Grupos populares

Por: Dinorah García Romero

Parece que en el gobierno actual hay funcionarios y miembros del partido que forman parte de sectores negacionistas de las leyes. Estas personas parece que no quieren avanzar.

La República Dominicana es uno de los países del mundo que tienen dificultades significativas para instaurar un sistema político, económico y social respetuoso de los ciudadanos. El mayor porcentaje de estos tiene experiencias y percepciones de que cuenta poco para el Estado dominicano. Este es un problema histórico, pues sus raíces son centenarias. Los asomos políticos orientados a una manera diferente de tratar a la ciudadanía se ven boicoteados cotidianamente. Aparecen instituciones y funcionarios con prácticas arbitrarias; decisiones divorciadas radicalmente del respeto y la dignificación de las personas. Estos planteamientos tienen como referentes la huelga de hambre organizada por médicos para que se respeten sus derechos adquiridos por el desempeño de funciones específicas y el tiempo en servicio; aún más, para que se respete el derecho a la jubilación. De igual manera, la insistente demanda de los cañeros, se convierte en un hecho insólito e indignante. Escuchar sus voces de nuevo; y observar el desgaste por las condiciones de vida que soportan, ha de suponer un alto a la indiferencia. Asimismo, la fila inhumana cada vez más aumentada en uno de los costados del Ministerio de Educación de la República Dominicana requiere del MINERD un repaso sobre gestión de personal. Esta fila viola el derecho a la entrega de documentos en condiciones dignas; y, para mayor deshonra, la resistencia a pagar prestaciones laborales legitimadas por las leyes del país.

El siglo en que vivimos no soporta el abuso de poder. Está claro que el poder ha de ser distribuido. Desde esta perspectiva, ningún funcionario, ninguna institución, puede cosificar a las personas. Estos casos están resultando cada vez más frecuentes.

Parece que en el gobierno actual hay funcionarios y miembros del partido que forman parte de sectores negacionistas de las leyes. Estas personas parece que no quieren avanzar; prefieren funcionar con mentalidad dictatorial y hasta contraria a las directrices y propuestas del presidente de la República.

La diversidad de situaciones de esta naturaleza confronta a los líderes políticos, los gobernantes y a los educadores. Tales hechos suscitan, también, interrogantes de distintos tipos e intensidades. ¿Qué hacen las escuelas de educación política de los partidos?  ¿Qué criterios priman para la designación de los funcionarios? ¿Por qué la distancia entre el comportamiento en la campaña electoral y el que muestra al asumir un cargo en la administración pública? ¿Por qué hay funcionarios que olvidan el sentido profesional y humano en el desempeño de sus funciones?

Si la distorsión no fuera tan amplia en este aspecto, los casos señalados, más que extenderse, se reducirían. Se impone una acción colectiva para desterrar de la Administración pública a funcionarios que acentúen la desinstitucionalización del país. Es importante señalar que los derechos no resisten promesas. Los derechos solo atienden y esperan hechos. En este marco, lo que se ha de hacer es resolver lo más pronto que sea posible el problema de los médicos, de los cañeros, de los que hoy mismo están en la fila MINERD y de los que esperan sus prestaciones laborales.

Los educadores del país tienen el desafío de trabajar- tanto en educación preuniversitaria como en educación superior- los principios, criterios y políticas que contribuyen a la gestación y fortalecimiento de la institucionalidad en una sociedad. Esta tarea constituye un reto prioritario en el país. Gran parte de la inestabilidad de esta nación se debe a la fragilidad de la institucionalidad. Es necesario que, desde los espacios en los que actuamos, hagamos un esfuerzo por promover y formar para un compromiso con los procesos de institucionalización de la sociedad.

Los dirigentes del país y los miembros del partido gobernante han de trabajar de forma ardua para que el cambio no se convierta en un eslogan. De la misma forma, han de estar vigilantes, pues parece que hay funcionarios interesados en quedarse en la propaganda. Estos no quieren asumir los compromisos de un gobierno que se ha concebido como agente de cambio. Para ello tienen que reconocer y respetar los derechos de las personas. Si sucede lo contrario, el cambio es un eslogan y nada más.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/las-violaciones-de-derechos-convierten-el-cambio-en-eslogan-8928347.html