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Reforma educativa: el negocio que debe terminar

Por: Mauro Jarquí Ramírez. 

Hace algunos meses tuve un brevísimo intercambio de ideas en Twitter con una ex consejera del Instituto para la Evaluación Educativa (INEE). Al cuestionar los efectos de su cercanía con la Fundación Empresarios por la Educación Básica –de la que Esteban Moctezuma fue vicepresidente poco antes de la elección presidencial– la reconocida investigadora me respondió sin preocupación alguna que tal organización estaba formada por empresarios que aportan apoyo a escuelas públicas. Sin otra pretensión que la de apoyar a los niños.

El convencimiento con el cual emitió su respuesta no me extrañó, debido al cada vez más pronunciado triunfo cultural que a nivel internacional ha obtenido el ideario educativo de mercado entre una muy significativa franja de quienes diseñan, promueven y también ejecutan las políticas educativas. Para ciertos sectores de expertos en el tema, ministros de educación, consultores y docentes, la intervención programática y orgánica de actores ajenos al ámbito educativo (ligados principalmente al mercado y al llamado Tercer Sector) en la provisión de ese servicio público es sinónimo de eficiencia en el gasto, innovación en el diseño de las políticas y satisfacción para las familias. Por eso no se cuestiona el impulso de formas gerenciales de autogestión escolar, de construcción de alianzas público-privadas, de gobernanza educativa con intervención de grupos de interés, entre otros.

Desde hace algunos años, el debate nacional sobre la reforma educativa ha sido impulsado en gran medida por organismos privados que tras la bandera de la educación de calidad han posicionado proyectos que buscan reconfigurar el sistema educativo bajo una lógica de competitividad, orientados por visiones eficientistasdel proceso escolar.

La experiencia internacional y nuestra propia historia reciente nos muestran que a menudo la intervención de organizaciones de la sociedad civil proempresariales, fundaciones corporativas o asociaciones filantrópicas en el campo educativo público comprende un fin mucho más amplio que únicamente el de aportar apoyo a escuelas públicas para apoyar a los niños. En su práctica, persiste una búsqueda de beneficio o lucro que se consigue bajo distintas formas.

Se lucra cuando los privados diseñan la oferta de servicios educativos, por ejemplo, en lo relativo a profesionalización docente, educación inclusiva e inicial o educación musical; cuando grupos de interés reciben financiamiento del Estado para impulsar en el ámbito de lo público proyectos privatizadores; a través del pago a prestación de servicios o vía alianzas público-privadas, y se lucra también cuando la perspectiva social del mundo de actores privados se convierte en dominante con el beneplácito del gobierno.

El sexenio anterior fue paradigmático en esta materia. Además de que grupos de interés del mundo editorial hicieron un gran negocio debido a su cercanía con el poder político, el gobierno mexicano financió proyectos educativos de organizaciones como ExEB, Suma por la educación y Únete, promotoras de la reforma educativa. Según datos oficiales,1 Exeb recibió aportaciones de 9 millones 963 mil 771 pesos en 2014 y 5 millones en 2016, que se sumaron a los 10 millones recibidos en 2012 para promover su modelo gerencial de autogestión escolar. Por su parte, Suma recibió aportaciones por 3 millones 100 mil pesos en 2013 y en 2014, y 2 millones en 2016 para impulsar sus proyectos de participación social en la educación y reproducir videos y animaciones digitales, así como elaborar un documento de 21 páginas sobre la comunidad mazahua. Finalmente, Únete recibió en 2015 12 millones 128 mil 800 pesos para dotar a 50 escuelas con un aula de medios. Es importante mencionar que incluso sumando las cantidades de las asociaciones el resultado es ínfimo comparado con la enorme cantidad de dinero recibido por Asociación Azteca para promover sus orquestas en el mismo periodo.

Todo ello mientras miles de escuelas carecían de la infraestructura básica para su normal funcionamiento a lo largo y ancho del país.

El gobierno de López Obrador tiene de frente un reto más en materia educativa: terminar con el negocio privado que ha representado el discurso y la práctica de la reforma.

Sin embargo, el panorama no pinta muy bien al respecto:

a) Se ha anunciado ya un programa de profesionalización docente por la Fundación Telefónica, vinculada tanto con ExEB como a organizaciones empresariales de Argentina y Brasil interesadas en la educación. El programa consiste en tres cursos para el fortalecimiento de las habilidades digitales y competencias pedagógicas de las maestras y maestros. El esquema de financiamiento del curso aún no es claro.

b) En el campo de la educación inicial, el hilo a seguir proviene del Movimiento Tres Doce, impulsado por su presidente rotativo, Federico Núñez Perea, quien ha colaborado en campañas de recaudación con Fundación Azteca. Tal como ha insistido el colectivo Educación Especial Hoy, la intervención de actores privados en tal propuesta representa un foco de atención.

c) En el campo de la educación musical está ya en marcha el programa de Orquestas Escolares, basado en el modelo de orquestas Esperanza Azteca, de Fundación Azteca. ¿En qué rubros colaborará la fundación de Salinas Pliego con la SEP? ¿Cuál será su retribución? ¿Por qué anteponer un modelo empresarial a las tradiciones locales de la enseñanza artística? Tampoco queda claro.

El cambio que ha propuesto la 4T no llegará si las prácticas de corrupción o compadrazgo se mantienen en su proyecto educativo. En este sentido, es imperante que el negocio privado en la educación pública termine de inmediato.

1 SFP (2017) Donativos otorgados por las Instituciones de la Administración Pública Federalhttps://datos.gob.mx/busca/ dataset/donativos-otorgados

 

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2019/07/28/opinion/013a1pol

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Privatizar la política educativa

Por: Mauro Jarquín Ramírez

El lopezobradorismo presume haber logrado cancelar la mal llamada reforma educativa y con ello impulsar un proyecto educativo que presenta como propio. Al mismo tiempo, Mexicanos Primero declara que hay avances mixtos en la ruta educativa del gobierno morenista, la Concamin aplaude la aprobación de las nuevas leyes educativas, la Coparmex encuentra mejoras sustanciales en la propuesta votada y el SNTE se declara ahora ejército intelectual de la 4T. Considerando el empuje y cobertura que el sector empresarial y el oficialismo sindical dieron a la reforma 2013, así como la continuidad de sus propuestas en la agenda educativa oficial actual, hay algo de esta transformación educativa que sencillamente no cuadra.

¿Cómo ha logrado el Presidente este curioso consenso? O los reformadores del sexenio pasado cambiaron repentinamente de opinión sobre sus preferencias formativas, o consiguieron que elementos fundamentales de su proyecto permearan en la plataforma educativa de la 4T, a expensas de la legitimidad electoral del nuevo gobierno. A juzgar por las líneas contenidas en el dictamen aprobado, la segunda opción parece ser la más acertada.

Quienes impulsaron la reforma del sexenio pasado pudieron dar continuidad a sus propuestas debido, entre otras cosas, a la limitada interpretación del Presidente de la problemática educativa. Lo anterior se mostró con claridad en el discurso pronunciado por AMLO el jueves pasado en su conferencia matutina, cuando después de celebrar el avance de su reforma educativa y señalar de nueva cuenta a las reformas estructurales neoliberales impuestas por el extranjero, afirmó que la reforma educativa del sexenio pasado se había usado para engañar y manipular, ya que aunque su ejecución suponía un avance en la calidad educativa, lo que buscó fue la privatización.

En efecto, como pudo verse con los Clubes, la reforma 2013 contuvo un profundo sentido privatizador. Un sentido que, ahora recubierto por un discurso por momentos progresista, parece expresarse en otro sentido en el actual dictamen de reforma. Y es que la privatización educativa no consiste en poner un letrero que diga en venta en la entrada de las escuelas públicas del país, sino que abarca una serie de mecanismos de gestión institucional y social cuyo fin es ampliar la esfera de influencia del mercado en los sistemas educativos por medio de: a) procesos de gestión escolar inspirados en el mundo empresarial; b) fines educativos meritocráticos y excluyentes inspirados en criterios de eficiencia; c) contratación de servicios educativos a privados (actualización docente, tutorías, material didáctico); d) desprofesionalización docente; e) apertura cada vez mayor a intereses privados en espacios de gobierno educativo; f) fomento a la participación de privados en oferta educativa, entre otros.

La interpretación de que la problemática educativa consistía únicamente en una evaluación punitiva que atentaba contra la dignidad del magisterio, generó la percepción que desvinculando la evaluación de la permanencia docente el problema sería resuelto. Sin embargo, con lo anterior se permitió la permanencia de conceptos e ideas educativas de orden gerencial en la Constitución, mismas que podrían tener como efecto diversos procesos de privatización educativa. Según el texto propuesto:

a) El concepto central del proyecto educativo es el de excelencia, definida como mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Además de ser una noción educativa vinculada al pensamiento neoconservador y promovida por fundaciones empresariales, su conceptualización se encuentra ligada a la estandarización educativa en mecanismos de evaluación, con lo cual abre la puerta a la intervención privada en la prestación de servicios de coaching o tutoría docente.

b) En materia de los principios rectores y objetivos de la educación inicial, el Ejecutivo federal considerará la opinión de diversos actores sociales involucrados en la educación, entre los cuales estarán involucradas OSC y cámaras empresariales, mismas que se han mostrado sumamente interesadas en tal rubro educativo.

c) El nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será coordinado por un organismo público descentralizado, el cual contará con una junta directiva, un consejo técnico y un consejo ciudadano. Considerando la relevancia que el sistema tendrá a lo largo y a lo ancho del sistema educativo, será importante estar atentos a una posible ocupación de sus consejos por parte de intereses privados, tal como sucedió con los consejos ciudadanos del INEE durante el sexenio pasado.

d) El sistema emitirá lineamientos relacionados con la profesionalización de la gestión escolar. Las políticas de gestión escolar fueron un elemento significativo para organizaciones privadas que intentaron llevar a cabo programas de autogestión escolar. Una de ellas fue Empresarios por la Educación Básica, vinculada a Esteban Moctezuma.

e) Por otro lado, la asesoría de la OCDE en la reforma asegura la permanencia de la prueba PISA en nuestro país, misma que es financiada con recursos públicos por parte de los países participantes.

La propuesta educativa posneoliberal no contiene elementos que apunten a la privatización de la provisión educativa. La vía privatizadora de la 4T parece apuntar en otro sentido: el del poder político. Hasta el momento, el lopezobradorismo ha permitido la intervención directa de agentes privados en espacios clave de su gobierno. De igual forma la reforma consolida la presencia empresarial en la política educativa.

En ello radica el consenso.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/04/27/politica/018a1pol?partner=rss

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Excelencia educativa, nuevo rostro del conservadurismo

Por: Mauro Jarquín Ramírez

En su conferencia matutina del pasado viernes, López Obrador se refirió a la discusión actual sobre el panorama educativo nacional. Después de señalar a los tecnócratas neoliberales corruptosque han impulsado en sexenios anteriores reformas elaboradas en el extranjero, descalificó a aquellos sectores de la sociedad y el magisterio que han externado su preocupación al considerar que el proyecto educativo de la 4T es en lo sustancial una continuidad de las líneas educativas del Pacto por México. Al respecto, afirmó: “hay quienes con una postura muy conservadora, aunque aparentando ser radicales, hablan de que lo que estamos proponiendo es más de lo mismo… eso me parece una exageración.”

Resulta curioso que para desacreditar a las voces críticas, López Obrador utilice un adjetivo que bien podría describir su propio proyecto educativo que, apoyado por el PRI y el PAN, la derecha empresarial y la OCDE, contiene en su concepto central una victoria cultural del conservadurismo.

La noción de excelencia con la cual se plantea sustituir a la de calidad en el tercero constitucional es de larga data en el campo educativo. Su pasado reciente no puede desvincularse del ambiente de la guerra fría, cuando la amenaza comunista inspiró a elementos neoconservadores de distintas partes del mundo a generar políticas que permitieran tener un mayor control sobre el proceso educativo y sus resultados.

En 1981, Reagan creó la Comisión Nacional de Excelencia en la Educación, la cual, mediante la publicación del informe Una nación en riesgo, propuso una serie de importantes reformas en el sistema educativo. En dicho texto, la comisión hablaba del imperativo de proveer educación con calidad y equidad, así como de fortalecer el aprendizaje para toda la vida. Para lograr lo anterior, el gobierno neoconservador debía impulsar en los estudiantes el aprendizaje básico de contenidos. Lo anterior se lograría mediante un trabajo docente centrado en el aprendizaje. La propuesta educativa reaganiana fundada en aprendizajes instrumentales y centralización política, encajaba perfectamente con la reconfiguración de los mercados de trabajo postfordistas y el ambiente de enfrentamiento con la URSS. Por un lado, buscaba generar trabajadores adaptables con habilidades básicas para desarrollarse en contextos laborales flexibles y precarios; por otro, lograr control político del mundo docente y de las comunidades educativas.

Dada la agresividad con la cual el neoconservadurismo se posicionó en el escenario multilateral, la propuesta reaganiana tuvo gran repercusión en la OCDE, desde donde posteriormente se difundieron tales líneas educativas por todo el mundo de la mano de la prueba PISA y sus efectos en política. Para los poderosos y sus organizaciones, en adelante lo fundamental en el proceso educativo a escala global sería el aprendizaje de contenidos instrumentales básicos expresados en pruebas estandarizadas, conceptualizado esto alternadamente con excelencia o calidad educativa. Pese al paso del tiempo, tales principios se han mantenido vigentes, impulsados por el multilateralismo, think tanks, organizaciones de derechas y poderosas fundaciones empresariales. Al respecto, basta con ver los planteamientos de Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, o las propuestas de la Fundación para la Excelencia en Educación de Jeb Bush, generalmente respaldadas por la Fundación Bill & Melinda Gates, inspiración pedagógica de Esteban Moctezuma.

La discusión sobre excelencia/calidad educativa, aprendizajes y rentabilidad económica ha permeado también en el Banco Mundial. En su cuaderno Aprender para hacer realidad la promesa de la educación el BM afirma que no basta con brindar educación. Lo que verdaderamente importa y genera rentabilidad es aprender y adquirir habilidades. Bajo esta lógica, lo fundamental del proceso educativo es crear capital humano. Lo anterior se debe a que para la organización las deficiencias del aprendizaje en la escuela se manifiestan posteriormente como brechas de habilidades de fuerza laboral; es decir, lo que la escuela debe hacer es proveer de habilidades básicas que puedan ser ocupadas posteriormente en los mercados de trabajo, ya sea para aprender in situ en las maquilas o para poder lidiar con las condiciones precarias del trabajo contemporáneo. Generar personas útiles al mercado, no benéficas a sus comunidades. Ese es el sentido más puro del aprendizaje para toda la vida.

La importación de estas ideas en nuestro país ha sido tarea de un conjunto de OSC empresariales cercanas a Moctezuma y a Mario Delgado. Tales asociaciones han pretendido –con éxito– colonizar nuestro sistema educativo con principios gerencialistas. En un contexto en el cual el Presidente se muestra sorprendentemente más cercano a los intereses empresariales que a las necesidades del mundo del trabajo y las comunidades, es explicable que en el proyecto educativo actual se mantengan las opiniones de Carlos Hank, Ricardo Salinas Pliego o Enrique Madero Bracho.

La nueva redacción del artículo tercero contiene elementos ornamentales que suponen un cambio radical, pero el concepto central y perfectamente definido es el de excelencia: mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Vale la pena preguntar: ¿A qué estamos llamando aprendizaje? ¿Cómo se va a verificar ese aprendizaje? ¿Quién verificará tal aprendizaje? ¿A quién beneficiará ese aprendizaje?

En tiempos posneoliberales, parece que el gobierno del cambio no apuesta por el futuro, regalando al conservadurismo educativo el sendero a transitar. Como bien previó Thatcher, sus ideas han logrado apropiarse del sentido común.

 Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/04/13/opinion/015a2pol

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Bonapartismo educativo

Por: Mauro Jarquín Ramírez.

 

Al inicio de su memorable 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx afirmaba, a propósito de Hegel, que los grandes hechos y personajes de la historia acontecían dos veces. Una vez como gran tragedia y otra como lamentable farsa. Lo dicho por el pensador bien podría ser la síntesis histórica del devenir educativo nacional en los últimos tiempos con sus respectivas reformas. En un lapso de seis años hemos pasado de una gran tragedia educativa (reforma educativa 2013) a algo que para ciertos sectores del magisterio organizado y colectivos educativos se presenta como una lamentable farsa (el proyecto educativo lopezobradorista). Y no es para menos, ya que de aquellas declaraciones morenistas que sentenciaban no dejar ni una comade la mal llamada reforma educativa, ha quedado muy poco. La 4T, que ha decretado con bombo y platillo el fin del neoliberalismo, no únicamente ha mantenido con vida al proyecto empresarial cobijado por el Pacto por México, sino que ha impulsado en la nueva propuesta educativa una recuperación íntegra de su núcleo gerencial.

La tragedia educativa de hace seis años representó un duro golpe para el magisterio mexicano y las comunidades educativas. El cuerpo de la reforma, orientado por principios eficientistas, consistía en la transformación íntegra de las prácticas educativas en distintos niveles con el supuesto fin de elevar la calidad educativa, entendida como el logro de aprendizajes instrumentales medido en pruebas estandarizadas. De fondo, se buscaba cambiar la lógica del proceso educativo, orientándolo hacia el logro de metas de aprendizaje determinadas unilateralmente que no partían de un análisis responsable de los contextos concretos de escolarización.

Ante la violencia con la que fue impuesta la reforma, el magisterio mexicano mostró una respuesta ejemplar cristalizada en largas jornadas de lucha nacional que se expresaron en una gran diversidad de experiencias de resistencia situadas a lo largo de la República. La capacidad de movilización fue tal, que el gobierno peñista se vio forzado a oscilar entre esporádicos y limitados episodios de diálogo, con una abierta campaña de represión que cobró vidas de maestros, padres de familia y simpatizantes del movimiento. No obstante, pese a todo la firmeza de las maestras no mostró señales de flaqueza.

Al final del sexenio, la reforma educativa había terminado por generar una percepción negativa no sólo en el seno del profesorado, sino en grandes capas de la sociedad. De poco o nada servían ya los contratos multimillonarios entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las televisoras para difundir sus supuestas bondades o la campaña de desprestigio hacia el magisterio por parte de grupos empresariales. Las movilizaciones habían logrado cuestionar el momentáneo éxito de determinados grupos de interés al lograr hacerse con el control del rumbo educativo nacional con beneplácito de las autoridades. Sin embargo, aunque la reforma parecía estar ya en el suelo, sus efectos continuaban operando… y sus conceptos centrales se mantenían vigentes en la cabeza de expertos y políticos de izquierda.

El malestar con la reforma fue recuperado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a tal grado que llegó a constituir uno de los pilares de su plataforma electoral. Denunciar a la mal llamada reforma educativa se hizo costumbre en cada mitin, principalmente si se llevaba a cabo en algún lugar con una importante tradición de movilización docente. AMLO necesitaba asegurar su victoria. Para ello, además de apoyarse en Alfonso Romo y sus redes para concertar posibles intereses con el capital privado, requería convencer al voto magisterial de que él era la mejor opción para desterrar tan desagradable normatividad. Su jugada funcionó y tras integrar a liderazgos regionales a su proyecto electoral, logró hacerse con el voto docente.

Ya en la Presidencia, su política en educación se ha decantado por gestionar la lucha entre magisterio y empresarios (con sus OSC) con el fin de que a través de su liderazgo y capacidad de mediación sea posible impulsar una agenda educativa que recupere propuestas de ambas partes, en beneficio de todos. Lo anterior le habilita a desarrollar un ejercicio político donde, dadas las condiciones de los actores en pugna, éste pueda posicionarse por encima de tal conflicto y así representar los verdaderos intereses educativos del pueblo. La restauración lopezobradorista en el campo educativo ha llegado tanto de la mano del carisma y legitimidad del Presidente, como de las limitantes políticas que magisterio (atravesado por debates internos) y derecha empresarial (desgastada públicamente) encuentran en su intento por impulsar sus proyectos educativos. Erróneamente, muchos piensan que el Presidente plantea un cambio sustancial en educación que resta fortaleza a los grupos de interés económico.

AMLO ha arrebatado a los empresarios y a sus personeros el control directo de la política educativa del que tanto gozaron el sexenio pasado. Sin embargo, pareciera que este cambio responde más a la tarea de garantizar la permanencia de sus ideas gerenciales que de construir un cambio radical en la política educativa. La lamentable farsa educativa ha llegado de la mano del concepto central del nuevo proyecto: la excelencia, entendida como el mejoramiento que promueve –nuevamente– el máximo logro de aprendizajes. Una recuperación del proyecto empresarial de calidad que marcará el sentido de la formación docente, la gestión escolar, la participación social en educación y por supuesto, la evaluación educativa.

Al dominio lopezobradorista lo precede el ideario educativo empresarial, impulsado por Delgado, Moctezuma, Guevara, Romo y compañía. Construir un proyecto educativo de transformación requerirá romper las cadenas tutelares del Estado y apostar –nuevamente– por construir horizontes distintos dentro y fuera de la lógica estatal.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2019/03/24/opinion/008a1pol

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Los expertos educativos y la contrapropuesta de la oposición

Por: Mauro Jaquín Ramírez

n el más reciente libro deFernando Reimers, Letters to a New Minister of Education, encontramos un breve capítulo desarrollado por Sergio Cárdenas, académico del CIDE y exdirector del Crefal, intitulado Mexico: Should you talk to the experts? advice for a new secretary. En su intervención, Cárdenas le comparte al nuevo titular de la SEP –Esteban Moctezuma– lo apremiante que es mostrar interés por escuchar a una comunidad que siempre asumirá saber más sobre la educación que los líderes políticos en turno de ese sector, la comunidad de los expertos.

En nuestro país, los expertos educativos son un estrato privilegiado del mundo académico. Generalmente posgraduados en universidades de renombre internacional, mantienen una trayectoria que detenta amplio reconocimiento en los claustros, los pasillos de importantes corporativos, oficinas gubernamentales y organizaciones liberales. Son una especie de aristocracia intelectual bien consciente de sus capacidades. Tanto así, que ellos mismos se consideran las mejores mentes de este país, a decir de Blanca Heredia, una reconocida académica del CIDE, ex funcionaria de Segob y ex funcionaria de la OCDE.

En su texto, Cárdenas –vinculado al mencionado grupo– sugiere empezar con el pie derecho la relación entre la SEP y los expertos, con el fin de encontrar puentes de diálogo que permitan construir armónicamente una nueva propuesta educativa. El investigador es bastante claro al exponer la preponderancia que tal estrato ha adquirido con el paso de los años en los espacios de discusión, diseño y deliberación de las políticas educativas.

Lo anterior ha sido favorecido por ciertos cambios a nivel institucional que, a la luz de la reforma educativa 2013, profundizaron la inclusión de distintos actores (organizaciones de la sociedad civil, grupos de expertos, cámaras empresariales, etcétera) en los procesos de gobierno educativo. Dichos cambios conformaron una nueva gobernanza del sistema, cuya justificación podemos encontrarla en el Nuevo Modelo Educativo 2016. Teóricamente, lo que se busca en dicho contexto es desarrollar una lógica deliberativa plural en el cual actores privados y sociales puedan colaborar con el gobierno para generar políticas públicas eficientes y favorables al conjunto de la sociedad. Lamentablemente, aunque tal propuesta conlleva un supuesto pluralista implícito, en su práctica no favorece necesariamente aspiraciones democráticas, ya que a menudo los actores privados y sociales incluidos en dichos procesos han estado estrechamente asociados al gobierno en turno o vinculados a poderosos grupos de interés, lo cual limita su representatividad y apuntala las desigualdades políticas en nuestra sociedad.

Los procesos de gobierno en este sentido encuentran en las redes de políticas su núcleo operativo. Ahí se desarrollan las ideas, se gestionan los procesos, se aboga por determinadas propuestas y se accede a la deliberación gubernamental. En estas redes, cuyas prácticas de clase son muy acentuadas, los expertos son nodos sumamente relevantes dada su capacidad de trabajar en calidad de asesores, investigadores o directivos con distintas organizaciones al mismo tiempo: partidos políticos; ONG como Mexicanos Primero; think tanksnacionales como México Evalúa o internacionales como RAND Corporation o Brookings Institution; organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, la OCDE o el Inter-American Dialogue; instituciones académicas como CIDE o Flacso, etcétera. A pesar de su naturaleza descentralizada, los integrantes de dichas redes convergen en la realización de proyectos comunes mediante alianzas estratégicas. Tales alianzas les permiten estar presentes en los altos espacios del poder y les habilitan para influir en las políticas educativas, sin importar que generalmente estén ausentes del contexto real de la escuela pública y los problemas cotidianos del profesorado.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/02/09/opinion/015a1pol#

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Sociedad civil empresarial, motor de la reforma educativa

México / 28 de octubre de 2018 / Autor: Mauro Jarquín Ramírez / Fuente: La Jornada

A finales del pasado mes de febrero, la organización civil empresarial Mexicanos Primero presentó su documento de trabajo anual titulado La escuela que queremos. En dicho evento, Alejandro Ramírez, actual presidente de la asociación –también director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios– afirmó: Estamos listos para trabajar con el gobierno federal actual y con el próximo, como resulte de la voluntad expresada en el voto, siempre atentos a una colaboración transparente y exigente, empática y demandante a la vez, porque lo que nos guía es el derecho de los niños primero. Analizando en retrospectiva el campo educativo nacional, podemos ver que la mencionada voluntad colaborativa de las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) de carácter empresarial con distintos niveles de gobierno no es nueva, ya que ha constituido un referente asociativo central en el proceso de reforma educativa en los recientes sexenios mediante la difusión mediática de determinadas propuestas educativas y de la presencia de tales grupos y sus agentes en distintas instancias de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Poder Legislativo.

La colaboración entre OSC’s empresariales y gobierno en materia educativa tiene una historia necesaria de contar. A partir de 2004, con el respaldo de la foxista Ley para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, fueron fundadas algunas OSC’s empresariales y pro-empresariales que, pese a ciertas diferencias en su estructuración y programa, repercutieron de formas distintas en el proceso de reforma. De esta manera, ciertos grupos empresariales encontraron en la idea de sociedad civil el camino ideal para intervenir de forma directa en el debate público sobre la educación de una forma suave, aceptable e incluso deseable para un sector importante de la población mexicana. Entre las mencionadas asociaciones podemos encontrar a Fundación IDEA, Fundación Empresarios por la Educación Básica, Fundación SM, Suma por la educación y Mexicanos Primero, siendo las dos últimas las políticamente más activas y relevantes.

A lo largo de los años, estas organizaciones han conformado un frente reformista de facto que se consolidó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tal frente se ha expresado en una intensa campaña de organización fundada en la difusión de desplegados políticos en medios, favorables a la reforma y hostiles a la movilización magisterial, la realización bianual de la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación (Clase) y un constante ejercicio de lobby legislativo, entre otros, todo con el fin de hacer del sistema educativo nacional una réplica tropical de ciertas líneas educativas dirigidas por la OCDE, el Banco Mundial y think-tanks internacionales. El mencionado frente cívico-empresarial logró tal relevancia en el sistema educativo nacional durante el sexenio peñanietista, que fungió como un auténtico motor del proceso de reforma educativa en cuando menos dos sentidos:

Logró aglutinar a su alrededor la energía del malestar social derivada de una supuesta mala educación reflejada en los resultados de pruebas PISA y la transformó en un aparente consenso social sobre la urgencia de una reforma educativa asociada a sus propuestas en materia de rectoría educativa y evaluación magisterial, construyendo así un culpable de la crisis educativa: el profesorado, tal como se muestra en el documental De Panzazo, patrocinado por Mexicanos Primero.

Consiguió impulsar su proyecto educativo en ciertas instancias de política educativa mediante su colonización (con el perdón de Carlos Ornelas) por medio de la ocupación de espacios clave por parte de agentes asociados a Mexicanos Primero, Suma por la Educación y Fundación SM, tales como la presidencia del INEE, el Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación del INEE, la Consejería Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de la SEP, la dirección general de Desarrollo Curricular, también de la SEP, entre otros.

La sociedad civil empresarial ha llevado a cabo un trabajo arduo para adecuar la educación pública nacional a sus criterios de rendimiento, excelencia y calidad, y por ningún motivo parecen desistir de ello, sin importar el costo de vidas humanas, la humillación al magisterio y la extendida crítica a sus propuestas en educación. Al contrario, las palabras de Ramírez ilustran bien las últimas acciones que han llevado a cabo para seguir siendo protagonistas del debate educativo durante el proceso electoral y más allá de él. Con la iniciativa 10 por la Educación –llevada a cabo por primera vez en las elecciones federales de 2012 y repetida en este 2018– buscan conocer la visión y propuestas específicas de los candidatos a la Presidencia de la República sobre los principales retos de la educación en México. Lo mismo intentan mediante la plataforma #EducaATuCandidato de Mexicanos Primero, donde se presenta una valoración de las propuestas educativas de los candidatos a la Presidencia de la República.

A pesar de sus preferencias electorales –por demás claras hacia la derecha– las asociaciones tienen en su ADN la capacidad negociadora de la burguesía nacional. Por ello, independiemente de quién gane la elección, intentarán mantener su incidencia en el sistema educativo para que la reforma continúe desarrollándose. La pregunta es: ¿Seguirán permeando en la política educativa con la misma intensidad, o habrá algún otro grupo que ocupe su lugar?

Fuente del Artículo:

http://www.jornada.com.mx/2018/07/28/opinion/015a2pol

Fuente de la Imagen:

https://ojarasca.jornada.com.mx/2016/08/04/index.php?section=cartones&id=1

ove/mahv

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La OCDE y el futuro de la reforma educativa

Por: Mauro Jarquín Ramírez.

 

La reforma educativa partió del diagnóstico de que la educación mexicana no era de calidad debido básicamente a dos cosas: mal desempeño docente e ineficiente administración escolar. En este tenor  -y al más puro estilo del gerencialismo educativo internacional impulsado por la OCDE y el Banco Mundial- los reformadores consideraron que, para impulsar la calidad educativa, era necesario hacer del profesorado un objeto de intervención, a través de la creación de un marco institucional de control docente e incertidumbre laboral. Asimismo, dicha política debía ser acompañada con la construcción de nuevas directrices administrativas en las escuelas, apegadas a las lógicas del new public management.  El simplista supuesto subyacente de todo esto residía en esperar que, ante las transformaciones de los insumos de trabajo (docentes), la “mejora” en los insumos de capital (infraestructura) y la gerencialización del proceso administrativo, los productos escolares, medidos en pruebas estandarizadas de aprendizaje, mejorarían sustancialmente, algo que incluso en los propios términos de los reformistas no ha ocurrido[1].

Sin embargo, a pesar del rechazo que el profesorado y las comunidades educativas han mostrado a la reforma y los valores que la impulsaron, esta sigue operando, aunque de manera desigual, en los distintos niveles del sistema educativo mexicano, modificando paulatinamente el ambiente laboral del profesorado y con ello, transformando también de manera sutil en las comunidades educativas el “sentido común” sobre las tareas, fines y procesos de la educación pública. El gobierno de los números, los estándares, las evaluaciones y el control docente en las escuelas se ha impuesto por la fuerza, se ha mantenido por la ley y se ha justificado por la razón intelectual de ciertos “expertos” en educación, consultores internacionales y personeros de grupos de interés, cuya mayor inspiración son los lineamientos educativos gerenciales de entidades multilaterales, las cuales se han visto sumamente interesadas en consolidarse como actores centrales en los procesos de gobernanza educativa nacional.

Al respecto, es de resaltar la particular persistencia que la OCDE ha mostrado con el paso de los años en su campaña de consolidación como el referente a seguir en la política educativa. Para lograrlo, ha echado mano tanto de su capacidad de presión política internacional, como de la construcción de alianzas con determinados actores del sistema educativo mexicano que se han encargado de difundir sus lineamientos educativos por todas partes donde han podido, presentándolos como novedosos, “de avanzada” y hasta progresistas. En ese sentido, basta mencionar, por ejemplo, la colaboración constante entre Andreas Schleicher, Director de Educación de la OCDE con la organización Mexicanos Primero.

La insistencia de la OCDE  por mantener políticas gerenciales en educación ha sido constante desde el año 2010, cuando desarrolló propuestas centrales que nutrirían la posterior reforma educativa, pero se ha agudizado en los últimos meses. Durante su Participación en la reunión «El Servicio Profesional Docente 2014-2018: Alcances, Beneficios y Desafíos”, organizada por la SEP el pasado 15 de Febrero, Gabriela Ramos, Directora OCDE y representante del G-20, dijo: “Desde la OCDE celebramos que muchas de las medidas introducidas en materia de selección y formación docente, estén alineadas con las mejores prácticas internacionales”, para después completar: “sin embargo, esta es la OCDE, tenemos algunas recomendaciones […] tenemos que insistir en continuar con estos esquemas que se han aprobado.” Ideas similares desarrolló la organización en el documento “Education Policy Outlook México”, publicado en marzo pasado, en donde reconoce favorablemente las políticas realizadas para lograr la “calidad” y “equidad” educativas, como la autonomía escolar y la consolidación de la autoridad evaluadora. De igual forma, insiste en la necesidad de dar continuidad a los esfuerzos por “fortalecer la profesión docente” y mantener las políticas establecidas hasta el momento.

Ante el cambio de gobierno y el debate generalizado sobre el rumbo educativo del país, la OCDE ha mantenido su punto de vista, tal como lo expresó a inicios de septiembre pasado, cuando en la presentación del documento “Education as a Glance 2018”, Gabriela Ramos expresó que habían elementos “muy positivos” en la reforma educativa, que debían ser “resaltados” y tomados en cuenta. Sin embargo, Ramos también afirmó: “si hay elementos positivos que se puedan rescatar para el beneficio de los niños y los maestros de México, les damos la bienvenida”[2], con lo cual abrió la posibilidad de ciertos cambios en la reforma, cambios en los cuales la propia OCDE espera estar presente al tener “los mejores datos”, “la mejor evidencia” y “los mejores análisis”.

La OCDE pasa por alto que el descontento no radica en una disposición particular, sino en el intento global por mercantilizar la educación básica, lo cual no se solucionará “mejorando”, por ejemplo, la evaluación docente. Será tarea del gobierno entrante tomar las riendas de la educación nacional y analizar democráticamente la reforma, debatir lo necesario y, desde luego, cumplir con sus promesas de campaña.

[1] http://www.jornada.com.mx/2018/09/25/sociedad/035n1soc

[2] http://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-reforma-educativa-no-es-perfecta-ocde

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