LA INTERCULTURALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS MÚLTIPLES OTROS EN LA CONVIVENCIA EDUCATIVA*
Autores:
Alarcón Puentes, Johnny
Licenciatura en Antropología, Universidad del Zulia, Venezuela
Correo electrónico: jalarconxxi@gmail.com
Fernández Soto, Zaidy
Maestría en Antropología, Universidad del Zulia, Venezuela
Correo electrónico: zaidyfer21@gmail.com
Leal Jerez, Morelva
Laboratorio de Antropología Social y Cultural, LUZ, Venezuela
Correo electrónico: morelvaleal@gmail.com
Resumen
El artículo se plantea un recorrido histórico del proceso de implementación y desarrollo de lo que en Venezuela se ha denominado Educación Intercultural Bilingüe, que ha tenido otras denominaciones en diversos países de nuestra América, que en definitiva ha seguido más o menos el mismo recorrido, signado por concepciones similares de la comprensión de la diversidad cultural. Se parte de consideraciones teóricas para posteriormente explorar los instrumentos legales y los procesos políticas/institucionales para concluir con una perspectiva sobre una educación intercultural desde lo pluricultural como medida para logar la superación de los escollos que han impedido su desarrollo pleno.
Jornada internacional de Solidaridad con el pueblo panameño el 9 de junio
Panamá: el epicentro de la lucha en Latinoamérica
Por: José Cambra[1] & Luis Bonilla-Molina 2/CII-OVE/GT capitalismo digital
Introducción
Un pequeño país de de cuatro millones 200 mil habitantes le muestra a Latinoamérica y el mundo que si es posible enfrentar en la tercera década del siglo XXI, los intereses del capital financiero y los fondos buitres.
Hace solo un par de días, la sangre de un niño indígena de doce años, herido de gravedad por la represión gubernamental, mostraba que el conflicto entraba en una nueva etapa. Un poco antes tanto, Saúl Méndez, principal dirigente del poderoso sindicato de la construcción tuvo que asilarse en la embajada de Bolivia para evitar ser presentado como un trofeo y colocado en prisión, algo que ya ocurrió con otros dos de sus dirigentes, Genaro López y Jaime Caballero, quienes han sido enviados a la peor cárcel de delincuentes comunes de ese país, sindicato al que ya el gobierno anterior le había confiscado las cuotas de su membresía, medida que el nuevo presidente siguió manteniendo, incluso con allanamientos recientes de sus sedes sindicales y el cierre de su cooperativa. Miles de docentes en huelga han sido desaparecidos de las planillas de pago y otros tantos han pasado de manera ilegal a la figura de licencia sin sueldo permanente.
Esto ocurre, en medio de un impresionante cerco mediático mundial correspondiente al que se vive dentro del país, que crea una cortina informativa que impide que el movimiento social y los pueblos del mundo conozcan lo que esta ocurriendo en el pequeño país centroamericano.
El origen
En 2023, luego de un periodo de luchas en ascenso del movimiento docente y los trabajadores en su conjunto en Panamá, se produce la rebelión popular ecológica más importante en e mundo en lo que va del siglo XXI. Después de semanas de movilización y paralización del país, protagonizadas por los docentes, trabajadores de la construcción, obreros de las bananeras, comarcas indígenas, juventud, mujeres, ambientalistas, comunidades y una amplia franja de la clase media, se logra arrancar una decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordena el cese de operaciones de la trasnacional First Quantum y el cierre de la mina que había generado la revuelta popular. Esta decisión judicial, echó por tierra el acuerdo espurio construido en el parlamento panameño, que pretendía prolongar la destrucción del medio ambiente.
Tal contramarcha de los poderes públicos, es ocasionada por el temor de la burguesía panameña a la rebelión ecológica popular que había pasado a cerrar las más importantes vías de transporte del país, afectando las ganancias de sectores del capital. Ocurre una victoria ecológica sin precedentes.
La reacción de la burguesía panameña y el capital financiero fue adoptar en el 2024 la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, ex ministro del interior del corrupto gobierno de Martinelli y consentido del señor Motta, el magnate de la industria aérea panameña, medios de comunicación y otras operaciones comerciales. Su agenda, construir una nueva situación política que permitiera volver a recuperar la dominación previa a la rebelión ecológica, ampliar las ganancias del capital financiero en ese país y cumplir con la agenda neocolonial de una inminente nueva administración de Trump en la Casa Blanca.
Lo novedoso de la elección del presidente Mulino fue la llegada al parlamento de una amplia bancada de diputados independientes, que habían aprovechado la ola de la revuelta popular para abrirse espacio. Esta renovación parlamentaria, que mostraba la intención del electorado de producir una nueva situación política, fue traicionada rápidamente por la mitad de esta nueva fracción parlamentaria quienes rápidamente llegaron a un acuerdo con el reaccionario gobierno de Mulino quien, electo con solo el 34% de los votos, carecía de mayoría parlamentaria.
Esta nueva correlación de fuerzas le permite avanzar en la aprobación de la Ley 462 que produce una nueva regresión en el régimen de jubilaciones y pensiones de la clase trabajadora panameña, que pasa de un retiro con aproximadamente el 60% de su salario a un 30% o menos. También permite que las familias ricas de Panamá manejen los fondos de las pensiones y estas entren a la especulación del mercado financiero. Además, el presidente Mulino anuncia la intención de reabrir la minería y volver a habilitar a First Quantum, saltando de manera olímpica la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La indignación se instaló en todos los territorios de Panamá.
Para colmo, la llegada de Trump a su segundo mandato se produce con una manifiesta intención de volver a la situación de control del Canal de Panamá, algo que encuentra el beneplácito del gobierno de Mulino, el cual firma un acuerdo para habilitar la reapertura de tres bases militares de los Estados Unidos, a pesar que Panamá por disposición constitucional no posee ejército y que un tratado vigente entre ambos países había establecido desde finales de 1999 el final de tal presencia militar extranjera. Se configura así una situación de vasallaje del gobierno de ese país, hecho que termina por iniciar un nuevo ciclo de protestas.
Cinco semanas de la huelga nacional
Los primeros en declarar la huelga el pasado 23 de abril fueron los docentes, quienes anunciaron que no volverían a las aulas hasta que no se derogara la Ley 462 (régimen de pensiones y jubilaciones), se garantizara el cierre de la minería y se dejara sin efecto el memorándum de entendimiento militar con los Estados Unidos. En esta oportunidad ocurre el fenómeno progresivo de miles de padres, madres y familias quienes en las escuelas y colegios deciden en asambleas dar apoyo a la huelga que sostienen los educadores de sus hijos. Nuevamente reaparecen, desde que en la década de los ochenta habían sido suprimidas por Noriega sus asociaciones por colegio, movilizaciones de estudiantes de secundaria, mientras la Universidad de Panamá es epicentro de reuniones, declaraciones, encuentros y de una mega marcha, a pesar de la inexplicable mancha de la expulsión por parte de las autoridades de un estudiante por acciones de lucha y de los intentos por convertir a la casa de estudio en un “espacio de negociación” y no del decisivo accionar a favor de la indignación patriótica.
Movilizaciones diarias de los maestros y profesores, junto a la entrada en conflicto de los trabajadores de las bananeras y el poderoso sindicato de la construcción, han generado la incorporación a la lucha de poblaciones enteras en las provincias del interior del país. Esto elevó la calidad y el número de manifestantes, lo cual llevó al gobierno del señor Mulino a desatar una represión sin precedentes en las últimas décadas, contra el movimiento social. Cientos de heridos y detenidos a diario no detuvieron las protestas, por el contrario, las incrementaron.
Al entrar en el conflicto las comarcas indígenas la represión se hizo de manera inmisericorde, especialmente contra mujeres y niños de los pueblos originarios. El saldo de un menor de 12 años y un estudiante universitario heridos gravemente por las balas de un gobierno que ha dicho públicamente que no le interesa si su popularidad está en -50%, cuando se dieron a conocer sondeos que ubicaban en menos del 10% la aprobación ciudadana de su mandato, revela que estamos ante un gobierno de mano dura que busca infringir una derrota al movimiento social que le permita deshacerse de sus principales organizaciones para avanzar en sus nefastos planes.
Esta semana el conflicto entra a una etapa decisiva, mientras el gobierno juega a la dilación para producir su desgaste, con la esperanza que las protestas se apagarán en los próximos días. Sin embargo, todo indica que se pasará de las movilizaciones a la paralización del país, para lo cual se requiere multiplicar las voces de solidaridad internacional
El método correcto
La Alianza Pueblo Unido por la Vida, coalición del movimiento social que impulsa las protestas, ha construido un amplio frente social que enfrenta la ofensiva neoconservadora y neocolonialista de Mulino.
Los gremios docentes, sindicales, ambientalistas y comunitarios muestran que el camino correcto es ir más allá de las luchas sectoriales y construir alianzas entre las fuerzas nacionalistas, patrióticas y que defienden a la clase trabajadora, para generar una amplia participación de las poblaciones para avanzar en las luchas y lograr derrotar al capital financiero, las políticas extractivistas y el neocolonialismo norteamericano.
La burguesía panameña: entre la voracidad de la financiarización y el temor a una explosión
Social. La contradicción que vuelve a tener, como en 2023, la burguesía panameña es decidir entre la voracidad del capital financiero que va detrás de los fondos de jubilaciones y las inversiones mineras o la estabilidad del propio régimen burgués. Por eso, han apostado por un aplastamiento de la revuelta, vía manu policial, pero de no lograr hacerlo, tendrían que decidir entre retroceder o perder el control.
Cada vez más, la asociación de los de arriba, los poderosos y ricos, tiene menos contacto con el pueblo y se concentra en la propaganda de los medios de comunicación de los cuales son propietarios. Cuanto durará esta situación es la pregunta clave.
Revocatoria de mandato presidencial
Una salida intermedia que comienza a resonar en las calles es la posibilidad de revocar el mandato presidencial y convocar a nuevas elecciones, pero esto tiene el obstáculo leguleyo que nunca se reglamentó esta acción revocatoria. Sin embargo, las iniciativas de Ley para que esto ocurra siguen adelantándose y tomando curso, con crecientes simpatías de los ciudadanos.
La destitución de Mulino tiene otro curso legal, que la Asamblea de diputados atienda la acusación presentada por la Alianza Pueblo Unido por atentar contra la personalidad internacional del Estado, por el entreguista Memorando que permite reabrir bases militares norteamericanas. De llegarse a los niveles de participación comunitaria del 2023, podría configurar una nueva correlación de fuerzas que permita abrir juicio al actual presidente, desde las propias normas establecidas en la Constitución panameña.
Ello permitiría revertir la Ley 462, dejar sin efecto la reapertura de la minería y anular el Memorando que ha permitido la reapertura de bases militares norteamericanas. Pero eso solo puede ocurrir en el marco de sostener y ampliar las movilizaciones populares. Por eso, las próximas horas serán claves para el curso de los acontecimientos.
La necesidad de impulsar la solidaridad internacional
En medio de esta dramática situación, se requiere de una amplia y plural solidaridad internacional de las fuerzas democráticas y progresistas, el movimiento social y educativo a nivel internacional. No podemos dejar solo al pueblo panameño en esta hora.
Por eso, desde el movimiento social se ha lanzado, entre otras importantes iniciativas, la campaña mundial de protesta y entrega de declaraciones de solidaridad con la lucha del pueblo panameño, frente a las embajadas y consulados de Panamá en cada país, el día 9 de junio de 2025. Esto permitiría comenzar a romper el cerco mediático que han configurado las grandes agencias de noticias y establecer una importante red de comunicación y solidaridad alternativa. Los esperamos el 9 de junio, frente a la embajada panameña de sus países.
[1] 1 Director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá. Directivo de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), integrante de la Alianza por el Pueblo Unido
2 Profesor visitante en la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil, integrante del secretariado del Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo, investigador de las ciencias sociales y pedagógicas asociado a CLACSO, CLADE, Kairos, ALAS. Director de investigaciones de Otras Voces en Educación.
Por: María Guadalupe Mendoza Ramírez, Patricia Delgado Monroy. Miembros de las Comisiones Organizadoras de las Unidades 151 Toluca y 152 Atizapán, Estado de México
Antecedentes
La Universidad Pedagógica Nacional presente en el Estado de México ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de sus 45 años de historia, la cual puede ser referidas en dos etapas: la primera, inicia en el año 1979 con la creación de las 74 Unidades UPN dependiendo administrativamente de la SEP y académicamente de la rectoría de la Unidad Ajusco; esto permitió el desarrollo de las funciones sustantivas y el crecimiento académico de las Unidades. La segunda inicia en 1992, derivada de la imposición gubernamental del Acuerdo Nacional de Modernización Educativa, por el que se transfirieron todas las Unidades UPN estatales, con sus Sedes y Subsedes, a los gobiernos de las Entidades Federativas, cambiando sus condiciones de operación, al pasar repentinamente a depender administrativamente de los gobiernos estatales y académicamente de la Unidad Ajusco de la Ciudad de México; de manera particular en el Estado de México las Unidades fueron transferidas a los Sistemas Educativos Integrados al Estado de México[1] (SEIEM), asimismo se creó la llamada Junta de Gobierno de Educación Superior y Educación Continua conformada por el Director de los SEIEM y los Secretarios Generales de la Sección 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desde este momento las condiciones administrativas y académicas de las Unidades UPN estatales cambiaron, ya que las políticas que emanaban de los SEIEM estaban más asociadas a las problemáticas específicas de la Educación Básica, por lo que perdimos la relativa autonomía académica como Universidad al implantarse una lógica burocrática de control vertical y corporativo, derivado de lo anterior, el presupuesto para las Unidades dejó de llegar directamente a las mismas y por decisión gubernamental fue entregado a los SEIEM, incluyendo los recursos propios de cada Unidad derivados del pago de cuotas escolares y servicios, lo que generó a partir de ese momento severas limitaciones y la pauperización de las tres Unidades estatales y sus respectivas subsedes.
En este contexto, el 20 de abril del 2021 el Presidente Andrés Manuel López Obrador expidió la Ley General de Educación Superior, la cual representa una esperanza de cambio para las Unidades de la UPN, ya que en su artículo vigésimo primero transitorio da pie a considerar la autonomía por Ley de la UPN. Previamente, el Maestro Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, comprometió públicamente a la Rectoría de la UPN a convocar a un Congreso Nacional Universitario (CNU), para determinar la nueva figura jurídica de la universidad.[2] Al finalizar la primera fase del Congreso (celebrado en el periodo 2019-2021), los documentos resolutivos del mismo se entregaron al Senado de la República -como mandato de la misma Ley General de Educación Superior-, uno referido al Diagnóstico de las Unidades UPN, otro sobre el Modelo Educativo y el referido a la figura jurídica, en este último se presenta de manera mayoritaria la Autonomía por Ley.
Se dice fácil, pero en realidad ser una institución autónoma implica tener personalidad jurídica, autogobierno y patrimonio propio, lo que haría posible que la Universidad Pedagógica Nacional remontara los periodos críticos que ha tenido en el pasado, reconstituir su identidad y renovar a fondo su Proyecto Académico en beneficio de la educación nacional y la sociedad mexicana. Se pretende que la Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de México se convierta en la primera institución mexicana orientada a la formación de profesionales de la educación, maestros, administradores educativos e investigadores educativos, fortaleciendo con ello la formación de sus alumnos y la educación en México. Las Unidades UPN en el Estado de México[3] plantean que para desarrollar un proyecto académico en dónde se recuperen las funciones sustantivas de nuestra Universidad, es necesaria la autonomía plena. Sin autonomía plena pueden fenecer las unidades[4].
Desarrollo del Congreso Nacional Universitario
El Congreso Nacional Universitario de la UPN, llevado a cabo en 2021 (año de la pandemia por COVID-19), en su primera fase, recupera la experiencia de un ejercicio democrático y horizontal que se logró al combinar tres aspectos centrales: 1) La amplia participación de estudiantes y docentes de las Unidades Pedagógicas del Estado de México: Toluca, Ecatepec y Atizapán, con un registro de más de 500 estudiantes en la plataforma del CNU -lo que se puede consultar en las páginas oficiales del CNU.[5] 2) La organización y participación horizontal de voceros en el Estado de México, lo cual permitió ampliar la cobertura y la discusión en los foros y reuniones locales y estatales 3) El diagnóstico de las necesidades de infraestructura, condiciones de trabajo académico, organización, etc. fue un trabajo colaborativo de los tres sectores: estudiantil, académico y administrativo, que tuvo como resultado un documento que puso el acento en el grave deterioro de las condiciones en las que estaban operando y operan las Unidades del Estado de México. Se hizo evidente que compartimos los mismos problemas en todas las Unidades del Estado y las graves consecuencias de la fatídica transferencia derivada del Acuerdo de Modernización neoliberal de 1992.
Durante el desarrollo del segundo gran tema de la agenda del CNU sobre El modelo educativo de la UPN a debate ¿qué universidad queremos para estos nuevos escenarios sociales, políticos y educativos?, las unidades UPN del Estado de México tuvieron una amplia participación de estudiantes de licenciatura de pedagogía, psicología educativa y de la maestría en Educación Básica y académicos de las unidades Toluca (y de sus subsedes) y Atizapán, en los foros y las mesas de discusión y propuestas sobre el modelo educativo y el proyecto académico universitario. Ejemplo de ello es una base de datos con 504 respuestas a un formulario cuyos elementos sirvieron para organizar los debates y las participaciones en las plenarias, mecanismo que formó parte de la estrategia central de discusión, y la identificación de los consensos y disensos.
En las reuniones del CNU, durante la fase local por Unidades y la fase Estatal, se presentaron ponencias de estudiantes y académicos cuyo contenido fue presentado en las reuniones virtuales y que ayudaron a ubicar algunas de las propuestas centrales en torno al nuevo modelo educativo de la UPN: “Aprendiendo desde las redes de bibliotecas”, “Las artes como parte fundamental del modelo educativo”, “La creación de comunidades emergentes de investigación interdisciplinaria”, “ La importancia de las lenguas indígenas en la formación del profesional de la educación”, entre muchos otros temas a debatir, aquí presentamos algunos extractos de esas profundas y riquísimas reflexiones educativas de la comunidad universitaria:
Sobre la visión. La UPN debe continuar siendo la universidad especializada en el ámbito educativo con un enfoque de responsabilidad social, como lo sugiere el movimiento de la responsabilidad social universitaria (URSULA) que forma redes entre las universidades, organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, las empresas, para promover el aprendizaje mutuo.
Respecto a la Investigación. La sugerencia es no perder la oportunidad de documentar las experiencias docentes en este tiempo de la pandemia. Investigaciones para realizar entre docentes, alumnos y profesores para conocer las nuevas condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje de modo virtual, y las implicaciones cognitivas, emocionales, actitudinales que han incorporado a la práctica educativa en todos los niveles de educación.
En relación a los proyectos. Considerar la pertinencia y factibilidad de desarrollar proyectos educativos en coordinación con la red de bibliotecas del Estado de México, en particular con la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura estatal, instancia responsable de las 667 bibliotecas existentes en el estado. El alumnado de la Universidad Pedagógica Nacional puede diseñar proyectos de intervención para promover la lectura a partir del conocimiento de las bibliotecas presentes en cada municipio. Estos proyectos servirán para justificar prácticas y servicio social y pueden derivar en proyectos para presentar como documento final de titulación. Retomando experiencias exitosas como la de la Biblioteca Cervantes que en este periodo de pandemia continúa ofertando sus servicios de manera diferente con excelentes resultados, en cuanto al número de libros requeridos para lectura en casa.Los proyectos desde la biblioteca de manera virtual pueden incorporar todos los ámbitos educativos, las disciplinas consideradas en el currículo, como las emergentes, caso de la educación financiera, la educación emocional, la alfabetización digital, la educación científica toda, entre otras. (Ponencia presentada en la fase estatal del CNU)
Hablar de tiempos actuales es poner sobre la mesa las experiencias que está dejando la Pandemia mundial por el (COVID-19) y no solamente en el ámbito de la salud, es una lista grande de experiencias y estragos; entre ellas, el dejar al descubierto la fragilidad humana, las brechas de desigualdad social y económica, en donde miles de estudiantes de todos los niveles educativos, se han visto excluidos por no contar con las herramientas tecnológicas para continuar estudiando con la modalidad en línea, problemas de sustentabilidad alimentaria, etc., por ello, se proponen como alternativas:
Un currículum que prepare para la vida actual y futura, asumiendo que la recuperación de la normalidad educativa no será tan rápida y quizá tampoco lleguemos a los tiempos acostumbrados, por ello es momento de hacer un alto y una reflexión crítica hacia la función social de la universidad, la noción de currículum y las formas predominantes de la práctica docente, y buscar otras vías para avanzar hacia modelos educativos cuya prioridad sea formar personas para la vida.
Desarrollar un sistema educativo con enfoque híbrido, abierto y flexible, haciendo uso de la educación a distancia con el apoyo en las tecnologías digitales, una educación menos académica, menos centrada en las disciplinas y más práctica, más enfocada hacia la comprensión del mundo que nos rodea, con flexibilidad de ser ajustada a las necesidades locales, bajo una perspectiva de resolución de necesidades y problemas de la vida social, política, económica y del ambiente natural. (Ponencia presentada en la fase estatal del CNU)
Finalmente, queremos documentar las voces de nuestros estudiantes del Estado de México, que se hicieron presentes en todos los foros: de unidad, estatal, regional y nacional del CNU y cuya participación marcó un hito de una generación que con entusiasmo y compromiso, puso las bases para pensar que la autonomía universitaria era una posibilidad real. [6]
LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS. LAS VOCES DE NUESTRA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN FAVOR DE LA AUTONOMÍA PLENA POR LEY:
Porque la universidad necesita urgentemente ese cambio, pues de otra forma sería condenarnos.
Una escuela autónoma es una escuela libre de prejuicios y malas administraciones burocráticas.
Porque merecemos una buena educación y debe ser más reconocida y apoyada.
Creo que ha llegado el momento de que la UPN tome otro rumbo, no podemos estar estancados en una Universidad carente de recursos en lo que respecta a todos los ámbitos, tenemos que ser una Universidad transformada para poder transformar, no ser estudiantes conformistas con el sistema que se nos ha brindado, un sistema carente de criterio, carente de recursos, carente de personas verdaderamente interesadas en cambiar el rumbo de la educación, ya basta de ser una Universidad estática y comenzar a avanzar como se debe y en el nivel que afuera se nos demanda.
Considero nuestra universidad cuenta con todos los recursos y oportunidades de ser autónoma.
Las universidades del siglo XXI deben tener democracia y un desarrollo horizontal que contemple a la comunidad estudiantil en su diseño y estructura.
Regulación autónoma de la universidad a favor de los intereses y necesidades reales de los agentes universitarios.
Laica y gratuita. Que tomen en cuenta las decisiones de los estudiantes.
En conclusión, los protagonistas del Congreso Nacional Universitario tenemos un diagnóstico profundo para seguir luchando hasta lograr la autonomía por ley y la recuperación del carácter nacional de la institución, para que la Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de México sea ya una realidad. Las nuevas generaciones de profesionales de la educación de nuestro país así lo demandan.
Fotografía: Crónica
[1] Organismo burocrático descentralizado del Gobierno del Estado de México, creado en mayo de 1992 para mantener el control vertical de las instituciones educativas transferidas por el gobierno federal al gobierno estatal. Ver: http://www.seiem.edu.mx/web/inicio
[3] En el 2021 la Unidad UPN Toluca contaba con: 1,946 estudiantes en un 90% de licenciatura, 145 docentes en su mayoría comisionados y de contrato y 37 trabajadores administrativos.
[4] En 2006 se firma el Acuerdo que crea la Junta de Gobierno de Educación Superior y Educación Continua, como órgano rector de las Unidades Académicas de Educación Superior y Educación Continua, en las que se forma, actualiza y capacita al personal docente que labora en los niveles de Educación Básica del Subsistema Educativo Federalizado, perteneciente al Sistema Educativo Estatal (Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM)), y la representación sindical de las Secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Valle de Toluca y Valle de México). En este sistema se integraron la Unidades UPN de Toluca, Atizapán y Ecatepec y sus subsedes. Actualmente las Unidades tienen que responder a las políticas educativas de los SEIEM, quienes determinan los proyectos académicos, de investigación y la administración de las mismas (Junta de Gobierno).
[6] En el documento de Consensos y Disensos del CNU las unidades de Estado de México participaron activamente teniendo como consenso la propuesta de la autonomía por ley. Ver documento oficial.
Por: Adriana Varillas y Alejandra Galicia | News Day Caribe.
Es día de marcha, de protesta, de reclamo social. De indignación. Jóvenes vestidas de negro, con el rostro cubierto o no, portando pañuelos de colores verdes o morados, se han montado sobre el Monumento de las Estrellas y los Caracoles –El Ceviche– un símbolo esencialmente cancunense.
Con aerosoles, escriben consignas sobre la estructura, denuncian a sus agresores o a los de sus amigas; acusan, señalan, se expresan, tiñen de rojo con pintura las aguas de la fuente, “porque el paraíso huele a sangre” –exclaman– y sacuden conciencias, confrontan a conservadores, dividen opiniones y son la foto más buscada por la prensa.
Lo mismo ocurre en Plaza de la Reforma, al pie del Palacio municipal, cuya fachada es tapizada por mensajes, al igual que el piso.
La escultura de Benito Juárez a unos metros lo ve todo en ese silencio inmóvil de las instituciones, mientras le llenan las manos y la cara con pintura roja, le colocan paliacates, falda o le pintan los labios, mientras la batucada toca y las autoridades observan, generalmente escandalizadas.
Foto: Adriana Varillas / Newsday Caribe
Habrá quienes a un costado de la plazoleta monten un tendedero con fichas de búsqueda de personas desaparecidas o escriban el nombre de sus agresores, mientras otras queman papeles para armar una fogata alrededor de la cual bailar, bajo premisas como “somos malas, podemos ser peores” o “nuestra venganza es ser felices”.
Entre esa multitud, que los 25 de noviembre o los 8 de marzo reúnen a las “ancestras”, con los relevos generacionales del feminismo, la mayoría tendrá ganas de “quemarlo todo” al escuchar cifras de víctimas o los dolorosos testimonios de los distintos tipos de violencia que les evoquen la propia historia o ajena, que duele y les moviliza o que les hace pensar en las nuevas generaciones, en sus hijas e hijos, en sus madres, en sus parejas, en sus hermanas o en sus nietas.
El derecho a la libre manifestación y reunión
Todos esos actos y más, de corte pacífico, se enmarcan en la protesta social, considerada un derecho ciudadano reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) y la legislación mexicana.
En distintos tonos, del más suave al más estridente, la gente sale a clamar justicia, esa que buscó –sin respuesta– a través de mesas de diálogo, mediante escritos oficiales, denuncias legales; dentro de las instituciones, haciendo contacto directo con alguna autoridad, siguiendo los cauces pacíficos, institucionales y políticamente correctos. No siempre ha sido suficiente.
Foto: Paola Chiomante / Periodismo Objetivo
Históricamente, el desdén de las autoridades y gobiernos, sus dilaciones, sus omisiones, sus negligencias, motivan a la ciudadanía a hacerse escuchar de todas las formas posibles, incluso, provocan las ganas de “romperlo o quemarlo todo”, una metáfora surgida del movimiento feminista para llamar la atención de la autoridad y expresar la impotencia, el dolor, la frustración y la rabia que provocan los constantes agravios que quedan impunes.
La última entrega de este trabajo periodístico entre NewsDay Caribe y Periodismo Objetivo, cierra con una pieza dedicada a intentar explicar ese acto simbólico y político, condenado y poco entendido desde la individualidad o la colectividad, que muchas personas aún confunden con vandalismo, sin serlo, pues encierra un sentido mucho más profundo al ser una herramienta polémica de la protesta social, que divide opiniones: La iconoclasia.
La iconoclasia, vía legítima de protesta, denuncia y exigencia de justicia
Las pintas hechas por las feministas sobre mobiliario público o privado, es decir, muros, fachadas de edificios públicos o monumentos, que todavía escandalizan a parte de la sociedad no son vandalismo, sino iconoclasia, palabra que proviene del griego eikonoklasia, compuesta por las raíces etimológicas eikón–imagen o ícono– y klásis–rompimiento– y que significa “ruptura de imágenes”, con un sentido más amplio que implica el desafío de tradiciones, normas o creencias establecidas.
Esta vía de expresión es una forma de protesta con un trasfondo de denuncia social y una postura política que, aunque no es exclusivo de los movimientos feministas, ha sido utilizada por colectivas en México como una herramienta para exigir justicia ante la violencia que enfrentan las mujeres en estados como Quintana Roo.
Un antiguo origen con raíces cristianas
La antropóloga y docente de la Escuela Feminista Cancún, Silvia Chuc Aburto, explicó que la iconoclasia tiene como antecedente la Época Romana, durante la transición del Cristianismo, cuando las posturas ideológicas y políticas comenzaron a formarse en la sociedad.
«La iconoclasia la hacían los grupos cristianos a los monumentos, a las representaciones de los dioses anteriores, entonces implicaba una apuesta política a decir que esos monumentos ya no tenían sentido dentro de la cultura, es como un cambio transicional de valores y es una denuncia pública”, explicó la académica.
La diferencia fundamental entre iconoclasia y vandalismo consiste en que la primera es una vía de denuncia social y una postura política que exige justicia contra la violencia de género, mientras que el vandalismo busca la destrucción sin consciencia ni fondo, en muchos casos por aburrimiento, aclaró.
«Todo tipo de iconoclasia está contemplado dentro del derecho a la protesta, y en el caso particular de la protesta feminista, básicamente la denuncia a todos los tipos de violencia que vivimos, la violencia estructural, la falta de justicia y por supuesto lleva de fondo la indignación profunda”, señaló Chuc.
La iconoclasia no es destrucción, abarca diversas formas de protesta
Desde el sur del estado, Yunitzilim Rodríguez Pedraza, abogada y representante de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ), coincide en que la iconoclasia va más allá del graffiti y la destrucción.
Foto: Paola Chiomante / Periodismo Objetivo
Abarca no solo las pintas con aerosoles, sino la colocación de fichas de búsqueda que dispersan las madres de personas desaparecidas, la intervención de espacios públicos mediante la instalación de antimonumentas –actualmente seis en igual número de municipios– la colocación de pañuelos morados y verdes en las protestas, y hasta los performances en las calles.
Todo ello forma parte de la gama de la iconoclasia como forma legítima de lucha para visibilizar la impunidad y demandar respuestas de las autoridades.
“La iconoclasia como tal es un acto político, pero también es un acto simbólico. Buscamos a través de la iconoclasia cuestionar los símbolos, monumentos, las estructuras de poder que mantiene al patriarcado, que es omiso.
“No es una destrucción sin propósito. La iconoclasia busca resignificar, desafía narrativas que socialmente son dominantes: la opresión y la desigualdad en la cual las mujeres están siendo asesinadas, desaparecidas y violentadas”, dijo.
¿Por qué se toman los espacios públicos o los edificios?
La abogada subraya que en las marchas se toman los espacios públicos como dependencias y monumentos porque son representantes del sistema de poder u opresión, y las acciones de iconoclasia como rayar las paredes, colocar fichas de búsqueda o hasta colocar velas en memoria de las víctimas de desaparición, tienen como propósito principal cuestionar la narrativa oficial del gobierno por sus actos de omisión en materia de impartición de justicia.
Yunitzilim Rodríguez sostuvo que, en la actualidad, tanto el gobierno federal como el estatal intentan despolitizar la protesta, reduciéndose a un acto visto socialmente como vandalismo, lo que no contribuye a mejorar la respuesta gubernamental.
“Todo lo que tenga que ver con intervención, el estado lo puede interpretar como destrucción, modificación o afectación de un bien inmueble, pero al final significa intervenir. Intervenimos cuando hacemos, por ejemplo, un performance afuera de la FGE; intervenimos cuando rayamos, cuando pegamos nombres en las calles y cuando ponemos antimonumentas.
“Estamos interviniendo los espacios públicos donde normalmente se desarrolla la vida pública y que son los espacios donde se replican las violencias”, dijo la representante de la RFQ.
Foto: Paola Chiomante / Periodismo Objetivo
Afirmó que las acciones de iconoclasia y la protesta deben ser incómodas para que las autoridades reaccionen, y en Quintana Roo no van a reducirse hasta que los grupos vulnerables como las niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia, así como las madres buscadoras en la entidad, tengan acceso a la justicia y sus demandas sean atendidas con políticas públicas y avances en investigaciones en delitos graves como los feminicidios, delitos sexuales y la desaparición forzada.
“La iconoclasia surge frente a estas instituciones que nos fallan en su deber de protegernos, de dar respuesta, otorgarnos justicia y la reparación de daños. Si las víctimas de feminicidio y desaparición fueran prioridad, estas expresiones no serían necesarias, por lo tanto son importantes, porque además es la forma en la que llamamos la atención.
“La iconoclasia ha sido la causa por la cual se han desarrollado políticas públicas y modificaciones legislativas. Si no existiera la protesta, el estado estaría muy cómodo”, concluyó la abogada feminista.
¿Y tú, lo has querido quemar todo?
Vanessa González-Rizzo, psicoanalista con más de 25 años en experiencia clínica, feminista y activista social, responde que sí, para ver si al quemarlo todo, reacciona el mundo; para ver si la gente demuestra la misma rabia cuando se violenta a una persona, que cuando se interviene un monumento.
“Claro que queremos quemarlo todo cuando en México, 11 mujeres al día son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres; queremos quemarlo todo si el odio estructural se posa sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Queremos quemarlo todo ante las injusticias, y con la rabia que significa ver a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras madres, desaparecidas, violadas, quemadas, asesinadas, expuestas en la vía pública.
“Quemarlo significa un cambio estructural, un cambio de raíz. Quemarlo todo es una metáfora para transformar el mundo y que hombres y mujeres podamos vivir sin odio, en igualdad de condiciones. Quemarlo todo es nuestro grito desesperado, ante las condiciones que vivimos las mujeres en el mundo actual, así es que…vamos a quemarlo todo”, dice.
Foto: Paola Chiomante / Periodismo Objetivo
Romana Rivera, madre de la joven Diana García, ilegalmente privada de la libertad el 22 de febrero de 2020 en un bar de Cancún y fundadora del primer colectivo de personas desaparecidas en Quintana Roo, “Verdad, Memoria y Justicia”, ha querido romperlo todo, “como me ha tocado romper esas piedras humanas que son los servidores públicos a cargo de las investigaciones en el área forense”.
“Ante la inacción, ante la invisibilización de las víctimas de desaparición, hemos tenido que luchar contra un sistema decadente (…) Ante esa impotencia que nos causan estas graves violaciones de derechos humanos, aún cuando hemos trabajado como víctimas de la desaparición en forma agrupada para exigir a las autoridades que realicen su trabajo (…) hemos tenido casos recientes en que las víctimas que buscamos están en el Semefo sin ser identificados,
“He tenido la necesidad de explotar; ese sentimiento de frustración, de romperlo todo, de mancharlo todo para sacar ese coraje, justamente porque soy una mamá buscando a su hija (…) Es por ello que ese sentimiento de romperlo todo es para desquitarme de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta incertidumbre (…) al no tener respuestas y soluciones de la FGE nos quedamos con esa impotencia y es cuando nace ese sentimiento de romperlo todo, porque es mínimo, comparado con lo que mi alma está hecha pedazos”, expresa.
Foto: Paola Chiomante / Periodismo Objetivo
Wendy Galarza fue alcanzada por balas reales la noche del 9 de noviembre del 2020, en el Palacio municipal, cuando la policía abrió fuego para disipar una manifestación ciudadana, pacífica, pero que escalaba en intensidad, ante el feminicidio de una joven de 20 años conocida como “Alexis”, cuyo cuerpo había sido encontrado días antes.
Como víctima sobreviviente, ha sido revictimizada por las instituciones, inicialmente por la policía que le disparó y por la Fiscalía General del estado (FGE) que integró mal su denuncia, con delitos menores a los reales. En el hospital público en que se atendió, no se dieron cuenta que llevaba dos heridas de bala y le atendieron solo una y desde entonces ha tenido que lidiar con omisiones y dilaciones para acceder a la justicia y la reparación del daño.
“He querido quemar todo después de que la fiscalía judicializó una carpeta sin las pruebas necesarias y suficientes para que los delitos de intento de feminicidio, tortura y tratos crueles e inhumanos pudieran ser juzgados en el Poder Judicial. He querido quemar todo cuando la juez otorgó suspensión condicional del proceso, a los únicos policías que pudimos llevar a juicio, después de la represión policial.
“He querido quemarlo todo cuando el magistrado le dio la ventaja a los policías, al negar dicha apelación, a pesar de que nosotras como víctimas solicitábamos que se desechara esa decisión de la juez (…) He querido quemar todo después de que cada una de las instituciones y comisiones nos ha revictimizado hasta el cansancio, para lograr que desistiéramos de la lucha”, señaló.
Foto: Paola Chiomante / Periodismo Objetivo
María Dolores Flores Patrón, fundadora de “Madres Buscadoras Quintana Roo” y madre de Francisca Mariner, asesinada en junio de 2020, no duda al responder.
“Al enterarme que mi hija estuvo 4 años y medio en el Semefo sin que su cuerpo fuera reconocido, sí me dieron muchas ganas de quemar el Palacio, la Fiscalía (…) por este coraje, por esa rabia que sentía como madre de Francisca al enterarme de toda la negligencia que se cometió en nosotras como víctimas y con el cuerpo cuando fue encontrado, me dio más coraje, dolor, por la injusticia que se ha cometido”.
Nacida en Colombia y migrante en México, radicada en Cancún en donde es activista por los derechos humanos, “La negra”, como desea ser identificada, dice que quiere quemarlo todo porque está harta de la impunidad y de la corrupción en el Aeropuerto Internacional de la ciudad, en donde connacionales suyos no encuentran un trato justo.
«Quiero quemarlo todo porque he visto cómo mis hermanas colombianas son desaparecidas sin que nadie mueva un dedo para buscarlas. Mujeres que un día salieron de sus casas con la esperanza de un mejor futuro y que hoy solo existen en el eco de nuestras voces clamando justicia. Mujeres a quienes Migración les cerró la puerta, les negó su derecho a transitar libres, les criminalizó por ser colombianas«
«Quiero quemarlo todo porque el sistema de justicia está roto y quienes tiene la obligación de garantizar nuestros derechos se ensañan con nosotras, nos revictimizan, nos obligan a probar nuestra inocencia mientras los culpables caminan libres y protegidos por un entramado corrupto y cruel”, manifiesta.
Agrega, que la violencia de género no solo se vive en la casa o en las calles, sino en las instituciones que deberían protegernos.
”Quiero quemarlo todo porque a diario me encuentro con mujeres migrantes que son violentadas y olvidadas por un sistema que prefiere ocultar bajo la alfombra lo que nos hace arder de rabia. Quiero quemarlo todo porque la impotencia de ver cómo la corrupción sigue adelante sin castigo y sin consecuencia mientras nosotras luchamos por seguir”, añade.
Foto: Adriana Varillas / Newsday Caribe
La activista y ex directora del primer Observatorio de la Violencia de Género en Cancún, Celina Izquerdo, señala que la última vez que quiso quemarlo todo fue al ver cómo el sistema patriarcal salvó al diputado Cuauhtemoc Blanco del desafuero.
“Claro que sí. Me dieron ganas de entrar al recinto donde se votó exculpar a Cuauhtémoc Blanco. Me dieron ganas no solo de quemarle los pies, sino de quemar a todos y todas las que se pusieron a sus pies y el lugar que les sirvió de escenario para gritarle al patriarcado ‘no estás solo’. Claro que no, el patriarcado nunca ha estado solo, si ha sufrido y sobrevive es porque usa la más letal de sus armas: la complicidad.
“Ganas de quemarlo todo para no dejar más que las cenizas de quienes usan el poder, las leyes y las instituciones para retorcer la vida de las mujeres y, en este caso concreto, de nuestra historia (…) ganas de quemarlo todo cuando una funcionaria del estado, en este sexenio, frente a las madres buscadoras les dice: ‘en este estado el problema de la desaparición no es grave, yo las comprendo, yo también estoy triste, yo les pido que cuiden a sus hijas porque los valores se han perdido, yo creo que los valores están en la familia… yo, yo, yo’. Yo saco un cerillo y lo quemo todo”, expuso.
Foto: Paola Chiomante / Periodismo Objetivo
Mariana Escalante, con 28 años de residir en Cancún, co-creadora con su hija del Museo de la Impunidad, un performance ciudadano colectivo frente al Palacio municipal, dice que no ha querido quemarlo todo, una vez, sino muchas. Todas las que ha sido víctima de la violencia patriarcal y de otro tipo, desde la infancia y la adolescencia. Su agresor quedó impune “y nunca nadie me creyó”.
“Me identifico con la iconoclasia y con el quemar todo, primero porque estoy completamente convencida que es una forma de sacar el enojo y la impotencia que llevas dentro y qué mejor que hacerlo con una pared y una lata de spray y no dañando a una persona. Al final la pared la volverás a pintar, pero el alma destruida de una persona, no tendrás forma de hacerlo.
“También porque viví en carne propia el cambio tan radical que hubo en el movimiento, a partir de que empezamos a hacerlo. Antes de hacer iconoclasia llevaba flores a las marchas y las repartía a los policías. Nadie hacía ningún caso y les importaba poco, pero a partir de entonces los ojos de México voltearon a vernos (…) he llegado a la conclusión de que este es el único camino que nos están dejando para lograr un avance. Así que, sí, la iconoclasia es una forma de ver y lograr un cambio”, afirmó.
Cuestionarnos a nosotras mismas y debatir sobre las herramientas que tenemos para identificar y abordar los comentarios o comportamientos racistas, incluso si son sutiles o aparentemente inocentes, resulta fundamental
Cada mañana, muchos jóvenes migrantes suben al tren para ir a la escuela o al trabajo. Algunos de ellos cuentan que la gente los mira con desconfianza, que cambian de asiento cuando se sientan cerca o que los vigilan como si fueran un peligro. Este tipo de racismo cotidiano, a menudo silenciado, es una realidad que afecta al bienestar y la autoestima de muchas jóvenes. Al mismo tiempo, no solo se da en los espacios públicos, sino también en los más cercanos, como en los entornos educativos. Ante esta situación, ¿qué acciones pueden emprender los equipos educativos para combatir el racismo? ¿Cómo podemos erradicar el racismo en los centros educativos y ofrecer apoyo a las personas que lo sufren?
La urgencia y el racismo: una lucha desigual
Muchos jóvenes migrantes tienen necesidades inmediatas: regularizar su situación, encontrar trabajo, evitar quedarse en la calle, entre otras. En este contexto de urgencia, el racismo podría quedar en un segundo plano. Para evitarlo, debemos preguntarnos: ¿Estamos contribuyendo a reducir las desigualdades y a crear una sociedad intercultural? ¿Trabajamos desde una perspectiva realmente antirracista? ¿Proporcionamos herramientas para entender y afrontar estas situaciones?
El papel de la educación: herramientas para actuar y transformar
Crear espacios seguros y acogedores es esencial, pero no suficiente. La educación también debe dotar de recursos prácticos para entender y combatir el racismo. En el contexto actual, en el que los discursos de odio contra personas migrantes y racializadas han aumentado de manera alarmante, no basta con decir “esto no debería pasar”. Hay que establecer mecanismos concretos para detectar actitudes, creencias y estereotipos (conscientes e inconscientes) y transformarlos.
Antes que nada, es necesario que como educadoras nos cuestionemos nuestras propias intervenciones y el racismo interiorizado para, por un lado, no normalizar situaciones discriminatorias y, por otro, poder enseñar cómo responder, cómo defender derechos y cómo gestionar emocionalmente estas situaciones. En un momento en que las personas migrantes y racializadas son presentadas como una amenaza en un 26% de los discursos de odio (OBERAXE, 2024), nuestro papel es clave para desmontar estas narrativas y ofrecer estrategias para enfrentarlas.
Cuestionarnos a nosotras mismas y debatir sobre las herramientas que tenemos para identificar y abordar los comentarios o comportamientos racistas, incluso si son sutiles o aparentemente inocentes, resulta fundamental. Ante la normalización del racismo y su creciente presencia, la educación debe proporcionar no solo conciencia, sino también herramientas efectivas para intervenir, transformar nuestra mirada y actuar ante estas situaciones.
Preguntas para cuestionarnos las actitudes racistas como educadoras
En la práctica educativa es esencial encontrar maneras de poder cuestionarnos las intervenciones desde un punto de vista intercultural, así como establecer espacios de reflexión y retroalimentación para transformar y combatir los discursos de odio. Algunas de las preguntas que podemos hacernos son:
¿Tengo una mirada antirracista transversal en todas las intervenciones que realizo?
¿Hago un uso cuidadoso y antirracista del lenguaje?
¿Tengo algún prejuicio, creencia o estereotipo interiorizado hacia los colectivos con los que trabajo?
¿Tengo herramientas para intervenir cuando detecto actitudes o comportamientos racistas en compañeros y compañeras de trabajo?
¿Las herramientas que utilizo son efectivas y contribuyen a reducir el racismo y a una transformación real?
¿Cómo reacciono ante comentarios o actitudes racistas dentro del aula?
¿El alumnado se siente en un espacio libre de discriminación?
¿Estoy creando un espacio seguro para que el alumnado pueda hablar sobre sus experiencias de discriminación?
¿Soy capaz de aceptar críticas y estoy abierta a escuchar las opiniones del alumnado y de otras personas del equipo?
¿Asumo responsabilidad si se me señala una actitud racista?
¿Cambio mis intervenciones y actitudes cuando detecto que pueden ser perjudiciales para algún colectivo minoritario?
¿La dinámica y la distribución de los espacios permiten la creación de vínculos interculturales?
¿Se da visibilidad e importancia a todas las culturas y orígenes presentes en el grupo?
¿Me he aproximado e informado lo suficiente sobre todas las culturas y orígenes presentes en el grupo?
¿Los contenidos con los que trabajo tienen una perspectiva intercultural?
Estrategias para combatir el racismo en el aula
Conversaciones guiadas: No esperar a que el tema surja a raíz de un caso concreto, sino generar espacios donde puedan compartir experiencias y estrategias de resistencia, así como trabajar la asunción de responsabilidad y la gestión de este tipo de situaciones.
Aprender desde la experiencia: Hablar de racismo no desde una perspectiva teórica, sino desde situaciones reales vividas. Hablar de cómo actuar ante la discriminación en el transporte público, el trabajo o el alquiler de una vivienda, por ejemplo.
Referentes cercanos: Presentar personas racializadas en diferentes ámbitos profesionales para visibilizar diferentes caminos posibles, así como dar a conocer y acercarnos a colectivos e iniciativas comunitarias transformadoras.
Educación emocional: Generar espacios de gestión emocional y cuidado ante la violencia racista. Informar que como comunidad tenemos parte de responsabilidad y enseñar, también, que no siempre es necesario enfrentarse directamente, que cuidarse también es resistir.
Una educación que se prepare para la realidad
La comunidad educativa no puede eliminar el racismo estructural, pero sí es un agente clave de cambio. Es necesario comprometerse a combatirlo desde las aulas: generar espacios libres de racismo y transmitir esta importancia a las personas que acompañamos, preparándolas para detectarlo, afrontarlo y combatirlo. El objetivo no es cargarles con una lucha más, sino dotarles de herramientas para que no se sientan solas ante esta realidad. Conectar educación y antirracismo no es un lujo, es nuestra responsabilidad.
Este texto de Alexis Passadakis y Tadzio Müller fue publicado en el año 2009 y está disponible en la web de info.interactivist.net. Pese a ya ser un texto de hace 15 años, incluso previo al Acuerdo de Copenhague (de 2009, https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Accord), tiene un contenido totalmente vigente. Traducción desde el inglés por Tía Akwa.
La actual crisis económica mundial marca el fin de la fase neoliberal del capitalismo. El “business as usual” (financiarización, desregulación, privatización…) ya no es una opción: los gobiernos y las corporaciones deberán encontrar nuevos espacios de acumulación y tipos de regulación política para mantener el capitalismo en marcha.
Junto a la crisis económica, política y energética, hay otra crisis que sacude al mundo: la biocrisis, resultado de un desajuste suicida entre el sistema de soporte vital ecológico que garantiza nuestra supervivencia humana colectiva y la necesidad del capital de un crecimiento constante.
Esta biocrisis es un inmenso peligro para nuestra supervivencia colectiva, pero como todas las crisis, también nos presenta a nosotros, los movimientos sociales, una oportunidad histórica: atacar realmente la yugular expuesta del capitalismo, su necesidad de un crecimiento incesante, destructivo y demencial.
De las propuestas que han surgido de las élites globales, la única que promete abordar todas estas crisis es el “Green New Deal”. No se trata del adorable capitalismo verde 1.0 de la agricultura orgánica y los molinos de viento caseros, sino de una propuesta para una nueva fase “verde” del capitalismo que busca generar ganancias a partir de la modernización ecológica gradual de ciertas áreas clave de la producción (automóviles, energía, etc.).
El capitalismo verde 2.0 no puede resolver la biocrisis (el cambio climático y otros problemas ecológicos como la peligrosa reducción de la biodiversidad), sino que intenta sacar provecho de ella. Por lo tanto, no altera fundamentalmente el rumbo de colisión en el que cualquier economía impulsada por el mercado coloca a la humanidad con la biosfera.
No estamos en los años 30. Entonces, bajo la presión de poderosos movimientos sociales, el viejo “New Deal” redistribuyó el poder y la riqueza hacia abajo. El “New New” y el “Green New Deal” que discutieron Obama, los partidos verdes de todo el mundo e incluso algunas multinacionales tiene más que ver con el bienestar de las corporaciones que con el de las personas
El capitalismo verde no desafiará el poder de quienes realmente producen la mayor parte de los gases de efecto invernadero: las compañías energéticas, las aerolíneas y los fabricantes de automóviles, la agricultura industrial, sino que simplemente los colmará de más dinero para ayudarlos a mantener sus tasas de ganancias mediante la realización de pequeños cambios ecológicos que serán demasiado pequeños y demasiado tarde
Dado que, a nivel mundial, los trabajadores han perdido su poder de negociación y de exigir derechos y salarios decentes, en un sistema capitalista verde, los salarios probablemente se estancarán o incluso disminuirán para compensar los crecientes costos de la “modernización ecológica”
El “estado capitalista verde” será autoritario. Justificado por la amenaza de una crisis ecológica, el capitalismo verde “gestionará” el malestar social que necesariamente surgirá del empobrecimiento que se produce como consecuencia del aumento del coste de la vida (alimentos, energía, etc.) y la caída de los salarios.
En el capitalismo verde, los pobres tendrán que ser excluidos del consumo, empujados a los márgenes, mientras que los ricos podrán “compensar” su continuo comportamiento destructivo del medio ambiente, comprando y salvando el planeta al mismo tiempo.
Un estado autoritario, enormes desigualdades de clase, prestaciones sociales otorgadas a las corporaciones: desde el punto de vista de la emancipación social y ecológica, el capitalismo verde será un desastre del que nunca podremos recuperarnos. Hoy tenemos la oportunidad de superar la locura suicida del crecimiento constante. Mañana, cuando todos nos hayamos acostumbrado al nuevo régimen verde, esa oportunidad puede haber desaparecido.
En el capitalismo verde, existe el peligro de que los grupos ambientalistas establecidos y dominantes acaben desempeñando el papel que desempeñaron los sindicatos en la era fordista: actuar como válvulas de seguridad para garantizar que las demandas de cambio social, que nuestra rabia colectiva, permanezcan dentro de los límites establecidos por las necesidades del capital y los gobiernos.
Albert Einstein definió la “locura” como “hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. En la última década, a pesar de Kioto, no sólo ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino también su tasa de aumento. ¿Queremos simplemente más de lo mismo? ¿No sería una locura?
Los acuerdos internacionales sobre el clima promueven falsas soluciones que, a menudo, tienen más que ver con la seguridad energética que con el cambio climático. Lejos de resolver la crisis, el comercio de emisiones, la DMC, la implementación conjunta, las compensaciones, etc., proporcionan un escudo político para la continua producción de gases de efecto invernadero con impunidad.
Para muchas comunidades del Sur global, estas falsas soluciones (agrocombustibles, “desiertos verdes”, proyectos del Mecanismos de desarrollo limpio (CDM, por sus siglas en inglés) son, a estas alturas, una amenaza mayor que el propio cambio climático.
Las soluciones reales a la crisis climática no las soñarán los gobiernos ni las corporaciones. Sólo pueden surgir desde abajo, de movimientos sociales en red a nivel mundial en pro de la justicia climática.
Tales soluciones incluyen: no al libre comercio, no a la privatización, no a los mecanismos flexibles. Sí a la soberanía alimentaria, sí al decrecimiento, sí a la democracia radical y a dejar los recursos bajo tierra.
Como un movimiento emergente de justicia climática global, debemos luchar contra dos enemigos: por un lado, el cambio climático y el capitalismo fosilístico que lo causa, y por el otro, un capitalismo verde emergente que no lo detendrá, pero limitará nuestra capacidad para hacerlo
Por supuesto, el cambio climático y el libre comercio no son lo mismo, pero: el protocolo de Copenhague será una instancia regulatoria central del capitalismo verde, al igual que la OMC fue central para el capitalismo neoliberal. Entonces, ¿cómo relacionarnos con él? El grupo danés KlimaX sostiene: Un buen acuerdo es mejor que ningún acuerdo, pero ningún acuerdo es mucho mejor que un mal acuerdo
La posibilidad de que los gobiernos presenten un «buen acuerdo» en Copenhague es entre escasa y nula. Nuestro objetivo debe ser, por lo tanto, exigir un acuerdo sobre soluciones reales. En su defecto: ¡olvidémonos de Kioto y cerremos Copenhague! (sea cual sea la táctica).
Fuente de la información e imagen: https://www.portaloaca.com
El mundo actual se encuentra convulsionado: marcado por la virtualidad y la vorágine de las redes sociales donde transitamos y somos des – humanizados; encerrados en mensajes de WhatsApp y videos de Tik – Tok; creyendo que allí encontramos nuestra libertad y felicidad. El capitalismo digital y financiarizado, encontró la forma de empujarnos al territorio virtual donde nuestro tiempo está puesto en función de un puñado de millonarios que maximizan sus ganancias con nuestro trabajo. Las infancias y juventudes son protagonistas de uno de los debates más importantes de la agenda política y educativa actual: la ludopatía infantil. En Argentina proyectos legislativos y medidas punitivistas intentan frenar una tendencia que alarma, pero qué, sin embargo, tiene un trasfondo profundamente sistémico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en la 10ª Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) el juego patológico (o ludopatía) como “aquel trastorno que consiste en la presencia de frecuentes y reiterados episodios de juegos de apuestas, que dominan la vida del enfermo en perjuicio de los valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares de este” (OMS, 1992).
El incremento del consumo de juegos online y las apuestas deportivas se atribuye a múltiples factores como por ejemplo la liberalización del sector por parte de los gobiernos nacionales, el cambio de percepción social sobre el juego, la publicidad intensiva y el patrocinio de eventos deportivos, entre otros. Además de la masificación del uso de internet, de los dispositivos móviles y de las redes sociales.
Un sondeo de la consultora Opina Argentina -realizado entre el 17 y el 20 de mayo de 2024 en más de mil casos- reveló que el 16% de la juventud encuestada reconoce que realiza apuestas online, número que crece a 24% si se incluye a personas adultas. También concluyó que los más propensos son los varones, y que muchas/os de las/os encuestadas/os (un 24%) creen que el grupo más afectado por la ludopatía son la población adolescente de 12 a 16 años (48%) y el segmento de mayor nivel educativo es el más consciente de los riesgos de los juegos de azar.
Según las estadísticas del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el 30 por ciento de la población de nuestro país mantiene algún tipo de vinculación con el juego. Dentro de ese universo, el 95 por ciento corresponde a personas que juegan recreativamente, mientras que el 3.5 por ciento son jugadores problemáticos y el 1.5 por ciento corresponde a compulsivos.
Los principales jugadores en el tablero argentino: ¿Quiénes están detrás del juego virtual?
El gigante sueco Betson, para desembarcar en Argentina y obtener licencias en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires debió asociarse con el histórico binguero Daniel Mautone, presidente de Casino Victoria S.A., ubicado en Entre Ríos, Argentina. Mautone es socio del expresidente xeneize Daniel Angelici y según datos de la revista Perfil ambos comparten la propiedad de tres bingos y ambos fueron autoridades de la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos. Mautone fue noticia en el 2024 debido a que su compañía Casino Victoria auspiciaba programas de viajes vinculados a Jesica Cirio y Martín Insaurralde, ex jefe de gabinete bonaerense, imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Entre otras marcas destacadas en el sector está Bet365. Denise Coates es la fundadora y dueña de ésta página de apuestas online más grande del mundo. Su página tiene más de 35 millones de usuarios en todo el mundo y promedia alrededor de 215 millones de vistas mensuales. Su popularidad la convirtió en la mujer más rica de Inglaterra. Según el medio Ámbito Financiero sus ganancias brutas superan por 26 veces lo que se destina a nivel mundial para combatir la adicción al juego y la revista Forbes calcula que su fortuna asciende a los 9.000 millones de dólares.
En su columna «Falla de Mercado» en el medio Cenital el periodista Jairo Straccia señaló a Bet Warrior como otra de las empresas más conocidas. Ésta es sponsor de la selección de fútbol argentina y propiedad de Federico de Achával, dueño del hipódromo más importante de Argentina, asociado con la multinacional danesa Shape y la griega Intralot. El periodista también hizo referencia a Bplay, empresa que opera en diferentes países de América Latina y es el patrocinador principal de la liga profesional de fútbol argentino. Estas empresas compiten también con gigantes como Codere, una multinacional española sponsor de la camiseta del club argentino de fútbol River Plate.
De Diagnósticos y “recetas”
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba) de Argentina se unieron a los sitios de apuestas más importantes del país para hacer un llamado a la prevención y señalar que, en sus sitios, sólo juegan las personas mayores. Con ese fin también denunciaron a 254 sitios ilegales que permiten la participación a menores de edad en las apuestas. Así también, a partir de la pandemia de Covid-19, muchas provincias avanzaron en la reglamentación del juego online acordando que actualmente todos los sitios oficiales deben llevar el dominio bet.ar. Sin embargo, según datos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas se estima que el 80% de los sitios online son ilegales.
Si bien en Argentina las apuestas son legales a partir de los 18 años, las y los adolescentes falsifican sus datos y crean perfiles falsos. Por otro lado, un factor que habilita la ludopatía infantil son las billeteras virtuales que les permiten obtener dinero para apostar. Por ejemplo el Banco de la Nación Argentina lo hace a partir de los 11 años y Mercado Pago a partir de los 13.
Uno de los principales factores que contribuye a la ludopatía en las y los jóvenes es la accesibilidad a través de dispositivos móviles y la publicidad agresiva. El acceso a teléfonos y billeteras virtuales desde muy temprana edad permite manejar dinero e incluso pedir préstamos; en un escenario de exceso de publicidades en redes sociales, medios de comunicación, eventos deportivos, camisetas de jugadores de fútbol y en propagandas de famosos o influencers. Aunque existen escasas estadísticas oficiales al respecto, se estima que entre el 1 y el 3 por ciento de la población mundial es adicta al juego.
Se han difundido casos que demuestran las consecuencias que tiene la ludopatía en el ámbito educativo. Muchas y muchos docentes comenzaron a advertir que algunos niños/as se comportaban nerviosos en la escuela, un aumento de los conflictos entre pares y hasta el aislamiento de niñas/os y jóvenes en la interacción con sus compañerxs en el aula. La combinación entre la adicción que generan los dispositivos móviles y la que generan los juegos de apuesta son un combo explosivo para infancias y adolescencias que en un mundo hiperconectado empiezan a estar cada vez más solas y solos, incluso, en el entorno escolar.
En Argentina no hay una ley nacional sobre los juegos de azar, por lo que su regulación está bajo la órbita de cada provincia. Durante el 2024 se han presentado varios proyectos tendientes a regular esta problemática.En líneas generales, todas las iniciativas plantean la implementación urgente de una fuerte regulación sobre la publicidad de las casas de apuestas. Por ejemplo, la no promoción de apuestas entre las 8:00 y las 23:00, la prohibición de carteles en empresas de juego o loterías y en plataformas que no posean instrumentos para evitar que la publicidad sea dirigida a menores de edad, y la no participación de figuras públicas en los avisos publicitarios. Así también, se plantea como propuesta implementar un “adicional extraordinario (del 25%) al Impuesto a las Ganancias aplicable a los servicios de juegos de azar, apuestas, quiniela, lotería y similares”.
A la par del intento de regulación, poco se habla de los verdaderos ganadores del gran casino virtual del capitalismo. En el territorio virtual, infancias y jóvenes están “apostando todo al rojo”, dejando su tiempo y su vida para que un puñado de multimillonarios continúen enriqueciéndose. Si no logramos frenar y oponer un modelo que ponga en el centro a la vida digna de la humanidad, pocas esperanzas le quedan a nuestras infancias y juventudes; que experimentan hoy con su salud mental la ruptura de los límites físicos y morales del capitalismo.
* Jouli es Licenciada en Educación Especial y Tarditto es Profesora de Lengua y Literatura. Zambroni es Licenciado en Ciencia Política. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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