El escrito firmado por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, y por el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk, alerta en primer lugar por las demoras en las transferencias de las partidas presupuestarias con que las universidades hacen frente a sus gastos de funcionamiento: ya alcanzan un atraso de entre cuatro y cinco meses.
La nota expresa también la preocupación por las obras que estaban programadas para empezar este año y que fueron suspendidas –tal como informó en marzo la Secretaría de Políticas Universitarias, al anunciar el recorte que se venía para el sistema–. El CIN destaca el impacto de esa decisión para las instituciones universitarias que carecen de edificios propios.
El escrito menciona, además, “la necesaria recomposición salarial de los trabajadores universitarios, el incremento de los valores de los equipos científicos y tecnológicos, el enorme aumento de las tarifas de servicios públicos y el costo de los combustibles y del transporte” como parte del complejo escenario al que deben hacer frente las administraciones universitarias.
“Cada uno de estos aspectos es esencial para el correcto funcionamiento de las instituciones educativas. Entendemos su impacto en el presupuesto, pero las modificaciones en la situación macroeconómica del país traen aparejadas consecuencias sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales”, alerta la declaración del CIN, el cuerpo que reúne a los rectores de universidades públicas nacionales. En diálogo con PáginaI12, Perczyk interpretó que la situación deriva de la decisión del Gobierno “de avanzar en un ajuste muy importante de las cuentas públicas”.
Los docentes universitarios sumarán tres días de paro el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene, en el marco de una paritaria en la que la oferta oficial aún no ha superado el techo del 15 por ciento de aumento. Con las protestas de la próxima semana, las universidades sumarán once jornadas de paro docente desde el inicio del ciclo lectivo.
La declaración de los rectores también llama la atención sobre dos medidas del Poder Ejecutivo “que suponen un avance sobre la autonomía universitaria”: el decreto 72/18 de enero pasado –y la interpretación que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realiza de éste– y una serie de notas del Ministerio de Modernización respecto de la aplicación del expediente electrónico y la dotación óptima de las plantas de personal.
Los rectores se refieren al accionar de la Sigen, que en marzo de este año designó por primera vez al auditor interno de una universidad, tomando como fundamento lo establecido por el decreto 72/18 firmado por el Presidente. Se trata del licenciado Gerardo Alejandro Sánchez Volpini, quien en primer lugar fue designado como auditor por la Universidad Nacional de La Rioja (Unlar), y luego fue “validado” por la Sigen en una resolución posterior.
La Unlar rechazó la medida y presentó un amparo para que se revea, alegando que la designación es potestad de la universidad, según la Ley de Educación Superior y los estatutos universitarios. En el marco de las Jornadas de Auditores Internos de universidades nacionales, que se realizaron hasta ayer en La Rioja, Perczyk reiteró el apoyo del CIN a las medidas judiciales iniciadas por la Unlar.
La referencia al Ministerio de Modernización se vincula con que algunas universidades comenzaron a recibir pedidos de avanzar con la aplicación del análisis de dotaciones óptimas, que esa cartera ha aplicado en diversas áreas de la administración pública y que sugiere la cantidad de personal “necesario” en cada sector.
El rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, afirmó que, en algunas de las cinco universidades que ya se han sometido voluntariamente al análisis de Modernización, el estudio concluyó que era necesario aumentar la dotación de personal, especialmente en áreas administrativas, según informaron al CIN los rectores de esas instituciones.
“Las universidades tenemos mucho trabajo hecho para estimar dotaciones óptimas, no necesitamos que Modernización nos venga a explicar”, aseguró Tecchi, y agregó que el CIN cuenta desde hace 20 años con su propio modelo de pautas, que permite conocer la dotación óptima de cada institución. Además, se preguntó: “¿Para qué es todo este trabajo, si cuando llegan a la conclusión de que falta personal no lo cubren con más presupuesto?”
*Fuente: https://www.pagina12.com.ar/117077-sin-recursos-sin-obras-sin-aumentos
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