El mundo actual se encuentra convulsionado: marcado por la virtualidad y la vorágine de las redes sociales donde transitamos y somos des – humanizados; encerrados en mensajes de WhatsApp y videos de Tik – Tok; creyendo que allí encontramos nuestra libertad y felicidad. El capitalismo digital y financiarizado, encontró la forma de empujarnos al territorio virtual donde nuestro tiempo está puesto en función de un puñado de millonarios que maximizan sus ganancias con nuestro trabajo. Las infancias y juventudes son protagonistas de uno de los debates más importantes de la agenda política y educativa actual: la ludopatía infantil. En Argentina proyectos legislativos y medidas punitivistas intentan frenar una tendencia que alarma, pero qué, sin embargo, tiene un trasfondo profundamente sistémico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en la 10ª Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) el juego patológico (o ludopatía) como “aquel trastorno que consiste en la presencia de frecuentes y reiterados episodios de juegos de apuestas, que dominan la vida del enfermo en perjuicio de los valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares de este” (OMS, 1992).
El incremento del consumo de juegos online y las apuestas deportivas se atribuye a múltiples factores como por ejemplo la liberalización del sector por parte de los gobiernos nacionales, el cambio de percepción social sobre el juego, la publicidad intensiva y el patrocinio de eventos deportivos, entre otros. Además de la masificación del uso de internet, de los dispositivos móviles y de las redes sociales.
Un sondeo de la consultora Opina Argentina -realizado entre el 17 y el 20 de mayo de 2024 en más de mil casos- reveló que el 16% de la juventud encuestada reconoce que realiza apuestas online, número que crece a 24% si se incluye a personas adultas. También concluyó que los más propensos son los varones, y que muchas/os de las/os encuestadas/os (un 24%) creen que el grupo más afectado por la ludopatía son la población adolescente de 12 a 16 años (48%) y el segmento de mayor nivel educativo es el más consciente de los riesgos de los juegos de azar.
Según las estadísticas del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el 30 por ciento de la población de nuestro país mantiene algún tipo de vinculación con el juego. Dentro de ese universo, el 95 por ciento corresponde a personas que juegan recreativamente, mientras que el 3.5 por ciento son jugadores problemáticos y el 1.5 por ciento corresponde a compulsivos.
Los principales jugadores en el tablero argentino: ¿Quiénes están detrás del juego virtual?
El gigante sueco Betson, para desembarcar en Argentina y obtener licencias en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires debió asociarse con el histórico binguero Daniel Mautone, presidente de Casino Victoria S.A., ubicado en Entre Ríos, Argentina. Mautone es socio del expresidente xeneize Daniel Angelici y según datos de la revista Perfil ambos comparten la propiedad de tres bingos y ambos fueron autoridades de la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos. Mautone fue noticia en el 2024 debido a que su compañía Casino Victoria auspiciaba programas de viajes vinculados a Jesica Cirio y Martín Insaurralde, ex jefe de gabinete bonaerense, imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Entre otras marcas destacadas en el sector está Bet365. Denise Coates es la fundadora y dueña de ésta página de apuestas online más grande del mundo. Su página tiene más de 35 millones de usuarios en todo el mundo y promedia alrededor de 215 millones de vistas mensuales. Su popularidad la convirtió en la mujer más rica de Inglaterra. Según el medio Ámbito Financiero sus ganancias brutas superan por 26 veces lo que se destina a nivel mundial para combatir la adicción al juego y la revista Forbes calcula que su fortuna asciende a los 9.000 millones de dólares.
En su columna «Falla de Mercado» en el medio Cenital el periodista Jairo Straccia señaló a Bet Warrior como otra de las empresas más conocidas. Ésta es sponsor de la selección de fútbol argentina y propiedad de Federico de Achával, dueño del hipódromo más importante de Argentina, asociado con la multinacional danesa Shape y la griega Intralot. El periodista también hizo referencia a Bplay, empresa que opera en diferentes países de América Latina y es el patrocinador principal de la liga profesional de fútbol argentino. Estas empresas compiten también con gigantes como Codere, una multinacional española sponsor de la camiseta del club argentino de fútbol River Plate.
De Diagnósticos y “recetas”
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba) de Argentina se unieron a los sitios de apuestas más importantes del país para hacer un llamado a la prevención y señalar que, en sus sitios, sólo juegan las personas mayores. Con ese fin también denunciaron a 254 sitios ilegales que permiten la participación a menores de edad en las apuestas. Así también, a partir de la pandemia de Covid-19, muchas provincias avanzaron en la reglamentación del juego online acordando que actualmente todos los sitios oficiales deben llevar el dominio bet.ar. Sin embargo, según datos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas se estima que el 80% de los sitios online son ilegales.
Si bien en Argentina las apuestas son legales a partir de los 18 años, las y los adolescentes falsifican sus datos y crean perfiles falsos. Por otro lado, un factor que habilita la ludopatía infantil son las billeteras virtuales que les permiten obtener dinero para apostar. Por ejemplo el Banco de la Nación Argentina lo hace a partir de los 11 años y Mercado Pago a partir de los 13.
Uno de los principales factores que contribuye a la ludopatía en las y los jóvenes es la accesibilidad a través de dispositivos móviles y la publicidad agresiva. El acceso a teléfonos y billeteras virtuales desde muy temprana edad permite manejar dinero e incluso pedir préstamos; en un escenario de exceso de publicidades en redes sociales, medios de comunicación, eventos deportivos, camisetas de jugadores de fútbol y en propagandas de famosos o influencers. Aunque existen escasas estadísticas oficiales al respecto, se estima que entre el 1 y el 3 por ciento de la población mundial es adicta al juego.
Se han difundido casos que demuestran las consecuencias que tiene la ludopatía en el ámbito educativo. Muchas y muchos docentes comenzaron a advertir que algunos niños/as se comportaban nerviosos en la escuela, un aumento de los conflictos entre pares y hasta el aislamiento de niñas/os y jóvenes en la interacción con sus compañerxs en el aula. La combinación entre la adicción que generan los dispositivos móviles y la que generan los juegos de apuesta son un combo explosivo para infancias y adolescencias que en un mundo hiperconectado empiezan a estar cada vez más solas y solos, incluso, en el entorno escolar.
En Argentina no hay una ley nacional sobre los juegos de azar, por lo que su regulación está bajo la órbita de cada provincia. Durante el 2024 se han presentado varios proyectos tendientes a regular esta problemática.En líneas generales, todas las iniciativas plantean la implementación urgente de una fuerte regulación sobre la publicidad de las casas de apuestas. Por ejemplo, la no promoción de apuestas entre las 8:00 y las 23:00, la prohibición de carteles en empresas de juego o loterías y en plataformas que no posean instrumentos para evitar que la publicidad sea dirigida a menores de edad, y la no participación de figuras públicas en los avisos publicitarios. Así también, se plantea como propuesta implementar un “adicional extraordinario (del 25%) al Impuesto a las Ganancias aplicable a los servicios de juegos de azar, apuestas, quiniela, lotería y similares”.
A la par del intento de regulación, poco se habla de los verdaderos ganadores del gran casino virtual del capitalismo. En el territorio virtual, infancias y jóvenes están “apostando todo al rojo”, dejando su tiempo y su vida para que un puñado de multimillonarios continúen enriqueciéndose. Si no logramos frenar y oponer un modelo que ponga en el centro a la vida digna de la humanidad, pocas esperanzas le quedan a nuestras infancias y juventudes; que experimentan hoy con su salud mental la ruptura de los límites físicos y morales del capitalismo.
* Jouli es Licenciada en Educación Especial y Tarditto es Profesora de Lengua y Literatura. Zambroni es Licenciado en Ciencia Política. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
«Ya no es humano». A menudo oímos esta frase cuando la gente critica el hecho de que valores sociales como la consideración y la equidad ceden cada vez más el paso a «virtudes» contemporáneas como el afán de rendimiento y la eficiencia. Solo hoy, en la era de la inteligencia artificial (IA), nos damos cuenta realmente de lo que encierran estas palabras.
«Ya no es humano». A menudo oímos esta frase cuando la gente critica el hecho de que valores sociales como la consideración y la equidad ceden cada vez más el paso a «virtudes» contemporáneas como el afán de rendimiento y la eficiencia. Solo hoy, en la era de la inteligencia artificial (IA), nos damos cuenta realmente de lo que encierran estas palabras. Las tecnologías que nos permiten deshacernos de tareas tediosas existen desde la industrialización. Tampoco el uso de la IA es una novedad en sí misma. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido cada vez más a ámbitos que antes se consideraban parte del núcleo humano. Aunque muchos debates giran en torno a cuestiones pragmáticas, como la posible pérdida de puestos de trabajo o los efectos medioambientales, hay un tema que a menudo se deja de lado: la cuestión de qué implicaciones tiene la creciente antropomorfización de la IA para la humanidad y su autoimagen como, en palabras de Kant, un ser «maduro».
Para profundizar en esta cuestión filosófica, nos gustaría examinar algunos de los derechos fundamentales que pertenecen a la dignidad humana, como la libertad individual, la igualdad de oportunidades, y, vinculado a ello, el principio de responsabilidad humana, que nos permite adoptar medidas de reprensión y garantizar la protección jurídica entre los seres humanos.
Nuestro ordenamiento jurídico se basa en la idea de la libertad individual, que define al ser humano y su relación con la sociedad. La verdadera autodeterminación requiere la protección de la propia intimidad. El hecho de que sistemas de elaboración de perfiles como Alexa hayan establecido una divulgación socialmente aceptable de datos personales ya es preocupante de por sí. Los efectos que la vigilancia puede tener en el ejercicio de las libertades democráticamente garantizadas queda demostrado, por ejemplo, por la tendencia observable a la autocensura en sociedades como China. Una interferencia potencialmente aún más fuerte con la autonomía humana es la influencia de la información basada en perfiles y conformada sobre la propia formación de opinión. Mucho más sutil que un «nudging» convencional, podría sesgar nuestro pensamiento sin que nos diéramos cuenta. Incluso si adoptáramos un enfoque virtual centrado únicamente en modificaciones benévolas, esto va en contra de nuestra visión liberal del humano. Un reciente estudio alemán de la Universidad de Saarland ha demostrado lo importantes que son las decisiones autónomas para experimentar la autoeficacia y el sentido de la vida.
Nuestro ordenamiento jurídico se basa en la idea de la libertad individual, que define al ser humano y su relación con la sociedad
Además de los aspectos que rodean al responsable de la toma de decisiones, también la externalización de las mismas plantea cuestiones relativas a las consecuencias de los posibles errores y a los afectados.
Para lograr la legitimidad de la sociedad, la toma de decisiones requiere razonamiento. Especialmente las que afectan a los derechos de los demás requieren un alto grado de justificación para garantizar la equidad y la no discriminación. La creciente externalización de los procesos de decisión a la IA, un medio cuya inteligencia cognitiva se basa únicamente en la adquisición de datos, alberga por tanto peligros.
En primer lugar, no es posible crear una IA completamente libre de prejuicios, ya que incluso un sistema de aprendizaje solo puede procesar sobre la base del conocimiento existente. Como Harari describió una vez en una conferencia en 2022, no existe un conocimiento neutro. El nivel educativo de cada época se constituye a partir de un complejo sistema de raíces de experiencias previas. Los grupos especialmente vulnerables pueden ver desatendidos sus derechos a la participación y a la igualdad social, lo que podría verse agravado por la falta de transparencia en los procesos de IA. En una generación más consciente que nunca de su problema de discriminación estructural y frustrada por la lentitud de su superación, la perplejidad de diseñar algoritmos justos podría suponer un especial obstáculo de legitimación. Por ello, los expertos reclaman la creación de normas robustas, que proporcionen seguridad jurídica y comprensibilidad entre todos los sectores de la población.
No obstante, desde un punto de vista más filosófico, cuestionaríamos más fundamentalmente la «externalización» de las decisiones. Aunque la gente se esfuerce por ser objetiva, no debería subestimar la importancia de su sensación subjetiva como corrector decisivo. Esto enlaza con un problema jurídico central: todo nuestro sistema se basa en la asunción de responsabilidad. La culpabilidad se deriva de la acción voluntaria, a pesar de la capacidad de empatía. Este elemento del sujeto constituye la culpabilidad de las malas acciones y la justificación de las medidas de retribución. ¿Y si la IA, cuya «compasión» se limita a una categorización automatizada de los sentimientos, toma una decisión injusta? ¿Podríamos considerar la posibilidad de dotarla de agencia moral, es decir, de «personalidad jurídica»?
¿Y si la IA, cuya ‘compasión’ se limita a una categorización automatizada de los sentimientos, toma una decisión injusta?
Que se trata de consideraciones serias lo demuestra el impulso del Parlamento Europeo para «explorar las implicaciones de todas las posibles soluciones legales (…)» en 2017. Un utilitarista podría alabar la utilidad de unos procedimientos de selección más meritocráticos. Sin embargo, no hay que ignorar lo que el mayor énfasis en el rendimiento hace a nuestros valores sociales. La minimización del contacto interpersonal aumenta el distanciamiento emocional y permite a los actores eludir deliberadamente su propia responsabilidad moral. Según la ética basada en el derecho o deontológica, podría parecer suficiente alcanzar la seguridad jurídica mediante normas predeterminadas, como la responsabilidad estricta del productor, o instrumentos como la autoría vicaria o la «agencia distribuida». En la medida en que los sujetos a regulación puedan predeterminarse, se puede estar de acuerdo con ello. Sin embargo, desde una perspectiva más naturalista, debemos procurar que, al menos en las decisiones que afectan al destino del individuo, la autoridad de control última sea siempre la humana, la emocional.
En conclusión, no se puede pasar por alto que la IA ofrece muchas oportunidades a nuestra sociedad, como el aumento de la eficiencia o la reducción de costes. No obstante, estamos convencidos de que hay áreas fundamentales de la existencia humana que deberían permanecer intactas. La pregunta antes de delegar una determinada acción podría ser: ¿sigo teniendo el control de mis decisiones? ¿Conservo mi «madurez»?
Alberto Núñez es profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de Esade y Emma Marie Stiwitz es estudiante de Grado en Derecho de Esade Law School.
Por: Andityas Soares de Moura Costa Matos1
Joyce Karine de Sá Souza2
Traducción de Francis García Collado.
Mediante este trabajo3 pretendemos presentar una nueva lectura de la desobediencia civil, con el objetivo de revelar sus potencialidades de cara a la construcción de una democracia radical anticapitalista. Tras discutir las diferencias entre poder constituyente y poder desinstituyente, afirmando que la desobediencia civil se ejerce en una relación en la cual ambos están activados, el trabajo concluye con la indicación de las características y formas de acción de la desobediencia civil entendida como manifestación del poder constituyente/desinstituyente.
PODER CONSTITUYENTE/DESINSTITUYENTE
Se puede entender el poder desinstituyente como fuga o éxodo de las formas institucionales por las cuales se expresa el poder político-económico contemporáneo, traducido en instituciones como el Estado, los bancos y los mercados globales. Si bien todo acto constituyente implica necesariamente dinámicas desinstituyentes, la naturaleza radical de la crítica que pretendemos imprimir a la totalidad del sistema político-jurídico actual exige que la desinstitución sea pensada de manera independiente, teniendo en cuenta que no se trata de un simple momento lógico necesario para futuras constituciones.
El deseo de libertad se traduce, ya no en la dialéctica entre poder constituyente y poder constituido, sino en la relación horizontal entre poder desinstituyente y poder constituyente permanente. Si bien el proceso histórico de afirmación del derecho occidental se fundó en la violencia apropiadora y jerarquizante, algo que es incontestable, no existe motivo alguno para afirmar que siempre será así y que toda productividad lleva consigo el signo de ese arjé. Afirmar esta tesis, la de la indisolubilidad entre violencia, producción y constitución, significa confundir historia y ontología, bloqueando así las posibilidades concretas de transformación social. No todo lo que fue tiene que continuar siendo, ya que la historia es una obra humana y no una forma que se impone en su mismidad a lo largo del curso de los hombres y sus sociedades.
Toda acción política implica una apuesta que, sin embargo, no precisa ser ciega. La constitución de nuevas estructuras político-jurídicas por el poder constituyente popular, partiendo necesariamente de la desconstitución de las antiguas formas capitalistas, indica la asunción de una nueva visión de mundo por parte de los titulares reales del poder político. El gesto mismo de la negación de lo que está ahí –los dispositivos jerárquicos y apropiadores constituidos con base en el capital– equivale a una creación por la vía inversa, en el sentido de un futuro abierto en el que nada está garantizado, salvo la imposibilidad de continuar viviendo bajo un sistema político-jurídico-económico global que, ya habiéndose mostrado claramente insano, amenaza a la propia existencia física del planeta en el que se desarrolla. En otras palabras: no podemos saber qué surgirá a partir de la potencia constituyente, que es inmensurable y relativamente indeterminada, pero sí podemos afirmar, basándonos en el poder desinstituyente, que este nuevo mundo no será en nada parecido al actual sistema excepcional del capital.
A diferencia del poder constituyente, que bajo el paradigma moderno correspondía a la idea de soberanía, traduciéndose como potencia imprevisible capaz de crear nuevas formas que no pueden ser conocidas de antemano, el poder desinstituyente se presenta como contenido negativo, es decir, posibilidad que se actualiza en la medida que niega las estructuras determinadas y concretas que integran los dispositivos institucionales existentes de hecho. En efecto, aún no sabiendo cómo será un mundo post-capitalista, pensarlo exige necesariamente que abandonemos el proyecto histórico de tomar las estructuras del Estado, centrándonos más bien en un acto de deserción en relación a los poderes que nos pretenden hacer creer que vivimos en «democracias respetables» (Jappe, 2015:121).
Como señaló Furio Jesi acertadamente en su ya legendario estudio sobre la simbología y la mitificación de la revuelta, una de las más temibles conquistas del capitalismo fue el haber hecho de sus estructuras verdaderos patrones y símbolos de fuerza, de modo que todas las organizaciones que lo critican y lo intentan vencer, tales como los partidos y sindicatos de izquierda, se sienten inexorablemente impelidos a reproducir sus formas, como si estas estuvieran fuera de la historia y representasen símbolos no-contingentes de poder (Jesi, 2014:87-88). Sin embargo, como ocurre con toda mitificación no-genuina, aquella del poder capitalista es un mero accidente de época, no suponiendo ningún contenido de verdad extra-histórica. En ese contexto, el poder desinstituyente se muestra como una fuerza que, más que hacerle un hueco a lo nuevo, hace posible la historización del capitalismo y, consecuentemente, su crítica radical y derrocada. Para cumplir este papel el poder desinstituyente necesita ser pensado en su radicalidad ontológica propia y no como mero símil negativo del poder constituyente, en especial cuando este es entendido como afirmación soberana del pueblo o del Estado, tal como hacen los constitucionalistas en general. Se trata de crear un nuevo léxico político en el que el lugar de la palabra y de la experiencia soberanas –principalmente la del mitologema “pueblo soberano”– sea desactivado y hecho impropio, inauténtico, inútil para los fines ligados a alguna forma de dominación y fractura social que se combata bajo la bandera de un poder constituyente que nada tiene que ver con aquel calificado de ese modo por la tradición del constitucionalismo.
Este punto es importante y no debe subestimarse. En realidad nos parece peligroso concebir el poder constituyente de modo formal y vacío según el paradigma constitucionalista moderno de la soberanía, el cual tiene en Carl Schmitt a su último gran teórico. Al ser abierto e indeterminado, el poder constituyente podría originar cualquier tipo de sociedad. Esto demostraría que el poder constituyente no es el remedio para todos los males, dado que su acción incluso podría conducir a los hombres a organizarse bajo formas todavía más autoritarias que aquellas impuestas por el capital. Dicha consecuencia sería inevitable y constituiría propiamente el carácter político del poder constituyente. De hecho, lo político se identifica, no con la definición y la caracterización del enemigo, sino con la tentativa de ordenar la contingencia y la indeterminación propias de las estructuras sociales. De este modo, actuar políticamente significaría apostar. Ese sería el verdadero sentido trágico del poder constituyente.
Sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad, no se trata de una apuesta ciega. Si el poder constituyente realmente funciona basado en la indeterminación y en la abertura que pueden dar origen a cualquier configuración social, algunas incluso peores que el capitalismo, es necesario garantizar un grado mínimo de seguridad. Nadie apuesta sin albergar una cierta confianza más o menos intensa res-pecto a la obtención de resultados positivos. De acuerdo con nuestra propuesta, el garante de dicha confiabilidad le viene dado al poder constituyente cuando este es pensado –y practicado– en relación con el poder desinstituyente. Este, a diferencia del poder constituyente, no está abierto ni indeterminado, aunque sí configurado por la realidad a la que niega. El poder desinstituyente se define por medio de las instituciones existentes, presentando siempre contenido negativo. Aquello que el poder desinstituyente desinstituye es el mínimo a partir del cual actuará el poder constituyente que, de hecho, puede constituirlo todo menos aquello que fue negado por el poder desinstituyente, en caso de estar en juego un proyecto político coherente. En una línea de pensamiento similar, Negri afirma que el poder constituyente no debe pensarse hoy como potencia vacía. Al no existir en la posmodernidad un “den-tro” y un “fuera”, toda fuerza política entra en estrecha relación con la historicidad presente, de manera que el poder constituyente siempre tendrá su sentido determinado por las resistencias y singularidades contra las cuales se choca (Negri, 2015:19).
Instituciones como el Estado, el banco, la bolsa de valores, la propiedad privada, la herencia y el contrato, en la medida en que hayan sido desinstituidas, no podrán ser reconfiguradas por el poder constituyente, que encontrará en la orden negada por el poder desinstituyente un límite a su maleabilidad infinita. De este modo se hace posible que se apueste, ya no sin riesgos –esto sería un contrasentido–, sino asumiendo seriamente la pretensión de construir sociedades más dignas, dife-rentes de aquellas que fueron desinstituidas. El poder desinstituyente funciona como una garantía de no retorno al capitalismo, abriendo un inmenso campo de experiencias en el que, a pesar de no haber nada seguro, se excluyen desde el principio algunas alternativas que ya se habían revelado a lo largo de la historia como inaceptables desde un punto de vista ético –de ningún modo puede justificarse la sumisión del 99% de la humanidad al 1% restante compuesto por los individuos y empresas que dominan el poder político-económico– e ineficientes desde un punto de vista productivo –el trabajo libre produce lo común más y mejor de lo que lo hace el capital, hoy en día limitado a una valorización desmesurada del valor, incluso bajo formas financieras, rentistas y virtuales–.
DESOBEDIENCIA CIVIL
José Antonio Estévez Araújo conceptualiza la desobediencia civil como una actuación ilegal, pública, no-violenta y efectuada con el objetivo de transformar una ley o política gubernamental (Estévez Araújo, 1994:22). Según esta definición, parece que la desobediencia civil solo puede ser practicada dentro de los marcos de un sistema jurídico dado, al cual, de manera general, se respeta. En este contexto, la desobediencia civil sería utilizada únicamente con el objetivo de modificar algunos de los aspectos específicos de dicho sistema. Esta es la comprensión respecto a la desobediencia civil que varios autores desarrollan al tratar este tema en el contexto del poder constituido.
No obstante, incluso algunos teóricos que conciben la desobediencia civil como expresión del poder constituido reconocen que esta puede, en situaciones extremas, llevar a cabo la crítica y la tentativa de substitución de la totalidad de un sistema político-jurídico, tal como se puso de manifiesto mediante las acciones de desobediencia capitaneadas por Gandhi, las cuales se iniciaron con la mirada puesta en algunas políticas discriminatorias del gobierno inglés y luego se transformaron en una campaña contra el sistema colonial al que la India estaba sujeta (Arendt, 1972:77 y Estévez Araújo, 1994:28-29).
Esta situación demuestra que la desobediencia civil, más que un mecanismo de autocorrección del derecho constituido, puede funcionar como expresión de un poder constituyente activado por un poder desinstituyente, como hemos visto anteriormente, excediendo así al derecho positivo dado y presentándose como fuente de juridicidad, y no en tanto su resultado o producto. Para que la desobediencia civil cumpla ese papel, es preciso que estén presentes circunstancias específicas y que puedan estar adecuadamente fundamentadas en cierta idea de derecho que, bajo el punto de vista asumido en este trabajo, presenta una naturaleza democrático-radical. La hipótesis se refiere a que hoy en día esas circunstancias existen plenamente bajo la forma de un estado de excepción económico permanente. Más que colonizar, la excepción económica transformó los Estados Democráticos de Derecho. Al parecer, hemos llegado al punto de no retorno, gracias al cual asistimos a la rápida desconstitución de los derechos y garantías liberales que, pese a no haber funcionado plenamente –tal como sucede con cualquier proyecto humano–, cumplieron un importante papel histórico al inserir parcialmente en el debate y en la vivencia política estratos y grupos sociales antes explotados y oprimidos.
Es importante hacer hincapié en que la desobediencia civil no es ni la única así como posiblemente tampoco la más importante estructura del poder constituyente. Existen diversas formas, tanto pasivas –la huelga general revolucionaria, por ejemplo– como activas –insurgencia, resistencia armada, revolución etc.– cuyo objetivo es la transformación total del cuadro político-jurídico-económico de la excepción. Muchas de estas modalidades de poder constituyente recurren a métodos violentos que, no por ello, son ilegítimos en sí mismos.
No podemos olvidar las lecciones de Schmitt y Benjamin sobre la conaturalidad entre derecho y violencia. De hecho, la normatividad que conocemos surgió de actos originarios de toma de tierra (Schmitt, 1974), los cuales pasaron a ser justificados míticamente a través de metáforas moralizantes, a la vez que el sistema jurídico monopolizó para sí el uso de la violencia, tenida como medio absoluto del derecho y que, por lo tanto, no puede compartirse con otras esferas sociales (Ben-jamin, 1999). No obstante, tampoco podemos olvidar el carácter histórico y no ontológico de las tesis de Schmitt y Benjamin, ya que se refieren a una experiencia concreta de derecho –la occidental, surgida en Grecia, y que hoy se presenta como derecho capitalista-apropiador– y no a toda experiencia jurídica posible.
Poder y normatividad –y no ya violencia y jerarquía– son los elementos de cualquier experiencia jurídica. Si hoy en día estas díadas se encuentran totalmente confundidas, es debido a la irreflexiva e inmediata identificación entre lo que es –el derecho capitalista– y lo que puede ser –otras formas de derecho–. Si tomamos en serio la invitación que hace Agamben a la “generación que viene” para pensar en un derecho en el que la violencia esté desactivada, cabe destacar, entre las diversas formas constituyentes de este nuevo derecho, la desobediencia civil, precisamente por su carácter no-violento que, con un lenguaje místico, no acumula karma o, para ser más claro, no mantiene activo el mecanismo del derecho capitalista que siempre exige más violencia para fundamentarse y llevarse a cabo. Desde esta perspectiva, la desobediencia civil puede pensarse como institución jurídica radicalmente argumentativa, aún más de lo que cualquier otra teoría de la argumentación ligada a los poderes constituidos –violentos por naturaleza– puede admitir.
Estévez Araújo sistematiza las concepciones tradicionales sobre la desobediencia civil afirmando que pueden ser entendidas como prueba de constitucionalidad, cuando mediante el acto de desobediencia se cuestiona directamente la validez constitucional de determinada ley, o como el ejercicio directo de un derecho ya reconocido en la Constitución, cuando, por ejemplo, la autoridad niega el derecho a manifestarse y los desobedientes hacen caso omiso a tal prohibición. En el primer caso, consiste en una postura más activa dirigida al Poder Legislativo, mientras que en la segunda hipótesis los desobedientes adoptan posturas de carácter más pasivo y luchan contra las medidas y las decisiones del Poder Judicial o Ejecutivo. Lo que importa, sin embargo, es que en los dos casos los desobedientes cuestionan actos de ponderación de valores y principios efectuados por el poder público –ya sea al crear o aplicar leyes–, tratando de demostrar que ciertas opiniones, circunstancias y puntos de vista no habían sido lo suficientemente bien considerados y sopesados (Estévez Araújo, 1994:144-145). Se nota que tales teorías de la desobediencia civil se encuentran vinculadas a la necesidad de conmover o activar la opinión pública, con el objetivo de modificar decisiones de las tres ramas clásicas del poder soberano. Sin embargo, la naturaleza profundamente antidemocrática de ese poder permanece incuestionable en su esencia.
En un marco en el cual cualquier transformación político-jurídica relevante pasa por la mediación necesaria de los dos poderes del mercado y del Estado-capital, la desinstitución patrocinada por la desobediencia civil resulta fundamental para la reafirmación constante de la perennidad del poder constituyente. La desinstitución aparece como una importante –pese a no ser la única, como ya señalamos con anterioridad– línea de lucha para la constitución de derechos-que-vienen verdaderamente democráticos y no fundados en el nómos propietario y violento que hoy en día marca –de manera explícita o implícita– las experiencias posmodernas de normatividad.
Resulta evidente la ineficacia de las concepciones que limitan la función de la desobediencia civil a escenarios institucionales de normalidad, cuando esta funciona como válvula de escape o, en el mejor de los casos, como mecanismo de autocorrección o incluso de auto-integración del derecho. En estos casos, la acción desobediente se ve forzada a asumir la validez de toda la estructura político-jurídica vigente, cuestionándole aspectos específicos sin, pese a ello, dirigirse a una desinstitución general del sistema.
Sin embargo, la situación en la que los Estados Democráticos de Derecho se encuentran inmersos hoy en día solo puede entenderse desde la perspectiva de la excepción económica permanente, cuando la unión entre Estado, finanzas y mercado se pone sobre la mesa y determina de facto la dirección antipopular de las políticas estatales, la ilimitación del poder privado capitalista y la pérdida de las conquistas históricas de los movimientos de lucha por derechos iniciados en el siglo XVIII y ra-dicalizados por grupos obreros, negros y feministas, entre otros tantos, durante los siglos XIX y XX.
En este contexto, entender la desobediencia civil como dispositivo de ajuste o corrección del poder constituido significa negarle toda potencia realmente transformadora y democrática, viéndola como uno más de los tantos mecanismos técnicos que, controlados y aprobados por el Estado-mercado, únicamente pueden representar un papel retórico, indicando y comprobando la supuesta normalidad de un sistema de derecho que, en realidad, hace mucho que ya está agotado. De hecho, este sistema ahora es inmune a cualquier reforma verdadera que ponga en juego los fundamentos privados, egoístas e individualistas en los que se apoya, tal como demuestra la crisis político-social que asola a Brasil actualmente, y esto solo por poner un ejemplo de situación que nos resulta cercana. Nos parece inadecuado y contradictorio derivar la fundamentación de la desobediencia civil a partir de los principios de un sistema nômico-propietario que a lo largo de su desarrollo histórico ha sido excluyente, jerárquico y violento, características que claramente se oponen a las de la desobediencia civil, la cual es pública, horizontal y pacífica. Hoy nos urge pensar una política contestataria y crítica que no aspire a ser simplemente una violencia diferente de aquella monopolizada por el nómos propietario. Este es el único modo de escapar al sometimiento total generado por el capitalismo tardío, cuando la subjetivación contempladora garantizada por la sociedad del espectáculo se justifica y se mantiene conjuntamente con la violencia legalizada e institucionalizada característica del estado de excepción. En el mundo imperial de la excepción económica permanente la producción y la acción han de ser totales, ininterrumpidas e irreflexivas. Es por eso que cada resistencia violenta impuesta al sistema lo fortalece, ya que lo lleva a activar nuevos mecanismos de control y subjetivación.
De hecho, en realidad el estado de excepción únicamente puede sobrevivir y prosperar si está justificado constantemente por la resistencia que lo cuestiona y, de ese modo, paradójicamente lo exige y lo mantiene. A diferencia de lo que pensaba Foucault, la resistencia no es la otra cara del poder, sino el poder mismo. Resistir al estado de excepción, incluso haciéndolo de modo justificado y con buenos argumentos, se convierte en una manera de activar a los arcanos del poder, que descansan en la acción productora y reproductora de un mundo social escindido. Desde esta perspectiva, “contra la excepción permanente no cabe rebelión, porque el no cesar de rebelarse constituye el primero de todos los mandatos que tal excepción impone” (Valdecantos, 2014:156). Eso resulta claramente perceptible en las luchas sociales sucedidas entre 2011 y 2013 en EUA, América Latina y Europa, cuando la explosión de indignación popular fue considerada en primer lugar como legítima para en seguida servir como justificación para una profundización sin precedentes –al menos en los Estados autodenominados “democráticos”– de la excepción, con la aprobación de varias leyes y medidas administrativas que penalizan la objeción pública del orden capitalista, llegándose incluso al absurdo al vulnerar los principios básicos de presunción de inocencia y del debido proceso legal, así como el derecho a la información, a la privacidad y a manifestarse, como ocurrió en España gracias a la tristemente célebre Ley Mordaza.
En Brasil el proceso se hizo particularmente evidente al haber irrumpido en junio de 2013 de manera sorprendente, cuando una serie de movimientos acéntricos, horizontales y espontáneos tomaron las calles de las principales ciudades brasileñas. Esto dificultó tanto el espectáculo de la Copa Confederaciones como el aumento de las tarifas del transporte público, y es que el poder excepcional puede presentar a dichos movimientos como símbolos de la barbarie y el desorden, construyendo así a posteriori una estructura de contención, intimidación y control raras veces experimentada en el país, asegurando que la Copa del Mundo pudiera transcurrir sin mayores incidentes. Simétricamente, la aparente victoria consistente en la retirada del Estado y de sus socios económicos en lo que se refiere al aumento de las tarifas del transporte público en 2013 se revirtió a toda prisa en 2015, y en esta ocasión ya sin que el espectáculo mediático se incomodase con la extrema violencia policial mediante la cual las protestas en São Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte fueron tratadas y, en pocos días, desacreditadas e integradas a la narrativa triunfal que el orden proclama sobre sí mismo. En la vida política como en la Física, toda acción genera reacción, aunque en el escenario de las luchas humanas la reacción no se produzca en la misma dirección y no tenga intensidad proporcional. De ahí la necesidad de valorar las potencialidades desinstituyentes y constituyentes de una inacción como aquella propuesta por la desobediencia civil.
En la interpretación asumida en el presente texto, en el cual el poder constituyente está estrechamente relacionado con el poder desinstituyente, la desobediencia civil, considerada más allá de la interpretación tradicional liberal y reformista, parece ser uno de los mecanismos más adecuados para pensar y actuar desinstitucionalmente, y esto con una ventaja estratégica imprescindible: al quedar desprovista de violencia, la desobediencia civil no está directamente vinculada a las formas de acción del Estado-capital, genéticamente marcadas por la necesidad de monopolización de la violencia.
La no-violencia es un requisito absolutamente central para alcanzar el éxito en las acciones desobedientes opuestas al poder constituido, dado que en muchas ocasiones las prácticas violentas de movimientos sociales movidos por causas justas se utilizan como motivos que justifican las respuestas más implacables del Estado. La estrategia de la no-violencia tiene por objetivo no solo despertar el sentido moral del adversario –como quería Gandhi–, sino también influir en la opinión pública para así redirigirla contra el Estado y a favor de los desobedientes que pretenden la institución de nuevas estructuras político-jurídicas (Estévez Araújo, 1994:26). A esta percepción estratégico-argumentativa viene a sumarse el aspecto institucional según el cual el uso de la violencia por parte de organizaciones de resistencia está terminantemente prohibido en las democracias constitucionales (Ebert, 1988:93). Con la estrategia de la no-violencia se facilita la legitimación de la idea de desobediencia civil en el contexto del poder constituido que esta pretende criticar y superar.
CONCLUSIÓN
Tal como expone Costas Douzinas, el acto de desobediencia hace posible desvincular las acciones, la conducta y el comportamiento de las personas de la matriz económica capitalista centrada en el consumo, en la deuda y en el juicio moral impuesto a las capas populares, llamadas a soportar indefinidamente los efectos nocivos de la crisis económica permanente en la que vivimos. Al cuestionar el supuesto continuum entre ley y justicia, la desobediencia deja de ser un acto individual de tipo moralizante y se presenta como práctica social de carácter colectivo y emancipador, pudiendo constituir nuevas subjetividades al retirar a los sujetos del circuito deseo-consumo-frustración (Douzinas, 2015:175-176).
La acción ontológica del desobediente no necesita estar organizada por ningún partido político, sindicato, ideología o cualquier otra estructura centralizadora; se trata más bien de un movimiento que, tomando como punto de partida la resistencia, lucha por el derecho a tener derechos, siendo así el grado cero de la política gracias al cual van siendo constituidas nuevas subjetividades (Douzinas, 2013). Lo que aquí importa es la creación de formas emancipadas de interpretar la realidad social y estar en el mundo, desconstituyendo las subjetividades propietarias y jerárquicas en la medida en que se desconstituyen las instituciones que las reproducen de modo cotidiano. Para llevar a cabo esta tarea, la desobediencia civil tiene un papel central. Esta necesita encarnarse ya no solo en las ideas abstractas discutidas aquí, sino en acciones concretas: abandono del trabajo, huelga general en los servicios públicos, impago de impuestos y tasas, ocupación permanente y pacífica de las sedes del poder constituido, abstención electoral masiva, fuga del sistema bancario, multiplicación del cooperativismo etc.
Contradiciendo su tesis final, Hannah Arendt indica que la desobediencia civil, como fenómeno extralegal, puede realmente mostrarse como potencia revolucionaria. Tras señalar que todas las sociedades humanas cambian, están en cambio constante y que, no obstante, por eso mismo precisan de alguna estabilidad, Arendt afirma que el derecho puede estabilizar y regular los cambios después de que estos ocurran, pero los cambios mismos resultan siempre de la acción de potencias extralegales (Arendt, 1972:80), es decir, de algo que excede al derecho, tal como sucede con el poder constituyente. He ahí el porqué la autora llega –según parece, de mala gana– a una conclusión muy similar a la que desarrollamos en este trabajo, según la cual la desobediencia civil es una de las respuestas posibles a la crisis de las instituciones político-jurídicas. Hoy en día el estado de excepción económico se ha hecho la regla y la emergencia cotidiana instaurada por el capitalismo del desastre únicamente puede superarse, más que por un nuevo nómos de la tierra (tal como preveía Schmitt), por la desactivación que solo el rechazo radical del desobediente puede constituir.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arendt, H. (1972). “On civil disobedience”, Crises of the republic. New York: Harcourt
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Benjamin, W. (1999) “Zur Kritik der Gewalt”, Gesammelte Schriften. Band II.1.
Herausgegeben von R. Tiedemann e H. Schweppenhäuser. Suhrkamp: Frankfurt-am-Main, pp. 179-204 (primera ed. 1921).
Douzinas, C. (2013). Philosophy and resistance in the crisis. London: Polity.
― (2015). “Crisis, resistencia e insurrección: el despertar de la izquierda radical en Grecia”, Posdemocracia, guerra monetaria y resistencia social en la Europa de hoy. Madrid: Errata Naturae, pp. 163- 185.
Ebert, T. (1988). “Die Auswirkungen von Aktionen zivilen Ungehorsams in parlamentarischen Demokratien: eine vergleichende Betrachtung”, Widerstand im Rechtsstaat: 10. Kolloquium der Schweizerischen Akademieder Geisteswis-senschaften. Freiburg: Universitätsverlag, pp. 73-116.
Estévez Araújo, J. (1994). La constitución como proceso y la desobediencia civil. Madrid:
Trotta.
Jappe, A. (2015). “¿Todos contra la banca?”, Posdemocracia, guerra monetaria y resistencia
social en la Europa de hoy. Madrid: Errata Naturae, pp. 115-126.
Jesi, F. (2014). Spartakus: simbología de la revuelta. Trad. María Teresa D’Meza. Ed.
Andrea Cavalletti. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Negri, A. (2015). “Prefacio a la nueva edición en español”, El poder constituyente: ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Trad. Simona Frabotta y Raúl Sánchez Cedillo. Ed. Montserrat Galcerán Huguet y Carlos Prieto del Cam-po. Madrid: Traficantes de Sueños/Secretaría de Educación Superior, Cien-cia, Tecnología e Innovación, pp. 11-21.
Schmitt, C. (1974 ). Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europæum.
Berlin: Duncker & Humblot, (primeira edição de 1950).
Valdencantos, A. (2014). La excepción permanente: o la construcción totalitaria del tempo. Madrid: Díaz & Ponz.
Notas sobre los autores y el artículo
Graduado en Derecho, Máster en Filosofía del Derecho y Doctor en Derecho y Justicia por la Facultad de Derecho y Ciencias del Estado de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Doctorando en Filosofía por la Universidad de Coimbra (Portugal). Profesor Adjunto de Filosofía del Derecho y disciplinas afines en la Facultad de Derecho y Ciencias del Estado de la UFMG. Miembro del Cuerpo Permanente del Programa de Posgraduación en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias del Estado de la UFMG. Investigador colaborador en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Campinas (UNICAMP – 2014/2015). Profesor Visitante en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (Catalunya) entre 2015 y 2016. Profesor Residente en el Instituto de Estudios Avanzados Transdisciplinares – IEAT de la UFMG. Autor de ensayos iusfilosóficos tales como Filosofia do Direito e Justiça na Obra de Hans Kelsen (Belo Horizonte, Del Rey, 2006), O Estoicismo Imperial como Momento da Ideia de Justiça: Universalismo, Liberdade e Igualdade no Discurso da Stoá em Roma (Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009), Kelsen Contra o Estado (In: Contra o Absoluto: Perspectivas Críticas, Políticas e Filosóficas da Obra de Hans Kelsen, Curitiba, Juruá, 2012), Contra Naturam: Hans Kelsen e a Tradição Crítica do Positivismo Jurídico (Curitiba, Juruá, 2013), Power, Law and Violence: Critical Essays on Hans Kelsen and Carl Schmitt (Lambert, Saarbrücken [Alemania], 2013), O Grande Sistema do Mundo: do Pensamento Grego Originário à Mecânica Quântica (Belo Horizonte, Fino Traço, 2014) e Filosofia Radical e Utopias da Inapropriabilidade: Uma Aposta An-árquica na Multidão (Belo Horizonte, Fino Traço, 2015). E-mails: vergiliopublius@hotmail.com e andityas@ufmg.br↩︎
Máster en Derecho y Justicia (2014) y doctoranda en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte). Profesora en el curso de Derecho de la Nova Faculdade (Contagem). Su investigación esta orientada a temas como estado de excepción, contrapoderes y resistencias, producción biopolítica de la multitud en la contemporaneidad, democracia y sociedad del espectáculo. E-mail: joykssouza@gmail.com↩︎
Este artículo fue desarrollado en el contexto del Proyecto de Investigación “Desobediencia civil y democracia: la participación ciudadana no violenta como estrategia de lucha por derechos en contextos de excepción económica permanente”, financiado por la FAPEMIG (Minas Gerais. Brasil) y el Proyecto de Investigación “Desobediencia civil como práctica constituyente e interpretación popular de la Constitución: fundamentación jurídico-filosófica para estrategias no violentas de lucha por derechos en contextos de estado de excepción económica”, desarrollado en el Programa de Profesores Residentes del Instituto de Estudios Avanzados Transdisciplinares de la UFMG (IEAT/UFMG ↩︎
Por: Rosa María Ostiguín Meléndez, Dulce Elena Castillo Villegas
Imperante ofrecer apoyos Su desgaste tiene un impacto expansivo hacia la sociedad.
El cuidado familiar es una de las prácticas sociales más importantes para la humanidad. Pero, dado su casi “natural” presencia en la vida de las personas, se da por hecho que ocurre de forma armónica, organizada y efectiva, envuelto en un halo de amor fraterno. Sin embargo, la familia ha experimentado cambios en las últimas décadas, tanto en su composición, estructura y desempeño, como en los roles asignados a sus integrantes. Incluso ha asumido –queriendo o no– la tarea de cuidar a las personas con alguna condición de salud más o menos compleja, aguda o crónica, situación que tuvo particular acento durante y después de la pandemia por la Covid-19.
¿Cuál es el panorama en México? El primer nivel de atención enfrenta grandes desafíos en profesionalizar a un gran número de enfermeras con perfiles técnicos, aunado a la distribución irregular del personal de enfermería en el sistema de salud, al déficit de enfermeras, el incremento de las personas mayores y de las enfermedades crónicas. Todo lo anterior genera las condiciones para que el cuidado a la vida y salud de las personas se traslade a los hogares. En el o la cuidadora familiar (“asignado o resignado”) descansa el cuidado doméstico, cotidiano, complejo y el cual es cada vez más especializado.
Anteriormente esa tarea se depositaba en mujeres adultas y madres de familia, pero en la última década los cuidadores familiares han disminuido su edad, al punto de que adolescentes y niños o niñas cuidan de otros de manera casi única por muchas horas y largos periodos, y destinan recursos y esfuerzos para cuidar niños y personas adultas mayores, con o sin discapacidad o con alguna condición especial.
Durante la pandemia, el sistema de salud mexicano priorizó la atención de la misma, relegando en segundo plano a patologías crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad, todas con alto índice de mortalidad, lo que implicó la exacerbación de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus complicaciones, dejando en manos de los cuidadores familiares su atención, fenómeno del cual aún se desconocen los estragos en estas figuras protagonistas de un “sistema alterno de salud familiar”.
Ante la crisis sanitaria, las familias recurrieron al uso de remedios populares, consultorios de cadenas de farmacias o médicos generales de la localidad, en donde la familia, y particularmente las y los cuidadores se vieron empujados a contender con el aprendizaje, improvisación y desarrollo de habilidades para el cuidado especializado de mediana y alta complejidad, originalmente realizados en las instituciones de salud por personal de enfermería especializado, lo que implicó un desgaste emocional y físico severo cuyo colapso, sin duda, ha tenido y tiene un alto precio.
La capacidad de resiliencia de las y los cuidadores familiares hizo y hace la diferencia para contender con lo que en algunos ambientes sociales llamaron los “efectos colaterales”. No obstante, es menester mirar a esas figuras y conocer el efecto de la pandemia en su habitual carga de responsabilidad e identificar qué tanto el despliegue de sus fortalezas emocionales coadyuvaron en el mantenimiento de una sociedad en un punto razonable de equilibrio, por lo que es imperante ofrecer apoyos para esta figura trascendental para la conservación de la célula familiar, componente básico del tejido social.
El desgaste del cuidador tiene un impacto expansivo hacia la sociedad, ya que un cuidador agotado podría propiciar el descuido de aspectos cruciales como el horario de los medicamentos, el aseo diario del paciente, la observación oportuna de complicaciones, el seguimiento de tratamientos, la curación de heridas, la alimentación, la prevención de accidentes, entre muchos otros aspectos, lo que conllevaría al deterioro de la persona que padece la enfermedad, a la recurrencia de consultas de urgencia e ingresos frecuentes y cada vez más prolongados y, particularmente, de un fenómeno poco documentado, probablemente por su implicación ética: el maltrato por parte del cuidador familiar hacia la persona que cuida. Por lo anterior, vale la pena explorar la relación entre padeciente y cuidador familiar, así como los efectos de dicho desgaste en el estado basal de la persona en cronicidad o en recuperación.
Las y los cuidadores familiares requieren de un acompañamiento interprofesional que les dote de marcos ético-jurídicos, de herramientas y habilidades tecnológicas, emocionales y físicas, entre muchas otras, que les permita desempeñar en mejores condiciones su labor, sin menoscabo de su propia vida y bienestar. Es necesario cuidar al cuidador familiar.
Hoy por hoy la enfermería universitaria, desde la perspectiva de rol ampliado, sin duda tiene un papel protagónico para las familias y sus cuidadores, para los sanos y los enfermos que constituyen el tejido social de nuestro país. Unamos fuerzas y apoyemos a los cuidadores familiares que, no siendo profesionales de la salud, afrontan y resuelven desde su interior, temas que implican la conservación de la vida.
Por: Kemly Camacho, Cynthia el Khoury, Débora Prado
En junio 2023, nos encontramos un grupo de 35 personas – mujeres, personas queer y género diversas – de Latinoamérica, que venimos haciendo grandes esfuerzos para tratar de construir una sociedad digital que favorezca la posibilidad de la vida de todas las especies, que no sea destructiva y extractivista y que permita ser, sentir y pensar desde las diversidades.
Nos permitimos un espacio de afecto y de reposo que interrumpiera el ritmo frenético de la urgencia de la siguiente acción y la exposición permanente a la presión, el peligro, la resistencia, que deja poco tiempo al cuidado personal, el de los seres queridos, de los colectivos cercanos y a la solidaridad planetaria.
Quienes compartimos ese espacio sabemos que las tecnologías digitales, como han sido pensadas y construidas desde lo hegemónico y desde lo patriarcal, contribuyen con desconectar con el cuidado y el afecto e incitan a meterse en una carrera por la inmediatez, el individualismo, el desinterés y la destrucción. Por eso, creemos que es necesario imaginar, construir, proponer infraestructuras que sustenten otras formas de vivir en el contexto de la sociedad digital.
Nos reencontrarnos sin prisa, con cariño y de-construimos agendas de acuerdo con nuestros quereres. De este proceso emergieron temas enormes dentro de los cuáles armamos ideas valiosas y profundas. Hablamos de las políticas y prácticas de cuidado, del racismo ambiental, de la justica ambiental, de la autonomía tecnológica, de las tecnologías que sustentan la vida y que ponen en primer plano la solidaridad.
Esta edición latinoamericana invita al análisis crítico de la sociedad digital integrando la visión de las mujeres en la construcción tecnológica, así como el papel de las diversidades en la innovación.
Una sociedad digital que acumula en cada vez menos manos y que expulsa y excluye, tiene como una de sus estrategias principales ocultar qué es lo que hay detrás de las tecnologías digitales que se consumen. Cambiar el enfoque de cómo lo uso a cómo funciona, es sustantivo. Entender qué hay más allá de lo evidente, por qué funciona de esa manera, cuál es el modelo de negocios y el modelo económico de acumulación en el que se sustentan, es parte de este análisis crítico que proponemos desde los feminismos digitales latinoamericanos. ¿Cómo vivo en este contexto? ¿Cómo lo siento y lo pienso? ¿Qué capacidad de transformarlo tengo y con quiénes? Son preguntas base de la construcción de conciencia para y desde el contexto digital en el que existo.
Desde la propuesta hegemónica, representada por el modelo de sociedad que promueven las grandes plataformas y permean todos los espacios de decisión (sociales, políticos, culturales, económicos, de vida cotidiana) de nuestra región, se sostiene un discurso a nombre de la inclusión de más mujeres y más diversidad en la producción de tecnologías digitales (inteligencia artificial, la cyberseguridad, el blockchain, etc). Pero estos esfuerzos están dirigidos a mantener y fortalecer el orden actual y responden a una urgencia de talento humano para la industria y de personas consumidoras de las innovaciones.
La instrumentalización de las diversidades es requerida para aumentar la acumulación y se fundamenta en tecnologías digitales para la desconexión entre personas y con los contextos que las rodean, la desatención y la actuación basada en el engaño y la mala información y el consumo excesivo de aparatos, datos, aplicaciones, imágenes, audios, etc que destruyen todas formas de vida.
Esta edición del Gender.ITit busca demostrar lo que significa repensar la sociedad digital desde la experiencia reflexiva de las mujeres y las diversidadespersonas de géneros y sexualidades diversas que vivimos en este momento histórico en el contexto de la sociedad digital latinoamericano. Creemos que es urgente retornar a las preguntas fundacionales:
¿Qué tecnología construimos? ¿Por qué esa? ¿Cómo la construimos? ¿Con qué propósito? ¿Quiénes participan y de qué manera en la construcción tecnológica? ¿A quiénes se está beneficiando? ¿Qué sociedad está siendo reflejada en esa construcción tecnológica? ¿Dónde y cómo se integran nuestras experiencias de vida cotidiana en la construcción de las tecnologías digitales?
Los 8 artículos que conforman esta edición reposicionan las utopías, los sueños conjuntos, las acciones colectivas y los encuentros amorosos en el centro de la creación tecnológica. Y definen que sus principios deben ser la solidaridad y la sororidad, el respeto a la vida inter-especies, el apoyo mutuo, el cuido y el cuidado, la comunalidad, la resolución colectiva de los problemas cotidianos.
¿Podemos romper el legado colonialista, ahora expresado en la sociedad digital, que ha sido impuesto en nuestra región y en varias otras partes del mundo? ¿Qué expresiones tecnológicas de base digital emergen cuando el propósito no es la acumulación y la dominación? ¿Qué tipo de infraestructuras y formas de relacionamiento surgen cuando lo que está en el centro es que exista la vida? ¿Cómo retomamos y priorizamos el pensamiento latinoamericano que ha tratado de ser destruido y borrado por el proyecto colonial, patriarcal y capitalista por ser considerado no válido? ¿Cómo la experiencia de las mujeres puede sustentar sociedades digitales donde la vida es posible?
Nuestro encuentro latinoamericano no ha tenido como propósito contestar cada pregunta, sino mantenerlas en el horizonte como forma de conducir lo que sentimos, pensamos y queremos para abrir múltiples alternativas. Demostramos que lo sustantivo es el encuentro donde emerge lo existente no-hegemónico, las tecnologías sociales, las infraestructuras autónomas y de resistencia, otras formas de vida y de relacionamiento y espacios organizativos alternativos que rechazan llamarse “desactualizados”, “ineficientes”, “románticos”, “reducidos”, entre otros nombres que se les asignan para restarles validez. Nuestro encuentro evidencia que ya existen alternativas, que ya se crea tecnología desde otros referentes, aunque se insista en invisibilizarlos, desautorizarlos, desaparecerlos.
Esta edición se construye a múltiples manos, enfoques, lenguajes y formatos. Las autoras hacen un llamado a recordar que en las infraestructuras tecnológicas lo que viajan no son bits, sino sentimientos, propuestas y reivindicaciones; asimismo, nos recuerdan que la soberanía alimentaria y la soberanía tecnológica son dos aristas de una misma forma de existir que no pueden desconectarse.
Ellas demuestran que es posible construir tecnologías digitales que posibiliten la vida si se parte de otras formas de crearla, distintas a las que se han posicionado como las únicas. Esto solo es posible si lo personal se hace político y se pone en el centro de su desarrollo los sentimientos, experiencias y deseos de las mujeres y otras poblaciones que no han sido tomadas en cuenta.
También enfatizan en que las tecnologías que necesitamos no son un asunto técnico, sino que deben tejerse entre todas las personas que han estado excluidas de la forma en que se ha construido la sociedad digital que vivimos. Tejer es una palabra clave en la propuesta de esta edición. De esta manera se cuestiona la forma y los motivos por los que se construye tecnologías digitales y la importancia del cuidado y los afectos como la base de los métodos y procesos que se requieren para desarrollar alternativas que sean compatibles con la vida y el buen vivir.
En el momento en que montamos esta edición se ha intensificado el colonialismo, la exclusión, el desplazamiento migratorio obligado, la desigualdad, la crisis climática y se han desatado guerras genocidas. Las tecnologías digitales han sido herramientas claves en esta deshumanización demostrando una y otra vez que, así como funcionan desde lo hegemónico se sostienen y sostienen la violencia con el propósito central de acumulación, Esa no es la manera como las imaginamos, queremos y construimos desde nuestros enfoques feministas para el cuidado afectuoso de lo individual, colectivo y la solidaridad planetaria.
A pesar de esto resistimos y resistiremos. Por eso acompañamos nuestra edición con una serie ilustrada que nos recuerda que del abrazo colectivo emergen las raíces de otras formas que posibiliten el buen vivir, sustentado en la solidaridad y el apoyo mutuo entre todas las especies que convivimos en la Tierra.
Genderit.org es un espacio de análisis y reflexión para activistas, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y los derechos en internet. Ofrece un espacio para la reflexión y la defensa y promoción de políticas y culturas de internet que respondan a las necesidades de las mujeres, las disidencias sexuales y queer y la población trans.
Leví, un joven indígena agricultor, fue capturado injustamente después de que cuatro policías casi lo matan en una confusión. Desde esa noche de noviembre de 2022, su familia peregrinó por todas las instituciones públicas que pudo para obtener respuestas, pero bajo el régimen de excepción solo encontró puertas cerradas, maltrato y nadie le ofreció ni siquiera información básica sobre el caso, la salud del muchacho ni las condiciones en las que estaba adentro de las cárceles. Su familia pasó un año y medio en la incertidumbre de no saber nada y consecuentemente con ansiedad, desánimo, agotamiento emocional y al mismo tiempo enfrentando la crisis económica que implica la captura de un pariente que aportaba a la supervivencia de la familia. Su caso es tan solo la muestra de otros miles de familias que están sumergidas en la incertidumbre de no saber nada de información sobre los parientes inocentes que el régimen de excepción les quitó de forma arbitraria. Leví fue liberado este 14 de mayo, pero seguirá el proceso judicial en su contra, con la posibilidad de una condena que lo obligue a regresar a la prisión.
Leví Morales detuvo sus pasos cuando observó, confundido, que entre las sombras de aquella noche estaban dos policías apuntándole con sus armas de fuego. Sin pensarlo y con agilidad felina, se lanzó detrás de un vehículo negro que estaba aparcado al lado de una calle polvosa, en Nahuizalco, Sonsonate. Su instinto de supervivencia le hizo esquivar la muerte justo antes del tiroteo. “Que le dé gracias a Dios que no lo matamos, nosotros tenemos órdenes de matar”, justificaron los policías, horas después, con el tono arrogante de quienes se saltan los protocolos bajo la impunidad del régimen de excepción, en el que aparentemente tienen la potestad de disparar primero y preguntar después.
Después de la balacera, los policías lo encontraron detrás del automóvil negro, helado del miedo. En ese mismo momento, y tras escuchar el alboroto, los habitantes del lugar salieron de sus casas y notaron que otros dos agentes se unieron a los dos que dispararon. En total, cuatro agentes armados rodearon a Leví y luego, entre insultos y amenazas, lo arrastraron hacia la calle polvosa. Una vez en el suelo, le torcieron los brazos hacia la espalda y lo ataron de manos.
En ese momento, ninguno de los lugareños entendía por qué los policías dispararon en contra de un indígena veinteañero y agricultor, que simplemente caminaba rumbo a la vivienda de un vecino para lavar las jícamas de la cosecha familiar y dejarlas listas para enviarlas al mercado. Pero así fue. Sin preguntas, sin advertencias, sin algún toque de queda vigente que le impidiera caminar de noche y, sobre todo, sin andar armado, Leví fue atacado a tiros por los policías y no lo mataron. Entonces, frente a la mirada de los vecinos, lo capturaron.
“Yo lo que miré esa noche fue que el señor agente le estaba pegando con la bota, como si quisiera matar una culebra. Y él (Leví) ya estaba amarrado. Como que era un garrobo lo habían amarrado y tirado en el suelo, boca abajo. Y luego le ponía la bota en la cabeza”, relató uno de los vecinos que había salido a ver lo que ocurría, con una lámpara encendida, según le relató a una reportera de la radio YSUCA.
—Dejalo, ya estuvo, no sigas golpeándolo —interrumpió un policía al otro.
—No hombre, es que a estos hijos de la gran puta así hay que darles para que hablen —gruñó el agente, mientras seguía golpeándolo e insistiendo en que Leví delatara a los pandilleros que la Policía buscaba esa noche— ¿Decinos dónde están los demás?
—No sé de qué habla, no sé nada —era lo único que Leví balbuceaba, mientras seguía recibiendo patadas en el cuerpo.
Entretanto, otro de los policías empuñó su fusil, corrió hacia los vecinos y los apuntó.
—¡Apaguen esa lámpara! Váyanse para adentro —ordenó.
—Pero nosotros no debemos nada, no hay nada qué temer, como dijo el presidente (Bukele).
—¡A nosotros no nos importa! Entren en sus casas.
Intimidados por el fusil del policía, los vecinos entraron a sus casas. Uno de ellos relató que sus manos le temblaban del miedo al cerrar la puerta de su vivienda y que se quedó con una sensación de impotencia que le recorría todo el cuerpo por no poder ayudar a Leví, a quien conocían por ser un joven indígena agricultor de la zona y a quien nunca vio involucrado con pandilleros.
“En lugar de que nos cuiden, los policías están sembrando el terror en la comunidad”, lamentó el vecino, quien pidió anonimato a la periodista de la YSUCA para evitar represalias.
Ilustración de Patricia Urbina
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Desde que Leví fue capturado esa noche del 11 de noviembre de 2022 y hasta mayo de 2024, su padre Silverio Morales no pudo verlo. Pasó un año y medio en incertidumbre por no saber al menos alguna información básica de parte de las autoridades penitenciarias sobre su estado de salud o las condiciones en las que se encontraba.
El 30 noviembre de 2023, luego de una agotadora lucha familiar y acompañamiento legal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó la liberación inmediata de Leví para continuar con el proceso judicial en libertad, pero la Policía Nacional Civil (PNC) ni siquiera lo dejó salir del Centro Penal de Usulután, donde supuestamente se encontraba recluido en esa fecha, y volvió a capturarlo. El 12 de abril de 2024, el mismo tribunal ordenó por segunda vez la liberación inmediata, pero las autoridades penitenciarias retrasaron el trámite un mes, sin dar a conocer ningún fundamento legal.
Esta historia parece una excepción a la regla o un margen de error en cualquier país del mundo con un sistema de justicia que funciona medianamente bien. Pero no lo es en El Salvador, donde todos los familiares de los detenidos durante el régimen de excepción, especialmente los parientes de quienes han sido detenidos sin justificación ni pruebas y de forma arbitraria, no tienen acceso a la información básica que deberían proveer las instituciones públicas.
Para conseguir un poco de información, los padres de Leví desfilaron por todas las instituciones públicas que pudieron. Acudieron a la Policía, a la Fiscalía, a los Juzgados, a la Procuraduría General y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero en todas esas oficinas la historia fue la misma. Nadie tuvo la cortesía de brindarle la más mínima y básica noticia.
Sin acceso a la información, los padres de Leví comparten la misma incertidumbre, preocupación, angustia y agotamiento emocional de otros familiares de miles de detenidos que tampoco saben nada de sus parientes que ahora están tras las rejas, enfrentando procesos judiciales multitudinarios en los que no hay oportunidad de defensa legal para demostrar que son inocentes. Porque también eso es lo que ocurre en este país centroamericano, según casos documentados por el periodismo y organizaciones de derechos humanos: Se procesa judicialmente sin indicios ni pruebas. El Salvador, de acuerdo con académicos y defensores de derechos humanos, se convirtió en un país en el que el sistema judicial funciona al revés y al servicio de los intereses del presidente Nayib Bukele.
Familiares de personas detenidas en el régimen de excepción entregan paquetes con comida y artículos higiénicos, mientras piden información sobre sus parientes en las bartolinas de “El Penalito”, en San Salvador. Foto/Archivo GE
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El 8 de noviembre de 2022, tres noches antes de su captura arbitraria, Leví contó a su familia, durante la cena, que presentía que algo malo le iba a suceder. Como si fuera un presagio. Su padre Silverio, un líder de la Organización Indígena Náhuat-Pipil (OIPAN) y guía espiritual, cuenta que siempre supo que su hijo tiene el “don de presentir acontecimientos”. Coincidencia o no, el hecho es que el 11 de noviembre fue capturado, luego de sobrevivir al ataque armado de los policías.
Leví siempre había apoyado y ayudado a su padre Silverio, a su madre y a sus tres hermanos, en la organización indígena donde trabajaban manteniendo viva la cultura pipil de sus antepasados, protegiendo los sitios sagrados y cuidando las semillas nativas junto con las comidas ancestrales. En eso había invertido su vida y, según sus vecinos y familiares, nunca estuvo ligado a las pandillas de la zona. Pero esa noche del 11 de noviembre de 2022, los cuatro policías lo capturaron —después de fallarles la puntería— convencidos sin pruebas de que era un pandillero y que además estaba encubriendo a unos delincuentes de la zona.
Ese viernes 11 de noviembre, Leví se había pasado todo el día en el campo, bajo el ardiente sol y junto a sus padres y hermanos, recogiendo quintales de jícama que solo se cosecha una vez al año. Al anochecer, Leví y su familia decidieron hacer una pausa para cenar. Una vez recogida la jícama, la trasladaron a la vivienda de un vecino que contaba con el servicio de agua potable. El siguiente paso era lavarla y luego prepararla para enviarla a los mercados en la madrugada. Durante la cena, en su casa, Leví propuso hacer el primer turno para ir a lavar la jícama, mientras los demás descansaban un poco más para luego relevarlo a eso de las 11:00 de la noche.
Mientras la familia cenaba, los feligreses de una iglesia evangélica cantaban en un culto a unas cuadras de distancia. Según recuerdan algunos testigos, la reunión religiosa se vio perturbada por dos supuestos pandilleros que llegaron y comenzaron a exigir dinero. Uno de los miembros de la congregación llamó a la Policía y explicó lo que estaba sucediendo. Cuando los policías llegaron, los pandilleros corrieron, subieron a los techos y comenzó una persecución corta e inútil porque los delincuentes aprovecharon la oscuridad para huir.
En casa de Leví, todos estuvieron de acuerdo con que hiciera el primer turno para lavar las jícamas. Así que cinco minutos antes de las 9:00 de la noche, salió de su vivienda por una calle polvosa de Nahuizalco, en Sonsonate, con rumbo a la casa del vecino con agua potable.
Al verlo, caminando solo por la calle, dos de los policías apuntaron y dispararon. Cuando los otros dos escucharon las detonaciones, llegaron al mismo punto con sus armas en las manos para apoyar a sus colegas.
“Todo fue una confusión, los policías le dispararon a mi hijo pensando que era uno de los muchachos que estaban molestando a la gente de la iglesia”, dijo Silverio, quien se dio cuenta del incidente hasta las 11:00 de la noche, cuando se alistó y salió por la misma calle oscura y polvosa hacia la casa del vecino para relevar a Leví.
En el lugar, se enteró de que su hijo no alcanzó a llegar y fue ahí donde le contaron lo ocurrido. Desesperado, corrió por unos minutos hasta la vivienda de otros familiares para ver si lo podían acompañar a la estación policial para pedir explicaciones. Fue entonces cuando comprendió que la arbitrariedad había sido más grave de lo que intuía: Los policías, en su afán por capturar a quien se pudiera culpar de haber hostigado a los religiosos, también se llevaron a sus sobrinos Ramiro y Samuel Morales.
Desde esa noche, los tres primos pasaron a formar parte de las casi 100 mil personas detenidas en el régimen de excepción, que fue aprobado a finales de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa a iniciativa del Gobierno de Nayib Bukele. Esta medida de seguridad pública que suspende garantías constitucionales y que es extraordinaria —pero que se volvió ordinaria— sigue vigente hasta la fecha gracias a las 26 prórrogas que han concedido los diputados oficialistas de Nuevas Ideas, quienes no necesitaron en la legislatura anterior ni en la actual dialogar ni debatir con ninguna otra bancada por ser mayoría y porque los partidos aliados endosan sus votos para autorizar que el régimen siga vigente.
Tras enterarse de la captura de sus sobrinos, en el mismo procedimiento policial en el que su hijo fue detenido, Silverio Morales caminó hasta la subdelegación policial de Nahuizalco. En el lugar, preguntó al agente que estaba de turno si le podía dar información sobre las capturas.
El policía le respondió, escueto y de mala gana, que su hijo iba a permanecer en prisión a la espera de un proceso judicial en su contra. Eso, según Silverio, a pesar de que no había ninguna prueba que lo vinculara con pandillas.
“Le vamos a aplicar el régimen y la Fiscalía lo acusará de agrupaciones ilícitas”, espetó el guardia de turno. Cuando Silverio escuchó, se sintió sorprendido y al mismo tiempo indignado por la inculpación falsa.
Para Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de la organización Cristosal, el régimen de excepción ha significado transformaciones en la legislación penal del país en detrimento de los derechos de las personas que han sido capturadas, aspecto que califica como muy grave: “Se le están dando amplias potestades a la Fiscalía, se le da valor probatorio a las declaraciones de policías, ni siquiera a los captores, sino a las actas policiales”, recalcó Navas.
Algunas de estas actas que son presentadas como prueba ante los tribunales han sido elaboradas por policías que mienten en la información que contiene la “ficha policial” y el “acta de captura”. Así lo comprobó GatoEncerrado en al menostres casos. La “ficha policial” contiene el perfil de las personas que han sido capturadas. En los casos que esta revista y organizaciones de sociedad civil han documentado por tratarse de capturas arbitrarias, hay algunas características que comparten y que son muestra de que se sigue un patrón en contra de hombres jóvenes pobres que viven en zonas marginadas y son de piel morena. En las “actas de captura”, tal y como este medio y otros periódicos han revelado, los policías también han mentido en la descripción de las circunstancias en que ocurrieron los arrestos e incluso llegan a justificar una detención por el simple hecho de que los agentes observaron que los jóvenes mostraron “nerviosismo” ante la presencia policial.
Silverio, indignado por lo que el guardia de turno le comunicó sobre lo que califica como una acusación falsa en contra de su hijo, se mantuvo en la estación policial exigiendo respuestas y pidiendo que dejaran libre a Leví. Pasada la medianoche, los policías se enojaron, lo insultaron y lo sacaron de las instalaciones hacia la calle. “Yo no me esperaba ese trato de parte de quienes portan el lema de ‘servir y proteger’ a la población”, lamentó el líder indígena.
Esa no fue la única vez que Silverio experimentó un rechazo violento en las instituciones públicas solamente por pedir información básica sobre la situación de su hijo.
Silverio Morales participando en la marcha del 1 de mayo. Foto/Francisco Otero
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“Números quiere Nayib y números le vamos a dar”
El calvario de Silverio por conseguir un poco de información acerca de la situación de su hijo en el régimen de excepción no es exclusivo. Lo comparte con otros miles de familiares de personas que fueron capturadas en circunstancias similares y acusadas falsamente. Uno de esos tantos casos es el de Verónica Ramírez, de 35 años, quien es madre de cinco hijos menores de edad a quienes ahora tiene que cuidar en solitario al mismo tiempo que debe trabajar para que no les falte comida, ropa y un techo sobre sus cabezas.
Verónica tiene que hacerlo todo sola, sin ayuda de nadie, porque el régimen de excepción se llevó a su esposo José Ángel Ruiz, el 14 de junio de 2022, acusado de colaborar con las pandillas; a pesar de que nunca ha estado involucrado con grupos delincuenciales. Al contrario, ha dedicado su vida a la iglesia y a su familia, como esta revista pudo comprobar. Al igual que Silverio, la esposa de José también ha desfilado por distintas instituciones públicas para buscar información sobre el caso de su cónyuge, pero en todas le han cerrado la puerta y la han tratado como si fuera otra sospechosa más y la pareja de un criminal.
En la estación policial de la ciudad de Zacatecoluca, en La Paz, donde inicialmente llevaron a su esposo detenido, Verónica se presentó e hizo la pregunta más natural que se puede hacer en ese contexto para intentar entender por qué los policías fueron capaces de llevarse a un esposo atento, padre amoroso de cinco, trabajador y devoto religioso. Lo que respondió un policía la dejó sumergida, hasta la fecha, en una incertidumbre por no poder obtener información mínima.
—¿Por qué lo capturaron?
—Porque números quiere Nayib y números le vamos a dar—dijo uno de los policías, con la arrogancia de un verdugo que se siente impune y que se quiere sacudir las preguntas insistentes de una mujer que le ruega por información.
Esos “números” de los que habló el policía son los que dan la apariencia de que el régimen de excepción es una medida de seguridad pública exitosa, según el análisis de la directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar.
“El régimen de excepción ha sido efectivo para la captura masiva, pero no para hacer justicia. Si así fuera, ya tendríamos en la cárcel a los responsables de los 87 homicidios (del último fin de semana de marzo de 2022) que dieron pie al régimen, pero no tenemos nada. Lo que tenemos son casi 100 mil personas presas sin derecho de audiencia, sin derecho de defensa, sin derecho a juicio justo, y entre ellas, 21 mil inocentes que nosotros hemos calculado”, explicó Escobar.
Entre esos inocentes están el hijo de Silverio y el esposo de Verónica, además de otros miles de casos documentados por el periodismo independiente y las organizaciones de sociedad civil que defienden los derechos humanos. La mayoría de estos casos comparten el mismo patrón de actuación de los agentes, quienes primero capturan, acusan bajo el eslogan de que “los policías son jueces de la calle” y luego investigan. El caso de José, esposo de Verónica, no fue la excepción.
Durante la mañana del 14 de junio de 2022, José se encargó de hacer el almuerzo para la familia. Buscó tutoriales en YouTube para aprender a preparar las papas guisadas en salsa de hongos de ese día. Cuando todo estuvo listo, encendió la motocicleta que ocupaba para vender pan francés, se colocó su casco y salió hacia el trabajo de Verónica para traerla de nuevo a casa y almorzar todos juntos.
Después del almuerzo en familia, José volvió a colocarse el casco y a encender la motocicleta para trasladar a Verónica de nuevo al trabajo. Cuando venía de regreso a su casa, para cuidar a los niños, unos policías lo detuvieron y lo bajaron de la motocicleta.
Verónica recuerda que el celular le sonó a eso de las 3:00 de la tarde, mientras se encontraba atendiendo asuntos de su trabajo. Cuando contestó, José le explicó, preocupado, que los policías lo estaban acusando de ser pandillero y que por eso lo iban a capturar esa misma tarde.
Desde ese momento, Verónica afirma que siente que la incertidumbre se apoderó de ella por no saber nada ni tener acceso a ningún tipo de información sobre el caso de su esposo. Lo único que pudo recuperar esa tarde fue la motocicleta.
“Inició vendiendo pan hace 15 años en una bicicleta. Luego, entre los dos pagamos un crédito para comprar esa moto. Todo con sacrificio. Apenas hace unos meses he terminado de pagar la moto. Aun la tengo, espero que cuando él salga (de la cárcel) vea que como familia nos esforzamos por pagarla y que no la perdiera”, relató.
La detención de su esposo la desanimó, pero siente que su situación es peor por la falta de información sobre el caso. No tener ni la más mínima información la consume, la agota, la hace sentir que camina cuesta arriba por una vereda interminable mientras arrastra sola los gastos del hogar al mismo tiempo que carga con sus cinco hijos.
Los católicos de la iglesia Nuestro Señor de los Pobres, en Zacatecoluca, a la que asistía junto a su esposo, han sido los únicos que la han apoyado y la animan a no rendirse.
“Cuando ocurrió su captura fue algo muy sorprendente porque nunca le vimos algo que nos llamara la atención o que pensáramos que él (José) podía estar involucrado en ningún tipo de grupo delincuencial. Ningún gesto, nunca un tatuaje, una palabra o algo que le sospecháramos”, comentó a esta revista María Ruiz, quien conoció a José en el Movimiento religioso de Encuentros Conyugales desde hace cuatro años.
Como miembros del Movimiento de Encuentros Conyugales José Ruiz junto a su esposa Verónica (segundos de derecha a izquierda) participaban de las misas en la catedral Nuestra Señora de los Pobres en Zacatecoluca. Foto/María Auxiliadora TV.
Ambos, Verónica y su esposo José, eran miembros de esa iglesia y movimiento en el que participaban activamente. José, incluso, se involucraba en las actividades de Semana Santa. En una ocasión, según recuerdan con cariño los feligreses, interpretó a Jesús en el vía crucis.
El 13 de abril de 2022, dos meses antes de su captura, José interpretó a Jesús en el Vía Crucis de Semana Santa realizado por la iglesia a la que asistía.
María Ruiz describe a José como una persona dócil, respetuosa y que trabajaba día y noche para sacar adelante a su familia, pero que a pesar de las largas jornadas de trabajo vendiendo pan siempre hacía tiempo para asistir a la iglesia junto a Verónica y sus hijos.
María también explicó que toda la comunidad religiosa se solidarizó con Verónica y sus hijos: “Se le ayudó con víveres, una ayuda que se recogió y tenemos un hermano que es abogado. Él inició un proceso que al final no dio resultado porque usted sabe que es sumamente difícil”.
Peregrinar por información en instituciones que se cierran
Dado que la Policía se negó a darle información a Silverio y Verónica —sobre los casos de sus familiares, respectivamente— ambos llegaron a la conclusión, por separado y sin conocerse entre sí, de iniciar una peregrinación por diferentes instituciones públicas para intentar conseguir algún tipo de información. Su decisión, en realidad, es tan solo una muestra de lo que hacen miles de familias que también buscan información sobre sus parientes capturados arbitrariamente. Pero el resultado casi siempre es el mismo, como ocurrió con Silverio y Verónica: las instituciones públicas se cerraron, estorbaron, fueron herméticas e incluso su personal fue protagonista de malos tratos.
Silverio comenzó su peregrinaje en la oficina de Sonsonate de la Procuraduría General de la República (PGR), que era la más cercana a su vivienda. En ese lugar esperaba que un abogado público le brindara información. Pero no fue posible. La oficina estaba tan desbordada de casos que no tuvo tiempo para atender a Silverio. Así que decidió viajar hasta San Salvador para tocar la puerta de la sede central de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y solicitar dos cosas: un chequeo médico para Leví y ayuda para aclarar la confusión de los policías en el caso.
A pesar de ir acompañado de su esposa, empleados de la PDDH le indicaron a Silverio que solamente él podía entrar a las instalaciones para entregar el escrito en el que solicita la intervención de la procuradora Raquel Caballero. Foto/Guillermo Cartagena
El personal de la PDDH en San Salvador lo atendió y le aseguró que iba a coordinar el chequeo médico, pero también explicó que la institución no iba a ayudarlo a aclarar el caso ante las autoridades. Aunque los empleados de la Procuraduría prometieron el chequeo médico, Silverio nunca tuvo la prueba o garantía de que efectivamente se realizó. Unos días después, el personal de la institución le comunicó a Silverio que el seguimiento del caso lo llevaría la oficina departamental de Sonsonate.
Aunque esa oficina le quedaba más cerca, Silverio le dijo a esta revista que el trato en esa delegación departamental lo hacía preferir la sede central: “Me pidieron que presentara los arraigos de Leví, y cuando lo hice me dijeron que no valían para nada porque él aparecía perfilado como pandillero activo, así que no se podía hacer nada y cerraron el expediente”.
La experiencia de Verónica es similar, en ninguna institución le ayudaron: “Todos me dicen que tengamos paciencia, que si no deben nada no hay razones para temer. Como siempre, nos quieren ver a nosotros como el pueblo ignorante que se conforma con esas palabras”, lamenta y reprocha que la procuradora de derechos humanos, Raquel Caballero, “no tiene dignidad ni ética de trabajo” a la hora de dar seguimiento a los casos de capturas arbitrarias.
El trabajo de la procuradora de derechos humanos también es cuestionado por organizaciones de sociedad civil que brindan acompañamiento legal a las familias de los inocentes que fueron capturados. La directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, explicó a esta revista que “ella (la procuradora) siempre cierra las puertas” a la sociedad civil y que se ha tenido que trabajar con “procuradores adjuntos o procuradores específicos de cabeceras departamentales” que no tienen la autoridad para tomar decisiones.
De acuerdo con Escobar, este tipo de acciones de parte de la procuradora infringen el artículo 194, numeral 5, de la Constitución de la República, que establece que es tarea de la procuradora vigilar la situación de las personas privadas de su libertad y cuidar que sean respetados los límites legales de las detenciones administrativas.
Zaira Navas, de Cristosal, también señala que la procuradora no ha cumplido con su rol constitucional: “Hemos tenido conocimiento que la Procuraduría en algunos casos al menos hace gestiones y en otros casos pues simplemente no resuelve”.
Navas recalca que las organizaciones de sociedad civil corren la misma suerte que las familias de los inocentes capturados en el régimen. No tienen acceso a casi ninguna información oficial de parte de las instituciones públicas.
“Hemos solicitado información a la Policía, a la Fiscalía, al Conapina, que ahora es responsable de los centros de inserción social, a la Dirección de Centros Penales y en algunos casos se ha declarado bajo reserva y en otros casos nos han dicho que la información es inexistente”, indicó Navas.
Incluso en situaciones de emergencia o cuando se irrumpe con el curso habitual de las actividades relacionadas al régimen de excepción, el aparato estatal niega información a la población. Por ejemplo, lo ocurrido el miércoles 10 de enero de 2024, en las afueras del penal La Esperanza, en Mariona. Los familiares de los detenidos se acercaron alarmados por el movimiento inusual de ambulancias, patrullas, helicópteros, drones y hasta vehículos del Instituto de Medicina Legal que se utilizan para trasladar cadáveres.
Ante la angustia y desconocimiento de lo que había ocurrido dentro del penal, los familiares de los detenidos pidieron información a las autoridades, pero según pudo verificar la Revista Factum, el personal del penal no les dio ninguna respuesta. Durante la mañana de ese 10 de enero, la especulación creció y en redes sociales circularon distintas versiones de lo acontecido, entre ellas, la muerte de un custodio o un motín. Fue hasta la 1:14 de la tarde que la cuenta oficial de X de la Policía informó que la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) estaba realizando requisas sorpresas en todas las cárceles del país. Aunque ese anuncio no explicó la presencia de vehículos de Medicina Legal, fue la única información que los familiares recibieron y tuvieron que resignarse a seguir en la incertidumbre.
Negar información a las familias de los inocentes y a organizaciones de sociedad civil no es todo lo que las instituciones públicas son capaces de hacer, en contra de lo que establece la Constitución. El Gobierno de Bukele también ha mentido ante organismos internacionales sobre lo que ocurre en el régimen de excepción. En un informe para el Comité contra la Tortura de la ONU, los representantes del gobierno afirmaron que los familiares tienen una comunicación fluida que les permite construir su estrategia de defensa en el proceso judicial. Eso es falso. Los casos de Silverio y Verónica son apenas dos claros ejemplos, de miles, de que esa narrativa oficial es falsa y que a los familiares no se les brinda el acceso para hablar y ver a los detenidos.
Informe del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas emitido en noviembre de 2022 en el que manifiestan sus preocupaciones sobre casos de torturas y muertes en los centros penitenciarios de El Salvador. Un año después el Gobierno respondió asegurando que no existen tales casos.
La falta de información en medio del régimen de excepción también obstaculiza y bloquea el trabajo de los periodistas y medios independientes que intentan retratar la realidad salvadoreña, más allá de la publicidad internacional del Gobierno de Bukele y las mentiras que infunde en los informes sobre lo que ocurre en el país.
La jefa de redacción de la Revista Factum, Jessica Ávalos, sostiene que uno de los obstáculos para informar en el régimen ha sido que la administración Bukele esconde o matiza las estadísticas y además infunde temor en las personas que han sido víctimas directas o indirectas del régimen para que no hablen con la prensa.
“Esta cantidad exorbitante que menciona el gobierno de que hay 100 mil capturados no tenemos manera de ver si es cierto o si la cifra ha sido inflada, no tenemos manera de ver el hacinamiento carcelario, porque no tenemos manera de pedirle a Centros Penales información, porque todo lo han reservado”, enfatizó Ávalos.
Las dificultades para obtener información por parte de la Dirección General de Centros Penales comienzan desde el sitio web del Instituto de Acceso a la Información Pública. El correo electrónico karla.sanchez@seguridad.gob.sv que se encontraba en el Portal de Transparencia de esta institución estaba desactualizado y no aparecía como destinatario real. Fue actualizado antes de la publicación de este reportaje. Cuando se marca al número de teléfono 2133-7265, que se mantiene en el sitio web, aparece como ocupado y no existe una respuesta.
Esto obliga a cualquier persona interesada en solicitar información, incluso aquellas que viven en las zonas más remotas del país, a tener que movilizarse y presentarse en persona a las oficinas de la Dirección General de Centros Penales para poder hacer la solicitud.
Para este reportaje, GatoEncerrado comprobó que la Dirección General de Centros Penales no brinda información. Esta revista hizo el ejercicio de solicitar las cifras de personas detenidas, cuántos se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ, cantidad de fallecidos dentro de los penales en el periodo del régimen de excepción, mecanismos de comunicación entre la Dirección de Centros Penales y los familiares de personas inocentes capturadas para notificaciones de cualquier índole, población carcelaria con padecimientos terminales y el financiamiento de las tiendas penitenciarias a escala nacional. Pero la respuesta que se obtuvo es que toda esa información está bajo reserva. En otras palabras, no se puede saber ni siquiera datos estadísticos, mucho menos pueden las familias obtener datos específicos de sus parientes detenidos.
A pesar de las complicaciones para obtener información oficial, el esfuerzo de los periodistas no decae. Jessica Orellana, fotoperiodista de El Diario de Hoy, explica que continuará haciendo periodismo para poner sobre la mesa aquellas problemáticas que el Gobierno de Bukele no quiere dar a conocer, de esta manera considera que le “brinda voz a la gente que sin el periodismo no podría expresar sus malestares o inconformidades”.
Asegura que seguirá haciéndolo, pese a que en el régimen no solo se enfrenta a la opacidad del gobierno, sino también a policías y militares que agreden: “Como fotoperiodistas hemos enfrentado cuestionamientos sobre nuestro trabajo, vulneraciones, agresiones; porque policías y militares se sienten con la potestad de agredirnos. Es indignante”, afirmó Orellana.
Jessica Ávalos insiste en que el momento que atraviesa El Salvador demanda aún más la labor periodística, porque considera que es el único gremio que se ha quedado intentando fiscalizar al poder: “Que se cuestionen por qué hay tanto interés en desacreditar a la prensa, por qué incomodamos tanto, por qué le estorbamos tanto los políticos cuando en realidad lo único que hacemos es intentar explicar cómo se gasta cada centavo que la ciudadanía paga con sus impuestos”, es la invitación de Ávalos para aquellas personas que ven en el periodismo un enemigo del Gobierno de Bukele, y no una labor que hace contrapeso y contraloría social.
Hipótesis de por qué se oculta la información
Ante la falta de información y datos, que es negada a familiares, organizaciones de sociedad civil y periodistas, Silverio tiene una hipótesis: “Muchos están muriendo ahí (en las cárceles) y por eso mismo no dan información”.
Para Ingrid Escobar, la suposición de Silverio no es descabellada, ya que los hechos la respaldan. Su organización ha documentado cuatro casos de personas inocentes que fueron capturadas en el régimen de excepción y que después fallecieron en la cárcel, bajo la tutela del Estado. El primer caso es el de una mujer que estaba en la morgue y a la familia no le notificaron las autoridades; los siguientes tres casos son bastante similares, los familiares seguían comprando y entregando los paquetes de alimentación e higiene porque no les habían informado que sus parientes ya estaban enterrados en una fosa común del cementerio de La Bermeja en San Salvador.
“Nunca voy a olvidar el día en el que yo estaba en un parque con mis hijos y una mujer me llamó llorando para decirme que le habían informado que su esposo ya estaba enterrado, y ella dando lactancia materna, imagínese”, contó Escobar con indignación.
Secuelas de la incertidumbre por falta de información
La falta de información provoca que los familiares de los inocentes detenidos convivan con la incertidumbre. Según los casos documentados por esta revista y organizaciones sociales, la incertidumbre también lleva al estrés, la ansiedad, depresión e incluso problemas de salud que se manifiestan físicamente. Así ocurrió con Verónica.
“Estoy padeciendo de distintas enfermedades que se me han ido desarrollando, como quiste en los ovarios (…) Porque el problema comienza en lo mental, tanto de mis emociones y mi forma de actuar, luego se vuelve algo físico”, afirmó Verónica, quien agregó que la ansiedad no la deja dormir por las noches.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), le explicó a esta revista que en su organización han recibido múltiples casos de personas que les han detallado que a raíz de la incertidumbre de no saber nada de sus familiares han comenzado a padecer insomnio, especialmente las mujeres aseguran tener frecuentes dolores de cabeza.
Por su parte, Silverio reconoce que durante el tiempo en que pasó con incertidumbre por falta de información sobre su hijo no podía desahogarse por completo: “Siento que el corazón se me va a parar, que no me llega oxígeno al cerebro y que voy a caer”, detalló, mientras aún esperaba la liberación de Leví.
Aunque no ha estado en tratamiento con ningún psicólogo, Silverio mencionó que trató de controlarse por su propia cuenta para evitar un percance de salud mayor.
Su esposa también se vio afectada por la incertidumbre, al grado de haber considerado quitarse la vida: “Mucho lloraba, se desesperaba, entonces comencé a ponerla en tratamiento con psicólogos. Estuvo con un psicólogo en Nahuizalco, Sonsonate, y tres en San Salvador”, dijo Silverio.
Ese impacto psicológico y emocional en más de alguna ocasión hizo que Silverio sintiera que todo su esfuerzo era en vano al no encontrar ninguna resolución de parte de las autoridades, pero no desistió porque se aferraba a la esperanza de que Leví seguía vivo y que necesitaba que su padre siguiera luchando por su libertad.
Para atender la salud mental y emocional de las familias afectadas por el régimen de excepción no existe ni un solo plan gubernamental. No hay ningún programa al que puedan acudir para enfrentar la incertidumbre. Están sin información, sin tratamiento en salud mental y encima enfrentan un duro golpe económico. Un cóctel de males que deben enfrentar al mismo tiempo.
El impacto económico
Por la afectación emocional a raíz de la incertidumbre de no saber nada de Leví y porque tuvo que invertir su tiempo en la búsqueda de información, Silverio no pudo cosechar nada en 2022 ni en 2023. El resultado fue una pérdida de $10 mil dólares. Leví contaba con algunos animales de ganado, pero desde su captura algunos escaparon y otros murieron porque la familia no contaba con los recursos para alimentarlos. Eso se traduce en otros $3 mil dólares de pérdida. Además, Silverio asegura que gastaron alrededor de $2 mil dólares en la compra de paquetes de alimentación e higiene para su hijo, mientras estaba en la cárcel.
A Verónica Ramírez, la captura de su esposo la condujo a una nueva realidad en la que debe hacerse cargo por sí sola de sus cinco hijos y de su esposo, porque como ella misma dice: “Él se ha vuelto como un niño en este momento, porque hoy también depende de mí”. Los gastos que antes cubrían con los salarios de ambos, ahora los asume Verónica por completo y de forma indefinida, ya que su esposo sigue en prisión y ella sin saber nada sobre el caso.
También ha incurrido en gastos médicos a raíz de la enfermedad que desarrolló en este año y medio sin saber nada de su esposo: “He pagado médico privado porque aquí, en este país, en lugar de mejorar vamos como el cangrejo caminando hacia atrás, porque aquí no hay para que le hagan citologías en hospitales. Cuando uno va a pasar consulta de emergencia, le dicen que la citología se la tiene que hacer fuera, yo creo que no es de hospital de primer mundo”, mencionó Verónica sobre la razón por la que ha tenido que pagar un médico privado.
Sobre estas dificultades que enfrentan las familias, la economista Tatiana Marroquín plantea que muchos de los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción “son personas que tenían un trabajo, que participaban de forma activa y económicamente en sus hogares, que no pertenecían a pandillas y que ahora ya no son un ingreso, sino que de hecho son un gasto”.
Marroquín sostiene que el gasto que representan los detenidos para sus familias es un aspecto del régimen de excepción que tendría que ser revisado por el gobierno: “El Estado debe ser responsable, no solo por la buenas noticias de esta acción pública, sino que también es responsable de los efectos negativos de sus acciones como muchas personas apresadas injustamente y que hay una gran carga económica para la familia, sobre todo para las mujeres, al intentar mantener a las personas que están dentro de las cárceles”.
Las repercusiones económicas llegan incluso a la niñez. La hermana de Silverio fue su primera familiar arrestada bajo el régimen de excepción. Tras la captura, los dos hijos de ella perdieron a la persona que sostenía el hogar. Este hecho los forzó a renunciar al estudio para poder trabajar y generar ingresos para sobrevivir. No pueden estar en un salón de clases porque ahora sus mañanas las dedican a preparar todos los materiales para la elaboración del fresco natural que venden en su colonia.
“Por eso es que nosotros cuestionamos mucho eso que llaman nacer con cariño, crecer juntos… No hay coherencia. Bonito que haya una ley, pero en la teoría, porque en la práctica imagínese esos niños, crecer juntos, pero juntos ¿con quién?”, cuestionó Silverio sobre la situación de sus sobrinos y el desamparo del Estado con la niñez a pesar de la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, en vigencia desde enero de 2023.
Según Marroquín, tampoco hay ninguna política pública que esté enfocada en cuidar de los niños y niñas que se están quedando sin sus padres en el marco del régimen de excepción: “Existen instituciones que deben de responder a esto, porque independientemente de que sus papás hayan cometido errores, el Estado debe de defender a los niños y las niñas, y en este caso también les ha dejado de garantizar cualquier clase de derecho o no ha atendido la consecuencia de sus propias acciones”.
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Una liberación a medias
Al mediodía del 14 de mayo de 2024, Silverio recibió una llamada telefónica de parte de la Dirección General de Centros Penales, en la que le informaron que su hijo Leví iba a ser liberado esa misma tarde. La información fue escueta, solo le dijeron que tenía que presentarse a las 16:00 horas frente al Centro Penal de Izalco para recibirlo.
Hasta esa fecha, ya habían pasado 18 meses desde que Leví fue capturado y dos semanas desde que el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado en Santa Ana había ordenado, por segunda vez, la liberación inmediata de Leví. Centros Penales, por su parte y sin justificación, había retrasado la liberación.
Con la esperanza de que la información en la llamada era cierta, Silverio dejó todo lo que estaba haciendo y se fue, junto a su esposa y dos tías de Leví, hasta el Centro Penal de Izalco. Faltando cinco minutos para la hora indicada, Silverio llegó y luego se acercó a los policías que estaban en un puesto de control, ubicado aproximadamente a un kilómetro de la cárcel.
En el punto de control, explicó que recibió una llamada telefónica en el que le informaron que su hijo Leví sería liberado, pero los policías le contestaron que no tenían información al respecto.
Un poco preocupado, pero sin perder la fe, se hizo a un lado del camino y decidió esperar. Junto a su esposa, se mostraba ansioso. Se sentó un par de veces en el borde de una cuneta junto a la calle y se volvió a levantar. Tres veces sacó del bolsillo de su pantalón su celular solo para corroborar la hora y luego caminó de un lado para otro.
Finalmente, a las 5:15 de la tarde, un pick up blanco doble cabina, propiedad de Centros Penales, se acercó al punto de control. Se detuvo y los agentes que venían a bordo bajaron a un joven, rapado recientemente y vestido con las ropas de los privados de libertad: con un pantalón corto blanco, camiseta blanca y calzando unas sandalias negras. Una vez abajo, liberaron sus manos que estaban atadas a su espalda con unas esposas.
—Aquí estate, no te movás— le dijo Silverio a su esposa, a quien detuvo con su mano sobre el hombro derecho, mientras ella quería caminar hacia el joven que los agentes bajaron del vehículo.
—No es él, no es él— le aseguró Silverio.
—Sí, él es— reprochó su esposa, entre sollozos pero con la seguridad de una madre que reconoce a su hijo aunque la cárcel le haya cambiado el aspecto físico.
Un momento después, Silverio fue llamado por los policías para que recibiera a su hijo. El trámite para entregárselo duró otros ocho minutos. Luego, finalmente, Leví pudo cambiarse la ropa por un pantalón y una camisa que su padre le había llevado.
Luego de una larga espera de 18 meses desde el momento de su captura arbitraria, Leví se reencontró con su familia que le esperaba con ansias a las afueras del Penal de Izalco en Sonsonate. Leví salió con fiebre. Fotos/Bladimir Nolasco.
Abrazó a su mamá, a sus dos tías, y entre lágrimas caminaron todos juntos hasta una camioneta que la organización Fespad había proveído para que Leví y su familia fueran trasladados hasta su hogar.
“Lo más prudente es que nos vayamos ya de aquí”, dijo una de las abogadas de Fespad a Silverio, con el temor de que ocurriera una nueva recaptura, como la primera vez que el Tribunal ordenó la liberación de Leví.
Aunque Leví ahora goza de libertad, su caso sigue intacto y deberá enfrentar el proceso judicial en su contra con la posibilidad de ser condenado injustamente tras la confusión de unos policías que lo capturaron mientras buscaban supuestos pandilleros en medio del régimen de excepción.
Por: Maribel Ochoa Espinosa y Herman Van de Velde. Estelí, Nicaragua
La cooperación genuina y la paz son prácticas que se entrelazan de manera intrínseca. La cooperación genuina se refiere a la voluntad y el compromiso de trabajar juntas/os para lograr objetivos comunes. La paz se expresa en sentires de armonía y convivencia disfrutada, que se logran cuando hay un ambiente de confianza profunda y disfrute de la diversidad. Ambas se construyen y son tanto camino como también horizonte.
En la resolución y transformación de relaciones sociales, la cooperación genuina es una práctica que se promueve para concretar un sueño compartido, como por ejemplo un proyecto pedagógico-político nacional, un proyecto de nación, como nuestra Revolución. Además, es un factor clave en la prevención y resolución de desacuerdos, ya que puede facilitar a las partes a comprenderse mejor y a buscar soluciones que satisfagan a todas y todos.
En educación, por ejemplo, la cooperación genuina es un medio para promover la paz al fomentar el respeto activo, el disfrute de la diversidad presente entre actoras/es y autoras/es involucradas/os. En el ámbito educativo, una estrategia pedagógica para la resolución pacífica de divergencias es justamente la cooperación genuina, ya que esta implica la construcción de confianza, el escucharse para comprender, el descubrirse, el compartirse, el comprometerse, acompañarse e integrarse armónicamente. La gestión de la paz en una comunidad educativa es también una eficaz estrategia para fomentar la cooperación genuina como característica del ambiente educativo en general.
En la política, la cooperación genuina es un medio para lograr la paz al fomentarla entre gobierno, como autor nacional, y comunidades, como autores locales. En la sociedad en general, es un medio para alcanzar la paz al fomentar la comprensión, el compartir, el compromiso y el acompañarse constructivamente entre diferentes comunidades y grupos, construyendo una convivencia que se disfruta, con creatividad, emprendimiento y alegría.
En nuestra Nicaragua de hoy, fomentando el cooperativismo, el trabajar juntas/os en armonía e identificadas/os con nuestro proyecto político pedagógico de nación, se visualiza esta cooperación genuina entre gobierno nacional y comunidades locales, como expresión esencial de Paz, a través de las grandes campañas de vacunación, del censo nacional, de las campañas de alfabetización, proyectos de vivienda, la educación en el campo, la educación técnica (por ejemplo, las escuelas municipales de oficio), etc.
¿Para qué competir si cooperar es esencia humana?
La cooperación genuina es esencial para la supervivencia y el bienSER de la humanidad, el cual implica la paz. Nos permite superar desafíos, alcanzar metas comunes y crear una sociedad más equitativa y justa. Implica un compromiso auténtico con el bienestar y el bienSER del otro y de la otra, lo que a su vez promueve un ambiente de entendimiento mutuo y disfrute de esta diversidad omnipresente. Tanto la cooperación genuina como la paz implican una visión necesariamente incluyente: entre quienes nos apuntamos a nuestro proyecto común, a nivel nacional o local, nadie puede quedar atrás.
También, contribuye significativamente a la creación y el mantenimiento de relaciones creativas, duraderas y beneficiosas. Cuando las personas trabajan juntas de manera cooperativa solidaria, construyen lazos sociales y vínculos emocionales que trascienden las diferencias personales. Estas relaciones interpersonales sólidas son la base de comunidades fuertes y cohesionadas, donde prevalece la armonía y se promueve el bienestar común, un bienSER comunitario. A medida que estas relaciones se fortalecen, se reduce la probabilidad de conflictos y se fomenta un ambiente propicio para la paz y la estabilidad.
Por último: la cooperación genuina parte de la construcción colectiva de un ambiente de confianza y se basa en varios pilares (ver imagen abajo): el escucharnos para comprendernos, el descubrirnos para poder disfrutarnos diversas como personas, la ternura al compartirnos y comprometernos, el acompañarnos e integrarnos. Estos pilares se van construyendo a través de la participación en experiencias, de las cuales aprendemos (experienciación), con la sistematización de estas, construyendo nuestras conciencias (concienciación), tal que nos podamos comunicar e integrar cada vez mejor, apuntando al transformarnos para poder transformar también nuestro contexto, concretando nuestro sueño en común.
Cooperación Genuina y Paz: una interacción dialéctica
La paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una práctica, una convivencia en armonía y entendimiento mutuo, de comprensión profunda y de disfrute de la Vida, desde un enfoque EcoPerSocial[1], en su sentido más amplio, integral.
La cooperación genuina juega un papel crucial en la construcción de un ambiente de paz. Cuando las personas, comunidades y naciones cooperan de manera genuina, se fomenta el diálogo, un Diálogo en Encuentro (DenE), se superan los desacuerdos de manera constructiva y se promueve la comprensión, llevando al compromiso del acompañamiento activo para la integración.
Por otro lado, la paz, cuando sea posible, proporciona el contexto necesario para que la cooperación genuina prospere. Es camino, porque en un entorno caracterizado por violencia o inseguridad es difícil establecer relaciones de confianza y trabajar juntas/os hacia objetivos comunes. Por lo tanto, crea las condiciones propicias para el florecimiento de la cooperación genuina al reducir las tensiones y los temores que pueden obstaculizar la cooperación. Cuando las personas se sienten seguras y protegidas están más dispuestas a comprometerse y a cooperar entre sí para trabajar desafíos compartidos. Sin embargo, una desgracia mundial es que en muchas ocasiones nos imponen la guerra, como en el caso de la lucha palestina en estos momentos. También en esta lucha es indispensable la unidad y la cooperación genuina en defensa de sus derechos, por ejemplo, del Pueblo Palestino.
La relación entre la cooperación genuina y la paz es fundamental para comprender cómo las sociedades pueden avanzar hacia un futuro más próspero y armonioso. La cooperación genuina implica un compromiso sincero entre personas, comunidades o naciones para trabajar juntas/os, concretando el sueño compartido. La paz se refiere a un estado de satisfacción / plenitud que se construye y se expresa tanto a nivel interno de las personas como en la comunidad, en el territorio. Esta interacción dinámica es necesariamente una consecuencia de una política intencionada, tanto a nivel internacional, nacional como local (comunitaria, familiar y personal) con un enfoque de identidad EcoPerSocial.
Esta interacción, además de dinámica, es multidireccional y beneficiosa para todas/os sus autoras/es, porque cooperar genuinamente fomenta la comprensión, construye confianza y facilita superar diferencias o desacuerdos. A su vez, un ambiente de paz facilita el cooperar genuinamente, al implicar un ambiente seguro de convivencia saludable. De allí que ambas interactúan dialécticamente. En última instancia, tanto la cooperación genuina como la paz son fundamentales para construir sociedades más justas y equitativas en todo el mundo. Lastimosamente, en muchas ocasiones las guerras impuestas lo obstaculizan y demandan la unidad de nuestros pueblos en la lucha por sus derechos, por la soberanía.
La negociación cooperativa, en la que las partes buscan satisfacer un gran abanico de intereses y crean relaciones beneficiosas a largo plazo, es una estrategia importante en consolidar un camino de paz, por ejemplo, cuando los sectores involucrados dialogan y acuerdan respecto al aumento del salario mínimo en nuestro país. Otra estrategia es fomentar la cooperación y la resolución mutua de problemas, alentando el diálogo abierto y el intercambio de ideas.
Además, la implementación de políticas y procedimientos de resolución de conflictos, así como la capacitación en habilidades relacionadas, pueden ser eficaces en el fomento de la cooperación genuina.
Desafíos
El cooperar genuinamente implica un proceso lleno de aprendizajes y se va construyendo, se va perfeccionando desde la experiencia. Los prejuicios, la desconfianza y los intereses personales, a menudo pueden convertirse en desafíos y obstaculizarla. Para enfrentar estos desafíos, es esencial fomentar el arte de escucharnos para comprendernos: la empatía, la comprensión, el compromiso, acompañamiento e integración, así como el profundo respeto mutuo, o aún más allá: el disfrute de la diversidad, apuntando siempre al sueño compartido. La educación y el diálogo son herramientas poderosas para promover la cooperación genuina y, por consiguiente, la paz.
Tal como ya indicamos, al practicar la cooperación genuina promovemos la comprensión mutua y la confianza entre las partes involucradas. Cuando las personas se comprometen sinceramente a cooperar, están dispuestas a escuchar y comprender las perspectivas y necesidades de los demás. Esta comprensión mutua es esencial para superar las barreras y los prejuicios que a menudo conducen a malentendidos y hasta a conflictos. Al establecer un diálogo abierto y constructivo, un diálogo en encuentro, la cooperación genuina fomenta la superación de diferencias, la resolución pacífica de disputas y la búsqueda de soluciones, satisfactorias para todas las partes involucradas.
Y un desafío singular que queremos plantear a la comunidad académica en cada país, especialmente en Nicaragua: crear e instalar una Cátedra permanente de Cooperación Genuina, a la cual se integran estudiantes, docentes, líderes y lideresas comunitarios/os con el objetivo de ir profundizando en los significados, implicancias, alcances de su esencia y sus contribuciones cada vez más visibles a una paz duradera. El reto está planteado: ¿qué universidad se apunta? ¿nos apuntamos?
Entonces:
En conclusión, la cooperación genuina es un pilar fundamental para la construcción de la paz. A través de ella, podemos fomentar un ambiente de entendimiento mutuo, de disfrute de la diversidad y superación de desafíos, construyendo un mundo más justo, equitativo y armonioso, una sociedad en Paz.
[1]Identidad EcoPerSocial: la identidad personal, comunitaria o social compuesta por tres componentes inseparables: lo que es sumamente personal, insumos desde la interacción histórica social, la incidencia del contexto ecológico (el territorio) donde una/o actúa.
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