Multinacionales

Las multinacionales imponen su ley a América Latina

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari

Miles de millones de dólares en pérdidas para los Estados

Las multinacionales no dan tregua a América Latina y el Caribe. Y cuando ciertos países osan cuestionarlas, el imperio de la ley internacional –elaborada a su medida– les cae encima.

En los últimos 30 años, cada día fue aumentando más la presión de los inversores extranjeros contra los Estados latinoamericanos y se multiplicaron los juicios por “incumplimientos” de parte de los mismos. De 6 casos conocidos en 1996, pasaron a 1.190 en la actualidad.

En dicho periodo, los Estados fueron condenados a pagar 33.638 millones de dólares, que se esfumaron así del erario público. Según el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, esa cifra representa un tercio más que las pérdidas por causa del impacto de las catástrofes climáticas en el continente entre 1970 y 2021.

Según el reciente informe elaborado por Bettina Müller y Luciana Ghiotto, del equipo de investigadoras del TNI, que acaba de publicarse la última semana de agosto — y que contiene datos actualizados al 31 de diciembre del 2021– Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador, con 211 demandas en su contra promovidas por empresas multinacionales, son los países que han soportado una mayor presión jurídica en estas últimas tres décadas (https://www.tni.org/es/publicacion/isds-en-numeros-Estados-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe).

Instrumento neoliberal y de dependencia

Los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), son los instrumentos que permiten tramitar estas demandas. Son acuerdos entre dos países que tienen como objetivo proteger la seguridad jurídica de los inversores.

Como lo explica la organización española Ecologistas en Acción, suelen incluir una serie de disposiciones estándar siempre favorables a las transnacionales y que impiden, por ejemplo, las expropiaciones directas o indirectas de las empresas. Rara vez incorporan alusiones a los derechos humanos.

Sin duda, la disposición más perniciosa es la relativa a la Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Si una empresa considera que un Estado no ha cumplido con una u otra cláusula de un acuerdo, puede esquivar la justicia de dicho país y denunciarlo ante tribunales internacionales.

Estas instancias, a las que suelen recurrir las grandes empresas, son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es el más solicitado; la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o bien la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM). Las mismas pueden dictar sentencias de indemnizaciones a favor de los inversores afectados, que en la mayoría de los casos incluye el lucro cesante, es decir, los beneficios que el inversor calcula que ha dejado de percibir debido a cualquiera de las medidas tomadas por el país demandado y que el acusador considera lesiva a sus intereses (https://www.ecologistasenaccion.org/27101/tratados-bilaterales-de-inversiones/).

Estos acuerdos, calificados por la organización ecologista española como “una herramienta fundamental para la globalización liberal”, se benefician de tres elementos que hacen a su propia esencia. Los enunciados sumamente vagos de la mayoría de estos instrumentos jurídicos, lo que permite enjuiciar a un Estado casi por cualquier motivo. Los métodos opacos y para nada transparentes utilizados para resolver los procesos que serán resueltos, a la postre, por árbitros internacionales. Y finalmente, como señala Ecologistas en Acción, “la unidireccionalidad y exclusividad del SDIE”, ya que los inversores pueden denunciar a los Estados, pero no aceptan la situación inversa, es decir, cuando se trata de inversores que incumplen cualquier parte del acuerdo (o cuando violan los derechos humanos).”

El sitio web ISDS Impactos, que retoma la investigación del TNI, explica, por su parte que «el sistema de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) está incluido en miles de tratados internacionales”. Y precisa que es el mecanismo que le permite a los inversores extranjeros demandar a los Gobiernos ante tribunales internacionales si consideran que los cambios introducidos por estos en las políticas públicas –incluso los concebidos para proteger el medioambiente o la salud– afectan sus ganancias (https://isds-americalatina.org/).

Las transnacionales, aves de rapiña

Según el informe del TNI, en los últimos 30 años, las 327 demandas contra Estados latinoamericanos y caribeños representan una cuarta parte del total de las acusaciones promovidas por las multinacionales en todo el mundo. En el continente, la gran mayoría (86,8% de los casos) fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Entre los europeos, principalmente originarios de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Tres de cuatro demandas fueron presentadas ante el CIADI, que es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial ( https://icsid.worldbank.org/es/acerca). Los resultados hablan por sí mismo: las empresas le han ganado a los Estados en el 62% de los casos resueltos, sea por haber obtenido un laudo favorable o por haberse beneficiado de un acuerdo de partes.

23 de los 42 países de América Latina y el Caribe ya han experimentado el rigor del sistema internacional de arbitraje. Particular saña se expresa contra Argentina (62 demandas); Venezuela (55); México (38); Perú (31) y Ecuador (25). Este mecanismo de enjuiciar a los Estados del continente se intensificó en particular entre 2011 y 2021, período en el cual de 91 demandas se pasó a 180, duplicando el total de los juicios. Los mismos, corresponden mayoritariamente a multinacionales que operan en los sectores de la minería y la extracción de gas y petróleo.  Pero también tocan de forma significativa a empresas que lucran con el gas y la electricidad, así como la manufactura.

Argentina, que contabiliza un 87% de sus juicios perdidos, es el país del continente que sufrió más derrotas ante ese tipo de tribunales. Y tiene el récord de lo que pagó en una sola causa: los 5.000 millones de dólares transferidos a la empresa española Repsol en un acuerdo de partes. Las demandas perdidas le significan al país sudamericano 9.222 millones de dólares que debió pagar a los inversores.

Venezuela, la segunda nación más sancionada del continente por los tribunales internacionales, contabiliza el 64% de demandas en su contra con decisión desfavorable. Tiene a su haber el laudo más costoso del continente. En 2019 el Tribunal del CIADI le ordenó pagar 8.366 millones de dólares a la transnacional Conoco Phillips.

ConocoPhillips se une a la minería de Bitcoin - Cryptorobin.es

En términos monetarios concretos, los Estados casi siempre resultan ser los grandes perdedores, constata el Transnational Institute en su reciente informe. “Las demandas le cuestan millones de dólares en gastos de defensa (jurídica) y de proceso”.  Aun en los casos en los que los tribunales de arbitraje fallan a favor de los Estados, es normal que estos deban desembolsar millones de dólares para contratar firmas de abogados –para su defensa–, las que pueden cobrar hasta 1.000 dólares por hora de asesoramiento. Caso emblemático, el de Ecuador, que hasta 2013 llevaba gastados 155 millones de dólares para garantizar su defensa jurídica y para pagar los gastos producto del arbitraje.

Las sumas reclamadas por las empresas desde 1996 — según el detallado informe de la ONG con sede en la capital de los Países Bajos–, ascienden a 240.733 millones de dólares. Sin embargo, en 68 de las 327 demandas no se conocen los montos exigidos, por lo que esta cifra es significativamente mayor. Los tribunales han condenado a las naciones del continente latinoamericano a pagar, hasta ahora, 33.638 millones de dólares.

Según cálculos de las Naciones Unidas, con ese dinero, se podría resolver el drama de la extrema pobreza en 16 de las naciones del continente. “A su vez. Este monto representa más que la deuda externa de El Salvador, Nicaragua y Belice juntos (valores de 2020) y representa un tercio más que el total de las pérdidas que soportó la región entre 1971 y 2021 debido a las catástrofes climáticas”, explica el TNI.
En cuanto a las demandas pendientes (solo se conoce lo que las empresas reclaman en 44 de los 96 casos abiertos) le podría significar pérdidas adicionales por 49.626 millones de dólares a América Latina y el Caribe.

Realidad tan contundente como dramática de un combate desigual institucionalizado como verdad única y universal. Como si en el ring, dos actores (un boxeador y el árbitro) se pelearan, juntos, contra el otro boxeador, vapuleado por los golpes a que recibe a cuatro manos.

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Pandemia y extractivismo: una contaminación colonizadora cruzada

Rebelion

Por: Thomas Chiasson-LeBel

Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como “el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista».

¿Será que la historia se repite? La respuesta obviamente negativa a esta pregunta no debe hacernos perder de vista que siempre corremos el riesgo de repetir errores desastrosos del pasado si olvidemos que joyerías de vidrio pueden esconder un robo y una masacre.

Cuando los colonizadores europeos llegaron a las Américas, tenían un afán de ciertos minerales que les hizo destrozar civilizaciones y culturas, esclavizar a la población indígena para explotarla, y erradicar militarmente a los que se resistían [ii]. Sin embargo, las enfermedades que trajeron los colonizadores resultaron ser más mortales que sus pulsiones extractivistas, pues sus barcos llevaban pandemias letales que se encargaron de la labor “necrófila” de eliminar pueblos indígenas, facilitando el establecimiento de poderes coloniales en el continente.

Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como “el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista.

La pandemia se presenta como la crisis perfecta para justificar el estado de excepción, es decir la suspensión de los frágiles espacios de contra poder que son también la poca democracia que existe en nuestros sistemas políticos. Con este, se aplica una terapia de shock extractivista, un cambio de las reglas en medio de la crisis para profundizar la penetración del extractivismo. La pandemia requiere del confinamiento de la población por razones sanitarias. Lo problemático es que sirve también a élites económicas y políticas que quieren contener las protestas y los deseos de movilización. La transformación del mandato “quédate en casa” en mandamiento anti-movilización es una manera de silenciar las oposiciones, y sirve para crear condiciones más favorables para expandir las actividades extractivas, debilitar o eliminar las pocas reglamentaciones ambientales existentes mientras las multinacionales y las empresas de este sector toman la oportunidad para limpiar su imagen corporativa.

El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la forma en que, desde el Norte hasta el Sur del continente, la crisis actual está siendo instrumentalizada para responder a las necesidades del sector extractivo, con un patrón común que designamos como la terapia de shock extractivista.

La terapia de shock extractivista

Mirando lo que está pasando con el sector extractivo de varios países (Canadá, Chile, Ecuador, Honduras), y escuchando lo que señalan las y los defensoras de las comunidades y territorios, notamos un patrón común [iii] de terapia de shock extractivista. Naomi Klein [iv] acuñó la expresión “terapia de shock” para describir una dinámica fundamental del capitalismo de las últimas décadas, inventada por Milton Friedman, mediante la cual se aprovechan de los momentos de crisis y trauma colectivos para imponer rápidamente cambios importantes e irreversibles a favor de las grandes empresas que no se podrían imponer en tiempos normales. La terapia de shock extractivista es este mismo proceso aplicado para promover los intereses de las empresas extractivas. En la actualidad, esta articula varias dimensiones alrededor de una acción discursivo-ideológica por parte de las empresas hacia la cual confluyen actores estatales y partes de las élites económicas no vinculadas al sector. Este discurso presenta las empresas extractivas como salvadoras frente a las varias crisis, naturaliza su proximidad con el Estado, otorga la continuación de la extracción mientras se paran otros sectores económicos y favorece la profundización de sus actividades con menos escrutinio público. De esta manera, aprovecha la crisis para acertar contundentemente la centralidad del sector y descartar las oposiciones y alternativas legítimas promovidas por las poblaciones afectadas.

Su discurso

La terapia de shock extractivista se articula alrededor de un discurso en el cual las empresas se presentan como salvadoras, tanto frente a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Prometen generar riquezas y brindar las tecnologías que permitan curar a los enfermos, redistribuir las ganancias a las víctimas de la crisis, y ser la fuente de reactivación de las economías una vez terminada la pandemia. Expresiones tales como “minería verde” y “minería responsable” resurgen ahora en el discurso de las mineras mediante campañas que buscan limpiar la imagen de empresas ambiental y socialmente desastrosas, que ahora se presentan como promotoras de la “salud y [del] bienestar” [v], o más aún comprometidas con la “resiliencia comunitaria” [vi] frente a la pandemia.

Durante la crisis sanitaria, los Estados, principalmente en el Sur global, enfrentan problemas para conseguir los recursos necesarios para apoyar a la población y proveer lo necesario al personal de la salud. En este contexto, las empresas extractivas han desarrollado una imagen de “salvador”, multiplicando las donaciones de equipamiento médico y comida para establecerse como ayuda de primera línea y pulir su imagen corporativa frente a la sociedad. Por ejemplo, la empresa minera canadiense Barrick Gold, quién encabeza el controvertido proyecto Pascua Lama, entregó un hospital de campaña de un valor aproximado de US$ 13 millones al Estado chileno en el contexto de la pandemia [vii]. En Ecuador, mientras el Estado carecía de recursos médicos en sus hospitales para asegurar la protección de los trabajadores de la salud, ciertas empresas extractivas promocionaban donaciones de insumos médicos en sectores cercanos a sus actividades, y donaciones de alimentos a poblaciones vulneradas por la crisis [viii].

Estas contribuciones tienen impactos reales en tiempo de pandemia, cuando el acceso rápido de poblaciones vulnerables a servicios y tratamientos puede marcar la diferencia entre la vida y muerte. No obstante, un análisis crítico de aquellas “contribuciones”, generalmente agrupada bajo el lema de la responsabilidad social empresarial, devela las contradicciones e ineficiencias que conllevan, y las desigualdades sistémicas que profundizan. Esta filantropía empresarial encubre el hecho de que estas mismas empresas presionan a los Estados para minimizar sus aportes fiscales, aún en tiempos de crisis. Por ejemplo, en Chile, las empresas mineras lograron que se liberen sus depósitos de garantía, originalmente destinados para cubrir los costos de sus planes de cierre de faena, recuperando así US$ 3 mil millones de dólares [ix]. Las empresas logran hacer contribuciones propias y específicas porque tienen plata, pero no quieren pagar impuestos al Estado porque prefieren a la ayuda desinteresada aquella por la cual controlan el momento y el objeto de las donaciones, y así, maximizan el impacto positivo sobre su imagen corporativa, especialmente en contextos en los cuales comunidades locales se oponen a su implementación en el territorio. Además, tales contribuciones revelan un desequilibrio de poder: multinacionales del “Norte global” logran conseguir acceso a insumos médicos esenciales que hacen falta a Estados del “Sur global”. De tal manera, empresas privadas compiten con los Estados por el rol de defensor del bien común.

Comparar esta situación con la de los colonizadores europeos que llegaron ofreciendo la fe cristiana para salvar el alma de los pueblos y naciones indígenas a cambio de su trabajo, de sus vidas, de sus territorios y de las riquezas que contenían, está lejos de ser absurdo. En ambos casos, la contraparte del despojo sirve para limpiar la imagen del despojador y tornarlo en salvador.

Este discurso al nivel de la salud se articula muy bien con el discurso económico, de aún mayor importancia para las operaciones de las empresas extractivas, las cuales supieron presentarse cómo la solución también frente a la crisis económica relacionada a la pandemia. En esta crisis, se argumenta, es necesario facilitar todas las iniciativas extractivas porque su contribución a la actividad productiva es esencial para relanzar la economía amputada por el cierre epidemiológico [x].

Este argumento ha sido adoptado enteramente por los gobiernos de los países tratados en este artículo, quienes asumieron el discurso presentando las empresas extractivas como salvadoras frente a la crisis económica. En Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, que se presentaba como el defensor del medio ambiente después de su primera elección en 2015, anunció que levantaba la obligación de evaluación de impacto ambiental para las perforaciones marítimas exploratorias frente a las costas de Terranova-Labrador [xi]. La justificación era clara: “la capacidad de Terranova y Labrador de recuperarse al salir de la pandemia de COVID-19 dependerá en grandes medidas de la capacidad del sector [petrolero]” [xii]. En Honduras, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente agilizó, en medio de la pandemia, un portal virtual para minimizar los trámites y facilitar los proyectos extractivos.

Estas medidas materializan el discurso de las empresas extractivas adoptado por los gobiernos que presenta a la actividad extractiva como fuente de recursos para resolver la crisis económica relacionada a la pandemia. Además, como los gobiernos están acumulando deudas públicas para enfrentar la crisis, los ingresos provenientes del sector son presentados como fuente de divisas absolutamente esenciales para pagarlas. Sin embargo, la importancia relativa del sector, y lo que retorna localmente, difícilmente puede presentarse como solución. El sector extractivo tiende a emplear relativamente pocas personas, y en Latinoamérica, exporta sus productos brutos a otros países para su transformación, lo que conlleva pocos encadenamientos productivos locales. En Honduras, el sector extractivo no representa ni el 1% del PIB. Más preocupante que las pequeñas rentas mineras que se quedan en este país, son los impactos negativos que las actividades extractivas tienen sobre otras actividades económicas y de sustento local como la agricultura.

Además del impacto ambiental negativo del sector y del rechazo por parte de muchas comunidades que no quieren de estas actividades en el territorio que ocupan, las empresas extractivas difícilmente representan una solución económica mágica. Más bien, los problemas económicos relacionados con la expansión del sector han sido la base para el desarrollo de toda una literatura que describe la maldición de la abundancia (Acosta 2009) o habla de enfermedad (The Economist 2017 [1977]) y de paradojas de los recursos (Karl 1997). Esta literatura advierte que el sector extractivo tiende a producir efectos económicos negativos que socavan sus beneficios.

En resumen, las grandes empresas extractivas han aprovechado la pandemia para pulir su imagen, y presentarse como salvadoras tanto al nivel sanitario como ecológico. Considerando que este discurso es muy dudoso, vale la pena reflexionar críticamente sobre su puesta en marcha.

La puesta en marcha del discurso y la cercanía Estado-empresas extractivas

El desarrollo de este discurso por parte de las empresas, y su adopción acrítica por parte de los gobiernos, esconde algo muy preocupante por la naturalización de la cercanía Estado-empresas extractivas que genera. Mientras que el discurso liberal sobre el Estado nos lo presenta como un actor neutral y un árbitro imparcial frente a varios grupos con intereses divergentes, la imagen que nos refleja el sector extractivo actualmente es de una cercanía exclusiva con el Estado que no siente la necesidad de avergonzarse ni de esconderse. Sus discursos se mezclan de tal manera que se confunde quién representa el bien común, y desaparece del discurso el hecho fundamental que las empresas extractivas velan, antes que nada, por los intereses privados de sus accionistas, mayormente ubicados en el Norte global. Se trata así de aislar el discurso de las comunidades que rechazan las incursiones de las empresas extractivas en el territorio que ocupan, y se revierte la dinámica como si fuesen ellos quienes defienden un interés particular-privado.

En los países presentados en este artículo, resulta muy difícil diferenciar el discurso de las empresas y el del gobierno con respeto al sector extractivo porque están alineados en casi todos sus puntos. En Chile, la empresa minera Barrick Gold afirmaba al periódico El Mercurio estar en contacto constante con el gobierno para avanzar en sus proyectos, prometiendo miles de millones para salvar la economía chilena de la pandemia [xiii]. En Honduras, la situación es tal, que desde 2018 el Estado decidió mantener en secreto las decisiones con respeto a los permisos ambientales, demostrando que para el Estado, más importante que defender su legitimidad frente al público es proteger sus relaciones con las empresas mineras.

Esta cercanía y el discurso del sector extractivo como salvador permite explicar por qué, en muchos países, mientras buena parte de la actividad económica fue parada por razones sanitarias, la producción en el sector extractivo no se detuvo, aunque queda por demostrar la necesidad de muchos de estos minerales en tiempos de pandemia. En Honduras, se ha pedido el reconocimiento de la actividad extractiva como actividad esencial para permitir que siga operando durante de pandemia, pedido que fue aceptado por el congreso. En Ecuador, las mineras fueron designadas como actividades estratégicas que tenían que seguir produciendo durante la crisis. Las que bajaron sus actividades lo hicieron sin que sea obligación estatal, sino por voluntad propia, y reanudaron rápidamente sus actividades [xiv]. Esto no paró a Lundin Gold-Aurelian Ecuador que opera Fruta del Norte de producir el primer lingote de oro durante la pandemia [xv]. Comunidades indígenas denunciaron que ciertas mineras que seguían con sus actividades trataban de traspasar el control comunitario establecido por comunidades que querían aislarse para protegerse de la enfermedad. En el valle del Huasco chileno, se sospecha que la persistencia de la actividad extractiva, que implicaba la circulación de trabajadores de otros sectores del país, contribuyó a la propagación del virus en la región [xvi]. Es decir, así como el colonialismo europeo trajo enfermedades, el extractivismo que sigue durante la pandemia también contribuyó a la propagación más reciente del virus [xvii]. El discurso de las empresas extractivas como salvadoras en tiempo de crisis, así como la distribución de material sanitario, es muy útil para producir un contra-discurso a la realidad tajante que los caminos del extractivismo contribuyen históricamente al contagio. Sirve también para difuminar la frontera entre el Estado y las empresas extractivas, y que estas últimas aparezcan como las defensoras del bien común al igual que los Estados.

Profundización del extractivismo

La combinación de una cercanía Estado-empresas extractivas con el discurso de este sector como salvador no sirvió sólo para que continúe la extracción durante la pandemia, sino que fue utilizado para expandir las actividades del sector, y profundizar la penetración del extractivismo en la política y el territorio en contra de la voluntad de los pueblos. Esta profundización, construyéndose sobre siglos de colonialidad del poder—es decir un poder que se apoya sobre y reproduce jerarquías raciales [xviii]—tiende a invadir zonas habitadas por pueblos racializados, expulsándolos o alterando su vida de manera indeseada, reproduciendo así las jerarquías raciales del continente.

En Canadá, el gobierno Federal anunció nuevos créditos para trabajos en el gasoducto Costal Gaz Link. Este proyecto había sido bloqueado por protestas de la nación Wet’suwet’en al inicio del 2020 apoyadas por varios otros pueblos y naciones indígenas y no indígenas que habían bloqueado el ferrocarril en todo el país en oposición a aquel proyecto. En Honduras, se transfirió la responsabilidad de aprobación y fiscalización de los proyectos desde el Instituto Hondureño de Geología y Minas hacía el Ministerio de Economía para facilitar sus avances. Esto significó la suspensión de muchos procesos de consulta a la población que estaban en camino, y la clara afirmación que la aprobación depende de criterios económicos y no geológicos, ambientales, y menos aún democráticos.

Estos avances cristalizan la idea de terapia de shock: la instrumentalización de la crisis para promover fines que difícilmente se podría alcanzar en otros contextos. Como lo decía el ministro del Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles: “ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, [es tiempo de] de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad” [xix]. En Chile, el ministro de Minería afirmaba que era tiempo de avanzar con todos los proyectos en carpeta, mientras justamente estos proyectos estaban frenados por cuestiones ambientales y resistencias comunitarias. De manera similar, el ministro de Minas de Ecuador afirmaba al inicio de la pandemia que iba a dar mayores facilidades a empresarios privados en ciertos campos petrolíferos para que avancen sus proyectos.

Todos los signos indican que la crisis está siendo instrumentalizada para profundizar el extractivismo, aprovechando el confinamiento y las restricciones de las libertades promulgadas en este tiempo para hacer reformas que benefician al sector y que van a permanecer vigentes después de la crisis. Las modificaciones legislativas y reglamentarias que levantan las limitaciones y controles de las actividades permitirán avances de proyectos que difícilmente se podrán deshacer después.

Las actividades extractivas se focalizan en recursos no renovables, lo que nos lleva a un punto sin retorno y cuyo impacto social y ambiental deja huellas indelebles. Los Estados, tanto del Norte como del Sur, han mostrado repetidamente su incapacidad en controlar las actividades de las empresas extractivas lo suficiente para evitar desastres. En Canadá, el derramamiento de Mount Polley en 2014, donde la ruptura de una represa de residuos mineros dejo escapar 4,5 millones metros cúbicos de agua contaminada, tuvo consecuencias ambientales difícilmente medibles. En 2018, un incidente similar en Brumadinho, Brasil, obtuvo la atención internacional con imágenes terribles del derrame que costó la vida de entre 130 y 250 personas, además de contaminar más de 300 km de ríos y modificar significativamente su ecosistema. Al inicio de la pandemia, la ruptura de un oleoducto en Ecuador contaminó un río afectando a aproximadamente 118 000 personas según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual subrayaba que el Estado y la empresa operadora de la tubería tomaron hasta 10 días para llevar agua potable a las comunidades afectadas [xx].

Estos eventos tienen consecuencias irreversibles, y la profundización del extractivismo con menos controles por parte del Estado anuncia la multiplicación de casos dramáticos como estos. De la misma manera que el colonialismo europeo en la región, las destrucciones resultantes del extractivismo son irreversibles, e inolvidables.

Resistencias y represión

En todos los países estudiados, hemos encontrado signos fuertes de resistencia por parte de las comunidades afectadas, de ambientalistas, y de organizaciones de varias tendencias políticas, así como indicios indudables del fortalecimiento de solidaridades internacionales respeto al tema. Como parte de la terapia de shock extractivista, la alianza entre empresas extractivas-Estado, combate estas resistencias mediante la consolidación de su discurso que presenta al sector como salvador frente a las crisis, la represión y persecución de opositores, y la desregulación permisiva que facilita la profundización de la colonización extractivista del territorio.

Pero las alternativas existen tanto para la salud como para la economía. Durante la pandemia, se han visto en el Ecuador campesinos indígenas que, pese a haber perdido su acceso a los mercados públicos por el confinamiento, decidieron dar productos en barrios pobres para proveer de alimentos a los más afectados. Otro ejemplo es la comunidad de Putaendo en Chile organizó marchas y eventos durante la pandemia para oponerse a los avances del proyecto minero Vizcachitas de la Andes Copper. Así como estos, podemos encontrar múltiples ejemplos en varias regiones del continente, donde comunidades indígenas, campesinas y rurales gestionaron el riesgo de la pandemia mediante respuestas comunitarias. Los movimientos socioambientales de defensa del territorio crean espacios para voces diversas que debaten sobre el bien común, y la coyuntura actual también ha abierto nuevos espacios y oportunidades de colaboración. Es decir: hay resistencias y hay propuestas alternativas que emergen desde los pueblos.

 Al nivel regional, un grupo variado de intelectuales presentó el Nuevo Pacto Ecosocial del Sur, una invitación a que las organizaciones y comunidades sumen sus esfuerzos para producir una respuesta contra terapia de shock, basada en la justicia social, de género, étnica y ecológica [xxi]. Esta iniciativa resalta cómo la pandemia reveló la falsa y repetida consigna de que la economía de mercado es imparable. Durante la pandemia, no sólo se paró la actividad productiva en varios sectores, también muchas fábricas convirtieron su producción para responder a las necesidades del momento. Si ha sido posible parar y reorientar la economía en tiempo de pandemia, es posible hacerlo en cualquier momento.

En vez de entender este llamado al cambio como una difícil pero necesaria reorientación de nuestras relaciones con el medio ambiente y la economía, los gobiernos aliados a las empresas extractivas eligieron la vía fácil del discurso mágico del salvador extractivista. Y para sostenerlo tuvieron que recurrir, rápidamente, a la fuerza para callar los opositores. Las noticias de represión, y de protección policial y militar a las empresas, nos vienen de todos los rincones del continente.

Contra las “salidas fáciles” y las falsas promesas

Nos corresponde producir, debatir y difundir otras narrativas a la del discurso articulador de la terapia de shock extractivista, que ha sido producidas por aquellas empresas que se presentan como salvadoras. El extractivismo no va a excavar un túnel de escape frente a las crisis actuales. La pandemia y sus consecuencias no son agentes externos a nuestra realidad que vinieron interrumpir nuestra normalidad: en buena parte es el producto de aquella normalidad.

Más allá de los casos de corrupción, no es simple entender por qué hay un consenso de los gobiernos de diversos matices sobre la necesidad del extractivismo [xxii], ni cómo el sector logra tal penetración política. Un elemento de respuesta reside en la promesa de una “salida fácil” e indolora a la crisis multidimensional que enfrentan todas las sociedades de nuestro continente. El sector promete ingresos fiscales que no requieren que los gobiernos se enfrenten a las élites económicas nacionales para redistribuir una parte de sus riquezas. El sector es tan lucrativo que permite el pago de rentas que parecen importantes. Impulsar el sector evita una pelea contra los gobiernos del Norte global que apoyan ampliamente a las empresas extractivas, la mayoría ubicadas legalmente en sus territorios. La única pelea que genera el extractivismo es contra las comunidades locales, y se puede tornar en una confrontación de pueblo contra pueblo, contraponiendo los potenciales beneficios económicos del sector presentado como salvador frente a las crisis, al “inmovilismo” de los opositores. Sin embargo, el carácter multidimensional de las crisis (económica, ambiental, social y política) revelado por la pandemia no da para este tipo de facilidad, y requiere de soluciones complejas que reorganicen lo contagioso-tóxico de nuestra relación a la economía y el medio ambiente. Ver lo ilusorio y lo peligroso de las promesas del sector extractivo presentado como salvador frente tanto a la crisis económica como pandémica es un paso importante. El próximo paso es que la organización y la movilización de las comunidades logre transformar a los sectores populares en una fuerza más poderosa que aquella acumulada por las élites y las empresas extractivas con sus discursos de que el extractivismo se ha mutado en una industria “virtuosa, inclusiva, y sustentable” [xxiii] que permite vencer pandemias.

A la hora de soñar con una nueva normalidad, que incluiría otra economía y un mayor cuidado del planeta, nos despierta la pesadilla de la realidad, donde domina la normalidad y donde lo nuevo toma la forma de una terapia de shock extractivista impuesta con el mayor grado de autoritarismo adquirido por los sistemas políticos del continente. La promesa que las rentas del sector podrán solucionar la crisis económica es falsa, y las empresas extractivas, siendo parte del problema, nunca van a ser parte de la solución. La destrucción causada por los afanes que guiaban la colonización europea no va a ser la salvación hoy, así como no lo fue para los pueblos indígenas hace 500 años.

Texto escrito con la colaboración de James Alejandro Artiga-Purcell y Alejandra Watanabe-Farro  [i] para el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo, Universidad de California en Santa Cruz

Referencias:

[i] En junio, el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo organizó un webminario que contó con la participación de Constanza San Juan, de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto de Chile, Pedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras, y Blanca Chancosode la CONAIE del Ecuador. Las tendencias identificadas en este artículo surgieron de esta conversación, y muchos de los ejemplos relatados inspirados de aquella. Agradecemos a Fernando Leiva, del grupo de investigación, por su apoyo en la conceptualización de este texto, sus comentarios y revisiones.

[ii] Los distintos poderes coloniales adoptaron diferentes estrategias de colonización. Sin embargo, su impacto sobre las poblaciones que ocupaban el territorio es complementario.

[iii] Organizaciones de Canadá, Estados Unidos y Gran Britania llegaron a conclusiones similares en una investigación basada en la revisión de casi 500 artículos de fuentes periodísticas: Voces desde el territorio disponible en: <https://miningwatch.ca/sites/default/files/voces_desde_el_territorio_final.pdf>

[iv] Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine. New York: Metropolitan Books.

[v] Ver el sitio web de Barrick Gold  <https://www.barrick.com/English/about/covid-19/default.aspx>.

[vi] Ver el sitio web de Newmont: < https://www.newmont.com/operations-and-projects/health-and-safety/default.aspx>.

[vii] Ver el comunicado de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto sobre el tema :  https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/

[viii] Ver las múltiples ocurrencias en los hilos tweeter de LundinGolg y Ecuacorriente, por ejemplo: < https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1277700961222393856?s=20>

y < https://twitter.com/CorrienteEcua/status/1283401420591554561?s=20>

[ix] “Ministerio de Minería anuncia que mineras ya pueden utilizar seguros de garantía para sus planes de cierre de faenas”, Portal minero, 06/07/2020: < https://www.portalminero.com/wp/ministerio-de-mineria-anuncia-que-mineras-ya-pueden-utilizar-seguros-de-garantia-para-sus-planes-de-cierre-de-faenas/>.

[x] Mccopa, “Minería salvará economía peruana de la recesión”. Minería Pan-Americana, 20/08/2020. < https://www.mineria-pa.com/noticias/mineria-salvara-economia-peruana-de-la-recesion/>.

[xi] Alexandre Shield, “Forages en mer exemptés d’une évaluation environnementale”,Le Devoir, 5/06/2020, < https://www.ledevoir.com/societe/environnement/580160/forages-en-mer-exemptes-d-une-evaluation-environnementale>.

[xii] Ver el comunicado del gobierno canadiense: < https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2020…nt-visant-a-ameliorer-le-processus-dexamen-du-forage-exploratoi.html>.

[xiii] Denunciado por la Asamblea por el Agua del Guasco Alto < https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/>

[xiv] < https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1242861473241747458?s=20>

[xv] < https://twitter.com/Ian_H_Lundin/status/1274799403451244557?s=20>

[xvi] Movimiento Socio-Ambiental del Huasco: «La gran minería primero nos mata por contaminación, ahora nos mata por Covid», 29/06/2020. < https://www.facebook.com/AsambleaGuascoAlto/posts/2664294710476714>.

[xvii] El Informe “Voces del territorio” (op. cit.) identificó casos claros en Brazil, Canadá y Panamá donde la contaminación de trabajadores en las minas afectó las comunidades adyacentes a las minas.

[xviii] Quijano, Aníbal. 2014. Cuestiones y Horizontes. De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Decolonialidad del Poder. Editado por Danilo Assis Clímaco. Antologías. Buenos Aires: CLACSO.

[xix] Citado en Emiliano Terán Mantovani, “Coordenadas del extractivismo en la pandemia en A. Latina”, ALAI, 27/07/2020. < https://www.alainet.org/es/articulo/208103?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina>.

[xx] Comunicado de la CONAIE “René Ortiz impulsará la minería a gran escala en medio de covid 19”, 23/04/2020.< https://conaie.org/2020/04/23/gobierno-de-ecuador-reforzara-politicas-extractivistas-en-medio-de-covid-19/>.

[xxi] <  https://pactoecosocialdelsur.com>

[xxii] Svampa, Maristella. 2013. “«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina”. Nueva Sociedad 244: 30–46.

[xxiii] Carolina Pizarro, “El futuro de la minería al 2035” La Tercera,11/01/2015. < https://www.latercera.com/noticia/el-futuro-de-la-mineria-al-2035/>

Fuente: Rebelión

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Entrevista a Mike Davis: «El monstruo ya está aquí»

Josefina Martínez

Por: Josefina Martínez

El reconocido historiador Mike Davis acaba de publicar El Monstruo ya está aquí, un libro sobre la pandemia, los sistemas sanitarios y las desigualdades provocadas por el capitalismo. El trabajo retoma los pronósticos realizados por el mismo autor en su libro El monstruo llama a nuestra puerta, publicado hace poco más de una década. En esta entrevista, Davis afirma que viviremos una época de pandemias múltiples y plantea que el sistema actual difícilmente pueda atajarlas de modo correcto.

Se ha hablado mucho sobre el origen de los coronavirus. ¿Cómo se relaciona con la agricultura industrial y el papel de las multinacionales? ¿Son estas las nuevas plagas del capitalismo?

Sabemos que el virus pandémico, el SARS-CoV-2, se originó en los murciélagos, al igual que los SARS iniciales de 1992-1993. Una cuarta parte de todos los mamíferos son murciélagos –unas 1.500 especies– y albergan una increíble variedad de virus, incluyendo cientos de coronavirus, que tienen el potencial de dar el salto a los seres humanos, ya sea directamente o a través de un animal salvaje que actúa como intermediario. La cadena de transmisión del virus actual no se conoce y, de hecho, puede que nunca se conozca, pero la constante expansión de cultivos y granjas en zonas silvestres de China es probablemente un factor clave, junto con la tradición cultural de consumir murciélagos y animales exóticos.

En el caso de nuevas gripes –que siguen representando un riesgo inminente–, el crecimiento exponencial de la producción industrial de cerdos y pollos en el suroeste de Asia y en otros lugares ha amplificado enormemente esta amenaza pandémica. Los cerdos, que pueden ser huéspedes de una doble infección de cepas de gripe aviar y humana, son reactores biológicos claves, ya que los segmentos del genoma de dos virus pueden a veces recombinarse para crear híbridos monstruosos. Las industrias avícolas, por su parte, actúan como aceleradores virales para la propagación de estas nuevas cepas.

A escala mundial, la deforestación es el mazazo que rompe los muros entre la naturaleza salvaje y sus enormes reservas de virus, por un lado, y las ciudades humanas superpobladas por el otro. Un ejemplo citado en mi libro es el caso de la región costera del África occidental, la zona de más rápida urbanización del planeta. Tradicionalmente, las aldeas y ciudades dependían del pescado como la principal fuente de proteínas. Pero a partir de la década de 1980 las flotillas industriales de Europa y Japón extrajeron aproximadamente la mitad del pescado del Golfo de Guinea. Los pescadores locales perdieron sus medios de vida y los precios del pescado se dispararon en los mercados urbanos.

Simultáneamente, las multinacionales madereras estaban abriéndose paso con motosierras a través de los bosques tropicales del Congo, Gabón y Camerún. Con el objeto de mantener bajos los costos de la mano de obra, contrataron a cazadores para matar animales salvajes, incluyendo primates, para alimentar a las cuadrillas. Esta «carne silvestre» pronto encontró una enorme demanda en las ciudades ávidas de proteínas, especialmente entre las poblaciones de los barrios pobres que vivían en condiciones sanitarias terribles. Esta cadena causal –la expoliación de los recursos pesqueros sostenibles, la tala de bosques que rompió las barreras naturales entre las poblaciones humanas y los virus salvajes, el aumento de la caza de animales silvestres a gran escala para abastecer de carne los mercados urbanos y el crecimiento exponencial de los barrios pobres– fue la fórmula maestra para la aparición tanto del virus de inmunodeficiencia humanaVIH como del ébola.

Hace quince años escribió El monstruo llama a nuestra puerta: la amenaza global de la gripe aviar. Desde aquel momento, numerosos estudios advirtieron de la posibilidad de una pandemia. ¿Por qué hemos llegado a este punto casi sin ninguna prevención y sin el desarrollo de la investigación científica adecuada para combatir este tipo de virus?

En realidad, en los últimos 25 años ha habido una enorme cantidad de investigaciones y modos de preparación para una pandemia. En cierto sentido todo fue vaticinado, pero algunos países se negaron a prestar atención a las advertencias o, como Estados Unidos bajo Donald Trump, desmantelaron deliberadamente estructuras cruciales para la alerta temprana y el control. Además, Reino Unido, Estados Unidos y algunos países europeos habían recortado drásticamente el gasto en salud pública, ya sea por razones ideológicas o por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En Estados Unidos, por ejemplo, nos enfrentamos al brote a finales de enero con 60.000 trabajadores sanitarios menos que los que habían estado en las nóminas de los gobiernos locales y del Estado en 2007.

Mientras tanto, la gran industria farmacéutica ha continuado obstaculizando el desarrollo de antivirales que se necesitan con urgencia, antibióticos de nueva generación y vacunas genéricas. El otoño pasado, el propio Consejo de Asesores Económicos de Trump le advirtió que no se podía contar con las grandes empresas farmacéuticas en una crisis pandémica, ya que en general habían abandonado el desarrollo de medicamentos para enfermedades infecciosas, a menos que el gobierno federal interviniera con miles de millones de dólares de subsidios.

Por otra parte, las empresas de biotecnología más pequeñas que estaban siendo precursoras de nuevos medicamentos y vacunas se vieron privadas del capital necesario para llevar sus descubrimientos a las etapas finales de prueba y producción. Después de la aparición del SARS en 2003, por ejemplo, un consorcio de laboratorios de Texas había desarrollado una posible vacuna contra el coronavirus que nadie estuvo dispuesto a financiar. Si se hubiera desarrollado, dada la coincidencia de 80% entre los genomas del SARS-1 y el SARS-2, podría haber sido una base excelente para la producción acelerada de una vacuna contra el covid-19.

Lo más importante es que la mayoría de los países de Asia oriental, tanto los autocráticos como los democráticos, han logrado contener la pandemia hasta ahora gracias a planes de respuesta bien preparados (un legado de las anteriores crisis del SARS y de la gripe aviar), una amplia aceptación del liderazgo científico, la inmediata aceleración de la producción de mascarillas y respiradores y, un factor clave que en su mayor parte ha sido ignorado, la capacidad de movilizar a grandes ejércitos de trabajadores y voluntarios para responder a nivel de base. A pesar de su condición de nación en vías de desarrollo y de la escasez de médicos, el éxito de Vietnam ha sido notable y probablemente sea el resultado de la combinación de laboratorios de categoría mundial (los Institutos Pasteur en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh) con una red nacional de trabajadores sanitarios públicos a escala de aldea y de barrio.

El talón de Aquiles de la planificación previa en muchos países ricos ha sido apoyarse exclusivamente en los profesionales de la salud, cuando una educación pública universal acerca de las amenazas de enfermedades y la organización de una reserva de voluntarios capacitados son casi igualmente importantes para combatir las tormentas virales. Como la tragedia nos está obligando a comprender, no vivimos en una pandemia sino en una era de pandemias.

El discurso de los gobiernos es que de esta pandemia «salimos todos juntos», pero la realidad es que el virus sí entiende de racismo y capitalismo. ¿Cómo afecta esta crisis a los trabajadores precarios, latinos y afroamericanos?

Los distintos países, por supuesto, difieren ampliamente en cuanto al acceso a una atención médica asequible, los indicadores de la desigualdad de ingresos y los legados estructurales de la discriminación racial y étnica. Entre las naciones de altos ingresos, Estados Unidos es la que tiene la peor puntuación en las tres categorías. Pero incluso en países con atención médica universal y niveles de desigualdad mucho más bajos hay poblaciones vulnerables que han quedado desprotegidas y a menudo invisibles en la crisis actual.

Las residencias de ancianos se han convertido en morgues a ambos lados del Atlántico, y son el origen de 40% a 50% de las muertes de covid-19 en muchos países. En Estados Unidos, donde el número de víctimas de este tipo supera ya las 50.000, se estima que la mitad son afroestadounidenses. Aquí es donde las vidas de los negros parecen importar menos.

Si los expertos en salud pública sabían que estas instalaciones se convertirían rápidamente en focos de infección, ¿por qué los gobiernos nacionales y locales no crearon inmediatamente grupos de trabajo especiales para intervenir? ¿Y por qué las ONG y los partidos políticos progresistas no hicieron de esto una demanda contundente? Las mismas preguntas, por supuesto, deberíamos hacernos sobre las cárceles, las prisiones y los campos de refugiados. La actitud pasiva de las autoridades solo puede ser caracterizada como una negligencia criminal.

La crisis también permitió visibilizar la importancia de los «trabajadores esenciales» para el funcionamiento de la sociedad. Y son los más expuestos al contagio.

Los que ahora reconocemos como «trabajadores y trabajadoras esenciales» ante la pandemia incluyen desde investigadores científicos hasta conserjes y personal de cuidado a domicilio. Además de todas las categorías de personal médico, millones de personas que trabajan en la agricultura y en la industria frigorífica, en la venta y distribución de alimentos, en servicios públicos como el transporte, la vigilancia y la sanidad, y en la industria logística (almacenamiento y reparto). Estos son precisamente los sectores que tienen los mayores porcentajes de trabajadores pertenecientes a minorías con salarios bajos, inmigrantes recientes y empleados eventuales.

En Estados Unidos, casi la mitad de estos trabajadores son negros, latinos o asiáticos y, salvo que pertenezcan a un sindicato, es poco probable que tengan un seguro médico adecuado (o que tengan alguno). Muchos han pasado largos periodos sin recibir tratamiento por enfermedades que se habrían atendido de forma rutinaria de haber tenido seguro médico y, por lo tanto, sufren de dolencias crónicas como el asma y la diabetes. Sus trabajos están entre los más peligrosos, tienden a trabajar jornadas más largas y, en el caso de quienes tienen bajos ingresos, viven en las peores condiciones de vivienda. Durante seis meses se han enfrentado al mayor grado de exposición ante la amenaza del coronavirus, generalmente sin equipos de protección o sin el derecho a reclamar contra las precarias condiciones laborales.

Estos trabajadores han sido completamente traicionados por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) –un organismo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos–, que se ha negado a poner en marcha normas obligatorias para proteger a los trabajadores o atender las miles de quejas que se han presentado de forma oficial. Por eso, la industria frigorífica en el Medio Oeste, donde la mayoría de los trabajadores pertenecen a minorías o son inmigrantes recientes, ha sido tan devastada por el covid-19. Y por eso los trabajadores estadounidenses han hecho huelga o han organizado protestas furiosas en más de 500 ocasiones desde abril.

En este contexto, ¿qué papel están jugando empresas como Amazon?

El blanco frecuente de protestas ha sido Amazon, el máximo especulador con la pandemia, y que ha violado notoriamente los derechos de los trabajadores. El patrimonio personal de Jeff Bezos aumentó en unos astronómicos 33.000 millones de dólares entre marzo y abril, en tanto que la empresa se convirtió en una vía fundamental para la entrega de alimentos y suministros básicos para las familias confinadas en sus hogares. Al mismo tiempo, se ha apresurado a ocupar de forma permanente los espacios vacíos dejados por el cierre de tantos miles de pequeños negocios minoristas (una estimación común en la prensa internacional especializada es que una cuarta parte de las pequeñas tiendas afectadas en Europa y Estados Unidos nunca volverán a abrir).

Los demócratas, con excepción de Elizabeth Warren, no han abordado los problemas que plantea el creciente poder monopólico de Amazon. Durante las dos guerras mundiales del siglo pasado, se impusieron con éxito impuestos a los «beneficios extraordinarios» de las principales empresas en la industria armamentística, pero los dirigentes demócratas se han negado a considerar una regulación similar para Amazon o para las grandes empresas farmacéuticas. Hacia fin de año, la economía estadounidense se parecerá aún más a la sociedad capitalista pura y dura descrita por Fritz Lang en su famosa película Metrópolis.

En su libro Planeta de las ciudades miseria, analiza ese fenómeno de las gigantescas metrópolis donde la superpoblación y el hacinamiento son la normalidad. ¿Puede haber derecho a la salud en estas condiciones de la geografía urbana capitalista?

Desde principios del siglo XX ha habido un debate esencial y recurrente sobre cómo controlar las epidemias a escala mundial. La posición estadounidense, respaldada por los enormes recursos de la Fundación Rockefeller, se centró en librar guerras contra enfermedades específicas con recursos masivos enfocados en el desarrollo y la distribución de vacunas. Estas cruzadas por las vacunas han dado lugar a grandes éxitos (viruela y poliomielitis) e igualmente a grandes fracasos (paludismo y sida). El enfoque basado en intervenciones técnicas específicas para cada enfermedad ha salvado vidas, pero deja en su sitio las condiciones sociales que promueven las enfermedades.

La otra vertiente en el debate ha dado prioridad a la inversión en infraestructuras de atención primaria de salud en las regiones y países más pobres. Se inspira en las ideas de la «medicina social» propuestas por el gran patólogo alemán Rudolf Virchow en la década de 1880 y ampliamente adoptadas en el siglo XX por partidos de la izquierda, así como por un amplio espectro de reformadores que deseaban reorientar la medicina hacia la prevención de enfermedades junto con reformas sociales radicales.

Durante gran parte de la posguerra, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estuvo dominada por Estados Unidos y el paradigma Rockefeller, pero los defensores de la medicina social obtuvieron una importante victoria en 1978 cuando la OMS emitió la «Declaración de Alma-Ata», en la que se afirmaba que el acceso a servicios sanitarios de calidad era un derecho humano universal. Se adoptó un plan de campaña que subrayaba la importancia de la participación de la comunidad y de un enfoque desde abajo para lograr «salud para todos en el año 2000». Pero la contrarrevolución neoliberal que siguió a la elección de Margaret Thatcher y Ronald Reagan convirtió esta declaración en letra muerta.

El covid-19 está revelando hasta qué punto hay dos humanidades inmunológicamente diferenciadas. En las naciones ricas, alrededor de un cuarto de la población cae en la categoría de alto riesgo debido a la edad y a los problemas de salud crónicos, a menudo relacionados con la raza y la pobreza. En cambio, en los países con ingresos bajos y en muchos países con ingresos medios, entre la mitad y tres cuartas partes de la población se encuentra en situación de riesgo. El cofactor más importante es la disminución de la inmunidad debido a la malnutrición, las infecciones gastrointestinales generalizadas y las enfermedades descontroladas y no tratadas como la malaria y la tuberculosis.

1.500 millones de personas viven actualmente en asentamientos precarios en África, el sur de Asia y América Latina, que son las perfectas incubadoras de la enfermedad. Sabemos que allí la pandemia está fuera de control, pero en gran medida permanece invisible en las actuales estadísticas fragmentarias. Y si Europa muestra cierta disposición a compartir eventuales stocks de vacunas con los países pobres, el gobierno de Trump demostró recientemente, con la compra de todas las existencias mundiales del medicamento Remdesivir, que no tiene intención de compartir nada. America First significa África en último lugar.

En las últimas campañas, la corriente progresista del Partido Demócrata ha ignorado en gran medida estas cuestiones de la salud y la pobreza a escala mundial. También ha defraudado las expectativas de sus simpatizantes. Hace pocas semanas se anunció que las negociaciones entre los sectores de Joe Biden y Bernie Sanders han dado lugar a una plataforma demócrata que está muy por debajo de «seguro médico universal», la demanda central de la campaña de Sanders, a pesar de que la pandemia y el colapso económico han demostrado un millón de veces su urgente necesidad.

Fuente e imagen: https://nuso.org./articulo/el-monstruo-ya-esta-aqui/

 

 

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¡Ay, cuando los multimillonarios hablan de desigualdad!

Aram Aharonian

Por: Aram Aharonian

Más de tres mil grandes empresarios, personalidades políticas de primer orden mundial y representantes de instituciones internacionales se encontraron del 21 al 24 de enero en el Foro Económico Mundial que, como cada año desde hace 1971, se da cita en la ciudad alpina de Davos.

Este modelo capitalista ya no sirve (o sirve cada vez a menos) y por eso hoy el debate sobre los impuestos a los ricos y la desigualdad empieza a crecer en las potencias occidentales. La desigualdad creciente generada por el capitalismo está poniendo en jaque al sistema democrático no es novedad. El 1 por ciento de los más ricos del planeta acapara más del 50 por ciento de los recursos globales, por citar solo una de las escandalosas cifras de desigualdad.

El contexto del cónclave, como ya es la norma desde hace tres lustros, fue el de fortaleza militar: amurallada por el ya habitual dispositivo de seguridad; con no menos de 5.000 efectivos de distintas fuerzas en la calle; el espacio aéreo cerrado durante una semana; así como múltiples y sofisticados controles para acceder al Palacio de Congreso, sede principal del evento.

Control de seguridad que busca «proteger» a los presentes de cualquier tipo eventual de protesta ciudadana. Un centenar de multinacionales de las más conocidas a nivel mundial son los socios/miembros del Foro Económico de Davos. Entre ellas el Credit Suisse y el Deutsche Bank, la Nestlé, ABB, Barclays y Google, por citar solo algunas. Con una inversión significativa: en torno de 240 millones de francos (cifra semejante en dólares) para cubrir una buena parte del presupuesto del cónclave anual. Otras 1.200 compañías – entre las cuales las mil más grandes del planeta— aparecen como miembros «menores», aunque también cotizan cuotas millonarias.

En medio de una polarización social mundial creciente y de la crisis ambiental sin salida, el debate oficial de la 50ª edición del Foro de Davos estuvo centrado en la necesidad de repensar del capitalismo y vislumbrar una corrección del sistema para que sea más integrador, menos excluyente y más distributivo, en el que las empresas no solo apuesten a sus propias ganancias.

Klaus Schwab, fundador del evento Davos, había enfatizado previo al Foro que «el capitalismo descuidó el hecho que una empresa es un organismo social» y no solo un ente con objetivo de lucro. Llegó, dijo, a ser «un capitalismo que se desconectó cada vez más de la economía real». Amén.

Horas antes de comenzar el Foro, el Fondo Monetario Internacional realizó su habitual encuentro con la prensa, donde Kristalina Georgieva, la nueva directora, inició su intervención señalando la «recuperación perezosa. Estén listos para actuar si el crecimiento se ralentiza de nuevo», enfatizó, dirigiéndose a los grandes empresarios.

Los debates, en un ambiente de feria de ideas, con miles de actividades dispersas, encuentro de intereses, firmas de convenios y proliferación de negociados entre pares, no aportó conclusiones conceptuales significativas. No sorprende que de Davos 2020 más que contenidos/conclusiones salgan imágenes mediáticas.

Un escándalo desigual

En la víspera del inicio de Davos, la ONG Oxfam publicó su informe anual, donde indicó que los 2.153 mil millonarios que existen en el mundo poseen una riqueza superior a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60% de la población mundial y señaló que la desigualdad en el mundo no solo está profundamente arraigada, sino que «llega a un nivel escandaloso».

En América Latina y el Caribe —totalmente ausente en esta edición de Davos a nivel presidencial— el 20 % de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de mil millonarios pasó de 27 a 104 desde el año 2000. En paralelo, la pobreza extrema sigue creciendo: en 2019 el 10,7% de la población (en torno de 66 millones de latinoamericanas/os y caribeñas/os – padecía ese flagelo.

El aumento de la desigualdad económica en todo el mundo, el deterioro del empleo y la aparición del cambio climático como condición económica prioritaria conducen inevitablemente a la cuestión de que el PIB ni las estadísticas cuantitativas miden realmente la riqueza de un país o de un grupo social. Por lo tanto, carecen de verosimilitud para establecer el bienestar social.

La verdadera riqueza de un país se mide por su capacidad para mejorar la vida de sus ciudadanos; por lo tanto, requiere no solamente más producción, sino también redistribución. No es descabellado proponer que un indicador de bienestar incluya además una medida de calidad medioambiental, es decir, el grado de deterioro de la salud (y no sólo física) inducido por la calidad del aire respirable o el entorno urbano, señala el diario conservador español El País.

La tarea de los Gobiernos no se agota en aumentar la cantidad de producción, de consumo o de empleo; se les requiere para que mejoren la situación de los ciudadanos.

La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en el Foro Económico Mundial 2020 que culminó este viernes 24 en Davos, Suiza.

Más de tres mil grandes empresarios, personalidades políticas de primer orden mundial y representantes de instituciones internacionales se encontraron en la ciudad alpina de Davos en el Foro Económico Mundial, como lo hacen desde 1971. Ya no tiene la contraparte, el Foro Social Mundial.

El contexto de cónclave, fue el de fortaleza militar, con un control de seguridad que busca «proteger» a los presentes de cualquier tipo eventual de protesta ciudadana. Es que un centenar de multinacionales de las más conocidas a nivel mundial son los socios/miembros del Foro Económico de Davos.

Entre ellas el Credit Suisse y el Deutsche Bank, la Nestlé, ABB, Barclays y Google, por citar solo algunas. Con una inversión significativa: en torno de 240 millones de francos (cifra semejante en dólares) para cubrir una buena parte del presupuesto del cónclave anual. Otras 1.200 compañías – entre las cuales las mil más grandes del planeta— aparecen como miembros “menores”, aunque también cotizan cuotas millonarias.

Latinoamérica y el Caribe

«Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social. A partir de las movilizaciones hemos visto cómo algunos gobiernos han accedido a avanzar en mejoras estructurales a bienes públicos esenciales, como salud, educación, pensiones y transporte», afirmó Alicia Bárcena, titular del Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Bárcena subrayó que hay un desencanto social que se manifiesta principalmente en los más jóvenes de la región, debido a que se generaron expectativas que no han sido cumplidas. Asimismo, destacó la importancia del respeto por los derechos humanos y el derecho a la protesta, y llamó a construir nuevos pactos sociales con miras a garantizar el bien público.

«Muchos países no contemplan el derecho a la protesta. En las Naciones Unidas defendemos los derechos humanos, la igualdad, la justicia y las voces de los que no tienen voz», señaló.

Funcionaria de la ONU, Bárcena dijo que es urgente avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen acceso a protección social y a bienes públicos de calidad, como salud y educación, vivienda y transporte. «El 76,8% de la población de la región pertenece a los estratos de ingresos bajo y medio-bajo, que vive con un ingreso inferior a tres líneas de pobreza», alertó.

Precisó que a 2017, más de la mitad de la población adulta (52%) de los estratos medios no había completado 12 años de escolaridad, mientras que el 36,6% tenía ocupaciones con un alto riesgo de informalidad y precariedad. Además, el 44,7% de las personas económicamente activas de los estratos medios no están afiliados o no cotizan en un sistema de pensiones.

Hasta el FMI conjuga desigualdad

Hasta la búlgara Kristalina Georgieva, nueva mandamás del Fondo Monetario Internacional, en Diálogo a fondo, el blog del FMI sobre temas económicos de América Latina, planteó «reducir la desigualdad, que en la última década se ha convertido en uno de los problemas más complejos y desconcertantes de la economía mundial para generar oportunidades».

Detalla varias desigualdades: de oportunidades, intergeneracional, entre mujeres y hombres y de ingresos y riquezas. Afirma que esas desigualdades, en muchos países, están en aumento, y que hay que tener voluntad para abordarlas. Indica que ejecutar reformas para atender ese problema «es difícil desde el punto de vista político», pero menciona que los réditos «en materia de crecimiento y productividad valen la pena».

¿Un cambio en la visión de la nueva conducción del FMI respecto a las anteriores, al señalar que es necesario replantear el problema y, antes que nada, en lo que se refiere «a políticas fiscales y tributación progresiva»?

La titular del FMI, para argumentar sus preocupaciones contra la «desigualdad» en el foro de Davos, olvidó, obviamente mencionar que el sistema capitalista es la fábrica de esa creciente desigualdad, construida históricamente bajo el capitalismo. La titular del FMI, entre las políticas propuestas para superar la desigualdad, sugiere concentrarse en tres aspectos.

El primero remite a una «tributación progresiva», que podríamos definir en el sentido de que tributen los que más tienen, los que más acumulan; a contramano de la lógica liberalizadora hegemónica de los sistemas tributarios de los últimos años, especialmente en EEUU, donde Donald Trump bajó los impuestos a la renta y los beneficios, especialmente del sector más concentrado.

En el discurso de Georgieva hay cierta empatía con el neodesarrollismo de Joseph Sriglitz o Paul Krugman y también con las opiniones del papa Francisco. Sustenta que «reformas de la estructura de la economía podrían respaldar aún más la lucha contra la desigualdad al reducir los costos de ajuste, minimizar las disparidades regionales».

También habla de la necesidad de apuntalar el gasto social (ya no habla de las políticas de ajuste impuestas en todo el mundo por FMI) y le da principal atención a los rubros de salud y educación, que difieren absolutamente con los párrafos de los acuerdos de préstamos realizados con distintos países, entre ellos varios latinoamericanos, que busca achicar el gasto público social.

Hay un excelente manejo de las palabras. Habla de preparar a los trabajadores «para que cubran el creciente número de plazas de trabajo en el sector verde», lo que en realidad fue  promoción de las reaccionarias reformas laborales y previsionales, condición esencial en los préstamos otorgados a nuestros países.

«Si tuviera que identificar un tema al comienzo de la nueva década, aumentaría la incertidumbre» y para ejemplificar destaca «los incendios forestales en Australia, asociados al cambio climático»; el «conflicto en Medio Oriente» y el acuerdo para «sanar las fracturas» de la guerra comercial entre EEUU y China. Otro excelente manejo del discurso: obviamente el problema no es el clima sino el modelo productivo capitalista que destruye la naturaleza.

La preocupación de Georgieva y sus mandantes está en la incertidumbre producida por la desigualdad del sistema capitalista («puede alimentar el populismo y la agitación política», dice en el portal del FMI). A lo que le temen es la epidemia de estallidos sociales en América Latina y en Europa.

Incluso señaló que «en el Reino Unido, por ejemplo, el 10 por ciento superior ahora controla casi tanta riqueza como el 50 por ciento inferior. Esta situación se refleja en gran parte de la OCDE , donde la desigualdad de ingresos y riqueza ha alcanzado o está cerca de niveles récord».

El tema de la riqueza hiperconcentrada, ha sido acompañado por la derecha con discursos de odio, racismo y xenofobia. Y, como los límites ambientales se hacen visibles, dificultan seguir hablando de un hipotético crecimiento como solución a la pobreza: solo queda repartir mejor lo que hay… e incluso hablar seriamente de decrecimiento, señala Claudio della Croce, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

Desde el estallido financiero 2008 y los subsiguientes ajustes presupuestarios que impactaron en el bolsillo de las mayorías, el tema se ha vuelto central en el mundo desarrollado. Y, obviamente, también en América Latina. En las recientes protestas en Colombia el impuesto a los ricos y a las corporaciones fue cobrando cada vez más importancia. En Chile, uno de las pintadas que mejor ilustraron el desprestigio del Gobierno fue «evade como Piñera».

La igualdad no existe sin ausencia de discriminación, es decir, sin el reconocimiento de diferencias sin jerarquías entre ellas (hombre/mujer, blanco/negro, heterosexual/homosexual, religioso/ateo), señala el sociólogo portugés Boaventura de Sousa Santos. Explicar la igualdad al 1% es como explicar al diablo que Dios es bueno.

«Las epistemologías del Sur permiten reconceptualizar el capital financiero global, verdadero motor de la extrema desigualdad entre pobres y ricos, y entre países ricos y países pobres, como una nueva forma de crimen organizado, de un crimen contra la propiedad de los trabajadores y de las clases empobrecidas, constituido por varios crímenes-satélite, sean estos el estelionato, el abuso de poder, la corrupción», añade.

El capital financiero global, en su actual configuración, no es solo un crimen contra la propiedad de los más pobres, sino también un crimen contra la vida y contra el medio ambiente.

Dos años después del estallido de la crisis de 2008, en Estados Unidos surgió el Patriotic Millonaires, un ejemplo notable y excéntrico de este debate, al decir de Marcelo Justo en Página12. El requisito básico para ser miembro es tener ingresos de más de un millón de dólares anuales o bienes equivalentes a cinco millones.

Pero a diferencia de otros clubes de millonarios (o multimillonarios como el Club Bilderberg), proponen que se suban los impuestos a los más ricos para frenar la creciente desigualdad y ante lo que economistas ortodoxos, como Paul Krugman y Lawrence Summers, calificaron de estancamiento secular.

Estos millonarios apuestan por una redistribución progresiva del ingreso. El director de Patriotic Millonaires, Morris Pearl, exdirector de Black Rock, una de las más importantes firmas de inversión en el mundo, fue explícito: «A mí no me gusta pagar más impuestos, no lo disfruto, pero quiero vivir en un sistema en el que haya mayor igualdad A esta altura, yo no trabajo y, sin embargo, gano mucho más que los que trabajan y estoy pagando menos impuestos que ellos. Esto no es positivo para el conjunto del país».

Un argumento del capitalismo para justificar la reducción de los impuestos a los más ricos es que así se estimula la inversión y que, con más inversión, se genera más empleo y, de esa manera, la riqueza se derrama al resto de la sociedad. Pero la realidad muestra que sucede todo lo contrario: una desigualdad mayor y una economía que entra en crisis.

Pearl sostiene que si se aumenta el salario, se va a aumentar el consumo y con esto se incrementan las ganancias, lo que, a su vez, va a generar más inversión, que es precisamente lo ocurrido en Seatle (EEUU), con la duplicación del salario mínimo de los trabajadores.

Otro argumento frecuente a favor de la reducción impositiva a los ricos es que estimula y premia la meritocracia, partiendo de la base de que los ricos son ricos por su esfuerzo, porque se lo merecen. Pero si uno revisa la lista de millonarios en EE UU se verá que la mayoría proviene de familias que eran muy ricas. Bill Gates o Mark Zuckerberg son dos casos típicos. Tuvieron una familia detrás que los sostuvo hasta que sus proyectos se concretaron.

«La mayoría de la gente que tiene un trabajo y que, con frecuencia necesita más de un trabajo para sobrevivir, no tiene tiempo de andar pensando en grandes creaciones o aventuras comerciales», añade el multimillonario Pearl, quien afirma que la reforma impositiva de Donald Trump favoreció a los que más tienen y a una mayor concentración de la riqueza.

Este debate no se limita a EEUU, pero en América Latina produce estallidos sociales. Basta recordar que dos multimillonarios (Mauricio Macri y Sebastián Piñera) fueron presidentes en los últimos años en Argentina y Chile.

Y si se sigue con la política actual inevitablemente habrá rebeliones sociales que harán muy difícil la convivencia democrática. El concepto mismo de democracia está en juego porque este minúsculo grupo de multimillonarios utiliza el dinero para incrementar su poder político y usa ese poder político para incrementar su riqueza, añade.

Seguir las políticas impuestas por EE UU a través de los organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial o el Interamericano de Desarrollo llevó a estallidos también en Haití, Puerto Rico, Ecuador y Colombia.

«Soy consciente de que las groseras desigualdades continúan separando a los afortunados de los desafortunados en todo el mundo», señaló Bill Gates, creador de Microsoft y el segundo hombre más rico del mundo, en una reflexión de fin de año publicada en su blog. «He sido premiado desproporcionadamente por el trabajo que hice», reconoce.

A la documentalista Abigail Disney, bisnieta y heredera de Roy, uno de los fundadores de Disney, su riqueza no le impidió denunciar en 2019 la cantidad de trabajadores de Disneyworld que cobran el salario mínimo, apenas suficiente para sobrevivir, mientras la compañía declaraba ganancias por 13.000 millones de dólares.

El tema llegó a la campaña electoral estadounidense. La precandidata demócrata Elizabeth Warren publicó un spot publicitario en el que dice explícitamente que es hora de aprobar un «impuesto a la riqueza», seguido de imágenes de los millonarios que critican la idea y se victimizan, mientras se explican con textos breves las formas dudosas o directamente ilegales con las que hicieron sus fortunas, incluso en momentos de crisis o gracias a ella.

Obviamente, Michael Bloomberg y Leon Copperman, dos ultrarricos, critican a Warren con todo el poder de los medios. Otros candidatos como Bernie Sanders o Alexandria Ocaña-Cortez suelen apuntar a la desigualdad estructural que limita las posibilidades de la inmensa mayoría de progresar solo por nacer en el lugar equivocado. Cuando los multimillonarios hablan de desigualdad, hay que poner las barbas en remojo. No es que no les guste la desigualdad. Lo que pasa es que le temen a los estallidos sociales que los deje sin el pan y sin la torta.

*Publicado por Wall Street Journal Magazine

Fuente e imagen: https://rebelion.org/ay-cuando-los-multimillonarios-hablan-de-desigualdad/

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Coca-Cola, Pepsi y Nestlé son las que más contaminan los océanos con plástico (Vídeo)

Noticias

América del Norte/ México/ Fuente: vanguardia.com.mx.

Más de 10,000 voluntarios llevaron a cabo ente el 9 y el 15 de septiembre 239 acciones de limpieza de plásticos en costas y otros entornos naturales de 42 países entre ellos México.

Las multinacionales Cola-Cola, Pepsi y Nestlé son las firmas que más contribuyen a la contaminación de los océanos con plásticos de un sólo uso, según un estudio de la iniciativa «Break Free from Plastic«, que ha limpiado las costas de 42 países en todo el mundo.

«El informe demuestra de forma irrefutable el papel de las grandes corporaciones en perpetuar la contaminación mundial de plástico«, señaló el coordinador global del movimiento «Break free from Plastic«, Von Hernandez, en el lanzamiento del estudio hoy en Manila.

Más de 10,000 voluntarios llevaron a cabo ente el 9 y el 15 de septiembre 239 acciones de limpieza de plásticos en costas y otros entornosnaturales de 42 países como Filipinas, Tailandia, Vietnam, la India, Indonesia, Australia, Chile, Ecuador, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Marruecos o España.

En total recogieron más 187,000 piezas de plástico, de las que más del 65 % correspondían a envoltorios de productos de grandes corporaciones mundiales, con Coca-Cola, Pepsi y Nestlé a la cabeza.

Las multinacionales Cola-Cola, Pepsi y Nestlé son las firmas que más contribuyen a la contaminación de los océanos con plásticos de un sólo uso, según un estudio de la iniciativa «Break Free from Plastic». Foto: Greenpeace

Les siguen en el ranking de empresas más contaminantes: Danone, Mondelez, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated y Colgate-Palmolive, todas multinacionales relacionadas con la alimentación, la higiene y los productos del hogar.

«Estas compañías tienen que elegir, pueden ser parte del problema o de la solución. Si se empeñan en seguir utilizando para sus productos envolturas innecesarias de plástico, seguirán alentando su fabricación y por tanto la contaminación«, apuntó Hernandez en declaraciones a Efe.

Alrededor de las 100,000 piezas o porciones de plástico recolectadas eran de materiales que son imposible o muy difíciles de reciclar, como el poliestireno, el PVC (cloruro de polivinilo), PET (tereftalato de polietileno) -usado sobre todo en botellas– o el filme de plástico de un sólo uso.

En la actualidad, la producción de plástico ha alcanzado los 320 millones de toneladas métricas al año y en la próxima década está previsto que crezca en un 40 %, lo que aumentará exponencialmente la liberación de gases invernadero, ya que el 90 % de los plásticos se producen a partir de energías fósiles y contaminantes.

«Debemos exigir a las corporaciones detrás de estas marcas de consumo masivo que dejen ese mal hábito de sobreempaquetar sus productos y revertir la demanda de más plástico«, indicó Hernández, que lidera este movimiento global tras ejercer como director de Greenpeace en el sudeste asiático entre 2014 y 2018.

El informe reseña que estas grandes corporaciones deben asumir su responsabilidad en la contaminación del entorno a varios niveles, ya que la producción de plásticos expone a sustancias nocivas a las comunidades que viven cerca de las fábricas, pero también contaminan los alimentos y productos contenidos en los envoltorios de plástico.

«La población está acumulando en sangre ftalatos y otros químicos que alteran el sistema endocrino, además de pagar con sus impuestos el elevado coste de la gestión de los desechos de plástico«, advierten desde «Break Free from Plastic”.

El 80 % de las 8,300 millones de toneladas métricas de plástico producidas desde 1950 todavía perdura en el medio ambiente, fundamentalmente en los océanos, según estudios recientes citados en el informe presentado hoy.

Desde entonces, solo el 9 % de esa cantidad de plástico ha sido reciclada adecuadamente y el 12 % incinerada.

La iniciativa «Break Free from Plastic» nació en 2016 con el propósito de abogar por un futuro libre de plásticos, ya que durante el largo proceso de su desintegración liberan gases invernadero, sobretodo metano, que contribuyen al cambio climático.

Este movimiento cuenta ya con el respaldo de unas 6,000 personas y más de 1,300 organizaciones y grupos defensores del medio ambiente como Greenpeace, GAIA o Zero Waste.

Fuente de la noticia: https://vanguardia.com.mx/articulo/coca-cola-pepsi-y-nestle-son-las-que-mas-contaminan-los-oceanos-con-plastico

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La hora de la Economía Colaborativa

Ignacio Ramonet

Por Ignacio Ramonet

La economía colaborativa es un modelo económico basado en el intercambio y la puesta en común de bienes y servicios mediante el uso de plataformas digitales. Se inspira de las utopías del compartir y de valores no mercantiles como la ayuda mutua o la convivialidad, y también del espíritu de gratuidad, mito fundador de Internet. Su idea principal es: « lo mío es tuyo »[i], o sea  compartir en vez de poseer. Y el concepto básico es el trueque. Se trata de conectar, por vía digital, a gente que busca “algo” con gente que lo ofrece. Las empresas más conocidas de ese sector son: Netflix, Uber, Airbnb, Blabacar, etc.

Treinta años después de la expansión masiva de la Web, los hábitos de consumo han cambiado. Se impone la idea que la opción más inteligente hoy es usar algo en común, y no forzosamente comprarlo. Eso significa ir abandonando poco a poco una economía basada en la sumisión de los consumidores y en el antagonismo o la competición entre los productores, y pasar a una economía que estimula la colaboración y el intercambio entre los usuarios de un bien o de un servicio. Todo esto plantea una verdadera revolución en el seno del capitalismo que está operando, ante nuestros ojos, una nueva mutación.

Imaginemos que, un domingo, usted decide realizar un trabajo casero de reparación. Debe perforar varios agujeros en una pared. Y resulta que no posee un taladrador. ¿Salir a comprar uno un día festivo? Complicado… ¿Qué hacer? Lo que usted ignora es que a escasos metros de su casa viven varias personas dispuestas a ayudarle. No saberlo es como si no existieran. Entonces, ¿por qué no disponer de una plataforma digital que le informe de ello… que le diga que, ahí muy cerca, vive un vecino dispuesto a asistirlo y, al vecino, que una persona necesita su ayuda y que está dispuesta a pagar algo por esa ayuda[ii]?

Tal es la base de la economía colaborativa y del consumo colaborativo. Usted se ahorra la compra de un taladrador que quizás no vuelva a usar jamás, y el vecino se gana unos euros que le ayudan a terminar el mes. Gana también el planeta porque no hará falta fabricar (con lo que eso conlleva de contaminación del medio ambiente) tantas herramientas individuales que apenas usamos, cuando podemos compartirlas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay unos 80 millones de taladradores cuyo uso medio, en toda la vida de la herramienta, es de apenas 13 minutos… Se reduce el consumismo. Se crea un entorno más sostenible. Y se evita un despilfarro porque lo que de verdad necesitamos es el agujero, no el taladrador…

En un movimiento irresistible, miles de plataformas digitales de intercambio de productos y servicios se están expandiendo a toda velocidad[iii]. La cantidad de bienes y servicios que pueden imaginarse mediante plataformas online, ya sean de pago o gratuitas (como Wikipedia), es literalmente infinita. Solo en España, hay más de cuatrocientas plataformas que operan en diferentes categorías[iv]. Y el 53% de los españoles declaran estar dispuestos a compartir o alquilar bienes en un contexto de consumo colaborativo.

A nivel planetario, la economía colaborativa crece actualmente entre el 15% y el 17% por año. Con algunos ejemplos de crecimiento absolutamente espectaculares. Por ejemplo Uber, la aplicación digital que conecta a pasajeros con conductores, en solo cinco años de existencia ya vale 68 mil millones de dólares y opera en 132 países. Por su parte, Airbnb, la plataforma online de alojamientos para particulares surgida en 2008 y que ya ha encontrado cama a más de 40 millones de viajeros, vale hoy en Bolsa (sin ser propietaria de una sola habitación) más de 30 mil millones de dólares[v].

El éxito de estos modelos de economía colaborativa plantea un abierto desafío a las empresas tradicionales. En Europa, Uber y Airbnb han chocado de frente contra el mundo del taxi y de la hostelería respectivamente, que les acusan de competencia desleal. Pero nada podrá parar un cambio que, en gran medida, es la consecuencia de la crisis del 2008 y del empobrecimiento general de la sociedad. Es un camino sin retorno. Ahora la gente desea consumir a menor precio, y también disponer de otras fuentes de ingresos inconcebibles antes de Internet. Con el consumo colaborativo, crece asimismo el sentimiento de ser menos pasivo, más dueño del juego. Y la posibilidad de la reversibilidad, de la alternancia de funciones, poder pasar de consumidor a vendedor o alquilador, y vice versa. Lo que algunos llaman « prosumidor », una síntesis de productor y  consumidor[vi].

Otra rasgo fundamental que está cambiando -y que fue nada menos que la base de la sociedad de consumo-, es el sentido de la propiedad, el deseo de posesión. Adquirir, comprar, tener, poseer eran los verbos que mejor traducían la ambición esencial de una época en la que el tener definía al ser. Acumular ‘cosas’[vii] (viviendas, coches, neveras, televisores, muebles, ropa, relojes, cuadros, teléfonos, etc.) constituía la principal razón de la existencia.  Parecía que, desde el alba de los tiempos, el sentido materialista de posesión era inherente al ser humano. Recordemos que George W. Bush ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en 2004, prometiendo una « sociedad de propietarios » y repitiendo : « Cuantos más propietarios haya en nuestro país, más vitalidad económica habrá en nuestro país. »

Se equivocó doblemente. Primero porque la crisis del 2008 destrozó esa idea que había empujado a las familias a ser propietarias, y a los bancos -embriagados por la especulación inmobiliaria-, a prestar dinero (las célebres subprimes) sin la mínima precaución. Así estalló todo. Quebraron los bancos hipotecarios y hasta el propio Lehman Brothers, uno de los establecimientos financieros aparentemente más sólidos del mundo… Y segundo, porque, discretamente, nuevos actores nacidos de Internet empezaron a dinamitar el orden económico establecido. Por ejemplo : Napster, una plataforma para compartir música que iba a provocar, en muy poco tiempo, el derrumbe de toda la industria musical y la quiebra de los megagrupos multinacionales que dominaban el sector. E igual iba a pasar con la prensa, los operadores turísticos, el sector hotelero, el mundo del libro y la edición, la venta por correspondencia, el cine, la industria del motor, el mundo financiero y hasta la enseñanza universitaria con el auge de los MOOC (Masive Open Online Courses o cursos online gratuitos)[viii].

En un momento como el actual, de fuerte desconfianza hacia el modelo neoliberal y hacia las élites políticas, mediáticas, financieras y bancarias, la economía colaborativa aporta además respuestas a los ciudadanos en busca de sentido y de ética responsable. Exalta valores de ayuda mutua y ganas de compartir. Criterios todos que, en otros momentos, fueron argamasa de utopías comunitarias y de idealismos socialistas. Pero que son hoy –que nadie se equivoque- el nuevo rostro de un capitalismo mutante deseoso de alejarse del salvajismo despiadado de su reciente periodo ultraliberal.

En este amanecer de la economía colaborativa, las perspectivas de éxito son inauditas porque, en muchos casos, ya no se necesitan las indispensables palancas del aporte de capital inicial y del llamado a inversionistas. Hemos visto como Airbnb, por ejemplo, gana una millonada a partir de alojamientos que ni siquiera son de su propiedad.

En cuanto al empleo, en una sociedad caracterizada por el precariado y el trabajo basura, cada ciudadano puede ahora, utilizando su computadora o simplemente su teléfono inteligente, proveer bienes y servicios sin depender de un empleador. Su función sería –además de compartir, intercambiar, alquilar, prestar o regalar-  la de un intermediario. Cosa nada nueva en la economía: ha existido desde el inicio del capitalismo. La diferencia reside ahora en la tremenda eficiencia con la que -mediante poderosos algoritmos que, casi instantáneamente, calculan ofertas, demandas, flujos y volúmenes-, las nuevas tecnologías analizan e definen los ciclos de oferta-demanda.

Por otra parte, en un contexto en el que el cambio climático se ha convertido en la amenaza principal para la sobrevivencia de la humanidad, los ciudadanos no desconocen los peligros ecológicos inherentes al modelo de hiperproducción y de hiperconsumo globalizado. Ahí también la economía colaborativa ofrece soluciones menos agresivas para el planeta.

¿Podrá cambiar el mundo ? ¿Puede transformar el capitalismo? Muchos indicios nos conducen a pensar, junto con el ensayista estadounidense Jeremy Rifkin [ix], que estamos asistiendo al ocaso de la 2a revolución industrial, basada en el uso masivo de energías fósiles y en unas telecomunicaciones centralizadas. Y vemos la emergencia de una economía colaborativa que obliga, como ya dijimos, al sistema capitalista a mutar. Por el momento coexisten las dos ramas: una economía de mercado depredadora dominada por un sistema financiero brutal, y una economía del compartir, basada en las interacciones entre las personas y en el intercambio de bienes y servicios casi gratuitos… Aunque la dinámica está decididamente en favor de esta última.

Quedan muchas tareas pendientes: garantizar y mejorar los derechos de los e-trabajadores ; regular el pago de tasas e impuestos de las nuevas plataformas ; evitar la expansión de la economía sumergida… Pero el avance de esta nueva economía y la explosión de un nuevo modo de consumir parecen imparables.  En todo caso, revelan el anhelo de una sociedad exasperada por los estragos  del capitalismo salvaje. Y que aspira de nuevo, como lo reclamaba el poeta Rimbaud, a cambiar la vida.

Notas

[i] Léase Rachel Botsman y Roo Rogers: «What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption», Harper Collins, 2010.

[ii] En España, existen varias plataformas dedicadas a eso, por ejemplo : Etruekko (http://etruekko.com/) y Alkiloo (http://www.alkiloo.com/).

[iii] Consúltese : http://www.consumocolaborativo.com/

[iv] El diario online El Referente, en su edición del 25 de octubre de 2015, ha recogido las principales startups dedicadas a los viajes, la cultura y el ocio, la alimentación, el transporte y el parking, la mensajería, las redes profesionales, el intercambio y alquiler de productos y servicios, los gastos compartidos, los bancos de tiempo, la tecnología e internet, la financiación alternativa y fintech, la moda, los deportes, la educación, la infancia, el alquiler de espacios, los pisos compartidos y otras plataformas de interés. http://www.elreferente.es/tecnologicos/directorio-plataformas-economia-colaborativa-espana-28955

[v] Airbnb ya vale más que Hilton, el primer grupo de hostelería del mundo. Y más que la suma de los dos otros grandes grupos mundiales Hyatt y Marriot. Con 2 millones de alojamientos en 191 países, Airbnb se coloca por delante de todos sus competidores en capacidad de alojamiento a escala planetaria. Airbnb cobra 3% del precio de la transacción al proprietario y entre el 6% y el 12% al inquilino.

[vi] El concepto de prosumidor aparece por vez primera en el ensayo de Alvin Toffler, La Tercera Ola (Plaza&Janés, Barcelona, 1980), que define como tal a las personas que son, al mismo tiempo, productores y consumidores.

[vii] « Las Cosas » (1965) es una novela del autor francés Georges Perec. La primera edición en español (trad. de Jesús López Pacheco), fue publicada en 1967 por Seix Barral. En 1992, Anagrama la reeditó con traducción de Josep Escué. Es una crítica de la sociedad de consumo y de la trivialidad de los deseos fomentados por la publicidad.

[viii] Desde hace dos años, unos 6 millones de estudiantes se han puesto a seguir gratuitamente cursos online, difundidos por las mejores universidades del mundo.

Los MOOC y la educación universitaria (15,5)

[ix] Jeremy Rifkin, « La sociedad de coste marginal cero: El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo », Paidós, Madrid, 2014.

Ignacio Ramonet
Director de «Le Monde diplomatique en español»
www.monde-diplomatique.es

Ecoportal.net

Alainet

http://www.alainet.org/

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Una hidroeléctrica amenaza a un pueblo indígena en Guatemala. Sólo deja coger agua desde las 7 hasta las 17hs

Noticias

www.ecoportal.net-Por: Alba Ara Anel

Guatemala es el segundo país del mundo con mayor proporción de población indígena, por detrás de Bolivia. Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, el número de habitantes estimado alcanza los 6 millones, lo que equivale al 60% del total del país. “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida. No tiene horario”.

A pesar de constituir más de la mitad de la población, las comunidades indígenas ven a menudo vulnerados sus derechos básicos y los de sus territorios al servicio de la práctica capitalista más ambiciosa. El ejemplo más reciente es el caso del complejo hidroeléctrico Renace, un proyecto promovido por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) y construido por la española Cobra-ACS, cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez y en la que la familia March es uno de sus máximos accionistas.

La intervención se extiende a lo largo de 30 kilómetros del río Cahabón, en la región de Alta Verapaz, y está llamada a convertirse en la mayor hidroeléctrica del país. Como consecuencia de la obra, el flujo del agua está desapareciendo casi por completo, y con él las comunidades que desarrollan su vida en torno a esta área fluvial. El problema actualmente está afectando a alrededor de 29.000 indígenas quekchí a los que en ningún momento se ha consultado para la puesta en marcha del proyecto, a pesar de la obligación recogida en el Convenio Internacional 169 de la OIT sobre pueblos indígenasy tribales que Guatemala ratifica.

Ante esta situación, la ONG Alianza por la Solidaridad presentó este jueves 16 de junio una campaña de recogida de firmas que busca sensibilizar y presionar a la compañía por la masiva violación de derechos que esta acción empresarial está suponiendo para la comunidad quekchí de Guatemala. La iniciativa se enmarca dentro de TieRRRa, una campaña que vela por el desarrollo empresarial ético y respetuoso con los recursos naturales y los derechos humanos, y vigila que los intereses de las grandes corporaciones no se impongan a ellos.

En la presentación, Almudena Moreno, responsable de la campaña, explicó cómo descubrieron el caso de Renace. En un principio, la iniciativa se entendió como un ejemplo de buena práctica empresarial, debido a la información falseada que CMI facilitaba. Sin embargo, tras dos años de investigación se dieron de cuenta de que se trataba de todo lo contrario. “El desastroso estado actual del río Cahabón, la división social que ha generado en la zona el proyecto y la falta de una consulta informada a los afectados y un estudio real de impactos son algunos de los elementos que nos indican que no es una buena práctica y debe por ello debe pararse”. Su objetivo es llegar a las 10.000 firmas y hacerlas llegar a Florentino Pérez para exigir la paralización de las obras hasta que no se haya realizado un informe independiente que evalúe el impacto económico, social y ambiental global que este proyecto supone para el territorio y sus habitantes.

El impacto ambiental y social

Bajo la visión empresarial más ambiciosa y agresiva, el potencial natural que tienen muchos territorios de Lationamérica la convierte en un destino perfecto para la instalación de grandes proyectos. “Para las empresas no importa el territorio, si no lo que puedan sacar de él. Importa la rentabilidad y la maximización de la producción”, explica Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). “Todo ello independientemente de la destrucción de los ecosistemas y el impacto sobre la población que la obra pueda ocasionar”.

La puesta en marcha de estos proyectos tiene duras consecuencias sobre la salud de las personas que viven en los territorios, derivadas de la contaminación de las aguas y el ruido. El impacto se agrava todavía más cuando se trata de territorios indígenas, como es el caso del río Cahabón, en los que la tierra y los ríos desempeñan un papel central en el desarrollo de la vida de las comunidades que lo habitan, además del fuerte valor simbólico, espiritual y cultural que adquieren dentro de su cosmovisión.

Julio González, de la ONG Madre Selva de Guatemala, destacó durante la presentación de la campaña la importancia que tiene el río para la comunidad quekchí y cómo la instalación del complejo hidroeléctrico va a afectar a su día a día: “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida. No tiene horario”. Así mismo, destacó la responsabilidad del Grupo Cobra-ACS en permitir que estas violaciones de derechos sucedan: “Una empresa que elige contribuir a este desastre, es cómplice de las muertes que se puedan producir, no puede lavarse las manos respecto a lo que pasa en el territorio”.

Las multinacionales hidroeléctricas en América Latina

El de Renace no es el único caso de violación de derechos indígenas derivada de una decisión empresarial unilateral de estas dimensiones. La campaña TieRRRa desveló otros dos casos similares, como el de la explotación de un acuífero por parte de la embotelladora Coca-Cola en El Salvador; o el de la apropiación para construir otrahidroeléctrica por parte de Hidro-Santa Cruz (Ecoener-Hidralia) del río Cambalan de Guatemala, sagrado para las personas que viven en torno a él. Tampoco se puede olvidar el Caso Quimbo, otra central hidroeléctrica emplazada en el río Huila para cuya construcción el Grupo Endesa invirtió 837 millones de dólares; o los numerosos proyectos de obra en Honduras que terminaron con el asesinato de Berta Cáceres por defender su territorio frente a las multinacionales.

Erika González cuenta cómo el modo de proceder en la instalación de este tipo de proyectos es muy similar en todos los casos: “Los gobiernos y las empresas establecen acuerdos muy opacos para la población, que no sabe lo que va suceder hasta que ve la maquinaria ya en funcionamiento. Es una clara muestra de déficit democrático: no se les consulta ni se les proporciona toda la información desde el primer momento, y por lo tanto no pueden alegar”.

La investigadora de OMAL habla también de los argumentos a los que recurren los estados para justificar la cesión de los territorios a las empresas. “Los gobiernos insisten en la cantidad de producción energética que estas acciones van a traer al país, pero en la mayoría de los casos esta producción no va destinada al abastecimiento de la ciudadanía, si no a los intereses de la empresa que no repercuten para nada en la población autóctona”. En la presentación de la campaña del Caso Renace, Karen Ramírez, de la Asociación ProVida/ Foro del Agua de El Salvador, aseguró que “muchos gobiernos de Centroamérica ponen por encima de los derechos humanos de lospueblos indígenas la ayuda a las transnacionales”.

En algunas ocasiones, los Estados sí llevan a cabo consultas para no vulnerar lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y justificar la intervención. “Sin embargo, en la mayoría de los casos se realizan de manera irregular, sin informar adecuadamente a la población e incluso recurriendo al chantaje para conseguir firmas” asegura Erika González.

Cuando la oposición social se organiza contra estas violaciones del territorio, tanto las compañías como los gobiernos responden con diferentes medidas para frenarla y desarticularla. “Las empresas optan por la estrategia de cooptación, mediante amenazas y otras acciones agresivas contra la población para ganarse su apoyo. Por otra parte, el estado criminaliza a las personas más visibles y activas de la oposición social, y se producen denuncias y encarcelamientos de defensores de derechos humanos”, continúa Erika González. Karen Ramírez también dedicó parte de su intervención al recuerdo de los “presos políticos” en Centroamérica, arrestados por defender los derechos de la población y del medioambiente.Ecoportal.net

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