Políticas Educativas

Panamá/09 octubre 2017/Fuente: La Estrella de Panamá

La Escuela Nacional de Sordos, en 1951, se fundó mediante la Ley 53 de 30 de noviembre que crea el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), con el objetivo de desarrollar la habilitación de los jóvenes panameños con retardo mental, sordera y ceguera en las Escuelas de Enseñanza Especial, la Escuela Nacional de Sordos y la Escuela de Ciegos, respectivamente.

La Ley 1 de 28 de enero de 1992, por la cual se protege a las personas discapacitadas auditivas, reconoce la lengua de señas como la lengua natural del discapacitado auditivo profundo, norma que no ha impulsado cambios sustanciales, no obstante, ‘los aportes de la psicología, neurología y lingüística demostraron que las lenguas de señas eran lenguas naturales, como las lenguas orales y por ende los sordos debían recibir educación en su propia lengua para propiciar un desarrollo integro’ (Betancurt, 2011).

La Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (SENADIS), se crea mediante Decreto Ejecutivo 103 de 1º. de septiembre del 2004 con el objetivo de dirigir, impulsar y ejecutar las políticas públicas de inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias.

Mientras, que en los espacios científicos internacionales se han generado nuevos enfoques y estrategias en esta educación y se reconoce la importancia de la educación bilingüe bicultural, en Panamá faltan estudios e investigaciones sociolingüísticas y pedagógicas que sustenten los necesarios cambios en el marco de la inclusión educativa y la educación especial con enfoque de apoyo.

Otro de los factores que incide en la persistencia de esta situación en detrimento de la población sorda, es la cultura de discriminación, de exclusión de los diferentes grupos que conforman la sociedad. Otra dimensión a considerar y evaluar es la persistencia casi incólume de las instituciones de educación especial, que no abandonan el fantasma de lo clínico, de la especialización y habilitación, por un lado, y un sistema duplicado de ‘educación inclusiva’ especial en el Ministerio de Educación, el cual requiere una evaluación integral.

El sistema de educación especial institucional con una tradición rehabilitadora de más de seis décadas, con menos estudiantes, recibe más recursos del Estado, el segundo, más numeroso, con un reducido presupuesto para educación inclusiva esta huérfano de apoyo en lo psicopedagógico y en la organización institucional. Es grave la falta de controles de calidad, supervisión y apoyo de los procesos educativos inclusivos.

Es necesario ante este orden de cosas, superar la fragmentación de políticas, planes y programas sociales, educativos, sanitarios y jurídico-administrativos en torno a la problemática de la comunidad sorda, y proponer, en consulta con la comunidad de personas sordas las intervenciones programáticas institucionales e interagenciales que mejoren la capacidad de los actores o grupo como sujetos de derechos.

Se requiere un enfoque en la educación que combine la atención clínica, la rehabilitación audio lingüística, con el enfoque socio bilingüe y bicultural, la Lengua de Señas como vehículo de identidad y de comunicación, los modelos adultos sordos, y la lengua escrita como meta de inclusión educativa y social de la comunidad Sorda.

En conclusión, hay necesidad de impulsar y sustentar una educación de calidad para los sordos en Panamá, en las diferentes etapas educativas, desde la infancia temprana hasta la madurez, que asegure las bases del bienestar y la autonomía, al propiciar la educación bilingüe-bicultural, el apoyo clínico y el respeto a los derechos humanos y de esta manera, beneficiar con su participación al grupo familiar, las instituciones y la comunidad misma,, es decir, validar sus derechos humanos sostenibles en toda su amplitud.

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