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IA y universidades: la nueva anatomía del fraude

Mauro Jarquín Ramírez

En 2015 fue lanzada al mercado Cluely, una aplicación de IA en forma de asistente invisible en tiempo real, que tenía como fin ayudar al usuario a atender entrevistas de trabajo o de acceso a la universidad –y con ello responder preguntas– sin tener que prepararse previamente. Es decir, tenía como objetivo, esencialmente, hacer trampa. La empresa publicó incluso un manifiesto fundacional en donde afirmaba que dicha tecnología serviría “para que nunca más tengas que pensar solo”, porque “¿por qué memorizar hechos, escribir código, investigar cualquier cosa, cuando un modelo puede hacerlo en segundos?”. El escrito terminaba con una invitación muy clara: “Así que empieza a hacer trampa. Porque cuando todo el mundo lo hace, nadie lo hace”.

Traer a colación dicho emprendimiento –financiado originalmente por millones de dólares de capital riesgo proveniente de sectores tecnoreaccionarios en Estados Unidos– nos permite mover el foco de análisis sobre los polémicos resultados en el examen de admisión de la UNAM, una vez que aparentemente la crisis se ha disuelto. En lugar de discutir dicho evento únicamente en clave de responsabilidad individual y/o generacional sobre el mal uso de dicha tecnología, o sobre la propensión a la trampa de las generaciones jóvenes, parece necesario discutir tal fenómeno en tanto un síntoma de una cultura organizacional, política, y educativa específica que acompaña el diseño, producción y circulación de tecnologías digitales privadas en distintos ámbitos de nuestra vida, incluida la educación.

Si miramos con cierta atención, podemos identificar la existencia de una nueva anatomía del fraude en el mundo universitario a nivel global, el cual va más allá de los intentos por hacer trampa en exámenes de admisión, y se sitúa como un correlato, a la sombra del supuesto progreso tecnológico de la denominada “automatización”. Dentro de otras cosas, esto puede verse en la externalización de las funciones cognitivas hacia modelos de lenguaje, como parte de un proceso de recomposición del espacio universitario a nivel global. Así, ha sido posible ver cómo se ha extendido geográficamente la tendencia a que estudiantes entreguen como propios ensayos o escritos generados por tales modelos, mientras docentes “delegan” en otros modelos de IA la revisión de dichos “trabajos”; o que, en revistas académicas, colaboradores “evalúen” con IA un volumen cada vez mayor de artículos que, muy probablemente, fueron también generados con la intervención de modelos de lenguaje.

Según algunas posiciones, la salida a esta situación consiste en el buen uso de la IA mediante, por ejemplo, realizar citas sobre el modelo utilizado (DeepSeek, Gemini, Claude). Así, paradójicamente, la salida ética al problema del fraude en la academia es la institucionalización del fraude mismo, considerando que dicha tecnología opera mediante la extensión de la expropiación sistemática del conocimiento colectivo de millones de personas que piensan y crean, y quienes no reciben retribución ni reconocimiento alguno por parte de las corporaciones tecnológicas que se benefician de su trabajo intelectual.

Pensando con más calma, parece ser que el señalado fraude en el examen de admisión de la UNAM es la respuesta a una pregunta fundamental: ¿Qué clase de cultura educativa estamos creando en un contexto de aceleración tecnológica del capital? Y digo estamos creando porque si bien las mercancías educativas digitales fundadas en la expropiación, el discurso tecnosolucionista y las estrategias de expansión corporativa se construyen en polos específicos de la sociedad, la amplificación de dicha narrativa es recursiva: “la sociedad” adopta y reproduce una narrativa tecnológica específica, la cual nos interpela como individuos, quienes, en aras de obtener supuestas ventajas, terminamos por reproducirla.

El problema del fraude académico y la aceleración tecnológica no es un asunto exclusivo de la UNAM, sino del sistema universitario en su conjunto. La construcción de una cultura tecnológica centrada en gran medida en la externalización de las funciones cognitivas y la renuncia a las facultades creativas humanas –con la retórica de “ganar tiempo”, “facilitar el trabajo” u “obtener mejores resultados”– pone en entredicho la función misma de la universidad.

Para hacer frente a este escenario, no es suficiente construir mecanismos “más seguros” de ingreso a la universidad o crear un ambiente de mayor vigilancia en las actividades cotidianas de las instituciones educativas. No se trata de llenar nuestras aulas de más tecnología, como software antifraude, que a menudo también arroja falsos positivos y coadyuva en la conformación de un ambiente educativo donde estudiantes sienten menos confianza en sus capacidades de comprensión y explicación del mundo.

Se trata, ante todo, de (re)construir una cultura del respeto y reivindicación de las facultades humanas, y de la defensa de la soberanía cognitiva de estudiantes y docentes. De crear entornos de producción de conocimiento donde el intercambio humano permita ir más allá de los supuestos, y las preguntas permitan confrontar socialmente el conocimiento.

De fomentar con mayor ahínco, desde las aulas, una cultura del conocimiento y aprendizaje que aprecie procesos sostenidos, en ocasiones lentos, de comprensión de temas específicos. Y de reconocer la importancia del proceso de creación de conocimiento –a menudo plagado de equivocaciones y también cierto nivel de frustración– como parte de la formación integral de cada estudiante.

En esencia, luchar contra la nueva anatomía del fraude educativo no requiere una perspectiva inmunitaria o policial, sino el rescate y florecimiento de las dimensiones de lo humano en la educación.

En solidaridad con el abogado Alejandro Martínez y la Normal Rural de Teteles, Puebla. 

*FFyL/UNAM

https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/09/08/opinion/ia-y-universidades-la-nueva-anatomia-del-fraude

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La guerra imperialista contra la educación

Por:   Mauro Jarquín Ramírez 

El reciente bombardeo a la escuela Shajareh Tayyebeh en la localidad de Minab, Irán, que provocó la muerte de alrededor de 170 personas, y el posterior ataque contra la Lebanese University, en Beirut, Líbano, no son necesariamente errores de inteligencia sobre la localización de los objetivos militares a abatir, o efectos colaterales de la guerra en Medio Oriente.

Estos ataques, que ya múltiples medios de comunicación han atribuido a Estados Unidos e Israel, son componentes de una guerra de largo aliento que el imperialismo estadunidense, en asociación con aliados en turno, ha impulsado desde finales del siglo XIX como parte de una estrategia de control en el continente americano y, posteriormente, a escala global: una guerra contra la educación, agudizada en años recientes a la luz de la actual disputa geopolítica con China.

Esta guerra ha consistido en disuadir, controlar o, en su defecto, anular, las expresiones educativas críticas al predominio y control estadunidense sobre amplias regiones del planeta, particularmente en el Sur Global, teniendo como fin influir en los procesos de reproducción social mediante la generación de un conjunto de actitudes favorables a la hegemonía estadunidense, junto con el desarrollo de aptitudes potencialmente rentables a empresas multinacionales y sus cadenas globales de valor. Además, se busca impedir que en los espacios educativos se desarrollen las semillas de la crítica al capitalismo, la reivindicación de las necesidades y derechos sociales, y, en última instancia, la exigencia y lucha por la soberanía de los pueblos.

En 1899, Puck Magazine publicó una caricatura donde aparece el Tío Sam impartiendo una clase a cuatro niños, etiquetados como Filipinas, Hawái, Puerto Rico y Cuba, ilustrando así tempranamente el vínculo lógico entre educación e imperialismo de nuestro tiempo. Una situación que se ha acentuado con el tiempo, mientras los gobiernos demócratas y republicanos han concentrado un gran esfuerzo en profundizar el proyecto hegemónico estadunidense a escala global.

A lo largo del pasado siglo y medio, es posible identificar cuatro ámbitos de intervención del imperialismo estadunidense en la educación internacional:

a) Control sobre sistemas educativos del mundo; b) ejercicio de poder blando en educación; c) agudización de la guerra interna en la educación estadunidense y d) violencia física abierta contra los sistemas educativos de naciones rivales o enemigas.

a) Para Estados Unidos, el control de la educación de otros países por medio de regulaciones, currículum o formación-control docente, ha tenido un papel complementario a la victoria militar. No podemos olvidar la denominada “desnazificación educativa” en Alemania o la “modernización” en Japón, como producto de las reformas impulsadas por el imperialismo estadunidense posteriormente a la Segunda Guerra Mundial (Ronald Goodenow). Las escuelas y sus contenidos curriculares han sido también elemento clave para promover la dominación colonial y neocolonial; un fenómeno que ha acontecido en territorios como Puerto Rico y Filipinas, e incluso India. Un planteamiento similar persiste en cuadros políticos israelíes, en los cuales la pretensión de reconstruir y tomar el control del sistema educativo en Gaza y en general en Palestina, sigue vigente.

b) Otra modalidad de intervención imperial en educación, mucho más suave, se ha desarrollado de la mano de organizaciones que han impulsado determinadas campañas educativas en los territorios subordinados (como el Instituto Lingüístico de Verano y su larga historia de activismo imperial en América Latina). No obstante, el mayor alcance ha llegado de la mano de la intervención de agencias de desarrollo internacional como la ahora desfinanciada Usaid, que mediante alianzas locales ha impulsado campañas de fomento educativo para el “desarrollo”. Esta estrategia ha sido aderezada, además, por la oferta de oportunidades educativas y de desarrollo profesional por medio de becas e intercambios académicos hacia Estados Unidos, con los cuales han logrado construir consensos políticos con sectores sociales estratégicos de la periferia mundial sobre su condición hegemónica.

c) En Estados Unidos, como en otros países donde operan las ramificaciones de CPAC, es posible ver una agudización de la guerra interna en educación en contra de cualquier contenido de justicia social o soberanía. El sentido de esta guerra queda fielmente representada con la regulación aprobada recientemente en New Hampshire, titulada: Ley contra el odio y el adoctrinamiento revolucionario de izquierda en la educación, que busca combatir contenidos vinculados al denominado “marxismo cultural”. Esta ley se suma a las disposiciones legales impulsadas en estados como Florida, contra contenidos progresistas.

d) El rostro más crudo de la guerra contra la educación son los ataques directos a los centros educativos de países y territorios como parte de campañas bélicas. El caso palestino es terriblemente paradigmático, a partir del educidio y la destrucción generalizada de centros educativos, como parte del genocidio en Gaza, provocado por Israel (https://acortar.link/wmLXs7)quien goza de respaldo estadunidense.

En abril de 1966, Theodor Adorno dio una conferencia titulada: “La educación después de Auschwitz”. En ella, planteaba sin ambages: La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación. Seis décadas después, en tiempos de genocidio, guerra y un nuevo ciclo imperial, dicha exigencia no se ha cumplido.

En gran medida, resultado de la permanente campaña de control sobre ella por parte de sectores reaccionarios e imperialistas. Para que la educación pueda alcanzar y mantener un papel progresista, se requiere no únicamente apoyarla con mayores recursos, sino también protegerla políticamente. Es necesario reconstruir un proyecto educativo antimperialista. En total solidaridad con las maestras y maestros de la CNTE.

Fuente: La Jornada

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Gaza: con escuelas en ruinas, jamás habrá paz

Por: Mauro Jarquín Ramírez*

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la educación ha sido entendida como factor importante para la construcción de paz en el discurso oficial de organismos multilaterales. Dicha función se muestra explícitamente en la carta fundacional de la Unesco en 1945: Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. El discurso institucional vigente a escala global ha mantenido dicha perspectiva hasta hoy, bajo la noción de cultura de paz y educación para la paz, impulsadas por la ONU.

Para la narrativa del multilateralismo liberal, la educación es un bien preciado que debe ser protegido, incluso en contextos de guerra. No obstante, la campaña militar de Israel en Palestina ha tomado el curso contrario, recordando así que ni Israel ni EU forman parte de los 185 países que han suscrito la Declaración sobre Escuelas Seguras, impulsada en Naciones Unidas por Argentina y Noruega en 2015, año en que la propia ONU acusó a Israel de atacar escuelas de Naciones Unidas que servían de refugio a personas desplazadas durante 2014.

En el reciente caso presentado contra Israel por conducta genocida en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el equipo jurídico de Sudáfrica ha valorado el ataque israelí a escuelas, comunidades educativas y personal docente en Gaza como una destrucción del acceso a la educación: casi 90 mil estudiantes universitarios no pueden asistir a sus clases, más de 60 por ciento de escuelas y casi todas las universidades, así como librerías y bibliotecas, han resultado dañadas o destruidas; profesores y académicos han sido asesinados, incluyendo decanos universitarios e investigadores reconocidos internacionalmente. La destrucción de la infraestructura educativa ha formado parte sustancial de los efectos de la campaña bélica.

Sin embargo, el acoso y la violencia contra la educación en Palestina no son novedad.

En marzo de 2022, la Coalición Mundial para Proteger la Educación de Ataques presentó un informe sobre el impacto de la violencia contra la educación en Palestina en el contexto de ocupación israelí. Señala que las formas más comunes de hostilidad contra la educación en los territorios palestinos son: uso de gases lacrimógenos, operaciones de registro y detención, redadas, puestos de control, violencia de los colonos que afecta a las escuelas, detención e intimidación de estudiantes y profesores. Además, autoridades israelíes denegaban por sistema las solicitudes palestinas de permisos de construcción. Particularmente en Gaza, el uso de armas explosivas lanzadas por fuerzas de seguridad israelíes constituyó la forma más común de ataque contra la educación, siendo la mayoría de los incidentes colaterales. Así, entre enero de 2019 y septiembre de 2021, al menos 305 escuelas y guarderías resultaron afectadas debido a armas explosivas. En ese periodo, 480 estudiantes y educadores resultaron dañados por lacrimógenos, granadas aturdidoras y otras armas.

La destrucción educativa subrayada por la delegación sudafricana resulta preocupante por las implicaciones a futuro de generaciones de palestinos. Esto es aún más complejo al considerar las reiteradas declaraciones de Ron Dermer, integrante del gabinete de guerra israelí, sobre la necesaria desradicalización de Palestina, emitidas en Fox News y en sus propias redes sociales. Ahí ha expresado un supuesto cambio radical que debe efectuarse en lo que jóvenes palestinos aprenden en las escuelas. Dermer escribió en X: no podemos permitir ninguna fuerza allí que vaya a educar a la próxima generación de palestinos para que odien a Israel, odien a los judíos y odien a EU.

Es muy problemático plantear la posibilidad de construir paz en la región mediante la destrucción de escuelas y centros de cultura, y el asesinato de estudiantes, docentes y familias. Resulta muy difícil pensar que una sociedad en armonía puede ser forjada a raíz de la cotidianidad de la infancia palestina, víctima de un sinnúmero de injusticias como currículo oculto que experimenta a diario por fuera de las escuelas.

Hace más de 10 años, el educador palestino Ziad Abbas afirmaba en entrevista que no podría haber paz en el mundo sin justicia en Palestina. El conflicto, decía, podía conducir a una tercera guerra mundial. Tras tres meses de la agudización de los ataques de Israel en Gaza –con más de 24 mil muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza–, la justicia y por ende la paz se observan lejanas.

Es necesario recordar que con escuelas en ruinas, con muerte y con opresión, jamás existirá paz. La defensa de la vida y la integridad física del pueblo palestino debe también acompañarse de una defensa de su memoria histórica y de su derecho a decidir sobre su educación, en escuelas libres donde estudiantes, docentes y familias encuentren un centro de aprendizaje, cooperación y creación de mejores futuros.

La solidaridad internacional en la exigencia de un alto a las hostilidades y el reconocimiento efectivo de los derechos del pueblo palestino es tan necesaria como siempre, aunque más evidente que nunca.

*Politólogo

Fuente de la información:  https://www.jornada.com.mx

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Consideraciones urgentes sobre inteligencia artificial y educación

Por: Mauro Jarquin 

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha sido sobresaliente en los últimos años. Su expansión ha alcanzado también al sector educativo, donde se ha visto una vorágine de innovación acompañada por campañas publicitarias en torno a las grandes ventajas de la adopción tecnológica. Así, se ha buscado construir una narrativa en la cual la IA es esencialmente una herramienta que puede asistir a docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de estrategias como la personalización y a la cual el profesorado puede delegar una amplia gama de responsabilidades, particularmente administrativas, que suelen requerir mucho tiempo para ser realizadas.

El anunciado desembarco de la IA privada en sistemas escolares del mundo ha generado gran interés en amplios sectores sociales y académicos, entre los cuales se ha expresado tanto confianza, respecto de las potenciales mejoras en la enseñanza y el aprendizaje, como escepticismo o franca preocupación, respecto de los efectos de la “aplicación” de dicha tecnología. Como efecto de ello se han organizado charlas y debates en los cuales se han discutido perspectivas sobre la IA y la educación.

Si bien dichos encuentros han resultado sumamente interesantes, hasta ahora la discusión ha versado principalmente en torno a las limitaciones estructurales y desigualdad en el acceso a tecnologías y a Internet, así como a preocupaciones de carácter instrumental, relativas a cómo incrementar nuestra productividad y aprovechar dicha tecnología. Se han discutido también ciertos riesgos asociados generalmente a su mal uso, plagio o sesgos contenidos en la IA generativa.

Comúnmente, la IA en educación se da por sentada, como si no tuviera historia o contexto. Además, se presenta como si fuera una herramienta lista para ser utilizada a placer por sus usuarios. No se le considera en tanto articulación técnica, condicionada históricamente y con la facultad de generar efectos en quienes la emplean. Una tecnología productiva no sólo de contenido académico útil y “accesible”, sino también de nuevas sociabilidades en el campo educativo.

Es importante considerar al menos tres problemáticas vinculadas al desarrollo histórico de la IA en educación:

Datificación digital alude al proceso mediante el cual la realidad educativa se transforma en grandes volúmenes de información que es procesada por máquinas (datos), lo cual permite a la IA realizar tareas como cálculos, proyecciones, diagnósticos, etcétera. Dado que la compleja realidad cotidiana debe ser estudiada por máquinas, la datificación conlleva también simplificación. Si bien la generación de datos educativos se puede efectuar de distintas formas –como las pruebas estandarizadas a gran escala, entre las cuales PISA es sobresaliente–, el uso de plataformas y software en educación incrementa sustancialmente la capacidad de obtener información. La recolección de dichos datos debe ser constante. Con ello, las escuelas funcionan como minas de datos y el ejercicio educativo se torna en práctica extractiva que puede beneficiar a las grandes empresas dueñas de las “herramientas” digitales.

El asunto del poder resulta crucial cuando hablamos de estructuras digitales, plataformas y formas de IA. Esto se da, cuando menos, en tres sentidos: a) todas esas expresiones constituyen sistemas sociotécnicos que reorganizan distintos procesos educativos, curriculares, de gestión y evaluación. Las estructuras digitales, y la propia IA, condicionan tanto la interacción digital de los usuarios, como los resultados de investigación; b) la tecnología, particularmente la IA generativa, conlleva implicaciones ideológicas que se expresan en forma de “sesgos” en los textos que producen. Distintos productos de IA generan resultados definidos políticamente, tal como han mostrado estudios sobre los posicionamientos de Google Bard y Chat GPT de Open AI sobre la guerra entre Rusia y Ucrania; c) por otro lado, la datificación educativa es un ejercicio de poder, dado que construye un campo de acción en el cual actores como burocracias y empresas pueden posteriormente intervenir desde fuera por medio de dispositivos de política con el objetivo de modular comportamientos y obtener beneficios.

Finalmente, la expansión del capitalismo digital constituye el contexto del impulso de la IA en el sector educativo. A ello responde también la abierta competencia entre Google y Microsoft respecto de la provisión de IA para educación. Lo anterior conlleva al menos dos implicaciones: a) creación de enclaves de rentabilidad privada en el ámbito de la educación pública, por la vía de comercialización de productos de IA, lo cual podría conducir a otro ciclo de privatización educativa; b) un uso de IA en educación enfocada prioritariamente en la formación de capital humano, ahora asociado a los requerimientos de la cuarta revolución industrial.

Ante el entusiasmo por la transformación digital de la educación resulta sugerente mantener una distancia crítica que permita a comunidades educativas, profesorado, estudiantes y familias conocer y discutir sus aristas y tensiones internas. Así, podremos tener mayor claridad en torno a la construcción/consolidación de proyectos educativos de actualidad que sean capaces de atender las necesidades educativas del siglo XXI sin ceder el control de la educación a actores ajenos.

Luchar por una educación crítica y democrática en el siglo XXI conlleva superar el fetichismo tecnológico. Así, antes de invitar sin discusión a docentes y escuelas a “modernizarse”, es importante considerar la compleja circunstancia histórica de la IA, así como las potenciales implicaciones (favorables o no) de su uso respecto a las actividades educativas cotidianas.

* Profesor FFL-UNAM

Twitter: @MaurroJarquin

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Descolonizar la educación: ¿proyecto o impostura?

Por: Mauro Jarquín Ramírez*

 

A principios de 2015, un estudiante de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica lanzó heces fecales sobre una estatua del imperialista británico Cecil Rodhes, considerada monumento al colonialismo. El hecho detonó el inicio del movimiento Rhodes Must Fall, que llegó a cuestionar contenidos y prácticas coloniales en la educación de ese país y más allá de sus fronteras. En cuestión de semanas, la protesta se extendió a otras instituciones del mundo, apuntalando una potente discusión sobre la descolonización de la educación superior en universidades como Oxford, Harvard y la Escuela de Economía de Londres, donde estudiantes preguntaron: ¿mi currículo es blanco? La trascendencia fue tal, que la propia Quacquarelli Symonds, compañía conocida por sus rankings internacionales, llegó a hablar en 2020 sobre la necesidad de discutir la descolonización de la educación. Así, un debate presente desde mediados del siglo pasado, relativo a la superación de estructuras de dominación colonial en la cultura y la educación, obtuvo nuevo aliento, ya no particularmente en África o América Latina, sino en el corazón de Occidente.

Aunque en México el debate sobre la descolonización educativa no es nuevo, la temática se ha convertido en elemento central de la narrativa educativa oficial a raíz de la difusión del Nuevo Marco Curricular. Nadie podría negar los síntomas de colonialidad presentes a lo largo de un sistema educativo donde el racismo y la discriminación institucional son parte de cotidianidad en gran cantidad de escuelas, públicas y privadas. La ausencia de justicia curricular, autonegación de culturas y lenguas por temor a la discriminación; violencia física; marginación, etcétera, forman parte de las trayectorias escolares –y de vida– de estudiantes principalmente indígenas, afromexicanos y de clase trabajadora. Lo anterior ha conducido a hechos indignantes, como cuando recientemente un estudiante otomí fue quemado por sus compañeros de una telesecundaria en Querétaro por ser indígena y “no hablar bien español”. Visto así, es necesario apuntalar un cambio en el funcionamiento del sistema educativo que permita superar una antiquísima matriz de dominación “racial”/étnica y conduzca a prácticas docentes, de organización escolar y de interacción comunitaria de carácter democrático, mediadas por un diálogo intercultural.

Lamentablemente, pese a tratarse de un tema complejo donde intervienen elementos estructurales y relativos a la experiencia individual de quienes habitan las escuelas, su abordaje público ha sido superficial. Los intercambios recientes se han circunscrito a una interpretación provocativa que, a la luz de una particular lectura de la propuesta curricular, afirma que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene como “ideología subyacente” o “fundamento epistémico” a las epistemologías del sur, una propuesta teórica que resulta polémica en el ámbito de las ciencias sociales. Lo anterior ha generado una reacción poco meditada de ciertos sectores de la academia liberal para quienes tal propuesta teórica (y, por tanto, el marco curricular) es “folclórica y ridícula”; “anticientífica, antimatemáticas, ideologizada, encumbra la superchería popular”; “una escuela del Amazonas enseñando el gran método para reducir cabezas” para “producir chairos en serie” o “embrollo doctrinario”.

Más allá del tono reaccionario e intransigente usado, afirmar que dicha propuesta es el “fundamento” de la NEM es una falacia. El proyecto educativo no es sólo currículo, sino también marco jurídico, modelos de carrera docente, formas de gestión escolar, políticas específicas, financiamiento, modos de vinculación Estado-magisterio, etcétera. Elementos que condicionan directamente el trabajo cotidiano en las aulas, intervienen en el desarrollo del currículo oculto y cuya genealogía conceptual apunta más a nociones gerenciales de la educación que a cualquier desarrollo teórico descolonial.

Lo importante aquí es que anclar el debate en tal falsa concepción no permite discutir con propiedad hasta dónde descolonizar la educación en la 4T se presenta como proyecto o hasta qué punto estamos frente a una impostura.

A la par de impulsar un cambio curricular, un proyecto de descolonización educativa buscaría llevar a cabo iniciativas gubernamentales orientadas a fortalecer la interculturalidad, la pluralidad epistémica y un diálogo respetuoso entre saberes y experiencias de vida en el ámbito educativo, que se han planteado tanto en México como en otras partes del mundo. Éstas podrían dar cobertura en áreas de política al cambio curricular en curso y permitir un mejor desarrollo de estudiantes indígenas y afromexicanos: a) incrementar acceso a educación superior; b) atender problemas de desnutrición; c) incorporar perspectivas interculturales en la carrera docente; d) fomentar intercambio académico internacional; e) fortalecer escuelas normales rurales, y f) consolidar formación continua en docentes.

Por el contrario, la impostura de la descolonización educativa sería mantener una beligerancia discursiva, mientras persiste una carencia de acciones para cambiar el funcionamiento del sistema. Esta mentira con apariencia de verdad podría resultar muy peligrosa porque, más allá del engaño inmediato, podría terminar por vaciar de contenido en la discusión pública una exigencia histórica de quienes más han sufrido y resistido la opresión política y la explotación capitalista.

Es tiempo de que, a propósito de Bonfil Batalla, dejemos de pensar la diversidad cultural del país en tanto pinceladas de un pasado glorioso que se vive como cosa muerta.

* Profesor FFL/UNAM

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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Nuevo Modelo Curricular y disputa hegemónica

Por: Mauro Jarquin

Al finalizar un encuentro con docentes en Chilapa, Guerrero, a propósito del Nuevo Marco Curricular, la maestra Shaika Moreno me comenta que, a su criterio, la propuesta en cuestión tiene como virtud principal encontrar la riqueza en las diferencias. Coincidimos en que ello podría apuntalar la superación de un modelo de política educativa y desarrollo curricular pensado centralizadamente. En estos términos, dicho marco podría considerarse de ruptura, aún con el condicionamiento que representa el entorno de continuidad neoliberal en la educación nacional.

Pese a haberse publicado en un contexto donde políticas educativas gerenciales y neocorporativismo en la relación Estado-magisterio operan en el sistema educativo, la propuesta curricular del gobierno federal incorpora elementos interesantes: a) diagnóstico social de la problemática educativa, que abandona la consolidada aproximación mediante resultados educativos individuales; b) reconocimiento del abanico de violencias que opera y condiciona el trabajo cotidiano en las escuelas y los resultados educativos; c) crítica abierta al imperativo pedagógico de formación de capital humano dominante en las políticas educativas de las últimas décadas, y d) incorporación –si bien ecléctica– de conceptos que aluden a distintos grupos sociales que antes no habían sido representados en el currículum nacional, además de ser concepciones del mundo por fuera de la normatividad estatal e incluso capitalista, como lo comúncomunidadsaberes y emancipación. Si bien persisten dudas respecto a la evaluación de aprendizajes, la enseñanza de las matemáticas, la restructuración de la organización docente y los retos didácticos que todo cambio curricular representa, la propuesta curricular de la 4T parece ir, en principio, mucho más a la izquierda que la propia reforma constitucional de 2019.

Aun con la “camisa de fuerza constitucional” vigente, la propuesta curricular busca “transformar” la educación nacional. Sin embargo, para lograrlo se requiere mucho más que la incorporación de contenidos novedosos al nivel del “conocimiento oficial”. Es necesario alentar un replanteamiento de la práctica docente y de la relación de la escuela con su entorno inmediato, así como cambiar las formas de poder que subyacen en el sistema educativo y las ideas dominantes en educación. En pocas palabras, se requiere un cambio hegemónico. Para Michael Apple, la hegemonía en educación conlleva un ensamblaje de significados, prácticas, valores y acciones vividas, las cuales, agregamos, son condicionadas por una dirección política y moral específica en el proceso educativo, que deriva de una correlación de fuerzas determinada. Aunque materializada en políticas y leyes, la hegemonía neoliberal en educación se ha agrietado tras largos años de lucha magisterial y organización popular. Y esto representa la oportunidad para consolidar una alternativa, de momento, en el ámbito curricular.

Pese a tratar discursivamente a la educación en tanto un “hecho neutral”, la hegemonía neoliberal implicó un constante asedio de intereses privados de distinta índole: unos buscaron hacer de las escuelas fábricas de aprendizaje instrumental listo para ser valorizado en los mercados de trabajo mundializados, y otros intentaron hacer de ellas la extensión de un modelo de familia conservador y patriarcal. Ambos tuvieron sus expresiones curriculares: desde las interpretaciones más economicistas de la noción de “competencias”, hasta el intento por controlar la educación sexual en las escuelas por medio del veto parental. Ahora bien, la creación de la fundación Patria Unida en el país es un claro síntoma del resurgimiento de redes y organizaciones de ultraderecha, aglutinadas en torno a una “batalla cultural” de carácter global contra planteamientos colectivistas y de reconocimiento de la diversidad “en todos los frentes”. En este contexto, la apuesta por un currículum progresista debe ser de interés común.

Más allá del entorno escolar, una transformación como la planteada requerirá de un doble juego del Estado: intervención y ampliación de márgenes de autonomía. Por intervención podemos entender un programa de acompañamiento al profesorado que, en tanto sujeto autónomo, le asista y apoye en el desarrollo de la nueva propuesta curricular. Al mismo tiempo, será necesario que el Estado dé un margen amplio al despliegue de la creatividad docente y la proyección de su experiencia en iniciativas autónomas y situadas. Debe reconocer la autonomía pedagógica de los pueblos originarios, así como la vigencia y relevancia de las propuestas de educación alternativa realizadas en el país.

¿El marco puede ser una trampa para desactivar lo que queda del movimiento autónomo magisterial? Tal vez. Pero cualquier intención no se da en automático. La propuesta curricular pasará, inevitablemente, por la “autonomía relativa” del espacio escolar, zona donde no opera directamente el Estado y las comunidades educativas pueden hacer suyo el conocimiento oficial en función de sus necesidades. Es en ese territorio de las colectividades y de los encuentros locales donde un proyecto curricular de ruptura se puede discutir, cuestionar y profundizar en sus aristas más progresistas, sin dejar de lado la organización autónoma y la lucha por derechos.

Es imperativo que el profesorado protagonice los debates y los procesos de toma de decisiones respecto a la propuesta curricular. No hacerlo sería equivalente a quedarse de brazos cruzados esperando que de un momento a otro llegue una transformación educativa efectiva. Y como ya hemos visto, eso no vendrá por decreto.

Fuente de la información:  https://www.educacionfutura.org

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La política de la reapertura escolar

Por: Mauro Jarquín Ramírez*

La reciente decisión oficial de reactivar las clases presenciales ha generado una gran polémica en nuestro país, algo lógico si consideramos sus potenciales implicaciones a nivel de salud pública, actividad económica, continuidad educativa y relación entre Estado-magisterio.

Para el gobierno federal resulta de particular interés el costo político que una medida de tal magnitud podría conllevar. Así, ha buscado construir un consenso político-discursivo con distintos actores respecto a la pertinencia de las actividades educativas presenciales. En esta dimensión pueden interpretarse el compromiso abierto –de corte corporativo– con la dirigencia nacional del SNTE; el acercamiento entre Delfina Gómez, titular de la SEP y el Episcopado Mexicano, que se había mostrado cuando menos escéptico respecto a la revisión de los libros de texto impulsada por la 4T y la recuperación de la exigencia principal del mediático movimiento Abre mi Escuela –conformado por padres de familia y apoyado por instituciones educativas privadas– sobre considerar a la educación como una actividad esencial; es decir, una que puede llevarse a cabo independientemente de las condiciones del semáforo epidemiológico. De esta forma, el gobierno puede plantear que el magisterio mexicano está dispuesto a regresar a clases con buen ánimo y que la reapertura escolar, exigida por las propias familias, es una decisión sensata aún considerando el tsunami de contagios de Covid reportados recientemente, en el cual la variante Delta ha resultado protagonista.

Para el propio gobierno federal, ha quedado claro que las condiciones estructurales de nuestra sociedad han llevado a que el programa Aprende en Casa sea insuficiente para garantizar la continuidad educativa. Además, tal como lo plantea la Unesco a escala global, el cierre prolongado de escuelas ha impactado negativamente en distintos ámbitos como el aprendizaje y la nutrición de los estudiantes, el trabajo docente y las funciones de cuidado en los hogares. También ha profundizado la deserción escolar, que en México ha alcanzado a más de 5 millones de personas, según el Inegi y a casi un millón, de acuerdo con datos de la SEP.

Es importante considerar que el debate que llevamos a cabo ahora ha sido realizado ya en otras partes del mundo. Para contribuir a una discusión informada, distintas agencias de salud han publicado información relativa a las actividades escolares y el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDPC, por sus siglas en inglés) ha indicado que la transmisión del virus en entornos escolares no es un determinante principal de transmisión comunitaria, particularmente cuando se implementan medidas de mitigación adecuadas, aunque resulta difícil evaluar esto cuando la transmisión comunitaria está en curso. Entre las medidas de mitigación se encuentran: distanciamiento físico, mejora de la ventilación, lavado regular de manos, reducción del tamaño de clases, escalar tiempos de llegada y tiempos de comida y descanso, así como cambios en la composición de clases y grupos, y la realización de clases al aire libre. Resulta importante, además, administrar vacunación completa al personal educativo. Medidas que requieren infraestructura, insumos, organización, coordinación entre el sector educativo y distintos niveles de gobierno, y una condición de transmisión comunitaria controlada.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que, según la evidencia disponible, las escuelas que han implementado estrictamente estrategias de prevención han sido capaces de mantenerse abiertas. Además de las propuestas hechas por el ECDPC se contempla el uso universal y correcto de cubrebocas, etiqueta respiratoria, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, seguimiento de contactos con aislamiento y cuarentena. Adicionalmente, se considera la realización de pruebas para identificar individuos positivos al nuevo coronavirus, así como la inoculación del personal educativo.

Ambas entidades coinciden en que la reapertura escolar puede resultar segura mediante determinadas condiciones, las cuales, en gran medida, están ausentes en nuestro sistema educativo. Para muestra, unos cuantos botones:

Durante el ciclo escolar 2019-2020 alrededor de 41 mil 423 escuelas no tuvieron agua potable y 47 mil 566 carecieron de servicio para el lavado de manos, según el Mejoredu; la ratio alumnos/profesor en México ha sido de las más altas de la OCDE, lo cual dificulta la sana distancia; persisten dudas respecto a la suficiencia de una sola dosis de la vacuna Cansino, recibida por los docentes, y al menos siete estados de la República se encuentran en semáforo rojo y muchos otros en naranja.

Se han publicado y difundido interesantes artículos sobre algunas medidas a considerar para un regreso seguro a las aulas. Sin embargo, su realización requiere un compromiso profundo entre los distintos órdenes de gobierno y las comunidades educativas para avanzar en cuestión de presupuesto, logística y cobertura, algo que rebasa, por mucho, los 10 lineamientos de reapertura y la carta de corresponsabilidad de las familias emitidos por la SEP.

El gobierno ha optado por operar un retorno a las escuelas desde arriba, aunque hay otras opciones. Docentes de la CNTE, por ejemplo, han propuesto consultar a las familias respecto a la reapertura, partiendo del supuesto de que cada comunidad escolar puede decidir de forma autónoma –considerando las condiciones de las escuelas y el estado de la transmisión comunitaria– el momento idóneo para el regreso a actividades presenciales.

Esto no significa desvincular a las comunidades educativas de los distintos niveles de gobierno, sino es un intento por crear una sinergia que permita conocer necesidades, asignar recursos y crear corresponsabilidad real ante lo que sucede en las aulas.

Esa es la política que necesitamos.

* Politólogo. Autor del libro La pedagogía del capital

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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