Por: Aline Espinosa Gutierrez
El año pasado, del total de casos de feminicidio ocurridos en el país, 11.6 por ciento (112) correspondió a niñas de 0 a 17 años de edad, también se registraron 114 mil denuncias por abuso sexual hacia niñas y 5 mil mujeres fueron desaparecidas, de las cuales 88 por ciento tenían entre 14 y 17 años de edad, informaron integrantes de organizaciones civiles durante el conversatorio “Violencia contra las niñas”, realizado con motivo al “Día Naranja”, el cual se conmemora el 25 de cada mes a fin de generar, concientizar y trabajar por la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.
La académica de la Universidad de Sonora, Amelia Iruretagoyena Quiroz; la psicóloga y fundadora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, Raquel Schlosser; y la abogada especialistas en derecho de las mujeres y una de las fundadoras de “Nosotras Tenemos Otros datos”, Patricia Olamendi Torres agregaron que en lo que va del 2021 se han registrados 3 casos de feminicidio infantil: el de Wendy Yoselin Ricardo Sevilla de 16 años en el Estado de México; el de Maricela Escorza Salinas de 16 años de origen otomí ocurrido en la Ciudad de México; y el de Nicole Santos Palafox de 7 años, en Hidalgo, en tanto que alrededor de 23 mil niñas siguen siendo víctimas en Guerrero de la práctica conocida como “venta de menores” con fines de matrimonio forzado o de explotación sexual, problemática que data desde hace mucho en el país.
Cada una de estas niñas, agregaron, no podrá tomar decisiones propias, no tendrá oportunidades laborales ni escolares, comenzará una vida sexual más temprana y se verá obligada a vivir con sus agresores, lo que refleja que México siga siendo considerado como uno de los primeros países con más embarazos en niñas y adolescentes y que una de cada 10 menores de edad hayan reportado sufrir algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los10 años de edad.
Resaltaron que la violencia sexual es la que más afecta a las niñas cuando se encuentran sin protección alguna o las agreden en condiciones de indefensión. Estos casos en particular se suscitan en los entornos familiares, los agresores se valen del lazo familiar o de la cercanía con los padres para violentar a las niñas y utilizan el miedo y el sentimiento de afecto para que ellas no denuncien, por lo que el sistema psíquico de la niña se hiere de gravedad.
Este tipo de violencia, dijeron, tergiversa la forma en que las niñas conciben su sexualidad, rompe sus vínculos de confianza con sus familiares y las personas, activan un factor de sobrevivencia en ellas, pues se mantienen alerta en todo momento del peligro que las acecha, tratan de adivinar las necesidades de sus agresores y se someten a los deseos de estos a fin de no salir heridas y permanecer con vida. Todo esto repercute en la estabilidad emocional y salud de las niñas, muchas de ellas desarrollan síndromes psicológicos que prevalecen en toda su vida.
Datos citados por la panelistas registraron que de 2015 a 2018 hubo 194 casos de feminicidio de niñas y adolescentes, 3 mil 44 casos de corrupción contra menores de edad, 671 homicidios dolosos de menores de edad, 12 mil 545 lesiones dolosas contra menores de edad, 201 casos de tráfico de personas menores de edad, cifras que prevén, son mayores, ya que en el país no existe un registro específico de delitos contra niñas y adolescentes y no todos los delitos son denunciados.
En cuanto a la violencia familiar y en las escuelas, 6 de cada 10 niñas entre uno y 14 años de edad declararon haber sido víctimas de algún método violento de disciplina y una de cada 2 niñas dijo haber sufrido de agresiones psicológicas en sus hogares en 2019. Reprocharon que el castigo corporal, las agresiones verbales y otras humillaciones sean consideradas como “normales” y aceptadas tanto en las familias como en las escuelas cuando no debería ser así.
Todas las niñas, niños y adolescentes, dijeron, merecen vivir una vida libre de violencia y contar con espacios seguros. Este grave panorama en el que se encuentran los derechos de las niñas evidencian el desinterés de las autoridades mexicanas en cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño o con lo estipulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales reconocen los tipos de violencia contra ellos.
Exigieron que el Estado mexicano separe los Derechos Humanos de las niñas y adolescentes, de los de las mujeres, con el fin de reconocer las dificultades específicas que las menores de edad enfrentan, además, desarrolle medidas especiales para proteger a las niñas, cuide el principio del interés superior de la menor de edad y adopte una mayor diligencia en todo su actuar.
Asimismo, solicitaron que la práctica conocida como “venta de menores” sea erradicada, que se cree un sistema de recopilación de datos que sólo se enfoque en documentar los delitos contra las niñas y adolescentes, y se dé apoyo económico y reparación del daño a las y los menores de edad que quedan huérfanos por el asesinato violento de sus madres.
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