Author: Mauro Jarquin

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Empresarios: puerta giratoria y educación

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquin

Afines del siglo pasado se generó una polémica global sobre el papel que el sistema educativo debía tener respecto al crecimiento económico de las sociedades. Dicho debate había sido ya desarrollado a partir de las formulaciones de los teóricos neoclásicos del capital humano durante los sesenta, pero el proceso de globalización productiva brindó un nuevo brío a las preocupaciones sobre educación y desarrollo debido a que los sistemas educativos devenían enclaves fundamentales en la formación de capital humano, factor de primera importancia en la competencia económica internacional.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari mostró un interés especial al respecto, ya que, junto al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (ahora Consejo Mexicano de Negocios), compartía el interés por modernizar al país para favorecer su integración al mercado mundial, lo cual sería potenciado con la firma del TLCAN. Para gobierno y cúpulas empresariales, uno de los rubros de dicha modernización debía ser el educativo, dada la importancia del capital humano para la atracción de inversión extranjera directa. Al respecto se pronunciaba el entonces presidente: “Es necesario enfatizar que educación de calidad significa más competitividad; pero, sobre todo, mejor educación quiere decir mejor distribución del ingreso…”. La educación encaminada a la modernización económica y social, es decir, hacia la reproducción del orden neoliberal, era la prioridad en el gobierno salinista.

Dado el interés empresarial en la educación, y considerando un supuesto expertise para generar grandes rendimientos de cualquier inversión (y dado que para el gobierno la educación representaba ya una inversión y no un gasto, retomando los principios de la teoría del capital humano), el gobierno salinista le invitó a formar parte activa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).

Jorge Ocejo Moreno, en aquel momento presidente de la Comisión de Educación del Sector Empresarial fue invitado al Foro de Consulta para la Modernización Educativa y a la presentación del Programa para la Modernización Educativa, realizado en Monterrey en 1989; además, los empresarios fueron incluidos formalmente al Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte). En ese momento se inauguró un largo ciclo de aguda intervención empresarial en la educación pública, tanto a nivel orgánico como programático mediante distintos mecanismos, entre los cuales el uso de la puerta giratoria ha resultado fundamental para la preservación de su influencia burocrática y programática en la SEP.

Castellani explica que puerta giratoria –expresión que tiene origen en la legislación estadunidense– alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales (https://nuso.org/articulo/lobbies- y-puertas-giratorias/). La autora expone que dicho ejercicio puede realizarse de distintas formas: altos directivos del sector privado que acceden a puestos relevantes en el sector público; funcionarios que al dejar su cargo son contratados en el sector privado para ocupar puestos directivos o individuos que van ocupando altos cargos en el sector privado y el sector público alternativamente; modalidades que pueden conllevar a importantes conflictos de interés, ya sean explícitos, aparentes o potenciales.

El uso de la puerta giratoria ha sido un mecanismo de intervención importante para sectores dominantes en el campo educativo internacional. Mediante la ocupación de espacios relevantes en el sector público, grupos de interés han situado la agenda de asociaciones y ONG organizadas y financiadas por empresarios, quienes han actuado como correa de transmisión de intereses privados hacia instancias de deliberación política, presentando un supuesto interés en el bien común.

Entre muchos otros, consideremos el caso de la multimillonaria Betsy DeVos, quien en 2017 fue nombrada como secretaria de Educación en Estados Unidos; María Victoria Angulo, titular del Ministerio de Educación de Colombia, previamente directora ejecutiva de la organización Empresarios por la Educación; Agustín Batto, cofundador y director ejecutivo de Fundación Eidos, coordinador nacional de Programas del Ministerio de Educación argentino durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri y en el Brasil gobernado por el Partido de los Trabajadores (Lula y Rousseff) recordemos a Fernando Haddad, titular del Ministerio de Educación, uno de los primeros integrantes de Todos por la Educación –organización empresarial hermana de Mexicanos Primero– según su propia directora ejecutiva. Así, no resulta fortuita la adopción paulatina de criterios de mercado y gerenciales en los lineamientos de evaluación, gestión y gasto educativo.

En México, la tendencia descrita se encontró recientemente con el nombramiento de Esteban Moctezuma, ex presidente ejecutivo de Fundación Azteca, quien saltó a la SEP con el gobierno de la 4T. Esto fue habilitado por el fomento de las actividades empresariales por parte de anteriores titulares de la SEP como Josefina Vázquez Mota, aliada estratégica de Mexicanos Primero, posicionándolos como un actor central en educación y Aurelio Nuño, quien buscaba hacer de México un país maquilador cada vez de mayor nivel a través de la educación. Su mayor mérito fue que durante su gestión, la secretaría y el INEE se vieron capturados por intereses del sector privado.

Actualmente, la SEP es dirigida por Delfina Gómez, promotora del emprendedurismo, valor que podría consolidarse con el nombramiento de Martha Hernández Moreno como subsecretaria de Educación Básica, hasta hace algún tiempo directora de Diseño Curricular y Acreditación en la Universidad Metropolitana de Monterrey, vinculada estrechamente a Alfonso Romo Garza.

Nada nuevo bajo el sol. En el viejo régimen y la 4T, mientras docentes luchan por derechos, empresarios sólo giran la puerta para disfrutar prerrogativas.

*Profesor FFL-UNAM

Fuente: http://www.educacionfutura.org/empresarios-puerta-giratoria-y-educacion/

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4T: Revolución pasiva en educación

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquin

En su primera intervención pública, Delfina Gómez, futura titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que, una vez que tome la dirección de la dependencia, no tenía contemplado cambiar nada. Lo anterior no debería resultar sorpresivo.

La salida de Esteban Moctezuma se anunció en un momento en el cual cimientos, estructura y fachada de la propuesta educativa de la 4T en tanto continuidad neoliberal, resultaban ya muy claros. Basta echar un vistazo a la reforma constitucional, al programa sectorial de educación, a las leyes secundarias, al presupuesto destinado al sector educativo en su conjunto y a la restructuración de la relación entre Estado y docentes.

La llegada de la maestra Gómez es el inicio de una nueva etapa discursiva en las labores de la SEP, guiada ahora por contenidos populares y de acercamiento con los problemas cotidianos de las escuelas, con miras a gestionar el rumbo ya iniciado.

Más que un paso hacia el fortalecimiento democrático del sector educativo, lo anterior representa un giro estratégico encaminado hacia la legitimación de la revolución pasiva que la 4T ha impulsado en la educación nacional.

La noción de revolución pasiva forma parte del repertorio conceptual de un sector de la izquierda latinoamericana que ha buscado caracterizar fenómenos denominados como populistas o relativos a lo nacional-popular durante la segunda mitad del siglo pasado o a la luz de los progresismos contemporáneos que han tenido lugar desde los años 90.

Una característica de estos gobiernos es que, ante procesos relevantes de movilización social, convienen en la permisividad de ciertas concesiones respecto a las exigencias de grupos subalternos organizados. Ello tiene como contraparte el hecho de que las pautas de apertura suponen los propios límites en la acción colectiva y las perspectivas de éxito de los movimientos, buscando con ello conducir el proceso organizativo y eventualmente desactivarlo o integrarlo al proyecto en el gobierno.

Las revoluciones pasivas conllevan dos dispositivos para gestionar la tensión entre la regresión y el cambio progresista inherentes a su desarrollo: transformismo (inclusión de organizaciones y liderazgos de movimientos al proyecto populista en el gobierno, aún anclados en la resistencia) y cesarismo (liderazgo carismático que permite modular el ímpetu movilizador). Con ellos, se busca generar un desempate ante una situación política que puede dirigir al caos o la catástrofe.

La Reforma Educativa de 2013 prendió fuego en la pradera del campo educativo nacional, generando una movilización magisterial que logró cuestionar profundamente el proyecto gerencial que grupos empresariales, sus ramificaciones de sociedad civil y sectores políticos liberales habían impulsado para reformar la educación nacional según una serie de intereses comunes.

Una vez que erráticamente la reforma se presumía muerta, la 4T entró en acción, pasando del momento bonapartista (https://www.jornada.com.mx/2019/03/24/opinion/008a1pol) a la consolidación de un proyecto de revolución pasiva en educación que consistía en mantener las bases del proyecto educativo neoliberal sin sus partes más agresivas.

Para ello, y pese a las disputas mediáticas, tendió rutas de acuerdo con grupos de interés y partidos de la oposición, mientras repetía, una y otra vez, que eran los docentes quienes gozaban de prioridad en el diseño de la política. Los sectores dominantes quedaron conformes con la reforma y el magisterio disminuyó su movilización autónoma.

La 4T decidió mostrar pautas de cambio: desvinculó la evaluación docente de la permanencia en el empleo tal cual estaba en la Constitución, intervino positivamente en la liberación de presos políticos y en la reinstalación de docentes cesados por persecución y abrió las puertas para un acercamiento inédito entre sectores magisteriales críticos de la reforma neoliberal y el gobierno federal. Lo que hizo fue básicamente restaurar las circunstancias hasta antes de 2013, salvo que ahora con el cobijo de una campaña mediática de revalorización docente, anzuelo de un nuevo proceso de subalternización. Algo políticamente certero y electoralmente redituable.

No obstante, dichas decisiones han tenido su contraparte en políticas contrarias a todo proyecto posneoliberal, que en general han tenido buena recepción gracias a un liderazgo impecable del Presidente y a la incorporación de cuadros magisteriales a la 4T: a) golpeteo continuo a la tradición normalista; b) consolidación de orden filantrocapitalista en educación; c) privatización del proceso de toma de decisiones; d) fomento a la mercantilización de los datos de millones de estudiantes y docentes por la vía de la digitalización, y e) endoprivatización educativa, mediante la conservación de criterios gerenciales en la evaluación del ejercicio educativo cotidiano.

La revolución pasiva en curso constituye un desafío para la organización autónoma de estudiantes y docentes. Resulta imperativo afrontarla apelando a lo mejor de la tradición organizativa del magisterio.

* Profesor FFL-UNAM

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/opinion/010a1pol

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Frena: pedagogía pública de la reacción

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquín Ramírez*

El Frente Nacional Anti-Amlo (Frena) representa una avanzada estratégica del segmento más radicalizado de la oposición de derechas a la 4T, lo cual resulta claro en su programa y liderazgo. Gilberto Lozano ha sido el rostro más visible de la organización. Ex directivo de FEMSA, funcionario federal con Vicente Fox y vinculado a distintas organizaciones élite en el medio empresarial, consolidó su discurso antipartidista durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando conformó el Congreso Nacional Ciudadano, antecedente de Frena.

El frente se presentó en abril pasado. Desde entonces distintas organizaciones anticomunistas, próvida y liberales han mostrado gestos de simpatía o adhesión. Es importante decir que Frena no es una ocurrencia momentánea, sino parte de un proyecto elitista de restauración conservadora que permea en ciertos sectores dominantes.

Considerar esto resulta útil en un contexto en el cual, ante el gran apoyo popular del cual aún goza López Obrador, la caricaturización de las formas de participación política de las derechas ha sido un lugar común. Esto tampoco es extraño, dado el material polémico que han ofrecido las recientes protestas de la organización, incluidos sus desangelados campamentos en avenida Juárez o el Zócalo: casas de campaña vacías, manifestantes que se asisten de cargadores para transportar sus pertenencias, carteles en inglés con la leyenda “AMLO you are not qualified for this job”, plegarias católicas a los cuatro vientos o un ¡Lárgate López, te odio con toda mi alma, perro! dirigido al Presidente.

Para la gran mayoría de mexicanos, Frena es considerado básicamente como una secta ultraderechista dirigida por un vehemente líder. Sin embargo, quienes forman parte de él consideran que están conformando un movimiento social que –aunque mucho más virtual que real– busca hacer frente a una imprecisa amenaza comunista producto de una conspiración regional denominada Foro de Sao Paulo. Sus esfuerzos se han encaminado en caracterizar al gobierno actual como una dictadura, para luego interpelar a la ciudadanía respecto a lo que consideran son implicaciones negativas del lopezobradorismo. De esa forma, Frena es presentado, en palabras del propio Lozano, como el aglutinador de una masa crítica conformada por líderes que han de articular a los 5 millones de ciudadanos necesarios para derrocar la amenaza totalitaria. Es decir, es un actor primordial en la pedagogía pública de la reacción.

Para Jennifer Sandlin y otros, la pedagogía pública se define como actividades educativas y de aprendizaje que se desarrollan en espacios y discursos extra institucionales. En este proceso pueden intervenir medios de comunicación, intelectuales, movimientos y de variada naturaleza con sus respectivas prácticas sociales. El frente ha intentado desarrollar dicha práctica pedagógica a partir de dos dimensiones: a) la apuesta por el aprendizaje en la organización social por parte de élites que nunca habían pisado las calles por una protesta y b) la difusión de un mensaje de alerta a la población en general, aunque con dedicatoria especial a sectores empresariales, religiosos y burocráticos que han visto amenazados sus intereses a la luz del gobierno de la 4T y de las fuerzas sociales que lo acompañan. La pedagogía de la reacción desarrollada por el frente busca generar capacidades organizativas en sectores dominantes, articular a otras expresiones derechistas a un programa común de resistencia al lopezobradorismo y difundir un discurso alarmista sobre la situación política en curso con el apoyo de las redes sociales y medios de comunicación locales y externos.

En gran medida, la práctica política de Frena es producto de una interpretación muy particular de los postulados de Gene Sharp, intelectual estadunidense de la guerra fría vinculado a la CIA en Harvard (https://nonsite.org/change-agent- gene-sharps-neoliberal-nonviolence-part-one/ ).Sharp desarrolló una prolífica obra sobre los movimientos sociales no violentos y la destrucción de las dictaduras que ha gozado de amplia aceptación en movimientos del mundo. Su libro más discutido se intitula D e la dictadura a la democracia, que ha sido tomado como un manual para la acción no-violenta por parte de movimientos en el mundo, como la utilización de banderas nacionales en manifestaciones, el desfile de vehículos, la realización de procesiones religiosas o la mofa de funcionarios, así como la búsqueda de encarcelamientos por parte de la supuesta dictadura a combatir, con el fin de minar su capacidad de respuesta, sus bases de apoyo y su aceptación en la ciudadanía.

Los métodos mencionados han sido utilizados en la estrategia del frente, a través de los cuales busca derrocar a una dictadura que simplemente no existe. Tanto así, que la propia SEP le dedicó acríticamente un programa a la obra de Gene Sharp en Aprende en Casa I, relativo a la asignatura de formación cívica y ética en secundaria.

Pese a lo inconsistente y políticamente irrelevante que ha parecido hasta hoy la intervención del frente en el espacio público, es importante dar un seguimiento puntual a su pedagogía pública. Por lo pronto, ante la movilización de días recientes, Financial Times ha mencionado que El Presidente populista de México enfrenta una reacción violenta del pueblo, sectores próvida se han mostrado solidarios a la causa y otros abiertamente neofascistas buscan aglutinarse.

Las derechas se están moviendo ¿cómo se responderá desde la izquierda?

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/10/03/opinion/016a2pol

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México: La entelequia educativa

Mauro Jarquin

La entelequia educativa

Mauro Jarquín

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes.

Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Autor: Mauro Jarquín

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/la-entelequia-educativa/

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La entelequia educativa

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquín

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes. Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Twitter: @MaurroJarquin

Fuente: https://profelandia.com/la-entelequia-educativa/

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La entelequia educativa

Mauro Jarquin

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes.

Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-entelequia-educativa/

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Implicaciones de un modelo híbrido en educación

Mauro Jarquin

Por:  Mauro Jarquín Ramírez*

Durante la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Esteban Moctezuma presentó el nuevo enfoque pedagógico a seguir en las escuelas mexicanas: un modelo híbrido a través del cual convivirán en el futuro la educación presencial y a distancia, con miras a responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto fue publicado en el Boletín Nº 196 de la SEP.

Dado que en los hechos el modelo híbrido representa la integración, de ahora en adelante, de distintas tecnologías ofertadas por el sector privado en los trabajos del sistema educativo (organización de los planteles educativos, evaluación de aprendizaje, análisis de desempeño docente y currículo) vale la pena plantear las posibles implicaciones que de ello puede derivarse a nivel político, es decir, en lo relativo al ejercicio del poder en el gobierno educativo nacional. Como en muchas otras partes del mundo, la pandemia ha sido un escenario perfecto para la expansión operativa de grandes corporaciones dedicadas a la tecnología educativa, como Microsoft, Google y Discovery Education. En pocos meses, dichas firmas han logrado mejorar sustancialmente su situación presente al tiempo de construir condiciones más favorables hacia el futuro. Por un lado, han sumado millones de usuarios nuevos a sus plataformas, como efecto del seguimiento de trabajo y clases a distancia y, por otro, han podido expandir su influencia en sistemas educativos públicos de todo el mundo, con lo cual buscan garantizar el desarrollo de una posterior fuerza de trabajo joven, quienes llenará(n) la cartera de candidatos potenciales para unirse a nuestras empresas un día, según el liderazgo de Discovery Education. La irrupción de dichas empresas en el campo educativo ha provocado que la educación a distancia, mediada por el software provisto por ellas, se convierta en un elemento esencial de los sistemas educativos en el mundo, lo cual se está cocinando ya en México.

La asistencia que Microsoft y Google han brindado en el desarrollo del programa Aprende en Casa y el diseño del modelo híbrido que viene, no fue ni fortuita ni coyuntural. Es parte de un proceso de expansión corporativa que ha hallado en el sistema educativo nacional, compuesto por más de 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes, un atractivo lugar de inversión. Representa, además, la creación de un espacio de consumo dominante que favorece a Google, dado el apoyo recibido por parte de la SEP para incluir en su base de datos prácticamente a todos los trabajadores de la educación, a los cuales se les ha negado la posibilidad de elegir si quieren o no integrarse a dichas plataformas. Si bien la oferta de los servicios de Google ha sido en primera instancia gratuita, la lógica comercial con la cual se ha manejado en sistemas educativos del mundo ha causado fuertes críticas, como en España o en Brasil. En el contexto australiano, el uso generalizado de G Suite ha sido descrito por Anna Krien como un entrenamiento de consumidores de Google desde la infancia y un programa de fidelización de marca presentado como revolución educativa.

La estrecha relación entre las corporaciones tecnológicas y la autoridad educativa federal, presentada como un “gran paso“ por el discurso educativo oficial, representa un salto preciso a lo que Williamson ha denominado una gobernanza educativa digital, en la cual “nuevos actores políticos-técnicos ubicados fuera de las burocracias gubernamentales cumplen (…) la función de vincular las tecnologías digitales de ingeniería de software y procesamiento de datos con diversos procesos y estructuras educativas”. Esto conlleva implicaciones políticas, dado que la generación de información sobre el sistema educativo –requerida para el desarrollo de soluciones de política pública– se generará en infraestructura privada, la relación entre el gobierno federal y Google puede convertirse, de facto, en un proceso de deliberación sobre política educativa que puede institucionalizarse si a largo plazo el sistema educativo termina dependiendo de tal infraestructura. Además, esto ha servido como plataforma para que otras organizaciones privadas, otrora rivales declarados del magisterio organizado, ocupen cada día más espacios importantes en la Nueva Escuela Mexicana online. Un claro ejemplo de ello es la centralidad que la Fundación Unete, fundada y presidida durante años por Claudio X. González Guajardo, la cual ha logrado estar al frente de las campañas de capacitación del magisterio en el uso de Facebook para fines educativos, con el respaldo directo de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa de la SEP. Al parecer, el modelo de gobernanza a través del cual coaliciones de política integradas por asociaciones civiles pro empresariales, sectores confesionales, think tanks pro mercado, han logrado fortalecersu programa al interior de sistema educativo nacional, ahora se plantea también a escala del mundo digital.

En este contexto, resulta imperativo incluir a los docentes en el proceso de toma de decisiones respecto al futuro de su trabajo. Más allá de reconocimientos sobre lo irremplazable que es el docente en la vida pública del país, se requiere que el magisterio ocupe un lugar efectivo en el diseño de cualquier estrategia de educación a distancia. Que pueda verificar que en efecto los datos de las comunidades educativas no sean objeto de un uso deshonesto y que sus necesidades sean escuchadas y atendidas por la autoridad educativa.

Eso sería impulsar una gobernanza democrática. Lo contrario es mantener la gran simulación.

* Politólogo

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR05AwzqLV3oxKw8KPdD_fvzFVlgXk47VSaF5iin8ewdLFEr7Dkxma70URg

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