Argentina: el gobierno porteño dará de baja subsidios a familias con hijos que pierdan la regularidad escolar. Lo anunció el ministerio que conduce Soledad Acuña

Fuente: Pagina12

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció un endurecimiento en las condiciones impuestas a los estudiantes menores de edad para ser considerados como «alumnos regulares», una exigencia directamente ligada al pago de determinados subsidios para hogares en situación de pobreza e indigencia previstos en el programa social Ciudadanía Porteña. Ese programa establece el pago de un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado, y será dado de baja si se detecten irregularidades o infracciones previstas por el Ministerio de Educación porteño que conduce Soledad Acuña.

«Para ser un alumno regular, los estudiantes deberán asistir en cada bimestre un mínimo del 85% de los días efectivos de clases durante el ciclo lectivo, según las fechas establecidas en la agenda educativa. Asimismo, no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año», señala el comunicado al que accedió Télam.

«El estudiante que pierda la condición de regular a lo largo del bimestre deberá continuar asistiendo a clases, es decir que deja de existir la condición de estudiante libre por inasistencia y el alumno conserva siempre su matriculación», añade.

Los detalles de estas modificaciones serán expuestos hoy en una conferencia de prensa que ofrecerá el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrerta, en la sede del ministerio de Educación de la ciudad.

El comunicado oficial no aclara a cuánto dinero equivale ese «monto adicional» que pueden perder las familias cuyos hijos dejen de ser considerados «alumnos regulares», ni tampoco la cantidad de beneficiarios de ese sistema.

No obstante, fuentes de la administración porteña informaron que el programa de ayuda económica, que ronda los $15 mil y alcanza a 41.669 familias, establece un monto como componente adicional por cada menor de 18 años que se encuentre escolarizado de $5.256 por hogar pobre y de $7.884,50 por hogar indigente, una asistencia que en la actualidad perciben 23.686 estudiantes.

«Ciudadanía Porteña es un programa de transferencia directa de ingresos a los hogares en situación de pobreza e indigencia que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Los titulares del beneficio asumen corresponsabilidades, entre las que se encuentra asegurar la escolaridad de los menores de 18 años del hogar. Por eso, el programa establece un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado», dice el informe oficial.

Señala que en los casos «donde se presente una irregularidad, equipos del Ministerio de Desarrollo se comunicarán con la familia para entender la situación e intentar que el menor retome sus estudios. Al mismo tiempo, equipos de la cartera educativa porteña se pondrán en contacto con la escuela para trabajar en nuevas oportunidades dentro del aula», agrega.

Y además, «en caso de que a los tres meses, con un nuevo cruce de nóminas, la situación no se haya regularizado, se dará de baja el componente adicional, siempre con la posibilidad de que el estudiante regularice su situación escolar y esto habilite a la familia a recuperar aquel monto», marca el comunicado.

Fuente de la información e imagen: https://www.pagina12.com.ar

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El Gobierno porteño pedirá que se cambie una ley para que las prácticas laborales educativas sean obligatorias

Por: Ricardo Braginkski.

 

Aunque ya funciona en 44 escuelas de la Ciudad, la “Secundaria del Futuro” sigue generando polémica. Y promete abrir más discusiones próximamente. Despejados los principales cuestionamientos al proyecto -que llevó a una sucesión de tomas en las escuelas a mediados de 2017-, el principal tema de debate pasa ahora por el carácter que tendrán las prácticas educativas laborales que los alumnos tendrán que hacer en el último año de la secundaria. ¿Deben ser obligatorias o voluntarias?

El debate vuelve porque este miércoles, un fallo judicial le ordenó al Gobierno que se “abstenga de implementar prácticas educativas de carácter obligatorio”, con el argumento de queestaría violando la ley 3541 (de la Ciudad) que en uno de sus artículos dice que esas actividades formativas deben ser voluntarias.

La sentencia fue firmada por la jueza porteña Cecilia Lourido, que hizo lugar a un amparo que plantearon los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, en representación de estudiantes; más algunos padres y docentes. Las prácticas educativas arrancarán en 2022, cuando los más de 2.700 alumnos que el año pasado comenzaron con la nueva modalidad educativa lleguen a su quinto año de estudio.

Según pudo saber Clarín, desde el Gobierno apelarán la sentencia de la jueza Lourido, pero además pedirán a la Legislatura que modifique la ley 3541, de modo de garantizar que las prácticas sean obligatorias, y así permitir que se lleve adelante el proyecto de Secundaria del Futuro tal cual fue diseñado por el oficialismo.

Para el Ministerio de Educación porteño este debate “es central” porque -entienden- “la educación debe estar vinculada al mundo del trabajo”. “Queremos dar este debate, queremos que todos los alumnos tengan la posibilidad de pasar por estas prácticas que, desde hace años, ya tienen los estudiantes que van a las escuelas técnicas y que son muy útiles”, dijeron fuentes oficiales a Clarín.

Con respecto a la sentencia, afirman que “no nos puede ordenar a que nos abstengamos de implementar algo que aún no está sucediendo. Faltan tres años para empiecen las prácticas laborales. Lo que surge del fallo es que hay que modificar la ley 3541, y eso es lo vamos a pedir”, dicen desde el oficialismo. Y agregan que “nuestro Norte es ir a prácticas obligatorias, es una discusión que hay que dar, que merecemos darnos”.

La llamada “Secundaria del Futuro” no implica un cambio de contenidos sino, principalmente, en la forma en que se organizan las clases. Es, en rigor, una profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES), en la línea de modificaciones que estableció el Consejo Federal de Educación, con la llamada “Secundaria 2030”. Cada jurisdicción debe darse su propio formato, y éste es el que eligió la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los documentos oficiales, el último año de estudios en la secundaria porteña (que puede ser quinto o sexto, según la modalidad) “los estudiantes deben cursar todos los espacios curriculares indicados en el Diseño Curricular”, teniendo en cuenta que el objetivo de la secundaria es preparar a los jóvenes para la continuidad de los estudios (en la universidad o terciarios) y también prepararlos para el mundo del trabajo.

Por eso, se les hará a los estudiantes –dicen- un “acercamiento al mundo del trabajo mediante prácticas educativas que cada escuela desarrollará, de acuerdo con su Proyecto Escuela”, en empresas y organizaciones académicas, científicas, tecnológicas, humanitarias, artísticas, entre otras.

Las prácticas educativas deben estar no solo integradas a la propuesta curricular, sino también deben tener como objetivo que los estudiantes consoliden, integren y amplíen conocimientos y habilidades relacionados con el perfil profesional en el que se están formando. Y deben tener como lógica que los alumnos “aprendan en la práctica”, dentro de las organizaciones laborales.

Grupos de padres, estudiantes y sectores políticos critican duramente este enfoque, bajo el argumento de que podría tratarse de un “fraude laboral” o una forma que tengan a disposición las empresas para obtener mano de obra “sin los costos e implicancias de un contrato de trabajo”.

La sentencia de la jueza Lourido también establece que la “Secundaria del Futuro” debió ser aprobada por un acto administrativo, cosa que el Gobierno no hizo. Y que, si sigue con este proyecto, deberán hacerlo antes del 1 de julio de 2019.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/sociedad/gobierno-porteno-pedira-modifique-ley-practicas-laborales-educativas-obligatorias_0_qG93lIANk.html

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