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Sociedad Civil SA de CV

Por: Mauro Jarquín Ramírez

Según Gramsci, los empresarios se caracterizan por cierta capacidad dirigente y técnica en su práctica que no se limita a su esfera inmediata de actividad, sino que se expresa también en otros espacios ligados a la actividad económica. Además, apunta que al interior de la clase empresarial, hay una élite específica que debe tener capacidad para gestionar la organización de la sociedad en general, con miras a crear las condiciones favorables para la expansión de su clase. Reflexiones importantes para problematizar la actualidad del empresariado nacional.

De forma posterior a la disputa entre gobierno y capital en la década de los años 80, líderes empresariales impulsaron iniciativas de vertebración social, con las cuales se buscaba conformar un empresariado con facultades de organizador de masas, mismo que pudiera constituirse como una fuerza social con suficiente peso en los debates político-electorales de coyuntura, así como un contrapeso a gobiernos caracterizados como populistas o que resultaran peligrosos para la permanencia de una estructura social favorable a la reproducción ampliada de su capital.

En dicho rubro, los hombres de negocios encontraron en el foxismo un momento clave gracias a la construcción de canales institucionales para la participación ciudadana en procesos de políticas impulsadas por su gobierno. Entendieron bien que estaban frente a un gobierno que era de empresarios para empresarios y buscaron resignificar –con éxito– la participación ciudadana en una representación social dirigida por organizaciones por ellos creadas, tal como pudo verse en la conformación del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, donde las organizaciones sociales eran esencialmente representantes o personeros empresariales. Esta tendencia de apropiación de la noción de sociedad civil por parte de los empresarios se consolidó como un ámbito en el cual su actividad impactaba también en el espacio de lo político.

Con el paso de los años, dentro del gran empresariado nacional se ha consolidado una élite directiva que ha buscado apuntalar un proyecto global de sociedad en la búsqueda de la conservación de privilegios y maximización de beneficios; el protagonista de este conjunto actualmente es Claudio X González Guajardo.

González es un prominente representante de un empresariado joven y cosmopolita, ex burócrata federal y fundador de organizaciones como Mexicanos Primero y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El empresario es, además, pieza fundamental en la coalición político-electoral Va por México, conformada por los partidos del Pacto por México, cuyo principal objetivo es hacer frente al gobierno de López Obrador. Dada su centralidad y aparición constante en mítines y reuniones de los partidos de oposición, así como a la notoria ausencia de perfiles políticos sobresalientes en dichos partidos, González resulta un potencial outsider electoral en 2024, cuya mayor virtud sería presentarse como un candidato ciudadano preocupado por la recuperación de la democracia y las libertades, muy a tono con el discurso de la nueva derecha latinoamericana.

Su rechazo a la construcción de una política de integración regional hacia el sur contrasta con el gran interés en profundizar la integración política, económica y cultural de México a la órbita estadunidense, cuyo ambiente conoce bien al formar parte de think tanks orientados a la política hemisférica dirigidos por actores vinculados a la National Endowment for Democracy, organización que ha mostrado recelo hacia gobiernos de izquierda en la región.

González ha impulsado un proyecto de restructuración cultural cuya punta de lanza es el vaciamiento de la noción compleja y amplia de sociedad civil, con el fin de instaurarla en tanto bandera política de unas cuantas expresiones asociativas creadas, financiadas, dirigidas e inspiradas en el empresariado, en sus valores y proyectos. Es un paso adelante del uso empresarial de la noción sociedad civil, dirigido ahora a construir un monopolio en torno a su representación.

Producto de este movimiento es el desarrollo de la Sociedad Civil SA de CV, un proyecto de matriz neoconservadora que parte de la convicción de que la sociedad civil es esencialmente el capital, y que para preservarla, es necesario ocupar los espacios institucionales destinados a la representación de la ciudadanía, generar contrapesos políticos y legales a proyectos gubernamentales que representen una amenaza a ciertos intereses privados y buscar la movilización de la sociedad a partir de una narrativa de defensa de los derechos de propiedad, la libertad individual y las instituciones liberales. Elementos que en sus efectos, poco tienen que ver con la histórica lucha por la democracia frente a regímenes autoritarios o militaristas y que apuntan hacia la preservación de una democracia de privilegios.

La Sociedad Civil SA de CV se ha puesto al frente del debate electoral, llamando a votar por los partidos de oposición porque ellos son quienes representan la democracia. Además, mediante una política de alianzas focalizada, los empresarios que apuntalan el proyecto han logrado hacer llegar su discurso a otros grupos, como algunos segmentos de clase media urbana y sectores académicos liberales, quienes perciben en el lopezobradorismo una amenaza a su patrimonio y una afrenta a la ingeniería institucional que habilitó una democracia que, logrando convencer a las élites, resultó a todas luces insuficiente para el grueso de la población.

La sociedad civil es mucho más grande que el proyecto empresarial. Es necesario considerarlo si queremos impulsar realmente la democracia.

Politólogo. Autor del libro La pedagogía del capital. Empresarios, nueva derecha y reforma educativa en México

Fuente: La Jornada

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Reapertura escolar y aprendizajes: debate necesario

Por: Mauro Jarquín

Tras un año de educación a distancia, las prácticas de socialización y avance escolar de millones de estudiantes de nivel básico se han visto afectadas, el magisterio nacional ha experimentado un ritmo y forma de trabajo previamente desconocido y las preocupaciones familiares respecto al cuidado y futuro de sus hijos han incrementado.

El gobierno federal anunció que el regreso a clases en las escuelas de Campeche, un estado con baja incidencia en casos de coronavirus, se llevará a cabo durante abril. La reapertura voluntaria será también el inicio de una campaña en todo el país que se prevé avance a medida que la inmunización muestre resultados positivos y los contagios disminuyan. El gobierno ha dicho que tal reactivación se llevará a cabo con las condiciones necesarias, lo cual debería significar la provisión a estudiantes, docentes y personal, de mascarillas efectivas contra la transmisión del virus, disposición de espacios propicios para actividades que requieran el retiro de dichas mascarillas, utensilios de limpieza, disminución en la cantidad de estudiantes por grupo, etcétera.

Esto se presenta en el marco de un debate nacional que, imbricado en la tendencia global, ha sido sostenido, en esencia, entre aquellos que urgen la reapertura escolar con dos argumentos centrales: reactivar la economía y detener la pérdida de aprendizajes (por lo general, empresarios, voceros empresariales y expertos educativos vinculados a organizaciones privadas) y aquellos sectores magisteriales que, a partir de su experiencia en el trabajo escolar cotidiano, han afirmado que la reapertura deberá darse en cuanto hayan condiciones suficientes de seguridad, ya que, sumado a la alta incidencia de comorbilidades en el magisterio nacional, en los planteles no es fácil controlar las interacciones sociales.

Los grupos de interés que exigen reapertura inmediata han mantenido desde meses atrás una campaña mediática para presionar al gobierno federal, fundada en gran medida en el l ugar común de la pérdida de aprendizajes. Según Bourdieu y Wacquant, los lugares comunes son “tesis con las cuales se argumenta pero sobre las cuales no se argumenta […] presupuestos de la discusión que permanecen indiscutidos” y que deben la fuerza de su persuasión a ser producidos en círculos expertos y ser apoyados y transmitidos por instancias multilaterales y think tanks.

El supuesto dicta que el cierre de escuelas ha impactado de forma negativa en el aprendizaje de millones de estudiantes, lo cual afectaría sus ingresos futuros, lo cual perjudicaría, en especial, a los más pobres. Esta tesis, difundida por empresas como McKinsey, ha sido promovida también por el Banco Mundial, que en su documento Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños, afirma: Las perdidas de aprendizaje se pueden estimar en términos de escolaridad y de aprendizajes, tomando en cuenta tanto los aprendizajes que no se generan durante el cierre de los colegios como el aprendizaje previo que se pierde u olvida a medida que los alumnos se van desvinculando del sistema educativo. Así, los países podrían experimentar pérdidas significativas de capital humano y productividad. Como una medida para el retorno a clases, y para no parecer desconsiderado ante la salud de los trabajadores de la educación, el banco también afirma que los maestros [deben ser] priorizados en el proceso de vacunación para que regresen a la escuela lo antes posible.

El supuesto de pérdida de aprendizajes por el cierre escolar ha generado a nivel internacional un debate impor-tante que en México, al parecer, no existe, dado el poder consensual de los lugares comunes en el campo educativo.

En el contexto estadunidense, Alfie Kohn polemiza las certezas respecto a un deslizamiento académico en los estudiantes por estar fuera de la escuela. Considera que la investigación que alimenta el miedo a la pérdida de aprendizajes no es tan persuasiva como se presenta. Su punto de referencia son los estudios sobre la pérdida de aprendizaje en verano, de los cuales, más allá de las controversias metodológicas presentadas, ninguno muestra realmente una disminución del aprendizaje, sólo un descenso en los resultados de los exámenes estandarizados (en algunas asignaturas, en algunas situaciones, para algunos niños). De fondo, lo que persiste es confusión acerca de los resultados en pruebas con otros conceptos como aprendizaje, rendimiento, excelencia educativa o éxito académico. Más aún, considera que los discursos alarmistas sobre pérdida académica pueden resultar peligrosos, al crear presión sobre las familias.

Las aproximaciones económicas-neoclásicas al proceso educativo consideran al aprendizaje como aquellas habilidades instrumentales que pueden ser medibles, evaluando así la calidad de la eventual fuerza de trabajo disponible en una sociedad. Visión predominante que desde los 90, con el movimiento de las pruebas estandarizadas, ha resultado nociva para el desarrollo de un proyecto de educación democrática.

Claro que en el desarrollo personal y social de los estudiantes resultan importantes las afectaciones potenciales a conocimientos fácticos y procedimentales derivados del cierre escolar. Pero decir que niños y niñas y adolescentes no han aprendido en estos tiempos difíciles, es una mentira. Como apuntó Rachael Gabriel, los estudiantes han aprendido la importancia de la higiene personal, la importancia de la solidaridad, la naturaleza desigual de la sociedad moderna, algunos han aprendido a pasar más tiempo en contacto con la naturaleza, etcétera. ¿Acaso no es importante?

Ante la reapertura escolar, es primordial discutir qué aprendizaje resulta significativo, a partir de cuál circunstancia, porque de ello dependerá la forma en que se reabran escuelas y la educación que se construya post-pandemia.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/03/20/opinion/014a1pol

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Empresarios: puerta giratoria y educación

Por: Mauro Jarquin

Afines del siglo pasado se generó una polémica global sobre el papel que el sistema educativo debía tener respecto al crecimiento económico de las sociedades. Dicho debate había sido ya desarrollado a partir de las formulaciones de los teóricos neoclásicos del capital humano durante los sesenta, pero el proceso de globalización productiva brindó un nuevo brío a las preocupaciones sobre educación y desarrollo debido a que los sistemas educativos devenían enclaves fundamentales en la formación de capital humano, factor de primera importancia en la competencia económica internacional.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari mostró un interés especial al respecto, ya que, junto al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (ahora Consejo Mexicano de Negocios), compartía el interés por modernizar al país para favorecer su integración al mercado mundial, lo cual sería potenciado con la firma del TLCAN. Para gobierno y cúpulas empresariales, uno de los rubros de dicha modernización debía ser el educativo, dada la importancia del capital humano para la atracción de inversión extranjera directa. Al respecto se pronunciaba el entonces presidente: “Es necesario enfatizar que educación de calidad significa más competitividad; pero, sobre todo, mejor educación quiere decir mejor distribución del ingreso…”. La educación encaminada a la modernización económica y social, es decir, hacia la reproducción del orden neoliberal, era la prioridad en el gobierno salinista.

Dado el interés empresarial en la educación, y considerando un supuesto expertise para generar grandes rendimientos de cualquier inversión (y dado que para el gobierno la educación representaba ya una inversión y no un gasto, retomando los principios de la teoría del capital humano), el gobierno salinista le invitó a formar parte activa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).

Jorge Ocejo Moreno, en aquel momento presidente de la Comisión de Educación del Sector Empresarial fue invitado al Foro de Consulta para la Modernización Educativa y a la presentación del Programa para la Modernización Educativa, realizado en Monterrey en 1989; además, los empresarios fueron incluidos formalmente al Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte). En ese momento se inauguró un largo ciclo de aguda intervención empresarial en la educación pública, tanto a nivel orgánico como programático mediante distintos mecanismos, entre los cuales el uso de la puerta giratoria ha resultado fundamental para la preservación de su influencia burocrática y programática en la SEP.

Castellani explica que puerta giratoria –expresión que tiene origen en la legislación estadunidense– alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales (https://nuso.org/articulo/lobbies- y-puertas-giratorias/). La autora expone que dicho ejercicio puede realizarse de distintas formas: altos directivos del sector privado que acceden a puestos relevantes en el sector público; funcionarios que al dejar su cargo son contratados en el sector privado para ocupar puestos directivos o individuos que van ocupando altos cargos en el sector privado y el sector público alternativamente; modalidades que pueden conllevar a importantes conflictos de interés, ya sean explícitos, aparentes o potenciales.

El uso de la puerta giratoria ha sido un mecanismo de intervención importante para sectores dominantes en el campo educativo internacional. Mediante la ocupación de espacios relevantes en el sector público, grupos de interés han situado la agenda de asociaciones y ONG organizadas y financiadas por empresarios, quienes han actuado como correa de transmisión de intereses privados hacia instancias de deliberación política, presentando un supuesto interés en el bien común.

Entre muchos otros, consideremos el caso de la multimillonaria Betsy DeVos, quien en 2017 fue nombrada como secretaria de Educación en Estados Unidos; María Victoria Angulo, titular del Ministerio de Educación de Colombia, previamente directora ejecutiva de la organización Empresarios por la Educación; Agustín Batto, cofundador y director ejecutivo de Fundación Eidos, coordinador nacional de Programas del Ministerio de Educación argentino durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri y en el Brasil gobernado por el Partido de los Trabajadores (Lula y Rousseff) recordemos a Fernando Haddad, titular del Ministerio de Educación, uno de los primeros integrantes de Todos por la Educación –organización empresarial hermana de Mexicanos Primero– según su propia directora ejecutiva. Así, no resulta fortuita la adopción paulatina de criterios de mercado y gerenciales en los lineamientos de evaluación, gestión y gasto educativo.

En México, la tendencia descrita se encontró recientemente con el nombramiento de Esteban Moctezuma, ex presidente ejecutivo de Fundación Azteca, quien saltó a la SEP con el gobierno de la 4T. Esto fue habilitado por el fomento de las actividades empresariales por parte de anteriores titulares de la SEP como Josefina Vázquez Mota, aliada estratégica de Mexicanos Primero, posicionándolos como un actor central en educación y Aurelio Nuño, quien buscaba hacer de México un país maquilador cada vez de mayor nivel a través de la educación. Su mayor mérito fue que durante su gestión, la secretaría y el INEE se vieron capturados por intereses del sector privado.

Actualmente, la SEP es dirigida por Delfina Gómez, promotora del emprendedurismo, valor que podría consolidarse con el nombramiento de Martha Hernández Moreno como subsecretaria de Educación Básica, hasta hace algún tiempo directora de Diseño Curricular y Acreditación en la Universidad Metropolitana de Monterrey, vinculada estrechamente a Alfonso Romo Garza.

Nada nuevo bajo el sol. En el viejo régimen y la 4T, mientras docentes luchan por derechos, empresarios sólo giran la puerta para disfrutar prerrogativas.

*Profesor FFL-UNAM

Fuente: http://www.educacionfutura.org/empresarios-puerta-giratoria-y-educacion/

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4T: Revolución pasiva en educación

Por: Mauro Jarquin

En su primera intervención pública, Delfina Gómez, futura titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que, una vez que tome la dirección de la dependencia, no tenía contemplado cambiar nada. Lo anterior no debería resultar sorpresivo.

La salida de Esteban Moctezuma se anunció en un momento en el cual cimientos, estructura y fachada de la propuesta educativa de la 4T en tanto continuidad neoliberal, resultaban ya muy claros. Basta echar un vistazo a la reforma constitucional, al programa sectorial de educación, a las leyes secundarias, al presupuesto destinado al sector educativo en su conjunto y a la restructuración de la relación entre Estado y docentes.

La llegada de la maestra Gómez es el inicio de una nueva etapa discursiva en las labores de la SEP, guiada ahora por contenidos populares y de acercamiento con los problemas cotidianos de las escuelas, con miras a gestionar el rumbo ya iniciado.

Más que un paso hacia el fortalecimiento democrático del sector educativo, lo anterior representa un giro estratégico encaminado hacia la legitimación de la revolución pasiva que la 4T ha impulsado en la educación nacional.

La noción de revolución pasiva forma parte del repertorio conceptual de un sector de la izquierda latinoamericana que ha buscado caracterizar fenómenos denominados como populistas o relativos a lo nacional-popular durante la segunda mitad del siglo pasado o a la luz de los progresismos contemporáneos que han tenido lugar desde los años 90.

Una característica de estos gobiernos es que, ante procesos relevantes de movilización social, convienen en la permisividad de ciertas concesiones respecto a las exigencias de grupos subalternos organizados. Ello tiene como contraparte el hecho de que las pautas de apertura suponen los propios límites en la acción colectiva y las perspectivas de éxito de los movimientos, buscando con ello conducir el proceso organizativo y eventualmente desactivarlo o integrarlo al proyecto en el gobierno.

Las revoluciones pasivas conllevan dos dispositivos para gestionar la tensión entre la regresión y el cambio progresista inherentes a su desarrollo: transformismo (inclusión de organizaciones y liderazgos de movimientos al proyecto populista en el gobierno, aún anclados en la resistencia) y cesarismo (liderazgo carismático que permite modular el ímpetu movilizador). Con ellos, se busca generar un desempate ante una situación política que puede dirigir al caos o la catástrofe.

La Reforma Educativa de 2013 prendió fuego en la pradera del campo educativo nacional, generando una movilización magisterial que logró cuestionar profundamente el proyecto gerencial que grupos empresariales, sus ramificaciones de sociedad civil y sectores políticos liberales habían impulsado para reformar la educación nacional según una serie de intereses comunes.

Una vez que erráticamente la reforma se presumía muerta, la 4T entró en acción, pasando del momento bonapartista (https://www.jornada.com.mx/2019/03/24/opinion/008a1pol) a la consolidación de un proyecto de revolución pasiva en educación que consistía en mantener las bases del proyecto educativo neoliberal sin sus partes más agresivas.

Para ello, y pese a las disputas mediáticas, tendió rutas de acuerdo con grupos de interés y partidos de la oposición, mientras repetía, una y otra vez, que eran los docentes quienes gozaban de prioridad en el diseño de la política. Los sectores dominantes quedaron conformes con la reforma y el magisterio disminuyó su movilización autónoma.

La 4T decidió mostrar pautas de cambio: desvinculó la evaluación docente de la permanencia en el empleo tal cual estaba en la Constitución, intervino positivamente en la liberación de presos políticos y en la reinstalación de docentes cesados por persecución y abrió las puertas para un acercamiento inédito entre sectores magisteriales críticos de la reforma neoliberal y el gobierno federal. Lo que hizo fue básicamente restaurar las circunstancias hasta antes de 2013, salvo que ahora con el cobijo de una campaña mediática de revalorización docente, anzuelo de un nuevo proceso de subalternización. Algo políticamente certero y electoralmente redituable.

No obstante, dichas decisiones han tenido su contraparte en políticas contrarias a todo proyecto posneoliberal, que en general han tenido buena recepción gracias a un liderazgo impecable del Presidente y a la incorporación de cuadros magisteriales a la 4T: a) golpeteo continuo a la tradición normalista; b) consolidación de orden filantrocapitalista en educación; c) privatización del proceso de toma de decisiones; d) fomento a la mercantilización de los datos de millones de estudiantes y docentes por la vía de la digitalización, y e) endoprivatización educativa, mediante la conservación de criterios gerenciales en la evaluación del ejercicio educativo cotidiano.

La revolución pasiva en curso constituye un desafío para la organización autónoma de estudiantes y docentes. Resulta imperativo afrontarla apelando a lo mejor de la tradición organizativa del magisterio.

Profesor FFL-UNAM

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/opinion/010a1pol

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Frena: pedagogía pública de la reacción

Por: Mauro Jarquín Ramírez*


El Frente Nacional Anti-Amlo (Frena) representa una avanzada estratégica del segmento más radicalizado de la oposición de derechas a la 4T, lo cual resulta claro en su programa y liderazgo. Gilberto Lozano ha sido el rostro más visible de la organización. Ex directivo de FEMSA, funcionario federal con Vicente Fox y vinculado a distintas organizaciones élite en el medio empresarial, consolidó su discurso antipartidista durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando conformó el Congreso Nacional Ciudadano, antecedente de Frena.

El frente se presentó en abril pasado. Desde entonces distintas organizaciones anticomunistas, próvida y liberales han mostrado gestos de simpatía o adhesión. Es importante decir que Frena no es una ocurrencia momentánea, sino parte de un proyecto elitista de restauración conservadora que permea en ciertos sectores dominantes.

Considerar esto resulta útil en un contexto en el cual, ante el gran apoyo popular del cual aún goza López Obrador, la caricaturización de las formas de participación política de las derechas ha sido un lugar común. Esto tampoco es extraño, dado el material polémico que han ofrecido las recientes protestas de la organización, incluidos sus desangelados campamentos en avenida Juárez o el Zócalo: casas de campaña vacías, manifestantes que se asisten de cargadores para transportar sus pertenencias, carteles en inglés con la leyenda “AMLO you are not qualified for this job”, plegarias católicas a los cuatro vientos o un ¡Lárgate López, te odio con toda mi alma, perro! dirigido al Presidente.

Para la gran mayoría de mexicanos, Frena es considerado básicamente como una secta ultraderechista dirigida por un vehemente líder. Sin embargo, quienes forman parte de él consideran que están conformando un movimiento social que –aunque mucho más virtual que real– busca hacer frente a una imprecisa amenaza comunista producto de una conspiración regional denominada Foro de Sao Paulo. Sus esfuerzos se han encaminado en caracterizar al gobierno actual como una dictadura, para luego interpelar a la ciudadanía respecto a lo que consideran son implicaciones negativas del lopezobradorismo. De esa forma, Frena es presentado, en palabras del propio Lozano, como el aglutinador de una masa crítica conformada por líderes que han de articular a los 5 millones de ciudadanos necesarios para derrocar la amenaza totalitaria. Es decir, es un actor primordial en la pedagogía pública de la reacción.

Para Jennifer Sandlin y otros, la pedagogía pública se define como actividades educativas y de aprendizaje que se desarrollan en espacios y discursos extra institucionales. En este proceso pueden intervenir medios de comunicación, intelectuales, movimientos y de variada naturaleza con sus respectivas prácticas sociales. El frente ha intentado desarrollar dicha práctica pedagógica a partir de dos dimensiones: a) la apuesta por el aprendizaje en la organización social por parte de élites que nunca habían pisado las calles por una protesta y b) la difusión de un mensaje de alerta a la población en general, aunque con dedicatoria especial a sectores empresariales, religiosos y burocráticos que han visto amenazados sus intereses a la luz del gobierno de la 4T y de las fuerzas sociales que lo acompañan. La pedagogía de la reacción desarrollada por el frente busca generar capacidades organizativas en sectores dominantes, articular a otras expresiones derechistas a un programa común de resistencia al lopezobradorismo y difundir un discurso alarmista sobre la situación política en curso con el apoyo de las redes sociales y medios de comunicación locales y externos.

En gran medida, la práctica política de Frena es producto de una interpretación muy particular de los postulados de Gene Sharp, intelectual estadunidense de la guerra fría vinculado a la CIA en Harvard (https://nonsite.org/change-agent- gene-sharps-neoliberal-nonviolence-part-one/ ).Sharp desarrolló una prolífica obra sobre los movimientos sociales no violentos y la destrucción de las dictaduras que ha gozado de amplia aceptación en movimientos del mundo. Su libro más discutido se intitula D e la dictadura a la democracia, que ha sido tomado como un manual para la acción no-violenta por parte de movimientos en el mundo, como la utilización de banderas nacionales en manifestaciones, el desfile de vehículos, la realización de procesiones religiosas o la mofa de funcionarios, así como la búsqueda de encarcelamientos por parte de la supuesta dictadura a combatir, con el fin de minar su capacidad de respuesta, sus bases de apoyo y su aceptación en la ciudadanía.

Los métodos mencionados han sido utilizados en la estrategia del frente, a través de los cuales busca derrocar a una dictadura que simplemente no existe. Tanto así, que la propia SEP le dedicó acríticamente un programa a la obra de Gene Sharp en Aprende en Casa I, relativo a la asignatura de formación cívica y ética en secundaria.

Pese a lo inconsistente y políticamente irrelevante que ha parecido hasta hoy la intervención del frente en el espacio público, es importante dar un seguimiento puntual a su pedagogía pública. Por lo pronto, ante la movilización de días recientes, Financial Times ha mencionado que El Presidente populista de México enfrenta una reacción violenta del pueblo, sectores próvida se han mostrado solidarios a la causa y otros abiertamente neofascistas buscan aglutinarse.

Las derechas se están moviendo ¿cómo se responderá desde la izquierda?

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/10/03/opinion/016a2pol

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México: La entelequia educativa

La entelequia educativa

Mauro Jarquín

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes.

Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Autor: Mauro Jarquín

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/la-entelequia-educativa/

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La entelequia educativa

 Mauro Jarquín

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes. Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Twitter: @MaurroJarquin

Fuente: https://profelandia.com/la-entelequia-educativa/

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