Ministerio publico

América del Sur/Brasil/02.06.2016/Autor: Camila Boehm/Fuente:http://agenciabrasil.ebc.com.br/

El juez Carmen Cristina Fernández Teijeiro y Oliveira, el 5 ° Juzgado de Hacienda de Sao Paulo, se extingue el martes (26), la acción civil pública presentada por el fiscal del Estado y el Defensor contra el gobierno del estado de Paul debido a la reorganización de la escuela anunciado por el gobierno, Geraldo Alckmin, sin discusión previa con los estudiantes, maestros y la comunidad, lo que constituye una falta de respeto por el proceso democrático insertada en la Constitución.

Los cambios incluyen el cierre de 94 escuelas y reubicación de 311.000 estudiantes, además de cambiar la vida funcional de 74.000 maestros. La falta de la edición de medidas disciplinarias por parte del gobierno y de la Junta de Educación del Estado de destino también fue crítico.

El quinto punto de la acción, que fue desestimada, se refiere a la exigencia de que el Estado establezca, a lo largo de este año, un programa oficial para la discusión «sobre la política pública para mejorar la calidad de la educación en Sao Paulo con comunidades escolares «.

Según el juez, no corresponde a los tribunales de entrometerse en la acción administrativa mediante la imposición de los términos de una gestión democrática. El tribunal no podía obligar al estado a establecer la agenda para la discusión de una nueva reorganización, según Carmen. «El poder judicial recae exclusivamente evaluar el cumplimiento de la ley, no existiendo, por tanto, el apoyo legal para que la reclamación», dice la decisión.

acondicionamiento

El juez dijo que los demandantes tienen la intención de condicionar la aplicación de la reorganización de la escuela a la aprobación de sus términos por los padres, tutores, maestros y juntas de educación, los cuales, dijo, «viola sin lugar a dudas los poderes del gobernador del estado de electicidad «. Carmen añade que no existe una base legal para este condicionamiento, porque no hay legislación sobre «la aplicación de la sanción comunidad involucrada con la dirección de la política educativa.»

Para Carmen, el gobernador Geraldo Alckmin «practican los actos administrativos guiados por sus criterios de conveniencia y oportunidad, en la que no se le da a los tribunales intervenir», basada en la separación de poderes.

La sentencia de despido, proceso de enfriamiento rápido consiste en la revocación automática orden judicial vinculada a la acción civil.

El incumplimiento de la orden judicial

Durante el transcurso de la acción civil, surgieron quejas de que el gobierno no estaba cumpliendo con el mandato y la práctica de una «reorganización encubierta» en violación de la orden judicial. El estado tendría aulas cerradas e incluso escuelas cerradas, la transferencia de los estudiantes de los lugares donde fueron inscritos en 2015. El tribunal, a su vez, solicitaron el cumplimiento de la orden judicial emitida con anterioridad. En la última decisión de 26 de julio, según Carmen, «parece absolutamente inocua la investigación sobre el presunto incumplimiento de dicha medida cautelar», es decir, le parece inútil tal determinación.

Según el juez, el que probó el incumplimiento de la orden judicial por el gobierno Alckmin, no sería apropiado para determinar que los estudiantes y profesores regresaron a las aulas y las escuelas que se encontraban en el año anterior en la segunda mitad.

El juez consideró que no era necesario adoptar nuevas medidas para determinar la eventual falla y dijo que no habrá ningún efecto legal derivada de una posible contatação esta violación del estado, aunque la incidencia de la multa diaria establecer antes si se violó la orden judicial.

Otros puntos de acción

Los primeros cuatro puntos de acción perdieron con el fin de existir, según el juez, después de la suspensión de la reorganización. Los artículos referidos a la permanencia de los estudiantes en las escuelas que ya estaban registrados en el año 2015; preservación de los ciclos y los turnos de operación de las escuelas, lo que garantiza la inscripción de nuevos estudiantes; no cerrar las escuelas, sobre todo las 94 unidades que se cierran en el plan de reestructuración;garantizar la inscripción de los estudiantes que fueron reubicados por la fuerza en sus escuelas.

El juez sostuvo que no había pérdida de interés para actuar debido a la suspensión de los autores, por el propio gobierno, las medidas que formaban parte de la reorganización escolar, incluyendo los citados anteriormente. Como se suspendió la reorganización, se entiende que el MP y los defensores ya no se continúan debido a que tales elementos de acción. El artículo sexto y último fijo multa diaria en caso de incumplimiento de cualquier obligación que ha de darse al estado.

la suspensión de la reorganización escolar

El gobierno del estado afirmó que el proceso de la acción civil el objeto se perdió debido a la reorganización de la escuela había sido suspendido después de las manifestaciones y ocupaciones de los estudiantes en las escuelas contra las medidas al final del año pasado. El estado se justifica por la discrecionalidad administrativa, que es la libertad de los organismos públicos a actuar de acuerdo con lo que considere conveniente con el fin de satisfacer intereses colectivos, respetando los derechos individuales.

Para el Estado, el cierre de escuelas se producirían debido a la reducción de la matrícula en las escuelas públicas del estado en los últimos años. Sin embargo, el tribunal emitió una orden judicial a principios de este año que la reorganización fue suspendido, el mantenimiento de la situación anterior «, incluyendo la retención de los estudiantes en las escuelas que se registraron en el año 2015».

Fuente: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-07/justica-de-sao-paulo-extingue-acao-contra-reorganizacao-escolar

Imagen: http://www.adital.com.br/arquivos2/primaria%20educa%C3%A7%C3%A3o.jpg