Los efectos del cambio climático alrededor del mundo se han convertido en una de las principales razones por las que millones de personas deciden migrar, ya sea al interior de su país de origen o a alguna nación vecina. Por ejemplo, en el estudio ‘Amicus Brief of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to the Inter-American Court of Human Rights regarding the request for an Advisory Opinion on the Climate Emergency and Human Rights from the Republic of Colombia and the Republic of Chile’, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) apunta lo siguiente:

“Cada año desde 2008, se estima que un promedio de 24.5 millones de desplazamientos han sido provocados por peligros repentinos relacionados con el clima, como inundaciones, tormentas, incendios forestales y temperaturas extremas”.

Y añaden que “casi dos tercios de todos los solicitantes de asilo recientemente desplazados y los refugiados en 2022 provienen de 15 países que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Además, casi el 60 por ciento de los refugiados y personas desplazadas internamente por conflictos ahora viven en países que se encuentran entre los más vulnerables al cambio climático”.

Sin embargo, subraya la UNHCR, aunque el promedio anual es de 24.5 millones, sus oficinas estiman que durante el 2022 –https://www.unrefugees.org/news/how-climate-change-impacts-refugees-and-displaced-communities/ – este tipo de refugiados se incrementó a 32 millones y advirtió:

“En 2023, las temperaturas globales alcanzaron nuevos máximos históricos y el año estuvo marcado por decenas de incendios, inundaciones e intensas tormentas en todo el mundo. El cambio climático es la crisis definitiva de nuestro tiempo y sus impactos los experimentan de manera desproporcionada las personas en situaciones vulnerables”.

Escenario catastrófico

Para el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés), “dependiendo del escenario, el cambio climático obligará a desplazarse entre 210 y 320 millones de personas, la mayoría dentro de sus propios países”. La cifra podría aumentar o disminuir, señalan los investigadores del estudio – https://cepr.org/voxeu/columns/climate-migration-frightens-climate-poverty-frightening – en función de las medidas que se tomen en el corto y mediano plazo para combatir la crisis climática.

Además, el problema podría empeorar hasta provocar un mayor número de desplazados, ya que de acuerdo a su análisis: “centrándonos en el escenario intermedio, el cambio climático reducirá el ingreso por trabajador en un 15% en los países cercanos al ecuador y lo aumentará en un 10% en latitudes más altas. Por tanto, la brecha de ingresos entre los países más ricos y más pobres aumentará un 25% en el transcurso del siglo XXI. El cambio climático aumenta en 0,5 puntos porcentuales la proporción de la población mundial que vive con menos del 2% del nivel medio mundial de ingresos”.

La Organización Internacional para las Migraciones indica que, según sus cálculos, de no implantarse acciones que combatan el cambio climático, en América Latina y el Caribe cerca de 113.5 millones de personas estarán expuestas a los efectos más severos del cambio en los patrones de clima para 2090.

Poca preparación

Para Amparo Martínez Arroyo, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, las migraciones siempre han sido parte de la historia de la humanidad, no obstante lo que se vive actualmente es una problemática mayúscula que debe ser atendida a la brevedad. “La migración es un mecanismo de adaptación al cambio climático, sólo cuando han fallado todos los demás”, explica la especialista.

Aunque, argumenta la investigadora, la problemática no está sólo ligada al cambio climático: “las tendencias sí parecen estar incrementándose, pero no es culpa del cambio climático, es una cuestión que está directamente relacionada con la preparación frente a los riesgos que hay en cada zona, lo que implica el conocer cuáles son, por un lado, los riesgos climáticos y ambientales a los que están expuestos. Debemos ver cuáles son las condiciones que tienen para enfrentarlos y hacer una estrategia para reducir esa vulnerabilidad y no estar tan expuestos a los daños y así poder estar protegidos”.

Es un punto en el que coincidió Úrsula Oswald Spring, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, ya que los números apuntan que alrededor del mundo se han hecho los preparativos necesarios para evitar mayores afectaciones.

“La aseguradora Swiss Re, calcula que en los últimos 30 años ha aumentado anualmente un siete por ciento el gasto de seguros por huracanes y tormentas. En 2023, la misma reaseguradora estimó que en los últimos cinco años se han gastado cerca de 32 mil millones de dólares, el doble de los últimos 10 años, por daños ocasionados por tormentas violentas. Y esto, claro, en países vulnerables como el norte de Centroamérica y el sur sureste de México, ha provocado desde 2020 una enorme migración hacia Estados Unidos, a pesar de cerrar su frontera”.

“Las migraciones pueden pueden ser ordenadas y programadas”, sugiere Martínez Arroyo, “para que tanto la población que recibe como la que migra tengan protegidos sus derechos y no se complique todo cuando sea en la última instancia”.

¿Por qué no se han tomado más medidas?

Hechos recientes, como el huracán Otis en Guerrero, argumenta Oswald Spring, muestran la poca preparación que se tiene para atender este tipo de desastres ambientales y sus consecuencias:

“Para México Otis es realmente un llamado de atención. En 12 horas, una depresión tropical se convirtió en huracán categoría 5. Es uno de los más veloces que hemos tenido en la historia del mundo, con una velocidad de 330 kph. El océano es un absorbente enorme del excedente de energía generada por el calentamiento global y cuando se conjunta con un fenómeno de El Niño, como el que tenemos actualmente, se puede pensar en que tendremos en el Pacífico otros fenómenos como Otis”.

La universitaria añade que es difícil encontrar soluciones debido a los intereses económicos, un buen ejemplo de esto es la pasada COP28 cuyo objetivo es organizar las acciones de los países participantes alrededor del cambio climático, pero el evento se realizó Dubái, una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes Unidos, a su vez una de las naciones con mayores cifras de contaminación gracias a su industria petrolera.

“Hay que tomar en cuenta que las industrias más contaminantes son las petroleras, la cementeras, las de construcción y el transporte de carros, entonces cómo trabajamos en contra de enormes intereses transnacionales, que hacen lobby en el Congreso de Estados Unidos para impedir que, por ejemplo, se controle el fracking. La pasada COP sucedió en un país petrolero, así que hay una presión enorme en contra de la reducción de gases de efecto invernadero”, comenta.

Al respecto, Amparo Martínez Arroyo añade: “ha habido grandes avances, que se van dando poco a poco y que no se notan tanto, aunque no son suficientes y no son todos los que se necesitan, porque nos estamos enfrentando a una serie de intereses creados”.

“Hay en algunos países una falta de confianza en el conocimiento y lo que plantea, por lo que se piensa que tal vez la tecnología, no el conocimiento científico, se va a poder encontrar salidas que lo resuelvan. Le están apostando a eso en algunos países desarrollados, porque las industrias no quieren disminuir ni sus ganancias, ni arriesgar, cuando está más que los cambios se tienen que hacer que hacer ya”, suma la investigadora y advierte: “Es un problema social muy ligado a nuestra forma de desarrollo económico, muy ligado al mercado y a pequeños grupos con intereses económicos, que a su vez son los que están provocando la mayor parte de las emisiones del mundo y poniéndolo en completo riesgo. Ante esto no queda más que la organización de la gente y las demandas de los países que más lo padecen, porque la reacción está siendo mucho más lenta de lo que debería ser”.

Fuente de la información e imagen:  UNAM Global