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Descolonizar la educación: ¿proyecto o impostura?

Por: Mauro Jarquín Ramírez*

 

A principios de 2015, un estudiante de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica lanzó heces fecales sobre una estatua del imperialista británico Cecil Rodhes, considerada monumento al colonialismo. El hecho detonó el inicio del movimiento Rhodes Must Fall, que llegó a cuestionar contenidos y prácticas coloniales en la educación de ese país y más allá de sus fronteras. En cuestión de semanas, la protesta se extendió a otras instituciones del mundo, apuntalando una potente discusión sobre la descolonización de la educación superior en universidades como Oxford, Harvard y la Escuela de Economía de Londres, donde estudiantes preguntaron: ¿mi currículo es blanco? La trascendencia fue tal, que la propia Quacquarelli Symonds, compañía conocida por sus rankings internacionales, llegó a hablar en 2020 sobre la necesidad de discutir la descolonización de la educación. Así, un debate presente desde mediados del siglo pasado, relativo a la superación de estructuras de dominación colonial en la cultura y la educación, obtuvo nuevo aliento, ya no particularmente en África o América Latina, sino en el corazón de Occidente.

Aunque en México el debate sobre la descolonización educativa no es nuevo, la temática se ha convertido en elemento central de la narrativa educativa oficial a raíz de la difusión del Nuevo Marco Curricular. Nadie podría negar los síntomas de colonialidad presentes a lo largo de un sistema educativo donde el racismo y la discriminación institucional son parte de cotidianidad en gran cantidad de escuelas, públicas y privadas. La ausencia de justicia curricular, autonegación de culturas y lenguas por temor a la discriminación; violencia física; marginación, etcétera, forman parte de las trayectorias escolares –y de vida– de estudiantes principalmente indígenas, afromexicanos y de clase trabajadora. Lo anterior ha conducido a hechos indignantes, como cuando recientemente un estudiante otomí fue quemado por sus compañeros de una telesecundaria en Querétaro por ser indígena y “no hablar bien español”. Visto así, es necesario apuntalar un cambio en el funcionamiento del sistema educativo que permita superar una antiquísima matriz de dominación “racial”/étnica y conduzca a prácticas docentes, de organización escolar y de interacción comunitaria de carácter democrático, mediadas por un diálogo intercultural.

Lamentablemente, pese a tratarse de un tema complejo donde intervienen elementos estructurales y relativos a la experiencia individual de quienes habitan las escuelas, su abordaje público ha sido superficial. Los intercambios recientes se han circunscrito a una interpretación provocativa que, a la luz de una particular lectura de la propuesta curricular, afirma que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene como “ideología subyacente” o “fundamento epistémico” a las epistemologías del sur, una propuesta teórica que resulta polémica en el ámbito de las ciencias sociales. Lo anterior ha generado una reacción poco meditada de ciertos sectores de la academia liberal para quienes tal propuesta teórica (y, por tanto, el marco curricular) es “folclórica y ridícula”; “anticientífica, antimatemáticas, ideologizada, encumbra la superchería popular”; “una escuela del Amazonas enseñando el gran método para reducir cabezas” para “producir chairos en serie” o “embrollo doctrinario”.

Más allá del tono reaccionario e intransigente usado, afirmar que dicha propuesta es el “fundamento” de la NEM es una falacia. El proyecto educativo no es sólo currículo, sino también marco jurídico, modelos de carrera docente, formas de gestión escolar, políticas específicas, financiamiento, modos de vinculación Estado-magisterio, etcétera. Elementos que condicionan directamente el trabajo cotidiano en las aulas, intervienen en el desarrollo del currículo oculto y cuya genealogía conceptual apunta más a nociones gerenciales de la educación que a cualquier desarrollo teórico descolonial.

Lo importante aquí es que anclar el debate en tal falsa concepción no permite discutir con propiedad hasta dónde descolonizar la educación en la 4T se presenta como proyecto o hasta qué punto estamos frente a una impostura.

A la par de impulsar un cambio curricular, un proyecto de descolonización educativa buscaría llevar a cabo iniciativas gubernamentales orientadas a fortalecer la interculturalidad, la pluralidad epistémica y un diálogo respetuoso entre saberes y experiencias de vida en el ámbito educativo, que se han planteado tanto en México como en otras partes del mundo. Éstas podrían dar cobertura en áreas de política al cambio curricular en curso y permitir un mejor desarrollo de estudiantes indígenas y afromexicanos: a) incrementar acceso a educación superior; b) atender problemas de desnutrición; c) incorporar perspectivas interculturales en la carrera docente; d) fomentar intercambio académico internacional; e) fortalecer escuelas normales rurales, y f) consolidar formación continua en docentes.

Por el contrario, la impostura de la descolonización educativa sería mantener una beligerancia discursiva, mientras persiste una carencia de acciones para cambiar el funcionamiento del sistema. Esta mentira con apariencia de verdad podría resultar muy peligrosa porque, más allá del engaño inmediato, podría terminar por vaciar de contenido en la discusión pública una exigencia histórica de quienes más han sufrido y resistido la opresión política y la explotación capitalista.

Es tiempo de que, a propósito de Bonfil Batalla, dejemos de pensar la diversidad cultural del país en tanto pinceladas de un pasado glorioso que se vive como cosa muerta.

* Profesor FFL/UNAM

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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Nuevo Modelo Curricular y disputa hegemónica

Por: Mauro Jarquin

Al finalizar un encuentro con docentes en Chilapa, Guerrero, a propósito del Nuevo Marco Curricular, la maestra Shaika Moreno me comenta que, a su criterio, la propuesta en cuestión tiene como virtud principal encontrar la riqueza en las diferencias. Coincidimos en que ello podría apuntalar la superación de un modelo de política educativa y desarrollo curricular pensado centralizadamente. En estos términos, dicho marco podría considerarse de ruptura, aún con el condicionamiento que representa el entorno de continuidad neoliberal en la educación nacional.

Pese a haberse publicado en un contexto donde políticas educativas gerenciales y neocorporativismo en la relación Estado-magisterio operan en el sistema educativo, la propuesta curricular del gobierno federal incorpora elementos interesantes: a) diagnóstico social de la problemática educativa, que abandona la consolidada aproximación mediante resultados educativos individuales; b) reconocimiento del abanico de violencias que opera y condiciona el trabajo cotidiano en las escuelas y los resultados educativos; c) crítica abierta al imperativo pedagógico de formación de capital humano dominante en las políticas educativas de las últimas décadas, y d) incorporación –si bien ecléctica– de conceptos que aluden a distintos grupos sociales que antes no habían sido representados en el currículum nacional, además de ser concepciones del mundo por fuera de la normatividad estatal e incluso capitalista, como lo comúncomunidadsaberes y emancipación. Si bien persisten dudas respecto a la evaluación de aprendizajes, la enseñanza de las matemáticas, la restructuración de la organización docente y los retos didácticos que todo cambio curricular representa, la propuesta curricular de la 4T parece ir, en principio, mucho más a la izquierda que la propia reforma constitucional de 2019.

Aun con la “camisa de fuerza constitucional” vigente, la propuesta curricular busca “transformar” la educación nacional. Sin embargo, para lograrlo se requiere mucho más que la incorporación de contenidos novedosos al nivel del “conocimiento oficial”. Es necesario alentar un replanteamiento de la práctica docente y de la relación de la escuela con su entorno inmediato, así como cambiar las formas de poder que subyacen en el sistema educativo y las ideas dominantes en educación. En pocas palabras, se requiere un cambio hegemónico. Para Michael Apple, la hegemonía en educación conlleva un ensamblaje de significados, prácticas, valores y acciones vividas, las cuales, agregamos, son condicionadas por una dirección política y moral específica en el proceso educativo, que deriva de una correlación de fuerzas determinada. Aunque materializada en políticas y leyes, la hegemonía neoliberal en educación se ha agrietado tras largos años de lucha magisterial y organización popular. Y esto representa la oportunidad para consolidar una alternativa, de momento, en el ámbito curricular.

Pese a tratar discursivamente a la educación en tanto un “hecho neutral”, la hegemonía neoliberal implicó un constante asedio de intereses privados de distinta índole: unos buscaron hacer de las escuelas fábricas de aprendizaje instrumental listo para ser valorizado en los mercados de trabajo mundializados, y otros intentaron hacer de ellas la extensión de un modelo de familia conservador y patriarcal. Ambos tuvieron sus expresiones curriculares: desde las interpretaciones más economicistas de la noción de “competencias”, hasta el intento por controlar la educación sexual en las escuelas por medio del veto parental. Ahora bien, la creación de la fundación Patria Unida en el país es un claro síntoma del resurgimiento de redes y organizaciones de ultraderecha, aglutinadas en torno a una “batalla cultural” de carácter global contra planteamientos colectivistas y de reconocimiento de la diversidad “en todos los frentes”. En este contexto, la apuesta por un currículum progresista debe ser de interés común.

Más allá del entorno escolar, una transformación como la planteada requerirá de un doble juego del Estado: intervención y ampliación de márgenes de autonomía. Por intervención podemos entender un programa de acompañamiento al profesorado que, en tanto sujeto autónomo, le asista y apoye en el desarrollo de la nueva propuesta curricular. Al mismo tiempo, será necesario que el Estado dé un margen amplio al despliegue de la creatividad docente y la proyección de su experiencia en iniciativas autónomas y situadas. Debe reconocer la autonomía pedagógica de los pueblos originarios, así como la vigencia y relevancia de las propuestas de educación alternativa realizadas en el país.

¿El marco puede ser una trampa para desactivar lo que queda del movimiento autónomo magisterial? Tal vez. Pero cualquier intención no se da en automático. La propuesta curricular pasará, inevitablemente, por la “autonomía relativa” del espacio escolar, zona donde no opera directamente el Estado y las comunidades educativas pueden hacer suyo el conocimiento oficial en función de sus necesidades. Es en ese territorio de las colectividades y de los encuentros locales donde un proyecto curricular de ruptura se puede discutir, cuestionar y profundizar en sus aristas más progresistas, sin dejar de lado la organización autónoma y la lucha por derechos.

Es imperativo que el profesorado protagonice los debates y los procesos de toma de decisiones respecto a la propuesta curricular. No hacerlo sería equivalente a quedarse de brazos cruzados esperando que de un momento a otro llegue una transformación educativa efectiva. Y como ya hemos visto, eso no vendrá por decreto.

Fuente de la información:  https://www.educacionfutura.org

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La política de la reapertura escolar

Por: Mauro Jarquín Ramírez*

La reciente decisión oficial de reactivar las clases presenciales ha generado una gran polémica en nuestro país, algo lógico si consideramos sus potenciales implicaciones a nivel de salud pública, actividad económica, continuidad educativa y relación entre Estado-magisterio.

Para el gobierno federal resulta de particular interés el costo político que una medida de tal magnitud podría conllevar. Así, ha buscado construir un consenso político-discursivo con distintos actores respecto a la pertinencia de las actividades educativas presenciales. En esta dimensión pueden interpretarse el compromiso abierto –de corte corporativo– con la dirigencia nacional del SNTE; el acercamiento entre Delfina Gómez, titular de la SEP y el Episcopado Mexicano, que se había mostrado cuando menos escéptico respecto a la revisión de los libros de texto impulsada por la 4T y la recuperación de la exigencia principal del mediático movimiento Abre mi Escuela –conformado por padres de familia y apoyado por instituciones educativas privadas– sobre considerar a la educación como una actividad esencial; es decir, una que puede llevarse a cabo independientemente de las condiciones del semáforo epidemiológico. De esta forma, el gobierno puede plantear que el magisterio mexicano está dispuesto a regresar a clases con buen ánimo y que la reapertura escolar, exigida por las propias familias, es una decisión sensata aún considerando el tsunami de contagios de Covid reportados recientemente, en el cual la variante Delta ha resultado protagonista.

Para el propio gobierno federal, ha quedado claro que las condiciones estructurales de nuestra sociedad han llevado a que el programa Aprende en Casa sea insuficiente para garantizar la continuidad educativa. Además, tal como lo plantea la Unesco a escala global, el cierre prolongado de escuelas ha impactado negativamente en distintos ámbitos como el aprendizaje y la nutrición de los estudiantes, el trabajo docente y las funciones de cuidado en los hogares. También ha profundizado la deserción escolar, que en México ha alcanzado a más de 5 millones de personas, según el Inegi y a casi un millón, de acuerdo con datos de la SEP.

Es importante considerar que el debate que llevamos a cabo ahora ha sido realizado ya en otras partes del mundo. Para contribuir a una discusión informada, distintas agencias de salud han publicado información relativa a las actividades escolares y el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDPC, por sus siglas en inglés) ha indicado que la transmisión del virus en entornos escolares no es un determinante principal de transmisión comunitaria, particularmente cuando se implementan medidas de mitigación adecuadas, aunque resulta difícil evaluar esto cuando la transmisión comunitaria está en curso. Entre las medidas de mitigación se encuentran: distanciamiento físico, mejora de la ventilación, lavado regular de manos, reducción del tamaño de clases, escalar tiempos de llegada y tiempos de comida y descanso, así como cambios en la composición de clases y grupos, y la realización de clases al aire libre. Resulta importante, además, administrar vacunación completa al personal educativo. Medidas que requieren infraestructura, insumos, organización, coordinación entre el sector educativo y distintos niveles de gobierno, y una condición de transmisión comunitaria controlada.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que, según la evidencia disponible, las escuelas que han implementado estrictamente estrategias de prevención han sido capaces de mantenerse abiertas. Además de las propuestas hechas por el ECDPC se contempla el uso universal y correcto de cubrebocas, etiqueta respiratoria, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, seguimiento de contactos con aislamiento y cuarentena. Adicionalmente, se considera la realización de pruebas para identificar individuos positivos al nuevo coronavirus, así como la inoculación del personal educativo.

Ambas entidades coinciden en que la reapertura escolar puede resultar segura mediante determinadas condiciones, las cuales, en gran medida, están ausentes en nuestro sistema educativo. Para muestra, unos cuantos botones:

Durante el ciclo escolar 2019-2020 alrededor de 41 mil 423 escuelas no tuvieron agua potable y 47 mil 566 carecieron de servicio para el lavado de manos, según el Mejoredu; la ratio alumnos/profesor en México ha sido de las más altas de la OCDE, lo cual dificulta la sana distancia; persisten dudas respecto a la suficiencia de una sola dosis de la vacuna Cansino, recibida por los docentes, y al menos siete estados de la República se encuentran en semáforo rojo y muchos otros en naranja.

Se han publicado y difundido interesantes artículos sobre algunas medidas a considerar para un regreso seguro a las aulas. Sin embargo, su realización requiere un compromiso profundo entre los distintos órdenes de gobierno y las comunidades educativas para avanzar en cuestión de presupuesto, logística y cobertura, algo que rebasa, por mucho, los 10 lineamientos de reapertura y la carta de corresponsabilidad de las familias emitidos por la SEP.

El gobierno ha optado por operar un retorno a las escuelas desde arriba, aunque hay otras opciones. Docentes de la CNTE, por ejemplo, han propuesto consultar a las familias respecto a la reapertura, partiendo del supuesto de que cada comunidad escolar puede decidir de forma autónoma –considerando las condiciones de las escuelas y el estado de la transmisión comunitaria– el momento idóneo para el regreso a actividades presenciales.

Esto no significa desvincular a las comunidades educativas de los distintos niveles de gobierno, sino es un intento por crear una sinergia que permita conocer necesidades, asignar recursos y crear corresponsabilidad real ante lo que sucede en las aulas.

Esa es la política que necesitamos.

* Politólogo. Autor del libro La pedagogía del capital

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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Sociedad Civil SA de CV

Por: Mauro Jarquín Ramírez

Según Gramsci, los empresarios se caracterizan por cierta capacidad dirigente y técnica en su práctica que no se limita a su esfera inmediata de actividad, sino que se expresa también en otros espacios ligados a la actividad económica. Además, apunta que al interior de la clase empresarial, hay una élite específica que debe tener capacidad para gestionar la organización de la sociedad en general, con miras a crear las condiciones favorables para la expansión de su clase. Reflexiones importantes para problematizar la actualidad del empresariado nacional.

De forma posterior a la disputa entre gobierno y capital en la década de los años 80, líderes empresariales impulsaron iniciativas de vertebración social, con las cuales se buscaba conformar un empresariado con facultades de organizador de masas, mismo que pudiera constituirse como una fuerza social con suficiente peso en los debates político-electorales de coyuntura, así como un contrapeso a gobiernos caracterizados como populistas o que resultaran peligrosos para la permanencia de una estructura social favorable a la reproducción ampliada de su capital.

En dicho rubro, los hombres de negocios encontraron en el foxismo un momento clave gracias a la construcción de canales institucionales para la participación ciudadana en procesos de políticas impulsadas por su gobierno. Entendieron bien que estaban frente a un gobierno que era de empresarios para empresarios y buscaron resignificar –con éxito– la participación ciudadana en una representación social dirigida por organizaciones por ellos creadas, tal como pudo verse en la conformación del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, donde las organizaciones sociales eran esencialmente representantes o personeros empresariales. Esta tendencia de apropiación de la noción de sociedad civil por parte de los empresarios se consolidó como un ámbito en el cual su actividad impactaba también en el espacio de lo político.

Con el paso de los años, dentro del gran empresariado nacional se ha consolidado una élite directiva que ha buscado apuntalar un proyecto global de sociedad en la búsqueda de la conservación de privilegios y maximización de beneficios; el protagonista de este conjunto actualmente es Claudio X González Guajardo.

González es un prominente representante de un empresariado joven y cosmopolita, ex burócrata federal y fundador de organizaciones como Mexicanos Primero y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El empresario es, además, pieza fundamental en la coalición político-electoral Va por México, conformada por los partidos del Pacto por México, cuyo principal objetivo es hacer frente al gobierno de López Obrador. Dada su centralidad y aparición constante en mítines y reuniones de los partidos de oposición, así como a la notoria ausencia de perfiles políticos sobresalientes en dichos partidos, González resulta un potencial outsider electoral en 2024, cuya mayor virtud sería presentarse como un candidato ciudadano preocupado por la recuperación de la democracia y las libertades, muy a tono con el discurso de la nueva derecha latinoamericana.

Su rechazo a la construcción de una política de integración regional hacia el sur contrasta con el gran interés en profundizar la integración política, económica y cultural de México a la órbita estadunidense, cuyo ambiente conoce bien al formar parte de think tanks orientados a la política hemisférica dirigidos por actores vinculados a la National Endowment for Democracy, organización que ha mostrado recelo hacia gobiernos de izquierda en la región.

González ha impulsado un proyecto de restructuración cultural cuya punta de lanza es el vaciamiento de la noción compleja y amplia de sociedad civil, con el fin de instaurarla en tanto bandera política de unas cuantas expresiones asociativas creadas, financiadas, dirigidas e inspiradas en el empresariado, en sus valores y proyectos. Es un paso adelante del uso empresarial de la noción sociedad civil, dirigido ahora a construir un monopolio en torno a su representación.

Producto de este movimiento es el desarrollo de la Sociedad Civil SA de CV, un proyecto de matriz neoconservadora que parte de la convicción de que la sociedad civil es esencialmente el capital, y que para preservarla, es necesario ocupar los espacios institucionales destinados a la representación de la ciudadanía, generar contrapesos políticos y legales a proyectos gubernamentales que representen una amenaza a ciertos intereses privados y buscar la movilización de la sociedad a partir de una narrativa de defensa de los derechos de propiedad, la libertad individual y las instituciones liberales. Elementos que en sus efectos, poco tienen que ver con la histórica lucha por la democracia frente a regímenes autoritarios o militaristas y que apuntan hacia la preservación de una democracia de privilegios.

La Sociedad Civil SA de CV se ha puesto al frente del debate electoral, llamando a votar por los partidos de oposición porque ellos son quienes representan la democracia. Además, mediante una política de alianzas focalizada, los empresarios que apuntalan el proyecto han logrado hacer llegar su discurso a otros grupos, como algunos segmentos de clase media urbana y sectores académicos liberales, quienes perciben en el lopezobradorismo una amenaza a su patrimonio y una afrenta a la ingeniería institucional que habilitó una democracia que, logrando convencer a las élites, resultó a todas luces insuficiente para el grueso de la población.

La sociedad civil es mucho más grande que el proyecto empresarial. Es necesario considerarlo si queremos impulsar realmente la democracia.

Politólogo. Autor del libro La pedagogía del capital. Empresarios, nueva derecha y reforma educativa en México

Fuente: La Jornada

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Reapertura escolar y aprendizajes: debate necesario

Por: Mauro Jarquín

Tras un año de educación a distancia, las prácticas de socialización y avance escolar de millones de estudiantes de nivel básico se han visto afectadas, el magisterio nacional ha experimentado un ritmo y forma de trabajo previamente desconocido y las preocupaciones familiares respecto al cuidado y futuro de sus hijos han incrementado.

El gobierno federal anunció que el regreso a clases en las escuelas de Campeche, un estado con baja incidencia en casos de coronavirus, se llevará a cabo durante abril. La reapertura voluntaria será también el inicio de una campaña en todo el país que se prevé avance a medida que la inmunización muestre resultados positivos y los contagios disminuyan. El gobierno ha dicho que tal reactivación se llevará a cabo con las condiciones necesarias, lo cual debería significar la provisión a estudiantes, docentes y personal, de mascarillas efectivas contra la transmisión del virus, disposición de espacios propicios para actividades que requieran el retiro de dichas mascarillas, utensilios de limpieza, disminución en la cantidad de estudiantes por grupo, etcétera.

Esto se presenta en el marco de un debate nacional que, imbricado en la tendencia global, ha sido sostenido, en esencia, entre aquellos que urgen la reapertura escolar con dos argumentos centrales: reactivar la economía y detener la pérdida de aprendizajes (por lo general, empresarios, voceros empresariales y expertos educativos vinculados a organizaciones privadas) y aquellos sectores magisteriales que, a partir de su experiencia en el trabajo escolar cotidiano, han afirmado que la reapertura deberá darse en cuanto hayan condiciones suficientes de seguridad, ya que, sumado a la alta incidencia de comorbilidades en el magisterio nacional, en los planteles no es fácil controlar las interacciones sociales.

Los grupos de interés que exigen reapertura inmediata han mantenido desde meses atrás una campaña mediática para presionar al gobierno federal, fundada en gran medida en el l ugar común de la pérdida de aprendizajes. Según Bourdieu y Wacquant, los lugares comunes son “tesis con las cuales se argumenta pero sobre las cuales no se argumenta […] presupuestos de la discusión que permanecen indiscutidos” y que deben la fuerza de su persuasión a ser producidos en círculos expertos y ser apoyados y transmitidos por instancias multilaterales y think tanks.

El supuesto dicta que el cierre de escuelas ha impactado de forma negativa en el aprendizaje de millones de estudiantes, lo cual afectaría sus ingresos futuros, lo cual perjudicaría, en especial, a los más pobres. Esta tesis, difundida por empresas como McKinsey, ha sido promovida también por el Banco Mundial, que en su documento Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños, afirma: Las perdidas de aprendizaje se pueden estimar en términos de escolaridad y de aprendizajes, tomando en cuenta tanto los aprendizajes que no se generan durante el cierre de los colegios como el aprendizaje previo que se pierde u olvida a medida que los alumnos se van desvinculando del sistema educativo. Así, los países podrían experimentar pérdidas significativas de capital humano y productividad. Como una medida para el retorno a clases, y para no parecer desconsiderado ante la salud de los trabajadores de la educación, el banco también afirma que los maestros [deben ser] priorizados en el proceso de vacunación para que regresen a la escuela lo antes posible.

El supuesto de pérdida de aprendizajes por el cierre escolar ha generado a nivel internacional un debate impor-tante que en México, al parecer, no existe, dado el poder consensual de los lugares comunes en el campo educativo.

En el contexto estadunidense, Alfie Kohn polemiza las certezas respecto a un deslizamiento académico en los estudiantes por estar fuera de la escuela. Considera que la investigación que alimenta el miedo a la pérdida de aprendizajes no es tan persuasiva como se presenta. Su punto de referencia son los estudios sobre la pérdida de aprendizaje en verano, de los cuales, más allá de las controversias metodológicas presentadas, ninguno muestra realmente una disminución del aprendizaje, sólo un descenso en los resultados de los exámenes estandarizados (en algunas asignaturas, en algunas situaciones, para algunos niños). De fondo, lo que persiste es confusión acerca de los resultados en pruebas con otros conceptos como aprendizaje, rendimiento, excelencia educativa o éxito académico. Más aún, considera que los discursos alarmistas sobre pérdida académica pueden resultar peligrosos, al crear presión sobre las familias.

Las aproximaciones económicas-neoclásicas al proceso educativo consideran al aprendizaje como aquellas habilidades instrumentales que pueden ser medibles, evaluando así la calidad de la eventual fuerza de trabajo disponible en una sociedad. Visión predominante que desde los 90, con el movimiento de las pruebas estandarizadas, ha resultado nociva para el desarrollo de un proyecto de educación democrática.

Claro que en el desarrollo personal y social de los estudiantes resultan importantes las afectaciones potenciales a conocimientos fácticos y procedimentales derivados del cierre escolar. Pero decir que niños y niñas y adolescentes no han aprendido en estos tiempos difíciles, es una mentira. Como apuntó Rachael Gabriel, los estudiantes han aprendido la importancia de la higiene personal, la importancia de la solidaridad, la naturaleza desigual de la sociedad moderna, algunos han aprendido a pasar más tiempo en contacto con la naturaleza, etcétera. ¿Acaso no es importante?

Ante la reapertura escolar, es primordial discutir qué aprendizaje resulta significativo, a partir de cuál circunstancia, porque de ello dependerá la forma en que se reabran escuelas y la educación que se construya post-pandemia.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/03/20/opinion/014a1pol

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Empresarios: puerta giratoria y educación

Por: Mauro Jarquin

Afines del siglo pasado se generó una polémica global sobre el papel que el sistema educativo debía tener respecto al crecimiento económico de las sociedades. Dicho debate había sido ya desarrollado a partir de las formulaciones de los teóricos neoclásicos del capital humano durante los sesenta, pero el proceso de globalización productiva brindó un nuevo brío a las preocupaciones sobre educación y desarrollo debido a que los sistemas educativos devenían enclaves fundamentales en la formación de capital humano, factor de primera importancia en la competencia económica internacional.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari mostró un interés especial al respecto, ya que, junto al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (ahora Consejo Mexicano de Negocios), compartía el interés por modernizar al país para favorecer su integración al mercado mundial, lo cual sería potenciado con la firma del TLCAN. Para gobierno y cúpulas empresariales, uno de los rubros de dicha modernización debía ser el educativo, dada la importancia del capital humano para la atracción de inversión extranjera directa. Al respecto se pronunciaba el entonces presidente: “Es necesario enfatizar que educación de calidad significa más competitividad; pero, sobre todo, mejor educación quiere decir mejor distribución del ingreso…”. La educación encaminada a la modernización económica y social, es decir, hacia la reproducción del orden neoliberal, era la prioridad en el gobierno salinista.

Dado el interés empresarial en la educación, y considerando un supuesto expertise para generar grandes rendimientos de cualquier inversión (y dado que para el gobierno la educación representaba ya una inversión y no un gasto, retomando los principios de la teoría del capital humano), el gobierno salinista le invitó a formar parte activa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).

Jorge Ocejo Moreno, en aquel momento presidente de la Comisión de Educación del Sector Empresarial fue invitado al Foro de Consulta para la Modernización Educativa y a la presentación del Programa para la Modernización Educativa, realizado en Monterrey en 1989; además, los empresarios fueron incluidos formalmente al Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte). En ese momento se inauguró un largo ciclo de aguda intervención empresarial en la educación pública, tanto a nivel orgánico como programático mediante distintos mecanismos, entre los cuales el uso de la puerta giratoria ha resultado fundamental para la preservación de su influencia burocrática y programática en la SEP.

Castellani explica que puerta giratoria –expresión que tiene origen en la legislación estadunidense– alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales (https://nuso.org/articulo/lobbies- y-puertas-giratorias/). La autora expone que dicho ejercicio puede realizarse de distintas formas: altos directivos del sector privado que acceden a puestos relevantes en el sector público; funcionarios que al dejar su cargo son contratados en el sector privado para ocupar puestos directivos o individuos que van ocupando altos cargos en el sector privado y el sector público alternativamente; modalidades que pueden conllevar a importantes conflictos de interés, ya sean explícitos, aparentes o potenciales.

El uso de la puerta giratoria ha sido un mecanismo de intervención importante para sectores dominantes en el campo educativo internacional. Mediante la ocupación de espacios relevantes en el sector público, grupos de interés han situado la agenda de asociaciones y ONG organizadas y financiadas por empresarios, quienes han actuado como correa de transmisión de intereses privados hacia instancias de deliberación política, presentando un supuesto interés en el bien común.

Entre muchos otros, consideremos el caso de la multimillonaria Betsy DeVos, quien en 2017 fue nombrada como secretaria de Educación en Estados Unidos; María Victoria Angulo, titular del Ministerio de Educación de Colombia, previamente directora ejecutiva de la organización Empresarios por la Educación; Agustín Batto, cofundador y director ejecutivo de Fundación Eidos, coordinador nacional de Programas del Ministerio de Educación argentino durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri y en el Brasil gobernado por el Partido de los Trabajadores (Lula y Rousseff) recordemos a Fernando Haddad, titular del Ministerio de Educación, uno de los primeros integrantes de Todos por la Educación –organización empresarial hermana de Mexicanos Primero– según su propia directora ejecutiva. Así, no resulta fortuita la adopción paulatina de criterios de mercado y gerenciales en los lineamientos de evaluación, gestión y gasto educativo.

En México, la tendencia descrita se encontró recientemente con el nombramiento de Esteban Moctezuma, ex presidente ejecutivo de Fundación Azteca, quien saltó a la SEP con el gobierno de la 4T. Esto fue habilitado por el fomento de las actividades empresariales por parte de anteriores titulares de la SEP como Josefina Vázquez Mota, aliada estratégica de Mexicanos Primero, posicionándolos como un actor central en educación y Aurelio Nuño, quien buscaba hacer de México un país maquilador cada vez de mayor nivel a través de la educación. Su mayor mérito fue que durante su gestión, la secretaría y el INEE se vieron capturados por intereses del sector privado.

Actualmente, la SEP es dirigida por Delfina Gómez, promotora del emprendedurismo, valor que podría consolidarse con el nombramiento de Martha Hernández Moreno como subsecretaria de Educación Básica, hasta hace algún tiempo directora de Diseño Curricular y Acreditación en la Universidad Metropolitana de Monterrey, vinculada estrechamente a Alfonso Romo Garza.

Nada nuevo bajo el sol. En el viejo régimen y la 4T, mientras docentes luchan por derechos, empresarios sólo giran la puerta para disfrutar prerrogativas.

*Profesor FFL-UNAM

Fuente: http://www.educacionfutura.org/empresarios-puerta-giratoria-y-educacion/

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4T: Revolución pasiva en educación

Por: Mauro Jarquin

En su primera intervención pública, Delfina Gómez, futura titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que, una vez que tome la dirección de la dependencia, no tenía contemplado cambiar nada. Lo anterior no debería resultar sorpresivo.

La salida de Esteban Moctezuma se anunció en un momento en el cual cimientos, estructura y fachada de la propuesta educativa de la 4T en tanto continuidad neoliberal, resultaban ya muy claros. Basta echar un vistazo a la reforma constitucional, al programa sectorial de educación, a las leyes secundarias, al presupuesto destinado al sector educativo en su conjunto y a la restructuración de la relación entre Estado y docentes.

La llegada de la maestra Gómez es el inicio de una nueva etapa discursiva en las labores de la SEP, guiada ahora por contenidos populares y de acercamiento con los problemas cotidianos de las escuelas, con miras a gestionar el rumbo ya iniciado.

Más que un paso hacia el fortalecimiento democrático del sector educativo, lo anterior representa un giro estratégico encaminado hacia la legitimación de la revolución pasiva que la 4T ha impulsado en la educación nacional.

La noción de revolución pasiva forma parte del repertorio conceptual de un sector de la izquierda latinoamericana que ha buscado caracterizar fenómenos denominados como populistas o relativos a lo nacional-popular durante la segunda mitad del siglo pasado o a la luz de los progresismos contemporáneos que han tenido lugar desde los años 90.

Una característica de estos gobiernos es que, ante procesos relevantes de movilización social, convienen en la permisividad de ciertas concesiones respecto a las exigencias de grupos subalternos organizados. Ello tiene como contraparte el hecho de que las pautas de apertura suponen los propios límites en la acción colectiva y las perspectivas de éxito de los movimientos, buscando con ello conducir el proceso organizativo y eventualmente desactivarlo o integrarlo al proyecto en el gobierno.

Las revoluciones pasivas conllevan dos dispositivos para gestionar la tensión entre la regresión y el cambio progresista inherentes a su desarrollo: transformismo (inclusión de organizaciones y liderazgos de movimientos al proyecto populista en el gobierno, aún anclados en la resistencia) y cesarismo (liderazgo carismático que permite modular el ímpetu movilizador). Con ellos, se busca generar un desempate ante una situación política que puede dirigir al caos o la catástrofe.

La Reforma Educativa de 2013 prendió fuego en la pradera del campo educativo nacional, generando una movilización magisterial que logró cuestionar profundamente el proyecto gerencial que grupos empresariales, sus ramificaciones de sociedad civil y sectores políticos liberales habían impulsado para reformar la educación nacional según una serie de intereses comunes.

Una vez que erráticamente la reforma se presumía muerta, la 4T entró en acción, pasando del momento bonapartista (https://www.jornada.com.mx/2019/03/24/opinion/008a1pol) a la consolidación de un proyecto de revolución pasiva en educación que consistía en mantener las bases del proyecto educativo neoliberal sin sus partes más agresivas.

Para ello, y pese a las disputas mediáticas, tendió rutas de acuerdo con grupos de interés y partidos de la oposición, mientras repetía, una y otra vez, que eran los docentes quienes gozaban de prioridad en el diseño de la política. Los sectores dominantes quedaron conformes con la reforma y el magisterio disminuyó su movilización autónoma.

La 4T decidió mostrar pautas de cambio: desvinculó la evaluación docente de la permanencia en el empleo tal cual estaba en la Constitución, intervino positivamente en la liberación de presos políticos y en la reinstalación de docentes cesados por persecución y abrió las puertas para un acercamiento inédito entre sectores magisteriales críticos de la reforma neoliberal y el gobierno federal. Lo que hizo fue básicamente restaurar las circunstancias hasta antes de 2013, salvo que ahora con el cobijo de una campaña mediática de revalorización docente, anzuelo de un nuevo proceso de subalternización. Algo políticamente certero y electoralmente redituable.

No obstante, dichas decisiones han tenido su contraparte en políticas contrarias a todo proyecto posneoliberal, que en general han tenido buena recepción gracias a un liderazgo impecable del Presidente y a la incorporación de cuadros magisteriales a la 4T: a) golpeteo continuo a la tradición normalista; b) consolidación de orden filantrocapitalista en educación; c) privatización del proceso de toma de decisiones; d) fomento a la mercantilización de los datos de millones de estudiantes y docentes por la vía de la digitalización, y e) endoprivatización educativa, mediante la conservación de criterios gerenciales en la evaluación del ejercicio educativo cotidiano.

La revolución pasiva en curso constituye un desafío para la organización autónoma de estudiantes y docentes. Resulta imperativo afrontarla apelando a lo mejor de la tradición organizativa del magisterio.

Profesor FFL-UNAM

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/opinion/010a1pol

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