Page 1 of 3
1 2 3

“El proyecto no es tomar el poder. Ante el poder no te empoderas, te rebelas”: María Galindo

Por: María Galindo

Intervención de la activista feminista boliviana María Galindo en el Encuentro Internacional Feminista ‘We call it feminism. Feminismo para un mundo mejor’, organizado por el Ministerio de Igualdad

Les cambio el derecho al voto por el derecho a la redefinición radical de lo que se entiende por política.

Les cambio el derecho al matrimonio igualitario por la abolición del matrimonio.

Les cambio el derecho a la inscripción del delito de feminicidio en el código penal por el derecho a no ser asesinadas.

Y les sugiero que si les preocupa la trata de personas, especialmente a las españolas y europeas acá presentes, luchen por la abolición de la Ley de Extranjería y no por la criminalización de las trabajadoras sexuales. Y por si acaso esa lucha no puede darse en el contexto de sus sistemas políticos nacionales porque esas cosas no se deciden acá.

Este preámbulo no es retórico, sino un llamado a preguntarnos alevosamente: ¿qué hacer? No qué hacer con los derechos, sino qué hacer con la política.

Agradezco la invitación que me hacen, estoy aquí porque no puedo despreciar ningún espacio de habla, pues vengo de un país que en el mapa mundial no existe, donde además soy paria y mi trabajo está sujeto a polémicas y persecuciones continuas.

No puedo negar que me ha extrañado la invitación viniendo de un Ministerio.

En esta mesa de Derechos Humanos me encuentro desubicada.

Mi trabajo no se enmarca dentro de lo que llaman Derechos Humanos.

Y mientras lo digo me pregunto; ¿a qué le llaman Derechos Humanos?

Le llaman Derechos Humanos muchas veces a ese conglomerado de luchas peligrosas y subversivas, a las que por su fuerza no pueden borrar, pero que también por su peligrosidad para el orden social constituido prefieren catalogar como luchas por los derechos humanos.

Prefieren premiarlas y domesticarlas. Con la etiqueta de Derechos Humanos intentan despolitizarlas, suavizarlas y expulsarlas del campo al que realmente pertenecen, que es el campo de la invención de nuevas formas y raíces de política.

Mi oficio no es la lucha por los derechos humanos, sino la invención de prácticas políticas feministas masivas

Mi oficio no es la lucha por los derechos humanos, sino la invención de prácticas políticas feministas masivas, desde abajo y desde fuera del estado, y que tienen la fuerza de construir una gigante empatía social antifascista. Es a eso a lo que me dedico, y es eso lo que me embarra de pies a cabeza, pero también es eso lo que me permite estar marcando huella histórica en mi país.

Tengo la capacidad de hacerme entender con una sociedad entera y sumar esperanzas luchando por cosas muy concretas y pequeñas que el Estado y los partidos políticos desprecian como pequeñeces y que yo nombro como política concreta.

Considero que la comprensión de los feminismos como la lucha por los derechos es una trampa agotada en la que no hay que caer.

No es que a los Derechos Humanos les faltan los derechos de las mujeres para completarse.

No es que en clave interseccional a los derechos de las mujeres les faltan los derechos de las mujeres expulsadas del universo blanco heterosexual.

El problema no son los derechos para las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del hogar o las mal llamadas migrantes. Migrantes que no son otra cosa que exiliadas de economías neoliberales donde no hay trabajo. Migrantes que no son otra cosa que expulsadas de territorios de saqueo ecocida de donde solo puedes huir.

El problema no es sumar derechos a los Derechos Humanos para que sean más humanos.

Agendar derechos sector por sector y universo por universo en una suerte de relato épico de búsqueda de reparto o ampliación de derechos por parte de los Estados es perder tiempo histórico, energía vital, creatividad política y capacidades que es urgente gastar en otro proyecto y en otro lado.

Y como si fuera poco seguir hablando de derechos es aburrir a la gente y ser cómplice de provocar la apatía social generalizada por la ausencia de ilusiones movilizadoras.

No hay política, hay privatización de la política.

No hay democracia, hay machocracia.

No hay democracia, hay democracia basura donde no se decide nada con el voto.

No hay elecciones, hay escenarios de marketing electoral.

No hay estados nacionales soberanos, hay un proyecto supraestatal colonial capitalista al que se supeditan los estados. Donde los gobiernos son meros administradores.

Por eso hay que hablar de política y no de derechos.

Pero si quieren hablar de derechos, hay que decir que son retóricos, porque no es lo mismo enunciarlos que ejercerlos.

Si quieren hablar de derechos, hay que decir que es una discusión chantajista: te los doy, te los quito, o te los recorto y mutilo.

Si te dan derechos, no puedes cuestionar la estructura sistémica que te los otorga. Porque los derechos te colocan en el lugar de cliente del sistema y no de sujeto.

Si quieren hablar de derechos hay que decir que se segmentan por orden de prioridad e importancia, y que quienes estamos a la cola esperando los nuestros estamos ya cansadas de tanta postergación histórica.

Si quieren hablar de derechos hay que decir que el capitalismo nos ha quitado la soberanía sobre nuestros cuerpos, por lo que habría que hablar de recuperar lo perdido y no de obtener lo nuevo.

El problema no son los derechos que faltan sino su definición misma, su pretensión de universalidad en un mundo pluriversal.

No se traguen el cuento de que universal quiere decir para todos, todes y todas.

Universal quiere decir europeo, blanco, imperial, colonial y de una única matriz civilizatoria entendida como modelo de sociedad y modelo de democracia único que debemos acatar y copiar.

Universal quiere decir europeo, blanco, imperial, colonial

Resulta que hasta los Derechos Humanos sirven de instrumento de medición colonial.

Por eso se puede criticar a Maduro y Ortega, –que está muy bien que se los denuncie y critique–, pero no se puede denunciar lo que hace Israel o EEUU.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas en Europa o por Estados europeos no cuentan como barbarie, no cuentan como violación. No son denunciables como dictadura racista, dictadura capitalista o dictadura extractivista ecocida.

Aquí el problema son los dueños y las dueñas de los Derechos Humanos y lo que declaran humano respecto de lo que declaran animal, lo que declaran legítimo y digno de vida respecto de lo que declaran daños colaterales.

Estamos en Europa con un mar Mediterráneo convertido en una fosa común donde, como lo hicieron ya en el siglo XVI, son despojados de su condición de humanos masas humanas sin que nadie o muy pocos se atrevan a decir algo a riesgo de ser criminalizados como Helena Maleno, acusada de tráfico de personas por intentar salvar vidas en el mar.

Los organismos de Derechos Humanos emiten un discurso que es perverso, que es una máscara para tapar la muerte, que es una hipocresía necesaria para que nadie se atreva a tomar conciencia de lo que se está haciendo realmente.

Se está matando en el Perú, y ese no es un problema nacional de ingobernabilidad, sino que es para que el orden colonial mundial pueda seguir su curso y esas muertes sirvan en toda la región para seguir controlando la extracción de materias primas en las condiciones que los Estados alemán, chino, ruso o norteamericano lo impongan. Imposiciones donde el Estado español juega un papel de guarda de seguridad de la puerta de la discoteca.

El problema no son los derechos, sino los mundos y proyectos políticos.

Estoy aquí desubicada.

Huelo a ají picante.

Mi pasaporte huele a cocaína; sustancia ilegalizada para que en Colombia, México o Bolivia eso nos cueste una narcoguerra sangrienta cuya única solución posible es la legalización de las drogas y la despenalización de la hoja de coca que se niegan a discutir, porque nuestras muertes no valen en la contabilidad de violaciones a los Derechos Humanos.

Huelo a litio.

Huelo a Amazonia incendiada.

El olor a oro y plata del siglo XVI no se me han quitado aún del cuerpo.

Estoy aquí desubicada,

No quiero hacer lobby en Ginebra por los derechos X, J o P.

No quiero buscar una audiencia con los dueños de los Derechos Humanos para decir que somos humanos y humanas aunque vengamos de Bolivia, Haití o cualquier otro destino borrado del mapa de lo humano.

Me dedico a pensar y construir un proyecto despatriarcalizador, anticapitalista y anticolonial

No quiero que se jacten con mi lesbianismo tercermundista y me brinden apoyo internacional que consiste en palmaditas en la espalda a cambio de que se sientan más civilizadas.

Me dedico a pensar y construir un proyecto despatriarcalizador, anticapitalista y anticolonial, que rebalsa todo discurso de derechos; sean estos de mujeres, de animales, de trans o de maricas.

Pueden acusarme de perder la perspectiva de lo posible.

Yo les acuso de aburrirme.

Disculpen que les falte el respeto temático de esta forma.

Aunque dicen que hablamos el mismo idioma no parece que nos entendiéramos.

En estos escasos diez minutos que me dan es todo lo que puedo decirles.

Para terminar, un pedido: deseo que le cambien el nombre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Me gustaría que la nombren de esta forma: Declaración Retórica de los Derechos de los que los Europeos consideran como Humanos.

El proyecto no es tomar el poder.

Ante el poder no te empoderas.

Ante el poder te rebelas.

El proyecto es hacer la revolución.

Muchas gracias.

Fuente de la Información: CTXT

Foto: María Galindo subida encima de la mesa durante su intervención en el Encuentro Internacional Feminista 2023. (Suigeneris)

 

Comparte este contenido:

Guatemala prohibió el matrimonio igualitario, la educación sobre diversidad sexual y penalizó el aborto

La aprobación de la «Ley para la Protección de la Vida y la Familia» ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare al país como Capital Iberoamericana Provida.

El Congreso de Guatemala decidió endurecer las penas de cárcel por aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de la educación sobre diversidad sexual, a través de una ley aprobada en pleno Día Internacional de la Mujer.

La «Ley para la Protección de la Vida y la Familia» sanciona con hasta 10 años de cárcel a «la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause», mientras en la ley actual la pena máxima es de tres años.

El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un «aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer» y que causen la muerte de ésta, un delito considerado como un «aborto calificado», informó la agencia de noticias AFP.

«Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca», dijo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.

«Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso», advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.

La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que «se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo» en Guatemala.

Igualmente «prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer».

«Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio», añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.

Hernández añadió que la ley provocará el «estigma» y la «intolerancia» hacia las personas diversas y que «a todas luces es inconstitucional».

La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.

«No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios», afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202203/585767-guatemala-prohibe-matrimonio-igualitario-penas-aborto.html

Comparte este contenido:

Los derechos LGBTI+ en América Latina

Por: Bábraba Ester Moraña y Nery Chaves García

 

Varios países de la región han avanzado considerablemente en marcos legales y derechos para la comunidad sexo-género diversa. Aún así queda mucho por avanzar en esta materia.

 

Resumen ejecutivo

  • Los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina “movimiento LGBTI+”, en América Latina han buscado lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad, inicialmente desde los años 60, pero con mayor énfasis a partir de la década de los 80.
  • Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que la secuencia de reconocimientos fue inversa a la europea: en América Latina varios de los derechos LGBTI+ se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como los derechos reproductivos.
  • Fue principalmente desde el inicio del nuevo milenio que América Latina, particularmente Sudamérica y México, avanzaron –no de modo homogéneo– en el reconocimiento de la gran mayoría de los derechos existentes en sus marcos legales.
  • Destacan los Gobiernos encabezados por mujeres como Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet como los que más concentraron reconocimientos legales LGBTI+.
  • Sólo Ecuador, Bolivia y México han incorporado a sus constituciones la prohibición de la discriminación por razones de identidad y orientación sexual.
  • A pesar de que algunos países de América Latina han sido vanguardia en conquistas de derechos de las comunidades LGBTI+, la brecha que separa lo institucional de lo cultural sigue siendo enorme: al menos 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en cinco años y medio en América Latina entre 2014 y 2020.

Matrimonio igualitario

  • En Latinoamérica, los países que avalan el matrimonio igualitario son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador (2019), México y Uruguay; Chile es el único país de Sudamérica que optó por una figura legal diferenciada, la de “unión civil”, aunque recientemente el presidente Piñera anunció el impulso de un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Este año Cuba y Venezuela debatirán si se debe reconocer ese derecho.
  • Belice, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú –proyecto presentado y archivado desde 2016–, República Dominicana y Venezuela no tienen figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo.
  • Destaca el caso de Paraguay, que en el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.

Discriminación

  • Cuatro países han incorporado parcialmente derechos LGBTI+ a su Constitución: Ecuador (el segundo a nivel mundial), Bolivia, Cuba y México. Brasil (1989), Bolivia (2010), Chile (2012), Colombia (2011), Cuba (2019), Ecuador (2003), México (2011), Perú (2017) y Uruguay (2004) cuentan con una amplia protección jurídica contra la discriminación basada en la orientación sexual.
  • Venezuela, México y Paraguay no tienen el agravante de “crímenes de odio” para catalogar los delitos de odio contra la población transgénero y homosexual.

 Adopción

  • Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay reconocen la adopción conjunta por parejas del mismo sexo, así como la adopción del hijo o hija del cónyuge. En la mayoría de los países la adopción homoparental está prohibida o limitada, constituyendo un acto de discriminación estatal.

Tortura

  • Sólo dos países, Brasil y Ecuador, tienen expresa regulación contra las mal llamadas “terapias de reconversión” (referencia a cualquier esfuerzo sostenido para modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona).

Identidad

  • Las medidas en pos de la identidad autopercibida, contra todo pronóstico, tuvieron una amplia aceptación en la región, si bien las primeras fueron las de Panamá (2006), Uruguay (2009) y Brasil (2009). En 2012 Argentina sancionó una ley de identidad de género que marcaría la vanguardia de reconocimiento ciudadano a la comunidad trans. Posteriormente le seguirían Colombia (2015), Bolivia (2016), Ecuador (2016), Perú (en tratamiento y sin resolución desde 2016) y Chile (2018).

Pendientes

  • América Central y el Caribe es la zona con mayor criminalización de la diversidad sexual de la región. Las penalidades, con diversos grados y modalidades, van desde los 5 a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas.

Los derechos LGTBI+ en América Latina

Los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina “movimiento LGBTI+” (lesbianas, gays, bisexuales, travestis/transexuales y otres como queers, no binarixs e intersexuales)[i] en América Latina han buscado lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad. Estos reclamos están hoy focalizados en la adquisición de derechos de ciudadanía, especialmente el matrimonio, la adopción y garantías contra la violencia y la discriminación en todas sus manifestaciones.

Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que la secuencia de reconocimientos fue inversa a la europea. En el viejo continente primero fueron conquistados plenamente los derechos de las mujeres y décadas después se debatieron el matrimonio gay y los derechos de personas travestis y trans. En América Latina esto no fue necesariamente así; varios de los derechos LGBTI+ se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como el de la legalización del aborto.

Aún así, tal vez la mayor contradicción latinoamericana continúe siendo la brecha que separa lo institucional de lo cultural. Según el informe “El prejuicio no conoce fronteras”, publicado por Sin Violencias LGBTI+, 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2020.

Los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina han tenido inicialmente dos grandes fases de visibilización. La primera en los años 60, coincidiendo con la organización de los pueblos originarios, de personas negras y de mujeres. La segunda, a mediados de la década de los 80, signada por la aparición del VIH-Sida, en principio denominada “peste rosa”. El virus adquirió el grado de pandemia y visibilizó a las comunidades sexualmente diversas que buscaban una respuesta estatal a la problemática, saltando las fronteras de lo privado para realizar su reclamo en la arena pública.

A partir de la década de los 90 la pluralidad y la diversidad comenzaron a tener un fuerte tono identitario. En esta época se impuso la designación de “lesbiana” y “gay” –abandonando la categoría “homosexual” surgida como categoría de la taxonomía médico-legal desde posturas esencialistas– y, posteriormente, también se incorporan las identidades travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales. Surgieron, además, poderosas y articuladas asociaciones nacionales e internacionales como la ILGA (Internacional Lesbian and Gay Asociation) a nivel mundial, y la ILGALAC, en Latinoamérica. Por otro lado, aparecen nuevos espacios de articulación entre los que se encuentran las Marchas del Orgullo, que persiguen especialmente una política de visibilidad y medidas afirmativas con acento en los derechos reconocidos por el Estado y en las posibilidades de igualación normativa. Sin embargo –en algunos casos– organizaciones sociales y ONG en pos de la diversidad se han visto cooptadas por agendas del sector privado-empresarial que buscan ampliar sus mercados e impulsar una percepción de progresismo en relación a los derechos de carácter simbólico y/o de reconocimiento político.

El mismo amor, ¿los mismos  derechos?

Sería recién con el nuevo milenio que la articulación entre el Estado y las agrupaciones de las comunidades LGBTI+ comenzó un proceso de ampliación de derechos ciudadanos condensado en hitos y réplicas que marcarían una nueva política en cuanto a la diversidad.

El primero de ellos fue en 2002, cuando Argentina reconoce el primer derecho LGTBI+ en América Latina con la posibilidad del derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El 15 de julio de 2010, se inauguró un nuevo escenario con la aprobación de la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de heredar de la pareja en América Latina: también fue en Argentina. Unos meses antes, producto de un vacío legal, se celebró el primer matrimonio entre varones del mismo sexo, el 28 de diciembre de 2009 en Tierra del Fuego, inaugurando así un nuevo cambio de paradigma en cuanto a la visión de libertad, diversidad e igualdad desde el sur profundo.[ii] Esto tendría una notaria repercusión legal en Uruguay (2013), Brasil (2013) y Colombia (2016), que siguieron dicha senda. Cabe destacar el rol en materia de legislación de Uruguay, fue el primer país en aprobar la Unión Civil (2008) para luego ampliar su legislación y borrar las nomenclaturas diferenciales. En cambio, optarían por el término “unión civil” países como Ecuador (2015), Chile (2015) y Bolivia (2020). Este último país, ya bajo el Gobierno de Luis Arce, en diciembre de 2020 avaló el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario se debatirá este año en Cuba y Venezuela.

Perú tal vez sea, junto a Paraguay, uno de los países más refractarios con respecto a la unión de parejas del mismo sexo. Desde 1993 ha rechazado todas las propuestas legislativas de unión civil (2003, 2010, 2012, 2013, 2015 y 2016). En febrero de 2017, las congresistas Indira Huilca Flores y Marisa Glave, presentaron un proyecto de ley más ambicioso que busca reconocer el matrimonio igualitario. La iniciativa legislativa propone la modificación del artículo 234 del Código Civil para definir la noción de matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ella”. Ninguna de las propuestas ha sido hasta el momento aprobada por el Congreso. En el caso de Paraguay, el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.

  • Países que avalan el matrimonio igualitario: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México (régimen estadual) y Uruguay.
  • Países que no tienen figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo: Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú –proyecto presentado y archivado desde 2016–, República Dominicana  y Venezuela.

¿Ampliación de derechos o “marketing rosa”?

La presión “modernizante” en el aspecto legislativo tuvo también su impacto en estrategias políticas y empresariales, asumiendo a esta población y a sus defensores como un mercado de consumidores y de potenciales votantes. Asimismo, desde sus propias luchas, las comunidades LGBTI+ hicieron suyo el concepto pink-washing [iii] (lavado rosa) para caracterizar estrategias políticas y de marketing, tanto de gobiernos como de empresas privadas, que buscan “lavarse la cara” y  dar una imagen de integración y progresismo para, de este modo, cubrir las críticas que reciben por otro tipo de acciones de corte conservador, nocivas con el medioambiente, represivas, etc.

Los casos de Ecuador y Chile son casos paradigmáticos de cómo la derecha ha intentado “lavarse la cara” y hacer un uso oportunista de las demandas de las disidencias sexuales en países que ejercen una violencia extrema. El 12 de junio de 2019, cuatro meses antes del estallido social y en una votación dividida de la Corte Constitucional, Ecuador dijo sí al matrimonio civil igualitario bajo el Gobierno de Lenín Moreno. Éste aprovechó la ocasión para manifestar que el fallo no necesariamente coincidía con sus valores personales, pero que apoyaba las decisiones de la Justicia –la misma que sirvió para judicializar a sus adversarios políticos–.

Recientemente, el conservador Sebastián Piñera, impulsó el matrimonio igualitario otorgándole “carácter de urgencia” a un proyecto de ley que lleva discutiéndose desde 2017 en el Parlamento. El mensaje llegó luego de una derrota de la derecha en las elecciones para la Asamblea Constituyente y números rojos en las encuestas de imagen y evaluación de gestión. Tanto Moreno como Piñera han sido acusados ante la CIDH por perpetrar crímenes de lesa humanidad contra su propia población civil. Algo similar ocurre con Luis Abinader en República Dominicana, quien al menos en campaña avalaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya como presidente en ejercicio busca construir un muro con su vecino Haití.[iv]

Otros derechos

En muchos casos el lobby de distintas ONG se concentró en el matrimonio, pero para muchas  disidencias que viven continuamente la violencia política, policial y la precariedad laboral, esto no tiene ningún impacto real. Sin embargo, el nuevo milenio también trae aparejados otros derechos de inclusión e igualdad desde 2002, también otorgados bajo Gobiernos de distinta orientación ideológica:

  • Ecuador en 1998 se convirtió en el primer país americano (y el tercero en el mundo) en incluir la orientación sexual como una de las categorías protegidas contra la discriminación en la Constitución. La Nueva Constitución de 2008 incluyó tanto orientación sexual como identidad de género dentro de las categorías protegidas.
  • En Uruguay en 2004 se reconoció la libertad de expresión de las personas LGBTI+ y en 2009 reconoció el cambio de identidad y la adopción.
  • En Chile la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, presentada en la Cámara de Diputados por el Gobierno de Ricardo Lagos (2005), incluye entre sus categorías protegidas a la orientación sexual y la identidad de género, agregando una nueva agravante de responsabilidad criminal contra crímenes de odio. En 2019 Chile promulgó la Ley de Identidad de Género (anteriormente a esta última ley, el cambio de nombre y sexo legal era posible cuando los mismos no coincidan con la identidad de género autopercibida de la persona, mediante un proceso judicial). La redacción de la próxima Constitución y las próximas elecciones presidenciales en las que la izquierda tiene altas probabilidades de éxito abren un importante abanico de oportunidades de ampliación de los derechos LGTBI+ en el país.
  • Con Lula Da Silva como presidente, Brasil aprobó en 2006 el derecho al trabajo de las personas LGTBI+, en 2009 el cambio de identidad y en 2010 reconoció la adopción. Ya con Dilma Rousseff se aprobaron cinco derechos más: unión estable, pensión a la pareja, heredar a la pareja una vez que ésta fallece, salud y un paquete de derechos de seguridad social que englobaba: enfermedades, discapacidad, maternidad, desempleo, pensiones y muerte.
  • Panamá en 2006 reconoció el derecho al cambio de identidad y en 2008 el derecho a la vida (despenalización de la homosexualidad).
  • Mientras agudizaba el conflicto armado interno en pleno siglo XXI, la Colombia de Uribe reconoció el derecho a la salud de las personas LGBTI+ y el derecho a heredar a la pareja una vez que ésta fallece en 2007; un año después se reconoció el derecho a la pensión.
  • Cuba en el 2007 aprobó, en el rubro de seguridad social, el derecho a la salud, concretamente: la cirugía de reasignación de sexo.
  • En Bolivia la Constitución de 2009 prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género. En 2016 Bolivia sancionó la Ley de Identidad de Género (Ley 807/2016).
  • Durante 2012 Argentina reconoció cuatro derechos: cambio de identidad –siendo el primer Estado no solo de la región sino en todo el mundo en reconocerlo sin patologizar la elección–, ejercicio del voto para las personas trans, seguridad social (salud y educación), un año después el derecho a la familia (reproducción asistida) y en 2015 reconoció dos nuevos derechos: intimidad (derecho a la vida privada) y a la pensión. Actualmente sigue siendo vanguardia con la reciente aprobación de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. El proyecto se complementa con el DNU 721/20 que firmó el presidente Alberto Fernández en septiembre del 2020 y que estableció el cupo laboral trans/travesti en el sector público.
  • En Perú, el Tribunal Constitucional determinó que la transexualidad no debe ser considerada una patología y reconoció el derecho a la identidad de género. Además, establece que las demandas de cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad deben tramitarse ante la Justicia, mediante proceso sumarísimo. La sentencia, aprobada por cuatro votos fueron a favor y tres en contra, deja sin efecto la doctrina jurisprudencial de la sentencia anterior de 2013, que señalaba que el sexo se define únicamente a nivel cromosómico y era, por lo tanto, inmutable e inmodificable. Desde enero de 2017, está en vigencia el Decreto Legislativo 1.323, que incluye como categorías protegidas contra la discriminación la orientación sexual y la identidad de género, además de incorporarlas como agravantes en delitos contra personas LGBTI+. La victoria de Pedro Castillo y su promesa de un referéndum constitucional abre, como en Chile, un horizonte de mejoras legales para ese colectivo.
  • Para 2018 un hito en la región latinoamericana se daría a lugar: la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiría una opinión consultiva, solicitada por Costa Rica en 2016, sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (OC-24/17). Así la opinión consultiva sería referencia para el resto de países latinoamericanos y no exclusivamente en Costa Rica. De lo contrario, el Estado que no cumpla con la protección de las personas LGBTI+ (en lo que refiere a los derechos al nombre y al matrimonio igualitario) entraría en contradicción con el sistema interamericano.

Caribe y Centroamérica

Actualmente, nueve países de la región penalizan prácticas por fuera de la heteronorma, destacando América Central y el Caribe como el foco más intensamente represivo en materia legal. Las penalidades, con diversos grados y modalidades, van desde los 5 a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbardos, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas. En Guyana y Barbados pueden acarrear la privación de libertad de por vida (cadena perpetua). En República Dominicana han sido denunciadas restricciones a la libertad de expresión y se prohíbe por ley la adopción por parte de personas del mismo sexo. Las excepciones más notables son los mencionados casos de Costa Rica y Cuba.

Avances

  • En 2006, Panamá fue el primer país en reconocer la identidad de género autopercibida.
  • En Nicaragua, hasta la derogación de la ley que penalizaba la sodomía, recién en el año 2008, se castigaba hasta con 3 años de cárcel cualquier práctica homoerótica aun cuando aconteciera en la privacidad del propio hogar.
  • El Salvador en 2010 aprobó su primer derecho LGTBI+: a la no discriminación laboral.
  • Nicaragua (2008), Honduras (2013) y El Salvador (2015) catalogan como “delitos de odio” a la violencia motivada por la orientación sexual de la víctima.

Retrocesos

  • Por otra parte, el Congreso hondureño ratificó en 2005 una reforma constitucional que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo e impide la adopción de menores a parejas homosexuales. La misma reforma fue replicada en El Salvador.
  • En la misma región destaca Haití que, desde su independencia en 1804, no introdujo ninguna ley que criminalizara la homosexualidad, y desde entonces no se ha agregado ninguna ley de este tipo en el Código Penal. Sin embargo, y bajo el actual Gobierno, el Senado votó un proyecto de ley para prohibir “cualquier manifestación pública de apoyo a la homosexualidad y el proselitismo a favor de tales actos”. El destino de este proyecto de ley sigue siendo desconocido.

La diversidad también tiene rostro de mujer

Estudios como “Las reformas orientadas a los derechos LGBT en América Latina: una ciudadanía universal pendiente” de Ericka López Sánchez, encuentran que una de las variables clave para el logro del reconocimiento de derechos ha sido la capacidad de influencia de los colectivos y organizaciones sociales. En este sentido, destacan Argentina y México por contar con los movimientos LGTBI+ más antiguos de la región, por lo que no es ninguna coincidencia que hayan sido de los dos primeros países en aprobar el matrimonio igualitario. Los aliados estatales también parecen haber sido fundamentales a la hora de ejercer presión en el diseño de políticas más inclusivas, y el análisis de las experiencias de Argentina y México muestra que estos aliados fueron, en su mayoría, mujeres, principalmente agrupadas en organizaciones feministas.

Otra variable importante que explica algunos importantes avances en materia de reconocimiento de derechos LGTBI+ es la introducción de la perspectiva de género de acuerdo al sexo de las personas gobernantes. En este último aspecto, si bien la proporción entre presidentas y presidentes es escandalosamente desequilibrada, se logra encontrar un patrón claro:

  • En Argentina, durante el mandato de Cristina Fernández se reconocieron 9 de los 10 derechos LGBTI+.
  • Brasil, bajo la gestión de Dilma Rousseff, se aprobaron 7 de los 11 derechos que tiene este país.
  • Finalmente Chile, con Michell Bachelet, reconoció 2 de los 3 derechos reconocidos.

A modo de cierre

Latinoamérica en el nuevo milenio protagonizó una ampliación sin precedentes de los derechos sexuales e identitarios en un periodo relativamente breve. Desde la promulgación de la ley sobre identidad de género más avanzada del mundo (en Argentina) hasta la consagración de disposiciones constitucionales que protegen a los ciudadanos de la discriminación basada en su orientación sexual (en Ecuador, México y Bolivia), diversos países en la región han elaborado marcos legales y han ampliado derechos a minorías sexuales y de género. Aún así, con respecto a los derechos de gays, lesbianas, travestis, trans y otres, América Latina difícilmente podría considerarse homogénea, ya que el Caribe y Centroamérica han tenido rachas conservadoras y pocos avances. Como todo avance, permanece en disputa.

[i]  A lo largo del artículo utilizaremos este sistema de siglas buscando una mayor inclusión, aún sabiendo que no expresa cabalmente la diversidad y totalidad de los colectivos de disidencias sexuales.

[ii]  Varios estudios señalan cómo la especificidad del caso argentino en cuanto a que el matrimonio entre parejas del mismo sexo se haya condensado en torno a la demanda de “igualdad”, constituye un factor fundamental para su éxito. Ver: http://onteaiken.com.ar/ver/boletin24/onteaiken24-04.pdf

[iii] Tras la inclusión en Occidente del colectivo LGTBI+ desde los márgenes al interior de la política y la ciudadanía, ha surgido una corriente que trata de instrumentalizar las políticas LGTBI+ en tres vías principales. La primera se da con el objetivo de crear una imagen externa e interna de excepcionalidad y modernidad, justificando y ocultando políticas represivas, como puede ser el caso del pink-washing israelí con Palestina. El caso paradigmático es el del Estado de Israel, que ha tenido una estrategia de cooptación de los derechos LGTBI+ para mostrarle al mundo que Israel es el reino de las libertades sexuales, aún siendo un país militarizado que normaliza la ocupación, colonización y apartheid de Palestina. La segunda muestra que la nueva extrema derecha, al alcanzar un consenso mínimo hacia el colectivo, ha visto la oportunidad para usar esa retórica de progresismo social y humanitario para crear un concepto de nación contrapuesto a sociedades consideradas retrógradas, en concreto las musulmanas, para hacer prosperar sus medidas partidistas dentro del marco de la islamofobia. Habitualmente se utiliza el término de “homonacionalismo” para dar cuenta de esta estrategia. La tercera, consecuencia, es que el colectivo LGTBI+ está crecientemente integrándose en el sistema político institucional, dejando atrás una vinculación tradicional con la izquierda e incorporándose a las corrientes populistas de derecha, principalmente en Europa. Ver: https://www.jstor.org/stable/10.13169/decohori.6.2020.0121#metadata_info_tab_contents y  https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/28224

[iv] Estrategias similares se han visto en Argentina con respecto al movimiento de mujeres, por lo cual se ha reversionado el término a purpel-washing (lavado de cara violeta), algo similar ha acontecido en Ecuador con respeto a Lasso. Ver: Rovetto, F. L. (2019). “Cuando sube la marea feminista: resistencias y disputas de sentido en tiempos macristas”. La Argentina de Cambiemos, 85.

Fuente e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com/

Comparte este contenido:

Bolivia autoriza por primera vez registrar la unión civil de una pareja del mismo sexo

Este 11 de diciembre, por primera vez en la historia de Bolivia, el Registro Civil emitió una resolución que permite que se reconozca la unión civil de dos hombres, luego de que el pasado julio un tribunal anulara una resolución que rechazaba la certificación.

Es un paso histórico en un país cuya Constitución no reconoce las uniones entre parejas del mismo sexo.

Guido Montano, un empresario de 48 años, y David Aruquipa, un abogado de 45, quienes llevan once años como pareja, lograron este viernes que su unión civil sea registrada por el Servicio de Registro Cívico (Sereci).

«Eso para nosotros ha sido muy importante porque si bien marca un precedente para el reconocimiento de la unión civil, si bien es en esta primera instancia muy enfocada en nosotros dos, marca un precedente para que pueda lucharse ahora para que esto sea un derecho ampliado a toda la población», destacó Aruquipa, quien, junto a su compañero sentimental, recibió la noticia de la aprobación el jueves, justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La pelea legal de ambos dio sus primeros frutos el pasado julio cuando un fallo de la Sala Constitucional Segunda en La Paz les dio la razón, al anular una resolución administrativa del Sereci que rechazaba su solicitud para obtener la certificación oficial de unión libre.

Ambos argumentaron con éxito que la prohibición violaba los estándares internacionales de derechos humanos y constituía una discriminación bajo la ley boliviana.

En ese momento, el Sereci se negó a cumplir el fallo y envió el asunto a consulta al Tribunal Constitucional. Pero el juzgado emitió una nueva orden en la que le pidió responder a su dictamen en diez días. El plazo venció el pasado 9 de diciembre y fue así como el Sereci emitió una resolución oficial este viernes con la que autoriza la unión.

La decisión a favor de esta pareja marca un hito ya que la Constitución de la nación y el Código de Familia actualmente solo reconocen el matrimonio entre una pareja heterosexual.

Esperanzas de matrimonio igualitario en Bolivia

Con esta decisión, la comunidad LGBTI espera allanar el camino para una revisión de las leyes matrimoniales del país.

La pareja comentó que el pronunciamiento que los beneficia debería generar jurisprudencia para que otras uniones del mismo sexo sean reconocidas en Bolivia.

«Para nosotros es una felicidad, pero es una felicidad a medias porque solamente se nos reconoce a nosotros. La lucha es unir las fuerzas con toda la colectividad LGBTI para que esto sea un derecho ya consagrado para toda la población», dijo Aruquipa.

La decisión fue celebrada por la comunidad de LGTBI de Bolivia y organismos internacionales.  El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la medida como un gran paso para la igualdad ante la ley en el territorio boliviano.

“Buenas noticias: luego de un difícil pleito jurídico, Bolivia reconoce por primera vez la unión libre de una pareja del mismo sexo”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.

Aunque aún está pendiente la respuesta del Tribunal Constitucional, el Servicio de Registro Cívico pidió al Tribunal Supremo Electoral, del que depende, que indique las aplicaciones informáticas para concretarlo.

La pareja también espera el pronunciamiento del Gobierno boliviano, pues una vez que el Tribunal Constitucional responda, se darían «las pautas para que la legislación cambie y esto depende de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo», dijo el activista.

“La lucha sigue, lo que hemos logrado es marcar un hito histórico y jurisprudencia, pero hay que continuar”, concluyó Aruquipa.

Fuente: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20201212-bolivia-autoriza-por-primera-vez-registrar-la-uni%C3%B3n-civil-de-una-pareja-del-mismo-sexo

Comparte este contenido:

Guatemala: Entrevista a integrantes de la Organización Mujeres en Superación y del Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales Autónomas

Por; Marcelo Colussi

Adriana, Keyla y Ángela son tres integrantes de la agrupación OMES (Organización Mujeres en Superación) y de SITRASEXGUA (Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala). Desde estas instituciones trabajan arduamente por la dignificación de las trabajadoras sexuales de Guatemala, en combinación con instancias similares de otros países latinoamericanos. Su labor es incansable, con lo cual lograron importantes avances en la vida de muchas mujeres que ejercen este trabajo en el país, con grandes avances en lo gremial, en la toma de conciencia, en la organización.

Conversamos con ellas para tener una visión más amplia y detallada de la problemática.

___________

Pregunta: ¿Cómo está el campo del trabajo sexual en Guatemala en la actualidad?

Respuesta: Ha habido grandes cambios últimamente. Por ejemplo: el tema de las llamadas “pre-pago” lo abordamos desde una mirada abolicionista. Desde un punto de vista feminista se trata del poder decidir de la mujer. A las que habitualmente se les llama pre-pago son mujeres que tienen otras actividades en su vida, además del trabajo sexual, y que por las connotaciones casi denigrantes que tiene el llamarse “trabajadoras sexuales” en nuestra sociedad, utilizan la expresión “pre-pago”, dando a entender que ellas son de otra categoría social. En general son mujeres que tienen más estudio que las trabajadoras sexuales comunes; pueden tener estudios universitarios por ejemplo. Algunas, incluso, son graduadas universitarias.

Hoy día muchas mujeres ofrecen trabajo sexual por internet, a veces cobrando con tarjeta de crédito. Dan a conocer sus servicios en páginas de internet así como se ofrece hoy cualquier servicio. No solo trabajo sexual propiamente dicho se puede encontrar ahí, sino baile con poca ropa, damas de compañía, etc. El tema del trabajo sexual es muy amplio, hay de todo. Por ejemplo se encuentran mujeres, trans, escorts, bisexuales. Hay para todos los gustos y requerimientos de los clientes.

Pregunta: Todo esto, ¿está manejado por mafias que utilizan a las mujeres, o es un trabajo independiente de ellas?

Respuesta: En general son compañeras independientes que se promocionan a sí mismas. Utilizan todos los medios que hoy te brinda internet; se promocionan con fotos, algún video, ponen sus números de teléfono, contactos en whatsapp. En fin, hacen todo un trabajo promocional muy bien hecho, lo mismo que se puede hacer con cualquier servicio que ofrece una empresa. Lo que el cliente pida, se le complace: tríos, orgías, activo, pasivo, etc. “Muchacha joven, hermosa, adicta al sexo, multiorgásmica, poses, puro placer”…, así son las promociones. Hoy día ya se ven menos las mafias que manejan la vida de las chicas; ellas mismas se promocionan. Incluso algunas tienen apartamento donde atender a los clientes, o lugares que consiguen, sin necesidad de depender de una red que las maneja. Hoy día hay más mujeres independientes que aquellas manejadas por un chulo, por un varón que las tiene casi esclavizadas. Antes eso era lo más común: un tipo que las tenía controladas, y no solo por trabajadora sexual, sino como mujer, así como se ve con cualquier mujer trabajadora que depende de un varón que la controla, que la sojuzga. El hombre sigue imponiéndose a la mujer, en cualquier campo. Eso está cambiando, pero aún queda mucho por hacer.

En el trabajo sexual aquí en Guatemala la mayoría de las compañeras que están en esa ocupación trabajan solas, por su cuenta, no dependen de nadie a quien le tienen que rendir cuenta. Por supuesto que sigue habiendo explotación. Por ejemplo las mujeres de lo que se conoce como La Línea, una llamada zona roja donde hay pandillas que controlan el sector. Allí, aunque ya no hay tanto hombre cobrándole y controlando a las compañeras, pues ya se independizaron en muy buena medida, están las maras que le cobran extorsión. Además, las condiciones de vida de toda la gente que habita en La Línea son francamente inhumanas, indignas. Los cuartos donde ejercen su trabajo las trabajadoras sexuales, allí en La Línea, son horribles. Pero esas condiciones de insalubridad son similares para todos los habitantes del sector. Eso es una muestra de cómo vive mucha gente en nuestro país, independientemente del trabajo que tengan.

Pero como una buena noticia podríamos decir que “chulos”, o “padrotes”, es decir, el tipo que vive de la trabajadora sexual que lo mantiene, casi no se ve ya hoy día. Eso está cambiando mucho.

Pregunta: Se puede decir, entonces, que ha habido importantes transformaciones en todo esto. ¿Podríamos decir que en este ámbito también se está dando una liberación femenina?

Respuesta: Sí, por supuesto. Ya las mujeres han abierto los ojos y se están independizando. En muchas ocasiones antes, ese hombre que las controlaba y les sacaba el dinero que cobraban, era el propio marido. O a veces otro hombre cercano: el hermano, el mismo padre, alguien de la familia. Lo que sí se ve mucho hoy día, con motivo de la explosión del uso del internet y las redes sociales, son los abusos, los engaños que se hace con mujeres, especialmente las más jovencitas. Es fácil engañar y meter en problemas a una joven a través de internet, y eso pasa mucho lamentablemente. Todo eso, porque el cuerpo de la mujer todavía está desvalorizado, aún sigue siendo visto como objeto, incluso por muchas mujeres también, que sin saberlo repiten los modelos dominantes. Pero estas ideas de valorización femenina han calado hondo con las trabajadoras sexuales, pues ahora ya se dan a respetar más. Hay más compañeras independientes que aquellas que van a un puesto de trabajo y dependen de un hombre. La muchacha que se para en la equina en minifalda está en vías de extinción. Antes lo común era una mujer parada en la vía pública, o en determinadas casas cerradas como clubes nocturnos, cantinas, etc. Hoy la oferta es distinta: además de lo que se encuentra en internet hay saunas, casa de masajes para hombres; ya ninguna, o muy pocas compañeras están supeditadas a un varón que las controla, les retiene el pasaporte si son extranjeras, las golpea, las abusa. La explotación laboral con las mujeres extranjeras era enorme. Eso, ahora está cambiando.

Pero esto no quiere decir que no siga habiendo trata de personas, fundamentalmente niñas y adolescentes. A muchas las traen engañadas desde otros países del área, de Honduras, El Salvador, Nicaragua, o las traen a la fuerza, y la explotación laboral que sigue es tremenda. Pero las trabajadoras sexuales cada vez están más conscientes, y una ayuda a abrirle los ojos a otra, y vamos ganando espacio entre todas.

Por eso hoy se ven, cada vez más, mujeres que trabajan por internet, porque eso es más seguro, más discreto, menos problemático. Ya no se depende de alguien que te manda, es una ocupación independiente.

Pregunta: Seguramente el trabajo gremial que hacen ustedes, con esa fuerte preocupación por lo sanitario y el control de cada mujer que labora en esto, ha ido cambiando el perfil de la trabajadora sexual. Como dijeron recién: la muchacha que se para en la equina en minifalda está en vías de extinción.

Respuesta: Sí, sin dudas. Nosotras, las mujeres, todas, también las trabajadoras sexuales, estamos haciendo un cambio en los modelos sociales, culturales. El feminismo también nos ha llegado, la teoría de género y una nueva conciencia nos llegaron, y a partir de eso hemos hecho grandes cambios. Por eso ahora es distinto el perfil de la trabajadora sexual típica. Eso ya casi no existe. Era común identificarla tradicionalmente con una mujer proveniente de un hogar desintegrado, golpeada, abusada, falta de proyecto en la vida. Todo eso ha ido cambiando. Hoy, hablar de trabajo sexual, es hablar de un foro permanente, en discusión, en debate. Ya no es lo denigrante que era en un tiempo. Hoy día lo enfocamos desde distintas miradas, donde cuenta lo gremial, lo laboral, lo familiar. No tiene por qué tener el peso de un estigma, hay que terminar de discriminar a la mujer que ejerce ese trabajo, que en definitiva es una ocupación más. Por eso mismo hay que tratar a la mujer que se dedica al trabajo sexual como a cualquier otro ser humano, sin distinción. Es una trabajadora, y punto. Entre nosotras ya jamás nos tratamos de “prostituta”, ni siquiera de “trabajadora sexual”. Simplemente: “compañera”.

En este último tiempo nos hemos movido mucho como movimiento sindical. Trabajamos desde la organización OMES: Organización Mujeres en Superación, que es una ONG, y desde el sindicato: SITRASEXGUA, Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala, que existe formalmente desde junio del 2016. Pensamos que si queríamos reivindicarnos como trabajadoras, tenemos que formar un sindicato; y así lo hicimos. Somos el segundo sindicato de trabajadoras sexuales de Latinoamérica, después de Colombia.

Pregunta: En otros países ¿también hay organización sindical de trabajadoras sexuales?

Respuesta: Hasta donde sabemos, hay en Nicaragua, y hay otro en Uruguay. Pero ahí lo organizó el gobierno, a partir del presidente Pepe Mujica. En Colombia y en Guatemala lo hicimos nosotras mismas, las mujeres trabajadoras. Por otro lado, según un estudio reciente al que tuvimos acceso, en Europa y en Estados Unidos no hay sindicatos de este tipo. Aquí lo importante es que surgió de la necesidad y organización desde las propias mujeres trabajadoras. Nosotras impulsamos varias reivindicaciones y apoyamos la despenalización, por ejemplo, del aborto, del matrimonio homosexual, de la marihuana. Todo eso es muy importante. Hay que regularizar muchas cosas en Guatemala, que de hecho se hacen, pero al ser ilegales, se hacen en malas condiciones, con consecuencias no deseables. Pedimos regularizar el trabajo sexual, y no solo desde el aspecto de la salud, sino desde el Ministerio de Trabajo como una cuestión laboral. Como cualquier trabajador o trabajadora, pedimos condiciones dignas para ejercer nuestra ocupación. Por ejemplo, a partir del seguimiento epidemiológico que hacemos con compañeras que se dedican al trabajo sexual, el índice de prevalencia del VIH-SIDA a nivel nacional en compañeras es menor al de las mujeres amas de casa. Tenemos un valor inferior al 1%. Eso es un logro de nuestro trabajo sindical.

En definitiva: hay que terminar de quitarle el estigma a esto que hacemos nosotras, el trabajo sexual. Somos trabajadoras, y como tales, merecemos condiciones dignas para trabajar.

Fuente: https://www.aporrea.org/internacionales/n346148.html

Comparte este contenido:

Estudio: Salud mental y discriminación a lesbianas, gais y bisexuales

Redacción: 20 Minutos/13-02-2019

Susana Sáez Fernández nos presenta el tema de su TFM y nos invita a participar en su investigación

En la actualidad, podemos ver grandes avances respecto a la aceptación de la diversidad sexual. Uno de los grandes hitos ha sido la aprobación del Matrimonio Igualitario en el año 2005, y para muchas personas, esto es haber conseguido por fin la igualdad. Pero, ¿es la ley una garantía de que se está dando una igualdad real en la cotidianidad?

Hoy día, muchas personas que se identifican como lesbianas, gays y bisexuales (LGB) pueden salir a la calle en España y visibilizar su orientación sexual, mientras antes ésta permanecía plenamente oculta para los/las demás (o incluso para ellos/as mismos/as). Se visibiliza para reivindicar o simplemente porque están ejerciendo su libertad y su derecho a expresarse tal y como son. Sin embargo, al mismo tiempo que hay personas que lo hacen y/o pueden hacerlo, hay muchas otras que no.

Y más allá de estos dos polos en blanco y negro, también existen personas gays, lesbianas y bisexuales que en algunos momentos y contextos hacen visible su orientación sexual, mientras que en otras situaciones no lo hacen. En algunos casos esto podrá ser un hecho casual, pero en muchos otros, es debido a la estigmatización de las personas lesbianas, gays y bisexuales todavía existente. La orientación sexual LGB y el estigma sexual asociado tiene una peculiaridad: la persona puede decidir hacerlo visible u ocultarlo al resto. De este modo, el ocultamiento de la orientación sexual se convierte en una estrategia bastante frecuente para evitar la discriminación (real o imaginada), y aunque esto a corto plazo sirve para protegerse, se ha visto que a largo plazo puede tener consecuencias negativas para la salud mental.

Se ha encontrado que en entornos donde se promueve la autonomíy se respeta el “derecho a ser”, el ocultamiento de la orientación sexual se ve disminuido, a diferencia de los entornos controladores que empujan a ser de una determinada manera. En esta línea, es interesante plantearse ¿hemos logrado un contexto social que promueve la autonomía y en el que no existe discriminación y restricción hacia la orientación sexual LGB?

Es frecuente encontrar que las personas perciban mayor discriminación grupal que individual. Es decir, se percibe mayor discriminación hacia el grupo con el que se identifica o al que pertenece la persona, que a nivel personal. Por otro lado, mientras que la discriminación manifiesta se ha podido ver reducida en algunos lugares como España (aunque todavía sigue presente), existe un tipo de discriminación que es más frecuente en la sociedad actual: la discriminación sutil. Mientras la discriminación manifiesta hace referencia a un trato desigual y de rechazo que se realiza de forma directa y clara, la discriminación sutil conlleva la percepción de desconfianza, rechazo indirecto o trato diferencial hacia las personas LGB.  Se ha visto que ésta puede tener efectos más nocivos sobre la salud psicológica de las personas, ya que es más frecuente, existe ambigüedad sobre si se está siendo discriminado y es más difícil de detectar y hacerle frente.

La percepción de discriminación se ha relacionado con diversos aspectos del bienestar psicológico, encontrando que a mayor percepción de discriminación mayor es la sintomatología depresiva, entre otros. Aunque la mayoría de personas LGB presentan una buena salud psicológica, muchos autores han subrayado la importancia de tener en cuenta la discriminación a la que se enfrentan las personas LGB para comprender la mayor prevalencia de problemas de salud mental (como la ansiedad y la depresión) con respecto a la población heterosexual. Particularmente, algunos autores han señalado que hay mayor discriminación hacia las personas bisexuales, mayor invisibilización y menor apoyo afirmativo y que esto repercute más negativamente sobre la salud mental.

En una realidad, en la que conviven los avances y progresos y al mismo tiempo distintos tipos de discriminación, es importante conocer cómo y cuánto perciben la discriminación las personas que se identifican como lesbianas, gays y bisexuales, ver si esto tiene influencia en la aparición y presencia de la sintomatología depresiva y conocer si existen diferencias en la percepción de discriminación y en la sintomatología depresiva en función del género y la orientación sexual.

Esto es algo poco estudiado en España y por ello os animo a que si queréis, realicéis una encuesta totalmente anónima para una investigación que estoy realizando para un Trabajo de Fin de Máster (TFM), en Psicología General Sanitaria, sobre la percepción de discriminación (grupal y personal, manifiesta y sutil) en personas lesbianas, gays y bisexuales y sintomatología depresiva en España.

Fuente: https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2019/01/11/salud-mental-y-discriminacion-a-lesbianas-gais-y-bisexuales/

Comparte este contenido:

La religión en la política

Por: Manuel Alcántara Sáez.

El terreno que van perdiendo en América Latina los católicos los ocupan los protestantes

Si bien América Latina continúa siendo mayoritariamente católica, el incremento del laicismo y la presencia del protestantismo en el último cuarto de siglo han empezado a tener un impacto político. Al hecho de que Guatemala tenga al único presidente evangélico de la región, Jimmy Morales, algo que ya había sucedido antes, se añade que en los últimos meses la política en Costa Rica, el país con la trayectoria democrática continuada más longeva, se ha visto alterada por el triunfo de un candidato evangelista en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En Brasil Jair Bolsonaro también tiene posibilidades de ganar en las presidenciales de octubre, y en Colombia en las recientes elecciones legislativas ha habido dos listas claramente identificadas con grupos cristianos evangélicos: el Movimiento Mira y Justa Libres.

De acuerdo con el barómetro sobre América de la Universidad de Vanderbilt (2016-17) hay solo cinco países latinoamericanos cuya población se considera católica en un porcentaje superior al 70% —Paraguay (83,6%), Ecuador (74,3%), Colombia (73,7%), México (72,3%) y Perú (71,5%)—, mientras que en ocho países el total de católicos es inferior al 55% de su población: República Dominicana (54,9%), Chile (54,7%), Honduras (54,4%), El Salvador (48,9%), Brasil (51,5%), Guatemala (51,4%), Nicaragua (49%) y Uruguay (43,4%). Salvo en este último país en el que una parte muy importante de la ciudadanía se declara atea o agnóstica, en los restantes casos el terreno perdido por los católicos lo ocupan los protestantes. En Guatemala, Honduras y Nicaragua se estima que más del 40% de sus poblaciones lo son, acercándose a ese porcentaje El Salvador. En términos generales, cerca del 20% de la población de América Latina es protestante.

Resulta interesante comparar la actitud y el comportamiento religioso de las sociedades con el de sus políticos. En este sentido, una encuesta realizada en los congresos de América Latina por investigadores de la Universidad de Salamanca entre 2014 y 2017 señala que los legisladores se consideran en promedio más católicos que la media de sus sociedades. Solo en dos países sus diputados entrevistados confiesan ser católicos por debajo del 75% —Honduras (63,3%) y Guatemala (40,3%)—. En Argentina y en Paraguay aseguran serlo el 97,9% y el 95,9% de sus diputados respectivamente.

La práctica creyente advierte una vez más de la heterogeneidad de la región

Por otra parte, la práctica creyente, medida por la declaración de asistencia a los servicios religiosos, advierte una vez más de la heterogeneidad de la región. Tres países superan la mitad de los entrevistados diciendo que no van “nunca o casi nunca” Argentina (51,4%), Chile (53,7%) y Uruguay (70,1%)—; mientras que en Brasil (46,8%), Honduras (54,7%), El Salvador (57,4%) y Guatemala (61,4%) son los que tienen los valores mayores de entre los que dicen ir “más de una vez por semana” o “una vez por semana”. Ello contrasta con la mayor asistencia a estos servicios de los diputados, donde solo en Uruguay la cifra coincide al no asistir “nunca o casi nunca” un 70%, mientras que supera el 45% entre los que asisten cotidianamente en Guatemala (45%), México (45%), Colombia (46%), Ecuador (46,7%), Costa Rica (52,1%), Honduras (59,3%), El Salvador (60,4%), Nicaragua (61,9%) y Panamá (63,8).

El género de los diputados no discrimina estadísticamente, ni la religión, ni la frecuencia con que asisten a los servicios. Pero la edad sí que comporta una leve diferencia: el 84% de los diputados de más de 60 años se dicen católicos frente al 80% con edades comprendidas entre 40 y 59 años y el 75% de quienes tienen menos de 40 años. Algo que se repite en relación con la asistencia a servicios religiosos ya que acuden más los mayores. Finalmente, la ideología tampoco afecta al credo religioso, aunque sí a la frecuencia en la asistencia a los servicios: el 54,7% de los diputados de la derecha asisten más de una vez por semana o una vez por semana, mientras que solo lo hacen el 41,3% de los centristas y el 33,7% de los de izquierda.

La novedad actual no es solo el avance de los evangélicos sino su capacidad de incorporar en la agenda aspectos que han llamado la atención de la derecha católica logrando propugnar una alianza opositora al matrimonio igualitario, al aborto y a lo que denominan “ideología de género”, que tienen un denominador común en la proclama que se ha hecho viral: “con mis hijos no te metas”. Un discurso que, en Costa Rica, lanzó al diputado de un partido marginal, Fabricio Alvarado, a posicionarse como el vencedor en la primera vuelta presidencial y lograr un apoyo del 40% en la segunda.

Fuente del artículo: https://elpais.com/elpais/2018/04/03/opinion/1522768168_990629.html

Comparte este contenido:
Page 1 of 3
1 2 3