Centralismo, plazas y Reforma Educativa

26 de julio de 2017 / Fuente: http://www.excelsior.com.mx/

Por: Carlos Ornelas

El lunes 17 de julio, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores de los 31 estados concluyeron con las auditorías a la nómina educativa. Un asunto de primera importancia, pero que pasó —casi— desapercibido en la prensa y los medios. 

Es un paso más de la reforma administrativa y laboral en el sector educativo; no corona al centralismo, pero lo apuntala. Y, lo expongo con franqueza, para bien del país. Es un golpe más al corporativismo sindical y la complicidad de los gobiernos estatales, tal vez forzada por la tecnología del poder que utilizó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuando estaba bajo el dominio de Elba Esther Gordillo.

Buena parte de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores ya no tienen las ataduras que les impuso el poder del SNTE, fueron electos después de 2013. Pero, de cualquier manera, toleraban la existencia de comisionados, aviadores y otras plazas irregulares. El lunes, Aurelio Nuño expresó, con cierto aire de contento, que el procedimiento tomó: “Un año en donde hicimos una comparación, escuela por escuela, respecto al número de maestros que se pagaban en la nómina educativa, frente al número de maestros que realmente estaban en las escuelas. Y este fue un proceso… que hicimos juntos el gobierno federal y los gobiernos estatales… después de hacer esta compulsa… encontramos que hay 44 mil 76 plazas que se pagaban y que no estaban en la escuela… por un valor cercano a los 55 mil millones de pesos” (anuales, me imagino). Dada la tradición de la doble plaza, calculo que las tenían unas 30 mil personas.

El secretario desglosó cuál era el destino de las plazas: 17 mil 262 comisionados sindicales, 14 mil 900 en funciones administrativas, mil 361 dados de baja —pero seguían cobrando— y diez mil 553 no fueron localizadas.

El secretario de Educación Pública aseguró que es un proceso histórico y reconoció la participación de los gobernadores y jefes de dependencias de educación de los estados para dar golpes a la corrupción. No lo expresó, pero también es otro empellón a las dirigencias de las facciones sindicales —les quita comisionados y aviadores— y a los gobiernos estatales, que tuvieron que aceptar jugar con nuevas reglas.

La auditoría de plazas es un efecto más de la estrategia que comenzó con el pacto por México, continuó con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial y la recentralización del pago de la nómina. Observo tres secuelas del uso de esa tecnología del poder, una política, otra administrativa y la tercera en las finanzas.

Primera, exacerba el centralismo. La Secretaría de Educación Pública concentra cada vez más funciones en la conducción política del sistema escolar. No recupera la rectoría de la educación —todavía—, pero es un sendero que abona a centrar la dialéctica del control en una sola dependencia. Los gobernadores representan papeles cada vez menos protagónicos; ya nada tienen que ver con los docentes federalizados (los que el gobierno central les transfirió con el Acuerdo de 1992) ni con el control político de las escuelas en sus territorios.

Segunda. La SEP les retira a los gobiernos estatales casi 15 mil maestros que se desempañaban como burócratas. Era un subsidio que se había institucionalizado fuera de toda norma. Ciertos gobiernos tendrán problemas para mantener sus dependencias, otros no lo notarán, pues en casi todas las secretarías de educación de los estados hay personal de sobra.

Tercera. El ahorro de miles de millones de pesos otorga más atribuciones a la SEP. Ahora la pugna vendrá para que la Secretaría de Hacienda y el Congreso federal no quieran quitarle esos fondos a la educación.

El conjunto de acciones que desarrolla la SEP, tanto en el plano laboral como en el educativo en sentido estricto y las formas de ejecutar los planes, muestran que el gobierno estableció una estrategia de cambio institucional “incrementalista”, que desespera a los impacientes. A pesar de la oposición beligerante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la posición taimada de las otras corrientes del SNTE, la desgana de muchos gobernadores —pierden prerrogativas, la mayoría no se opone, pero tampoco aporta mucho— y las críticas de académicos y periodistas, la Reforma Educativa se consolida y avanza.

¡Falta saber hasta dónde llegará en lo que resta del sexenio!

Fuente artículo: http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/07/19/1176476

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¿Qué sigue de la auditoría a la nómina docente?

Méxicanos Primero

Pablo Velázquez*

Esta semana el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, los resultados de una auditoría a la nómina magisterial federalizada llevada a cabo en coordinación con la SEP y los estados.

A raíz de las reformas al marco legal para la educación en 2013, el gobierno federal se allegó de herramientas que le proporcionaron mayor información sobre la operación de las escuelas como, en este caso, la nómina docente pagada con recursos federalizados.

Sin embargo, los números a nivel nacional nos señalan que las irregularidades conocidas y evidenciadas por la ciudadanía desde hace décadas persisten, aunque en menor medida.

El primer punto a destacar es la burocracia administrativa pagada con recursos que, en teoría, están dedicados al salario de maestros y directivos. La SEP señala que existen 14 mil 00 plazas (plazas, no personas) docentes y directivas en funciones administrativas.

El problema no es nuevo: a partir de la descentralización en 1992 y el incremento en la demanda del servicio educativo, las plazas de administrativos transferidos a los estados resultaron insuficientes –
según las autoridades estatales – y por tanto, a los estados les resultó fácil asignar a tareas administrativas a los maestros. Situación no ilegal, pero irregular a la vista: pagamos a gente para que sean maestros, pero realizan otro trabajo.

El número identificado por este ejercicio de auditoría de la SEP, sin embargo, resulta bajo ante la evidencia de otras fuentes: tan sólo el año pasado la Auditoría Superior de la Federación señaló que existían al menos 44,220 personas en esta condición y nuestros análisis realizados con información de la nómina del primer trimestre de 2017 muestran 33 mil plazas en esta situación.

Este problema en particular debe ser abordado con bisturí. Reubicar a estas personas a las escuelas – la solución más propuesta – puede resultar dañino en dos vías: por un lado, podríamos demandar a personas que hace décadas no son maestros a enseñar en el aula sin formación previa al mismo tiempo que desplumamos oficinas administrativas (algunas de las cuales sí necesitan personal
operativo) de elementos para seguir funcionando. Ojo: es una irregularidad y se debe corregir, pero debe hacerse bien para evitar otro tipo de problemas en el futuro.

La auditoría de la SEP señala otras irregularidades que tampoco son nuevas: 17 mil 262 plazas de comisionados y licencias, 1,361 plazas cuyos titulares ya causaron baja pero se siguen pagando y 10,553 plazas que nadie sabe qué hacen. Estos números pueden sonar desalentadores pero bien vale la pena recordar como era en el pasado.

En 2009, la nómina magisterial era el Triángulo de las Bermudas: no sabíamos quién cobraba, cuánto y la razón. Después de muchos esfuerzos de la sociedad civil y de instancias como la Auditoría Superior
de la Federación, hoy conocemos quiénes son pagados de la nómina magisterial federal así como sus conceptos de pago. Esta situación favoreció que el gasto irregular haya disminuido 84% entre 2009 y 2015.

Todavía falta información, pero la exigencia no la vamos a disminuir. Por ello, hacemos un llamado a los gobiernos estatales a que repliquen estos ejercicios de auditoría en sus nóminas locales, se transparenten y ordenen sus procesos administrativos, y se apliquen sanciones a los responsables.

Las nóminas estatales siguen siendo una oscura neblina donde se replican sin supervisión las viejas prácticas que identificamos a nivel federal. Asimismo, el llamado es a la propia SEP para que: 1) sistematice estos ejercicios y publique sus resultados y; 2) transparente la nómina magisterial de la Ciudad de México. Es tiempo de que el
buen juez empiece por su casa.

Hemos avanzado sí, pero la brega no termina. Un peso malgastado representa mucho en este país tan necesitado de oportunidades.

*El autor es investigador en Mexicanos Primero

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/que-sigue-de-la-auditoria-a-la-nomina-docente.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2016/11/06/581fc386388cb.jpg

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La depuración de la nómina educativa.

Por:  Fernando Ruiz.

Una de las promesas de las reformas al marco legal para la educación de 2013 era dejar de pagar con la nómina docente a personas que no daban clases. La magnitud del problema nunca se ha sabido con exactitud, pero el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) llevado a cabo en el otoño de 2013 identificó a 298 mil personas que no laboraban en su centro de trabajo, 30 mil de ellos comisionados y 39 mil posibles aviadores.

Asimismo, en octubre y noviembre del mismo año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las entidades federativas reconocieron la existencia de muchos más comisionados que los oficialmente reportados en los años anteriores, aunque el número exacto nunca fue dado a conocer. La SEP estableció que hasta el 31 de diciembre de 2014 el personal con plaza docente podría desempeñar una función distinta a la permitida por la Ley General de Servicio Profesional Docente, permitiendo con ello la permanencia de los comisionados hasta 2015. En 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó erogaciones en comisionados sindicales por más de mil millones de pesos.

La creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en diciembre de 2013 obligó, durante 2014, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la SEP y las entidades federativas a realizar la conciliación de las plazas educativas que ingresarían al nuevo fondo educativo. No hubo ningún reporte público sobre los resultados de ese proceso, por lo que se desconoce que plantillas no ingresaron al FONE. Recientemente, por ejemplo, el nuevo gobierno de Zacatecas manifestó su queja debido a que 9,600 maestros fueron excluidos del fondo.

En enero de 2015, durante el pago de la primera quincena del FONE, se hicieron 918,222 pagos, de los cuales 48,442 (5.3%) requerían aclaraciones para finalmente ser incorporados. Tampoco hubo información pública sobre que plazas ni escuelas estuvieron involucradas en esta situación. En ese contexto, en las negociaciones sostenidas en febrero de 2015 entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación, se acordó agregar 3,600 trabajadores oaxaqueños adicionales a los 77,264 que la sección 22, sin verificación oficial ni ciudadana, presentó como plantilla de trabajadores educativos.

En ese contexto, en los meses de enero de 2014, 2015 y 2016 se dieron sucesivas oleadas de comisionados sindicales que regresaron a las escuelas. Tampoco hubo un reporte público de los nombres de las personas y las escuelas involucradas en esos movimientos. En enero de 2016, se anunció que 2,200 comisionados sindicales dejarían de estar en la nómina con un ahorro estimado en mil millones de pesos al año; aunque finalmente el ahorro fue de dos mil millones según señaló el lunes pasado la Oficial Mayor de la SEP.

A pesar de los avances logrados, es difícil afirmar y comprobar, con la información disponible, que el 100% de la nómina educativa está siendo destinada exclusivamente a financiar las actividades escolares y no es desviada a otros fines. La enorme opacidad con la que los gobiernos estatales administran las plazas estatales y la nómina de las federales así como las deficiencias en los registros del FONE y la débil supervisión y seguimiento que dan la SEP y la SHCP contribuyen a ello. En junio pasado, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se pronunció por la realización de auditorías a las nóminas educativas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca (Comunicado 278 de la SEP). Hasta la fecha no sabemos qué pasó con dicha promesa.

No podemos seguir dependiendo de las promesas de políticos y funcionarios. Transparentar y depurar la nómina educativa es asunto de todos. En las últimas negociaciones con la disidencia magisterial, la CNTE presume la regularización de 12 mil plazas; 6 mil de las cuales corresponde a Oaxaca. De ser ciertas sus afirmaciones ¿quiénes son y por qué razón van a ser “regularizados”? ¿en qué escuelas laboran? ¿son comisionados sindicales, docentes o administrativos? ¿con qué plazas serán contratados? ¿cuánto se erogará en dichas contrataciones? Estos son sólo algunas preguntas que surgen de inmediato y que desgraciadamente no pueden encontrar respuesta con la información pública disponible.

Exigimos a la Cámara de Diputados que asuma la defensa del dinero público, a la ASF que investigue y sancione la ilegalidad, a la SHCP que reforme la Ley de Coordinación Fiscal para inhibir los desvíos e irregularidades y a la SEP que mejore los registro públicos del FONE y fortalezca su capacidad de monitoreo y seguimiento. En tiempos difíciles cada peso cuenta, y más cuando el futuro de los niños está en juego.

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-depuracion-de-la-nomina-educativa.html

Imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2016/10/05/57f553892919b.jpg

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