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Ley de Educación Sexual: las provincias deberán rendir cuentas sobre su aplicación en Argentina

América del Sur/ Argentina / 18.06.2018/ Fuente: www.clarin.com.

El debate por la despenalización del aborto y la presión de los pañuelos verdes trajo unas cuantas novedades a la política y a la cultura argentina. Una de ellas es el súbito consenso sobre la necesidad de que chicos y adolescentes reciban educación sexual en las escuelas. Era uno de los tantos temas “tabús”, de los que se hablan a media voz, cuando directamente no se lo obstaculiza en forma deliberada.

De hecho, hace 12 años está vigente la ley de Educación Sexual Integral (ESI) –que garantiza a todos los chicos del país el derecho a recibir esa formación-, pero no se cumple cabalmente. Informes independientes indican que sólo 2 de cada 10 alumnos la reciben en el aula de manera habitual, que apenas el 20% de los docentes fueron capacitados y que hay muchas diferencias entre las provincias.

Educación sexual: lo que más enseñan los docentes no coincide con la mayor demanda de los alumnos

El proyecto sobre aborto legal votado por Diputados el miércoles tomó en cuenta este déficit y, en uno de sus artículos sumados a último momento, obliga a los funcionarios de los diversos Ministerios de Educación a informar en el Congreso qué obstáculos tienen para aplicar aquella ley.

Esos informes deberán hacerse ante una Comisión Bicameral de Seguimiento de las leyes sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual, que deberá formarse una vez que la ley de aborto legal sea aprobada y promulgada. La Comisión estará formada por siete diputados y siete senadores, “respetando la proporcionalidad de cada representación legislativa” y será presidida, anualmente y en forma alternativa, por cada cámara.

Sólo dos de cada diez alumnos reciben en el aula educación sexual de manera habitual

Entre otras funciones, deberá “receptar denuncias y/o informes provenientes de miembros de la comunidad educativa sobre la falta u obstrucción de la aplicación efectiva de la ley”; así como impulsar nuevas normas, o reformas, con el fin de remover los obstáculos que se hayan presentado y favorezcan el logro de los objetivos de la educación sexual, entendida no solo en su aspecto biológico, sino también psicológico, social, afectivo y ético.

El problema central que viene a resolver la Comisión Bicameral es que, si bien el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que crea la ley de ESI funciona desde 2008 -produce material para las escuelas y capacitación para los docentes- en los hechos hay múltiples trabas que no les permite avanzar.

Encuesta sobre aborto: el 55% espera que el proyecto sea aprobado sin cambios en el Senado

Según pudo saber Clarín, durante todos estos años unas cuantas provincias recibían los materiales, pero no los distribuían a las escuelas y también rechazaban la oferta de formación docente sobre ESI –tanto virtual como presencial- que se les hacía desde el Instituto Nacional de Formación Docente. Algunos calculan que, de seguir a este ritmo, recién se podrá garantizar el derecho a educación sexual a todos los chicos argentinos dentro de 60 años.

“Ahora firmamos en el Consejo Federal una nueva resolución que fortalece el compromiso que deben tener las provincias con la ESI”, dicen en el Ministerio de Educación, al tiempo que reconocen que la dificultad de avanzar se debe, en buena parte, a que es una “política contracultural”, que trata temas como equidad de género, igualdad entre el hombre y la mujer, interrupción del embarazo, respeto por nuevas identidades de género, entre otras cuestiones difíciles para muchos adultos.

Toma en el Colegio Pellegrini por la despenalización del aborto.Fotos Emmanuel Fernández

Durante la última toma del colegio Carlos Pellegrini, los estudiantes reclamaron por la Educación Sexual Integral (ESI). (Foto: Emmanuel Fernández)

La nueva resolución consensuada por todos los ministros de educación provinciales, hace menos de un mes, ahora los obliga a dictar ESI en la formación inicial de los docentes, garantizar que exista enfoque de ESI en todas las escuelas del país -ya sea de manera transversal como en espacios curriculares específicos-, que haya un equipo docente referente en ESI en cada escuela, e incluir contenidos de ESI en las evaluaciones a todos los docentes del país que se hagan en el marco de concursos de ascenso.

La Comisión Bicameral deberá vigilar que todo esto se cumpla. “Buscamos que el Congreso tenga una herramienta ágil y concreta para seguir el cumplimiento de las normativas. La educación sexual integral no estará más sujeta a la voluntad de las jurisdicciones, sino que deberá implementarse. Y para eso se requiere un compromiso transversal de las instituciones y el Estado para que se lleve a cabo, teniendo en cuenta las mismas cuestiones ideológicas y culturales que se reflejaron en el recinto”, le dijo a Clarín el diputado José Luis Riccardo, uno de los impulsores de los artículos relacionados con la dimensión educativa en el proyecto de legalización del aborto.

Las adolescentes quieren educación sexual y aborto legal

Según Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), y una de las especialistas más involucradas en el tema, la Comisión Bicameral “es una muy buena iniciativa porque es necesario que los legisladores no solo hagan leyes, sino que controlen su aplicación”. “Esto se debe encarar como una tarea de monitoreo por parte de los parlamentarios de leyes que después de más de 10 años de sancionadas no se implementan, o se las implementa parcialmente”, dijo.

Algunas ONG denunciaron hace poco una “subejecución” de partidas presupuestarias vinculadas a la ESI. Desde el Gobierno lo niegan y, por el contrario, afirman que ya se comprometió una partida de 100 millones de pesos para 2018, 150% más que los 40 millones destinados en 2017. Con ese dinero se debe avanzar en la publicación de material y en capacitaciones para docentes de todo el país.

Consultados sobre el actual nivel de implementación de la ESI, desde el Gobierno insisten que se está haciendo “de forma gradual”. Y afirman que desde el año que viene van a disponer un monitoreo bien preciso en todo el país a través de una herramienta que, aseguran, están preparando junto a Unicef.

El compromiso del Consejo Federal

En la última reunión del Consejo Federal de Educación, los ministros de todas las provincias se comprometieron a implementar la obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los niveles y modalidades educativas. Y abordarlo, sin excepción, a través de cinco ejes conceptuales: «Cuidar el cuerpo y la salud», «Valorar la afectividad», «Garantizar la equidad de género», «Respetar la diversidad» y «Ejercer nuestros derechos».

En la misma resolución, se establecieron los núcleos de aprendizajes prioritarios de ESI para cada nivel educativo: inicial, primario, secundario y formación docente.

Fuente de la noticia: https://www.clarin.com/sociedad/ley-educacion-sexual-provincias-deberan-rendir-cuentas-aplicacion_0_r1V-ZgM-X.htm

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Reunión de ministros de Educación del Mercosur en Paraguay

América del Sur/ Paraguay/ 18.06.2018/ Fuente: www.lanacion.com.py.

En el Crowne Plaza Hotel se llevó a cabo la reunión N° 52 de los ministros de Educación del Mercosur. Al respecto, el ministro de Educación, Raúl Aguilera dijo que los estudiantes paraguayos están preparados para ir a estudiar al exterior, para acceder a becas, mediante herramientas proveídas por el Estado.

En conversación con la 970AM, indicó que se ha dado un avance importante sobre la base de las carreras acreditadas para ingeniería agronómica, pero que siguen quedando puntos pendientes ya que cada país tiene una norma propia para el ejercicio de la profesión.

Manifestó que en el caso de Paraguay, el Ministerio de Educación registra y realiza el acto de registro final de un documento, pero quien da el registro profesional es el Ministerio de Salud Pública. Por tanto cada país tiene su sistema correspondiente.

“Es posible ir armonizando este trabajo y a esto se le suma un gran trabajo que la Unesco esta realizando. Justamente ayer, en la Ciudad de Cordoba estuvimos buscando distintas formas de llegar a acuerdos globales y bilaterales. Porque quiérase o no la movilidad de nuestros estudiantes y profesionales es una realidad”, agregó Aguilera.

Tabla de equivalencia

Uno de los puntos destacados por Aguilera fue la aprobación para la implementación de la tabla de equivalencia para la educación de jóvenes y adultos, para los países de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Un tema pendiente dentro de la cartera del Mercosur desde hace bastante tiempo, que hoy finalmente se acordó.

La tabla de equivalencia es un instrumento que permite a los países, especialmente a los ministerios de Educación poder ubicar a los estudiantes en base a unos estudios anteriores. Es una tabla de equiparación en base a la declaración de cada país, en formato horizontal. «Lo que permite es que un estudiante que concluya la modalidad de jóvenes-adultos pueda incorporarse en el segundo año de ese mismo régimen o de otro régimen normal que tenga el país de origen».

Finalmente señaló que Paraguay en materia de educación no se puede comparar con Brasil y Argentina ya que los modelos políticos son diferentes, sin embargo los acuerdos nacionales se subscriben en estos encuentros que posteriormente se convierten en una decisión de la máxima instancia del Mercosur.

Fuente de la  reseña: https://www.lanacion.com.py/pais/2018/06/15/reunion-de-ministros-de-educacion-del-mercosur

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Puerto Rico: En riesgo ocho programas clave del Departamento de Educación

Centroamérica y El Caribe/ Puerto Rico/ 18.06.2018/ Fuente: el nuevo día.

El recorte de $191.5 millones en el presupuesto del Departamento de Educación pone en riesgo la operación de ocho programas de la agencia más grande del gobierno, incluyendo la partida de Educación Especial, que recibirá $78.2 millones menos en momentos en que la Asamblea Legislativa impulsa una nueva Ley de Educación Especial.

En una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, la secretaria de Educación, Julia Keleher, dijo que intentó redirigir unos ahorros por $135 millones generados en este año fiscal a la partida de Educación Especial, pero “esto no fue posible”.

A preguntas del representante popular Jesús Manuel Ortiz sobre si se afectaría la ejecución de los ocho programas, Keleher respondió: “sí”. Además de Educación Especial, los otros programas afectados serían Educación Vocacional y Técnica, Escuelas de la Comunidad, Seguridad Escolar, Educación de Adultos, Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica, Mantenimiento de Escuelas Públicas y Dirección y Administración General.

Es en esta última partida donde se coloca el dinero para cumplir con las estipulaciones del pleito Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación. En el reglón de Escuelas de la Comunidad se encuentra la partida para compra de libros. De hecho, Keleher reconoció que no se compran libros en la agencia hace siete años.

Entre los ahorros identificados se encuentran $14.4 millones por el cierre de escuelas y $135 millones por concepto de nómina, ya que el número de empleados se redujo a 5,594 por concepto de jubilaciones, programas de retiro temprano y renuncias.

En la vista de ayer trascendió que 46 entidades han solicitado administrar escuelas charter, y 29 pasaron la primera ronda de requisitos.

Fuente de la noticia: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/enriesgoochoprogramasclavedeldepartamentodeeducacion-2428866.

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En la CRES 2018: Boaventura de Sousa Santos y los desafíos de la universidad Bajo el asedio neoliberal

En la CRES 2018, que hoy cierra en Córdoba, el sociólogo portugués partió del legado reformista para reflexionar sobre las razones por las que la universidad es atacada en todo el mundo y propuso una defensa basada en la transformación de la institución.

“La idea de que el único valor del conocimiento es el valor de mercado es lo que va a matar a la universidad. Una universidad que es ‘sustentable’ porque se financia a sí misma es una universidad insustentable como bien común, porque se ha transformado en una empresa”, advirtió el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, en una de las exposiciones centrales de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES 2018), que concluye hoy en Córdoba. Doctor en Sociología del Derecho, profesor de las universidades de Coimbra y de Wisconsin-Madison, De Sousa Santos es –como él mismo se define– “un activista de la universidad” y le ha dedicado al tema ya varios textos, el primero a mediados de los 90, el último publicado este año.

“Si los estudiantes de 1918 estuvieran hoy acá –comenzó–, si nosotros fuéramos esos estudiantes, ¿cuáles serían las reformas necesarias?” En un cautivante castellano de cadencia portuguesa, De Sousa Santos trazó inicialmente un paralelo con el Mayo Francés, precisó los logros reformistas (ver aparte) y caracterizó al presente como una época plena de peligros para la universidad pública: “Estamos pasando un ciclo global conservador y reaccionario, controlado por el neoliberalismo, que no es sino el dominio total del capital financiero”. Se trata de un escenario más complejo que el que enfrentaron las rebeliones de 1918 y 1968, por una razón: “Entonces, el contexto global permitía pensar que había alternativas al capitalismo. Hoy parece que el capitalismo les ganó a sus adversarios, es un capitalismo sin miedo”.

El proyecto neoliberal, explicó, aspira a la construcción de un “capitalismo universitario”: “Empezó con la idea de que la universidad debía ser relevante para crear las competencias que exige el mercado”, siguió con las propuestas de arancelamiento y privatización. “La fase final es la idea de que la universidad debe ser ella misma un mercado, la universidad como empresa.” Si la universidad es una mercancía más, tiene que poder ser medida: de ahí, los ránkings globales.

La ideología neoliberal choca así con la idea de “la universidad como un bien común”, hija de las conquistas obtenidas desde la Reforma. “Es un momento difícil por varias razones, y una de ellas es que no hay un ataque político, sino un ataque despolitizado. Es un ataque que tiene dos dimensiones: recortes presupuestarios y la lucha contra la supuesta ineficiencia o corrupción, una lucha muy selectiva, porque se sabe que las universidades públicas son en general muy bien gerenciadas en comparación con otras instituciones.”

Boaventura de Sousa Santos identificó tres razones por las que la universidad es un blanco dilecto para el régimen neoliberal.

  • Su producción de conocimiento independiente y crítico cuestiona “la ausencia de alternativas que el neoliberalismo intenta producir en nuestras cabezas todos los días. Si no hay alternativas, no hay política, porque la política es sólo alternativas. Es por eso que muchas de las medidas en contra de la universidad no parecen políticas, sino económicas, los recortes financieros, o jurídicas, la lucha contra la corrupción. Lo que está por detrás es la idea de que la universidad puede ser un fermento de alternativas y resistencia”.
  • “El pensamiento neoliberal busca un presente eterno, quiere evitar toda tensión entre pasado, presente y futuro. Y la universidad ha sido siempre, con todas sus limitaciones, la posibilidad de criticar el presente en relación con el pasado y con vistas a un futuro diferente”.
  • “La universidad ha ayudado a crear proyectos nacionales (obviamente, excluyentes de los pueblos originarios) y el neoliberalismo no quiere proyectos nacionales. A la vez, la universidad siempre ha sido internacionalmente solidaria, con base en la idea de un bien común. Pero el capitalismo universitario quiere otro tipo de internacionalismo: la franquicia, que las universidades puedan comprar productos académicos en todo el mundo”.

Pluriversidad

La segunda parte de la conferencia resumió una serie de propuestas para refundar la universidad, sobre la base de la Reforma del 18, pero rompiendo con sus limitaciones y radicalizando su espíritu democratizador.

“La dominación hoy tiene tres cabezas: capitalismo, colonialismo y hétero-patriarcado”, postuló De Sousa Santos. “Nuestro dilema es que esta dominación es integrada. El capitalismo actúa junto con el colonialismo y el patriarcado. Pero la resistencia está fragmentada. La universidad puede ser un campo donde pensar cómo articular la resistencia. También por eso la universidad es un blanco del neoliberalismo.” ¿Cómo hacerlo? El primer paso, dijo, es una ruptura epistemológica. “Hay una pluralidad enorme de conocimientos fuera de la universidad: conocimientos rurales, urbanos, populares, de las mujeres. ¿Por qué la universidad nunca los tuvo en cuenta? Porque la universidad no se descolonizó. Sus contenidos, sus ciencias sociales, su historia, son colonialistas. Para defenderse como bien público, la universidad debe hacer una autocrítica profunda, contra sí misma. Debe dejar la idea arrogante de que es la única fuente de conocimiento, abrirse a dialogar con otros saberes. Necesitamos crear Epistemologías del Sur”.

En ese sentido, la segunda ruptura respecto de la Reforma radica en la alianza social que debe buscar la universidad, ya no sólo las clases urbanas burguesas, sino “las clases populares y empobrecidas, las víctimas del colonialismo y del patriarcado, los cuerpos racializados y sexualizados”. Por eso, explicó, “la extensión nunca ha sido tan importante como hoy. Por influencia del neoliberalismo, la extensión ha sido desviada para obtener fondos. Esto es perverso, eso no es extensión, es prostitución. La verdadera extensión es la que se dirige a poblaciones que no son solventes”. La propuesta del portugués consiste en invertir la extensión, “no es llevar la universidad para afuera, es traer el conocimiento no universitario para adentro”. Y, a la vez, “articular los diferentes saberes populares, porque también suele haber prejuicios entre los diferentes movimientos” (obreros, feministas, campesinos, LGTB).

La universidad, concluyó entre aplausos, debe reinstituirse, hacer un uso contrahegemónico de su autonomía y “transformarse en una pluriversidad.

Pero el ataque del neoliberalismo es tan grande que quizá también deba convertirse en una subversidad”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/121728-bajo-el-asedio-neoliberal

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Colombia: Balance y declaración de la CRES 2018: Del optimismo a la desilusión

Colombia/16 de Junio de 2018/Observatorio de la Universidad de Colombia

 Terminó la III Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba -Argentina- con más silencios que aplausos y ninguna ovación, tras la lectura de la Declaración de Córdoba que no presenta ningún desafío ni propuesta novedosa ni sustancialmente diferente de las planteadas en la Conferencia de 2008, en Cartagena. La situación política y fiscal de la universidad pública argentina opacó la realidad de otros países, incluido el colombiano, cuyos rectores asistentes concluyeron que si bien Colombia tiene dificultades, hace tiempo se superó la excesiva ideologización política y se han logrado desarrollos más técnicos y de calidad.

Ver el texto del preámbulo de la Declaración de Córdoba al final

La gran expectativa que significó reunir a los más importantes directivos de la región en educación superior, terminó en un debate más ideologizado que técnico, sin propuestas concretas ni desafíos reales para los sistemas de educación superior como el colombiano.

Pedro Hernández Guajardo, director de IESALC – UNESCO; Francisco Tamarit, coordinador de la Conferencia, y el rector anfitrión de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, dieron lectura de la que llaman hasta ahora propuesta de una declaración, que será “pulida” en próximas semanas, y caracterizada por ser un llamado endogámico a la gratuidad universal de la educación superior, las plenas libertades el acceso libre y el reconocimiento a la diversidad en todas sus expresiones.

Uno de las frases inspiradoras del Movimiento Reformista de Córdoba, de 1918, cobró vigencia: “Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”. La pregunta es si, de darse, la solución de esos “dolores” (financiamiento, libertades, cogobierno, participación política…) se asegura que la universidad latinoamericana responda adecuadamente a los retos de la educación superior de esta época.

La Declaración de Córdoba considera que la educación superior debe ser un medio de igualización y no de mantenimiento de privilegios y reitera muchos de los postulados planteados por Declaración de Cartagena, hace 10 años.

Frente a los ojos de terceros, la impresión es que la educación superior latinoamericana, en el periodo comprendido entre 2008 y 2018, hubiera experimentado una década perdida y de retrocesos en la región; como si la universidad privada no existiera o toda fuera de pésima calidad o mercantilista, y si la universidad pública no hubiera sido capaz de avanzar en sus procesos de financiamiento y relacionamiento con el Estado y su único rol fuera el de sobrevivir para dar educación gratuita, reconocer las diferencias de todos y crear una cultura investigativa, patrimonial y de conocimiento única de la región, con un carácter más local que universal (así entienden la pertinencia).

La inevitable, imperativa e innegable presencia y protagonismo de la virtualidad y las nuevas tecnologías parecen no haber “tocado” a la universidad latinoamericana, que -a la luz de la declaración- se niega a avanzar en la materia, así como en la aceptación plena e impulso de éstas, de las reformas curriculares,de  la evolución postgradual, de la revisión de los tiempos de los planes de estudios, de la movilidad internacional, del reconocimiento de títulos, de la articulación con el sector productivo, de una ciencia y tecnología con impacto mundial, y de la evolución en indicadores de calidad, entre otros aspectos.

En cambio, en lo que se reiteró la Declaración y los debates de la Conferencia fue en ratificar la educación superior como un bien social y un derecho humano que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar a través de la gratuidad y el acceso universal. Esto conlleva, adicionalmente, a pedir no sólo la matrícula libre y la revisión, o eliminación, de mecanismos de acceso, sino también a que haya becas para el sostenimiento de los estudiantes.

Claramente la educación con cobro, las alianzas universidad – empresa, las consultorías, la investigación financiada por terceros, las universidades privadas con lucro, los rankings, e incluso hasta la incidencia del inglés en el desarrollo académico, son vistas como “demonios” del neoliberalismo que hay que expulsar de la Universidad.

El plan de acción que acompaña la declaración resulta siendo un listado de buenas intenciones (promover, propugnar, fomentar, fortalecer..) sin respuesta precisa al cómo, así como algunos de sus enunciados, más ideológicos que técnicos (“cambiar las relaciones históricas de poder en la región, sin una transformación de conocimientos”) o más genéricos y obvios que de concreciones efectivas: articular sistemas virtuales y educación a distancia; homologar y reconocer trayectos educativos, impulsar la acreditación regional…

Como se preveía, la Declaración, que incluso fue matizada por petición de algunos rectores y sectores de la universidad privada, tiene un estilo de mendicidad hacia los estados y exigencia permanente, que no consulta la realidad fiscal de la región, los problemas técnicas, la opinión del sector productivo, ni la dinámica de los gobiernos.

Con menos pretensión, afirman algunos, la Declaración de Salamanca de hace pocas semanas, avanzó más al reconocer y llamar la atención a la universidad sobre la perentoria necesidad de cambiar ella misma, pues reconoce la urgencia de implementar cambios frente a los desafíos del entorno.

Tal vez, por eso mismo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia no se movió a participar en la CRES. Salvo una funcionaria asistente, ni la ministra Giha ni la viceministra Ruiz se decidieron a ir al encuentro de ministros de Educación que se organizó en la Conferencia.

En síntesis, la declaración de la tercera CRES poco aporta para la definición de un norte claro de la educación superior colombiana.

Preámbulo de la Declaración de Córdoba

Mujeres y hombres de nuestra América, los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan, a luchar por un cambio radical por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable.

Hace un siglo, los estudiantes reformistas proclamaron que “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” y no podemos olvidarlo, porque aún quedan y son muchos, porque aún no se apagan en la región la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social.

Los universitarios de hoy, como los de hace un siglo, nos pronunciamos a favor de la ciencia desde el humanismo y la tecnología con justicia, por el bien común y los derechos para todas y todos.

La III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, refrenda los acuerdos alcanzados en las Declaraciones de la Reunión de la Habana (Cuba) de 1996, la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998, y de la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, y reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados. Estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña.

Reivindicamos la autonomía que permite a la universidad ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sin que existan límites impuestos por los gobiernos de turno, creencias religiosas,  el mercado o  intereses particulares. La defensa de la autonomía universitaria es una responsabilidad ineludible y de gran actualidad en América Latina y el Caribe y es, al mismo tiempo, una defensa del compromiso social de la universidad.

La educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser así un medio para la libertad y la igualdad, garantizándolas  sin distinción social, género, etnia, religión ni edad.

Pensar que las tecnologías y las ciencias resolverán los problemas acuciantes de la humanidad es importante pero no suficiente. El diálogo de saberes para ser universal ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de las culturas.

Las diferencias económicas, tecnológicas y sociales entre el norte y el sur y las brechas internas entre los Estados no han desaparecido sino que han aumentado. El sistema internacional promueve el libre intercambio de mercancías, pero aplica excluyentes regulaciones migratorias. La alta migración de la población latinoamericana y caribeña muestra otra cara de la falta de oportunidades y la desigualdad que afecta, sobre todo, a las poblaciones más jóvenes. La desigualdad de género se manifiesta en la brecha salarial, la discriminación en el mercado laboral y en el acceso a cargos de decisión en el Estado o en las empresas. Las mujeres de poblaciones originarias y afrodescendientes son las que muestran los peores indicadores de pobreza y marginación.

La ciencia, las artes y la tecnología deben constituirse en pilares de una cooperación para el desarrollo equitativo y solidario de la región, basadas en procesos de consolidación de un bloque económicamente independiente y políticamente soberano.

Las débiles regulaciones de la oferta extranjera han profundizado los procesos de transnacionalización y la visión mercantilizada de la educación superior, impidiendo cuando no cercenando, en muchos casos, el efectivo derecho social a la educación. Es fundamental revertir esta tendencia e instamos a los Estados de América Latina y el Caribe a establecer rigurosos sistemas de regulación de la educación superior y de otros niveles del sistema educativo.

Frente a las presiones por hacer de la Educación Superior una actividad lucrativa es imprescindible que los Estados asuman el compromiso irrenunciable de regular a las instituciones públicas y privadas, cualquiera sea su modalidad y promoviendo la diversidad institucional, para hacer efectivo el acceso universal, la permanencia y la titulación de la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión, diversidad y pertinencia local y regional.

De manera similar al año 1918, actualmente “la rebeldía estalla” en América Latina y el Caribe, y en un mundo donde el sistema financiero internacional concentran a las minorías poderosas, y empuja a las grandes mayorías a los márgenes de la exclusión, la precariedad social y laboral.

Con todo y los enormes logros que se han alcanzado en el desarrollo de los conocimientos, la investigación y los saberes de las universidades y de los pueblos, un sector importante de la población latinoamericana, caribeña y mundial, se encuentra sin acceso a los derechos sociales básicos, al empleo, a la salud, al agua potable o a la educación. En pleno siglo XXI millones de niños, jóvenes, adultos y ancianos, están excluidos del actual progreso social, cultural, económico y tecnológico. Aún más, la desigualdad regional y mundial es tan pronunciada, que en muchas situaciones y contextos existen comunidades que no tienen acceso a la educación superior, porque ésta aún sigue siendo un privilegio y no un derecho, como anhelaron los jóvenes en 1918.

En el Centenario de la Reforma, no somos ajenos al sufrimiento humano ni al mandato de la historia. No podemos seguir indiferentes al devenir del orden colectivo, a la lucha por la verdad heroica y al anhelo trascendente de la libertad humana. La Educación Superior debe constituirse desde los liderazgos locales, estatales, nacionales e internacionales, tal y como ahora están aquí representados plenamente.

Desde estos posicionamientos, será posible llevar a cabo una nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y responsabilidad social, para garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso.

En consonancia con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda de Desarrollo adoptada por la UNESCO (2030), instamos a los Estados a promover una vigorosa política de ampliación de la oferta de educación superior, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema, la generación de políticas de acción afirmativas —con base en género, etnia, clase y capacidades diferentes— para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación.

En este contexto, los sistemas de educación superior deben pintarse de muchos colores, reconociendo la interculturalidad de nuestros países y comunidades, para que la educación superior sea un medio de igualación y de ascenso social y no un ámbito de reproducción de privilegios. No podemos callarnos frente a las carencias y dolores del hombre y de la mujer, como sostuvo Mario Benedetti con vehemencia, “hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio”.

Hace un siglo los estudiantes Reformistas denunciaron con firmeza que en una Córdoba y en un mundo injusto y tiránico, las universidades se habían convertido en el “fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”. Ha pasado el tiempo y ese mensaje cargado de futuro nos interpela y nos atraviesa como una flecha ética, para cuestionar nuestras prácticas. ¿Qué aportamos para la edificación de un orden justo, la igualdad social, la armonía entre las Naciones y la impostergable emancipación humana?; ¿Cómo contribuimos a la superación del atraso científico y tecnológico de las estructuras productivas?; ¿Cuál es nuestro aporte a la forja de la identidad de los pueblos, a la integridad humana, a la igualdad de género y al libre debate de las ideas para garantizar la fortaleza de nuestras culturas locales, nacionales y regionales?

Es por eso que creemos fehacientemente que nuestras instituciones deben comprometerse activamente con la transformación social, cultural, política, artística, económica y tecnológica que es hoy imperiosa e indispensable. Debemos educar a los dirigentes del mañana con conciencia social y con vocación de hermandad latinoamericana. Forjemos comunidades de trabajo donde el anhelo de aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre docentes y estudiantes sea la norma. Construyamos ambientes democráticos de aprendizaje, donde se desenvuelvan las manifestaciones vitales de la personalidad y se expresen sin límites las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

La educación superior a construir debe ejercer su vocación cultural y ética con la más plena autonomía y libertad, contribuyendo a generar definiciones políticas y prácticas que influyan en los necesarios y anhelados cambios de nuestras comunidades. La educación superior debe ser la institución emblemática de la conciencia crítica nacional de nuestra América.

Las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un un papel preponderante en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región. Expresamos nuestra solidaridad con las juventudes, de nuestra América y del mundo, cuya vida celebramos, y reconocemos, en sus luchas y anhelos, nuestras propias aspiraciones a favor de la transformación social, política y cultural.

La tarea no es simple, pero es grande la causa e ilumina el resplandor de su verdad. Se trata, como profetizó el Manifiesto Liminar, de mantener alto el “sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad”.

Mujeres y hombres del continente, miremos hacia el futuro y trabajemos sin pausa en la reforma educacional permanente, en el renacer de la cultura y de la vida de nuestras sociedades y pueblos.

Fuente: http://universidad.edu.co/utemporal/balance-y-declaracion-de-la-cres-2018-del-optimismo-a-la-desilusion/
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La OCDE advierte de que España pone a los profesores menos preparados en las escuelas con más problemas

España / 17 de junio de 2018 / Autor: Olga R. Sanmartín / Fuente: El Mundo

España envía a los profesores menos preparados a los colegios con mayores dificultades. Los docentes con menos experiencia y menor cualificación son los que trabajan en las escuelas con peores condiciones socioeconómicas. La evidencia científica recomienda hacer justamente lo contrario: poner a los mejores a enseñar a los alumnos con más problemas para ayudarles a elevar su rendimiento.

Así lo hacen los sistemas educativos con más éxito, pero «España en esto es una excepción», ha advertido Andreas Schleicher, el director de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que este lunes ha presentado en Madrid el informe Docentes en Iberoamérica en colaboración con la Fundación SM.

La relevancia del trabajo radica en que, por primera vez, este organismo internacional al que pertenece una treintena de países, ha cruzado los datos de su famoso informe PISA con los del informe TALIS, una estadística muy valiosa sobre los hábitos de los profesores.

La investigación incide en que cuanto mejores son los profesores mejores resultados obtienen los alumnos. «No es sólo pagarles un mejor sueldo», ha asegurado Schleicher, «ni tampoco reducir la ratio de alumnos por profesor». Lo que verdaderamente importa -y es denominador común en los países que, como Japón o Finlandia, obtienen resultados académicos excelentes- es tener «directores muy comprometidos en ayudar a sus profesores»; contar con docentes que hacen prácticas al inicio de su carrera; dar estabilidad a las plantillas, y disponer de profesores experimentados y preparados.

Los datos revelan que las políticas educativas de las comunidades autónomas se están haciendo al revés que en los países de éxito. Por un lado, las escuelas que están más en desventaja tienen más alumnos por aula (28,6) que las que son excelentes (27,8). En la media de la OCDE es al revés: las buenas escuelas tienen más estudiantes (27,7) que las malas (24,2).

Además, los directores de estas escuelas complicadas declaran una falta de personal en mayor proporción (70%) que los centros con mejores resultados (24,2%). Es decir, da la sensación de que en España se vuelcan los recursos en los mejores colegios y se abandona al resto. Lo ha dicho también Schleicher: «En los colegios con más desventajas hay más carencias de profesores».

En realidad, «no es la cantidad, sino la calidad lo que importa», ha puntualizado el conocido como el padre del informe PISA. Pero es que en calidad también tenemos un problema. Porque el nivel de los docentes que dan clase en las escuelas con más dificultades es peor. Siete de cada 10 profesores que imparte Ciencias en los mejores colegios tiene una carrera universitaria relacionada con esta materia, mientras que esta proporción baja a seis de cada 10 en los peores centros educativos, según los datos de la OCDE.

Además, los profesores que trabajan en estas escuelas con más dificultades tienen una media de 16 años de experiencia, una antigüedad que se eleva tres puntos en los centros con buenos resultados y un punto en los centros excelentes.

Schleicher ha insistido en que «los profesores que avanzan en su carrera tienen que enfrentarse a colegios más difíciles». «Reducir el tamaño de las clases no importa tanto como la experiencia de los profesores, eso sí que parece estar ligado a la equidad. Los sistemas educativos con más equidad son los que saben compaginar mejor las escuelas más difíciles con los profesores más cualificados. España tiene que centrarse más en que los profesores más talentosos terminen en colegios más complicados».

La OCDE recomienda incentivar más a los docentes, pero no con más dinero en su salario, sino mejorando la promoción de su carrera y dándoles un mayor desarrollo profesional, con más formación y menos tiempo de clase que pueden dedicar a tener tutorías más personalizadas con los padres y con los alumnos.

Fuente de la Noticia:

http://www.elmundo.es/espana/2018/06/11/5b1e514146163ff44f8b4586.html

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UA apuesta por alcanzar una educación de calidad en África

África/14 Junio 2018/Fuente: Prensa Latina

La Unión Africana (UA) evalúa hoy estrategias para avanzar hacia una educación de calidad en el continente, con miras a obtener una preparación más solida de los profesionales en función de las exigencias del mercado laboral.
Al respecto, la UA organizó un taller para discutir el Plan Decenal de Acción de Formación Técnica, Empresarial y Empleo Juvenil, en el cual participan diversas entidades de la región vinculadas a la promoción de políticas educativas.

En ese sentido, el bloque comunitario señaló que los recursos humanos calificados son una de las principales limitaciones vinculantes para mantener un alto crecimiento en África.

Observó que muchos países enfrentan actualmente una crisis en el panorama laboral, donde para las nuevas generaciones es cada vez más difícil acceder a las oportunidades.

A su vez, el ente recordó que la Agenda 2063 aboga por acelerar las acciones ‘para catalizar la revolución del aprendizaje y promover activamente la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, con el objetivo final de reimpulsar el conocimiento, las capacidades y habilidades para el futuro africano’.

Documentos como la Decisión de Malabo sobre Empoderamiento de los Jóvenes y las decisiones de Ouagadougou sobre Empleo, Erradicación de la pobreza y Desarrollo incluyente, son marcos instrumentales que abordan las preocupaciones sobre esos temas, observó el organismo.

Fuente: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=187086&SEO=ua-apuesta-por-alcanzar-una-educacion-de-calidad-en-africa
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