Protección a la Integridad Física

Por: Lidia Falcón

Doscientas concentraciones de personas en la puerta de los ayuntamientos de los pueblos y ciudades españolas dieron testimonio de la indignación de nuestra sociedad ante la masacre continuada de mujeres y niños, que se sigue padeciendo.

Se reclamaban 180 millones de euros en la partida del Estado destinada a la que llaman “violencia de género”, para atender a las víctimas. Y denunciaban          que en los presupuestos, que se aprobarán a lo largo de este mes, no se había aumentado lo que ya, desde hace años, se ha evidenciado insuficiente para dotar  a las fuerzas de seguridad del Estado, a la judicatura, a la sanidad, a la asistencia social, a la educación, a la atención a las mujeres maltratadas y a los niños huérfanos, de los medios necesarios para garantizarles la atención necesaria. Y tenían razón.

Porque todas las instituciones que son responsables de la seguridad y la supervivencia de los más débiles padecen una falta de recursos que ya es endémica. Ni es suficiente la dotación económica de la policía ni de los juzgados ni de los servicios sanitarios, ni tampoco se han implementado las reformas educativas y de formación que prevé la Ley de Violencia de Género. Y no hay mayor crueldad que negarles la asistencia económica a las mujeres sobrevivientes del maltrato y a los huérfanos que están abandonados, después de que el padre matara a su madre.

Pero todo lo que necesitan las víctimas de esta tragedia no es dinero.  Porque lo primero que tenemos que impedir es que haya víctimas.

Con dinero no se hubiese salvado la hija de Ángela González Carreño, de 7 años, que fue asesinada por su padre cuando éste disfrutaba del régimen de visitas que un juez, comprensivo con las necesidades afectivas del patriarca, le había concedido.

Tampoco con dinero hubiesen podido sobrevivir Ruth y José, los niños de José Bretón, cruelmente asesinados por su padre  cuando los tenía en su compañía. Ni los seis más que han muerto a manos de su progenitor solamente en los primeros meses de este año.

Los últimos casos son espeluznantes. Desde el infame que se tiró de la ventana del hospital abrazado a una bebé de 8 meses, para arrebatarle a la madre su ser más querido, hasta el que ha asesinado a su hijo de 11 años cuando convivía con él.

El dinero no hubiese convencido al guardia civil de Pollensa, que el 15 de agosto de 2016  aconsejó a la mujer, que acudió a pedir ayuda porque su marido la había amenazado de muerte,  que se buscase un abogado y presentase una demanda de divorcio, de que rápidamente tenía que detener al maltratador.

Resultaría imposible que por dinero el juez que permitió que el marido siguiera en libertad y visitara a su mujer en el hospital, en el que se reponía de las heridas que le había causado él mismo, y le dio la ocasión de que la apuñalara en la misma cama, hubiera decretado la prisión del asesino.

Por supuesto es impensable que la jueza de violencia de Barcelona, Francisca Verdejo, por dinero, hubiese cambiado su resolución de dejar en libertad al marido que asesinó días más tarde a su mujer, después de que ésta le hubiese denunciado.

Pagando tampoco el juez habría cambiado la sentencia de 4 años que ha impuesto al asesino de su mujer, a la que apuñaló, tiró a un vertedero y le robó el dinero que tenía en el banco.

Ni pagándole, el fiscal hubiese modificado su calificación de homicidio en el caso del individuo que mató a su mujer, estrangulándola por la espalda, en el encierro y soledad del hogar, considerando que no era asesinato porque no se había podido probar. No había testigos.

Tampoco creo que mediante pago policías, guardias civiles, policías municipales, policías autonómicas, fiscales, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, jueces y magistrados, cambiaran su conducta de negarse a tramitar los atestados de las denuncias, rechazar órdenes de alejamiento, dejar en libertad a los acusados, anular órdenes de protección y dictar sentencias absolutorias. Porque eso sería más que negar la asistencia a las víctimas, sería hundir en la ignominia el sistema democrático de nuestro país.

Y me dirán que ya lo sabemos, pero entonces, ¿por qué un sector del Movimiento Feminista centra todas las reclamaciones en el aumento del presupuesto para la atención a las víctimas de violencia machista?

La única manera de frenar esta horrible sangría que nos arrebata más de cien mujeres cada año y una decena de menores es modificar la nunca bien ponderada Ley de Violencia de Género que permite todas estas atrocidades.

Si las fuerzas del orden y la judicatura y la fiscalía y el servicio médico no estuvieran amparadas por la ley, ninguno de sus ejecutores se atrevería a desasistir a las víctimas con el descaro y la impunidad con que lo hacen.

Si la famosa ley no determinara la diferencia entre mujeres que tienen una relación afectiva con el maltratador y las que no la tienen, para negarles a éstas la protección; si la ley invirtiera la carga de la prueba y obligara al denunciado a probar su inocencia; si la ley impusiera la orden de alejamiento inmediata a la denuncia y el encarcelamiento del denunciado cuando hubiera parte de lesiones; si la ley exigiera responsabilidades a todas las instituciones que han abandonado su deber de protección de las ciudadanas, con toda seguridad no contaríamos con ese inaceptable número de asesinadas, maltratadas y violadas.

Pero una maldición se extiende sobre las mujeres víctimas de maltrato y es esa bendecida Ley de Violencia de Género, con la que el PSOE creyó haber resuelto para siempre el maltrato a la mujer. Porque dada la extrema satisfacción con que la acogen los y las responsables socialistas,  presumiendo de  que se aprobó por todas las fuerzas parlamentarias por aclamación, resulta imposible modificarla. Cuando ya el hecho de que todos los partidos estuvieran de acuerdo en su redactado tiene que provocar desconfianza. No puede ser que ese cuerpo legal sea eficaz para poner coto a los mayores desmanes del Patriarcado si todas las tendencias políticas lo aprueban.

En aquel Parlamento que se puso en pie para aplaudir a Bibiana Aído, la promotora y gestora de la ley, estaban el PP, el PNV, CiU, UPN, UPyD, CC, el Grupo Mixto, ninguno de los cuales puede destacar por su defensa del feminismo. Y lo que sucedió es que tanto el PSOE como IU se plegaron a las exigencias, condiciones y chantajes que las demás fuerzas políticas les plantearon.

Porque los partidos que gestionan el Capital también defienden el Patriarcado. Al fin y al cabo el primer sistema no puede subsistir sin el segundo. La pena  es que las socialistas todavía no se hayan enterado.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2017/06/21/todo-no-es-dinero/