Por Luis Hernández Navarro
Los primeros escarceos para abrogar la reforma educativa en el Legislativo comenzaron en la Cámara de Diputados el 11 de septiembre, con un exhorto al secretario de Educación y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ( INEE) para suspender la evaluación al desempeño docente programada del 3 al 25 de noviembre próximos. Tomando la tribuna al grito de “¡Va a caer, va a caer… la reforma educativa va a caer!”, la nueva mayoría mandó un mensaje inequívoco sobre el futuro de la norma.
Dos días después, el Senado aprobó un punto de acuerdo en la misma dirección. El pleno demandó la suspensión mientras no se replantee una reforma en la que se incluya a todos los sectores involucrados y se culmine una propuesta alternativa que se trabaja con expertos y padres de familia.
Con la insensibilidad que caracteriza a las autoridades educativas en turno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en un comunicado que todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido
. El INEE rechazó también el exhorto, con el argumento de que está sujeto a un mandato constitucional y legal.
Ciertamente, un exhorto legislativo es como una llamada a misa. No obliga a nadie a acatarlo. También es verdad que entre parte de los nuevos legisladores hay una disputa por ver quién capitaliza políticamente la lucha contra la reforma educativa, y que eso provoca protagonismos y desplantes innecesarios y hasta contraproducentes. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, el exhorto buscaba desactivar un conflicto real. Miles de maestros que han sido convocados a evaluarse en noviembre no van a permitir que se les examine. Más aún: es probable que saboteen activamente el examen. No es una baladronada. Si no asistieron a evaluaciones pasadas a pesar de la represión y los despidos de que fueron objeto, menos van a ir ahora que el gobierno de Enrique Peña Nieto va de salida. La negativa de la SEP y del INEE a aceptar la sugerencia legislativa es un indicador de su intención de provocar problemas.
El mismo 13 de septiembre, el senador Martí Batres Guadarrama presentó un proyecto de reforma para modificar la fracción tercera del artículo tercero constitucional y desvincular la evaluación a la permanencia en el servicio profesional docente. No obstante haber anunciado que también impulsaría la derogación de la fracción novena del tercero constitucional (desapareciendo el INEE), finalmente bajó la propuesta.
También el 13 de septiembre, Mario Delgado, el itamita coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, disparó contra la norma. Se va a echar abajo la reforma educativa y no va a quedar ni una coma
, anunció. Curiosamente, como senador del PRD, a finales de 2012 y principios de 2013, Delgado fue uno de los principales apoyadores de la reforma educativa. Tanto así que promovió la inclusión del concepto de calidad en el texto del tercero constitucional con una redacción que es un verdadero galimatías (https://bit.ly/2Oz2Ny4). Según el empresario Claudio X. González, el 12 de diciembre de 2012 el senador lo llamó jubiloso para contarle que la reforma se había aprobado con su voto en favor.
Todas estas declaraciones y fuegos de artificio sobre el inminente fin de la reforma educativa han alebrestado al graderío antimagisterial. Los dolientes de la reforma difunta han vuelto a repetir sin pudor alguno las calumnias que fabricaron contra los profesores y sus organizaciones gremiales para justificar su aprobación.
La reforma educativa ha fracasado estrepitosamente en mejorar la educación del país. Por el contrario, es responsable de su deterioro. Eso sí, sirvió para otros fines: sacar del servicio de manera anticipada sin necesidad de liquidación a cerca de 200 mil maestros, apalear el normalismo, facilitar el avance de los intereses empresariales sobre la enseñanza pública, vilipendiar y desprofesionalizar a los profesores.
La reforma educativa quiso ser impuesta, literalmente, a sangre y fuego. Maestros y padres de familia fueron asesinados y golpeados por la fuerza pública, ante el silencio cómplice de los consejeros del INEE. Decenas de trabajadores de la educación fueron injustamente encarcelados. Más de 500 docentes fueron despedidos. A pesar de ello, fue descarrilada.
Por más réquiems que se le dediquen, la reforma educativa no va a tener ni paz perpetua ni eterno descanso. Sus promotores y defensores son culpables de multitud de agravios en contra de los maestros, los padres de familia y la educación pública. La reforma está ya muerta. Más le vale al país que se le dé pronto cristiana sepultura.
Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2018/09/18/politica/016a2pol?partner=rss
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