En medio de las protestas populares, Lasso avanza en la criminalización a los luchadores

Por: Edgar Isch L.

Una acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha sido el ataque violento a la expresión popular y al derecho social a la resistencia reconocido en la Constitución. Esto lo han realizado incluso en el uso del aparato judicial y la elaboración de leyes represivas.

En los hechos, mirando poco tiempo atrás, se puede recordar la injustificada y violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores; la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpla con la Ley que reconocía el derecho a la homologación salarial; el arresto, sin que se mire legalidad y razón, de jóvenes a los que acusan de terrorismo; amenazas, en distintas momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros; entre otras.

En lo legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobación, el 7 de junio, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que dentro de justos factores de protección a los policías, introduce normas que puede posibilitar que la Policía y las FFAA atenten contra los DDHH de la población civil en los contextos del legítimo derecho a la protesta social (Art 23,24 y 25).

La acción de la CONAIE y los movimientos populares

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) planteó una agenda de diez puntos que no han sido atendidos por el gobierno, a pesar de su presentación en diversos momentos. Hacen relación a la situación económica y social de las mayorías ecuatorianas, la oposición a las privatizaciones y al respeto debido a los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Con ello se convocó a las acciones indefinidas, a realizarse de manera progresiva en los territorios a lo largo del país.

El planteo logró rápido y creciente respaldo de los indígenas evangélicos (FEINE), las organizaciones campesinas indígenas y negras (FENOCIN), el Frente Popular, la UNE, el Seguro Social Campesino (FEUNASC), luchadores contra el extractivismo minero, pequeños productores agrícolas de la Costa, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y universitarios (FESE y FEUE), partidos de izquierda, entre otras. Muchas de ellas añaden demandas propias que vienen de atrás y que, igualmente han sido negadas por el gobierno Allí están las demandas a un gobierno que no escucha al pueblo y se muestra servil a los mandatos del imperialismo y el FMI.

En el primer día, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de provincias y para el segundo día crecieron en fuerza y número porque se añadió la exigencia de libertad a Leonidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y otros detenidos.

La prisión del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represión

En diciembre de 2021, el Presidente de la República, Guillermo Lasso tildó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de “anarquista” que buscaba acabar con la democracia y amenazó con enfrentarlo “con todo el poder del Estado” hasta que termine “con sus huesos en la cárcel”. También, en entrevista en el Palacio presidencial señalaría que “Él odia la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador…”.

En síntesis, esas son las acusaciones con las que se le arresta poco después de la una de la mañana del día 14 junto a otros comuneros, al movilizarse en un vehículo por una de las carreteras más usadas del país. A lo largo del día, los voceros del gobierno habían tratado de descalificar las acciones de protesta, por un lado, disminuyendo la participación real y, por otro, hablando de cometimiento de delitos de todo tipo.

Así, la persecución permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin embargo, la prepotencia de los represores les lleva a faltar a todas las normas legales para la detención. Según denuncia la Alianza por los Derechos Humanos: “La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante… Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta… que no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito”.

La propia Fiscalía General del Estado, a las 9h20 del día señalaba que conoció del arresto por las redes sociales y que tampoco había recibido el parte policial correspondiente, el que llegaría más de una hora más tarde. Estas condiciones solo demuestran que se trata de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.

La figura gubernamental que aparece con el discurso más agresivo es el Ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de quién ejercía como Comandante de la Policía durante el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. En marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo denunció al gobierno de Moreno y funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones a los derechos humanos durante esos días, seis fallecidos por acción de agentes del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represión.

Con estos antecedentes, es por lo menos dudosa la actuación de una autoridad con ese tipo de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha de presencia de unos supuestos grupos subversivos, mientras el Ministro de Defensa le acompaña diciendo que las protestas distraen su actuación contra el narco tráfico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y otros funcionarios del Estado pretenden que hay acciones de violencia concertada para derrocar al gobierno.

Esto último no lo plantean las organizaciones sociales y el propio Iza a los medios indicó que si había una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de inmediato se suspendían las acciones.

Lucha creciente y más descredito gubernamental

Los días venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población, la misma que tiene a Lasso en unos de los niveles más bajos de aceptación que se recuerde.

El gobierno, por su parte, reafirma su carácter represivo y cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y la mayor parte de los medios de comunicación de tipo comercial. En Cotopaxi un policía fue agredido y se usa altos niveles de represión; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de la detención de manifestantes, según denuncia INREDH fueron también agredidas la noche del día 14.

En estas condiciones, rápidamente pueden cambiar las condiciones políticas y económicas del país. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas valederas. El gobierno no está en condiciones de detenerlo desde la legalidad. Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte en una necesidad del momento, mientras los indígenas y de más sectores populares luchan por sus derechos.

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Haití: protestas interminables en una república olvidada

Por: Bárbara Ester.

Las protestas populares en Haití son un episodio de las consecuencias, cada vez más estructurales y catastróficas, de una historia de saqueo y olvido.

En Haití la crisis de régimen se agudiza luego de semanas de protestas ininterrumpidas. Los disturbios actuales son la culminación de más de un año de agitación y casi tres años de descontento con el actual mandatario, JovenelMoïse. Los manifestantes se aglutinan en el Palacio Nacional, en las oficinas de la ONU y en las calles para demandar la renuncia del presidente. La crisis política no es nueva sino que condensa, cuanto menos, los dos últimos gobiernos del Partido Haitiano TetKale (PHTK). Su fundador, Michel Martelly (2011-2016), al igual que su discípulo Moïse, son acusados de desviar los fondos de la ayuda internacional de las dos últimas catástrofes climáticas que azotaron la isla. Como consecuencia, la población fue condenada al hambre, la pandemia y el debacle de su economía. Lucrar con la desgracia de millones de compatriotas parece ser la receta del «capitalismo del desastre»[1]. Una vez más, tal como lo hiciera en su origen como «la otredad incómoda» de la Revolución Francesa, Haití muestra que, por encima de cualquier valor universal de humanidad, para la comunidad internacional los «negocios son negocios»[2].

Haití presenta uno de los mayores niveles de inseguridad alimentaria del mundo, con más de la mitad de la población -y el 22% de los niños del país- con desnutrición crónica. Su Índice de Desarrollo Humano la posiciona entre los últimos puestos, no sólo de la región sino del mundo: 168 sobre 189 países[3]. Los indicadores de la calidad de vida de la población son apabullantes y, además, Haití debe hacer frente a las catástrofes naturales que azotan el Caribe. El Índice de Riesgo Climático Global de 2019 coloca a Haití en cuarto lugar de entre los países más afectados por los desastres climáticos anuales, ranking que encabezan Puerto Rico -donde se logró en las calles la renuncia de su gobernador[4], también acusado de malversar fondos de ayuda- y Honduras, sobre cuyo presidente pesan graves acusaciones de fraude, corrupción y narcotráfico[5].

A casi diez años del terremoto más devastador y mortífero de su historia, Haití no sólo sigue sin recuperarse de esos destrozos, sino que sufre una nueva crisis política y social que se agravó desde mediados de septiembre. En un contexto de inflación del 15%, un déficit de $89,6 millones de dólares, y una moneda (gourde) en rápida devaluación, se espera que este año la crisis humanitaria solo empeore. Sumado a esto, la crisis del suministro de electricidad, debido a la falta de gasolina, terminó por desatar el descontento social frente a una cotidianeidad desbaratada: no funcionan el transporte público, el comercio ni las escuelas.

Así, las habituales catástrofes naturales han terminado por naturalizar las consecuencias sociales de los problemas políticos, los cuales involucran a actores locales que de ningún modo lograrían sortear la crisis sin la venia de los intereses internacionales y la invisibilización de la crisis por parte de sus vecinos latinoamericanos, concentrados en la situación venezolana.

Un presidente ilegítimo, el origen de la crisis actual

Moïse llegó a la política como un outsider[6], representando a la elite agraria gracias a su rol como dirigente de Agritrans, una empresa bananera del nordeste. Su experiencia política previa era nula, pero fue escogido por Martelly (PHTK) como su sucesor. En las elecciones primarias de octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81%. Sin embargo, los comicios estuvieron signados por las denuncias de fraude, intimidación de votantes y protestas callejeras, por lo que finalmente fueron anulados. Martelly, con el apoyo de los Estados Unidos (EE. UU)., la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros, quería cuanto antes resolver el traspaso del Gobierno a su sucesor. Sin embargo, los funcionarios electorales -debido a las persistentes protestas sociales y una nueva catástrofe, el paso del huracán Matthew- demoraron en tres oportunidades consecutivas una nueva votación ante la amenaza de violencia incontenible[7].

El malestar social que aglutinó al arco opositor, líderes religiosos y empresariales, así como miembros de la diáspora haitiana y organizaciones de derechos humanos, se condensó en la falta de transparencia de los procesos electorales y la necesidad de reformar el proceso de votación. Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino a cargo de JocelermePrivert, quien fue electo por la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y, a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con el 55,67% de los votos[8]. Nuevamente, la denuncia de fraude empañó unos comicios que demoraron más de un mes en ser validados.

Sumada a la escasa legitimidad de origen, el incremento de la conflictividad social y la crisis política tienen tres elementos clave: (1) la crisis del combustible; (2) un gran recambio institucional y (3) la manifiesta corrupción de sus funcionarios.

En cuanto al precio del combustible, desde 2005 el Gobierno de Hugo Chávez creó el Programa Petrocaribe, el cual permitió a Haití comprar, desde 2006, petróleo a precio subsidiado. Los fondos liberados por este beneficio permitían favorecer al desarrollo de infraestructura y programas sociales, de salud y educación. Producto del bloqueo y la crisis económica que atraviesa, en marzo de 2018 Venezuela detuvo los envíos de barriles a precio subsidiado. Sumado al fin del beneficio, el Gobierno haitiano anunció en julio del mismo año la eliminación de los subsidios a la energía. Esta impopular medida estuvo en consonancia con lo acordado en febrero de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI): un paquete de reformas estructurales a su economía, eufemismo utilizado para nombrar el ajuste. A cambio, el organismo prometió préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda[9]. El ciclo de una nueva crisis política comenzó con el aumento del petróleo y sus derivados: 38% la gasolina, 47% el diesel y 51% el kerosene[10]. Frente a ello, la calle volvió a estallar, las protestas se masificaron y la policía reprimió, generando más muerte y más caos. Finalmente, la medida fue derogada.

Como consecuencia del ajuste impulsado por el FMI, se agudizó la crisis institucional caracterizada por un recambio permanente de funcionarios, especialmente del primer ministro, cargo que tiene como función la mediación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr gobernabilidad y consenso. Luego de la oleada masiva de protestas de julio de 2018, Jack GuyLafontant presentó su renuncia. Moïse, entonces, buscó reemplazarlo con un conocido abogado y exrival presidencial, Jean-Henry Céant, intentando de esta forma lograr la unidad con la oposición. Tan sólo seis meses después, Céant fue removido. Su sucesor fue Jean-Michel Lapin, quien duró apenas cuatro meses en el cargo para finalmente presentar su renuncia proclamando la falta de acuerdo entre los actores políticos. Horas más tarde, el presidente Moïse nombró a su cuarto primer ministro, Fritz-William Michel, portador de un perfil más tecnócrata y hasta entonces funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de sus antecesores, Lapin ni siquiera consiguió la ratificación de su cargo por parte del Senado -no porque el oficialismo careciera de mayoría sino debido a los disturbios ocasionados-, por lo que formalmente todo el Gabinete carece de institucionalidad. La última intentona de lograr la designación de Lapin, en septiembre de este año, culminó con un senador del oficialismo, Jean-Marie Ralph Féthière, descargando un arma de fuego contra los manifestantes en el Parlamento con el saldo de un fotógrafo y un guardaespaldas heridos[11].

Por último, en febrero de 2019 estalló el escándalo de corrupción popularizado como #PetroCaribeChallenge. El hashtag se originó mediante un tweet que preguntaba en creole: ¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Desde entonces comenzaron el activismo por una auditaría colectiva y una nueva oleada de movilizaciones contra el Gobierno haitiano, acusado de malversar miles de millones de dólares provenientes del subsidio venezolano. Como corolario de la gran movilización ciudadana, a fines de mayo el Tribunal de Cuentas entregó al Senado un informe mediante el cual concluyó que al menos 14 exfuncionarios malversaron más de 3.800 millones de dólares del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016. Sobre el actual mandatario, el informe detalla que Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás fueron realizados, a pesar de recibir el dinero para tales fines[12].

¿Ayuda o injerencia internacional?

¿Es Haití un Estado fallido? Desde su independencia y su primera Constitución, en 1804, Haití pasó por 30 golpes de Estado y tuvo 20 constituciones. Actualmente, vive una de sus mayores crisis sociopolíticas desde la ocurrida en su bicentenario (2004) con el golpe a Jean Bertrand Aristide, luego de que éste manifestara que Haití exigiría una reparación histórica a Francia, su exmetrópoli. Finalmente, Francia tomó la iniciativa en la solución de la crisis haitiana y forzó la dimisión de Aristide. En febrero de 2004 el mandatario abandonó Haití en un avión estadounidense, escoltado por militares de ese país. Desde entonces y hasta octubre de 2017 el país fue intervenido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH)[13]. Posteriormente, se adoptó la forma de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití  (MINUJUSTH), una misión que buscó estandarizar el sistema de administración de Justicia de Haití a los modelos implementados en las últimas dos décadas en la región. La MINUJUSTH garantizó un contingente policial como forma de «alivianar» el uso de la fuerza. No obstante, con la tendencia regional de militarización de las fuerzas de seguridad esto se traduce en el mantenimiento de la ocupación y la represión. La prórroga de existencia de la misión concluyó su mandato el 15 de octubre de 2019, lo que no implica que la ONU abandone Haití sino, más bien, que busque nuevas formas de injerencia[14][15].

Si bien la ayuda humanitaria tiene como objetivo proporcionar alimento, asistencia sanitaria y psicológica con aprobación del Gobierno y sin violar su soberanía -especialmente frente a catástrofes naturales- en la práctica ha sido desvirtuada para intervenir militarmente naciones, derrocar gobiernos y apoderarse de su riqueza natural[16]. Luego del terremoto de 2010, la MINUSTAH «colaboró» con una comisión de 7 mil soldados y policías. El saldo: cientos de denuncias de abusos sexuales y una epidemia de cólera causada por quienes fueron a brindar «asistencia»[17][18].

De acuerdo al exdirector del Fondo de Asistencia Económico y Social (FAES) de Haití entre 2012 y 2015, Klaus Eberwein, sólo el 0,6% de las donaciones internacionales terminó en manos de organizaciones haitianas, un 9,6% en manos del Gobierno haitiano y el 89,8% restante fue canalizado a organizaciones no haitianas. Lamentablemente, Eberwein fue hallado sin vida con un disparo en la sien en un hotel en Miami antes de comparecer frente a una comisión anticorrupción del Senado haitiano sobre los fondos de Petrocaribe y las malas prácticas de la Fundación Clinton[19].

Los fondos se tradujeron en la proliferación de ONGs que comenzaron a proveer funciones que solía cubrir el Estado, consolidando una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Mientras las ONGs avanzaban el Estado se retraía, incidiendo tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país[20]. La intermediación de las organizaciones permite que quienes las financian, como el Banco Mundial, el Gobierno de EE. UU. , el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales, obtengan la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y, por tanto, la economía del país mediante la privatización de los servicios públicos y la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos. Este mapa configura lo que la economista Naomi Klein ha denominado como «capitalismo de desastre», que opera junto con la «doctrina del shock». Según su tesis las crisis derivadas de catástrofes, como en el caso de Haití, habilitan oportunidades de negocios para la inversión privada, así las potencias y los intereses de las multinacionales consiguen anclarse en el territorio arrasado de la mano de las ONGs.

A modo de conclusión

El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. La exacerbación de la dependencia de la ayuda internacional combina el tradicional colonialismo con una nueva fase del neoliberalismo como gestor del desastre. La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses-[21]. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.

Mientras los líderes de la oposición llaman a los manifestantes a no claudicar hasta obtener la renuncia de Moïse, la consigna se hace carne: «les estamos diciendo a las personas que viven en el área de Cité Soleil y a la población haitiana que se levanten para derrocar a este Gobierno» afirmó FrancoisPericat, un participante en las protestas del 27 de septiembre a TheAssociatedPress en alusión a un barrio pobre y sobrepoblado de Puerto Príncipe.»El presidente JovenelMoïse no está haciendo nada por nosotros, sólo nos está matando»[22]. Moïse asumió la Presidencia un 7 de febrero, fecha emblemática que recuerda el final de casi 30 años de dictadura (1957-1986) de la familia Duvalier, François (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude (BabyDoc), quien finalmente huyó de la isla producto de las protestas generalizadas. Luego del anuncio del cierre de la MINUJUSTH, Moïse ha afirmado que no presentará su renuncia y dice no querer tener otro 1986[23]; sin embargo, la sublevación popular está cada vez más cerca de repetir la hazaña.

Notas:

[1] Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

[2] https://www.celag.org/haiti-herida-abierta-de-america-latina/

[3]https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti%20Country%20Brief_%20August_2019.pdf

[4] https://www.celag.org/puerto-rico-afilando-cuchillos/

[5] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/

[6] https://www.voanoticias.com/a/haiti-presidente-moise-investidura-trump-eeuu/3705034.html

[7] https://www.nytimes.com/es/2016/02/06/editorial-haiti-democracia-en-pausa/

[8] https://www.celag.org/informe-electoral-haiti/

[9] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[10] https://pulsonoticias.com.ar/8911/el-fmi-agita-las-llamas-de-la-insurreccion-en-haiti/

[11] https://www.ap.org/ap-in-the-news/2019/ap-photographer-wounded-in-haiti-shooting

[12] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48711839

[13] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE-131.pdf

[14] https://news.un.org/es/story/2019/10/1463911

[15] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088993267-mision-de-paz-de-la-onu-concluye-mandato-en-haiti-sin-impedir-brotes-de-violencia/

[16] https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid

[17] https://www.celag.org/haiti-resultado-intervencion-humanitaria/

[18] https://www.nytimes.com/2017/06/26/world/americas/cholera-haiti-united-nations-peacekeepers-yemen.html

[19] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/08/hallan-muerto-a-un-funcionario-de-haiti-que-iba-a-denunciar-a-la-fundacion-clinton/

[20] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37614689

[21] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[22] https://www.nytimes.com/2019/09/28/world/americas/haiti-protests-moise.html

[23] https://www.jornada.com.mx/2019/10/16/mundo/026n4mun

Fuente del artículo: http://www.bitacora.com.uy/auc.aspx?10922,7

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El feminismo se levanta con fuerza en Argelia

Redacción: Noticiero Digital

Nacido al calor de las protestas populares contra el régimen, el novedoso “espacio feminista” argelino pide cada viernes un cambio de la situación de la mujer, reclamando su derecho a ser más libres y emancipadas, pero también iguales en una sociedad altamente machista.

Se trata de mujeres de todas las edades, jóvenes y ancianas, que comenzaron a marchar como el resto de los argelinos el pasado 22 de febrero para exigir la caída del régimen militar liderado por el anciano y enfermo presidente Abdelaziz Bouteflika.

Una vez forzada su renuncia, la continuidad de las protestas ha permitido abrir un lugar propio para plantar la semilla de un movimiento feminista inédito que cobra fuerza enarbolando la bandera de “la igualdad entre hermanos y hermanas”.

El pasado 21 de junio, medio centenar de activistas de la sociedad civil, miembros de asociaciones y mujeres independientes dieron un paso más allá al reunirse en la ciudad costera de Tighremt para sentar los cimientos de un movimiento político “feminista y autónomo” que luche por cambiar las leyes.

“Nos hemos unido con el único objetivo de crear una fuerza de proposición feminista que introduzca la igualdad entre hombres y mujeres en las leyes y en las hojas de ruta (para el futuro de Argelia) que se proponen hoy en día”, explica a Efe Amina Izaruken, una de las militantes.

“Queremos ser fuertes por nosotras mismas, sin necesidad de otras personas. Ser realmente una fuerza política feminista”, la primera de esta naturaleza que surge en este país ultraconservador, agrega Izaruken.

No es un camino de rosas, ni siquiera dentro del movimiento de protesta masivo (Hirak) que desde el pasado 22 de febrero se manifiesta cada martes y cada viernes en el centro de Argel y otras ciudades para exigir la caída de todo el régimen militar, y no solo del círculo más próximo al expresidente.

Consideradas por muchos “intrusas” y denostadas por otros como simple “ventajistas” que se aprovechan de la ola de descontento para azuzar unas reivindicaciones que deberían “posponer hasta lograr el objetivo principal del Hirak”, sufren insultos y agresiones de sus propios compañeros y compañeras de marcha.

Aún así, están decididas a continuar en la lucha cada viernes porque en Argelia la igualdad “no existe en la ley”.

“Aunque la Constitución la garantiza, no es cierto porque se hacen lecturas diferentes masculinas y femeninas de la ley que hacen que la igualdad no sea real”, destaca Izaruken, quien insiste en que si el país se dirige hacia un cambio y una nueva era, debe ser una era feminista.

“Ya no podemos retroceder, es el momento de avanzar. Debemos preservar lo adquirido, pero también ir más lejos para garantizar una perfecta igualdad entre hombres y mujeres”, reitera.

Una estrategia progresista que quedó plasmada en un documento firmado por representantes de 17 asociaciones y colectivos de mujeres comprometidas en “acabar con la violencia física, económica, sexual, psicológica y simbólica contra las mujeres”.

Y que exige, además, la “abolición del Código de Familia y fomentar la participación libre y efectiva de las mujeres en todas las esferas de la sociedad”.

El documento ha sido aplaudido en la calles por jóvenes como Yeles Ludmina, estudiante de Medicina, para quien la creación de un partido de raíz feminista es la mejor forma de combatir “las numerosas presiones que la mujer argelina sufre desde su nacimiento”.

“La mujer argelina debe luchar desde el momento en que nace. Ser mujer en este país es una desventaja se quiera o no. Por eso creo que debería haber partidos u organizaciones para contribuir a su emancipación y mejorar sus condiciones, que son catastróficas”, explica a Efe.

“Existen varias leyes, pero no son respetadas. Carecemos de derechos fundamentales. Marchar en la calle no es suficiente. Pienso que la revolución y la libertad de un pueblo y la sociedad pasa por la emancipación de la mujer”, subrayó Ludmina.

En una línea más conservadora se expresó Chaaban Nuha, estudiante de Derecho, para quien la igualdad entre los dos géneros existe en el terreno jurídico, pero no en la sociedad.

“¿Se va a conseguir con ello algo? Se conseguirá en el caso de que haya un Estado de Derecho, en caso contrario no habrá resultados”, advierte.

“Creo que en Argelia la mujer tiene bastantes derechos, en la mayoría de los casos es igual al hombre, quizás no lo es en los casos de derecho de familia, pero eso se debe a la religión, la mayoría somos musulmanes y no podemos cambiar la religión”, añade con algo de recelo y cierto fatalismo conservador.

Fuente: http://www.noticierodigital.com/2019/07/el-feminismo-se-levanta-con-fuerza-en-argelia/

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India: Hindi in schools. Education policy should not play games of domination

Por: telegraphindia/05-06-2019

The gift of plenty can sometimes be troublesome. India is brimming over with languages — the 2011 census shows that although 96.71 per cent of the population speaks one of the 22 languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution, there are 121 mother tongues including the listed languages spoken by more than 10,000 people. The number of rationalized mother tongues is 1,369, but not many of these are spoken by 10,000 people or more. It is no wonder that successive education policies in the country have been rather indecisive about language learning, wavering between two languages and three for children.

The latest hullabaloo over the three-language system enumerated by the draft national education policy of the new Narendra Modi-headed government was incited by a cleverly-written provision that, by implication, makes Hindi compulsory in non-Hindi speaking states. Protest exploded from parties in non-Hindi-speaking states, especially Tamil Nadu and Karnataka from the south, and Maharashtra and Bengal among others. Earlier efforts to make Hindi the lingua franca failed too, with the southern states perceiving it as politico-linguistic domination of the north.

The Bharatiya Janata Party-led government’s renewed attempt to slide in Hindi seems to have sharpened suspicions of not just an imposition but also an effort to force India into the homogeneous mould favoured by the BJP. That the draft national education policy appeared almost at the same time that members of the new government took oath of office did little to allay suspicions. It might look to the Opposition as though the BJP was just waiting to make sure of a firmer hold on power the second time before making Hindi compulsory in schools.

Maybe it was a bit too eager. The protests have forced a change in the draft so that, in effect, the languages learnt will be a choice of the states. The frantic assurances of ministers that this is merely a draft did nothing to stem the protests. The spirit of the Constitution encourages respect for all languages. Given the number of languages, even when the medium is the dominant regional language, many children would still be deprived of learning in their mother tongue. This is often a serious hurdle in learning among many minority groups. Education policies should focus on these problems instead of playing tug-of-war with games of domination.

Fuente de la Información: https://www.telegraphindia.com/opinion/hindi-in-schools-education-policy-should-not-play-games-of-domination/cid/1691737

Fuente de la imagen: https://www.telegraphindia.com/opinion/hindi-in-schools-education-policy-should-not-play-games-of-domination/cid/1691737

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