Judicial

Argentina/anred/Estefanía Velo

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La desaparición forzada de personas es un “crimen de crímenes” que persiste en el tiempo luego de la última dictadura cívico militar. Son más de 217 las personas desaparecidas desde 1983 hasta la actualidad, hecho que atravesó a todos los gobiernos, que poco avanzaron en el desmantelamiento de las estructuras represivas.

 

Facundo Astudillo Castro de 22 años, oriundo de Pedro Luro, un pueblito al sur de la provincia de Buenos Aires, ya lleva más de 100 días desaparecido. La última vez que lo vieron fue cuando lo subían a un móvil policial luego de frenarlo por no contar con el permiso especial para circular en este contexto de pandemia.

Otra vez, la maldita Policía Bonaerense involucrada en un caso de desaparición forzada. A pocos kilómetros de donde hoy buscan a Facundo, hace cinco años atrás Katherine Moscoso estuvo una semana desaparecida, y luego fue encontrada enterrada en un médano de Monte Hermoso. La familia junto a su abogado, Leandro Aparicio, también abogado de la familia de Facundo Castro y Daniel Solano (otro joven trabajador desaparecido en Río Negro), denunciaron penalmente a 23 funcionarios judiciales, policiales y políticos de la localidad balnearia por complicidad y encubrimiento en el crimen de Katy.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, “un crimen de crímenes” dice Nora Cortiñas. A pesar de haber transcurrido 37 años de “gobiernos democráticos”, luego de sufrir la pérdida de toda una generación dejando un saldo de 30.000 desaparecidos, la práctica de retener, privar de la libertad y hacer desaparecer el cuerpo de personas –en su mayoría jóvenes pobres- se mantiene intacta. Desaparecer, callar y tapar todo con mucha “prudencia”.

La lista de más de 217 personas desaparecidas desde 1983, en su mayoría por las fuerzas de “seguridad” ya sean provinciales o federales, continúa: hoy falta Facundo. En La Plata falta López, falta Miguel Bru, la familia de Andrés Núñez sigue pidiendo justicia y castigo a todos los responsables de la desaparición forzada seguida de muerte cometida en 1990, por la cual se condenó sólo a tres de los nueve responsables, mientras que el policía Pablo Martín Gerez, el principal ejecutor del hecho está prófugo desde hace casi 30 años.

El entramado policial, judicial y político, sostenido en el tiempo más allá de los gobiernos de turno, permite que se cometa este delito internacional. En la mayoría de las desapariciones están involucradas las fuerzas represivas de Estado. La familia de Facundo Castro señaló desde el primer momento que la Policía Bonaerense estaba involucrada en la desaparición del joven, sin embargo, pasaron 69 días para que el fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ N° 20 del departamento judicial de Bahía Blanca, apartara de la investigación a la misma fuerza señalada de cometer un delito.

Mientras que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, intenta proteger a sus policías y desviar la investigación y la opinión pública –un visitador serial de los canales de TV, en la franja nocturna de mayor rating- asegurando que es “prematuro, desafortunado e irresponsable hacer acusaciones sin tener evidencias concretas”. Refiriéndose a los señalamientos de la mamá de Facundo, Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto sobre el involucramiento de la Policía Bonaerense en la desaparición del joven.

Foto archivo: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)

¿La policía te cuida?

“La policía está muy agresiva hoy, no nos respeta, nos mata, nos golpea. Tienen mucho abuso de autoridad, ya no hay confianza en la policía, en qué vamos a confiar si la misma policía nos está matando”, se pregunta Carmen Valerian, la hermana de Ariel, un trabajador detenido y golpeado por la policía de Jujuy el pasado 8 de junio, lo que le provocó su muerte el 7 de julio.

Desde el lanzamiento del decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), las fuerzas de “seguridad” provinciales y federales han obtenido mayor poder de control, principalmente en las calles, vacías por las noches. Se dedican a patrullar la ciudad, portar sus armas de fuego y hasta, en algunas ocasiones, a matar jóvenes.

A poco menos de un mes del lanzamiento presidencial del ASPO, el 15 de mayo Luis Espinoza fue detenido en Tucumán por la Policía provincial “por incumplir la cuarentena”, estuvo una semana desaparecido y fue encontrado sin vida en la provincia de Catamarca. El primer caso en este 2020 de desaparición forzada seguida de muerte.

Luis Espinoza

La Coordinadora Contra la Represión Estatal e Institucional (CORREPI) registró “86 personas asesinadas por el Estado en pandemia”. De los cuales, 41 asesinatos se cometieron en lugares de encierro, bajo custodia institucional; mientras que 32 fueron bajo la modalidad de gatillo fácil. Entre ellos están los casos de Fernando Leguizamón, Alan Maidana, Lucas Barrios, Facundo Scalzo, y así sigue la lista de las víctimas.

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic manifestó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación -realizado el viernes 7- que recibieron 39 denuncias por “uso abusivo de la fuerza” por parte de los efectivos bajo su dependencia, con 96 agentes involucrados, de los cuales seis fueron pasados a disponibilidad. En esa misma reunión, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, afirmó que en la secretaría recibieron 531 denuncias por hechos represivos durante el ASPO.

Las denuncias por maltrato y torturas en las comisarías o en las detenciones arbitrarias son denunciadas constantemente por los organismos de Derechos Humanos y espacios antirrepresivos que acompañan a las familias.

“Le digo a las familias de estos pibes que vamos a seguir luchando, basta de seguir matando a los jóvenes. Ni que violen la cuarentena, no hay excusas para matar como están matando”, expresó Norita Cortiñas en uno de los tantos encuentros virtuales con familiares víctimas de la represión estatal.

Las situaciones que deben atravesar los familiares de las víctimas se repiten en cualquier punto del país: “Tu hijo es un ladrón, estaba robando”, “Se debe haber ido con un novio o una novia, ya va a aparecer”, o bien: “Lo estamos buscando”; cuando en realidad los crímenes son cometidos por la misma Policía que luego tiene que investigar el hecho. Entonces, ¿quién nos cuida?.

El poder judicial revictimiza a los familiares, los violenta negándoles información, prohibiéndoles sus derechos, algo básico como acceder al expediente judicial de sus causas, o bien los “vueltea” para cansarlos. En ese marco, diferentes organismos de Derechos Humanos han denunciado las complicidades judiciales, policiales y políticas en estos tipos de casos.

Santiago Maldonado fue detenido, desaparecido y asesinado el 1° de agosto de 2017, en Chubut. Foto archivo: María Paula Ávila (Pulso Noticias)

El abogado de la familia de Facundo Castro, Leandro Aparicio, aseguró en declaraciones radiales que “estamos trabajando solos. Más allá de los organismos de Derechos Humanos, no tenemos la compañía del Estado sino todo lo contrario, meten palos en la rueda, la Policía está instalando pistas falsas”.

Situaciones tan cercanas reviven el caso de Santiago Maldonado: pistas falsas, “Santiago está en Chile”, “Facundo está en Bahía Blanca”, persecución a los familiares, y hasta un silencio de tumba de los agentes policiales presentes en los últimos momentos que vieron a los jóvenes.

También está Luciano Arruga que no quiso robar para la Policía Bonaerense. Ello le costó su vida. El 31 de enero de 2009 al joven de Lomas del Mirador (La Matanza) lo detuvieron, lo torturaron y estuvo cinco años desaparecido hasta que hallaron su cuerpo en el cementerio Chacarita donde figuraba como NN. Amigos y familiares de Luciano siguen pidiendo justicia.

Entonces, ¿la policía te cuida?

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril en la localidad bonaerense de Villarino

Desaparecedores

La desaparición forzada es un delito internacional, es una privación ilegal de la libertad cometida por agentes del Estado o civiles con aquiesencia del Estado y la posterior negación de esa privación de libertad.

En diálogo con Pulso Noticias, Julio Avinceto, integrante de HIJOS La Plata, explicó que este delito “compromete en principio a los ejecutores materiales por lo general fuerzas de seguridad -Policías, Prefectura, Gendarmería, etc., pero no sólo a los autores materiales sino también compromete al Estado argentino como entidad en sí, porque es un delito regulado a nivel internacional, el Estado es firmante y garante de pactos de derechos humanos que protegen especialmente a las personas frente a ese delito”.

“Algunos dicen que es una deuda de la democracia para nosotros es un delito estructural que ha sido en todos los gobiernos del ´83 para acá, son más de 215 casos, en todos los gobiernos ha habido desapariciones forzadas que se comete desde las fuerzas de seguridad porque el aparato represivo nunca se ha tocado y porque hay libertad de acción para cometer este tipo de delito”, remarcó Avinceto.

Delitos que pocas veces tienen justicia, o bien no tienen la caratula de “desaparición forzada”. El caso de Miguel Bru, el joven secuestrado, torturado hasta la muerte y desaparecido el 17 de agosto de 1993 en la Comisaría 9° de La Plata, marcó un antecedente a la hora de condenar a los responsables aún sin haber encontrado el cuerpo del joven. En 1999 se elevó a juicio y hubo condena por homicidio en un caso de desaparición.

A más de cien días de la desaparición de Facundo, la familia y los abogados trabajan día a día para aportar las pruebas necesarias ante un fiscal federal (Ulpiano Martínez) denunciado por complicidad con represores, y evita constantemente a Cristina y sus abogados. El poder judicial es parte de la maquinaria “desaparecedora” de nuestro país.

En declaraciones a la prensa, Cristina Castro luego de encontrar el amuleto de “Facu” en el calabozo abandonado de la comisaría de Teniente Origone subrayó: “los que se callan son tan desaparecedores como los que se llevaron”.

Este jueves 13, el abogado Leandro Aparicio se manifestó a través de sus redes sociales: “Digo con la mayor claridad posible y sencillez de palabras, que en este bendito país en democracia, para que haya desaparecidos como Facundo, Daniel Solano, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y tantos más, existe una estructura estatal que permite y facilita la impunidad judicial de esas ´desapariciones´, siendo su engranaje esencial, el principal ´desaparecedor´, la propia policía, y las otras ´piezas´ del mecanismo perverso son los fiscales, jueces, políticos, gobernantes y periodistas”.

Entonces, ¿en quién se puede confiar?

 

Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/08/16/desaparicion-forzada-de-personas-en-quien-se-puede-confiar/