Documentan represión del gobierno de Lasso al Paro Nacional en Ecuador

Por: Amnistía Internacional

La represión del gobierno del presidente Guillermo Lasso hacia las manifestaciones convocadas, en el marco de un paro nacional, por organizaciones indígenas, gremiales y sociales desde el 13 de junio de 2022 está causando una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, dijo Amnistía Internacional.

“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019. Para evitar que esta historia se repita, el presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia, como los Pueblos Indígenas y personas en situación de pobreza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos – como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil – en el contexto de la represión de las manifestaciones por las autoridades. Otras organizaciones de derechos humanos han alertado también sobre la existencia de casos de malos tratos y criminalización. A su vez, la Policía Nacional ha reportado incidentes de violencia por parte de manifestantes.

“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Durante la represión de las protestas de octubre de 2019, organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad.

De acuerdo con información pública, entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de junio, al menos 16 personas resultaron heridas, incluyendo impactos en cráneo y ojos, durante la represión de una manifestación por agentes de la Policía Nacional en Riobamba. Se reporta que dos de las víctimas sufrieron heridas de perdigones.

El 19 de junio a las 2:17 p.m., el Comandante General de la Policía Nacional afirmó que iniciaría una investigación de asuntos internos y negó tanto que sus agentes utilizaran perdigones, como que hubieran disparado contra las víctimas.

Personas defensoras de derechos humanos y líderes Indígenas también han denunciado haber sufrido hostigamiento y ataques al realizar su labor en el contexto de las protestas.

El 18 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que individuos no identificados habían disparado contra la ventana del vehículo de su presidente, Leónidas Iza, mientras se encontraba vacío. Dos horas más tarde, el Ministerio de Gobierno informó que solicitaría la investigación correspondiente y que no toleraba actos de violencia “con mayor razón si los actos ocurren contra quienes nos critican, justificadamente o no”. La CONAIE ya había denunciado vigilancia y hostigamiento por personas no identificadas.

El 19 de junio a las 6:34 p.m., la CONAIE difundió un video donde aparecen dos camiones militares con agentes de seguridad presuntamente estacionándose en las inmediaciones de la sede de la organización en la ciudad de Quito.

La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador denunciaron haber sufrido ataques a sus sitios web a través de bots que buscaban sobrecargar sus servidores el 13, 14 y 18 de junio, respectivamente.

“Para evitar la escalada de esta crisis, desde Amnistía Internacional pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse para defender sus derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas.

Ante la preocupante cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, la Fiscal General del Estado debe realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales para llevar a los sospechosos de responsabilidad penal ante la justicia, incluyendo a la cadena de mando.

Más información:

El 14 de junio, hacia las 12:29 a.m., fuerzas de seguridad detuvieron a Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, en la provincia de Cotopaxi. Estuvo detenido en régimen de incomunicación y fue acusado del delito de “paralización de un servicio público”, antes de ser puesto en libertad esa noche. Su detención podría haber sido arbitraria y los procedimientos penales que se siguen contra él podrían constituir criminalización de la protesta.

El 17 de junio, el presidente Lasso emitió el Decreto Ejecutivo Nº 455, que declaró “el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura”, suspendiendo la libertad de asociación, reunión y tránsito durante treinta días. El decreto estableció al Distrito Metropolitano de Quito como “Zona de Seguridad” a cargo de las Fuerzas Armadas, a quienes también ordenó “mantener el orden” en el contexto de las protestas de manera “complementaria” a las acciones de la Policía Nacional.

Pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Una versión previa del decreto, que contenía la firma del presidente, incluía disposiciones preocupantes que autorizaban el uso de “fuerza letal” (Artículo 11) por las fuerzas de seguridad y la limitación del derecho a la información (Artículo 9), suspendiendo “servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet” y restringiendo la difusión de “información clasificada, reservada o de circulación restringida a través de los medios de comunicación social, redes sociales y contenido comunicacional”. Posteriormente, la Presidencia argumentó que se trataba sólo de un “borrador” y emitió una nueva versión sin esas disposiciones.

El 18 de junio, a pesar de que el estado de excepción suspendió la libertad de asociación y reunión, la Presidencia emitió el Boletín Oficial 561, titulado “La capital de los ecuatorianos marcha por la Paz”, para promover una marcha de “cientos de quiteños y quiteñas (…) preocupados por la situación del país y los actos de violencia y vandalismo”. El boletín incluía el mensaje “El Gobierno Nacional respalda esta iniciativa y se suma a esta causa”. Tanto la página oficial que albergaba el boletín, como el tweet que lo promovía, fueron eliminados posteriormente. Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado durante esa marcha, muestra a un grupo de personas cantando mensajes racistas contra la población indígena.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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Disputas por el Territorio, Tensiones entre la Guerra y la Paz

Por: Yani Vallejo Duque* Y Alfonso Insuasty Rodríguez**

Juicio histórico contra el Estado colombiano: genocidio político, crímenes contra la paz y la impunidad

En Colombia, de manera particular, se ha aplicado toda una tecnología refinada del exterminio, una sumatoria de prácticas sociales genocidas que han desplegado y desarrollado la aplicación de toda una tecnología del poder y la dominación.

Por genocidio político nos referimos a esa variada aplicación de estrategias para invisibilizar, aislar, estigmatizar, moralizar, anular, criminalizar y eliminar formas de pensar diferentes a las posturas económicas, culturales y políticas de las élites dominantes, prácticas que se suman a la constante eliminación física.

La amenaza, el exilio, la criminalización, el señalamiento, el olvido, falsear la historia, la creación de un enemigo interno, el control editorial de los medios masivos de información encargados de construir relatos e imaginarios de verdad a la medida del poder instituido, el control académico e investigativo en los centros universitarios, la pauperización, la negación de un futuro laboral, la presión a redes familiares y un largo etcétera se suman a éstas tecnologías del poder y la dominación.

La historia política de Colombia ha estado marcada por un constante e innegable ataque a los trabajadores sindicalizados, organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, cooperativas territoriales autónomas, procesos académicos universitarios, docentes, investigadores, comunicadores, organizaciones urbanas, estudiantiles, partidos políticos como la UP, A Luchar, Movimientos Cívicos, defensores y defensoras del medio ambiente, entre otras organizaciones que por sus posturas, su defensa de los derechos, por la búsqueda de mejores condiciones de vida, por oponerse a la imposición de un modelo de desarrollo devorador, sufren la aplicación constante de esa Tecnología del Horror.

Un ejemplo claro lo evidencia un informe de la Escuela Nacional Sindical que da cuenta de ello:

Los patrones de la violencia antisindical y de la causa de la estigmatización. “La creación y consolidación de imaginarios, discursos, prácticas y representaciones, ha contribuido a tejer toda una urdimbre de significaciones negativas sobre el sindicalismo.” En el país existe una especie de “cultura antisindical” que señala y estigmatiza a los y las trabajadoras que hacen parte de un sindicato. En conclusión, se ve al sindicalismo cómo algo negativo y amenazante por parte de un sector de la sociedad colombiana, los que históricamente han tenido el poder. (ENS, 2020)

Esto sumado a la eliminación física consistente y estructural, las cifras así lo muestran, entre enero de 1971 y 2018:

Fuente: ENS, 2020.

Sindicatos como la Federación de educadores FECODE, y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, son los que más han padecido estas que podremos llamar: “prácticas genocidas instituidas”.

Hoy luego de la firma de un importante acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, estas prácticas genocidas instituidas no se detuvieron, por el contrario, se han refinado y se han incrementado. La ONG Indepaz da cuenta que, solo en el 2021 de enero a la fecha, han sido asesinados 24 líderes sociales y 9 excombatientes (Indepaz, 2021), desde la firma del acuerdo de Paz en el año 2016 hasta el 10 de diciembre de 2020 habían sido asesinados 1.088 líderes lideresas sociales. (Indepaz, 2020)

Es evidente que existe una reingeniería del paramilitarismo post acuerdo, en la búsqueda de la captura de territorios estratégicos para anclarlos a los proyectos del llamado “desarrollo” (Insuasty Rodríguez, 2017).

Además, de manera general como sociedad, hemos estado sometidos a unas estructuras injustas de orden económico, político, cultural y militar, un entramado que a modo de hidra de mil cabezas que combina sectores del empresariado, mafias, paramilitares, clanes políticos y Estado, todos unidos desplegando una dinámica criminal nefasta de control y reordenamiento social y territorial a la medida, así mismo, se nos imponen relaciones internacionales abiertamente injustas que han provocado atentados aleves contra la vida, las comunidades, los territorios en tanto generan condiciones de hambre, falta de empleo, pauperización y de una abierta impunidad.

Pero estas estructuras no se dan de la nada, son provocadas, se constituyen de suyo en un crimen estructural en tanto provocan la muerte lenta y continuo de capas sociales sometidas al hambre al desempleo y a la falta de recursos para proteger la salud y para educarse, así mismo devoran el medio ambiente poniendo en riesgo los derechos incluso, de las generaciones futuras.

Las estructuras represivas hoy, siguen vigentes y se han conservado tras ropajes jurídicos, discursivos, mediáticos, técnicas institucionales del encubrimiento, la captura política de las instituciones de justicia, el fuero militar, el secreto de estado arropados bajo el concepto de “seguridad nacional” y más recientemente la toma y captura de las instituciones destinadas a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto (Insuasty Rodríguez, Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia, 2020).

Vale agregar a este contexto que, las investigaciones de Transparencia y Fiscalía a octubre de 2019 revelaron que la impunidad en el país llegaba a un 94 %, una situación mucho más preocupante de lo que parecía ser. (Gossain, 2019)

En este contexto, en Colombia, gracias al empuje de las organizaciones sociales, sindicales, populares, eclesiales, entre otras, se ha logrado la realización en Colombia de las Sesión número 48° del Tribunal Permanente de los Pueblos, para Juzgar al Estado Colombiano por los crímenes de: Genocidio Político, Crímenes contra la Paz e Impunidad.

Vale recordar que, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacional no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que había sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. El derecho internacional es sin lugar a duda un orden imperfecto, en desarrollo. Aún después de la institución de la Corte Penal Internacional, que ha excluido de su competencia los crímenes económicos, para muchas y quizás la mayoría de las acciones que se producen o coinciden con la violación de los derechos de vida de poblaciones no existe la posibilidad de formular juicios que tengan efectividad. Es el caso específico de todo el ámbito que se refiere a los crímenes de raíces y mecanismos económicos, que a lo largo de los últimos veinte años se han transformado visiblemente en una de las causas principales y más dramáticas de las violaciones de los derechos humanos. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008)

Si los Estados no proceden, le corresponde al pueblo organizado hacer lo propio, se trata de un tribunal de opinión que ha permitido visibilizar graves violaciones de los derechos humanos y de los pueblos, aun superando el yugo de estructuras sociales y Estatales marcadas por la negación de la democracia, la justicia, la verdad, ha permitido incluso equilibrar la dura balanza del poder y la aplicación de justicia, sus fallos han sido de especial relevancia para la comprensión de la realidad y para marcar la ruta en el camino de la protección de los derechos de los pueblos, examinando los casos de violaciones grave y sistemática de los derechos humanos cometidos por los Estados y Empresas Transnacionales. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2015)

En Colombia ya se han realizado dos sesiones anteriores:

Sesión Número 16 TPP: La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en in América Latina (Bogotá, 22-25 de abril de 1991) Descarga la Sentencia aquí.

Sesión Número 33 TPPEmpresas trasnacionales y derechos de los pueblos en Colombia (Colombia, 2006-2008) Descarga las Sentencias de las audiencias preliminares y de la sesión final 

Este primer semestre de 2021 se realizará la versión número 48, la tercera en Colombia.

Resulta ser de vital importancia por el momento de rebrote de la violencia como ejercicio de exterminio de toda capacidad organizativa de las comunidades para defender sus derechos, territorios, contra toda postura política incómoda para el orden establecido.

Paralelo se han venido desarrollando eventos de especial relevancia, como la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH por el Caso del Genocidio del partido político Unión Patriótica realizado en el mes de febrero de 2021 (El Espectador, 2021), así mismo la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP ha venido, a pesar de los constantes ataques de los sectores empresariales y políticos de extrema derecha concentrados en el Partido Centro Democrático, importantes y duras declaraciones como en el caso 003 conocido como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” nombrado de manera coloquial como Falsos Positivos, reconociendo a la fecha, la cifra de 6.402 civiles asesinados de forma aleve por las fuerzas militares y hechos pasar falsamente como dados de baja en combate, crímenes aleves cometidos entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una falta grave a la moral y la ética humana. (JEP, 2021)

Este año 2021, se espera que para el mes de noviembre se hagan públicos los informes de la Comisión de la Verdad creada en el marco del acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el estado colombiano. Se agrega que estamos en pleno año preelectoral, la situación estará bastante movida y compleja.

Se espera así que este Tribunas de los Pueblos aporte de manera significativa en la reconstrucción de una verdad verdadera, que permita reconocer las dinámicas, actores y sistematicidad de esta violencia genocida que ha marcado la historia de Colombia.

Referencias

El Espectador. (10 de febrero de 2021). “Hubo una posibilidad de matar impunemente”: perito sobre exterminio de la UniónPatriótica. Obtenido de El Espectador: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8297-hubo-una-posibilidad-de-matar-impunemente-perito-sobre-exterminio-de-la-union-patriotica

ENS. (07 de 10 de 2020). ¿Por qué y para qué la violencia antisindical en Colombia? Obtenido de Escuela Nacional Sindical : https://ail.ens.org.co/informe-especial/por-que-y-para-que-la-violencia-antisindical-en-colombia/

Gossain, J. (2 de octubre de 2019). De cada cien delitos, en Colombia solo se castigan seis. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/colombia-de-cada-cien-delitos-solo-se-castigan-seis-419136

Indepaz. (10 de diciembre de 2020). Informe de líderes y personas defensoras de derechos humanos asesinados despues del acuerdo de Paz. Colombia. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/pazparaliderar/

Indepaz. (19 de febrero de 2021). Líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz asesinados 2021. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? El Ágora USB, 17(2), 338-352. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00338.pdf

Insuasty Rodríguez, A. (10 de abril de 2020). Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia. Obtenido de Kavilando: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7622-reconfigurar-el-sentir-pensar-de-la-sociedad-proposito-de-las-elites-colombia

JEP. (18 de febrero de 2021). La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos. Obtenido de JEP: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx

Rojas Merchand, M. (2021). Desigualdad e Ideología neoliberal antidemocrática. Revista Kavilando, 12(1), 175-190. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/371

Tribunal Permanente de los Pueblos. (julio de 2008). Empresas transnacionales y derechos de los Pueblos. Obtenido de Kavilando: http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2006/04/Colombia_VII_TPP-Es.pdf

Tribunal Permanente de los Pueblos. (2015). Tribunal Permanente de los Pueblos. Obtenido de Tribunal Permanente de los Pueblos: http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=es

*SI QUIERE PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA, ESCUCHAR PROGRAMAS RADIO KAVILANDO:

Radio Kavilando: Las Técnicas Refinadas Del Exterminio En Colombia.

Radio Kavilando: Tribunal Permanente De Los Pueblos. Colombia

*Abogado, especialista en derecho penal, defensor público e investigador Grupo Kavilando. Contacto: yaniw6@gmail.com

**Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante Red Interuniversitaria por la Paz, actual consejero de Paz Conpaz Medellín sector Universidades, e Integrante grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Alfonso.insuasty@gmail.com

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/juicio-historico-contra-el-estado-colombiano-genocidio-politico-crimenes-contra-la-paz-y-la-impunidad/

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Organizaciones Indígenas de Amazonas sobre los Impactos de la Minería en la Región Amazónica. Enero de 2019.

Por: ORPIA.

 

En el día de hoy 17 de enero de 2019, nosotros, pueblos y comunidades indígenas que formamos parte de las organizaciones de base agrupadas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), nos hemos reunido en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela, con el objetivo de discutir sobre los impactos de la minería en la  Amazonía  venezolana y expresar a la opinión pública lo siguiente:

  1. La Amazonía venezolana presenta uno de los bosques continuos mejor conservados de la región, con áreas naturales protegidas bajo las figuras de Parques Nacionales (7), Monumentos Naturales, Reservas de Biosfera (2), Reservas forestales (4), Áreas Boscosas Bajo Protección (4), Refugios de Fauna Silvestre (1) y Zonas Protectoras (2); en las que además habitan pueblos indígenas que aportan una riqueza única para la humanidad, en especial por la diversidad étnica-cultural y el respeto a la naturaleza como eje fundamental de los patrones propios y ancestrales de uso de sus territorios. En el caso del estado Amazonas, las áreas ambientales protegidas representan más del 50% del territorio del estado, destacando los Parques Nacionales Parima-Tapirapecó y Duida Marawaka en el Alto Orinoco; el Parque Nacional La Neblina en Rio Negro y el Parque Nacional Yapacana en Atabapo; así como la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, que no solo están destinadas a proteger el ambiente, sino que también garantizan los derechos de los pueblos indígenas que las ocupan.
  2. Es importante destacar que la minería está prohibida en el estado Amazonas en particular, mediante el Decreto Presidencial Número 269 del año 1989, que tiene como finalidad preservar y conservar los recursos naturales que se encuentran en la región, como bosques, fauna, flora, cuerpos de agua, además de la diversidad cultural.
  3. Nos preocupa seriamente el incremento de la actividad minera en el estado Amazonas, en las regiones y áreas de las cuencas de los ríos Cuao, Sipapo, Guayapo, Parucito, Ventuari, Parú, Atacavi, Asita, Atabapo, Alto Ocamo, Cunucunuma, Guainía, Río Negro, Casiquiare, Padamo entre otros, y los grandes impactos que se generan como consecuencia de esta actividad, especialmente ambientales, socioculturales y sanitarios.
  4. Igualmente, queremos destacar que desde el año 2015 las organizaciones indígenas venimos alertando al Presidente de la República Nicolás Maduro, sobre los impactos de la minería en el estado, especialmente en el Parque Nacional Yapacana. La minería en todo el estado Amazonas ha propiciado la deforestación de grandes extensiones de bosques, el desvío de cauces de ríos como el Atabapo, la contaminación de las aguas a causa del mercurio y otras sustancias tóxicas, la pérdida de biodiversidad, el cambio en los ciclos naturales de los ecosistemas, la degradación de los suelos, el incremento de enfermedades como la malaria y el sarampión, infecciones de transmisión sexual, el alcoholismo, el uso de drogas, la prostitución, delincuencia, la deserción escolar, el desplazamiento de sus tierras y abandono de comunidades, la presencia de grupos irregulares armados, conflictos interétnicos, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, que afectan directamente a estas comunidades, eventos todos que generan  cambios en los modos de vida de los pueblos indígenas y la economía propia basada en las actividades tradicionales de subsistencia.
  5. Por otra parte, desde el año 2013, hemos venido alertando sobre la nueva política minera del Estado venezolano, especialmente sobre el proyecto denominado “Arco Minero del Orinoco” (Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco -ZDEAMO) destinado a la exploración y explotación de diversos minerales en la región Guayana, al sur del Orinoco, ya en ejecución en el estado Bolívar sin un proceso de consulta previa, libre e informada (Art. 120 Constitución), sin estudios de impacto ambiental (Art. 127 y siguientes de la Constitución) y sin que se haya realizado de manera efectiva el proceso de demarcación de hábitats y tierras  indígenas (Art 119 de la Constitución), el cual se encuentra paralizado desde hace varios años. Numerosos sectores ambientalistas, científicos, académicos, indígenas e indigenistas y de derechos humanos, así como estudios calificados, alertan sobre las graves consecuencias e impactos ambientales, sociales, culturales. Este proyecto de minería si bien no se está implementando de manera directa en el estado Amazonas, si trae fuertes impactos en la región debido a la cercanía con el estado Bolívar, y a la interacción entre los diversos actores del proceso minero, especialmente de empresas que pretenden operar desde Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, donde se ha alterado la economía regional. En el caso concreto del sector Parguaza, que depende funcionalmente  al estado Amazonas, en algunos casos se ha producido el desplazamiento de comunidades indígenas de sus tierras.

6.- Queremos significar que tanto la minería legal como la ilegal generan el mismo impacto en los ecosistemas y el ser humano, por tanto la minería, no puede ser considerada por los Estados como una alternativa sustentable. Destacamos que la mayoría de las experiencias de  extracción minera en el mundo han resultado ser ineficaces en el cumplimiento de salvaguardas ambientales, y en su mayoría han producido destrucción de bosques y deforestación generalizada.

  1. Por el presente queremos ratificar que la vocación de nuestra Amazonía está vinculada a modelos de bienestar sostenible desde el punto de vista ambiental, social y cultural, y la preservación de los frágiles ecosistemas amazónicos, especialmente la conservación de los recursos hídricos para el futuro y contribuir a frenar aspectos que impulsan el cambio climático. Por lo tanto, alertamos sobre posibles planes mineros para la región y sus graves consecuencias. Hemos conocido de supuestas “consultas” para tratar de convencer a sectores indígenas y a la opinión pública en general, sobre las “bondades” de la minería vinculadas al desarrollo económico. Estas acciones representan no solo una falacia, sino una evidente contradicción con la vocación natural de la Amazonía. Pretender implementar pequeña minería o minería de empresas bajo el argumento del “orden” es expresamente contrario a lo dispuesto en los planes de desarrollo de la Nación.
  2. Por todo lo anterior y ejerciendo nuestros derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normas venezolanas (Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley de Ambiente, Ley de Aguas, Ley de Biodiversidad, Ley de Ordenamiento Territorial, etc.) y la normativa internacional, suscrita por el Estado venezolano, como el Convenio 169 de la OIT, Convenio de Biodiversidad, Acuerdo de Paris, entre otros, destacamos que:

Desde el año 2012 hemos venido alertando al Estado venezolano y a la opinión pública en general sobre  la gravedad de la situación por el aumento indiscriminado de la actividad minera en la región y sus daños generales. Por lo tanto rechazamos categóricamente la minería como supuesta alternativa para la Amazonía; ya que ésta representa una amenaza para los pueblos y comunidades indígenas, la población en general y los ecosistemas en que habitamos, especialmente por la afectación de los bosques y aguas. Por todo lo expresado anteriormente hacemos un llamado al Estado a que tome medidas urgentes que permitan la preservación ambiental y sociocultural y la relación Ser humano – Naturaleza,  garantizando de este modo el futuro de las nuevas generaciones.

 

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas

 

Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)

 

HORONAMI Organización Yanomami

 

Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS)

 

Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)

 

Organización Mujeres Indígenas (OMIDA)

 

Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)

 

Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas (RAJIA)

 

Organización Pueblo Indígena Baré de Amazonas (OPIBA)

 

Fundación indígena Dabukuri

 

Fuente del documento: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/03/23/organizaciones-indigenas-amazonas-los-impactos-la-mineria-la-region-amazonica-enero-2019/

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