La educación se ha mantenido como un tema vital de su gobierno, pues fue el pilar de su campaña presidencial y uno de sus argumentos para impulsar una reforma tributaria. Miles de estudiantes se han movilizado en 2017 para exigir al Estado que condone las deudas obtenidas ante instituciones bancarias para poder completar sus estudios, pero Bachelet insistió en que más de 250.000 jóvenes -de 1,2 millones de universitarios- estudian gratis en Chile.

El jueves hubo una nueva jornada de manifestaciones estudiantiles en Santiago, Valparaíso y otras ciudades importantes del país. Amanda Opazo dijo a The Associated Press que hace diez años les vienen prometiendo cambios en la enseñanza, «y no hemos tenido respuesta», mientras que el estudiante Edwin Muñoz añadió que marchaba «porque la educación pública necesita cambios«.

Los jóvenes no perciben la situación con el mismo optimismo de la mandataria. En Santiago unos 5.000 muchachos recorrieron unas 20 cuadras en protesta porque el gobierno no logró la gratuidad universal prometida ni una mejora notoria en la calidad de la enseñanza.

La autoridad permitió que caminaran por el lado sur de la principal avenida de la capital chilena, pero cuando se pasaron al costado norte la policía empezó a dispersarlos con chorros de agua, a lo que algunos encapuchados respondieron lanzando piedras, arrasando con las rejas que separaban las calzadas y levantando algunas pequeñas barricadas encendidas. Finalmente, las fuerzas antimotines los dispersaron con gases lacrimógenos.

Horas antes, durante su mensaje, Bachelet anunció que en el segundo semestre del año enviará al Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario, aunque no precisó si éste contemplará el tema de adopción.

Sin embargo, lo más probable es que la iniciativa se estanque, ya que el oficialismo sólo tiene una mayoría de tres votos en el Senado y en noviembre próximo habrá elecciones legislativas, lo que imposibilita saber la nueva reagrupación de fuerzas políticas en 2018. Algo similar ocurre en la Cámara de Diputados, donde se elegirán nuevos representantes.

El proyecto sobre identidad de género descansa desde hace cuatro años en el Senado, donde la derecha opositora logró establecer que los menores de edad no puedan acceder a cambio de nombre y género social.

El mandato de Bachelet concluirá en marzo de 2018, aunque las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en noviembre de este año. La mandataria llegó al poder con la promesa de realizar una reforma tributaria para financiar una modificación educativa que permitiera enseñanza gratuita y de calidad.

Sin embargo, como manifiestan quienes han encabezado las protestas masivas de los últimos meses, la gratuidad aún no está garantizada por ley, sino que provoca el endeudamiento de los estudiantes y el Estado.

Aún frente a este escenario, Bachelet aseguró que en 2018 se incrementará la cifra de universitarios que podrán acceder a planteles superiores y dijo que 60% de los jóvenes en situación de pobreza podrían estudiar. «Nuestro anhelo sigue siendo avanzar hacia la gratuidad universal», enfatizó.

Bachelet dio el último mensaje de su gestión en momentos en que la coalición oficialista está fracturada. Dado que su partido no logró ponerse de acuerdo para elegir a un candidato presidencial único para los comicios generales de noviembre, quedarán fuera de las primarias del 2 de julio y no podrán acceder a la propaganda legal y gratuita en franjas televisivas.

La coalición oficialista Nueva Mayoría empezó a desmembrarse cuando el Partido Socialista negó su apoyo a la candidatura presidencial del exmandatario socialista Ricardo Lagos (2000-2006) y se lo ofreció a Alejandro Guiller, un senador apoyado por el pequeño Partido Radical que en varias ocasiones se ha desmarcado de los partidos políticos y que es impulsado por comunistas, socialistas y liberales. Tanto Lagos como Bachelet son militantes socialistas.

Las encuestas hasta el momento coinciden en que el próximo mandatario de Chile será el multimillonario y expresidente centro derechista Sebastián Piñera. Él gobernó el país entre 2010 y 2014 y su nueva presidencia iniciaría en 2018 y concluiría en 2022. Según algunos analistas políticos, la fragmentación en el oficialismo es clara, lo que dejaría el camino despejado a Piñera tanto en la presidencia como en las elecciones legislativas.