La educación como derecho humano

Por Marina Martins Gonzalez, para la CLADE

Ante la aproximación de la reunión de balance intermedio de la VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), que tendrá lugar en octubre en la República de Corea, divulgamos una serie de entrevistas a expertas/os en educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) de América Latina y el Caribe, con miras a discutir los avances y desafíos pendientes respecto a la garantía de esta modalidad educativa como un derecho humano en nuestra región.

En esta quinta entrega, entrevistamos a María del Carmen Lorenzatti, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y especialista en educación de personas jóvenes y adultas. En la ocasión, comenta entre otros retos para la realización de la EPJA como un derecho humano en el país: considerar que esta modalidad educativa es parte del sistema educativo, garantizando a la vez una formación específica para las y los docentes que actúan con personas jóvenes y adultas. “Es imprescindible pensar que la educación de adultas/os forma parte del sistema educativo, pero se diferencia del sistema, pues aborda la especificidad del sujeto adulto, que tiene un recorrido de vida, lo que le permitió construir conocimientos de manera diferente a la escolar”.

Lea la entrevista completa a continuación.

¿Cuáles son los avances y retrocesos registrados en materia de marcos legales, políticos e institucionales de la EPJA en su país, desde la CONFINTEA VI en Belém do Pará, Brasil?

En el post-CONFINTEA en Argentina, se ha producido un proceso interesante de avances en términos de regulaciones políticas. En la década de 90, sin embargo, la educación de adultas/os tenía un espacio muy residual, por ejemplo, en la Ley Federal de Educación la educación de personas jóvenes y adultas era considerada un régimen especial. Eso sumado a los recortes presupuestarios trajo como consecuencia la reducción, el cierre y la ausencia de programas específicos para la modalidad.

En cambio, a partir del 2006, con la Ley de Educación Nacional, comienza uno de los períodos más ricos en términos de políticas, definiciones y regulaciones en Argentina, en relación con la educación de adultas/os. Pasa a ser considerada como modalidad educativa, recuperando el sentido del término, lo que implica pensar en políticas de formación docente específicas, en currículos específicos, en sujetos con notas distintivas, con características, historias de vida y trayectoria socioeducativa particulares.

En este período, destaco como decisiones políticas fuertes la creación de la Dirección Nacional de Educación de Adultos y la constitución de la Mesa Federal de Educación de Jóvenes y Adultos, que es un órgano de consulta, donde se discuten las políticas. En esa mesa federal, que se compone por los directores de adultos de todas las provincias, se genera un espacio de discusión de las políticas específicas para la modalidad. Ese espacio generó una normativa, la Resolución 118/2010, con dos anexos, donde se definen las características de la modalidad y se trabaja sobre las cuestiones curriculares. Entonces, en términos regulatorios, yo diría que hubo un avance muy importante en Argentina en los últimos años, porque a esta regulación, sigue otra normativa en 2015 que garantiza la movilidad de los estudiantes adultos. Es decir, históricamente, un estudiante que vive en el norte de Argentina y viaja al centro o al sur del país, cuando llegaba a las escuelas de adultos para terminar su escolaridad, encontraba que no había nada regulado.

Y, por último, mencionaría la aprobación por parte del Ministerio de un trayecto formativo para docentes de EPJA, que se conoce aquí como “post-título”. Se trata del trayecto de una cantidad determinada de horas compuesto por 15 módulos, en que se aborda la historia de la educación de jóvenes y adultas/os en Argentina, el sujeto y el contexto comunitario, las cuestiones curriculares generales y específicas y la sistematización de la práctica docente. Esa formación está pensada como posterior a la carrera, una oferta para las y los docentes que están trabajando en EPJA.

Otra decisión importante fue el Plan Fines, el Plan de Finalización de los Estudios, que se implementa como respuesta a la obligatoriedad escolar, que sostiene la Ley de Educación Nacional, promulgada en el 2006. En esa ley, la escolaridad obligatoria llega hasta la finalización de los estudios secundarios. Desde la dirección de adultos, una primera reacción fue abrir puertas y canales para generar espacios donde los sujetos jóvenes y adultos que no terminaron la escolaridad en el momento de la edad correspondiente, puedan hacerlo en adultos.

Todo eso se refiere a la estructura normativa en Argentina hasta el 2015. En 2016, con el cambio de gobierno, cambiaron las estructuras y no se organizan las acciones por niveles o por modalidades. Hay un retroceso muy grande.

¿En su país, existen políticas y proyectos específicos que contribuyan al derecho a la EPJA que sean pertinente para grupos de población vulnerados?

Sí. La educación en contextos de encierro, por ejemplo, que por la ley se considera separada del campo de educación de personas jóvenes y adultas, tuvo un desarrollo nacional y provincial bastante fuerte. Se creó también un postítulo de formación docente y se desarrollaron líneas de apoyo a la educación en estos contextos.

En lo que corresponde a la educación intercultural bilingüe también hubo avances, pero creo que más focalizado en niños y niñas.

Hubo, asimismo, un fuerte apoyo desde la EPJA a los movimientos campesinos, que incluso participaban en el Plan Nacional de Alfabetización, que se implementa a partir de 2004. Éste, como todos los planes de alfabetización en Argentina, se desarrolla a partir de un convenio con organizaciones, escuelas e instituciones. Entonces, inicialmente hubo una apertura muy fuerte para atender la población del campo, pero después no se le ha dado seguimiento y no se ha garantizado formación específica.

¿Existen espacios de participación y consulta para la sociedad civil y los diferentes actores de la comunidad educativa, en especial educandos y educadores de la EPJA, sobre las políticas educativas de su país o localidad?

Decididamente no. Lo que hubo fue una cuestión muy estructural, que tuvo que ver con definiciones claras a nivel central, como la construcción de la Mesa Federal que ya mencioné.

En su país, los recursos del Estado y presupuestos asignados para garantizar la realización de la EPJA como derecho humano fundamental, ¿Son suficientes? ¿Se han incrementado? ¿La distribución de los recursos, contribuye a promover procesos de aprendizajes significativos?

Diría que hubo un incremento de recursos con relación a la década anterior. Eso se observa claramente a nivel nacional por los programas que te estoy contando. A nivel provincial también hubo un aumento del presupuesto, pero este todavía es insuficiente.

Diría que faltan recursos para el adecuado acompañamiento a las y los docentes, así como para la toma de decisiones y para la conformación de equipos técnicos. De hecho, la dirección de adultos en esta provincia tiene equipos técnicos de primaria, de secundaria, de esta modalidad a distancia, sin embargo sigue faltando presupuesto para los inspectores, para los supervisores, para hacer acompañamiento, para hacer formación docente. La formación siendo algo relegado en el marco de las políticas de financiamiento globales.

¿Qué recomendación específica haría a las autoridades de su país y a autoridades internacionales, para que se impulse el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe?

Lo primero es entender que la educación de adultos no es una isla, que es producto del sistema educativo. Según García Huidobro, “la educación de adultos es un invento del sistema educativo porque la noche se recupera lo que se expulsa durante el día”. Es necesario articular acciones con todos los sectores sociales. Eso significa incorporar la educación en las fábricas, en los hospitales y en los distintos espacios sociales, en el sentido de reconocer la alfabetización y el acceso a conocimiento como práctica social. También es necesario trabajar fuertemente en formación docente específica para EPJA. Cuando hablamos de la especificidad de la educación de adultos, estamos hablando de reconocer a ese sujeto adulto que viene con una trayectoria de vida, que ya construyó conocimientos y posiciones frente a su propia vida.

Es imprescindible pensar que la educación de adultas/os forma parte del sistema educativo, pero se diferencia del sistema, pues aborda la especificidad del sujeto adulto, que tiene un recorrido de vida, siendo que en esa trayectoria ya ha construido conocimientos. Maria Saleme decía que el conocimiento en el mundo adulto es parte de su dinámica vital. Por eso es complejo y difícil enseñar en el campo de la educación de adultos.

Hay que trabajar con las universidades en el sentido de poder discutir juntos los resultados de las investigaciones. No estoy hablando de un académico que venga y diga “la educación de jóvenes y adultos tiene que ser así o así”, estoy hablando de una mesa donde nosotros, que estamos en el campo investigando, podamos decir “mira, estamos viendo eso, ¿cómo lo hacemos?, ¿cómo trabajamos con esos jóvenes?”. Por otro lado, la universidad históricamente se separó del sistema educativo. Las investigaciones van hacia un lado y las decisiones políticas hacia otro lado. El sectarismo de las instituciones es difícil, y yo me hago cargo de lo que nos toca como universitarios. Hay mucho por hacer.

Fuente de la entrevista: https://vocesepja.campanaderechoeducacion.org/se-debe-entender-que-la-educacion-de-adultasos-no-es-una-isla-sino-que-es-producto-del-sistema-educativo