Jóvenes venezolanos

En concreto, algo más de 198.000 menores migrantes ya están inscritos, de los cuales un 79 por ciento corresponde a los ciclos de educación primaria y secundaria, según consta en el estudio ‘El derecho a la educación bajo presión: Principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Colombia’, en el que también ha participado el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

La comunidad venezolana emigrada a Colombia –1,8 millones, según datos de la ONU– es en su mayoría una población joven, por lo que el acceso a oportunidades de educación y formación sería clave para su desarrollo personal y para el aprovechamiento de todo su potencial. La UNESCO advierte de que, al margen de la escuela, los niños y jóvenes quedan fuera también de ayudas importantes, como podrían ser los servicios de comedor.

El informe constata que la tasa de alfabetización de la población que emigró en la corriente más reciente es menor que la de flujos anteriores, ya que mientras que entre 2012 y 2015 el 91,4 de los migrantes sabía leer y escribir, el dato es del 86 por ciento si se tiene en cuenta los años 2016 y 2017. Entre la población colombiana, la tasa de alfabetización ronda el 92 por ciento.

LASTRES PARA LA INCLUSIÓN

Colombia ofrece de forma gratuita la mayor parte de su oferta educativa, pero la UNESCO también apunta en su estudio que puede haber otros costes indirectos que limiten el acceso a la educación, por ejemplo transporte, uniforme, alimentación y material.

Asimismo, detecta carencias en materia de infraestructura y recursos educativos disponibles, situaciones de hacinamiento en las escuelas, falta de acceso a servicios de agua y saneamiento en algunas regiones. También hay falta de personal, tanto por las dificultades administrativas para ampliar las plantillas como por los límites para que los profesores venezolanos puedan ejercer en Colombia.

Los investigadores confirman «obstáculos» precisamente tanto en el reconocimiento de título como en la equiparación de niveles educativos, hasta el punto de que se han detectado casos de niños y adolescentes que solo pueden acudir como observadores a las clases, sin certificar por tanto los cursos realizados.

El 89 por ciento de los venezolanos asegura que no ejerce su profesión porque carece de los permisos necesarios, bien sea de índole educativa o laboral, según las encuestas realizadas en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta y Cali y que figuran en el informe publicado este lunes.

En el lado contrario, el de los progresos, el estudio destaca el desarrollo y aplicación de sistemas de información que permiten reforzar la vigilancia a la población migrante, desde el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) a la incorporación del apartado ‘país de origen’ en el registro de datos administrativos.

CORONAVIRUS

La pandemia de coronavirus «hace visible la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en situación de movilidad», señala la UNESCO, que hace hincapié también en los efectos colaterales que puede acarrear el cierre de centros educativos para detener la propagación de la enfermedad COVID-19.

Por este motivo, la organización considera clave que, en contextos como el actual, se pueda contar con información diferenciada sobre personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y retornadas. «Es fundamental para responder adecuadamente a la situación actual de emergencia», apunta.