y contra la razón de ser de las universidades como instituciones productoras de los conocimientos necesarios para emprender cualquier proyecto verdadero de nación y formadoras de los hombres y las mujeres que contribuirán profesionalmente con el futuro de la misma.

Entre los problemas a resolver está el fin del cerco presupuestario aplicado sistemáticamente por el gobierno nacional que ha llevado a casi la paralización de las instituciones de educación superior en tanto que la inexistencia de recursos económicos ha trastocado de manera grave el funcionamiento de facultades, escuelas, programas académicos y de investigación, revistas científicas y programas deportivos y culturales en general que se desarrollaban en las universidades venezolanas.

Este cerco presupuestario ha contribuido a la desaparición casi total de las capacidades científicas en todos los campos del conocimiento, el desmantelamiento de los laboratorios y de las bibliotecas. Este cerco presupuestario ha contribuido a que los docentes, empleados y obreros cobren un ‘salario 0’, que no se resuelve con la bonificación del salario mensual, que ha contribuido a una diáspora de docentes e investigadores y trabajadores en general hacia otros países o hacia otras actividades laborales distintas a la universitaria como nunca antes habíamos visto en la historia de nuestro país.

Entre los problemas que tenemos que resolver está la grave crisis económica que estamos padeciendo los venezolanos y las venezolanas que ha contribuido a la migración masiva de jóvenes estudiantes hacia el exterior del país, o abandono de los estudios por incapacidad de sus familias costearles sus estudios.

Las universidades venezolanas ha hecho y siguen haciendo aportes sustantivos para la solución de la grave crisis nacional económica y social por la que atraviesa nuestro país, ejemplos sobran, para citar uno de ellos podemos mencionar la ejecución en años recientes del Proyecto Paleoarqueológico del Llano del Anís en estado Mérida donde los antropólogos del Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes, institución de la cual formo parte, promovimos la participación comunitaria para la apertura de un parque arqueológico que tenía como finalidad la conservación del patrimonio paleoarqueológico de la nación y el manejo de este patrimonio por parte de la comunidad con fines educativos y de explotación turística.

Entre los aportes más grandes de nuestras universidades para la solución de los problemas del país tenemos los esfuerzos gigantescos, ralentizados por la crisis económica que vivimos y la falta de presupuesto, para formar a los: médicos que día a día laboran en los hospitales públicos venezolanos, odontólogos/as, Licenciados/as en educación, los ingenieros e ingenieras, los/las bioanalistas, farmaceutas, nutricionistas, geógrafos/as, y antropólogos/as, sociólogos/as e historiadores/as que día a día trabajamos en proyectos culturales vinculados a centros urbanos, centros educativos, grupos étnicos, minorías culturales, a la protección del patrimonio histórico y cultural de la nación, a la salud, y todos aquellos proyectos que contribuyen al fortalecimiento de las identidades locales, regionales y de la identidad nacional .

Prof. Roberto López: Uno de los problemas a resolver es el del salario de los universitarios, y de los trabajadores en general. Actualmente el salario mínimo es menos de un dólar mensual. Un profesor titular con 26 años de experiencia y prima doctoral, apenas llega a los cinco dólares mensuales, como es mi caso. Esas escalas salariales son las más bajas de Latinoamérica y probablemente en todo el mundo. Nadie puede siquiera asistir al trabajo con ese salario; tampoco puede alimentarse el profesor ni su familia. No hablemos de adquirir equipos electrónicos indispensables para la docencia, como computadoras y teléfonos inteligentes, además de pagar la mensualidad del servicio de internet, cuyos precios más «económicos» andan por los 20 dólares mensuales.

Por cierto, ese plan tecnocrático de priorizar las carreras de ingeniería tiene muy pocas posibilidades de viabilidad pues no van a encontrar profesores capacitados en el área de ingeniería para dictar los cursos respectivos. Desde hace una década aquí en LUZ todos los concursos para docentes en ingeniería quedan desiertos. Ahora que ni sueldo hay con más razón quedarán desiertos los llamados a concursos docentes en esa área.

A menos que el gobierno recurra a la ya conocida piratería de la que suelen hacer gala hasta por televisión, y habrá que cuidarse de entrar en un futuro a esas construcciones que resulten de esos «proyectos productivos», no vaya a ser que se derrumben.

Hay que resolver la cuestión del financiamiento a las universidades, y particularmente el financiamiento a la investigación en todas las áreas. Como ya dijimos, sin investigación la universidad se equipara a un liceo. Venezuela ha descendido en picada en su capacidad de producción de conocimiento en todas las áreas, y hoy en día estamos muy por debajo de todos los países latinoamericanos. Cuando un investigador no tiene ni para los pasajes para asistir a su lugar de trabajo, pues menos podrá asistir a congresos científicos y cursos de formación dentro y fuera de Venezuela, indispensables para mantenerse actualizado en un mundo global que cada año avanza a pasos agigantados en las ciencias exactas y también en las ciencias sociales.

Hay que garantizar la protección de lo que queda de infraestructura física en las universidades, las cuales han sido prácticamente desmanteladas por los continuos saqueos, primero en 2019 durante los apagones, y ahora en esta larga cuarentena. Aquí en LUZ los saqueadores arrasaron con el edificio del Rectorado viejo, y se llevaron como cien computadoras y otros equipos de las oficinas de recursos humanos y nómina, entre otras; además de saqueos constantes en todas las facultades.. Debe haber sido un saqueo con decenas de participantes y varios camiones, y llama la atención que los cuerpos policiales se enteran es al día siguiente. Además de proteger lo que aún queda de oficinas y laboratorios universitarios, habrá que resolver el nuevo equipamiento de todos los espacios saqueados.

Está la cuestión de la migración juvenil, y la incapacidad de las familias venezolanas de mantener a sus hijos estudiando en las universidades. Por una parte, implica resolver el «salario cero» que condena a la hambruna a casi todos los venezolanos. Por la otra, aprobar becas suficientes para los estudiantes y garantizarles también comedores y transporte.

Hay que decir que si las universidades siguen trabajando es por la voluntad particular de sus profesores y empleados, que trabajamos prácticamente gratis, mientras podamos. Me consta que Lino Meneses ha hecho esfuerzos por continuar publicando la revista de Antropología de la ULA, como también hacen varios profesores que mantienen las revistas científicas de LUZ. Y que en este período de cuarentena por el coronavirus hemos dictado los cursos virtuales que se han abierto (en nuestro caso un intensivo que dictamos en agosto-septiembre), aunque lamentablemente hubo muchos estudiantes que no pudieron cursarlos por no tener computadoras, ni teléfonos inteligentes, y tampoco acceso a internet.

Reiteramos nuestras propuestas del documento publicado de abrir un proceso democrático de reorganización de las universidades venezolanas, con participación de docentes, estudiantes, empleados y obreros, que incluya la realización democrática de elecciones para autoridades rectorales y decanales. Elecciones democráticas que deben realizarse igualmente en la UBV y demás universidades creadas por el gobierno, las cuales se asemejan a los antiguos tecnológicos y experimentales de la cuarta república, instituciones que estaban bajo control absoluto de la burocracia adeco-copeyana y que se caracterizaban por sus bajos niveles académicos. Ciertamente hay sus excepciones, y reconocemos que existe un personal y un estudiantado muy valioso en esas universidades controladas por el gobierno. Lamentablemente el gobierno mantiene allí un clima «organizacional» de represión interna, como lo fue el despido de Manuel Sutherland (economista marxista, además) de la UBV por discrepar de la política económica de Maduro.

Finalizamos reiterando que está en curso una reorganización neoliberal que el gobierno de Nicolás Maduro quiere imponer a troche y moche. Pero que sin lugar a dudas va a encontrar la resistencia de los universitarios que hemos defendido por décadas una educación verdaderamente comprometida con los intereses del pueblo venezolano y el desarrollo soberano de la nación.

___________________________

[i] Roberto López es doctor en Ciencia Política y Magister en Historia. En la Licenciatura de Antropología de LUZ dicta las materias de Historia de Venezuela e Historia de América.

[ii] Lino Meneses, antropólogo, Coordinador del Doctorado en Antropología de la Universidad de Los Andes y Director del Museo Arqueológico de la misma a Universidad.

Pronunciamiento relacionado: Ante la “Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, basado en la Reactivación del Aparato Productivo» Consejo de Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia (LUZ)

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n362405.html

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España: Un informe aboga por contratar más profesores no funcionarios en las universidades públicas

España/03 de Julio de 2017/El  Español

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, informa de que el 25% de los profesores universitarios se jubilará en cuatro años y apuesta por sustituirlos con colaboración público-privada.

Más flexibilidad en la contratación, menos profesores funcionarios. Uno de los puntos clave para la modernización del sistema universitario español es romper con la restricción de tener que ser funcionario para trabajar en una universidad pública. Así se ha asegurado en la presentación del estudio La reforma de la gobernanza en los sistemas universitarios europeos, que se ha presentado este lunes en la Cámara de España.

Marcel Marín, secretario de Estado de Educación, ha anunciado que en los próximos cuatro años un 25% de los profesores universitarios se jubilará, un reto que ha dicho, constituye una oportunidad para reformar el estatuto del personal docente.

 «Creemos que el actual marco por el que se obliga a que la mayoría de profesores sean funcionarios públicos se podría flexibilizar», ha manifestado Javier Monzón, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Y ha añadido: «Defendemos que no tenga que ser obligado que sean funcionarios públicos. Que cada universidad decida su política».

A día de hoy las universidades públicas pueden contratar a personal docente que no sea funcionario para labores de sustitución y para contratos por obra o servicio como proyectos de investigación científica. «Es una situación muy endogámica, que no es bueno», ha asegurado Daniel Samaoilovich, coordinador del estudio.

Comparación con otros países de Europa

Esta propuesta se enmarca tras haber analizado las reformas educativas en los últimos 15 años en seis países europeos, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal. El estudio muestra una tendencia hacia una mayor autonomía de las universidades y flexibilidad, sin un marco rígido que permita la competitivad entre instituciones.

«Las universidades en Portugal han votado y algunas han preferido estabilidad y otras diversidad salarial», ha dicho Samaoilovich. «La posibilidad de atraer profesores de fuera, que haya movilidad, es muy importante para que la universidad pueda ser competitiva».

El coordinador ha asegurado que de todos los países estudiados Francia es el único que no ha contemplado la contratación de profesores que no sean funcionarios, pero que está previsto en la nueva ley de educación que impulsará Emmanuel Macron.

Financiación pública basada en rendimiento

Otro de los puntos más llamativos del estudio es la propuesta de asignar una gran parte de la financiación pública en base a criterios de rendimiento. Antonio Abril, vicepresidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas, ha puesto de ejemplo el sistema gallego: «Se pretende llegar en 2020 a un 60% de financiación fija que garantice el funcionamiento y el resto por objetivos, de calidad y resultados».

Esta doble vía de financiación, básica y por méritos, perjudicaría a instituciones y grados con peores resultados académicos. Para evitarlo, habría que controlar los criterios a tener en cuenta, según ha asegurado Martí Parrillada, otro de los coordinadores del estudio. «No se debe incluir el grado de inserción laboral, pero sí aquello que puede controlar la universidad, como la tasa de graduación o de abandono».

Situación de la universidad española

El secretario de Estado de Educación ha dicho que es optimista en cuanto a la reforma del sistema universitario español, tras alcanzar un acuerdo con todos los partidos en una proposición no de ley.

Marín ha informado de que en cuarenta años de democracia se ha multiplicado por tres el número de estudiantes universitarios y que España cuenta con la mayor tasa de universitarios de la historia -un 31.5% de los jóvenes entre 18 años y 24 años-, con un 87% matriculados en 50 universidades públicas.

Además, Marín ha recordado que España es el país que más estudiantes de Erasmus+ acoge y que hay un promedio de universidades por habitante similar a la media europea.  «Hay grandes oportunidades: es el momento de abordar una reforma universitaria con colaboración público-privada», ha finalizado.

Fuente: http://www.elespanol.com/espana/educacion/20170626/226727527_0.html

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Rol del Facilitador UNESR Bolívar ante la situación país

Marcel Doubront

Primeramente es importante clarificar, que este escrito ve más cuestiones de fondo que de “deforma”,  ante la inexistencia de espacios de discusión en una universidad autodenominada en el discurso como “revolucionaria” o en análogo con lo que planteara Freire “Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa” hago publica estas reflexiones  apoyándome  en un pensamiento del Subcomandante Marcos «Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido.»  Por ello en aras de seguir siendo a la Zurda más que diestro me permito reflexionar  que papel debemos jugar (en mi humilde punto de vista) los facilitadores de la UNESR Bolívar ante la actual situación del país.

 La UNESR tiene como Visión

Hacer de la Universidad Simón Rodríguez una institución global, de vocación, integracionista y latinoamericana, abierta al cambio, flexible, innovadora, andragógica y de excelencia, que promueva y practique la libertad de pensamiento y acción, fomente la participación y la profundización de los valores éticos democráticos; que permanezcan en la búsqueda constante del desarrollo sostenido y armonioso de la sociedad, y del individuo y esté profundamente comprometida con el desarrollo de la Comunidad.

De acuerdo a lo referido al asumirse como una institución integral e integradora no se aleja de la misión del Articulo 2 de la ley de universidades el cual expresa “Las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.” Por lo cual ambas citas nos preguntan pero al mismo tiempo nos responden cual es el papel que debemos ocupar en pro del desarrollo  del país, más de un fanático  pro-estructura (entiéndase adulante de la autoridad) hará veneración  sobre algunos planes improvisados que se ponen en marcha desde nuestras casas de estudios el cual considero que no es la vía más acorde porque la coyuntura no necesita fotos sino soluciones,  pero como dijera Morín y Hessel en su libro El Camino de la Esperanza

Evoquemos para empezar los apetitos desaforados del beneficio, la degradación de las solidaridades concretas, la hiperburocratización de las administraciones públicas y privadas, la exacerbación y presión de la competitividad forma degenerada de la competencia, la dominación de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, las intoxicaciones consumistas que empujan a comprar productos dotados de cualidades ilusorias, la degradación de la calidad de los alimentos procedentes de la agricultura y la ganadería industrializadas, la impotencia de los consumidores, de los pequeños y medianos productores y de los ciudadanos condicionados y atomizados la carencia cada vez más flagrante de un sistema educativo que separa y parcela los conocimientos, impidiendo de ese modo la posibilidad de abarcar los problemas fundamentales  y globales de nuestra vida como individuos y ciudadanos, y la crisis de un pensamiento político ciego que, sometido a un cretinismo económico que degrada todo los problemas políticos para convertirlos en cuestiones de mercados, es incapaz de formular ningún proyecto ambicioso.

Enfocándonos con lo referido por Morín y Hessel “Evoquemos para empezar los apetitos desaforados del beneficio, la degradación de las solidaridades concretas, la hiperburocratización de las administraciones públicas y privadas, la exacerbación y presión de la competitividad forma degenerada de la competencia, la dominación de lo cuantitativo sobre lo cualitativo” no solo describe la sociedad de hoy sino que ese “nuevo orden social” impuso algo que muy bien describía Eduardo Galeano  “Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase, que desprecia el contenido” pero ante ello un sistema educativo observador de esa realidad sin saber cómo y cuándo actuar desconociendo un planteamiento de Ander EGG  al referirse que “la educación no solo es reflejo de la sociedad; también influye sobre ella” la realidad del país es la misma que pasa en el alma mater, sería muy largo detallar punto por punto los símiles no obstante más importante es deducir que esta situación se solventa como dijera Chomsky  más con buenas ideas que con pseudo-héroes.

No dudo de la buena fe de los promotores de planes con visión resultadistas mi critica es el no poner atención en el proceso que es lo que condiciona el resultado, ahora bien si realmente se quiere una universidad socio productiva como repetitivamente se sermonea hay primeramente “Socio producir” la conciencia o en otras palabras como lo planteara Marx “No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia” si no se construye formativamente una conciencia de clase en nuestros participantes no nos sorprendamos por qué un joven de Ciudad Bolívar saca como bandera de lucha el tricolor nacional de siete estrellas desconociendo de donde viene la octava estrella y quien la promulgo o en otros términos  no pretendamos ofuscarnos cuando los participantes muestran resistencia al cambio ante las jornadas de siembra (y no proyectos agro productivos) sino o existe una persistente formación de como sembrar, que sembrar, pero sobre todo para que sembrar y los resultados que influirán en la soberanía alimentaria de la nación.

En otro contexto, “La UNESR” en su filosofía habla de “Está orientada a consolidar una Universidad capaz de formar los promotores y conductores de la nueva realidad nacional, basada en la universalización de la educación y en la colectivización del saber, colocando el saber al servicio de las comunidades.” Más que responder a nuestra inquietud genera las interrogantes ¿será posible formar los promotores y conductores de la nueva realidad nacional con los pensum del siglo XX? De igual forma también es importante preguntarse ¿de qué manera será factible la universalización de la educación y en la colectivización del saber si los facilitadores no saben cuál es el plan sociopolítico de la UNESR?

Como se conoce “La UNESR” fue creada por Decreto Presidencial N° 1.528 de fecha 24 de enero de 1974  con la finalidad de desarrollar experiencias en el campo de la Educación Superior que contribuyeran a resolver la problemática educativa a nivel nacional, y específicamente

a)atención de un número mayor de estudiantes, a menor costo

Sería interesante preguntar si con la inclusión se resolvió el problema, si realmente la necesidad está en la Inserción o en la Formación, si, ¿realmente estamos ofreciendo alternativas para que el participante piense por el mismo o nos convertimos en un liceo de bachilleres mayores de 17 años?   Porque tal vez  respondería el porqué del alto nivel de deserción,  dice el manifiesto de córdoba que “Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda” de igual forma es importante hacer referencia que de acuerdo a Domínguez “la educación tradicional se centra en contenidos y lo importante es depositar contenidos por eso Freire la llama bancaria. La educación liberadora, en cambio se basa en procesos y por esas razones una educación para emerger no para depositar contenidos. Por eso se trata de otra lógica y otros métodos”  tal vez eso pudiera hacernos entender sobre todo en una universidad “Andragógica” para que estamos aquí y si esta lucha vale la pena.

b)vinculación real de la Universidad a la producción y el mercado laboral

Si bien existen interesantes experiencias en núcleos de la UNESR del punto de vista productivo, hay una realidad que no se puede esconder y es que el participante solo visita el medio de producción cuando le toca hacer la pasantía y cuando necesita recopilar datos para su trabajo especial de grado, por lo cual hay una gran desvinculación entre el ente educativo, el medio de producción y el mercado laboral dice Dubric “por no tener claridad sobre el verdadero objetivo y sentido de la vida, es que cometemos y aceptamos ERRORES, terminando todos “igualados”, aceptando lo anormal como normal y viceversa.

No menos importante  esta en hacer referencia de que las comunidades esperan que las universidades egresen compañeros de una lucha en común para la creación de una mejor sociedad y no comunes letrados de egos estériles que no aporten al desarrollo de la población,   la actual coyuntura llama a una educación para la producción y no para el derroche, si hay algo que no hemos sabido asumir bien sea por flojera o comodidad es una alternativa a la pirámide de Maslow donde nos imponen  el consumo como hoja de ruta para la felicidad, afectando el no cumplimiento de las necesidades fisiológicas con el sentimiento de seguridad (lo cual contesta por qué la juventud prefiere limpiar pocetas en el extranjero que desarrollar su profesión en su país)  y consecutivamente perturbando las relaciones humanas y la autoestima del individuo.

La necesidad de repensar en una formación para la producción antes que para el mercado laboral guarda sinergia con una frase de Martínez Miguélez “habiendo entrado ya en el siglo XXI, muchos sectores de nuestra ciencia todavía no han entrado siquiera en el siglo XX” ya no es sorpresa decir que los participantes de la UNESR núcleo Bolívar deambulan por los pasillos de la institución vendiendo su producción (tortas, Helados, Bebidas, textiles) lo sorprendente es que todavía son invisibles para el sistema educativo entiéndase los pensum ni la didáctica del facilitador se adapta a la necesidad de respuesta de este participante  como tampoco hay un programa de formación de emprendedores el cual ante el claro mensaje que envía este participante de que es lo que debería preocuparse y ocuparse la universidad algo que todavía la “academia” no sabe descifrar.

c)la creación de fuentes propias y desarrollables de ingreso destinadas a lograr el autofinanciamiento de la Institución.

Relatar el alto grado de desidia en que se encuentra la infraestructura universitaria no es el descubrimiento del agua tibia, aunque  la UNESR  en la actual gestión rectoral logro el incremento del presupuesto universitario, como fuente de autofinanciamiento alquile locales o se apropie del negocio de los actos de grado, tales recursos son insuficientes para cubrir los gastos de funcionamientos entre ellos combatir la insalubridad, esta situación obliga a deducir la pertinencia de los poderes creadores de su talento humano o en otro termino planificar con diversos actores que hacer, las autoridades hablan mucho del programa trueque, aunque tengo mi opinión sobre ello no haré mención para que no se malinterprete como una “burla” no obstante un ejemplo de Trueque es analizar desde la potencialidad universitaria el termino entreayudándonos como ejemplo si la UNESR Bolívar gradúa Educadores y administradores  y la alcaldía y la gobernación cuentan con un número importante de docentes y trabajadores administrativos porque no ofrecer nuestros saberes en abordaje a los desafíos educativos  y administrativos  que presenten tales entes gubernamentales a cambio de servicios que coadyuven a la solución de los problemas de infraestructura.

Como conclusión es importante entender el rol que debe cumplir la universidad ante las demandas y requerimientos de la sociedad venezolana, aunque estoy convencido que la patria esta asediada por los ataque desde el extranjero por el pecado de tener envidiosos recursos naturales así como una estratégica posición geográfica, también es cierto que los avances de la guerra de IV generación contra nuestro país es producto de una mala estrategia formativa por no maximizar los esfuerzos por eliminar las viejas costumbres que interfieren con el futuro deseado, o  como diría Bertolt Brecht   muy en sintonía con Gramsci    “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”

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Las Universidades públicas estatales: modelos de financiamiento

Cesar Garcia Garcia

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta mediados de los años 80 el financiamiento de las universidades públicas mexicanas descansaba en los  recursos públicos otorgados por el Estado, o para decirlo de manera más precisa, por parte del gobierno federal. En aquellos años, la forma en que se asignaban los recursos a las universidades públicas estatales dependía aparentemente de un solo elemento estructural, el tamaño de la institución que se medía por la matrícula estudiantil o por la plantilla del personal.

Pero a este criterio de asignación del presupuesto, se le sumó un elemento político. Esto explicaba la asignación de presupuestos con base en la localización geográfica de la universidad, el nivel de políticidad (o de conflicto social) que podía generar una institución y el acuerdo entre autoridades universitarias y autoridades gubernamentales. Tal forma de asignación tuvo varias críticas precisamente por las reglas poco claras que se derivaban de esa dimensión política donde predominaban la inequidad y los acuerdos discrecionales.

Derivados de las críticas a este modelo de asignación del financiamiento y en el marco de una crisis económica nacional, el modelo de asignación del financiamiento cambió en los años 90, con base en criterios racionales de planeación y evaluación.

En este nuevo modelo de financiamiento del Estado al presupuesto de las universidades públicas estatales (y que es el modelo que predomina hasta nuestros días) se establece a partir de dos formas: un financiamiento ordinario, que palabras más palabras menos, es para el gasto corriente (pago de sueldos y salarios)  de las instituciones; y un financiamiento extraordinario,  que se establece a través de diversos programas para modernización e infraestructura (FOMES), docencia e investigación (PROMEP) evaluación y acreditación (FIUPEA/PIFI), y otros rubros.

De acuerdo a Javier Mendoza, uno de los expertos en temas de financiamiento, tales programas de financiamiento extraordinario también pueden ordenarse, en cuatro categorías: fondos para mejorar y asegurar la calidad; fondos para ampliar la cobertura; fondos para la equidad; y fondos para atender problemas estructurales.

Ambas formas de financiamiento, ordinario y extraordinario, son implementados por el gobierno federal. Sin embargo, en este modelo aparece un nuevo actor educativo, la participación de los estados o entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el gobierno federal no es la única instancia que otorga el financiamiento, sino los estados con la misma forma: financiamiento ordinario, para el gasto corriente de las instituciones; y financiamiento extraordinario, que desde el 2008, es ofrecido a través de distintos programas.

¿Qué porcentaje de financiamiento (ordinario y extraordinario) aporta el gobierno federal y el gobierno estatal para las universidades públicas estatales? Javier Mendoza (2011) en un excelente libro titulado, Financiamiento de público de la Educación Superior en México,afirmaba al respecto: “las proporciones que representan el subsidio ordinario federal y estatal de cada universidad son variables y se establecen y formalizan a través de un convenio tripartita anual suscrito por el gobierno federal, el gobierno estatal y la universidad respectiva”.

Básicamente, dice Javier Mendoza, las 34 universidades públicas estatales existentes en el país tienen una aportación financiera de los gobiernos de los estados que van de 10% al 52%. De este campo, sólo unas cuantas universidades tienen un financiamiento estatal que se encuentra entre el 40 por ciento y el 50 por ciento. Los casos son: la UABC, la U. de G., la UAEM-México, la U. de Sonora y la U. Veracruzana.

¿Qué efectos ha tenido que una mayor aportación a las universidades estatales la hagan los gobiernos estatales? La intención, al parecer es tener un justo financiamiento en función de los bienes que aporta la universidad a cada una de las regiones donde se encuentra. Sin embargo, también parece que empieza a parecer la carga económica para algunos estados y un peso político de negociación (o disputa) entre la universidad y la entidad federativa respectiva.

¿Casos? Vale mencionar brevemente dos. El primero es la Universidad de Guadalajara que en el 2010 el gobierno del estado de Jalisco le adeudada alrededor de 700 millones. El segundo caso se trata de la Universidad Veracruzana, que en este año el gobierno de esa entidad federativa no ha liberado los recursos financieros para la operatividad de la institución (Nota de Erik Juárez, Educación Futura, 26/11/2015). La deuda que tiene el gobierno del Estado con la U. Veracruzana ronda los 1,300 millones de pesos (Nota de Leticia Rosado, Central Noticias, Imagen del Golfo, 26/22/2015,), aunque también se sostiene que la cifra es cercana a los 2 mil millones (Miguel Ángel Casillas, Educación Futura, 16/11/ 2015).

La cantidad, aunque imprecisa, es más que significativa del presupuesto total de la Universidad Veracruzana que va para para sueldos y salarios y programas de calidad, infraestructura, docencia, etc. El asunto, sin duda, pone en riesgo la estabilidad de la universidad veracruzana.

La rectora de esa institución dice que han buscado las vías institucionales para el pago del adeudo a la Universidad y con ello evitar la presión de las manifestaciones y salir a las calles. Con la primera medida, al parecer los recursos se entregarán. Pero, ¿habrá que pensar en otros casos de conflicto entre universidades y entidades federativas, sobre todo cuando se avecina el recorte del presupuesto federal? ¿Será imaginable (como dice Juan Carlos Yañez,Educación Futura, 04/12/2015) y posible otras alternativas de financiamiento, como la generación de ingresos propios, que complementen el financiamiento de las universidades públicas estatales? En la próxima entrega tocaremos este tema.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/las-universidades-publicas-estatales-modelos-de-financiamiento/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2015/04/alumnos_universidad-e1440082428209.jpg

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South African universities say academic year is in peril

Suth African/03 de Octubre de 2016/Los Ángeles Time

Resumen: Suth African  se encuentra bajo guardias de seguridad una de las principales universidades de ese continente. La policía disparan balas de goma a los estudiantes. Vicerrectores advierten que los estudiantes podrían no ser capaces de terminar el año académico si la controversia nacional sobre la financiación de la educación superior no se resuelve pronto.

Suth African protesters lob rocks at security guards at one of the continent’s leading universities. Police fire rubber bullets at students on another campus. Vice chancellors warn that students might not be able to finish the academic year if a national dispute over financing higher education is not resolved soon.

Twenty-two years after the end of white minority rule, grievances over economic inequities are fueling unrest that has forced the closure of some of South Africa’s most prominent universities, which are struggling to cover costs. Opinion has splintered among students, faculty, parents and the government, which acknowledges funding shortfalls but accuses a radical minority of bringing campuses to a standstill.

One target of protesters’ condemnation is Adam Habib, vice chancellor of the University of the Witwatersrand in Johannesburg, also known as Wits. Habib, in turn, has suggested it is ironic that Wits, whose student population is mostly black, could unravel because of protesters who say they are committed to “decolonization.”

He tweeted: “The tragedy of our moment.”

The protests are smaller than widely popular demonstrations in 2015 that forced the government to suspend university fee increases this year. Demonstrations picked up again after the government said universities can increase fees by up to 8% next year, although it will pay about $180 million to cover the costs of poor students in 2017.

Wits and the University of Cape Town hope to resume the academic program on Monday. Some students vehemently oppose that plan.

Once a student demand for free education is met, “we are willing to go back to class. I mean, we are here because we want to study and get degrees,” said Mzwanele Ntshwanti, a student leader at Wits who wore a jacket with an emblem of the Student Representative Council.

“We’ve managed to disrupt the system because that’s the only language that they understand,” he said Friday.

Ntshwanti was standing outside the Great Hall, a temple-like building whose tall columns evoke Western academic traditions that irk some South African students who demand a curriculum more focused on African affairs. As he spoke, about 100 members of the Wits teaching staff, many in red and black academic robes, rallied on the Great Hall steps to demand more state funding and an end to violence.

“No cops on campus!” read a placard. About 10 police vehicles were stationed on a nearby campus road and in a parking lot beside the Origins Center, a university museum that explores human evolution.

On Sept. 20, protesters at Wits threw stones at private security guards, smashing glass at the Great Hall entrance. Some guards picked up projectiles and threw them back, contributing to an image of a prestigious center of learning as a chaotic battleground. In a separate incident, the government blamed student activists for the death of a university worker who was hospitalized after being affected by a fire extinguisher sprayed by protesters.

Wits is charging between $2,200 and $4,200 for tuition for a first-year undergraduate in 2016. In addition, there are book, travel and lodging costs. The government says it will pay tuition for students from households with up to $43,700 in annual income, a measure expected to benefit about 80% of undergraduates.

On Wednesday, police fired rubber bullets and arrested 11 students during a protest for free education at Rhodes University in the city of Grahamstown. That prompted the vice chancellor, Sizwe Mabizela, to say students should not become “collateral damage” in the dispute over costs.

Vice Chancellor Max Price of the University of Cape Town on Friday met 200 protesters who oppose the university’s reopening on Monday. Separately, about 2,000 students and staff members, some holding books, held a silent rally urging the resumption of classes, Price said on the university’s website.

“There’s a lot of uncertainty. There are a lot of different political positions and views on campus,” said Mehita Iqani, an associate professor of media studies at Wits.

There are also expectations of more violence. Wits Vuvuzela, a university newspaper, advises students on how to respond to stun grenades, rubber bullets and tear gas in a section titled: “What to expect from the police and how to stay safe.”

Around the corner from the Great Hall at Wits is a piece of graffiti with instructions. It starts: “How to make a petrol bomb: a guide for students.”

Fuente: http://www.latimes.com/world/la-fg-south-africa-universities-20161001-snap-story.html

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