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La Educación Mexicana y Pisa 2018.

Por: Mauro Jarquín.

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A lo largo de los últimos lustros, el campo educativo ha sido un rubro de importantes transformaciones orgánicas e ideológicas a nivel mundial, principalmente a partir de ciertas propuestas de cambio originadas en los pasillos de organismos multilaterales (OCDE-Banco Mundial), think-tanks, y gobiernos nacionales con alcance global. Dichos cambios se han llevado a cabo de forma armonizada con las dinámicas de funcionamiento del capitalismo cognitivo contemporáneo, para el cual el conocimiento y la educación se presentan como elementos fundamentales con respecto a las posibilidades de desarrollo de las economías y las sociedades en general.

En nuestro país, las autoridades educativas asociadas con organizaciones de corte empresarial, como Mexicanos Primero e instancias multilaterales, han recreado un análisis, programa y política sobre educación que, en consonancia con ciertas tendencias internacionales, se ha conformado como una serie continua de engranajes cuya forma y sentido es el de un programa gerencial de reforma en educación; es decir, un programa de reforma educativa inspirado en ciertos principios organizativos y programáticos retomados del mundo de los negocios y la administración privada, con el fin supuesto de maximizar la rentabilidad de los procesos educativos y sus resultados.

Dicho cambio de ruta ha sido acompañado de un replanteamiento de la función de la educación en la sociedad mexicana, el cual ha sido mencionado una y otra vez por secretarios de educación pública, subsecretarios, líderes empresariales, etc. Para ellos, la educación debe ser pensada ahora como una palanca fundamental del crecimiento y desarrollo económicos a través de la generación del capital humano idóneo para la ejecución de los procesos productivos; es decir, la educación debe producir una mercancía determinada que a través de su buen uso, coadyuve a mantener una economía sana, estable y en constante desarrollo.

Los valores de mercado han impregnado el programa educativo, considerando así que para que nuestra economía y sociedad se desarrolle, es necesario que la sociedad haga su trabajo, a través de un acercamiento cada vez mayor entre las prácticas educativas y los valores de eficiencia, productividad y emprendimiento capitalistas.

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Para lograr el control necesario con respecto a los productos escolares, el gerencialismo en educación ha importado también el término calidad, del mercado y sus transacciones, a los procesos educativos públicos. La noción de educación de calidad, aún no del todo definida y nunca consultada con las comunidades escolares, el profesorado y los propios estudiantes,  se presenta así como la garantía de que aquello que se realiza en las escuelas responde a los intereses y metas planteados por las autoridades educativas y por los intereses objetivos de la economía nacional (es decir, de los sectores y fracciones dominantes del capital doméstico). Considerando que bajo este esquema la escuela desarrolla sus tareas cotidianas como un espacio de producción y reproducción social de capital humano,  podemos pensar que una “educación de calidad” encuentra su materialización en un capital humano de calidad, el cual puede ser entendido como la acumulación de aptitudes y competencias suficientes para el buen desempeño de una persona a lo largo de su vida laboral en un contexto de flexibilización laboral y competitividad.

Ahora bien, ¿de qué manera puede comprobarse dicha condición deseada en los productos educativos? La respuesta, al parecer, es sencilla: a través de una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Una evaluación estandarizada.

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Las políticas internacionales de medición de capital humano, las cuales buscan identificar su cantidad y calidad, han coincidido en que la prueba más relevante en este tenor es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, conocido como prueba PISA. Según la OCDE, PISA es un proyecto cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria a los 15 años [ y ] tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber[1].

Dicha prueba ha sido muy bien recibida por una gran cantidad de gobiernos y ministerios de educación en el mundo, aunque profundamente criticada desde distintas voces. Una de ellas es la de Julio Carabaña, sociólogo español, para quien: “El problema fundamental es que mide una cosa que ellos llaman literacia (literacy), que son aptitudes muy generales que se pueden desarrollar algo en las escuelas pero fundamentalmente no”. Lo anterior es algo que el informe PISA menciona en todas sus ediciones, al recomendar: “Téngase en cuenta a la hora de interpretar estos datos que cuando un país está por encima de otro en las clasificaciones ello no se debe a las escuelas solamente, porque las puntuaciones PISA dependen de toda la experiencia vital de los individuos”[2].

Nuestro país ha participado en la realización de dicha prueba desde hace más de 15 años, a lo largo de los cuales se ha encontrado en el último lugar de los países participantes de la OCDE. De estos resultados se ha culpado principalmente al magisterio, señalando en su labor la supuesta incapacidad para incrementar los niveles de calidad educativa en las escuelas nacionales, incluso sin dar suficiente atención al mismo diseño de la prueba.

Como menciona Carabaña, la medición de capital humano expresada en la prueba PISA tiene por objeto de análisis una dimensión del desarrollo intelectual que no depende exclusivamente del espacio educativo, sino también del contexto en el cual los individuos se desarrollan en sociedad. No es complicado comprender las implicaciones de lo mencionado previamente en una sociedad fragmentada por la desigualdad, la inseguridad, por la pobreza, por la falta de acceso a servicios educativos, culturales, médicos, etc. Una sociedad en la cual las posibilidades de desarrollar un capital socialefectivo se diluyen por la desconfianza, el temor y también, en muchos casos, por la desidia. PISA no solo evalúa a las escuelas, sino también evalúa a la sociedad en la cual estas escuelas están insertas, es algo que no debemos perder de vista.

Los resultados en PISA se han convertido en el leit motiv contemporáneo del debate educativo a nivel mundial, y el incremento de los puntajes en dicha prueba, una condición sine qua non de la política educativa de la gran mayoría de gobiernos avocados a mejorar en los rankings internacionales. Sus resultados son importantes porque se presume que aquellos países que han “mejorado su educación”, y con ello han logrado obtener los primeros lugares en la prueba, han alcanzado o mantenido el anhelado desarrollo económico. Los ejemplos recurrentes -lugares comunes de ello- son principalmente Singapur y Corea del Sur. En nuestro país, tal discurso ha sido repetido de forma impaciente por líderes empresariales que encuentran en los resultados PISA de cada edición, un aliento nuevo a su agenda educativa privatizadora[3]. Sin embargo, basta solamente con conocer un poco de historia de dichas regiones para comprender que tales explicaciones son, cuando menos, infantiles. El desarrollo de sus fuerzas productivas y la configuración de sus relaciones de producción, a la luz de importantes transformaciones geopolíticas en la zona, devinieron vientos de cambio en tales economías, y en dicho proceso de transformación, la inversión en los sistemas educativos, en tecnología, etc., fue un engranaje más en una narrativa bastante compleja.

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Asimilando la agenda educativa nacional con ciertas tendencias mundiales, el gobierno mexicano ha hecho explícito su interés por aumentar a toda costa los puntajes obtenidos por estudiantes mexicanos en PISA. No puede ser de otra forma, su reforma en educación, que tuvo por bandera el incremento en la “calidad educativa”, tiene que dar frutos de alguna manera, y no, no será a partir de una dinámica democrática de funcionamiento en los centros escolares, o a través de la mejora en las circunstancias sociales en las cuales se llevan a cabo los procesos educativos; mucho menos a partir del reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro país, o del cada vez mayor interés del alumnado por el aprendizaje continuo a través de un ambiente escolar agradable; tampoco será vía una mejor remuneración al magisterio, o una inversión sin precedentes a las instancias de formación magisterial. Mucho menos debido a la cobertura educativa universal, o, al menos, a la existencia de comedores escolares en comunidades con alta marginación, no.

Los frutos de la reforma de Peña y los empresarios, asociados al paradigma gerencial en educación, buscan ser reflejados en el incremento del puntaje obtenido en la prueba de la OCDE. Ahora bien, en la misma lógica de la prueba, si ésta dice analizar aptitudes que se desarrollan tanto en el espacio escolar como fuera de él, ¿cómo nuestro país puede obtener un puntaje más alto con una sociedad en muchos aspectos sumamente golpeada y excluyente? Nuevamente, la respuesta parece sencilla: Cargándole todo el peso a la escuela.

Lo anterior nos lleva a una siguiente pregunta: ¿De qué forma la escuela podrá hacerse cargo del contenido educativo que no ha sido suficientemente desarrollado en  los procesos de socialización? La SEP nos dirá: a partir de una estrategia útil y, probablemente, exitosa.

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La estrategia de la SEP de cara a PISA 2018 es similar a determinadas políticas sobre educación que se han llevado a cabo en otros países, con miras a mejorar los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas. El pasado 31 de enero, Otto Granados, actual titular de la SEP, habló sobre la aplicación de una “estrategia de capacitación” para preparar a los estudiantes mexicanos ante la prueba PISA 2018, la cual, según el secretario, “se trata de una  estrategia muy rápida, focalizada y efectiva de preparación para la próxima presentación de la prueba PISA, que deberá ocurrir en los primeros días de abril. [Para ello, las autoridades educativas] han diseñado una estrategia que tiene dos componentes: uno de entrenamiento y capacitación, pero otro también de motivación”[4].

En tal estrategia será fundamental el papel de la Fundación Carlos Slim, a través de la plataforma digital “PruébaT”, cuyo objetivo es “brindar de manera gratuita, experiencias de aprendizaje a docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin de fortalecer conocimientos y habilidades indispensables para aprender a lo largo de la vida”. La plataforma, vinculada a la página “Fortalecimiento de los aprendizajes y competencias en los alumnos de 15 y 16 años” de la SEP, contiene material didáctico para “familiarizarse con PISA”, con su estructura, características y competencias evaluadas. En línea también aparece material similar al que se enfrentan los estudiantes con PISA, con miras a aprender cómo solucionar determinados planteamientos expuestos en la prueba de la OCDE.

Como en otros países, el sector privado ha sido llamado para participar en el coaching necesario para aumentar el puntaje total en pruebas estandarizadas. Al fin de cuentas, “son los privados los que de saber lograr objetivos específicos de mejor forma”.

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No obstante que las líneas generales de tal política de coaching con miras a la prueba no han sido publicadas aún en sus puntos más específicos, es imprescindible discutir los efectos sociales que tales políticas han generado en otras sociedades y las prácticas docentes que con esta buscan generarse.

Los sistemas educativos que le han dado demasiada relevancia a la medición educativa a través de pruebas estandarizadas han creado, en términos generales, un ambiente de trabajo tenso tanto para los docentes como para los estudiantes. Debido a que en tales políticas de evaluación lo que cuenta son los resultados y no tanto así el proceso pedagógico que llevó a determinados resultados, el foco tiende a ponerse en el momento de la prueba, el cual es tan solo una etapa, bastante restrictiva además, de los procesos educativos en las escuelas.

Distintas prácticas docentes se han llevado a cabo para aumentar los puntajes en pruebas estandarizadas, muchas de las cuales se ubican en el espectro de la exclusión educativa y la interiorización de prácticas competitivas en lugar de solidarias al interior del aula. De esta forma, acciones tales como la exclusión de la prueba a estudiantes con “bajos niveles de rendimiento”, o el teaching to the test, se han convertido paulatinamente en prácticas comunes que los docentes deben llevar a cabo para evitar resultados negativos en las pruebas y de esa forma, evitar también señalamientos públicos a los planteles educativos y repercusiones negativas en su trabajo.

El teaching to the test  (enseñar-preparar para la prueba), ha sido una práctica común en sistemas educativos en los cuales los resultados por centro escolar  en pruebas estandarizadas son centrales en materia de financiamiento educativo y reconocimiento social y consiste en utilizar tiempo destinado al contenido curricular en entrenamiento para responder correctamente las pruebas estandarizadas. En este sentido, probablemente el caso estadounidense sea el más representativo a partir de la entrada en vigor de la política No Child Left Behind, a principios de los 2000.

A propósito del teaching persisten varias tendencias interpretativas. Algunas apuntan a que tal práctica no es dañina al espacio escolar cuando los docentes se dedican a enseñar las “habilidades” requeridas para responder determinadas pruebas; es decir, cuando la enseñanza no se centra en la forma y contenido de las pruebas, sino en las capacidades requeridas para su buena resolución. Algunos más, mencionan que, aunque en ciertas prácticas de coaching se pretenda enseñar las aptitudes necesarias para responder la prueba, en última instancia lo que se hace es desplazar tiempo necesario en otro tipo de contenido curricular para destinarlo al entrenamiento de capacidades que pueden ser muy útiles para dichas pruebas, pero no para el desarrollo educativo integral de los estudiantes.

La política del teaching  ha generado distintos efectos en los sistemas escolares en los que se ha implementado, y con respecto a los cuales debemos estar atentos. Entre ellos se encuentra: el aumento del control docente en función de los contenidos que, según las autoridades educativas y las fracciones políticas dominantes en un tiempo-espacio determinado, deben ser enseñadas en la escuela; el ejercicio de prácticas educativas comprometidas más con los resultados medibles que con una sana y necesaria formación ética y la pérdida de interés en el aprendizaje por parte de los estudiantes, debido, entre otras cosas, a la falta de profundización en temas fuera del alcance de las pruebas.

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Aunque no de forma desarrollada, la propuesta de la SEP para “hacer frente” a PISA 2018 es, probablemente, la experiencia más cercana al teaching to the test llevada a cabo a nivel nacional. Este precedente genera una serie de problemas que es preciso analizar, específicamente a partir del papel central que la evaluación ha tenido desde hace algún tiempo en el sistema educativo nacional, principalmente en los años recientes.

Como se ha mostrado en distintos elementos de las transformaciones educativas, un elemento central de la política actual es la despedagogización de las escuelas, tanto por la posición marginal que se le ha atribuido al normalismo, como por la inducción de procesos pedagógicos enfocados a los resultados medibles, y no al desarrollo integral de las comunidades educativas.

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La lucha por una educación pública sólida y pertinente para las necesidades de nuestros pueblos no debe pasar únicamente por la lucha contra la evaluación punitiva presente en la conformación del Servicio Profesional Docente, sino también por reformar prácticas administrativas y pedagógicas más enfocadas a complacer al mundo de los negocios que a las comunidades educativas que le dan sentido a cualquier proyecto de educación nacional.

Fotografía: conaced
Fuentes:

[1] http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/programainternacionaldeevaluaciondelosalumnospisa.htm

[2] http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2016/11/28/pisa-mide-aptitudes-que-no-se-desarrollan-en-la-escuela/

[3] Véase: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/192271

[4] http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sep-capacitara-alumnos-para-contestar-prueba-pisa

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PISA 2015 y el “nuevo aliento” del oxidado discurso

Por: Mauro Jarquin

A partir de la presentación y discusión de los resultados de México en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2015, ejecutada por la OCDE, la problemática educativa en nuestro país ha sido nuevamente objeto de interés, principalmente por aquellos fervientes militantes de la —llamada—Reforma Educativa en curso. Distintas voces oficiales y oficialistas han salido a la palestra para, aprovechando los pésimos resultados nacionales, argüir la urgencia de implementar con “eficacia” y “contundencia” cada uno de los puntos de la Reforma, desde la profesionalización del magisterio (dígase evaluación punitiva) hasta la aplicación del Modelo Educativo 2016, el cual, dicho sea de paso, ha sido ampliamente criticado por su falta de coherencia, su nula articulación con la política implementada por el Gobierno Federal y por supuesto, el autoritarismo con el que se ha impuesto a la comunidad escolar.

Posiblemente el más extasiado con PISA 2015 sea Claudio Xavier González, el líder moral y presidente de la asociación civil-patronal Mexicanos Primero, quien, para no perder la gran oportunidad, ha hecho gala de sus profundos conocimientos teóricos sobre educación, así como de la realidad que nuestros estudiantes y profesores viven cotidianamente al llevar a cabo sus prácticas pedagógicas y labores docentes. El ya mencionado empresario, expresidente de Fundación Televisa y promotor de los planteamientos educativos de la OCDE, publicó unas reflexiones generales a propósito de los resultados internacionales que México obtuvo, las cuales pueden encontrarse en la web con el título “ PISA: ¡Adelante la Reforma!”[1]. Después de leer la masa compacta de enunciados ideológicos que expone González, he considerado pertinente realizar algunos comentarios.

En primer lugar, creo que el título por el que ha optado el líder de Mexicanos Primero no es fortuito, en absoluto. Los resultados internacionales en pruebas estandarizadas se han convertido en algo más que un referente del estado de la educación en nuestro país, pasando a ser un auténtico fetiche en la discusión pública sobre la educación; para el bloque de la reforma, los números de PISA tienen la capacidad intrínseca de explicarnos el qué y el por qué de los problemas en nuestro sistema educativo. Tal vez por ello la burocracia educativa construya sus políticas más enfocadas a las necesidades y propuestas de la OCDE que a las de nuestro propio pueblo.

Los números y el ranking publicado por la OCDE se han convertido en el leitmotiv del discurso empresarial y del oficialismo. En este sentido, aumentar el puntaje mexicano en PISA se torna el objetivo fundamental de la transformación educativa, y no así la atención integral de la amplia gama de problemas que tiene nuestro sistema educativo nacional. En pocas palabras, parece que para los empresarios y el Gobierno Federal, el problema educativo mexicano se resume a elevar el puntaje en un ranking internacional.

Anteponer los resultados de PISA a una lectura sensata de las necesidades concretas de la educación mexicana ha sido una jugada constante de los líderes de Mexicanos Primero. Ellos  saben que su discurso globalizante no tiene los pies en la tierra, y por ende, tampoco en los espacios escolares. Más aún, comprenden que la Reforma Educativa, que en gran medida ellos impulsaron, está herida de muerte, al construirse sobre el aire, y de arriba para abajo. Es menester para ellos, pues, recurrir a lo que se ha convertido su principal ariete para intervenir en el futuro de nuestra educación pública.

Llama la atención que, aquellos que toman los resultados de PISA como un fundamento que la política educativa debería tener, intenten culpar de todos los males al sistema educativo nacional, a las escuelas y principalmente a los docentes. La misma prueba indica que: “ Si un país puntúa más que otro no se puede inferir que sus escuelas sean más efectivas, pues el aprendizaje comienza antes de la escuela y tiene lugar en una diversidad de contextos institucionales…” Es decir, las “aptitudes” que mide PISA, no se enmarcan en una dinámica escolar, sino también se refieren a las posibilidades de desarrollo cultural, cognoscitivo y académico que un contexto social determinado permite.

En un país con índices tan altos de marginación y pobreza, y por ende con una disponibilidad tan precaria de capital cultural entre la población —la cual encuentra entre sus más importantes “educadores” a un duopolio televiso de contenidos francamente aberrantes— es, cuando menos, un descaro culpar a las escuelas y a los docentes del “desastre educativo” nacional.

No obstante lo anterior, los promotores de la Reforma siguen pretendiendo tratar al tema educativo como si fuera una variable independiente de la vida social, buscando encontrar en la educación el motor del desarrollo económico y la prosperidad. De esta forma, González afirma que, con respecto a los países y provincias de oriente lejano, “su eficacia educativa les asegura seguir gozando de niveles superiores de vida y de actividad económica.” En el mismo sentido, afirma que “La falta de preparación de la juventud latinoamericana […] explica en parte su altísimo nivel de desigualdad y su falta de movilidad social. La carencia de educación de calidad es el Talon de Aquiles de nuestra región”.

A la luz de lo anterior me pregunto… ¿es realmente la calidad educativa ese “Talón de Aquiles” la condicionante que no permite el desarrollo regional? ¿O acaso la educación es el chivo expiatorio con el cual, aquellos beneficiados por el capitalismo dependiente latinoamericano, buscan evitar discutir en serio las limitantes estructurales de nuestra sociedad? Personalmente opto por lo segundo. Si a estas personas (y a los grupos de élite de la burguesía nacional que representan) les interesara en verdad el desarrollo social en nuestro país, podrían comenzar por remunerar la fuerza de trabajo local de una manera digna, para así poder tener acceso a servicios y contenidos culturales que ahora le son prácticamente imposibles a un gran porcentaje de la población nacional. Digo, posiblemente también podrían dejar de presionar al Estado para que éste disminuya cada vez más su gasto público en salud, educación, etc., destinando esos montos, por ejemplo, al pago de la deuda externa.

Quizás, si les interesara realmente la falta de desarrollo en nuestra sociedad, podrían desistir de achacar cierto subdesarrollo cognitivo a nuestros jóvenes, y entender por qué las “competencias propias del siglo XXI” no han sido aprehendidas en nuestra sociedad. Creo que de hacer un examen más consciente de ello, podrían encontrar la respuesta ya no en la culpade los docentes mexicanos —de los cuales más del 80% ha sido catalogado como “apto”—,  sino en el contexto social, político y económico tan violento y permeado de miseria que nuestras escuelas enfrentan día con día. No obstante, sé que no lo harán, porque lo que buscan no es conocer, es imponer; en sus formas no se encuentra el escuchar, ellos señalan y persiguen, para después condenar a quienes representan una resistencia a su proyecto político.

Al final de su texto, “el mentor” Claudio X. dice que: “la batalla para transformar nuestro sistema educativo apenas comienza”, lo cual es del todo una mentira[2]. Esta lucha no es nueva, porque la lucha por la educación en México siempre ha estado vinculada a una correlación de fuerzas específica en un momento específico, y es de recordar que en este momento, aún con la violencia estatal y la campaña negra de los medios de comunicación en contra del magisterio, la comunidad escolar está avanzando y los maestros organizándose.

Sigue tú, Claudio, con tus rankings internacionales y tus dogmas neoclásicos sobre “economía de la educación”. Continúa venerando al fetiche de los números en cuantos espacios pueda tu organización gestionar… total, al final de cuentas, tanta demagogia tiene su propio “Talón de Aquiles”, y para encontrarlo, basta con mirar a la ventana.

[1] PISA: ¡Adelante la Reforma!, disponible en: http://www.educacionfutura.org/pisa-adelante-la-reforma/

[2] Véase: La lucha por la hegemonía educativa en México. Una lectura, en: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/153295

 

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/pisa-2015-y-el-nuevo-aliento-del-oxidado-discurso/

 

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La lucha por la Hegemonía Educativa en México. Una lectura

Por: Mauro Jarquín

Desde la promulgación de la —así nombrada— Reforma Educativa a principios de 2013, el Gobierno Federal no ha desistido en insistir que el tema educativo en México no debe ser objeto de politización, que la Reforma es parte de un proyecto de desarrollo nacional, y que sus lineamientos se acotan a la estricta necesidad de mejorar la educación pública mexicana, haciendo de la calidad educativa su mayor estandarte.

No obstante, las declaraciones del Gobierno Federal han chocado de frente una y otra vez con la realidad. Lo que al principio se había presentado como parte de un proyecto de desarrollo nacional —por cierto, construido a partir de un acuerdo oligárquico llamado Pacto por México— rápidamente se evidenció como la muestra más transparente de un proceso de larga data. Nos referimos al largo camino en la lucha por la hegemonía educativa en México, la cual, si bien se ha constituido en los últimos 25 años, se ha agudizado en los meses recientes. (Importante leer nota al pie).

Comprender la especificidad del conflicto educativo actual, requiere que nos remontemos hacia fines de los años 80, momento clave en la constitución del desarrollo educativo en nuestro país.
En consonancia con el ambiente político en materia educativa que durante los 80 y principios de 90 predominó en América Latina, distintos grupos de la derecha empresarial y la nueva élite tecnocrática coincidieron en generar una crítica constante al sistema educativo nacional, heredero de los ideales posrevolucionarios. Los principales cuestionamientos residieron, entre otros, en la incapacidad de la política educativa para hacer frente a las necesidades de modernización, apertura comercial y competencia, propias de la globalización.

Estas críticas no encontraron oídos sordos en el Gobierno Federal, ya que en estricto sentido, se encontraban en consonancia con los objetivos de impulsar a la economía nacional en el proceso de integración económica mundial. Lo anterior se cristalizaría en el Programa para la Modernización Educativa 1988-1994 , que sería la punta de lanza del Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación Básica de 1992, eje rector de la política educativa del salinismo. Es en este contexto, en el cual, hacia 1989, se presenta el momento constitutivo de la política educativa y la política de la educación en México, en el cual confluyeron tres elementos:

1) Consolidación del proyecto neoliberal en nuestro país, iniciado formalmente durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
2) Acercamiento institucional en materia educativa entre el Gobierno Federal y las organizaciones empresariales de élite, específicamente la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
3) Fortalecimiento político y periodo de movilización política por parte del magisterio disidente, —aglutinado principalmente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)— huelga nacional de abril a mayo de 1989, en busca de la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Este proceso desembocaría en la reafirmación del control corporativo en el SNTE debido al arribo de Elba Esther Gordillo a su dirigencia, con el beneplácito del Gobierno Federal.

Los acontecimientos mencionados son centrales a la hora de abordar la problemática actual en materia educativa. Lo anterior se debe a que en este momento político se generarían, si bien de forma seminal, las dos principales tendencias que —a nuestra interpretación— han configurado la lucha por la hegemonía en materia educativa en nuestro país, una en un sentido de violento avance y la otra de resistencia. Esto es, por un lado, la tendencia que llamaremos neoliberal-tecnocrática, y por otro la popular-posrevolucionaria.

La primera tendencia se constituye a finales de los años 80, a raíz del favorable posicionamiento de ciertos burócratas con estudios en universidades privadas o posgrados en el extranjero, en el Gobierno Federal. Generalmente críticos a las líneas políticas del populismo cardenista y el priísmo posrevolucionarios, preferían optar por la teoría económica de la Escuela de Chicago, y adscribirse a la derecha política. La crisis de la deuda de principios de los años 80’s permitió que instancias internacionales favorecieran la consolidación política de estos grupos en importantes puestos de dirección político-administrativa . Gran parte de estos tecnócratas, seguidores de Gary Becker, se sumaron a las ya mencionadas críticas neo-liberales y neo-conservadoras sobre los sistemas escolares de finales del siglo XX en América Latina, vinculados al liberalismo pedagógico, y en el caso de México, a una herencia posrevolucionaria de equidad y universalización.

Las propuestas pedagógicas del neoliberalismo encontraron su posibilidad de realización a partir del arribo tecnocrático al aparato de Estado, así como del acercamiento de éste con las principales organizaciones empresariales. De esta forma, la derecha empresarial y sus representantes en la burocracia decidieron que el futuro de la educación mexicana tenía que estar enfocado a las necesidades del mercado, la producción y la economía, todo ello ad hoc a la globalización y la incursión de México al primer mundo. A la luz de este proceso, se conformó paulatinamente algo que en otro espacio hemos nombrado el bloque de la reforma, el cual actualmente opera en favor de la Reforma Educativa promulgada hace 3 años. Este bloque, con la cobertura de los mass media, el impulso de la derecha empresarial y las cadenas de mando que operan a su favor en el aparato de Estado, parece estar muy cerca de lograr sus objetivos.

Por su parte, la segunda tendencia se conforma, principalmente, de dos vertientes: la herencia posrevolucionaria de un paradigma educativo que, si bien no iniciado, sí fue impulsado por Cárdenas, cristalizado en las normales rurales aglutinadas en la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), y la disidencia del sindicato oficialista del magisterio, aglutinada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Características generales de esta tendencia son: lucha por los derechos de los pueblos originarios, un nacionalismo de izquierdas que en ocasiones se empapa de discursos socialistas, (marxistas-leninistas, en el caso de la FECSM), la aceptación de los principios posrevolucionarios de la educación en tanto una oportunidad de equidad social y universalización de oportunidades, la particular atención a las necesidades pedagógicas regionales, etc.

Si bien ambas organizaciones no se construyeron en el mismo ambiente, tiempo o razones (la FECSM nace en 1935, y la CNTE en 1979) a lo largo del tiempo sí han generado ciertos elementos comunes de organización, como lo son su negativa hacia la intervención del capital privado en la educación, el intento de construir una educación humanista y colectiva, la búsqueda de un currículum en el cual las necesidades regionales, sobre todo del medio rural se tomen en cuenta, etc. Esto sin contar el vínculo histórico que ambas organizaciones comparten con el movimiento estudiantil, la lucha popular, la democratización de los gobiernos estatales e incluso la lucha armada, específicamente la guerrilla rural.

Ante el empoderamiento cada vez más evidente del neoliberalismo educativo, ambas organizaciones han mantenido programas de lucha que han sido fuertemente cuestionados, principalmente por los mass media comerciales, y por importantes sectores de la población, ya sea de forma inducida o no. Y no es para menos, el bloqueo de carreteras, del cierre de calles, la toma de espacios públicos, etc., han afectado la economía de ciertos sectores sociales, y han molestado a muchos más, de origen social distinto. Sin embargo, la acción política en las calles ha sido el único recurso efectivo que los críticos de la tecnocracia han tenido para hacerse escuchar por las instituciones de Gobierno.

Pero la movilización en las calles no ha sido el único eje de lucha magisterial y popular. La creación de propuestas pedagógicas alternativas, a la sazón irrelevantes para los gobiernos federal y estales, ha fomentado continuos debates en diversas partes del país. El Plan por la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) o las propuestas educativas en Chiapas, Guerrero o Michoacán, muestran otra faceta del movimiento.
Ahora bien, ¿en qué radica la dimensión política de todo esto?

La actual pugna por la educación no reside únicamente en qué enseñarle a quienes se educan o de qué forma educar, sino en determinar qué construir socialmente con los conocimientos referidos en el currículo y prácticas docentes en el aula. Esa construcción de determinada forma social va ligada a un ejercicio político, la lucha por la hegemonía en México.

La lucha por la hegemonía social incluye la lucha por el poder político, el poder de Estado así como su materialidad. No obstante, esta lucha no se circunscribe a esa dimensión, conlleva también una disputa por el dominio cultural y del sentido común en sociedad. Y ahí radica la importancia de la escuela en tanto espacio de socialización.

El proyecto neoliberal ha copado la directriz del aparato de Estado a través de sus agentes; la política macroeconómica se ha ajustado a las necesidades del pago de la deuda externa y la disciplina fiscal, en detrimento del gasto público. Los tecnócratas mantienen su fortaleza y la capacidad de coerción física del Estado es un garante de su estabilidad política. Los partidos políticos se han alineado a los intereses de la derecha empresarial y los mismos empresarios de élite son quienes ahora se encuentran en la alta burocracia.

No obstante, no ha logrado construir una dirección política y moral en la sociedad, y ante el descrédito popular del cual son objeto en nuestro país, la educación es un camino posible en el cual fomentar su perspectiva de la vida y —dicho sea de paso— cortar de tajo con aquellas resistencias político-pedagógicas que se encuentren.

A este tenor, propuesta popular, sustentada por la CNTE, FECSM, profesores universitarios, estudiantes y organizaciones sociales, representan esa resistencia que hasta la fecha no ha permitido que el neoliberalismo se haga con la educación pública en México. La discusión sí es por saber qué hacer de la escuela, pero también por saber qué proyecto construir de una nación que día a día muestra estar desintegrándose.
La “Reforma Educativa” es un proyecto de clase, y basta analizar tanto sus presupuestos pedagógicos, de evaluación o de operatividad, para saber que aquello de no politizar la educación, es puro cuento neoliberal.

Fuentes:
1. Sin lugar a dudas, el conflicto político en materia educativa en nuestro país ha estado presente desde la propia conformación de México como una nación independiente. Distintos agentes han participado, tomando un protagonismo periódico. Durante el siglo XIX, la Iglesia católica y sus conflictos con el Estado a favor de la “libertad de enseñanza” fueron claves. Más adelante, a lo largo del siglo XX, otros actores tomaron esa posición. Por ejemplo, el enfrentamiento entre el Gobierno Federal, apoyado por empresarios, frente a grupos organizados del magisterio encabezados por Othón Salazar a finales de los 50, dan cuenta de ello. Esto sin mencionar la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1979, y sus continuos conflictos con los tres niveles de gobierno, o los enfrentamientos entre las normales rurales, aglutinadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), creada en 1935 y los gobiernos federal y estatales, conflictos en los que se cuenta la represión de 1969, con el cierre de casi la mitad de las normales por orden expresa del presidente Díaz Ordaz, a lo cual se suma la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, hace ya 2 años, hecho que ha marcado definitivamente este sexenio.

2. Para un panorama de las discusiones sobre la “modernización educativa”, véase: Espinazo Valle, Víctor, El SNTE ante la modernización educativa y la alternancia política en Baja California disponible en la web en: https://www.colef.mx/fronteranorte/wp-content/uploads/2013/10/8-f17_El_SNTE_ante_modernizacion_educativa_y_alternancia_politica.pdf
3. Véase: Babb Sarah, Los profesionales en el gobierno y el problema de la tecnocracia: el caso de los economistas en México, Disponible en la web en: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/FKRI12R6LPMINDNNRSHNAU1GJ5BGRG.pdf
4. Véase: Jarquín, Mauro, Los aliados de Nuño y el futuro de la educación mexicana, Disponible en la web en: http://tmposmodernos.com/los-aliados-de-nuno-y-el-futuro-de-la-educacion-mexicana/
5. Pereyra, Carlos, Filosofía, historia y política, México, FCE,2010, p. 456

Fuente del articulo: https://tmposmodernos.com/la-lucha-por-la-hegemonia-educativa-en-mexico-una-lectura/

Fuente de la imagen: Periodico el metropolitan

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