América del Sur/Ecuador/07-11-2021/Autor(a) y Fuente: ultimasnoticias.com.ve
Este jueves, representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), denunciaron recortes en los gastos presupuestarios dispuestos por el gobierno nacional a las universidades y centros politécnicos del país, para el año 2022.
En un comunicado oficial difundido en las redes sociales, los estudiantes expusieron los cambios y la disminución del presupuesto, presentado por el ejecutivo nacional para los gastos de las universidades y centros de educación superior.
Según la información, la disminución del presupuesto fue de 213 millones de dólares, por lo que lo estudiantes hacen un llamado a la Asamblea Nacional para que sea exigido al gobierno nacional la entrega de los recursos económicos que «establece la Constitución para educación”.
Asimismo, la FEUE manifestó que este recorte representa un riesgo en la calidad de la educación, el acceso y la investigación en nivel superior. Destacaron que la disminución también podría afectar el regreso de los estudiantes a las clases presenciales. A la par que anunciaron que de continuar los recortes presupuestarios los estudiantes no descartarán la movilización en defensa de la enseñanza pública.
Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/universitarios-ecuatorianos-denunciaron-recorte-de-presupuesto-educativo/
España / 21 de octubre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Periódico Digital Cuenca News
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que la Consejería de Educación mantenga a docentes itinerantes como uno de los colectivos más castigados por todos los recortes en el ámbito educativo que se han producido en Castilla-La Mancha en las últimas legislaturas.
En rueda de prensa celebrada en Cuenca, el presidente autonómico de CSIF Educación, José Antonio Ranz, acompañado por el responsable de este sector en la provincia, Antonio Abarca, se ha expuesto cómo en 2012 se suspendió el Acuerdo de Itinerancias por parte del Gobierno de María Dolores de Cospedal -suscrito el 28 de marzo de 2001 con las organizaciones sindicales- que permitía mantener a los alumnos en sus localidades de residencia y que fueran los docentes los que se desplazaran a ellas para impartir las enseñanzas pertinentes. La administración tuvo claro desde el principio que para llevar a cabo este proyecto, y ante la imposibilidad de poder disponer de una flota de vehículos que estuviera a disposición de los maestros que tenían que desplazarse, no cabía otra solución que llegar a un entendimiento con estos profesionales para que fueran ellos los que pusieran su propio vehículo al servicio de la administración educativa. Acuerdo y compromiso que quedó anulado en 2012.
“Con esta ruptura no sólo se traicionó el compromiso contraído con los docentes itinerantes de Castilla-La Mancha, sino que por añadidura, también se hizo con el modelo educativo de la escuela rural de Castilla-La Mancha”, explicaba Ranz. Esta situación afecta a 300 docentes en la región, 150 de ellos en Cuenca.
Desde el sindicato se expone que “han pasado seis años ya y la Administración no ha hecho nada al respecto. Si acaso enredar y enmarañar más si cabe la situación con instrucciones a nivel provincial, o diferentes criterios a la hora de aplicar las condiciones laborales de estos docentes según el inspector que toque de turno. Y eso que la Administración, curso tras curso, lo marca como punto de negociación prioritario. Tan solo hubo un intento con la presentación de un borrador de acuerdo a finales del curso 2016-2017, que más que un intento por poner fin a este conflicto, fue calificado por nuestra parte como un auténtico engaño, y que se presentó un texto que suponía empeorar las condiciones de los itinerantes respecto al Acuerdo de 2001”, añadía Ranz.
Por su parte, Antonio Abarca lamentaba la falta de intención de cambiar la situación de los docentes itinerantes: “Dos legislaturas han pasado ya prácticamente, y de distinto signo político, y ninguno ha sido capaz de revertir esta situación, que hace de los docentes itinerantes de Castilla-La Mancha sean el colectivo más perjudicado por la política de recortes”, además de que “ni tan siquiera se les da la oportunidad a estos docentes de renunciar a seguir poniendo su vehículo particular al servicio de la Administración cuando de forma totalmente unilateral y tan significativa se les cambiaron las reglas del juego”.
CSIF ha denunciado de forma reiterada esta “abusiva y vergonzosa situación”. Ante las continuas quejas y exigencias para dar solución a este hecho, desde la Consejería se aseguró que era inminente la celebración de una mesa de negociación donde se abordaría la problemática de este colectivo. Es más, el anterior Ejecutivo regional había previsto que esta situación sería transitoria y que se volvería al acuerdo derogado en cuanto las condiciones económicas lo permitieran.
Sin embargo, tanto Ranz como Abarca se preguntaban que “¿hasta cuándo van a mantener estos recortes? Pasan los cursos académicos y la Consejería no se aborda la solución para los docentes itinerantes”.
España / 7 de octubre de 2018 / Autor: Alejandra Agudo / Fuente: El País
La ministra de Educación y una quincena de expertos abordan en un congreso la necesidad de lograr que todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad
Los sindicatos sostienen que el recorte de $17 millones impactará más en los centros escolares. El Ministerio de Educación ha señalado que la disminución es relativa.
Las gremiales de docentes Bases Magisteriales (BM) y Simeduco cuestionaron ayer que el gobierno haya reducido en $14 millones el presupuesto que asignará al Ministerio de Educación (Mined) para 2018, tal como lo anunció el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
Tanto Paz Zetino Gutiérrez, secretario general de Bases Magisteriales, como Daniel Rodríguez, nuevo secretario general de Simeduco, subrayaron que esto agudizará el déficit de recursos en que actualmente están sumidas las escuelas públicas.
Gutiérrez aseguró que no es cierto que el presupuesto del Ministerio de Educación (Mined) vaya con incremento para el próximo año como las autoridades educativas insisten en señalar, sino por el contrario pasará de $944 millones a $930 millones.
Según precisó el dirigente de Bases Magisteriales, los centros escolares públicos están sumidos en una crisis porque el Mined no les desembolsa el presupuesto de funcionamiento a tiempo, y a ello se suma que en los últimos años se los ha ido reduciendo poco a poco.
Los sindicalistas, quienes ofrecieron conferencias informativas por separado, subrayaron que por el hecho de no contar con fondos para cubrir necesidades básicas de sus escuelas, muchos directores se ven obligados a llevar a cabo actividades recreativas para recaudar algún dinero que les permita contar con los recursos para que los maestros y niños no paren el trabajo en las aulas.
Los dirigentes de las dos gremiales también afirmaron que a estas alturas del año las más de cinco mil escuelas, distribuidas en todo el país, no han recibido la totalidad de los fondos que corresponden al presupuesto de funcionamiento.
“Recibí la llamada de un instituto nacional del oriente del país en donde les han entregado el 50 % a estas alturas del año y la información que les mandan es que del 50 % que les deben solo les van a dar un 30 %”, especificó Gutiérrez.
Desde ambos sindicatos están preocupados porque el Ministro de Educación, Carlos Canjura, no incluyó en el presupuesto del ramo de educación para 2018 los fondos para aplicar la revisión salarial de los profesores, la cual según el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente se tiene que llevar adelante cada tres años y en el presente se tiene que atender ese punto de ley.
Daniel Rodríguez, del Simeduco, detalló que el ministro Canjura no los convocó para ver el tema de incremento salarial antes de proceder a entregar el presupuesto al Ministerio de Hacienda, como se ha hecho en años anteriores.
De allí que Rodríguez, llamó al titular de Educación para que abra una mesa de negociación con las gremiales docentes y cumpla con ese proceso de revisión de los sueldos, y de esa forma el magisterio pueda ver un incremento como corresponde el 1 de enero próximo.
De acuerdo con Francisco Zelada, secretario de organización de Simeduco, el Mined se ha convertido en la Cenicienta entre todas las instituciones del gobierno, dado que esta no es la primera vez que aplica un recorte a su presupuesto.
Los sindicatos también advierten que el gobierno no ha cumplido con el tema de la dignificación docente, puesto que les habían dicho que les iba a incrementar el bono al desempeño y no se los ha cumplido.
“Alertamos a los profesores, no solo la revisión salarial esta en juego, tenemos información que el incentivo económico de diciembre también está amenazado con no pagarse”, dijo Gutiérrez.
En un comunicado que la cartera de Educación emitió el pasado 22 de septiembre se asegura que el ministro Carlos Canjura ha señalado que la diferencia en el presupuesto del próximo año “es relativa”, debido a que en los $944 millones del presupuesto del año 2017 estaban incluidos $19 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial, lo que implicó que ese año el presupuesto solo era de $925 millones.
Sin embargo, en el marco de la problemática educativa Bases Magisteriales anunció que el 27 de octubre realizará una marcha que saldrá de El Salvador del Mundo rumbo a Casa Presidencial; y por su parte, e Simeduco tampoco descarta acciones de protesta.
España / 17 de septiembre de 2017 / Autor: C. del Castillo / Fuente: Público
Durante la huelga educativa del pasado marzo, el principal llamamiento de la comunidad educativa fue derribar la Lomce sin esperar a la conclusión de las negociación del pacto educativo en el Congreso. «Se está jugando con los tiempos. En el desacuerdo hay Lomce, en la espera del pacto, hay Lomce», avisaba entonces el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). Familias, estudiantes y docentes vaciaron las aulas para pedir que se aprovechara la minoría parlamentaria del PP para derogar cuanto antes una ley que califican como «ideológica» y que «elitiza la educación».
Seis meses después, la situación apenas ha cambiado. El Pleno del Congreso ha aprobado este martes prorrogar otros seis meses los trabajos de la subcomisión que negocia el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, solicitada por todos los grupos. Y a la espera de pacto, hay Lomce: hay concierto educativo, la religión es obligatoria y su nota cuenta en la obtención de becas y se segrega a los niños en fases tempranas de aprendizaje.
«El PP plantea la subcomisión como una prórroga de la Lomce», explica Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en la Comisión de Educación. «Todos los partidos de la oposición llegamos a las elecciones comprometiéndonos a derogar la Lomce en cuanto hubiera un gobierno de cambio o una mayoría parlamentaria alternativa», recuerda el diputado morado. Algo que, pese a la desventaja del PP en el hemiciclo, parece cada vez más lejano.
Lo cierto es que los partidos de la oposición aprovecharon el compromiso de consensuar un pacto educativo del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. El conservador no tardó en reconocer que la gran repulsa generada por la ley ideada por su antecesor, José Ignacio Wert, hacía inviable su supervivencia, mostrándose partidario de hacer modificaciones. La subcomisión arrancó con fuerza, programando casi un centenar de comparecencias de expertos (la mayoría solicitadas por el PP) que terminarán este septiembre, cuando han de comenzar las negociaciones reales sobre el contenido del pacto.
Sin embargo, parece que la voluntad de lograr el pacto se ha enfriado. El ministro se ha ido mostrando cada vez más reacio a cambiar sustancialmente los preceptos de la Lomce y ha atacado a las comunidades gobernadas por el PSOE que han recortado los fondos de la educación concertada, solicitándolas que los aseguren. En respuesta, la responsable de Educación socialista, Luz Martínez Seijo, anunció un «otoño calentito»: su grupo registró tres proposiciones de ley para que la religión no cuente para la media, para retirar los fondos a los colegios que segregan por sexos y pedir la vuelta de Educación para la Ciudadanía.
El PSOE y Méndez de Vigo han escenificado ese enfrentamiento este martes, cuando el senador socialista José Fernández Blanco ha pedido al ministro «respuestas para los problemas con los que vuelve a arrancar el curso 2017-2018». El conservador ha espetado a los socialistas que no agiten «fantasmas de caos» ni «situaciones de excepción» sobre el curso escolar, pues ha asegurado que «no las hay» y que las clases han comenzado con «normalidad».
Acuerdos en puntos concretos
Con la prórroga de los trabajos de la subcomisión que negocia el pacto, los grupos se comprometen a tener un texto de consenso sobre cómo debería ser la educación española listo a principios de año. Ese dictamen instará al Gobierno a redactar una nueva ley educativa que teniendo en cuenta los trámites parlamentarios y la voluntad del PP para que su Lomce tenga el máximo recorrido posible, no entraría en vigor antes del curso 2019/2020.
Esta situación ha derivado en que los grupos de la oposición se planteen acuerdos para modificar puntos concretos de la Lomce, algo que tratará de evitar Méndez de Vigo. «No nos deberíamos relajar, y sobre todo no se deberían relajar partidos como el PSOE en presentar y apoyar en la cámara otras iniciativas que puedan ir desmontado gradualmente la Lomce mientras no tengamos un pacto educativo real, que con este Gobierno va a ser difícil», pide Sánchez Serna de Podemos.
Desde hace varios años el presidente Juan Manuel Santos ha compartido su propósito de posicionar a Colombia como el país más educado de América Latina, sin embargo, con el anuncio de una posible reducción del presupuesto de educación para el otro año, la comunidad académica asegura que ese logro no será posible. (Lea también: Con este presupuesto no pueden culpar al Gobierno de ‘derrochón’: MinHacienda)
Además, el riesgo principal sería la deserción educativa. Al respecto, se pronunció Roberto Vergara Portela, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:
“En la universidad pública el 48% de los estudiantes desertan, es preocupante, si van a recortar el presupuesto el acceso va a ser tremendo … solo 5 mil ingresan a la universidad, se están quedando 14.600 mil estudiantes por fuera sin acceder a la universidad pública”, afirmó Vergara.
Así las cosas, la posibilidad de que los estudiantes mejoren su vida social y económica es baja.
Jairo Alfonso Ruíz, secretario general de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), aseguró que la idea del Gobierno es privatizar la educación.
“De lo que se trata de forma sistemática es reducir el presupuesto. Se avanza en un proceso de privatización de la educación y lo que requiere el país es que se apoye a la educación pública, que se incrementen los recursos y se jalonen políticas de autonomía desde los niveles de preescolar”, explicó el profesor,
El rector de la Universidad de Antioquia, Alviar Ramírez, también expresó su preocupación. “Si tuviéramos un compromiso del Gobierno Nacional para anexar el tema de los 4 puntos porcentuales adicionales, que los ingresos no crezcan solo al IPC sino el IPC más 4 puntos porcentuales”.
Las alarmas están prendidas y las 32 universidades públicas del país están pidiendo apoyo, entre ellas la Universidad Pedagógica y La Nacional con su rector Ignacio Mantilla a través de redes sociales.
Las clases masificadas provocan que el profesorado pierda tiempo en imponer orden, perjudican a los estudiantes más desfavorecidos y dificultan la individualización de la enseñanza.
España supera ligeramente la media de los países de la OCDE con 22 alumnos por clase en Primaria y 25 en Secundaria.
La situación ha empeorado en los últimos años como consecuencia de los recortes porque el descenso de profesores ha conllevado la subida de alumnos.
Apenas se habla de ello, pero es de lo que más afecta al día a día en clase. Cuántos alumnos hay metidos en un aula o con cuántas personas tiene que lidiar un profesor cada hora. Aunque es la parte más visible de esta variable cuantitativa, no es la única. Hay otras, menos evidentes, pero también importantes: cuántos exámenes debe corregir el maestro de cada tacada o con cuántas familias tiene que relacionarse en cada curso. Las ratios condicionan hasta dónde se puede individualizar la atención a los alumnos.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha puesto sobre la mesa la cuestión de las ratios, en general por encima de los límites recomendables, durante su campaña electoral. Prometió que las reduciría a 12 alumnos por clase en Primaria de un curso para otro. Su ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, anunció a principios de julio que en una primera fase se realizará en 2.500 clases de colegios de zonas desfavorecidas. La tarea será ardua. En Francia, según datos de la OCDE, las ratios en Primaria están actualmente en 23 alumnos por clase.
En España la situación no está mucho mejor. En Primaria hay 22 alumnos por clase —de media—, mientras en Secundaria la cifra sube hasta los 25. Con estos datos, nuestro país se ubica en la posición número 12 de los 33 países que analiza la OCDE, por encima tanto de la media de estos países como de la media de la Unión Europea de los 21 –países que forman parte de la UE y de la OCDE– , que se sitúa respectivamente en 21 y 20 en Primaria y 23 y 21 en Secundaria.
España se coloca justo por detrás de EEUU y por delante, precisamente, de Francia. China lidera la clasificación por países, con 50 alumnos de media en Secundaria y casi 40 en Primaria, y Letonia la cierra con 15 y 16, respectivamente.
Las ratios de alumno por aula.
Hasta 40 alumnos por clase
Los datos de España hay que cogerlos con cuidado. Son medias y, en muchas ocasiones, se nutren de dos extremos: las grandes ciudades suelen tener muchos más alumnos por aula que los entornos rurales o de pequeñas poblaciones. En las grandes capitales puede llegar a haber hasta 40 alumnos en cada clase en los últimos años de bachillerato.
La situación solo ha empeorado en los últimos años como consecuencia de las decisiones adoptadas por la crisis. El descenso del número de profesores ha conllevado automáticamente la subida de los alumnos por clase, como constató CCOO en un reciente informe. Así, en el periodo entre el curso 2008-2009 y el 2015-16 cada aula de un centro público acoge a un alumno más en Primaria y a uno y medio en Secundaria. En regiones como Madrid la masificación en las aulas ha llegado a la justicia (la expresidenta, Esperanza Aguirre, permitió subir las ratios un 20% de manera coyuntural, pero nunca se bajaron) y en otras como Cantabria están en máximos europeos.
Con Cifuentes, la Comunidad de Madrid mantiene a más alumnos de los que marca la ley porque apela a un decreto que permitía subir el número ante la reducción de plantilla. Sin embargo, se quedó sin efecto después de que el Gobierno anunciara una tasa de reposición del profesorado del 100%. Así las cosas, el limite legal de ratios marca un máximo de 25 alumnos en Infantil y Primaria; 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.
El tamaño de las aulas importa, explican los expertos. Y no solo en el rendimiento de los alumnos, también en el discurrir de la propia clase o en el gasto educativo. Aunque no hay excesiva literatura específica al respecto, Blanquer sí aludió a «estudios realizados en Francia y en el extranjero» para avalar la propuesta francesa de reducir las ratios.
La OCDE, en su Panorama de la Educación, explica tímidamente que «las clases más pequeñas pueden beneficiar a grupos de estudiantes concretos, como los que proceden de entornos desfavorecidos».
La importancia de la atención individual
Los profesores que están cada día en las aulas confirman estas impresiones y van más allá. «El número de alumnos es una de las cosas más importantes», asegura una profesora de Primaria. «Es la manera de conseguir una atención lo más individualizada posible para cada estudiante. Para mí, en un mundo ideal el máximo razonable son 18-20 y el óptimo, 14-15. Si tienes divididos a los alumnos en grupos de rendimiento (no una división física, está en tu cabeza), puedes centrarte en el que tiene un menor desempeño y el otro trabajará solo. Con tres grupos ya no vas a llegar a todos», explica. Y si en la clase hay alumnos con necesidades educativas especiales, la aseveración anterior redobla su validez e importancia.
Más allá de esto, señala la OCDE, «un mayor tamaño de las clases parece estar asociado a un porcentaje más elevado de estudiantes con problemas de comportamientos y con la necesidad de dedicar más tiempo a mantener el orden, en vez de a la enseñanza y al aprendizaje».
Los datos de la OCDE muestran que en los países con menos alumnos en cada clase (Letonia o Estonia, con casi 15 alumnos), los profesores dedican casi el 85% del tiempo a la enseñanza y el aprendizaje, mientras que en los que más tienen (clases que rondan las 35 personas), este porcentaje cae por debajo del 75%. La media de la OCDE no llega al 80%. En una clara correlación, en los países con las aulas más masificadas el 15% del tiempo se va en mantener el orden en clase, mientras que los que menos alumnos tienen no llegan al 10% de los minutos invertidos en esta tarea.
Además, como recuerda otra maestra, no solo se trata de las horas de clase en sí. Más alumnos significa más exámenes que corregir y, sobre todo, más familias que atender durante el curso. De nuevo, más tiempo dedicado a la burocracia y restado a las tareas puramente académicas que limita esa individualización de la enseñanza a la que apuntan los expertos como el camino a seguir.
En Francia, pionera en la reducción masiva de ratios si mantiene la promesa, tienen tarea por delante. Tanta, que los sindicatos del país creen que no lo van a lograr. Reducir el número de alumnos por aula requiere más clases físicas y más profesores. La parte de los maestros más o menos se puede acometer, es cuestión de dinero. Más dificultades presenta la de las aulas. De momento, como solución temporal, los directores se plantean separar las clases que ya tienen por la mitad con algún recurso coyuntural (una cortina, un muro) o utilizar las aulas informáticas.
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