Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica, sostuvo que en el Gobierno “no existe” voluntad de solucionar esa situación y alertó que 2025 “será un año de lucha” para ese sector.
La secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti, afirmó este lunes que el salario de los docentes universitarios perdió en un año “más del 50 por ciento“ y que en el Gobierno “no existe” voluntad de solucionar esa situación, por lo que alertó que 2025 “será un año de lucha” para ese sector.
“La voluntad política no existe, solo encontramos imposiciones y diálogos cancelados, esa es la impronta del Gobierno. Para ellos, o apoyás en todo o sos el enemigo, y hoy a la docencia universitaria la consideran como un enemigo”, dijo la dirigente gremial.
En declaraciones al programa radial “Buenos días Splendid”, la titular del sindicato de docentes universitarios explicó que desde el Gobierno reconocen “un 40 por ciento de pérdida salarial, pero no alcanza con un reconocimiento, se necesitan respuestas concretas y no han existido a lo largo de este año”.
“A lo largo del año -agregó- hemos tenido reuniones con funcionarios, incluso con la ministra (de Capital Humano, Sandra) Pettovello, donde se nos ha reconocido la pérdida salarial”, pero el argumento es que “la paritaria no puede romper el axioma del déficit cero”, aunque se olvidan que “venimos de una bruta devaluación en diciembre 2023”.
Staiti afirmó que lo que pide el sector de docentes universitarios “es al menos el empate a la inflación o ganarle”.
La gremialista explicó que hoy “un salario de cargos iniciales está en 420.000 pesos de bolsillo, que es lo que cobra un docente con 20 horas de trabajo y una antigüedad de 10 o 12 años”, y añadió que este segmento abarca a “casi un 60 por ciento de la docencia universitaria”.
Por Adrián Z. Rivero | adrian.zunigarivero@ucr.ac.cr
En entrevista con UNIVERSIDAD, el presidente del Conare, Gustavo Gutiérrez, y su homólogo en Argentina, Víctor Moriñigo, narran cómo las universidades públicas de cada país se han enfrentado a dos Gobiernos “cortados con la misma tijera”.
Rodrigo Chaves y Javier Milei. Milei y Chaves. Ambos mandatarios no solo comparten tener un posgrado en Economía, sino que muchas de sus políticas se reflejan en un espejo en el que la mayor diferencia es que uno tiene su cabellera más deshecha que el otro.
Cuando se trata de educación superior pública, este par parece seguir un idéntico manual en su contra. Ninguno de ellos obtuvo su título profesional en una universidad estatal de su país, la primera similitud.
“Todo lo que desconozco y no comprendo, será un enemigo potencial por desconocimiento o por prejuicio. Me parece que ellos advierten un peligro, en esta pluralidad de las universidades, que realmente no lo existe, no lo hay”, señaló, desde Argentina, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, en entrevista con UNIVERSIDAD.
“Harto estoy yo de demostrarle a esta gente que entre el 70% y el 80% de las personas que estudian las universidades públicas vienen de colegios públicos”, Gustavo Gutiérrez, presidente del Conare.
El CIN es el equivalente argentino al Consejo Nacional de Rectores (Conare) en Costa Rica. Moriñigo, también rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), explicó cuál es ese “peligro” que ven esos gobernantes de derecha/ultraderecha:
“La Universidad es ese lugar donde pegan carteles, donde los chicos eligen sus propios centros de estudiantes, donde se tolera al que piensa distinto y la verdad que para ellos todo eso es un nido o un caldo de cultivo de nacimiento de ideas que no van a ir en dirección de sus pensamientos”, añadió.
Unos días después, en declaraciones a este medio, el presidente del Conare y rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, llamó la atención sobre lo mismo:
“La intención es muy clara: el desprestigio a la universidad pública, porque la figura que ellos tienen en mente es otra cosa. Aquí nosotros formamos gente crítica, que el día de mañana, potencialmente, van a ser los opositores a medidas liberales que están tomando estos Gobiernos mencionados”, indicó Gutiérrez.
Los mismos ataques
Tanto para el Gobierno de Milei como para el de Chaves, las universidades públicas son lugares a los que les falta transparencia, donde se adoctrinan estudiantes, se utilizan mal los recursos, la mayoría de quienes van son ricos y a los que, definitivamente, hay que dirigir ataques verbales.
Esto se desprende de las declaraciones de ambos rectores, pero solo basta con recorrer los reportes que hacen los medios de comunicación en ambos países para percatarse.
Si para Milei en las universidades públicas argentinas hay “ladrones, delincuentes y mentirosos”, para Chaves hay “esbirros” y “faraones”.
Y si por ventura a los estudiantes se les ocurre defender a las casas de enseñanza de los ataques que les dedica el Ejecutivo, en Argentina son “rehenes” y en Costa Rica más bien “tontos útiles”; pero, en ambos casos, son utilizados para “mantener” o “defender” lo que estos mandatarios consideran “privilegios”.
En ambos países, también, los Gobiernos resienten la autonomía de los centros de educación superior, por lo que ejecutan acciones para socavarla.
El presidente del Conare y rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez. (Foto: Kattia Alvarado)
Aunque la ley argentina establece que las auditorías sobre las universidades deben ser realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), controlada por el Congreso, Milei ha insistido en que esta tarea la haga la Sindicatura General de la Nación, dependiente de su despacho.
“El señor presidente quiere que seamos auditados por su propia auditoría, que es mandada por ellos con soldados propios de ellos; así que digo: ante el juzgamiento previo de que somos todos ladrones, imaginate lo que va a decir la propia auditoría del presidente”, comentó el rector de la UNSL.
En Costa Rica, donde las universidades tienen un fuero de protección constitucional, el Gobierno ya intentó algo muy similar, con el fallido proyecto de Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), con el que pretendía controlar los presupuestos de las universidades.
“Es una clara intención, asfixiando a las universidades públicas, no solo con reducción de presupuesto, sino con toda esta política de mostrarse enemigos de las universidades públicas, de insultar al rector, de hablar mal de las universidades, de hacer comparaciones necias […]. En fin, me parece que todo eso está totalmente programado. Evidentemente, no vienen periodos fáciles para las universidades públicas”, advirtió el dirigente de la UCR.
Financiamiento: el conflicto clave
El mayor punto de fricción entre las universidades estatales y los Gobiernos de estos países es el financiamiento de la educación superior. En ambos casos, el tema se relaciona con la pérdida de poder adquisitivo, por la inflación.
El Conare se enfrentó al Gobierno de Chaves pidiéndole que reconociera en el FEES un 4,06% por el incremento en el costo de vida en los últimos años, pero el Ejecutivo los rechazó y forzó que el tema se resolviera en el Congreso, donde las universidades lograron un 2% de ajuste, lo que causó la furia de Chaves, a quien los diputados le reclamaron haber llamado “malnacidos” a dos congresistas que fueron claves para lograr ese aumento.
En Argentina la situación es más dramática. Las universidades de ese país piden mejoras en los presupuestos para “empatar la inflación”, que en 2023 fue cercana al 300%. Aunque se han hecho algunos ajustes, Moriñigo indicó que los salarios de los trabajadores universitarios han perdido cerca de 40% de su poder adquisitivo. Al momento de esta publicación, las casas de educación superior están en lo que el rector describe como un impasse, a la expectativa de que no hay certeza de que haya presupuesto el año entrante.
Aquí viene otro destello de ese reflejo entre Chaves y Milei: la falta de diálogo. En Costa Rica, para que la Asamblea Legislativa resolviera el financiamiento de las universidades era necesario que se rompiera el diálogo entre universidades y Gobierno, lo que sucedió por primera vez en la historia. En Argentina, por otro lado, “al Gobierno no le interesa discutir, sino que le interesa pelear”, según anotó el presidente del CIN.
“Se pone de manera intransigente a la hora de expresar sus cuestiones, por lo tanto, siempre redobla la apuesta. Entiende que en el conflicto hay una ganancia directa de corto plazo, por lo tanto, eso muchas veces aleja los puntos de acuerdo”, agregó el rector argentino.
Tanto Gutiérrez como Moriñigo apuntan, como una parte importante de la motivación que tienen estos Gobiernos para atacar a las universidades, que estas no calzan en el discurso más amplio de críticas a la institucionalidad:
“El desprestigio a las universidades públicas va de que les arde muchísimo que sean las instituciones mejor valoradas del país. Y no lo digo yo, ahí están los datos”, dijo el presidente del Conare.
Por su parte, el rector de la UNSL también lo tiene claro: “para la visión y preconcepto que tiene la gestión del presidente, se encontró esta vez con un organismo del Estado nacional que funciona bien y esas son las universidades en la Argentina, con un concepto del Estado que tiene el presidente de que es ineficiente y casi innecesario para la vida de todos”.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis (Argentina), Víctor Moriñigo. (Foto: Cortesía UNSL)
Nuevas herramientas para defenderse
Ambos jerarcas universitarios coincidieron en que las marchas, como herramienta de protesta frente a los proyectiles que lanza el Gobierno, pierden efecto a lo largo del tiempo, si bien tienen un impacto inicial importante. Este mismo año, las universidades de los dos países se han visto obligadas a organizar marchas multitudinarias.
El rector de la UCR reconoció que, en algún punto, pensó que era la única forma de lograr que les pusieran atención, pero también hizo hincapié en el desgaste que conlleva para la gente. Eso sí, destacó que, cuando el Gobierno intentó recortar el FEES, en 2022, si fue efectiva: “Eso fue contundente, el señor de Zapote (Chaves) se asustó”.
En el mismo sentido, Moriñigo aseguró que, para defenderse las universidades, deben tener “la Constitución en una mano y la empatía con nuestro pueblo en la otra”, pero que las marchas deben ser excepcionales:
“En Argentina está muy claro que la Universidad es ese lugar donde los «nadie» pueden ser «alguien» y eso estamos dispuestos a defenderlo”, Víctor Moriñigo, presidente del CIN
“Estas herramientas pueden ser utilizables como emergencia, pero no pueden volverse el método, porque también entiendo que alteran la paz social, que cansan a la gente, que la gente muchas veces está dispuesto a acompañarte una vez, dos, pero no todo el tiempo. Me parece que como medidas extremas y especiales o extraordinarias, me parecen muy bien”, añadió el académico argentino.
Como alternativas, el par de dirigentes universitarios pusieron en el centro la cercanía con la comunidad, como hacer recorridos por las instalaciones para que las personas vean todo lo que se hace en aulas, laboratorios, etc.
“Tenemos que sensibilizar a la gente que paga los impuestos de nuestro país, de que ese lugar que hoy están intentando cerrar, más temprano que tarde, va a tener a alguien de nuestras familia pasando por ahí, intentando ser mejor. Las medidas históricas, antiguas, no van a tener resultados nuevos, van a tener resultados antiguos. Si nosotros tenemos esas medidas un poco más radicalizadas, lo que van a hacer es ir a los brazos de quienes no quieren cerrar”, dijo Moriñigo.
En la misma línea, el rector de la UCR afirmó que no se deben cometer errores del pasado, cuando la universidad era “elitista” y se encontraba en “una burbuja”, aislada de la sociedad, como sucedía, desde su perspectiva, en administraciones anteriores.
“Hay gente que viene a servirse cuando uno tiene que llegar a servir. Y no servirle a la Universidad, servirle al pueblo de Costa Rica. Las autoridades universitarias del futuro de la universidad pública deben llegar a defender los intereses de la institución, a defender los intereses del pueblo y no a servirse del puesto que ostentan en ese momento”, manifestó Gutiérrez.
Los rectores insistieron en la importancia de mantener la lucha para defender a las universidades públicas, debido al fundamental papel que juegan en la sociedad latinoamericana: “En Argentina está muy claro que la Universidad es ese lugar donde los «nadie» pueden ser «alguien» y eso estamos dispuestos a defenderlo”, se plantó Moriñigo.
En el marco de un plan de lucha convocado por las federaciones sindicales universitarias, se inició ayer una nueva semana con medidas de fuerza en las universidades nacionales del país. En Corrientes y Chaco adhirieron los gremios de base de docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, un proyecto de presupuesto que profundizará los rectores en la educación superior y paritarias que no se abren, el Frente Sindical de Asociaciones de Base acordó un paro nacional los días lunes 21 y martes 22 de octubre; como así, clases públicas los miércoles frente al Congreso con réplica en todas las universidades nacionales y plenario conjunto de secretarios generales de sindicatos docentes de CONADU-FAB y CONADU Histórica.
En la Universidad Nacional del Nordeste, CODIUNNE, ADIUNNE y ATUN se plegaron a la medida de fuerza y programaron clases públicas frente al Rectorado de la UNNE en plaza 25 de Mayo en la ciudad de Corrientes. Se realizará hoy, a las 9, y participarán representantes de los tres gremios. El tema consiste en la defensa de lo público, situación de la universidad y la ciencia.
Desde CODIUNNE, sindicato que nuclea a docentes e investigadores de la UNNE, informaron que se mantienen en estado de alerta ante la escasez de fondos que garanticen el funcionamiento de las universidades nacionales.
Por otra parte, hoy también se realizará un festival en Defensa de la Universidad Pública organizado por la FUNE y centros de estudiantes de la UNNE, en horas de la tarde, en el Campus Deodoro Roca de la ciudad de Corrientes.
En tanto, los gremios docentes manifestaron su apoyo a los estudiantes que realizaron una toma simbólica en el Campus Resistencia de la UNNE donde se realizan clases públicas. El acceso no se restringe a los estudiantes que deben asistir a clases.
«Con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible», indica la convocatoria al paro de las federaciones gremiales docentes que convocaron a la medida de fuerza de 48 horas y cuya primera medida fue ayer. El acatamiento es dispar, con profundización en algunas unidades académicas.
Según un informe de docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, el presupuesto universitario anual ejecutado en 2024 será del 30%, inferior al de 2023 en términos reales (ajustado por inflación). El proyecto de presupuesto 2025 es de 40%, inferior al de 2023. «Inevitablemente, las actividades de enseñanza, investigación y extensión se verán afectadas, reducidas o eliminadas, comprometiendo la calidad educativa», alertan desde las casas de altos estudios.
Asistimos a importantes conflictos docentes provinciales ante la dura caída salarial y presupuestaria por la fuerte subejecución de partidas educativas del gobierno de Milei (ver nota) y los ajustes de los gobernadores. Con el avance de una reforma laboral que ataca los Estatutos Docentes y regímenes de licencias, al imponer arbitrarios “presentismos” para cercenar el derecho de huelga en Chubut o en Santa Fe, provincias gobernadas por la derecha del PRO; además de Neuquén que generó una enorme lucha, o en Córdoba con el PJ de Llayrora y su ítem de Profesionalidad Docente.
Mientras Kicillof viene de castigar duro a miles de docentes al ponerles arbitraria e ilegalmente “inasistencias injustificadas” ante los masivos paros realizados con la Multicolor, y descargar duros descuentos. Son medidas que ya se aplican en distritos de la extinta Juntos por el Cambio, por el PRO o la UCR en la Ciudad de Bs. Aires, en Jujuy o en Mendoza con su nefasto Ítem Aula. Pero que también las propuso Massa en su campaña y las defienden desde Grabois (ver nota) a Cristina.
La docencia enfrenta también, junto a los estatales, las perversas reformas jubilatorias en Entre Ríos y Santa Fe que aumentan la edad para jubilarse y llevan los descuentos al 20% del salario. Esto en el marco del déficit 0 de Milei, que no gira la plata para las cajas provinciales desde que asumió, junto a su repudiable veto a un magro aumento para millones de jubiladas y jubilados.
A lo que se agrega una reforma anti educativa en distritos como la Ciudad o la provincia de Buenos Aires en Secundaria y en otras áreas. Más las carencias en infraestructura, comedores o la falta de cargos. Todo ese combo genera claras medidas de paro docente y movilización en varias provincias, y en todas se parará este jueves 26.
El 26, apoyemos las luchas provinciales y a la universidad
En La Rioja entraron en su 5ta semana de conflicto, con paro de 96 hs y movilización esta semana ante el ajuste de Quintela y el PJ; más las 72 hs de paro en Chubut; 5 días de paro en Entre Ríos; 48 hs de paro en Río Negro y el paro de este jueves 26 en Misiones con el MPL y la UTEM, gremios que integran la FND, Federación Nacional Docente, y el de GDA en Formosa.
Mientras las Seccionales y la Multicolor de SUTEBA convocan a marchar este jueves 26 a Educación en La Plata para reclamar aumento salarial, en defensa del derecho de huelga y que se reviertan las faltas “injustificadas” a los paros, así como el resguardo efectivo y un protocolo para las situaciones de violencia como la sufrida en el Jardín 924 de Tigre, concentrando 11 hs en Plaza Moreno de la capital bonaerense.
Solo esa realidad de conflictos en gremios que integran la CTERA, amerita que convoquen a una acción nacional para coordinar, unir y apoyar esas luchas el 26 para que triunfen. En ese marco, el plenario de ATE Nacional anunció una jornada de paro y movilización ese día a Plaza de Mayo y se sumarán a la marcha nacional del 2 de octubre.
Este jueves 26 y ante una caída salarial del 50% con Milei, más la fuerte subejecución presupuestaria y el anuncio del veto a la Ley de Financiamiento Universitario (ver nota), aprobada por amplia mayoría en el Congreso, los gremios universitarios convocan a paro el 26. El que es parte del plan de lucha nacional que vienen realizando y tendrá continuidad en una nueva Marcha Federal el miércoles 2 de octubre.
Estas medidas están instaladas en las escuelas, jardines, secundarias y profesorados, y las va conociendo la comunidad, ante el ajustazo a la universidad pública. Y esta convocatoria a enfrentarlo de docentes, no docentes y estudiantes universitarios, por lo que se plantea la demanda de coordinar y nacionalizar toda la lucha educativa.
Así cobra fuerza la agenda de la Coordinación Nacional Docente de gremios, la FND, Seccionales y agrupaciones combativas, al plantear a las conducciones de CTERA y los gremios docentes de la CGT que llamen a paro nacional el 26, en unidad con los universitarios. Y el 2 de octubre se concrete una nueva y multitudinaria Marcha Federal Educativa a Plaza de Mayo y cada plaza del país, como se votó en febrero en CTERA, pero la burocracia Celeste nunca concretó.
Sumarnos nacionalmente a la Jornada de este jueves
Si estas conducciones no convocan, se impulsa una Jornada Nacional de Lucha este jueves 26 con paros, movilizaciones y protestas, que empalma con los conflictos en Chubut, La Rioja, Río Negro y Entre Ríos, todos con gremios de base de la CTERA. Además del paro de este jueves en Misiones y Formosa, más el cese de tareas y jornada de protesta en las escuelas de AMSAFE Rosario.
En ese marco, desde la Coordinación Nacional Docente se rechazó también la criminalización de la protesta educativa, ya que ¡luchar no es delito! Por lo que se exige la absolución inmediata de Daniel Murphy y Carlos Magno, dirigentes docentes de la ATECH en Chubut.
Se planteó también la necesidad de un paro nacional cuando se trate en el Senado el antipedagógico proyecto de educación como supuesto “servicio esencial”. El que no plantea ni una mejora de salarios ni en aulas o escuelas ni en becas ni material didáctico porque, como reconocen, solo quieren regimentar el derecho de huelga de docentes y auxiliares.
CTERA, mucha denuncia y ninguna acción
En esa realidad, la Celeste de CTERA lanzó una denuncia por “el gravísimo ajuste a la educación pública en la Argentina”, diciendo que el “Presupuesto 2025 presentado por Milei significa una pérdida del valor real del 50% para los programas educativos con respecto a lo destinado en 2023”.
También rechazan la decisión de incumplir el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206) que fija un presupuesto desde el nivel Inicial al Superior, no menor al 6% del PBI. Además de liquidar el Fondo Nacional para la Educación Técnica (Ley 26.058, artículo 52º), cuyas partidas subejecutan fuerte este año (ver nota). Y van a incumplir también el aumento presupuestario para Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614, artículos 5º, 6º y 7º).
A lo que CTERA agrega: “se ven seriamente afectadas las partidas de Formación Docente (-63%), la construcción de Jardines de Infantes (-59%), las Becas estudiantiles (-64%), la Infraestructura y el equipamiento (-69%), entre otras”. Por todo esto concluyen: “la Educación Pública no se vende, se defiende”. Y cabe preguntar, ¿cómo…?
Pero es imposible saberlo ya que ese documento no lo dicen ni mencionan ninguna medida de lucha. Entonces, para apoyar los conflictos provinciales y la unidad con el reclamo universitario, es necesario hacer asambleas en las escuelas y distritos para exigir a las conducciones nacionales que convoquen. Y para sumarse a la Jornada de este jueves 26 con la Coordinación Nacional Docente.
Plata hay, que vaya a salario, educación, salud y trabajo
Para decir basta de ajuste a la universidad y la escuela pública. Porque la educación es un derecho, no un servicio. Lo esencial es el presupuesto para infraestructura, becas, libros, comedores y salarios. Para reclamar además la devolución del Incentivo, su aumento, el pago de la deuda y que pase al básico con fondos aportados por Nación, al igual que con todos los fondos nacionales subejecutados (ver nota).
Plata hay: ni voucher ni subsidios a las privadas. Fuerte impuesto a la riqueza para que paguen los que más tienen. Milei quiere su déficit 0 para pagar la estafa de la deuda al Fondo y los bonistas buitres, luchemos para que toda esa plata vaya a salarios y a las partidas educativas, para salud y trabajo.
Es necesario coordinar y unir el conflicto educativo, también con la lucha del hospital Garrahan, con Aerolíneas Argentinas, por los despidos en el SUTNA y las jubilaciones. Porque sufrimos una brutal caída de ingresos, ataques a derechos y represión, pero el gobierno sufrió también derrotas y hay crisis por arriba. Podemos pararles la mano, como hicimos al derrotar su nefasta Ley Ómnibus.
Para lograrlo, se debe exigir a la CGT y las CTA que llamen a paro general y plan de lucha para que estos conflictos triunfen y avanzar en derrotar el ajuste y la entrega de Milei. Es ahora y en la calle.
La Ctera alertó sobre el proyecto de presupuesto 2025 presentado por el presidente de la Nación, Javier Milei, que “significa una pérdida del valor real del 50% para los programas educativos con respecto a lo destinado en el año 2023”. Esto significa, menos escuelas, menos jardines, menos educación técnica y menos formación docente, entre otros recortes.
“La degradación del Ministerio de Educación a Secretaría, llevada a cabo por el gobierno actual, se vio reflejada desde el primer momento en un brutal ajuste y desfinanciamiento de la educación pública, que ahora se profundiza con este proyecto de ley”, advirtieron desde la Ctera.
Esa medida -señalaron- “pretende dejar sin efecto el cumplimiento del artículo 9º de la ley de educación nacional (26.206), de los artículos 5º, 6º y 7º de la ley de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (27.614) y del artículo 52 de la ley de educación técnico profesional (26.058 )”.
En la vida diaria, esos recortes en las leyes educativas significa que “el Estado ya no quedaría obligado a proporcionar los recursos destinados a educación en valores no menores al 6 % del PBI, ni a incrementar progresivamente el financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento 1% del PBI”.
“La medida -avisan desde Ctera- también afecta al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que significa el 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional”.
Desde la organización nacional del magisterio, explican que el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por Milei, “representa un nuevo ataque a la educación pública y vulnera el derecho a la educación que tiene que estar garantizado para toda la ciudadanía en nuestro país”.
Según detallan, “todos los ítems del presupuesto se ven afectados, especialmente el Plan Conectar Igualdad, el fortalecimiento territorial y el Mejoramiento de la calidad educativa, que directamente desaparecen del presupuesto 2025. A su vez, también se ven seriamente afectadas las Acciones de Formación Docente (-63%), la construcción de Jardines de Infantes (-59%), las Becas estudiantiles (-64%), la Infraestructura y el equipamiento (-69%), entre otras”.
“Es muy grave que el Gobierno esté dispuesto a gastar recursos en fondos para la Side, para la compra de aviones de guerra o para los viajes privados del presidente, mientras ajusta y desfinancia todo el Sistema Educativo”, alertan desde la Ctera.
Por el contrario, sostienen que “para garantizar el derecho a la educación en nuestro país, se necesita más financiamiento del Estado nacional y de los Estados provinciales, para construir más escuelas, crear más cargos docentes, distribuir más becas estudiantiles, tener mejores salarios, contar con formación docente gratuita y en ejercicio, garantizar los comedores escolares, copa de leche y fundamentalmente mejorar las condiciones de vida de la población que hoy tiene grandes dificultades debido a las medidas económicas impuestas por el gobierno actual”.
“La educación pública no se vende, se defiende”, expresan al cierre del comunicado.
El presidente Javier Milei, en su política de dinamitar el Estado Nacional, ataca a la educación pública y sus gestores fundamentales que son los y las docentes.
El objetivo avanza, con el proyecto de ley presentado por el exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, actual Diputado Nacional Alejandro Finocchiaro, en el cual se determina, entre otras cosas, que “la educación obligatoria es un servicio estratégico esencial” y se condiciona gravemente el ejercicio del derecho de huelga del cuerpo docente, buscando minimizar sus efectos.
El proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en la sesión del 14 de agosto y ha pasado para su tratamiento al Senado Nacional.
Propuesta hipócrita
La propuesta formulada por el partido del gobierno es hipócrita, contradictoria y esconde otros intereses, que atacan al derecho a la educación propiamente dicho, que se dice defender.
La sobreactuación que se realiza respecto de la importancia de educar y de la necesidad de no interrumpir los días de clase, no se compadece, por ejemplo, con la propuesta del hijo del mentor ideológico del presidente Milei, el diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch, que afirmó, en abril de este año, “que no cree en la obligatoriedad de la educación… no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller junto al padre trabajando”. O sea, considera para el menor más importante que trabaje y que no es esencial que vaya a la escuela.
Incluso, cabe recordar que María Eugenia Vidal, la ex gobernadora bonaerense del PRO, en el año 2018, sostuvo, cruelmente, que no era equitativo gastar dinero en universidades, dado que “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”.
A su vez, el gobierno propició, en el primer proyecto de la ley “Bases”, que no se aprobó, conocido como proyecto de “Ley Ómnibus”, que los menores desde los nueve años podrían optar por evitar ir a la escuela presencialmente, en contra de lo que determina la Ley de Educación 26.206, (art. 127 inc. f). De esa manera, se buscaba que niños, niñas y adolescentes, estudien en sus casas, en lugar de asistir a las instituciones educativas. Esta perspectiva individualista de autorizar la no escolaridad presencial, denigra el lugar donde se practica la convivencia social. La escuela es el primer ámbito de ejercicio del pluralismo democrático y donde se reafirma la identidad nacional.
Aún más, Milei pretende pronto manejar la enseñanza, centralmente, por la llamada “inteligencia artificial”, con criterios de un discurso único. De esa manera colonizar mentes y abaratar costos. Todo lo que es propiciado también por empresas productoras internacionales de programas educativos virtuales.
El gobierno actual desvaloriza el “acto humano de educar”, desprestigia socialmente a los y las docentes y les responsabiliza de la falta de escolaridad de los menores, si llegaran a ejercer el legítimo derecho de huelga, sin tener presente, que la educación es un derecho y no un servicio.
La ley de Educación Nacional 26.206 dispone, que “se debe garantizar el derecho a enseñar y aprender” y son los y las docentes quienes tienen el papel de enseñar, (art. 1) y en función de ello, deben tener ingresos apropiados para llevar una vida digna, poder formarse adecuadamente y defender la calidad de enseñanza, buscando asegurar el derecho de los educandos a lograr aprender debidamente, reclamando lo que fuere necesario para su preparación y enseñanza y de no darse otro camino, usar el instrumento constitucional de la huelga.
El gobierno no dice nada respecto de los días sin clases cuando sucede que las paredes de las aulas se electrifican o los baños están clausurados o no hay luz, gas y/o agua o tantas otras causales edilicias que, por responsabilidad del estado, también llevan a suspender las clases.
Además, en defensa de las niñeces y adolescencias, hay que rescatar la lucha de docentes como la maestra Ana Zabaloy, fundadora de la Red Federal de Docentes por la Vida que, en todo momento, se esforzó por exigir que se terminara con las fumigaciones de agrotóxicos, realizadas cercanas a las escuelas rurales, en las que los alumnos estudian con glifosato en el aire. Ella murió afectada de cáncer, por haber respirado los tóxicos.
Responsabilidad del Estado
Con actitud hipócrita e irresponsable, el gobierno se desentiende del tema de fondo de la cuestión, que lleva a reclamos que motivan legítimamente la huelga y culpa a las víctimas, sosteniendo que el problema de la falta de clases es solo una cuestión entre alumnado, docentes y su gremio.
En este aspecto, el Estado tiene que hacerse cargo que la educación es una inversión y no un gasto tenido como improductivo. Para que exista calidad educativa es necesario que se den condiciones pedagógicas, garantizar infraestructura adecuada, en todos los niveles educativos y reconocimiento de la tarea docente con salarios dignos que, en la mayoría del país, en este momento, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
De lo contrario, no se respeta el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, de jerarquía constitucional, (art. 75 inc. 22 de la C.N.), que determina, que se debe garantizar “continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, (art. 13, apartado 2, inc. “e”); ilegalmente. El presidente tampoco quiere pagar el Fondo de Incentivo Docente (FONID), confiscando de esa forma parte del salario docente y además, ha desfinanciado a las universidades públicas, entre otros ataques directos a la educación.
Milei busca desarmar, particularmente, el valioso escalón de permeabilidad social ascendente, que es la escuela pública, gratuita y de calidad.
Derecho de huelga
La declaración de servicio estratégico esencial dispuesta en Diputados pretende acallar los legítimos planteos docentes y condicionar su derecho a huelga.
Patricia Bullrich, como Ministra de trabajo del gobierno de Fernando De La Rúa, dictó las Resoluciones 480 y 632 de 2001, por las que encuadró a la educación como “servicio esencial” e impedían el ejercicio del derecho de huelga, por parte de las trabajadoras y los trabajadores docentes de todo el país. Lo dispuesto se recurrió al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el que estableció, que “el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse:… en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, `aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, en toda o parte de la población’… ‘no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término… el sector de la educación’”, (Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, 1996, párrafo 545).
Las resoluciones del Comité deben ser respetadas, de lo contrario, se atenta contra el derecho de huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Const. Nac. y la legislación internacional que rigen en Argentina, en materia de convenios y recomendaciones de la OIT, como los tratados que tienen jerarquía constitucional, incluido el Convenio 87 de OIT, por expreso reconocimiento del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, (art. 22 inc. 3) y del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, (art. 8 inc. 3).
En base a lo afirmado, el Senado de la Nación debe rechazar lo aprobado por la Cámara de Diputados en este tema.
(*) Doctor en derecho, abogado constitucionalista y columnista de opinión.
En su programa Jinetes del Futuro, emitido el pasado jueves 22, el titular en YouTube anuncia “volvió Juan Grabois”. Pero lejos de ese “futuro” que menciona el nombre del programa, al hablar de educación Grabois lamentablemente atrasó. Porque en lugar de cuestionar el ajuste educativo de Milei y los gobernadores, y el nefasto proyecto que pretende declarar a la educación como un supuesto “servicio esencial”, cuestionó… a la docencia. Y apeló a los “lugares comunes” de la derecha y la ultraderecha liberfacha para justificar ese proyecto (ver video) que tiene media sanción en Diputados gracias al voto de los cómplices de Milei y las posturas más reaccionarias y privatistas en educación.
Tanto que Grabois dijo acordar con este proyecto que plantea “guardias” obligatorias en las escuelas cuando haya algún paro, solo para cercenar el derecho de huelga de docentes y auxiliares. Y aclaró que no sabe si está “muy de acuerdo”, pero que en desacuerdo no está… ¿Se puede dudar ante tal ataque al derecho de huelga, consagrado hasta por la Constitución burguesa y fallos de la Corte Suprema?
En el programa, Grabois nunca cuestionó ese carácter contrario a las protestas docentes por sus magros salarios que se dan hoy en Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Misiones o La Rioja, ni a los ajustes presupuestarios que empobrecen la escuela pública. Al contrario, dice que “debemos fingir demencia” ante el proyecto y, de manera irresponsable, asegura que “no va a cambiar nada, se apruebe o no se apruebe, nadie va a ir a inspeccionar que no hagan huelga, nadie les va a poner una falta…”.
Porque eso es lo opuesto a lo que dicen los artículos de esta ley y lo que vociferan Finocchiaro, hombre del Opus Dei y ex ministro de Educación macrista; el PRO; La Libertad Avanza y la UCR al asegurar que ante una huelga, cualquier padre o familia podrá presentar un amparo judicial para asegurarse que haya clases. Y los gobiernos podrán obligar a informar el cumplimiento de esas guardias.
¿Infancias vs. docentes? Los derechos no colisionan, deben garantizarse
Que la educación atraviesa una fuerte crisis lo sabemos y por eso luchamos. La denunciamos y la enfrentamos en cada acción, en el aula, las escuelas y en las calles. Por eso se canta “no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar”. Pero Grabois parece no compartirlo, ya que reproduce los argumentos reaccionarios de la derecha para responsabilizar a la docencia de esa crisis y repetir el falaz planteo de Finocchiaro y toda la derecha vernácula que sostienen que, por sobre el derecho de la docencia a reclamar, supuestamente estaría primero el derecho de las infancias y las adolescencias a recibir educación.
Con golpes de efecto discursivo, Grabois echa mano a la liturgia peronista al decir que “los únicos privilegiados son los niños”. Algo con un fuerte significante que podríamos entender, pero que utiliza para contraponerlo a la docencia, auxiliares de escuelas y sus derechos cercenados con este proyecto y los ataques de cada gobiernos del capital.
Incluso dice entender que los gremios deban defender “esos intereses” docentes, como si fuera algo corporativo y ajeno a la aspiración de una escuela pública de calidad. Pero para Grabois, desde la política “nunca debemos poner el eje ahí”, en la defensa de los derechos y conquistas docentes, sino que “ese tiene que ser un elemento más y en función, no del bienestar de los docentes, sino en función de que se preste correctamente el servicio o el derecho” a la educación.
Con otras palabras, expresa el mismo concepto que Finocchiaro, el PRO o la UCR que insisten con que lo único que importa en educación serían las y los pibes, que deben estar dentro de la escuela como sea, sin importar si se construye conocimiento democráticamente y saberes socialmente significativos. Y no los contenidos básicos que pretende inculcar el sistema capitalista y que la docencia debiera reproducir acríticamente.
Al contrario de lo que sostiene la reacción, los derechos de las infancias y la docencia no “colisionan”, no hay un derecho por encima del otro. Los derechos se garantizan, todos. Y lo debe hacer el Estado, asegurando salarios dignos, presupuesto y cargos suficientes, más y mejores becas, partidas para los comedores, material didáctico, infraestructura, más aulas, jardines y escuelas. Todo lo que Grabois no dice, pero sí se despacha al cuestionar a la docencia como la supuesta responsable de asegurar “el servicio o el derecho educativo”, como dice.
¿Las escuelas son guarderías?
Al polemizar con su invitado al programa, Grabois hasta llega a preguntarle qué son las escuelas si no son “guarderías”, en una postura funcional a las corporaciones capitalistas que consideran a la educación como un lugar de “guarda” o “depósito” de las infancias para que las familias puedan ir a trabajar y asegurarse así la explotación, producción y ganancia capitalista.
Esto desnuda la falacia del capitalismo con “rostro humano” de posturas como las de Grabois y Patria Grande, que son parte del peronismo y Unión por la Patria (UxP). Que lejos de “combatir al capital”, conviven con él y proponen que, como trabajadores de la educación, garanticemos que pibes y adolescentes estén en las escuelas al ir obligadamente cuando haya paro.
En este video se pueden ver los conceptos de Grabois, al polemizar con su invitado, el docente e investigador Axel Kesler, que fue a hablar de educación y cuestionar ese proyecto de ley, explicando que solo busca atacar el derecho de huelga. Un invitado que criticó también que Milei eliminara el Incentivo docente, se redujera el presupuesto y explicara que el enfoque no debe ser culpar a la docencia, ya que solo se apunta a transformar la escuela en guardería, con las “guardias mínimas”.
Todos planteos que compartimos, pero cuando Kesler dice que la cosa no pasa por castigar a los docentes sino por que el Estado resuelva los motivos de los paros, garantizando el derecho de la educación, Grabois frunce el ceño, lo mira y dice: “Axel, no estoy de acuerdo con lo que decís, con el enfoque que adoptás… Es ponernos en una posición conservadora, de defensa de un estatus quo que es una verdadera mierda. Los que mandamos a nuestros pibes a la escuela pública, sobre todo los que no tienen red, si a vos te cierra un día la escuela, te cagan la vida…”.
Lugares comunes, funcionales a la derecha que se dice combatir
En su exposición, Grabois no cuestiona ese proyecto anti huelgas, ni se plantea qué motiva un paro docente ni reclama que los gobiernos paguen salarios dignos. Al pasar, menciona lo poco que gana un docente, pero aclara que “no todos”, dando a entender que habría muchos que sí cobran bien, cuando el grueso de la docencia no llega o apenas supera la canasta de pobreza.
Lo que se podría esperar o reclamar de un dirigente que se dice progresista es que plantee esa necesidad de un salario docente igual a la canasta familiar para trabajar en un solo cargo y llegar a fin de mes. Y demandar que Milei y los gobernadores –varios del PJ y Unión por la Patria- aseguren un mayor presupuesto que garantice el declamado derecho a la educación que declaman, rechazando estos proyectos trasnochados y anti pedagógicos.
Tampoco es “feliz” cuando compara: “si querés ser policía, inscribite en la policía. Si querés ser docente, tenés que tener un nivel de responsabilidad, de vocación que implique no maltratar, no tomarte el palo cuando se te cante las pelotas o usar el Estatuto Docente para tomarte más licencias”. Cosa que no refleja la realidad docente, para nada. Si fuera consecuente, Grabois debería reivindicar los “presentismos” para coartar la protesta docente que gobernadores del PJ, el PRO o la UCR descargan para que no reclame.
Es que del 85% a 95% de los presupuestos educativos se van en salarios y las partidas para educación absorben entre el 25% al 30% de los presupuestos provinciales. Por lo que poder ajustar ahí resulta clave para los gobiernos capitalistas y sus partidos como el PJ y UxP. Ya que al luchar y conseguir mejoras, la docencia arrastra a estatales, judiciales, personal de salud y legislativos, algo que se opone a ese ajuste permanente de los gobiernos que descargan la crisis en sus trabajadores y el pueblo.
Esencial es el presupuesto, salarios, becas, infraestructura, comedores
Para justificar su postura, Grabois dice que “las escuelas no son el templo de la educación”, pero nunca relaciona esa crítica realidad que la docencia busca modificar y ver cómo sostener el proceso de enseñanza aprendizaje, con la drástica crisis social y el 70% de infancias pobres, más del 55% de las familias bajo la pobreza, con bajísimos salarios y presupuestos. Todo lo reduce al abuso de las licencias y los paros docentes.
Y llega a decir que en pandemia, las escuelas habrían estado cerradas (como supuestamente lo estarían en un paro) y afirma: “eso está mal loco, y lo voy a combatir, como voy a combatir los abusos que se hacen del Estatuto porque eso nos va a llevar a las escuelas voucher”. Una vez más, la culpa sería de la docencia, de un “permisivo” Estatuto y un Estado que no controla.
En la descarnada visión de Grabois, la privatización educativa avanzaría por responsabilidad de la docencia y no por las políticas de los gobiernos, las corporaciones, la Iglesia Católica y demás patronales que lucran con ella, y de los “lineamientos” del Banco Mundial, la OCDE y el FMI que conciben a la educación como subsidiaria y al servicio del gran capital.
Desde Alternativa Docente (ANCLA, MST-FIT Unidad) opinamos lo opuesto y llamamos a seguir luchando contra ese proyecto. Y exigimos a CTERA y los gremios docentes de la CGT un paro nacional, plan de lucha y marcha federal educativa para derrotarlo.
Planteamos también una salida: la crisis generada por 80 años de ajustes y leyes contrarias a la educación como derecho social que el Estado debe garantizar, se debe resolver con la decisión democrática de docentes, estudiantes y familias en un congreso pedagógico nacional para demoler todo el paquete legal privatista y de ajuste.
En una lucha por alcanzar un sistema educativo nacional, único y estatal; obligatorio, gratuito, científico y laico; democrático, participativo; con perspectiva de género y una ESI feminista y disidente, junto a una pedagogía ecosocialista y diversa culturalmente. Que forme integralmente, con pensamiento crítico, dialéctico, con visión humanística y aporte a una sociedad solidaria, justa y emancipada, una Argentina socialista.
Se puede acceder al video completo del programa aquí.
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