Author: Mauro Jarquin

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La entelequia educativa

Mauro Jarquin

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes.

Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-entelequia-educativa/

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Implicaciones de un modelo híbrido en educación

Mauro Jarquin

Por:  Mauro Jarquín Ramírez*

Durante la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Esteban Moctezuma presentó el nuevo enfoque pedagógico a seguir en las escuelas mexicanas: un modelo híbrido a través del cual convivirán en el futuro la educación presencial y a distancia, con miras a responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto fue publicado en el Boletín Nº 196 de la SEP.

Dado que en los hechos el modelo híbrido representa la integración, de ahora en adelante, de distintas tecnologías ofertadas por el sector privado en los trabajos del sistema educativo (organización de los planteles educativos, evaluación de aprendizaje, análisis de desempeño docente y currículo) vale la pena plantear las posibles implicaciones que de ello puede derivarse a nivel político, es decir, en lo relativo al ejercicio del poder en el gobierno educativo nacional. Como en muchas otras partes del mundo, la pandemia ha sido un escenario perfecto para la expansión operativa de grandes corporaciones dedicadas a la tecnología educativa, como Microsoft, Google y Discovery Education. En pocos meses, dichas firmas han logrado mejorar sustancialmente su situación presente al tiempo de construir condiciones más favorables hacia el futuro. Por un lado, han sumado millones de usuarios nuevos a sus plataformas, como efecto del seguimiento de trabajo y clases a distancia y, por otro, han podido expandir su influencia en sistemas educativos públicos de todo el mundo, con lo cual buscan garantizar el desarrollo de una posterior fuerza de trabajo joven, quienes llenará(n) la cartera de candidatos potenciales para unirse a nuestras empresas un día, según el liderazgo de Discovery Education. La irrupción de dichas empresas en el campo educativo ha provocado que la educación a distancia, mediada por el software provisto por ellas, se convierta en un elemento esencial de los sistemas educativos en el mundo, lo cual se está cocinando ya en México.

La asistencia que Microsoft y Google han brindado en el desarrollo del programa Aprende en Casa y el diseño del modelo híbrido que viene, no fue ni fortuita ni coyuntural. Es parte de un proceso de expansión corporativa que ha hallado en el sistema educativo nacional, compuesto por más de 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes, un atractivo lugar de inversión. Representa, además, la creación de un espacio de consumo dominante que favorece a Google, dado el apoyo recibido por parte de la SEP para incluir en su base de datos prácticamente a todos los trabajadores de la educación, a los cuales se les ha negado la posibilidad de elegir si quieren o no integrarse a dichas plataformas. Si bien la oferta de los servicios de Google ha sido en primera instancia gratuita, la lógica comercial con la cual se ha manejado en sistemas educativos del mundo ha causado fuertes críticas, como en España o en Brasil. En el contexto australiano, el uso generalizado de G Suite ha sido descrito por Anna Krien como un entrenamiento de consumidores de Google desde la infancia y un programa de fidelización de marca presentado como revolución educativa.

La estrecha relación entre las corporaciones tecnológicas y la autoridad educativa federal, presentada como un “gran paso“ por el discurso educativo oficial, representa un salto preciso a lo que Williamson ha denominado una gobernanza educativa digital, en la cual “nuevos actores políticos-técnicos ubicados fuera de las burocracias gubernamentales cumplen (…) la función de vincular las tecnologías digitales de ingeniería de software y procesamiento de datos con diversos procesos y estructuras educativas”. Esto conlleva implicaciones políticas, dado que la generación de información sobre el sistema educativo –requerida para el desarrollo de soluciones de política pública– se generará en infraestructura privada, la relación entre el gobierno federal y Google puede convertirse, de facto, en un proceso de deliberación sobre política educativa que puede institucionalizarse si a largo plazo el sistema educativo termina dependiendo de tal infraestructura. Además, esto ha servido como plataforma para que otras organizaciones privadas, otrora rivales declarados del magisterio organizado, ocupen cada día más espacios importantes en la Nueva Escuela Mexicana online. Un claro ejemplo de ello es la centralidad que la Fundación Unete, fundada y presidida durante años por Claudio X. González Guajardo, la cual ha logrado estar al frente de las campañas de capacitación del magisterio en el uso de Facebook para fines educativos, con el respaldo directo de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa de la SEP. Al parecer, el modelo de gobernanza a través del cual coaliciones de política integradas por asociaciones civiles pro empresariales, sectores confesionales, think tanks pro mercado, han logrado fortalecersu programa al interior de sistema educativo nacional, ahora se plantea también a escala del mundo digital.

En este contexto, resulta imperativo incluir a los docentes en el proceso de toma de decisiones respecto al futuro de su trabajo. Más allá de reconocimientos sobre lo irremplazable que es el docente en la vida pública del país, se requiere que el magisterio ocupe un lugar efectivo en el diseño de cualquier estrategia de educación a distancia. Que pueda verificar que en efecto los datos de las comunidades educativas no sean objeto de un uso deshonesto y que sus necesidades sean escuchadas y atendidas por la autoridad educativa.

Eso sería impulsar una gobernanza democrática. Lo contrario es mantener la gran simulación.

* Politólogo

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR05AwzqLV3oxKw8KPdD_fvzFVlgXk47VSaF5iin8ewdLFEr7Dkxma70URg

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Corporaciones, Big Data y la educación que viene

Mauro Jarquin

Por:  Mauro Jarquín Ramírez*

 

Esteban Moctezuma concluyó su mensaje al Consejo Técnico Escolar del mes de junio afirmando que un millón de maestros habían sido capacitados por Google para Educación en el uso de su plataforma G Suite, tal como había sido adelantado en el boletín número 101 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto fue producto de una alianza público-privada entre el gobierno federal y la empresa tecnológica que planteó originalmente desarrollar una estrategia auxiliar de educación a distancia ante el generalizado cierre de escuelas. Sin embargo, más que una estrategia auxiliar, la relación entre la SEP y una corporación central del oligopolio mundial del conocimiento será un elemento constitutivo de la educación nacional post-pandemia.

Según el secretario de Educación, México ha dado un paso gigante en la adopción –no desarrollo– de tecnología educativa. La página web de la Estrategia de Educación a Distancia afirma que se busca establecer las bases de un sistema de educación a distancia sustentable y escalable, y contribuir a que los estudiantes refuercen las habilidades digitales para los trabajos del futuro. En la práctica, la SEP ha dado un paso sin precedente en la incorporación de grandes corporaciones tecnológicas a la política educativa oficial. Algo que sin lugar a dudas debe ser motivo de un gran debate público, partiendo de la experiencia internacional sobre el uso de dichas herramientas y sobre el papel que tales empresas han tenido en el debate educativo.

La incorporación de tecnología digital se potenció en todo el mundo como efecto de la pandemia. De esta forma, también se ha visto el incremento en el uso de tecnología Big Data (capaz de almacenar y analizar enormes cantidades de datos recopilados a partir de los patrones de búsqueda e intercambio virtual de los usuarios, con miras a generar diagnósticos o brindar soluciones). Tal incorporación tecnológica en las escuelas ha sido justificada con la enunciación de una serie de ventajas que, a juicio de proveedores de servicios tecnológicos y burócratas educativos, conlleva para el aprendizaje de los estudiantes. Entre estas se encuentran: a) la posibilidad de concentrar y analizar grandes volúmenes de datos con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones; b) desarrollar programas de aprendizaje personalizado para los estudiantes y c) incrementar la productividad del trabajo docente. De fondo persiste una visión atomizada respecto a los protagonistas del sistema educativo, objeto de análisis, medición, evaluación y predicción computarizada.

Pese a las ventajas anunciadas de la modernización de los sistemas educativos y el uso de Big Data, no son pocos los riesgos que podrían cuando menos generar escepticismo respecto al rumbo de este proyecto: a) espionaje y manejo lucrativo de los datos obtenidos por las plataformas, que se ha evidenciado con los distintos procedimientos que ha enfrentado Google por hacer uso indebido de los datos de usuarios; b) afectaciones en los procesos de socialización educativa de los estudiantes, debido a los cambios en la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante; c) consolidación del desplazamiento del espacio de toma de decisiones sobre educación, de las comunidades educativas a las empresas contratistas del gobierno, lo cual podría impulsar una gobernanza corporativa de la educación, orientada ahora por criterios técnicos; d) mayor control centralizado del trabajo docente y e) transferencias de recursos del sector público al sector privado, como efecto de contratación de servicios de software y hardware.

Es importante también considerar que los efectos buscados del uso tecnológico en educación responden en gran medida a proyectos políticos. Al parecer, dichos proyectos impulsados por las corporaciones ahora aliadas de la Nueva Escuela Mexicana, no han sido reflexionados. En la página oficial del programa Aprende en Casa, es posible encontrar una sección de Agradecimientos especiales a organizaciones que de distintas formas colaboraron con su desarrollo. Entre algo que parece un catálogo de empresas y fundaciones, aparecen Microsoft y Facebook.

La historia de Microsoft y la fundación Bill & Melinda Gates (que se reconoce independiente pero mantiene una agenda de trabajo vinculada a los negocios de la empresa) en el debate educativo es bien conocida. Han sido soporte de procesos de privatización educativa en el contexto estadunidense, ya sea con el impulso de escuelas chárter, el pago por mérito al trabajo docente o el apoyo para la realización del documental Waiting for Superman, inspiración de la película De Panzazo. Por su parte, Facebook ha sido también señalado por el uso indebido de datos, ejemplo de ello fue el escándalo de Cambridge Analytica. Al igual que con Microsoft, su incursión en la escuela pública ha sido apoyada por el filantrocapitalismo, ahora de Mark Zuckerberg y la polémica Chan Zuckerberg Initiative, que ha generado programas de aprendizaje personalizado criticados por su excesivo enfoque hacia el aprendizaje digital. En la práctica, Google, Microsoft y Facebook no son necesariamente elementos aislados, dada la posibilidad de su integración.

El gran paso hacia la tecnología educativa se realiza en un sistema educativo desigual. La revalorización del trabajo docente –cliché del discurso oficial– podría iniciar por atender las necesidades básicas de las escuelas e impulsar una formación tecnológica sólida en el magisterio, apoyada quizás en las instituciones públicas de educación superior a lo largo del país y el fortalecimiento del software libre. Pero ha optado por facilitar la mina de oro de datos de maestros y estudiantes.

Ante el riesgo de una mercantilización educativa generalizada en el plano de lo intangible, la reorganización (lucha) magisterial y de las comunidades educativas resulta impostergable.

*Politólogo

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/opinion/013a1pol

Imagen: https://pixabay.com/

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¿Quién reconstruirá el sistema educativo?

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquin

El pasado 7 de mayo Esteban Moctezuma se unió a la Junta Nacional Virtual con la Comisión de Educación de la Coparmex en un ejercicio de rendición de cuentas sobre la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante la pandemia de Covid-19. La Comisión –cuyos orígenes se remontan hacia los años 70, en plena disputa entre la confederación empresarial y el gobierno de Luis Echeverría por el contenido socializante de los libros de texto– está actualmente encabezada por Luis Durán, presidente y director general de Laureate International Universities México y consejero de Aspen Institute México, la organización que con financiamiento de fundaciones empresariales realizó el Laboratorio de Educación, a través del cual el gobierno federal buscó legitimar la continuidad de una reforma educativa gerencial.

Este acercamiento no es algo fortuito ni coyuntural. Una herencia aún vigente del Salinismo es la atenta recepción que las autoridades federales han mostrado respecto a las percepciones y propuestas del sector privado en materia educativa. Actor que, por cierto, se ha integrado cada vez más –ya sea por la vía de sus cámaras o sus ramificaciones en la sociedad civil– a los procesos de deliberación sobre políticas, impulsando propuestas, programas específicos o formas de gestión del trabajo docente.

En la reunión, el secretario afirmó que el sistema educativo no se había paralizado, que los estudiantes seguían aprendiendo y que el impulso a la digitalización sería determinante para el futuro educativo nacional.

Lo dicho resulta al menos desafortunado si recordamos que al momento de tales declaraciones las cifras oficiales marcaban ya 2 mil 961 muertes por el nuevo coronavirus, una de cada tres familias mexicanas reportaba una disminución de 50 por ciento en sus ingresos mensuales, el desempleo se veía en aumento y la violencia familiar y de género se disparaba a lo largo del país.

Lo anterior aunado a una circunstancia de distanciamiento necesario para poder superar la contingencia.

De lo mencionado por Moctezuma Barragán se pueden desprender dos comentarios y una duda importante.

Parece ser que aún sigue vigente en la SEP una visión estrecha de la naturaleza y relevancia del sistema educativo en nuestra sociedad.

¿Cómo afirmar que el sistema educativo sigue trabajando cuando el dolor y la incertidumbre se han ubicado en el centro de la vida cotidiana de los estudiantes? O más preocupante aún, ¿cómo pensar que la única condición para que un sistema educativo avance es que los estudiantes aprendan contenidos particulares? Quien en algún momento ha pisado una escuela sabe perfectamente que el aprendizaje no es un elemento aislado, sino forma parte de un abanico de situaciones, prácticas y vivencias que le dan sentido a la educación. En todo caso, el aprendizaje es socialmente relevante cuando se comparte, cuando se desarrolla en común y cuando permite construir preguntas y resolver problemas de nuestra vida cotidiana. En ello, el bienestar emocional y el contacto humano resultan fundamentales.

Desde luego, hay otras perspectivas sobre el problema. Por ejemplo, aquellas que encuentran en el aprendizaje una condición sine qua non del capital humano; es decir, que conciben a la escuela y sus efectos individuales como elementos centrales para la generación de ganancia y producción de valor de cambio. Bajo esta concepción, quien aprende se guía bajo una lógica maximizadora, calculada y ajena al contexto social en el que se encuentra. Sin embargo, parte de una lectura muy cuestionable sobre la naturaleza humana, además de responder específicamente a los requerimientos del mercado de trabajo y no al imperativo complejo del bienestar en nuestras sociedades.

Si bien la narrativa oficial anuncia que el programa Aprende en Casa es seguido por ocho de cada 10 docentes y nueve de cada 10 alumnos, las evidencias de quienes trabajan día con día en las escuelas y conocen sus comunidades de trabajo no respaldan tal afirmación. A las muy conocidas desigualdades en el acceso a la tecnología se suma el hecho de que el hogar no es necesariamente el mejor ambiente para fomentar el aprendizaje. Además, los tiempos determinados para el desarrollo de contenidos no siempre son suficientes. Por otro lado, a pesar del respaldo neocorporativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al programa del gobierno federal, no ha sido sencillo para el profesorado mantenerse en contacto con los estudiantes, mucho menos si trabajan en comunidades rurales en donde no siempre viven.

Pese al home office docente y a lo que algunas autoridades educativas parecieran considerar un home schooling transitorio, el sistema educativo ha sido golpeado profundamente por la pandemia y es importante aceptarlo porque después de la contingencia será importante atender cada una de sus grietas.

Por otro lado, la digitalización de los procesos educativos ha resultado ser un componente fundamental en la respuesta de los gobiernos al cierre de escuelas, pero está lejos de ser una panacea a los problemas de accesibilidad, logro educativo y desarrollo profesional del magisterio. Como ha apuntado, entre otros, el pedagogo Philippe Meirieu, el uso acrítico de las herramientas digitales podría generar problemáticas a nivel de los procesos evaluativos y el trabajo docente. Pero también, hay que decirlo, podría abrir nichos de mercado que cuestionarían la condición de gratuidad del sistema educativo nacional.

Con lo anterior, podemos decir que el secretario parece vivir en un escenario donde la negación de los problemas se ha convertido en su solución, pero debemos tomar en cuenta que después de este momento crítico en la historia educativa nacional, las cosas no serán como antes, o no exactamente como antes. Si bien es un imperativo concluir el ciclo escolar en todo el país para preservar la salud y la vida de las poblaciones, es también momento para hacer preguntas respecto a hacia dónde caminar, qué aspectos del sistema educativo atender y cómo comenzar. Una que considero fundamental es: ¿Quién reconstruirá el sistema educativo tras la pandemia?

Aprovechando la cercanía con el gobierno y alejados sustancialmente del trabajo cotidiano en las escuelas, grupos privados de interés han alzado la mano, con propuestas que van desde el desarrollo de un currículum educativo nacional ante emergencias por organizaciones civiles pro empresariales, hasta la profundización de la digitalización educativa.

Ya veremos si el ingreso a la nueva normalidad significa también un rostro más explícito del gobierno empresarial de la educación.

* Politólogo

Twitter: @MaurroJarquin

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2020/05/16/opinion/011a1pol?partner=rss

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Torreón y Columbine: violencia y seguridad

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquín Ramírez

La vestimenta del agresor no es la única semejanza entre las tragedias de Torreón y Columbine. Ambas ocurrieron en colegios de excelencia académica; las dos gozaron de una cobertura mediática excepcional; comparten además ser el último eslabón de la larga cadena de violencias que México y Estados Unidos reproducen en sus sistemas educativos y por igual generaron como respuesta políticas de seguridad en el espacio escolar.

Para poder encontrar soluciones a los problemas de violencia que vive nuestro sistema educativo, es importante revisar las experiencias previas de otros actos trágicos, más allá de la espectacularidad con la cual ha sido tratado el tema por ciertos medios de comunicación y autoridades. El asesinato de personas al interior de una escuela es de hecho un síntoma, sumamente doloroso, de una desfavorable condición sistémica que, constituida por varias expresiones de violencia (sexo-genérica, étnica, clasista, etcétera) se ha desplegado a lo largo y ancho de nuestro sistema educativo, en todos los niveles.

Tomar esto en consideración nos permite superar ciertas posiciones idealistas que consideran a la escuela como un espacio impoluto, autónomo de la vida social en la cual se encuentra inmersa. Un espacio que, en todo caso, debe ser protegido de amenazas externas que puedan generarle un daño determinado. Tal perspectiva es el punto de partida de distintas políticas de carácter inmunitario que, en la búsqueda de preservar la armonía en los espacios escolares, asientan el problema de violencia escolar, circunscribiéndola únicamente a agentes peligrosos, que representan una amenaza a la comunidad educativa. Es por ello que la primera aproximación a la tragedia de Torreón se realizó en función de la presunta inspiración de un videojuego hacia el asesinato, para después señalar un acto de 20 años atrás.

Tal lógica es, a todas luces, equivocada. La escuela no es un espacio libre de violencia. La escuela vive y reproduce un amplio abanico de violencias en el bullying, el ciberacoso, el autoritarismo docente, el trato de las familias hacia los estudiantes, el currículum oculto de los planteles, etcétera. En distintos sentidos, es la escuela misma la que desarrolla y reproduce la violencia que ha derivado en grandes tragedias como Columbine y Torreón. ¿Acaso no recordamos los casos de acoso sexual en escuelas primarias? ¿O el sistemático bullying del que son objeto miles y miles de estudiantes en las más distintas condiciones socioeconómicas?

Reconocer esta realidad no es culpar a la escuela de los males de nuestra sociedad. Al contrario, nos invita a reconocer la gran dificultad que tienen los planteles educativos en atender prácticas plenamente institucionalizadas en el entorno en el cual se encuentran. Esto nos permite impulsar un enfoque de prevención de la violencia que ponga por delante el bienestar de los estudiantes y no únicamente su seguridad. Después de Columbine, las políticas de seguridad tomaron un nuevo aire, ya que habían sido llevadas a cabo desde los años 80 bajo el lema de tolerancia cero, el cual partía de la idea de que la mejor forma de disminuir el crimen en las escuelas era el señalamiento y la punitividad. En este contexto, se impulsaron políticas de control y disciplinamiento del espacio escolar enfocadas a incrementar la seguridad en los planteles, por ejemplo, con la contratación de servicios de seguridad privados, la revisión de mochila con rayos X y cámaras, entre otros. No obstante, la evidencia empírica nunca mostró resultado claro sobre su efectividad; de hecho, efectos negativos se hicieron patentes, tanto a escala de la integridad de los estudiantes, como en el rubro de su desempeño académico. Ello sin tomar en consideración el gasto incremental que dichas políticas representaron para algunas escuelas, con el fortalecimiento de un redituable mercado de seguridad privada escolar.

Ante la tragedia de Torreón, es comprensible que la respuesta inmediata del gobierno sea revivir el programa Mochila segura, debido a que, pese a su costo e ineficiencia señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, permite generar una sensación de seguridad a muchas angustiadas familias, bombardeadas por el espectáculo mediático. Lo que no se entiende es cómo, a más de un año de inicio de su gestión, la actual Secretaría de Educación Pública no haya desarrollado un programa nacional de pacificación escolar, que consista en construir paulatinamente y de manera transversal el bienestar necesario para atender la diversidad de casos de violencia en las escuelas.

Impulsar un programa de esta naturaleza requerirá más que hacer de las familias y el profesorado los policías de las escuelas; se necesita formación docente, atención sicológica en los planteles educativos, programas sólidos de educación para la no violencia, que tendrían como antecedente el Proyecto de Educación para la Paz y Derechos Humanos impulsado por Pablo Latapí a finales de la década de los 80. Estas políticas podrían armonizarse con los trabajos del fantasmal Consejo para la Construcción de la Paz, presente en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ausente en el trabajo cotidiano.

Construir paz desde las escuelas requiere de una auténtica política de Estado.

Por cierto, hace algunos meses la SEP invitó a empresarios cerveceros de Constellation Brands a deliberar sobre el futuro educativo de nuestra nación, y participaron en el Laboratorio Educativo de Aspen Institute y Méxicos Posibles. En días recientes, contra las denuncias ciudadanas y el riesgo ecológico, se ha anunciado que dicha cervecera, en Mexicali, va, ya que no representa peligro alguno al abasto de agua. Habrá que recordarle al gobierno que anteponer los intereses privados a los del pueblo no es necesariamente procurar la paz

* Profesor FFL-UNAM

Twitter: @MaurroJarquin

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/01/25/opinion/013a1pol

Imagen: Gerd Altmann en Pixabay

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México: Los think tanks de la Nueva Escuela Mexicana

Mauro Jarquin

América del Norte/México/13-10-2016/Autor: Mauro Jarquin/Fuente: jornada.com.mx

Por: Mauro Jarquin

Aspen Institute es un think tank fundado en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Su interés se ha dirigido históricamente a la defensa del libre comercio entre América Latina y nuestro vecino del norte, el fomento a la inversión extranjera directa en la región y la generación y fortalecimiento de organizaciones civiles situadas en Latinoamérica estrechamente vinculadas a ciertos sectores de la clase política estadunidense.

Desde principios de la década de los 90, se ha interesado en la construcción –y ejecución– de un proyecto de reforma educativa en la región asociado a un nuevo modelo de desarrollo. Como compañero de ruta en tal empresa educativa, Aspen ha colaborado con Interamerican Dialogue, otro poderoso think tank creado a principios de la década de los 80. Por años, Dialogue ha impulsado programas de reforma educativa gerencial en América Latina apoyado por grupos empresariales, asociaciones civiles vinculadas a corporativos y otras fuerzas políticas. Ambas organizaciones comparten un logro en común: influir directamente en la conformación de la Nueva Escuela Mexicana.

Los think tanks pueden ser definidos como entidades generadoras de conocimiento aplicable al desarrollo de políticas públicas. Para tener éxito, echan mano de mecanismos de difusión de sus ideas, tales como campañas mediáticas, reuniones con políticos de alto nivel y foros de discusión con otras organizaciones. Mantienen su trabajo gracias a aportes brindados por fundaciones corporativas y consorcios empresariales, quienes pueden colocar varios intereses en la agenda de dichas organizaciones. Aunque la intervención de think tanks estadunidenses y sus redes internacionales en la política educativa nacional no es un tema nuevo, sí es novedosa la forma con la cual el fenómeno se ha presentado en el actual proceso de reforma. Si antes dichas organizaciones se hacían presentes con fines de consultoría, a solicitud de instancias gubernamentales, ahora han pasado a formar parte del proceso político mismo, ya sea realizando trabajo logístico (Aspen), dotando de contenido a determinadas políticas (Dialogue) o desarrollando iniciativas constitucionales (México Evalúa).

El alcance político de tales organizaciones se mostró con claridad el pasado 8 de octubre con la presentación del Laboratorio de Educación, un proyecto realizado entre la organización Méxicos Posibles y Aspen Institute, con colaboración de la consultora internacional Reos Partners, vinculada en otro momento a Todos pela Educação, una organización hermana de Mexicanos Primero, situada en Brasil. El acto fue presidido por el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, acompañado de políticos de distintos partidos, integrantes de Mexicanos Primero, autoridades educativas locales y representantes sindicales del magisterio, tanto oficiales como disidentes.

El Laboratorio inició sus trabajos en noviembre de 2018 con la finalidad de apoyar los esfuerzos de transformación de la educación para mejorar el aprendizaje de los niños y adolescentes de México. Para ello, se convocó a actores clave de los sectores público, privado y social. Entre ellos podemos encontrar a David Calderón y Jennifer O’Donoghue (Mexicanos Primero), Patricia Vázquez (ex consejera del INEE), Irán Santiago (Morena), Enrique Ku (Conalep), Beatriz Paredes (PRI), Carlos Jonjitud (hijo del ex dirigente del SNTE) y Víctor Zavala (CNTE), entre otros.

Por otro lado, los trabajos del Laboratorio contaron con un significativo financiamiento de fundaciones privadas tradicionalmente interesadas en intervenir en el campo educativo, como Coppel Comunidad, Fundación Bimbo, Fundación Cinépolis, Fundación UVM, Grupo Salinas y el SNTE.

Más allá de la composición del grupo, resultan interesantes los resultados y conclusiones obtenidas a partir del trabajo que el equipo llevó a cabo durante casi un año, los cuales embonan claramente con el contenido de los cambios constitucionales y las nuevas leyes secundarias. Estos resultados tomaron forma de proyectos educativos que buscarán probarse a nivel piloto, para posteriormente ser lanzados a escala nacional. Hay algunos elementos preocupantes. Tales como:

Asignación presupuestal directa a las escuelas con el fin de aumentar las posibilidades de resolver problemas identificados por la comunidad y desarrollar proyectos propios. Dicha propuesta, elemento constante en las políticas de autogestión escolar, representa un riesgo para la condición de gratuidad en la educación. Al ampliar el margen de intervención de los padres de familia, se amplían también sus responsabilidades con respecto a las necesidades de manutención escolar.

Educación para la paz y participación ciudadana en el modelo pedagógico y en el currículo. Al igual que en las leyes secundarias, se mantiene el esquema de gobernanza en educación, que en términos concretos ha significado la inclusión de grupos privados, representantes de la sociedad civil, a la esfera de toma de decisiones sobre el destino educativo nacional.

Liderazgo escolar que ejerce el directivo. Con ello se busca que éste se constituya como el agente disciplinario del espacio escolar. Sin embargo, la mejora educativa no requiere más coerción, sino cooperación entre quienes integran las comunidades educativas.

La primavera de los think tanks ya está aquí. Y ante el soberbio arribo del conocimiento experto apuntalado por el nuevo oficialismo, la apuesta vigente es aún construir futuros desde nuestras escuelas.

Fuente: https://jornada.com.mx/2019/10/12/opinion/016a2pol

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Nueva Escuela Mexicana ¿una política de importación?

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquin*

Durante una reunión de discusión sobre la Ley General de Educación, legisladores de Morena le preguntan a una reconocida investigadora educativa: ¿qué significa literacidad? Buscando la mayor certeza posible, ésta les responde con una definición encontrada en una página web especializada. ¿Eso qué significa? insisten los legisladores con un claro gesto de incomprensión. ¡Pero ustedes lo aprobaron! exclama ella, abriéndose paso a unos momentos de profundo silencio.

Al igual que excelencia y calidad en la educación, literacidad forma parte del cuerpo conceptual de la reforma educativa de la 4T expresada tanto en los cambios constitucionales y el Plan Nacional de Desarrollo como en las leyes secundarias aún en discusión.

Lo anterior nos muestra cómo, debido a la inédita legitimidad de origen del actual gobierno, no ha sido sencillo –ni para los propios legisladores– problematizar un ordenamiento conceptual ajeno a la realidad y tradiciones pedagógicas nacionales, y estrechamente vinculado con ciertas tendencias internacionales de reforma educativa gerencial. Basta con dar seguimiento a los discursos y presentaciones oficiales, leer los documentos del gobierno y analizar sus propuestas para comprender que la actual reforma educativa parece referirse a una política de importación de principios, metas y estrategias respaldada por los promotores de anteriores reformas educativas, sean actores del campo educativo nacional o instituciones multilaterales. Lo anterior puede encontrarse, por ejemplo, en temas relativos a determinados contenidos educativos, propuestas de administración y organización escolar, así como en políticas de atención a la primera infancia.

Con respecto los nuevos contenidos, literacidad es un anglicismo que refiere a literacy, definido por la OCDE como la capacidad de comprender y emplear información impresa en las actividades diarias con el fin de lograr determinados objetivos. En política educativa, es también un rubro de evaluación de la calidad educativa, posicionado a escala internacional gracias a la relevancia que la OCDE ha logrado adquirir en sistemas educativos en el mundo, dada la difusión de la prueba PISA durante las pasadas dos décadas. La centralidad de tal asignatura ha sido tal que distintas investigaciones han mostrado cómo desde el inicio del presente siglo se ha posicionado junto a las habilidades matemáticas en el foco de atención de sistemas educativos en detrimento de otros contenidos académicos. Lo anterior ha permitido la continuidad de políticas de estandarización educativa en evaluación y currículo con todo y los efectos imprevistos reconocidos abiertamente en la investigación académica de distintas latitudes e incluso por la propia Unesco hace algunos días. Si bien las capacidades de lectura habían adquirido relevancia desde los gobiernos panistas, nunca se habían situado en rango constitucional, lo cual nos habla de una particular tendencia político-pedagógica imperante en el diseño de la nueva normatividad educativa. Esto garantiza, por otro lado, la continuidad de la prueba PISA en las escuelas mexicanas no sólo como una herramienta de diagnóstico sobre el estado de la educación en terrenos específicos, sino también como un mecanismo de gobernanza educativa que opera en función de los resultados obtenidos en contraste con las metas unilateralmente establecidas.

En materia de organización y administración escolar, el anuncio de la desapa-rición del Inifed y la posible asignación directa de recursos económicos a las escuelas –con todo y la consecuente redistribución de responsabilidad entre los actores educativos– nos pone frente a un escenario en el cual las políticas sexenales parecen caminar también hacia una ruta de autonomía de gestión de carácter gerencial. En este rubro, será el BID el encargado de identificar los desafíos y oportunidades del proyecto escolar de la 4T, así como de apoyar en el intercambio de mejores prácticas sobre gestión escolar. La anunciada cooperación técnica, solicitada por la Subsecretaría de Educación Básica, resulta preocupante debido a la naturaleza de las propuestas del BID en temas de gestión escolar, más enfocados en la construcción de alianzas público-privadas para la solución de problemáticas específicas, que en la participación democrática de las comunidades escolares en la vida cotidiana de los planteles educativos. La experiencia internacional nos ha mostrado que a mayor margen de autonomía en las escuelas en materia financiera y de gestión, mayor es la tendencia a la generación de alianzas público-privadas para la provisión de servicios o la resolución de problemas, de los cuales el Estado deja de hacerse cargo parcialmente. Es en distintos sentidos una ruta a la privatización educativa.

Por otro lado, la estrategia de atención a la primera infancia –por cierto, tan necesaria en un contexto de marginación y violencia hacia los infantes de nuestro país– recién anunciada por el gobierno federal, se inscribe en una campaña regional de inversión temprana en capital humano, iniciada hace un par de años bajo el auspicio de instancias multilaterales, organizaciones del sector privado y think tanks regionales, con la participación abierta tanto de Ernesto Zedillo como de Claudio X. González Guajardo y sus organizaciones.

Sin lugar a dudas, la propuesta educativa de la 4T se ha nutrido de distintas voces, entre las cuales sobresalen los órganos de gobernanza educativa global-regional y actores privados nacionales. Mientras tales actores –señalados abiertamente como conservadores por el titular del Ejecutivo– se reúnen y comparten mesa con las autoridades educativas federales para dar forma al proyecto sexenal, el magisterio se encuentra preocupado por la falta de claridad respecto a su estabilidad laboral y el futuro del normalismo ¿Coincidencia o estrategia?

*Politólogo/Profesor FFyL-UNAM

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/09/14/opinion/016a1pol

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