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La historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar: El avance de la brecha de infraestructura educativa en el Perú

  • La brecha de infraestructura sigue avanzando. Se duplicó en los últimos 10 años y de seguir a este ritmo será imposible de cerrar.
  • 28.736 (52%) de 55.358 colegios que necesitan ser demolidos y edificados de nuevo.
  • Destinar el 6% del PBI para Educación es la única solución. ¡Lo demás es puro cuento!

La brecha de infraestructura educativa en el Perú sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan nuestras escuelas. Muchas promesas y pocos esfuerzos se han hecho y la situación lejos de mejorar empeora, afectando a millones de estudiantes. Este artículo analiza la magnitud de esta brecha, los recursos asignados y las soluciones necesarias para cerrarla de una vez por todas.

Recientemente el Congreso de la República declaro la infraestructura escolar nacional en emergencia, pero le delegó la tarea de hacer un plan de reforma del sector educativo a la PCM y al Ministerio de Economía, quienes han demostrado que la educación de los hijos del pueblo no les interesa. Lo que tienen que hacer los congresistas es exigir que se cumpla la Ley. Ya está escrito en el artículo 16 de la Constitución que se tiene que destinar anualmente, no menos del 6% del PBI para Educación. Esa es la única solución viable.

¿A cuánto asciende la brecha de infraestructura educativa?

Según información recogida por el diario La República, la brecha de infraestructura educativa en el Perú asciende a más de 170 mil millones de soles. Esta cifra refleja la necesidad urgente de mejorar y reconstruir gran parte de nuestras escuelas para garantizar un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje de nuestros niños y niñas.

Presupuesto asignado para cerrar la brecha

El presupuesto destinado anualmente para cerrar esta brecha es, en promedio, entre 2,000 y 3,000 millones de soles. Sin embargo, esta cantidad sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.

El SUTEP conquistó el 6% del PBI para Educación luego de 18 años de lucha. ¡Ahora, exigimos que se cumpla la Ley!

¿Por qué se ha duplicado en 10 años?

La brecha de infraestructura se ha duplicado en los últimos 10 años debido a varios factores:

  • Crecimiento de la población estudiantil: Aumento en la demanda de espacios educativos.
  • Descuido y falta de mantenimiento: Muchas infraestructuras escolares no reciben el mantenimiento adecuado.
  • Eventos naturales: Fenómenos como lluvias intensas y movimientos sísmicos que deterioran las estructuras existentes.

Las regiones con mayor necesidad de inversión en construcciones escolares son Lima Metropolitana, Cajamarca y Loreto. Se trata de 28.736 (52%) de 55.358 colegios que necesitan ser demolidos y edificados de nuevo.

El Acuerdo Nacional de 2002, que establecía destinar al menos el 6% del PBI a la educación peruana, sigue siendo una promesa incumplida. A pesar de que se debía aumentar el presupuesto en 0.25% del PBI cada año hasta alcanzar el 6% en 2014, el presupuesto real solo ha oscilado entre el 3.8% y el 4.3% del PBI desde 2020, lejos del objetivo. En 2020, se asignaron 31,426 millones de soles (3.8% del PBI), y aunque en 2024 se incrementó a 40,248 millones (4.3% del PBI), seguimos muy por debajo de lo prometido. Mientras tanto, nos preguntamos: ¿Dónde se ha desviado el dinero que debería haberse destinado al futuro de nuestros niños? Seguramente, a los bolsillos de políticos y empresarios corruptos.

El magisterio organizado en torno al SUTEP lucha por que se cumpla este derecho para nuestros estudiantes.

Tiempo necesario para cerrar la brecha

A este ritmo de inversión (2,500 millones anuales en promedio), tomaría aproximadamente 68 años cerrar la brecha existente. Sin embargo, dado que la brecha sigue creciendo, este tiempo se extendería aún más.

Con la inversión actual, en lugar de reducirse, la brecha crecerá a 315,000 millones en 10 años. De continuar así, esta nunca se cerrará.

Tabla comparativa de la inversión en educación (2016-2024)

Fuente: MEF, MINEDU, INEI

Destinar el 6% del PBI: La única solución

Si destinamos el 6% del PBI a la educación, podríamos asignar aproximadamente 54,000 millones de soles anualmente (suponiendo un PBI de 900,000 millones de soles). Si destinamos toda esta inversión, se podría cerrar la brecha de infraestructura en aproximadamente 3 años. Esto no solo resolvería los problemas de infraestructura, sino que también mejoraría la calidad educativa y el rendimiento escolar. Sin embargo, el sector tiene otras necesidades, por lo que si invertimos la tercera parte, lograríamos tener colegios en buen estado en aproximadamente 10 años.

Recordemos que este es un derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución y que fue conquistado el año 2020 por el SUTEP.

Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.

El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos.

Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.

Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.

La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6 % del PBI.

Es evidente que la única solución viable para cerrar la brecha de infraestructura educativa es aumentar significativamente la inversión en educación. Destinar el 6% del PBI, como manda la Constitución, a este sector es una medida urgente y necesaria. No podemos seguir condenando a nuestros niños y niñas a estudiar en condiciones deplorables. Es hora de actuar y garantizar un futuro digno para todos.

¡Solo exigimos que se cumpla la Ley!

¡6% del PBI para Educación, ahora! ¡El resto es puro cuento!

La historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar: El avance de la brecha de infraestructura educativa en el Perú

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Perú: Año escolar 2024 ¿Es obligatorio que los colegios soliciten informe de salud mental a estudiantes?

Por: Manuel Rojas Berríos

El 20% de escolares en Perú sufrió de depresión durante el periodo pedagógico correspondiente al 2023, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud (Minsa) que fueron solicitados por Infobae Perú.

Por tal motivo, a puertas de iniciar el año escolar 2024, la Defensoría del Pueblo hizo importantes recomendaciones al Ministerio de Educación (Minedu) en relación a la salud mental de los estudiantes y las acciones que deberían adoptar las instituciones educativas para hacerle frente.

Entre ellas destaca la necesidad de modificar la Resolución Ministerial Nº 447-2020-MINEDU, respecto al contenido de la Ficha Única de Matrícula (FUM).

El inicio de clases del año escolar 2024 será el lunes 11 de marzo. (Foto: Andina)El inicio de clases del año escolar 2024 será el lunes 11 de marzo. (Foto: Andina)

¿Es obligatorio que los colegios soliciten informe de salud mental a estudiantes?

A través del informe N° 11-2023-DP/AAE, denominado ‘La Gestión de la Información de la Ficha Única de Matrícula (FUM) para la Protección de la Salud de Niños, Niñas y Adolescentes en Instituciones Educativas’, la Defensoría del Pueblo exhortó al Minedu a solicitar un informe de salud mental de niños y adolescentes al momento de ser inscritos por sus padres, madres o apoderados en los colegios. Cabe destacar que, hasta el momento, este documento no es obligatorio.

“Establecer el carácter obligatorio del registro de la información del estado de salud de la población escolar, a partir del inicio de clases y durante el desarrollo del año escolar; de manera que el padre, madre o tutor deba entregar la información requerida, y el personal directivo la registre en el Siagie. Al tiempo, de realizar las coordinaciones con los establecimientos de salud del primer nivel de atención de su jurisdicción”, se lee en las conclusiones del informe.

“Disponer que la matrícula y el acceso al servicio educativo público no esté condicionado a la entrega inmediata de la información del estado de salud de las niñas, niños y adolescentes, disponiendo un plazo prudencial para tal finalidad”, continúa el texto.

Un total de 1 millón 076 mil 884 de menores, en el rango etario de 6 a 17 años, fueron atendidos por presentar episodios depresivos durante el año 2023. (Foto: Andina)Un total de 1 millón 076 mil 884 de menores, en el rango etario de 6 a 17 años, fueron atendidos por presentar episodios depresivos durante el año 2023. (Foto: Andina)

Cabe destacar que la Ficha Única de Matrícula (FUM) es el documento que contiene los datos personales de un estudiante, el cual se crea cuando éste ingresa por primera vez al sistema educativo peruano.

La información de la FUM se registra en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (Siagie) y puede actualizarse en cualquier momento, a pedido del estudiante o de su representante legal.

“Es coherente sostener que el sistema educativo debe garantizar que la gestión de la información referida a los niños, niñas y adolescentes sea idónea, veraz y actualizada durante el año escolar y, en general, en toda la trayectoria educativa de cada estudiante”, sostiene la Defensoría del Pueblo.

Los colegios privados también deben cumplir ciertas obligaciones con estudiantes con discapacidad. (Foto: Andina)Los colegios privados también deben cumplir ciertas obligaciones con estudiantes con discapacidad. (Foto: Andina)

Canales de ayuda

Es válido precisar que, en caso de enfrentar una emergencia relacionada a la salud mental, como episodios depresivos o conducta suicida, existen dos vías fundamentales para obtener asistencia inmediata.

Una opción disponible es comunicarse con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) marcando el número 106. Este servicio no solo se ocupa de emergencias médicas físicas, sino que también está capacitado para abordar crisis psicológicas o psiquiátricas.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) proporciona atención especializada en salud mental a través del número 113 Opción 5. En este canal, se ofrece información, orientación y apoyo para diversas cuestiones relacionadas con la salud mental, incluyendo episodios depresivos y otros problemas emocionales.

https://www.infobae.com/peru/2024/02/01/minedu-ano-escolar-2024-es-obligatorio-que-los-colegios-soliciten-informe-de-salud-mental-a-estudiantes/

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PISA 2022: Resultados desnudan las desigualdades educativas que profundizan brechas en el Perú

ÚLTIMA PRUEBA PISA REVELA PROFUNDAS DESIGUALDADES EDUCATIVAS EN EL PERÚ: Los resultados de la prueba PISA 2022 en Perú han puesto al descubierto las desigualdades educativas existentes, y además, indican que estas disparidades se han acentuado, contribuyendo a un mayor distanciamiento en el sistema educativo peruano, también indica que las diferencias ya existentes se han vuelto más pronunciadas.

De acuerdo a un informe publicado por ojo-publico.com, los resultados de la última prueba PISA, una de las evaluaciones educativas más relevantes a nivel mundial, han dejado en evidencia no solo el descenso en las calificaciones de Matemáticas en el Perú, sino también una realidad persistente: la desigualdad socioeconómica sigue siendo un factor determinante en el rendimiento de los estudiantes.

BRECHAS SOCIOECONÓMICAS ACENTÚAN DESEMPEÑO EDUCATIVO
En la evaluación PISA 2022, los estudiantes peruanos provenientes de zonas urbanas, escuelas privadas y estratos socioeconómicos más altos mostraron un rendimiento superior en comparación con sus pares en situación de pobreza, áreas rurales y colegios públicos. Estas disparidades evidencian un desafío importante en la lucha por una educación equitativa.

La inequidad se manifiesta en diferentes dimensiones, desde el acceso a recursos educativos hasta la calidad de la enseñanza. Los desafíos se presentan de manera más acentuada en las áreas rurales, donde la falta de acceso a internet, laboratorios y otros recursos impacta directamente en el desempeño de los estudiantes.

DESIGUALDADES PERSISTENTES: UN RETO PARA EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO
ojo-publico.com, destaca en su informe que, aunque el Perú ha experimentado un crecimiento constante en los resultados de aprendizaje en las últimas dos décadas, la brecha social sigue siendo significativa. Andreas Schleicher, director de educación y capacidades de la OCDE, señaló que, a pesar de los éxitos, las disparidades socioeconómicas persisten como un desafío fundamental en América Latina.

A pesar de este panorama, las autoridades aún no han detallado medidas concretas para abordar estas desigualdades, generando incertidumbre sobre las acciones futuras en el sistema educativo peruano.

https://noticia.educacionenred.pe/2023/12/pisa-2022-resultados-desnudan-desigualdades-educativas-que-profundizan-brechas-289074.html

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Nueva crisis político-social en Perú

El Perú vive una nueva crisis político-social, exactamente a un año de la anterior crisis en la que el ex presidente Pedro Castillo Terrones es apresado (por anunciar un golpe de Estado) y asumió el mando del país Dina Boluarte Zegarra. Este 7 de diciembre, a un año de la crisis, el balance es negativo, pero se ahondó aún más con la liberación del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori.

Si bien, un grupo minoritario de peruanos ha celebrado la salida de Fujimori, con el despliegue al unísono de los medios de comunicación masivos y los grupos de poder afines al fujimorismo; miles de nacionales vienen manifestándose en contra de esta medida en todo el territorio patrio. Los medios callan mientras que las redes estallan. Así, se evidencian marchas en los departamentos de Arequipa, Puno, Abancay, Chiclayo, Tacna, Lima y otras ciudades, con demandas diversas como al libre tránsito, la libre expresión, derechos humanos, etc. Se vive una tensa calma, ya que los manifestantes se desplazan en medio de tanques militares y cientos de policías que buscan impedir la manifestación de la población… y su indignación.

De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó ayer la decisión del Estado peruano, desconociendo la jurisdicción contenciosa de la CIDH y destacó su alcance: «La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad».

Asimismo, Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta se mostró en contra de la liberación de Fujimori, en una entrevista del medio periodístico La Mula, señalando que no han perdido la humanidad, solo que se debe respetar el debido proceso. A continuación, videos e imágenes de la nueva crisis que enfrenta el país, gracias a la labor en conjunto de la prensa alternativa nacional:

Fuente de la información e imagen: https://www.pressenza.com

Fotografía: Pressenza

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Perú: Sutep anuncia paro nacional para este jueves 23 de noviembre por falta de presupuesto en educación

Por: Jean Pierre Rojas

El gremio magisterial ha convocado a una movilización de 24 horas para exigir mejoras para alumnos, docentes y personal de todo el sector educación.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) convocó a un paro nacional de 24 horas este jueves 23 de noviembre para exigir un aumento de presupuesto en el sector respectivo. Para esta movilización, el gremio magisterial citó a sus diversas bases en todo el Perú.

El anuncio del Sutep se realizó a través de sus plataformas digitales oficiales, en las que también se menciona que la medida responde a «una constante indiferencia» de las autoridades para atender los reclamos de padres de familia y maestros en beneficio de los estudiantes del país.

Paro nacional del Sutep: ¿cuáles son los pedidos de la movilización de este jueves 23 de noviembre?

Dentro del pliego de reclamos del Sutep al Gobierno se encuentran los incrementos de bonificación por trabajar en zona rural 2 y 3, Vraem y zonas de frontera; pago de escolaridad a docentes nombrados desde el 1 de marzo del 2024; así como presupuesto para el pago del 100 % de la CTS para docentes y auxiliares de educación que cesarán en diciembre en el marco de las leyes n° 31451 y n° 31552.

Otros pedidos gremiales son la asignación por cargo y por trabajo adicional de profesores que asumen encargaturas; aumento de sueldos para docentes y auxiliares de educación el próximo año; nombramiento transparente en el 100% de plazas vacantes; pago inmediato del bono extraordinario y pensiones dignas para cesantes y jubilados (conforme a la aprobación del proyecto de ley nº 4786).

Aumento de PBI destinado a educación y liberación de AFP

El Sutep ha solicitado que el PBI asignado a educación se determine en 6% para disminuir las brechas de infraestructura y mejor alimentación para los alumnos a nivel nacional.

Respecto a los fondos de las AFP, el gremio magisterial exhorta a las autoridades correspondientes para que permitan la libre desafiliación.

https://larepublica.pe/sociedad/2023/11/20/sutep-anuncia-paro-nacional-este-jueves-23-de-noviembre-por-falta-de-presupuesto-en-educacion-congreso-poder-ejecutivo-485560

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El régimen de Boluarte continúa con la represión del movimiento popular de Perú

Por Enric Llopis

Entre las plazas Dos de Mayo y San Martín de Lima se produjeron, el pasado 30 de agosto, movilizaciones contra el ejecutivo de Dina Boluarte, informó el corresponsal de teleSur Ramiro Angulo.

Boluarte accedió a la Presidencia de la República de Perú en diciembre de 2022, como consecuencia del golpe derechista perpetrado contra Pedro Castillo (maestro rural de izquierdas que venció en los comicios presidenciales de junio de 2021).

Los manifestantes pidieron la dimisión de Boluarte Zegarra, una constitución nueva (la actual fue aprobada en 1993) y justicia para las personas represaliadas (las protestas comenzaron a finales de 2022 y se han prolongado durante 2023).

Además, en la marcha de Lima, “se están condenando los abusos policiales y militares que se han cometido en las últimas manifestaciones”, destacó el reportero de teleSur.

El medio comunitario peruano Wayka presentó el 15 de  agosto el informe Vivir con más de 80 perdigones: el proyectil prohibido usado en las protestas; el audiovisual de 15 minutos muestra ejemplos de su utilización –por ejemplo el 19 de julio-, pese a que las autoridades negaran este extremo; “el uso de perdigones injustificado e indiscriminado (por parte de la policía) ha causado muertes y heridos de civiles (…)”, explica el vídeo.

Uno de los casos detallados es el de estudiante de 22 años Rosalino Flórez Valverde, de Cusco, quien falleció en marzo de 2023 tras el disparo de 36 perdigones de plomo por la espalda; o el del puneño de 35 años Gabriel López, conductor de carga pesada y otros oficios, asesinado en enero con proyectiles de plomo (en su cuerpo se hallaron 72 orificios); también el de Armando Quispe, de 34 años, trabajador de la minería artesanal, quien sobrevive con 80 perdigones en su cuerpo.

El régimen de Boluarte reconoció, a finales de julio de 2023, el fallecimiento de al menos 63 personas durante las protestas (otras fuentes elevan la cifra de víctimas mortales –entre diciembre de 2022 y marzo de 2023- a 77); el periódico La República apuntó que Rosalino Florez era la víctima mortal número 61.

En un reportaje publicado en La República por Gloria Purizaca, se detalla que de las 61 personas muertas, “la represión policial les arrebató la vida a 49 de ellos a punta de proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas” (No son sólo una cifra. Las vidas de los 49 civiles asesinados en las protestas contra Dina Boluarte, actualizado marzo 2023).

Además este año se cumple el 20 aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú (CVR), de 2003,  sobre el conflicto armado interno durante el periodo 1980-2000; fue, según el documento de conclusiones, “el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República” (69.280 víctimas mortales).

Una de las notas relevantes es la relación entre pobreza, exclusión social y la posibilidad del impacto por la violencia; así, según la CVR, en el departamento de Ayacucho (región andina), se produjo más del 40% de las  desapariciones y muertes.

En otros términos, el 79% de las víctimas computadas residía en el ámbito rural y más de la mitad –el 56%- tenía un empleo en el sector agrícola y ganadero; asimismo la población indígena resultó afectada especialmente por la violencia: el 75% de las personas fallecidas tenían como lengua materna el quechua u otras lenguas originarias.

Al cumplirse dos décadas del Informe, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú –de la que forman parte organizaciones de la sociedad civil- hizo público un pronunciamiento titulado Continuidades que matan (28 de agosto 2023); las ONG condenaban, entre otros puntos, “el autoritarismo y la violencia que estamos viviendo, con 49 ejecuciones extrajudiciales y masacres que enlutan a nuestro país”.

En cuanto a las situaciones de impunidad, añade el pronunciamiento, “demoras, complicidades y pactos de silencio caracterizan la justicia; si bien en un centenar de casos se ha dictado sentencia, son hechos que ocurrieron hace 30 ó 40 años, como la violencia sexual contra las mujeres (de los distritos) de Manta y Vilca (…)” perpetrados por el ejército peruano entre 1984 y 1998.

Ejemplo de esta tendencia a largo plazo es el Informe de la ONG Global Witness El ambiente mortal de Perú (2014), que recoge el asesinato de al menos 57 defensores ambientales y de la tierra en el periodo 2002-2014; el reporte calificaba entonces a Perú como “el país más peligroso del mundo” para los defensores; la mayor parte de las muertes tenía relación con los conflictos por la tierra, la tala o la minería.

En las últimas fechas se han producido novedades, asimismo, respecto a las denuncias por esterilizaciones forzadas en Perú; así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 18 de agosto sobre la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Celia Edith Ramos Durand; murió como consecuencia de una esterilización “sin consentimiento”, en el contexto del denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).

Los hechos se retrotraen al verano de 1997, durante la dictadura fujimorista; la Comisión detalla que la mujer fallecida –quien vivía en el Caserío La Legua, en el departamento de Piura-, fue “sometida a esta intervención y experimentó complicaciones médicas” que derivaron en la muerte; el mismo 3 de julio, el Ministerio de Salud esterilizó a 15 mujeres en el citado caserío, en la ciudad de Catacaos.

Una sentencia relevante tuvo lugar el pasado 12 de agosto; la Corte Superior Nacional condenó a dos oficiales y 16 soldados por el asesinato de 39 campesinos, en la conocida como masacre de la comunidad de Cayara (departamento de Ayacucho), sucedida el 14 de mayo de 1988 durante la presidencia de Alan García Pérez.

Las penas a los autores del delito de homicidio oscilaron –según los casos- entre los ocho y los 15 años de cárcel; los militares formaban parte de dos patrullas cuyos efectivos desplegaron el llamado plan Persecución, diseñado por el Estado Mayor de la Segunda División del Ejército con sede en la provincia de Huamanga (Ayacucho), informó Resumen Latinoamericano citando a La República.

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Perú: Sutep condena que los congresistas impulsen retrocesos en educación

Rechazo. Congresistas Katy Ugarte, Alex Paredes, Edgar Tello y Flavio Cruz promueven leyes contra la reforma magisterial. Los tres primeros jalaron las evaluaciones docentes

“Estos señores hace tiempo están alejados del sentimiento del magisterio y han asumido posturas personales y que buscan sorprender a los maestros después de haber sido cómplices de Pedro Castillo”, manifestó el secretario general del Sutep, Lucio Castro, a La República.

La afirmación de Castro se debe a que el último domingo el portal Ojo público informó que los congresistas Katy Ugarte, de Unidad y Diálogo; Edgar Tello y Alex Paredes, del Bloque Magisterial; y Flavio Cruz, de Perú Libre, impulsaron siete leyes que son un retroceso para la reforma educativa y que además los tres primeros no aprobaron sus respectivas evaluaciones docentes antes de ser congresistas.

Paredes impulsó dos iniciativas de ley, una para eliminar el cese docente por desaprobar la evaluación de desempeño y otra que amplía la licencia con goce de haberes para profesores que son consejeros regionales.

Este congresista del Bloque Magisterial desaprobó la evaluación de reubicación de escala en 2014, el concurso de acceso a cargos directivos y especialistas en 2018 y el concurso de ascenso de escala en 2019.

 De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, Alex Paredes Gonzales, Edgar Tello Montes, Flavio Cruz Mamani, Katy Ugarte. Foto: difusión

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, Alex Paredes Gonzales, Edgar Tello Montes, Flavio Cruz Mamani, Katy Ugarte. Foto: difusión

Su colega Ugarte impulsa dos proyectos de ley, una que modifica la evaluación de desempeño y elimina su carácter punitivo y otra que elimina la causal de destitución cuando un profesor no se presente a la evaluación de desempeño. La congresista desaprobó el concurso de ascenso de escala en 2019.

El parlamentario Cruz presentó una propuesta de ley de incentivo de posgrado a docentes sin la exigencia de que la universidad donde se especializaron sea licenciada por la Sunedu. El exvocero de Perú Libre desaprobó en 2016 el concurso de acceso a cargos directivos en la UGEL.

El legislador Tello es el único de este grupo que, hasta el momento, no ha rendido ninguna evaluación como docente. Sin embargo, ha impulsado dos proyectos de ley, uno de ascenso automático para docentes desde la primera etapa y otro que reduce el requisito para postular a cargos directivos de colegios o de la UGEL.

Castro recordó que el 21 de junio el Pleno aprobó un dictamen que autoriza el nombramiento excepcional de docentes en colegios públicos que tengan más de tres años como contratados sin necesidad de concurso público.

https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/08/15/sutep-condena-que-los-congresistas-impulsen-retrocesos-en-educacion-peru-libre-bloque-magisterial-pedro-castillo-813555

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