Author: Mauro Jarquin

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Gaza: con escuelas en ruinas, jamás habrá paz

Mauro Jarquin Deja un comentario

Por: Mauro Jarquín Ramírez*

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la educación ha sido entendida como factor importante para la construcción de paz en el discurso oficial de organismos multilaterales. Dicha función se muestra explícitamente en la carta fundacional de la Unesco en 1945: Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. El discurso institucional vigente a escala global ha mantenido dicha perspectiva hasta hoy, bajo la noción de cultura de paz y educación para la paz, impulsadas por la ONU.

Para la narrativa del multilateralismo liberal, la educación es un bien preciado que debe ser protegido, incluso en contextos de guerra. No obstante, la campaña militar de Israel en Palestina ha tomado el curso contrario, recordando así que ni Israel ni EU forman parte de los 185 países que han suscrito la Declaración sobre Escuelas Seguras, impulsada en Naciones Unidas por Argentina y Noruega en 2015, año en que la propia ONU acusó a Israel de atacar escuelas de Naciones Unidas que servían de refugio a personas desplazadas durante 2014.

En el reciente caso presentado contra Israel por conducta genocida en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el equipo jurídico de Sudáfrica ha valorado el ataque israelí a escuelas, comunidades educativas y personal docente en Gaza como una destrucción del acceso a la educación: casi 90 mil estudiantes universitarios no pueden asistir a sus clases, más de 60 por ciento de escuelas y casi todas las universidades, así como librerías y bibliotecas, han resultado dañadas o destruidas; profesores y académicos han sido asesinados, incluyendo decanos universitarios e investigadores reconocidos internacionalmente. La destrucción de la infraestructura educativa ha formado parte sustancial de los efectos de la campaña bélica.

Sin embargo, el acoso y la violencia contra la educación en Palestina no son novedad.

En marzo de 2022, la Coalición Mundial para Proteger la Educación de Ataques presentó un informe sobre el impacto de la violencia contra la educación en Palestina en el contexto de ocupación israelí. Señala que las formas más comunes de hostilidad contra la educación en los territorios palestinos son: uso de gases lacrimógenos, operaciones de registro y detención, redadas, puestos de control, violencia de los colonos que afecta a las escuelas, detención e intimidación de estudiantes y profesores. Además, autoridades israelíes denegaban por sistema las solicitudes palestinas de permisos de construcción. Particularmente en Gaza, el uso de armas explosivas lanzadas por fuerzas de seguridad israelíes constituyó la forma más común de ataque contra la educación, siendo la mayoría de los incidentes colaterales. Así, entre enero de 2019 y septiembre de 2021, al menos 305 escuelas y guarderías resultaron afectadas debido a armas explosivas. En ese periodo, 480 estudiantes y educadores resultaron dañados por lacrimógenos, granadas aturdidoras y otras armas.

La destrucción educativa subrayada por la delegación sudafricana resulta preocupante por las implicaciones a futuro de generaciones de palestinos. Esto es aún más complejo al considerar las reiteradas declaraciones de Ron Dermer, integrante del gabinete de guerra israelí, sobre la necesaria desradicalización de Palestina, emitidas en Fox News y en sus propias redes sociales. Ahí ha expresado un supuesto cambio radical que debe efectuarse en lo que jóvenes palestinos aprenden en las escuelas. Dermer escribió en X: no podemos permitir ninguna fuerza allí que vaya a educar a la próxima generación de palestinos para que odien a Israel, odien a los judíos y odien a EU.

Es muy problemático plantear la posibilidad de construir paz en la región mediante la destrucción de escuelas y centros de cultura, y el asesinato de estudiantes, docentes y familias. Resulta muy difícil pensar que una sociedad en armonía puede ser forjada a raíz de la cotidianidad de la infancia palestina, víctima de un sinnúmero de injusticias como currículo oculto que experimenta a diario por fuera de las escuelas.

Hace más de 10 años, el educador palestino Ziad Abbas afirmaba en entrevista que no podría haber paz en el mundo sin justicia en Palestina. El conflicto, decía, podía conducir a una tercera guerra mundial. Tras tres meses de la agudización de los ataques de Israel en Gaza –con más de 24 mil muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza–, la justicia y por ende la paz se observan lejanas.

Es necesario recordar que con escuelas en ruinas, con muerte y con opresión, jamás existirá paz. La defensa de la vida y la integridad física del pueblo palestino debe también acompañarse de una defensa de su memoria histórica y de su derecho a decidir sobre su educación, en escuelas libres donde estudiantes, docentes y familias encuentren un centro de aprendizaje, cooperación y creación de mejores futuros.

La solidaridad internacional en la exigencia de un alto a las hostilidades y el reconocimiento efectivo de los derechos del pueblo palestino es tan necesaria como siempre, aunque más evidente que nunca.

*Politólogo

Fuente de la información:  https://www.jornada.com.mx

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Consideraciones urgentes sobre inteligencia artificial y educación

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquin 

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha sido sobresaliente en los últimos años. Su expansión ha alcanzado también al sector educativo, donde se ha visto una vorágine de innovación acompañada por campañas publicitarias en torno a las grandes ventajas de la adopción tecnológica. Así, se ha buscado construir una narrativa en la cual la IA es esencialmente una herramienta que puede asistir a docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de estrategias como la personalización y a la cual el profesorado puede delegar una amplia gama de responsabilidades, particularmente administrativas, que suelen requerir mucho tiempo para ser realizadas.

El anunciado desembarco de la IA privada en sistemas escolares del mundo ha generado gran interés en amplios sectores sociales y académicos, entre los cuales se ha expresado tanto confianza, respecto de las potenciales mejoras en la enseñanza y el aprendizaje, como escepticismo o franca preocupación, respecto de los efectos de la “aplicación” de dicha tecnología. Como efecto de ello se han organizado charlas y debates en los cuales se han discutido perspectivas sobre la IA y la educación.

Si bien dichos encuentros han resultado sumamente interesantes, hasta ahora la discusión ha versado principalmente en torno a las limitaciones estructurales y desigualdad en el acceso a tecnologías y a Internet, así como a preocupaciones de carácter instrumental, relativas a cómo incrementar nuestra productividad y aprovechar dicha tecnología. Se han discutido también ciertos riesgos asociados generalmente a su mal uso, plagio o sesgos contenidos en la IA generativa.

Comúnmente, la IA en educación se da por sentada, como si no tuviera historia o contexto. Además, se presenta como si fuera una herramienta lista para ser utilizada a placer por sus usuarios. No se le considera en tanto articulación técnica, condicionada históricamente y con la facultad de generar efectos en quienes la emplean. Una tecnología productiva no sólo de contenido académico útil y “accesible”, sino también de nuevas sociabilidades en el campo educativo.

Es importante considerar al menos tres problemáticas vinculadas al desarrollo histórico de la IA en educación:

Datificación digital alude al proceso mediante el cual la realidad educativa se transforma en grandes volúmenes de información que es procesada por máquinas (datos), lo cual permite a la IA realizar tareas como cálculos, proyecciones, diagnósticos, etcétera. Dado que la compleja realidad cotidiana debe ser estudiada por máquinas, la datificación conlleva también simplificación. Si bien la generación de datos educativos se puede efectuar de distintas formas –como las pruebas estandarizadas a gran escala, entre las cuales PISA es sobresaliente–, el uso de plataformas y software en educación incrementa sustancialmente la capacidad de obtener información. La recolección de dichos datos debe ser constante. Con ello, las escuelas funcionan como minas de datos y el ejercicio educativo se torna en práctica extractiva que puede beneficiar a las grandes empresas dueñas de las “herramientas” digitales.

El asunto del poder resulta crucial cuando hablamos de estructuras digitales, plataformas y formas de IA. Esto se da, cuando menos, en tres sentidos: a) todas esas expresiones constituyen sistemas sociotécnicos que reorganizan distintos procesos educativos, curriculares, de gestión y evaluación. Las estructuras digitales, y la propia IA, condicionan tanto la interacción digital de los usuarios, como los resultados de investigación; b) la tecnología, particularmente la IA generativa, conlleva implicaciones ideológicas que se expresan en forma de “sesgos” en los textos que producen. Distintos productos de IA generan resultados definidos políticamente, tal como han mostrado estudios sobre los posicionamientos de Google Bard y Chat GPT de Open AI sobre la guerra entre Rusia y Ucrania; c) por otro lado, la datificación educativa es un ejercicio de poder, dado que construye un campo de acción en el cual actores como burocracias y empresas pueden posteriormente intervenir desde fuera por medio de dispositivos de política con el objetivo de modular comportamientos y obtener beneficios.

Finalmente, la expansión del capitalismo digital constituye el contexto del impulso de la IA en el sector educativo. A ello responde también la abierta competencia entre Google y Microsoft respecto de la provisión de IA para educación. Lo anterior conlleva al menos dos implicaciones: a) creación de enclaves de rentabilidad privada en el ámbito de la educación pública, por la vía de comercialización de productos de IA, lo cual podría conducir a otro ciclo de privatización educativa; b) un uso de IA en educación enfocada prioritariamente en la formación de capital humano, ahora asociado a los requerimientos de la cuarta revolución industrial.

Ante el entusiasmo por la transformación digital de la educación resulta sugerente mantener una distancia crítica que permita a comunidades educativas, profesorado, estudiantes y familias conocer y discutir sus aristas y tensiones internas. Así, podremos tener mayor claridad en torno a la construcción/consolidación de proyectos educativos de actualidad que sean capaces de atender las necesidades educativas del siglo XXI sin ceder el control de la educación a actores ajenos.

Luchar por una educación crítica y democrática en el siglo XXI conlleva superar el fetichismo tecnológico. Así, antes de invitar sin discusión a docentes y escuelas a “modernizarse”, es importante considerar la compleja circunstancia histórica de la IA, así como las potenciales implicaciones (favorables o no) de su uso respecto a las actividades educativas cotidianas.

* Profesor FFL-UNAM

Twitter: @MaurroJarquin

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Descolonizar la educación: ¿proyecto o impostura?

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquín Ramírez*

 

A principios de 2015, un estudiante de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica lanzó heces fecales sobre una estatua del imperialista británico Cecil Rodhes, considerada monumento al colonialismo. El hecho detonó el inicio del movimiento Rhodes Must Fall, que llegó a cuestionar contenidos y prácticas coloniales en la educación de ese país y más allá de sus fronteras. En cuestión de semanas, la protesta se extendió a otras instituciones del mundo, apuntalando una potente discusión sobre la descolonización de la educación superior en universidades como Oxford, Harvard y la Escuela de Economía de Londres, donde estudiantes preguntaron: ¿mi currículo es blanco? La trascendencia fue tal, que la propia Quacquarelli Symonds, compañía conocida por sus rankings internacionales, llegó a hablar en 2020 sobre la necesidad de discutir la descolonización de la educación. Así, un debate presente desde mediados del siglo pasado, relativo a la superación de estructuras de dominación colonial en la cultura y la educación, obtuvo nuevo aliento, ya no particularmente en África o América Latina, sino en el corazón de Occidente.

Aunque en México el debate sobre la descolonización educativa no es nuevo, la temática se ha convertido en elemento central de la narrativa educativa oficial a raíz de la difusión del Nuevo Marco Curricular. Nadie podría negar los síntomas de colonialidad presentes a lo largo de un sistema educativo donde el racismo y la discriminación institucional son parte de cotidianidad en gran cantidad de escuelas, públicas y privadas. La ausencia de justicia curricular, autonegación de culturas y lenguas por temor a la discriminación; violencia física; marginación, etcétera, forman parte de las trayectorias escolares –y de vida– de estudiantes principalmente indígenas, afromexicanos y de clase trabajadora. Lo anterior ha conducido a hechos indignantes, como cuando recientemente un estudiante otomí fue quemado por sus compañeros de una telesecundaria en Querétaro por ser indígena y “no hablar bien español”. Visto así, es necesario apuntalar un cambio en el funcionamiento del sistema educativo que permita superar una antiquísima matriz de dominación “racial”/étnica y conduzca a prácticas docentes, de organización escolar y de interacción comunitaria de carácter democrático, mediadas por un diálogo intercultural.

Lamentablemente, pese a tratarse de un tema complejo donde intervienen elementos estructurales y relativos a la experiencia individual de quienes habitan las escuelas, su abordaje público ha sido superficial. Los intercambios recientes se han circunscrito a una interpretación provocativa que, a la luz de una particular lectura de la propuesta curricular, afirma que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene como “ideología subyacente” o “fundamento epistémico” a las epistemologías del sur, una propuesta teórica que resulta polémica en el ámbito de las ciencias sociales. Lo anterior ha generado una reacción poco meditada de ciertos sectores de la academia liberal para quienes tal propuesta teórica (y, por tanto, el marco curricular) es “folclórica y ridícula”; “anticientífica, antimatemáticas, ideologizada, encumbra la superchería popular”; “una escuela del Amazonas enseñando el gran método para reducir cabezas” para “producir chairos en serie” o “embrollo doctrinario”.

Más allá del tono reaccionario e intransigente usado, afirmar que dicha propuesta es el “fundamento” de la NEM es una falacia. El proyecto educativo no es sólo currículo, sino también marco jurídico, modelos de carrera docente, formas de gestión escolar, políticas específicas, financiamiento, modos de vinculación Estado-magisterio, etcétera. Elementos que condicionan directamente el trabajo cotidiano en las aulas, intervienen en el desarrollo del currículo oculto y cuya genealogía conceptual apunta más a nociones gerenciales de la educación que a cualquier desarrollo teórico descolonial.

Lo importante aquí es que anclar el debate en tal falsa concepción no permite discutir con propiedad hasta dónde descolonizar la educación en la 4T se presenta como proyecto o hasta qué punto estamos frente a una impostura.

A la par de impulsar un cambio curricular, un proyecto de descolonización educativa buscaría llevar a cabo iniciativas gubernamentales orientadas a fortalecer la interculturalidad, la pluralidad epistémica y un diálogo respetuoso entre saberes y experiencias de vida en el ámbito educativo, que se han planteado tanto en México como en otras partes del mundo. Éstas podrían dar cobertura en áreas de política al cambio curricular en curso y permitir un mejor desarrollo de estudiantes indígenas y afromexicanos: a) incrementar acceso a educación superior; b) atender problemas de desnutrición; c) incorporar perspectivas interculturales en la carrera docente; d) fomentar intercambio académico internacional; e) fortalecer escuelas normales rurales, y f) consolidar formación continua en docentes.

Por el contrario, la impostura de la descolonización educativa sería mantener una beligerancia discursiva, mientras persiste una carencia de acciones para cambiar el funcionamiento del sistema. Esta mentira con apariencia de verdad podría resultar muy peligrosa porque, más allá del engaño inmediato, podría terminar por vaciar de contenido en la discusión pública una exigencia histórica de quienes más han sufrido y resistido la opresión política y la explotación capitalista.

Es tiempo de que, a propósito de Bonfil Batalla, dejemos de pensar la diversidad cultural del país en tanto pinceladas de un pasado glorioso que se vive como cosa muerta.

* Profesor FFL/UNAM

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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Nuevo Modelo Curricular y disputa hegemónica

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquin

Al finalizar un encuentro con docentes en Chilapa, Guerrero, a propósito del Nuevo Marco Curricular, la maestra Shaika Moreno me comenta que, a su criterio, la propuesta en cuestión tiene como virtud principal encontrar la riqueza en las diferencias. Coincidimos en que ello podría apuntalar la superación de un modelo de política educativa y desarrollo curricular pensado centralizadamente. En estos términos, dicho marco podría considerarse de ruptura, aún con el condicionamiento que representa el entorno de continuidad neoliberal en la educación nacional.

Pese a haberse publicado en un contexto donde políticas educativas gerenciales y neocorporativismo en la relación Estado-magisterio operan en el sistema educativo, la propuesta curricular del gobierno federal incorpora elementos interesantes: a) diagnóstico social de la problemática educativa, que abandona la consolidada aproximación mediante resultados educativos individuales; b) reconocimiento del abanico de violencias que opera y condiciona el trabajo cotidiano en las escuelas y los resultados educativos; c) crítica abierta al imperativo pedagógico de formación de capital humano dominante en las políticas educativas de las últimas décadas, y d) incorporación –si bien ecléctica– de conceptos que aluden a distintos grupos sociales que antes no habían sido representados en el currículum nacional, además de ser concepciones del mundo por fuera de la normatividad estatal e incluso capitalista, como lo común, comunidad, saberes y emancipación. Si bien persisten dudas respecto a la evaluación de aprendizajes, la enseñanza de las matemáticas, la restructuración de la organización docente y los retos didácticos que todo cambio curricular representa, la propuesta curricular de la 4T parece ir, en principio, mucho más a la izquierda que la propia reforma constitucional de 2019.

Aun con la “camisa de fuerza constitucional” vigente, la propuesta curricular busca “transformar” la educación nacional. Sin embargo, para lograrlo se requiere mucho más que la incorporación de contenidos novedosos al nivel del “conocimiento oficial”. Es necesario alentar un replanteamiento de la práctica docente y de la relación de la escuela con su entorno inmediato, así como cambiar las formas de poder que subyacen en el sistema educativo y las ideas dominantes en educación. En pocas palabras, se requiere un cambio hegemónico. Para Michael Apple, la hegemonía en educación conlleva un ensamblaje de significados, prácticas, valores y acciones vividas, las cuales, agregamos, son condicionadas por una dirección política y moral específica en el proceso educativo, que deriva de una correlación de fuerzas determinada. Aunque materializada en políticas y leyes, la hegemonía neoliberal en educación se ha agrietado tras largos años de lucha magisterial y organización popular. Y esto representa la oportunidad para consolidar una alternativa, de momento, en el ámbito curricular.

Pese a tratar discursivamente a la educación en tanto un “hecho neutral”, la hegemonía neoliberal implicó un constante asedio de intereses privados de distinta índole: unos buscaron hacer de las escuelas fábricas de aprendizaje instrumental listo para ser valorizado en los mercados de trabajo mundializados, y otros intentaron hacer de ellas la extensión de un modelo de familia conservador y patriarcal. Ambos tuvieron sus expresiones curriculares: desde las interpretaciones más economicistas de la noción de “competencias”, hasta el intento por controlar la educación sexual en las escuelas por medio del veto parental. Ahora bien, la creación de la fundación Patria Unida en el país es un claro síntoma del resurgimiento de redes y organizaciones de ultraderecha, aglutinadas en torno a una “batalla cultural” de carácter global contra planteamientos colectivistas y de reconocimiento de la diversidad “en todos los frentes”. En este contexto, la apuesta por un currículum progresista debe ser de interés común.

Más allá del entorno escolar, una transformación como la planteada requerirá de un doble juego del Estado: intervención y ampliación de márgenes de autonomía. Por intervención podemos entender un programa de acompañamiento al profesorado que, en tanto sujeto autónomo, le asista y apoye en el desarrollo de la nueva propuesta curricular. Al mismo tiempo, será necesario que el Estado dé un margen amplio al despliegue de la creatividad docente y la proyección de su experiencia en iniciativas autónomas y situadas. Debe reconocer la autonomía pedagógica de los pueblos originarios, así como la vigencia y relevancia de las propuestas de educación alternativa realizadas en el país.

¿El marco puede ser una trampa para desactivar lo que queda del movimiento autónomo magisterial? Tal vez. Pero cualquier intención no se da en automático. La propuesta curricular pasará, inevitablemente, por la “autonomía relativa” del espacio escolar, zona donde no opera directamente el Estado y las comunidades educativas pueden hacer suyo el conocimiento oficial en función de sus necesidades. Es en ese territorio de las colectividades y de los encuentros locales donde un proyecto curricular de ruptura se puede discutir, cuestionar y profundizar en sus aristas más progresistas, sin dejar de lado la organización autónoma y la lucha por derechos.

Es imperativo que el profesorado protagonice los debates y los procesos de toma de decisiones respecto a la propuesta curricular. No hacerlo sería equivalente a quedarse de brazos cruzados esperando que de un momento a otro llegue una transformación educativa efectiva. Y como ya hemos visto, eso no vendrá por decreto.

Fuente de la información:  https://www.educacionfutura.org

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La política de la reapertura escolar

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquín Ramírez*

La reciente decisión oficial de reactivar las clases presenciales ha generado una gran polémica en nuestro país, algo lógico si consideramos sus potenciales implicaciones a nivel de salud pública, actividad económica, continuidad educativa y relación entre Estado-magisterio.

Para el gobierno federal resulta de particular interés el costo político que una medida de tal magnitud podría conllevar. Así, ha buscado construir un consenso político-discursivo con distintos actores respecto a la pertinencia de las actividades educativas presenciales. En esta dimensión pueden interpretarse el compromiso abierto –de corte corporativo– con la dirigencia nacional del SNTE; el acercamiento entre Delfina Gómez, titular de la SEP y el Episcopado Mexicano, que se había mostrado cuando menos escéptico respecto a la revisión de los libros de texto impulsada por la 4T y la recuperación de la exigencia principal del mediático movimiento Abre mi Escuela –conformado por padres de familia y apoyado por instituciones educativas privadas– sobre considerar a la educación como una actividad esencial; es decir, una que puede llevarse a cabo independientemente de las condiciones del semáforo epidemiológico. De esta forma, el gobierno puede plantear que el magisterio mexicano está dispuesto a regresar a clases con buen ánimo y que la reapertura escolar, exigida por las propias familias, es una decisión sensata aún considerando el tsunami de contagios de Covid reportados recientemente, en el cual la variante Delta ha resultado protagonista.

Para el propio gobierno federal, ha quedado claro que las condiciones estructurales de nuestra sociedad han llevado a que el programa Aprende en Casa sea insuficiente para garantizar la continuidad educativa. Además, tal como lo plantea la Unesco a escala global, el cierre prolongado de escuelas ha impactado negativamente en distintos ámbitos como el aprendizaje y la nutrición de los estudiantes, el trabajo docente y las funciones de cuidado en los hogares. También ha profundizado la deserción escolar, que en México ha alcanzado a más de 5 millones de personas, según el Inegi y a casi un millón, de acuerdo con datos de la SEP.

Es importante considerar que el debate que llevamos a cabo ahora ha sido realizado ya en otras partes del mundo. Para contribuir a una discusión informada, distintas agencias de salud han publicado información relativa a las actividades escolares y el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDPC, por sus siglas en inglés) ha indicado que la transmisión del virus en entornos escolares no es un determinante principal de transmisión comunitaria, particularmente cuando se implementan medidas de mitigación adecuadas, aunque resulta difícil evaluar esto cuando la transmisión comunitaria está en curso. Entre las medidas de mitigación se encuentran: distanciamiento físico, mejora de la ventilación, lavado regular de manos, reducción del tamaño de clases, escalar tiempos de llegada y tiempos de comida y descanso, así como cambios en la composición de clases y grupos, y la realización de clases al aire libre. Resulta importante, además, administrar vacunación completa al personal educativo. Medidas que requieren infraestructura, insumos, organización, coordinación entre el sector educativo y distintos niveles de gobierno, y una condición de transmisión comunitaria controlada.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que, según la evidencia disponible, las escuelas que han implementado estrictamente estrategias de prevención han sido capaces de mantenerse abiertas. Además de las propuestas hechas por el ECDPC se contempla el uso universal y correcto de cubrebocas, etiqueta respiratoria, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, seguimiento de contactos con aislamiento y cuarentena. Adicionalmente, se considera la realización de pruebas para identificar individuos positivos al nuevo coronavirus, así como la inoculación del personal educativo.

Ambas entidades coinciden en que la reapertura escolar puede resultar segura mediante determinadas condiciones, las cuales, en gran medida, están ausentes en nuestro sistema educativo. Para muestra, unos cuantos botones:

Durante el ciclo escolar 2019-2020 alrededor de 41 mil 423 escuelas no tuvieron agua potable y 47 mil 566 carecieron de servicio para el lavado de manos, según el Mejoredu; la ratio alumnos/profesor en México ha sido de las más altas de la OCDE, lo cual dificulta la sana distancia; persisten dudas respecto a la suficiencia de una sola dosis de la vacuna Cansino, recibida por los docentes, y al menos siete estados de la República se encuentran en semáforo rojo y muchos otros en naranja.

Se han publicado y difundido interesantes artículos sobre algunas medidas a considerar para un regreso seguro a las aulas. Sin embargo, su realización requiere un compromiso profundo entre los distintos órdenes de gobierno y las comunidades educativas para avanzar en cuestión de presupuesto, logística y cobertura, algo que rebasa, por mucho, los 10 lineamientos de reapertura y la carta de corresponsabilidad de las familias emitidos por la SEP.

El gobierno ha optado por operar un retorno a las escuelas desde arriba, aunque hay otras opciones. Docentes de la CNTE, por ejemplo, han propuesto consultar a las familias respecto a la reapertura, partiendo del supuesto de que cada comunidad escolar puede decidir de forma autónoma –considerando las condiciones de las escuelas y el estado de la transmisión comunitaria– el momento idóneo para el regreso a actividades presenciales.

Esto no significa desvincular a las comunidades educativas de los distintos niveles de gobierno, sino es un intento por crear una sinergia que permita conocer necesidades, asignar recursos y crear corresponsabilidad real ante lo que sucede en las aulas.

Esa es la política que necesitamos.

* Politólogo. Autor del libro La pedagogía del capital

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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Sociedad Civil SA de CV

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquín Ramírez

Según Gramsci, los empresarios se caracterizan por cierta capacidad dirigente y técnica en su práctica que no se limita a su esfera inmediata de actividad, sino que se expresa también en otros espacios ligados a la actividad económica. Además, apunta que al interior de la clase empresarial, hay una élite específica que debe tener capacidad para gestionar la organización de la sociedad en general, con miras a crear las condiciones favorables para la expansión de su clase. Reflexiones importantes para problematizar la actualidad del empresariado nacional.

De forma posterior a la disputa entre gobierno y capital en la década de los años 80, líderes empresariales impulsaron iniciativas de vertebración social, con las cuales se buscaba conformar un empresariado con facultades de organizador de masas, mismo que pudiera constituirse como una fuerza social con suficiente peso en los debates político-electorales de coyuntura, así como un contrapeso a gobiernos caracterizados como populistas o que resultaran peligrosos para la permanencia de una estructura social favorable a la reproducción ampliada de su capital.

En dicho rubro, los hombres de negocios encontraron en el foxismo un momento clave gracias a la construcción de canales institucionales para la participación ciudadana en procesos de políticas impulsadas por su gobierno. Entendieron bien que estaban frente a un gobierno que era de empresarios para empresarios y buscaron resignificar –con éxito– la participación ciudadana en una representación social dirigida por organizaciones por ellos creadas, tal como pudo verse en la conformación del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, donde las organizaciones sociales eran esencialmente representantes o personeros empresariales. Esta tendencia de apropiación de la noción de sociedad civil por parte de los empresarios se consolidó como un ámbito en el cual su actividad impactaba también en el espacio de lo político.

Con el paso de los años, dentro del gran empresariado nacional se ha consolidado una élite directiva que ha buscado apuntalar un proyecto global de sociedad en la búsqueda de la conservación de privilegios y maximización de beneficios; el protagonista de este conjunto actualmente es Claudio X González Guajardo.

González es un prominente representante de un empresariado joven y cosmopolita, ex burócrata federal y fundador de organizaciones como Mexicanos Primero y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El empresario es, además, pieza fundamental en la coalición político-electoral Va por México, conformada por los partidos del Pacto por México, cuyo principal objetivo es hacer frente al gobierno de López Obrador. Dada su centralidad y aparición constante en mítines y reuniones de los partidos de oposición, así como a la notoria ausencia de perfiles políticos sobresalientes en dichos partidos, González resulta un potencial outsider electoral en 2024, cuya mayor virtud sería presentarse como un candidato ciudadano preocupado por la recuperación de la democracia y las libertades, muy a tono con el discurso de la nueva derecha latinoamericana.

Su rechazo a la construcción de una política de integración regional hacia el sur contrasta con el gran interés en profundizar la integración política, económica y cultural de México a la órbita estadunidense, cuyo ambiente conoce bien al formar parte de think tanks orientados a la política hemisférica dirigidos por actores vinculados a la National Endowment for Democracy, organización que ha mostrado recelo hacia gobiernos de izquierda en la región.

González ha impulsado un proyecto de restructuración cultural cuya punta de lanza es el vaciamiento de la noción compleja y amplia de sociedad civil, con el fin de instaurarla en tanto bandera política de unas cuantas expresiones asociativas creadas, financiadas, dirigidas e inspiradas en el empresariado, en sus valores y proyectos. Es un paso adelante del uso empresarial de la noción sociedad civil, dirigido ahora a construir un monopolio en torno a su representación.

Producto de este movimiento es el desarrollo de la Sociedad Civil SA de CV, un proyecto de matriz neoconservadora que parte de la convicción de que la sociedad civil es esencialmente el capital, y que para preservarla, es necesario ocupar los espacios institucionales destinados a la representación de la ciudadanía, generar contrapesos políticos y legales a proyectos gubernamentales que representen una amenaza a ciertos intereses privados y buscar la movilización de la sociedad a partir de una narrativa de defensa de los derechos de propiedad, la libertad individual y las instituciones liberales. Elementos que en sus efectos, poco tienen que ver con la histórica lucha por la democracia frente a regímenes autoritarios o militaristas y que apuntan hacia la preservación de una democracia de privilegios.

La Sociedad Civil SA de CV se ha puesto al frente del debate electoral, llamando a votar por los partidos de oposición porque ellos son quienes representan la democracia. Además, mediante una política de alianzas focalizada, los empresarios que apuntalan el proyecto han logrado hacer llegar su discurso a otros grupos, como algunos segmentos de clase media urbana y sectores académicos liberales, quienes perciben en el lopezobradorismo una amenaza a su patrimonio y una afrenta a la ingeniería institucional que habilitó una democracia que, logrando convencer a las élites, resultó a todas luces insuficiente para el grueso de la población.

La sociedad civil es mucho más grande que el proyecto empresarial. Es necesario considerarlo si queremos impulsar realmente la democracia.

Politólogo. Autor del libro La pedagogía del capital. Empresarios, nueva derecha y reforma educativa en México

Fuente: La Jornada

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Reapertura escolar y aprendizajes: debate necesario

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquín

Tras un año de educación a distancia, las prácticas de socialización y avance escolar de millones de estudiantes de nivel básico se han visto afectadas, el magisterio nacional ha experimentado un ritmo y forma de trabajo previamente desconocido y las preocupaciones familiares respecto al cuidado y futuro de sus hijos han incrementado.

El gobierno federal anunció que el regreso a clases en las escuelas de Campeche, un estado con baja incidencia en casos de coronavirus, se llevará a cabo durante abril. La reapertura voluntaria será también el inicio de una campaña en todo el país que se prevé avance a medida que la inmunización muestre resultados positivos y los contagios disminuyan. El gobierno ha dicho que tal reactivación se llevará a cabo con las condiciones necesarias, lo cual debería significar la provisión a estudiantes, docentes y personal, de mascarillas efectivas contra la transmisión del virus, disposición de espacios propicios para actividades que requieran el retiro de dichas mascarillas, utensilios de limpieza, disminución en la cantidad de estudiantes por grupo, etcétera.

Esto se presenta en el marco de un debate nacional que, imbricado en la tendencia global, ha sido sostenido, en esencia, entre aquellos que urgen la reapertura escolar con dos argumentos centrales: reactivar la economía y detener la pérdida de aprendizajes (por lo general, empresarios, voceros empresariales y expertos educativos vinculados a organizaciones privadas) y aquellos sectores magisteriales que, a partir de su experiencia en el trabajo escolar cotidiano, han afirmado que la reapertura deberá darse en cuanto hayan condiciones suficientes de seguridad, ya que, sumado a la alta incidencia de comorbilidades en el magisterio nacional, en los planteles no es fácil controlar las interacciones sociales.

Los grupos de interés que exigen reapertura inmediata han mantenido desde meses atrás una campaña mediática para presionar al gobierno federal, fundada en gran medida en el l ugar común de la pérdida de aprendizajes. Según Bourdieu y Wacquant, los lugares comunes son “tesis con las cuales se argumenta pero sobre las cuales no se argumenta […] presupuestos de la discusión que permanecen indiscutidos” y que deben la fuerza de su persuasión a ser producidos en círculos expertos y ser apoyados y transmitidos por instancias multilaterales y think tanks.

El supuesto dicta que el cierre de escuelas ha impactado de forma negativa en el aprendizaje de millones de estudiantes, lo cual afectaría sus ingresos futuros, lo cual perjudicaría, en especial, a los más pobres. Esta tesis, difundida por empresas como McKinsey, ha sido promovida también por el Banco Mundial, que en su documento Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños, afirma: Las perdidas de aprendizaje se pueden estimar en términos de escolaridad y de aprendizajes, tomando en cuenta tanto los aprendizajes que no se generan durante el cierre de los colegios como el aprendizaje previo que se pierde u olvida a medida que los alumnos se van desvinculando del sistema educativo. Así, los países podrían experimentar pérdidas significativas de capital humano y productividad. Como una medida para el retorno a clases, y para no parecer desconsiderado ante la salud de los trabajadores de la educación, el banco también afirma que los maestros [deben ser] priorizados en el proceso de vacunación para que regresen a la escuela lo antes posible.

El supuesto de pérdida de aprendizajes por el cierre escolar ha generado a nivel internacional un debate impor-tante que en México, al parecer, no existe, dado el poder consensual de los lugares comunes en el campo educativo.

En el contexto estadunidense, Alfie Kohn polemiza las certezas respecto a un deslizamiento académico en los estudiantes por estar fuera de la escuela. Considera que la investigación que alimenta el miedo a la pérdida de aprendizajes no es tan persuasiva como se presenta. Su punto de referencia son los estudios sobre la pérdida de aprendizaje en verano, de los cuales, más allá de las controversias metodológicas presentadas, ninguno muestra realmente una disminución del aprendizaje, sólo un descenso en los resultados de los exámenes estandarizados (en algunas asignaturas, en algunas situaciones, para algunos niños). De fondo, lo que persiste es confusión acerca de los resultados en pruebas con otros conceptos como aprendizaje, rendimiento, excelencia educativa o éxito académico. Más aún, considera que los discursos alarmistas sobre pérdida académica pueden resultar peligrosos, al crear presión sobre las familias.

Las aproximaciones económicas-neoclásicas al proceso educativo consideran al aprendizaje como aquellas habilidades instrumentales que pueden ser medibles, evaluando así la calidad de la eventual fuerza de trabajo disponible en una sociedad. Visión predominante que desde los 90, con el movimiento de las pruebas estandarizadas, ha resultado nociva para el desarrollo de un proyecto de educación democrática.

Claro que en el desarrollo personal y social de los estudiantes resultan importantes las afectaciones potenciales a conocimientos fácticos y procedimentales derivados del cierre escolar. Pero decir que niños y niñas y adolescentes no han aprendido en estos tiempos difíciles, es una mentira. Como apuntó Rachael Gabriel, los estudiantes han aprendido la importancia de la higiene personal, la importancia de la solidaridad, la naturaleza desigual de la sociedad moderna, algunos han aprendido a pasar más tiempo en contacto con la naturaleza, etcétera. ¿Acaso no es importante?

Ante la reapertura escolar, es primordial discutir qué aprendizaje resulta significativo, a partir de cuál circunstancia, porque de ello dependerá la forma en que se reabran escuelas y la educación que se construya post-pandemia.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/03/20/opinion/014a1pol

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