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Los alimentos no son mercancía

ALAI/14 de abril de 2016

Si bien desde hace décadas, en instancias internacionales, los gobiernos han asumido compromisos para lograr un planeta que garantice una alimentación digna para todos y todas, el hambre perdura como un asunto crítico irresuelto.  En 1974, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Alimentación, precisamente, estableció como objetivo: “dentro de una década ningún niño se irá a dormir con hambre… ningún ser humano se verá afectado por la desnutrición”.

Hoy, alrededor de 795 millones de personas padecen hambre en el mundo.  Más de 34 millones son de América Latina y el Caribe, región que produce y exporta más alimentos en el planeta, pero también donde hay mayor desigualdad e injusta distribución de la riqueza.  Según declaraciones de José Graziano da Silva, Director General de la FAO, en la XXXIV Conferencia Regional de este organismo, realizada en México del 29 febrero al 3 marzo de 2016, se acordó “acabar con el hambre y la malnutrición en menos de diez años”.

Buenos propósitos, magros resultados.  ¿Por qué?  Por insistir en soluciones erradas, pero que benefician con creces a los grandes intereses que se mueven en este campo sobre la base, entre otros, de dos mitos: la escasez y el incremento de la producción y la eficiencia.  La realidad es que no hay falta de alimentos, pues el sector campesino está en capacidad de producir alimentos para todo el mundo, pero sí abundantes intereses mercantiles en la alimentación que se traduce en una distribución inequitativa.

En los años ’60, como “solución” se impulsa la llamada revolución verde de la agricultura que con el tiempo terminó por establecer un reparto cada vez más injusto, la pérdida de diversidad biológica y de suelos fértiles, y una creciente dependencia alimentaria supeditada al agronegocio.  Y, hoy, como relevo, se pretende dar continuidad a lo mismo a partir de una nueva revolución tecnológica: la biotecnología asociada a la ingeniería genética, impulsada por un puñado de corporaciones que busca el control monopólico del sistema alimentario global.

De hecho, desde la década de los ’90 asistimos a una nueva fase del capitalismo hegemonizada por el capital financiero y las corporaciones transnacionales[1], que pasan a controlar la producción y el comercio mundial de las principales mercancías.  Situación que repercute en cambios estructurales en la producción agrícola, debido al despliegue de un nuevo modo de producir basado en el monocultivo, con el uso extensivo de la tierra y la búsqueda de la mayor escala posible, el empleo intensivo de agrotóxicos y de la mecanización, y la imposición de semillas propietarias y transgénicas.

En esta nueva fase, se va diluyendo la distinción entre banca y empresas comerciales de materias primas, al tiempo que los bienes comunes –como la tierra, el agua, la energía, los minerales, etc.- se tornan en meras mercancías.  Y es así que la presencia de actores financieros en el sistema alimentario global ha dado pábulo para que se monte la manipulación especulativa del mercado de alimentos, porque ahora éstos se transan en las bolsas de valores internacionales.  ¿Se acuerdan de la crisis alimentaria que explotó en 2008?

 

Una alternativa político-estratégica

Reivindicando el principio que la alimentación es un derecho humano y no una mercancía más, el movimiento internacional Vía Campesina propone la noción de la soberanía alimentaria como alternativa político-estratégica al agronegocio y su matriz socialmente injusta; económicamente inviable; subordinada a grandes corporaciones (cuyo propósito es el incremento de sus ganancias), insustentable para el medio ambiente; y con una producción de alimentos con graves consecuencias para la salud[2].

Esta propuesta aborda cuestiones estructurales para impulsar un modelo de producción alternativo, como el uso de la tierra y el territorio, la apropiación y gestión de los recursos, la agroecología, el comercio local e internacional, el desarrollo sostenible, la acción participativa, derecho a la alimentación, etc.

Específicamente, para la Vía Campesina, la soberanía alimentaria es el derecho de la población a producir y consumir comida saludable y culturalmente adecuada, obtenida con métodos ecológicamente sostenibles; lo que solo es posible si se fortalece la agricultura campesina y sus sistemas de producción.  En tal sentido, abarca y supera el concepto de seguridad alimentaria planteada por la FAO –que hace referencia sólo a la disponibilidad y acceso a los alimentos para combatir el hambre– y el derecho a la alimentación.

Es decir, no se trata únicamente de producir una cantidad de alimentos que permita dar de comer al conjunto de la población, tal como se define la seguridad alimentaria, sino también de contemplar la calidad de esa producción, es decir, definir qué, dónde, cómo y cuánto se produce, que son las preguntas que hay que responder a través de la construcción de la soberanía alimentaria.

Por lo mismo, la soberanía alimentaria incorpora el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

Integra, igualmente, componentes multiétnicos y culturales, la gestión del territorio, la prioridad a la alimentación de la población local y de los sectores más vulnerables, la reforma agraria, la agroecología, comida sana, la protección de las semillas criollas, políticas de distribución de alimentos no sometidas a las exigencias del mercado, rescate de saberes tradicionales, capacitación, y mucho más.

 

Principios clave

La soberanía alimentaria, en síntesis[3], se expresa en los siguientes principios:

  • Los alimentos no son mercancía; deben ser suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados para los pueblos y las comunidades.
  • Los/as productores/as de alimentos, mujeres, hombres, pequeños agricultores, pueblos indígenas, pescadores artesanales, habitantes de los bosques y trabajadores/as agrícolas, deben ser revalorizados/ as por ser actores y actrices claves para su construcción; no deben ser subestimados por políticas ni programas que los/as colocan sólo como destinatarios/as de políticas asistencialistas.
  • Quienes producen y consumen alimentos deben ser el centro de la toma de decisiones sobre las cuestiones alimentarias, rechazando los acuerdos y prácticas que otorgan poder a las corporaciones transnacionales para decidir sobre nuestra alimentación.
  • La producción de los alimentos debe ser localizada para evitar enormes desplazamientos hasta llegar a los/as consumidores/as y el control del sistema alimentario debe ser local. Los/as productores/ as y la propia comunidad tienen que tener el control sobre el territorio, las semillas y demás bienes comunes, con el propósito de evitar su privatización y preservar la biodiversidad.
  • La soberanía alimentaria recupera las habilidades y los conocimientos tradicionales del campesinado y las comunidades indígenas, favoreciendo su transmisión a las generaciones futuras.
  • El sistema alimentario debe interactuar con la naturaleza, respetando sus ciclos, para lo cual son necesarios métodos de producción agroecológica que maximizan las funciones beneficiosas de los ecosistemas. Esta característica implica un claro rechazo a los monocultivos, las explotaciones ganaderas de factoría y la industrialización a gran escala.

Las organizaciones del campo identifican, a la vez, diversos factores que limitan el avance en la práctica de este modelo alternativo.  Éstos incluyen, entre otros, las distancias entre producción y consumo, en las ciudades, junto a la cultura consumista centrada en los centros comerciales y los supermercados.  Además, los sectores sociales urbanos de bajos ingresos no siempre están en posibilidad de permitirse pensar en una buena alimentación, cuando lo primordial es llenar el estómago, y al menor costo.

Mientras las experiencias de construcción de la soberanía alimentaria han avanzado principalmente en comunidades locales u organizaciones sociales, en la mayoría de casos aún no se han desarrollado suficientes estrategias específicas, instrumentos jurídicos ni infraestructura que permitan pensarla a niveles geográficos más amplios, provinciales o nacionales.

Por ello, la soberanía alimentaria implica considerar a la alimentación no como una cuestión personal y dependiente del poder adquisitivo, sino como un sistema alimentario que implica un proceso complejo que abarca la producción, el transporte, la comercialización, el consumo, las políticas económicas, sociales y científicas y las acciones de los movimientos sociales y de consumidores, que hacen que el alimento sea considerado un derecho.

Desde hace más de dos décadas, la Vía Campesina y otras entidades aliadas han venido desarrollando este concepto desde la teoría y la práctica, a nivel mundial, proceso que se ha plasmado en una serie de planteamientos y posiciones de consenso que se han venido afinando y que se ve reflejado en los acuerdos sucesivos de una serie de eventos internacionales.

Un logro importante en el escenario internacional es que se ha colocado el tema de la soberanía alimentaria en las Naciones Unidas e incluso en las constituciones y políticas públicas de algunos países.  Sin embargo, como suele suceder en tales casos, el sentido mismo del término “soberanía alimentaria” está en disputa, en vista de que las instituciones que lo adoptan luego pueden tratar de vaciar el contenido político, como está sucediendo en la FAO, cuando se lo pretende equiparar al concepto de agricultura familiar.

Fuente: Texto introductorio de la edición de abril 2016 de la revista América Latina en Movimiento (No. 512) de ALAI, titulada “Por los caminos de la soberanía alimentaria”.  http://www.alainet.org/es/revistas/512

[1] João Pedro Stedile y Osvaldo León, Reforma Agraria Popular: “Una alternativa al modelo del capital”, En el año de la agricultura familiar: Políticas y alternativas en el agro, Revista América Latina en Movimiento Nº 496, ALAI, junio 2014.

[2] Basta constatar las cifras de la población afectada por la desnutrición, por un lado, y las referidas a quienes crecientemente padecen obesidad, por otro; y bien se puede añadir también las que dan cuenta del desperdicio de alimentos.  Según la FAO, con los alimentos que se pierden en la región se podría alimentar al 37% de quienes sufren hambre.

[3] Patricia Agosto y Marielle PalauHacia la construcción de la Soberanía Alimentaria. Desafíos y experiencias de Paraguay y Argentina, Asunción, BASE-IS, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, CIFMSL, diciembre 2015.

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La discriminación que empieza en la misma cuna

 El País/14 de abril de 2016/Por: Juan Carlos Sanz
Las madres judías piden la segregación de las árabes que dan a luz, según una emisora.
 
La mayoría judía vive de espaldas a la población árabe de Israel, que representa una quinta parte de los ocho millones de habitantes. Se trata de una segregación territorial —que solo se ve rota en el norte del país, y en localidades mixtas como Jaffa (colindante con Tel Aviv)— y también económica, que conduce a esta minoría a disponer de una renta per capita tres veces inferior a la media nacional. Una investigación periodística acaba de reflejar ahora que la discriminación empieza desde la misma cuna.
Una reportera de la emisora estatal Voz de Israel se hizo pasar por una embarazada en avanzado estado de gestación para solicitar dar a luz en los principales hospitales con la condición de no tener que compartir habitación con “madres no judías”. En casi todos los centros sanitarios recibió respuesta favorable, a pesar de que la discriminación por razones de raza o religión está prohibida por el Ministerio de Sanidad.
Esta investigación constata una práctica que resalta la separación entre las sociedades judía y árabe. “Siempre lo hacemos, lo tenemos muy en cuenta”, contestaron a la periodista en dos grandes hospitales de Jerusalén. “Suele ser la norma que seguimos”, le comunicaron en varios centros del área de Tel Aviv. Tan solo en Beersheva (al sur del país, con numerosa población beduina) fue rechazada su propuesta.
Bezalel Smotrich, diputado del partido Hogar Judío (nacionalista religioso e implantado entre los colonos de los asentamientos de Cisjordania), ha echado leña al fuego en las redes sociales: “Mi mujer no es racista, pero después de dar a luz quiere descanso, y no esas grandes fiestas comunes entre las familias árabes [en la misma habitación]”. Tras el aluvión de críticas a su tuit, Smotrich enfatizó: “Es natural que mi mujer no quiera estar en una cama cerca de la de una mujer que acaba de tener un niño que puede querer asesinar a su bebé dentro de 20 años”.
La diputada israelí de la Lista Conjunta Árabe Aida Tuma Suleimanha ha expresado su perplejidad por la “naturalidad con la que los hospitales asumen una petición racista”.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/04/13/opinion/1460567074_715689.html
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El modelo escolar tradicional a cuestas (en proceso)

Por: Rosa María Torres

El modelo escolar tradicional en Occidente no es solo un modelo de organización espacial sino un modelo pedagógico y un modelo mental de representación de la educación. Desde que se inventó la escuela, la palabra educación evoca este modo de hacer educación y esta organización espacial de la enseñanza y el aprendizaje. La educación escolar sigue siendo tomada como equivalente a educación, en general.

El modelo pedagógico que corresponde a este modelo escolar define las características del espacio, del mobiliario y del arreglo de los elementos dentro del aula (o del lugar usado para enseñar): enseñanza enciclopédica, transmisiva, ‘bancaria’; aprendizaje individual, pasivo;profesor sabe, alumnos ignoran; profesor habla, alumnos escuchan; profesor parado, alumnos sentados; profesor frente al grupo, alumnos en filas mirándose entre sí las nucas.

Este modelo mental se lleva a cuestas e instala incluso donde no hay escuela ni aula ni paredes, y a menudo también en edificaciones nuevas, equipadas con mobiliario vistoso y modernas tecnologías. Romper con este modelo ha probado ser, históricamente, una de las rupturas más difíciles en el terreno de la educación y de la propia innovación educativa.Modernizar el mobiliario y cambiar/flexibilizar la organización del aula pueden ayudar a modificar la pedagogía pero no aseguran por sí mismos un cambio sustantivo y profundo como el que se requiere (ver mi relato «Un aula de clase ancha, ancha» sobre una experiencia personal en Tailandia). Superar el viejo modelo pedagógico implica un golpe mayor a la cultura escolar convencional y va mucho más allá de adecentar o modernizar el entorno físico de la enseñanza. Es indispensable trabajar el cambio pedagógico con los docentes, de manera específica y sostenida, poniéndolo en el centro de su proceso de formación y capacitación. Y trabajarlo además con los estudiantes, con los padres de familia y con toda la sociedad (Ver «Campaña de Renovación Pedagógica»).

Escenario 1: La vieja escuela

La vieja escuela es fácilmente reconocible hoy por su aspecto físico (incluido el color de las fotos): atuendos y porte de alumnos y profesores, mobiliario, recursos didácticos,disposición de los elementos en el aula, ambiente general. Mucho menos visible y reconocible resulta la vieja pedagogía en el contexto actual, sobre todo con los espejismos que crean nuevas construcciones y tecnologías. Entre el aula con pupitres de madera conagujero para el tintero y ranura para la pluma de fines de 1800, y el aula de las primeras décadas del 2000 puede haber, sorprendentemente, muchos menos cambios en la enseñanza y el aprendizaje que lo que sugieren los nuevos looks.

El aula convencional sobrevive en sus aspectos esenciales. Aula cerrada sin contacto con el exterior, modelo pedagógico frontal, pizarrón monopolio del profesor, pupitres en fila (a menudo con valor clasificatorio-discriminatorio atribuido a la primera y la última filas: niñas y niños, ‘buenos’ y ‘malos’ alumnos, molestosos, repitentes, etc.), rigidez, formalidad.

Escenario 2: La escuela del futuro

Así es como artistas franceses, en 1899, imaginaron que sería la escuela en el año 2000, un siglo después. «Moderna» tecnología de enseñanza convierte los libros en material de audio (presuntamente sustituyendo incluso el rol y la voz del profesor), pero intactos el mobiliario y la organización del aula: alumnos sentados en bancos y mesas, en filas, escuchan de auriculares que cuelgan del techo. Aprendizaje rigurosamente individual.

 

 

Escenario 3: Pedagogías alternativas e innovaciones en la organización escolar

Justamente una de las innovaciones de pedagogías alternativas como la Montessori fue proponer modificaciones en la configuración del aula y en el ambiente de aprendizaje. Esto, como exigencia de la propia pedagogía, de la concepción de la enseñanza y del aprendizaje,del rol atribuido a maestros y a alumnos, de la búsqueda de un aprendizaje sintonizado con la libertad, la independencia, la experiencia, el juego, el aprendizaje autodirigido, en grupo y entre pares.

 

 

Escenario 4: Viejo modelo escolar y pobreza 

La combinación entre viejo modelo escolar y pobreza suele producir engendros. A diferencia de culturas en las que sentarse en el suelo es parte de la cotidianeidad y está naturalizado también en la cultura escolar, aquí el intento por plasmar el aula convencional obliga aconstruir mesas y bancas a partir de lo que se encuentra a mano: troncos, piedras, plásticos, chatarra.

Para el modelo escolar tradicional, estudiar, aprender, implican sentarse y elevarse sobre el suelo. En contextos de gran pobreza puede verse profesores y alumnos tratando de mantener el equilibrio sobre asientos endebles, incómodos, y tratando de escribir sobre mesas destartaladas o bien sobre los muslos.

Escenario 5: La escuela al aire libre

 

Millones de maestros en el mundo conocen un solo modelo escolar. Este es el modelo en el que son formados, el que les muestra el texto escolar, el que propone el currículo. No tienen modelos alternativos en los cuales inspirarse y nadie espera que lo hagan. Por eso, a falta de escuela física esta maestra la edifica a la intemperie, levantando paredes invisibles en medio del verde natural. Coloca la pizarra y se coloca ella misma al frente y sienta a sus alumnos en pupitres escolares, organizándolos por edades. Un aula-escuela multigrado al aire libre, rodeada de montañas.

Escenario 6: Las tecnologías en el aula 

 Los sistemas escolares han acogido sucesivamente diversas tecnologías. En el siglo XX fueron las máquinas de escribir, en el siglo XXI las computadoras. Estas últimas fueron incorporadasentusiastamente al modelo escolar tradicional, en espacios específicos creados para ellas o bien en las aulas, también en filas y con el mismo mobiliario, sin las adecuaciones necesarias en términos de espacio, altura y superficie de las mesas, instalaciones eléctricas, etc.Laptops, netbooks y tablets han sido posteriormente integradas en muchos casos a los mismos pupitres estrechos en los que se despliegan libros y cuadernos, ocasionandoprevisibles y frecuentes caídas y roturas.

Escenario 7: Instalaciones nuevas, vieja pedagogía

La vieja pedagogía acampa también en construcciones nuevas, equipadas con mobiliario vistoso y con modernas tecnologías. Pupitres de plástico en vez de pupitres de madera, pizarras electrónicas en vez de pizarras de tiza, pero la misma organización del aula, el mismo rol docente y la misma pedagogía: enseñanza frontal, aprendizaje individual, «dictar clase», «transmitir conocimientos».

Escenario 8:La vieja escuela fuera de la escuela 

 El modelo escolar tradicional no opera solo en la escuela; se replica a lo largo y ancho del sistema escolar, incluida por supuesto la educación superior. Sigue gozando de buena salud yde buena reputación donde quiera que se hace – o pretende hacer – educación. Está enquistado en la familia. Lo podemos ver en iglesias, auditorios, plazas, cárceles, hospitales, bibliotecas, centros infantiles y de la tercera edad. Se aplica a todas las edades y para todo propósito en charlas, conferencias, paneles, mesas redondas, consultas, rendiciones de cuentas, talleres, sermones, mítines. La escenografía escolar puede no estar presente, pero la coreografía es inconfundible.

Publicado originalmente en http://otra-educacion.blogspot.com/
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Quinze anos de Reforma Psiquiátrica (I)

Em 6 de abril de 2001, país começava a desativar seus tristes manicômios. Ao resgatar histórias de pacientes com transtornos mentais, nossas matérias ensaiam um balanço desta transformação

Por Lígia Morais

Atenção em Preto e Branco

Pitico não consegue sonhar, acha que é por causa da medicação que tomava antes. Ele passou 13 anos entre os muros de um hospital e hoje mora numa residência terapêutica em Sorocaba. Um amigo o leva na garupa para andar de moto, Pitico usa o capacete e um blusão de couro para rodar pelo centro da cidade. “É uma liberdade que não tem preço”, diz sorrindo. Wilson Abramusviz “Pitico” sabe ler, escrever, conversar, entrar, sair, só não consegue sonhar. O documentário “A chave da nossa casa”, lançado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo em 2015, trata da desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos, isto é, da mudança dos hospitais para modelos que promovem a reintegração social, como é o caso das residências terapêuticas. Em vídeo, também é contada a história de Valdeci.

Depois de 26 anos morando num hospital, é ela mesma quem decide o horário em que vai dormir: à meia-noite. Valdeci de Carvalho mora com mais sete pessoas numa residência em Santo Amaro, todos ex-internos de hospitais psiquiátricos. Ela os chama de família, vão à praia, ao sítio, ao shopping. “A gente se distrai muito, se diverte muito, a gente curte muito a vida”, ela conta. No documentário, faz um apelo, pede para que tirem todos os outros pacientes de hospitais o mais rápido possível, para que possam melhorar e poder sentir o que é liberdade – “Quem estiver ouvindo essa gravação, o ministro da saúde, o governador, que abra residência pra poder morar, porque não tem como morar num hospital; hospital não foi feito pra morar não”. Ela termina: “Esse é meu recado, Valdeci Elias de Carvalho. Obrigado”.

Em 2008, eram 6.349 pacientes internados em hospitais psiquiátricos no estado paulista, a maioria já possuía condições de começar o processo de ressocialização. Ainda assim, a falta de uma rede alternativa consolidada os impedia de continuar o tratamento fora das instituições. Seis anos depois, o Censo Psicossocial de 2014 mostrou que 4.439 pessoas ainda estavam morando em hospitais. “Esse número atual de moradores já sinaliza as resistências e dificuldades em cumprir o que está assegurado por lei desde 2001 e preconizado pela política de saúde mental com a sua implantação”, está escrito no relatório. Aponta-se a falta de investimentos nos serviços extra-hospitalares de base comunitária e a resistência ainda grande da sociedade em incluir os doentes mentais nas cidades.

Mantiveram-se 53 hospitais psiquiátricos no estado de São Paulo. “Se a lei se consolidou e se legitimou, através da implantação real de boa parte dos seus mandamentos, o embate ideológico e de modelos de atenção persiste e a agenda política de defesa dos princípios da lei permanece atual”, comenta Pedro Delgado em artigo publicado em 2011, na efeméride dos dez anos da Lei 10.216. Pedro, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, é irmão do deputado Paulo Delgado, que propusera o projeto legislativo da Reforma Psiquiátrica no final da década de 1980.

“130 leitos do passado”

Em Franco da Rocha, os corredores vazios e prédios interditados do Juquery nem parecem já ter abrigado mais de 14 mil pacientes. Entre 1995 e 2003, muitos deles passaram pelo processo de desinternação. Pouco antes da aprovação da Lei 10.216, que institucionaliza a reforma psiquiátrica, 2.500 pessoas ainda moravam nas colônias do hospital centenário. Pier Paolo Pizzolato, Diretor Técnico 1 do Complexo Hospitalar do Juquery, explica que a desinstitucionalização foi demorada pois foi necessária a revisão dos prontuários de todos os pacientes. Também se prolongou por muitos deles não possuírem documentos de registro, o que dificultava a reativação do vínculo familiar. Em 2015, eram 130 leitos ocupados.

“O paciente crônico que está aqui ainda é paciente que não tem família, que não tem referência do Estado, que não tem capacidade suficiente para estar numa residência terapêutica”, comenta Paolo. Eles têm uma internação média de mais de 40 anos e, por isso, o tratamento hoje é mais ligado a doenças causadas pela velhice do que aos próprios problemas psiquiátricos. Raramente eles têm algum surto, mas tratam da diabetes, dos problemas do coração, dos de locomoção. Quando um desses pacientes vem a falecer, o leito é extinto e não pode mais haver internações.

Os diálogos sobre a criação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na cidade começaram há pouco e, na região de Franco da Rocha, também não há residências terapêuticas. “É um gargalo físico”, aponta Pizolatto, “não é todo mundo que quer ter um CAPS dentro do próprio município”. Ele é arquiteto de formação e foi um dos responsáveis pelo projeto de transformar o antigo asilo de crônicos em um hospital de retaguarda. Ele vê como futuro para o complexo a vocação de reabilitação psíquica e física. “Enquanto isso não acontece, o Juquery fica nessa situação onde já tem alguns serviços de ponta e ainda convive com 130 leitos do passado, que a gente vai aos poucos fechando”, comenta.

Em 2014, houve licitação para a reforma e o restauro de parte do conjunto do hospital, mas uma questão burocrática entre as empresas concorrentes fez com que o processo parasse. No ano seguinte, o financiamento foi recolhido e, com a crise econômica, o projeto terá que ser alterado para se adequar ao novo orçamento. Serão construídos, num projeto piloto, 40 leitos – que futuramente pretende-se expandir para 105. Paolo ainda não fala de prazos, mas afirma que existe tanto a vontade técnica como a vontade política, duas questões essenciais para que se aconteçam as mudanças.

“Lutei por uma pátria livre”

O lema no brasão da cidade de Sorocaba está fixado sob a mesa dos vereadores. Celso Sanches não pôde comparecer à Câmara Municipal na tarde do dia 28 de novembro de 2015. Lá seria realizado um debatesobre saúde mental, direitos humanos e o processo de desinstitucionalização em Sorocaba. Mandou uma carta, então, para ser lida por um representante do Movimento Antimanicomial “Loucos pelo Mundo”, do qual também participa ao lado do filho Denis. Celso escreve que o filho esteve internado no hospital Teixeira Lima, no Vera Cruz e no Jardim das Acácias. “Ele sofreu nesses hospitais todo tipo de violência, principalmente no Teixeira Lima e no Vera Cruz; Denis Roberto Sanches foi agredido pelos enfermeiros, foi abusado sexualmente e foi ameaçado de morte, se ele falasse para o pai”, conta. Pelas ameaças psicológicas e físicas, Celso pede aos políticos que tomem providências.

Denis também quer que se investiguem os casos de violência. Em pausas longas, se emociona ao falar que tinha medo das ameaças. Lembra que o amarravam no Vera Cruz, pelos braços e pernas. Faz um apelo: “Eu acho que eu não sou louco; que não precisa de hospital nenhum pra internar, tem que fechar o hospital”.

Entre 2004 e julho de 2011, ocorreram 825 mortes de pacientes do SUS nos hospitais da região de Sorocaba, o que corresponderia a uma morte a cada três dias. A concentração de leitos de longa permanência e as denúncias de maus tratos nos hospitais levaram à formalização de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 2012, que previa a desinternação de pacientes de sete instituições psiquiátricas e a sua transferência para residências terapêuticas (RTs) ou CAPS. Em 2008, a região compunha o maior polo manicomial do país, com mais de dois mil pacientes. Em 2014, do total de 4.439 moradores de hospitais psiquiátricos no estado, 1.600 estavam em Sorocaba.

A assinatura de Jefferson Aparecido Dias é a primeira que aparece no documento do TAC de Sorocaba. Foi designado pela Procuradoria Geral da República para tratar do caso. “O TAC tem a finalidade de fortalecer e consolidar a rede protetiva aos pacientes e garantir tratamento mais humano e eficaz”, ele explica. Foram criadas equipes multidisciplinares, com profissionais do município, do estado e da União. Em até três anos – com possibilidade de se estender por mais um; então, até 2016 – todos os pacientes atendidos pelos hospitais devem ser transferidos para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). “O problema é que apesar da lei, a RAPS não foi criada, razão pela qual não existem estabelecimentos aptos a receberem os usuários da saúde mental”, aponta Jefferson. Os pacientes são então mantidos nos hospitais psiquiátricos.

Denúncias e luta

“Categoria enfrentamento à tortura: recebe o prêmio o Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba – FLAMAS“. No Palácio do Planalto, aplausos seguem o anúncio do Prêmio Direitos Humanos, em 2011, e não se escuta mais o que diz o apresentador no microfone. A Presidenta da República cumprimenta um dos representantes do FLAMAS, movimento que fora criado dois anos antes e responsável por denúncias de hospitais psiquiátricos na cidade do interior do estado de São Paulo.

Em audiência pública, na manhã do dia 28 de novembro de 2015, Francisco Fernandes, secretário de Saúde de Sorocaba, levanta os números da desinstitucionalização. De 2010 a 2015, o número de leitos SUS em Sorocaba e na região caiu de 2.778 para 1.853. Três das quatro instituições psiquiátricas da cidade foram fechadas. O Vera Cruz, porém, continuou funcionando, como espaço para receber egressos de outros hospitais do estado. Em novembro de 2015, 470 pacientes ainda estavam internados no Hospital, quase a sua capacidade máxima – que é de 512 pessoas. Entre 2010 e 2015, foram fechados 42 leitos do Vera Cruz. Apesar da aprovação do TAC em 2012, o FLAMAS não vê perspectiva de cumprimento do termo pela Prefeitura de Sorocaba no prazo estabelecido.

No final da audiência, Mirsa Dellosi, coordenadora de Saúde Mental da cidade, pede a palavra para comentar um dos dados levantados pelo secretário. Ela se diz emocionada por, nos últimos três anos, o número de altas de pacientes para a família ou residência terapêutica ser três vezes maior que o número de óbitos – o que seria um momento histórico, já que o número de óbitos de hospitais psiquiátricos costuma ser maior que o de altas. Apesar de alguns avanços, representantes do Fórum de Luta Antimanicomial ainda veem problemas no processo de desinstitucionalização – comentam na audiência que a assinatura do TAC, por exemplo, não contemplou a Defensoria Pública, o Conselho Regional de Psicologia e os movimentos sociais da região.

O processo de desinstitucionalização em Sorocaba, segundo o FLAMAS, tem se transformado num processo de desinternação. Dizem os representantes: “para a Prefeitura, o cumprimento do TAC seria retirar as pessoas dos hospitais psiquiátricos, sem levar em consideração o reestabelecimento social dessas pessoas, sem trabalhar autonomia ou questões que possam facilitar a integração na sociedade”. Entra, além dessa, a questão dos administradores dos novos modelos de assistência. O FLAMAS aponta que são os mesmo que gerenciavam os espaços de asilamento e hipermedicalização dos antigos hospitais psiquiátricos. A RAPS de Sorocaba, por ser formada por organizações sociais e CAPS ligados aos mesmos grupos denunciados pelos militantes, acaba reproduzindo práticas manicomiais.

Afirmam ainda que a atenção básica da cidade não tem capacidade para realizar um atendimento cotidiano e que a assistência 24h dos CAPS e os leitos em hospitais gerais não são suficientes. “A Rede de Atenção Psicossocial em Sorocaba não atende às necessidades e à complexidade do cuidado com pessoas que saíram de manicômios depois de anos ou décadas de internação, negligência e maus-tratos”, dizem.

Em 2014, o processo de desinternação havia se intensificado com a contratação de trabalhadores comprometidos com a Reforma Psiquiátrica, mas com a subsequente demissão em massa desses funcionários, o processo voltou à lentidão. Com as mudanças na gestão do processo de desinstitucionalização, os militantes da luta antimanicomial de Sorocaba não têm mais acesso ao Vera Cruz. “Sem transparência, fica mais complicado acompanhar e fiscalizar o que acontece, para cumprir o papel do movimento social: tencionar por uma ampliação sempre maior e mais inclusiva dos Direitos Humanos e denunciar abusos e violações de direitos”, comentam.

Os integrantes do FLAMAS sofrem ameaças constantes de criminalização e perseguição por causa das denúncias que fazem. Com a transparência que falta agora ao processo, “o FLAMAS enfrenta o desafio de continuar atuando contra uma estrutura manicomial que se reforçou após as demissões dos profissionais mais críticos e dos gestores mais alinhados com a Reforma Psiquiátrica”, afirmam. Também preocupam as nomeações de Marcelo Castro e Valencius Wurch para cargos de coordenação no Ministério da Saúde. Em 2016, os militantes de Sorocaba começaram o ano participando doLoucupaBrasília, manifestação na capital do país que pedia a exoneração de Wurch.

Problemas na alternativa

Os problemas na consolidação de modelos alternativos de assistência não são exclusivos de Sorocaba ou Franco da Rocha. No estado de São Paulo, a estimativa do Censo Psicossocial 2014 é de que seriam necessárias 555 residências terapêuticas para atender a demanda da população paulista. Hoje, elas são 158. As regiões de Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Franca, Presidente Prudente, Registro e Taubaté não apresentam nenhuma residência. Também em São Paulo, foram instalados 416 Centros de Atenção Psicossocial, mas o número de CAPS III – serviço de assistência 24h – chega a 42. No Brasil, o Ministério da Saúde levantou em 2010 a existência de de 570 residências terapêuticas e 1620 CAPS.

O Prof. Dr. Osvaldo Gradella, sentado em sua sala da Unesp de Bauru, no interior paulista, ajeita os óculos no rosto e comenta que os gestores no Brasil ainda não sabem como implantar uma forma de atenção aberta, principalmente por faltar experiência a muitos profissionais. “O modelo que temos é um serviço isolado, sendo que a ideia era ter um serviço em rede – o CAPS I para a entrada, o CAPS II mais especializado e o CAPS III que seria 24h; também era pra se ter uma articulação maior do serviço com os bairros e familiares de pacientes”, comenta. Para o professor, o atendimento acaba se tornando meramente clínico. “Essa é uma das contradições que se tem hoje na implementação: nós saímos dum modelo ‘hospitalocêntrico’ e agora vamos para um modelo ‘capscêntrico’”, ele diz.

O movimento de luta antimanicomial também tem questionado as novas formas de atenção. Segundo Osvaldo, com o fim dos hospitais, os novos modelos começam a carregar em si a sua própria alienação, os seus próprios defeitos. “Tem que se pensar se o CAPS é a solução ou se temos que criar uma nova estratégia de atenção; pensar se ela não se esgotou, se cumpriu seu papel histórico num processo de transformação e se agora a gente precisa criar uma nova estratégia de atenção”, diz o professor.

Ainda assim, Osvaldo comenta que não se pode perder de vista o ataque de setores conservadores, que querem recuperar a internação nos hospitais, reforçando políticas de exclusão – por exemplo, no Congresso. “A própria implementação do discurso neoliberal, do rompimento com uma série de políticas públicas, a falta de investimento na área de saúde e educação; isso de certa forma tem favorecido principalmente a perspectiva manicomial”, afirma Gradella, que tem observado um retrocesso na luta antimanicomial e a ascensão de setores ligados à medicina privatista.

Outra questão que se coloca aos atuais desafios da reforma psiquiátrica brasileira é o tratamento do crack. O professor pontua o crescimento das comunidades terapêuticas de caráter religioso, instituições que têm ocupado o lugar dos hospitais psiquiátricos, repetindo práticas de maus tratos e de punição. O empenho dos governos no combate à droga, segundo Osvaldo, “desviou um pouco a atenção da reforma psiquiátrica, porque o crack virou um assunto de comoção nacional e grande embate entre as forças mais conservadoras, que viram na história das comunidades terapêuticas uma nova forma de ganhar dinheiro”.

Querem os hospitais de volta

A demora na implementação de uma Rede de Atenção Psicossocial eficiente tem sido acompanhada pelo crescimento de setores conservadores na sociedade brasileira. Para os militantes do FLAMAS, esses grupos que defendem a internação em hospitais psiquiátricos seguem uma ideologia de segregação e negação da diferença, do encarceramento de comportamentos que não atendem às expectativas sociais hegemônicas, seguem a crença de que a “loucura” deve ser afastada da sociedade, de que os “loucos” são perigosos, a ideologia do higienismo e da pobreza encarcerada. “O movimento antimanicomial, por sua vez, é orientado pelos valores da autonomia e solidariedade, pela noção de inclusão social, respeito à diferença, pela defesa intransigente dos Direitos Humanos”, eles afirmam.

Em resposta a Marcelo Castro, ministro da Saúde, que afirmou no final de 2015 que a luta antimanicomial era muito ideológica e pouco científica, os integrantes do Fórum de Sorocaba comentam que “a maior prova de que a Luta Antimanicomial é eficaz é a melhora entre as pessoas que são tratadas em liberdade, com equipes multiprofissionais (não apenas médicos), vivendo em sociedade, voltando a produzir arte, conhecimento, trabalho, política etc”. Mencionam também o reconhecimento internacional da ONU, em especial da Organização Mundial de Saúde, pela reforma psiquiátrica no Brasil. Ainda dizem: “essas críticas de ação ideológica da Luta Antimanicomial têm o único propósito de deslegitimá-la, mas são críticas vazias que não se comprovam quando vamos para as experiências concretas”.

“A ala em que eu morava era um pavilhão com 90 pessoas, com quartos dos dois lados do corredor. Era algo meio prisão”, assim se lembra Wilson Abramusviz “Pitico” do Hospital Vera Cruz. Em entrevista à CartaCapital, comenta que tem a chance de recomeçar sua vida, com mais autonomia e liberdade. Em 2015, foram 95 pacientes que receberam alta da instituição – 16 para morar com familiares, 67 em RTs de Sorocaba e 12 em RTS de outras regiões. A Agência Sorocaba de Notícias, órgão ligado à Prefeitura, publicou que a coordenação de Saúde Mental previa no mínimo mais cem altas no primeiro bimestre do ano seguinte. Os pacientes do Vera Cruz são, no começo de março de 2016, 456. Pitico, já longe do hospital, descreve sua casa, a residência terapêutica em Sorocaba, como “um hotel cinco estrelas”.

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Poco dinero para los más pequeños

Por cada dólar que se invierte en niños de hasta 5 años, se invierten tres en niños de entre 6 y 12 años en América Latina y el Caribe. Ese es uno de los inquietantes hallazgos contenidos en el nuevo estudio Los primeros años: El bienestar infantil y el papel de las políticas públicas, editado por Samuel Berlinski y Norbert Schady. Esta es la edición 2015 de la serie insignia del BID denominada Desarrollo en las Américas, presentada en Lima, Perú, el pasado 27 de Octubre.

El gasto público en la primera infancia no sólo es bajo en relación con la inversión en la infancia media, sino también con respecto al gasto en todos los otros grupos de edad. Los ancianos, en particular, reciben pensiones y otras transferencias para ayudarles a afrontar los riesgos asociados a la vejez. Esto es cierto incluso en países con muy diferentes perfiles de población. Por ejemplo, Chile, Guatemala y  Perú  todos  gastan entre siete y nueve veces más en las personas mayores de edad que en los niños de 0 a 5 años de edad, medidos con base en gasto per cápita. Cuando se trata de repartir partidas presupuestarias, los niños pequeños reciben poco más que migas.

¿Cómo  se ubican América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones en lo que respecta al gasto en la primera infancia? No bien. Los países de la región gastan en promedio sólo el 0.4 % del PIB en sus hijos más pequeños, alrededor de la mitad del promedio de la OCDE.  Mientras que algunos países de alto desempeño gastan cerca de cuatro veces más.

La buena noticia es que, si bien el gasto público en la primera infancia es baja en términos relativos, ha ido a la alza en la última década. Por ejemplo, Chile, República Dominicana y Guatemala han aumentado el gasto entre dos y cuatro veces desde el año 2000. La mayoría de los países han inyectado más dinero en educación preescolar y en los programas de transferencias  condicionadas, mientras que los programas de cuidado infantil y crianza de los hijos han disfrutado incrementos de inversión más modestos.  Esta asignación resulta desafortunada, ya que los programas de crianza de los hijos que reciben la asignación más pequeña de los presupuestos generales, han demostrado generar el mayor retorno a la inversión.

El tacaño manejo presupuestal de los niños en la región refleja una mala decisión de inversión. El gasto en la primera infancia podría ser una de las mejores inversiones que un gobierno puede hacer. Para empezar, entre más pronto invierte el gobierno en un niño, más duraderos los beneficios que el país cosechará. Por otra parte, las inversiones realizadas en los niños pequeños magnifican los retornos a las inversiones realizadas posteriormente en la vida de un individuo. Por ejemplo, el gasto en educación universitaria o de formación para alguien que se benefició de la inversión en sus primeros años probablemente tendrá una recompensa mayor que el dinero gastado en un individuo que no disfrutó de una atención de calidad desde el principio. Por último, los beneficios de las inversiones tempranas florecen en la edad adulta. Un estudio en Jamaica reveló que los niños que se beneficiaron de una intervención en los dos primeros años de vida y se siguieron durante veinte años más tarde, tenían coeficientes intelectuales más altos, ganaban un 25% más,  tenían menor tendencia a la depresión y tenían menos probabilidades de involucrarse en actividades delictivas que los niños que no se beneficiaron de la intervención.

Por supuesto, la solución no es únicamente más dinero. Otro mensaje importante del libro es que la cantidad no puede sustituir a la calidad cuando se trata del cuidado de la primera infancia. Y la calidad se mide menos en términos de ladrillos y cemento y más en términos de los beneficios intangibles de las interacciones entre los cuidadores y los niños.

Por subestimar los cuidados a sus ciudadanos más jóvenes, los gobiernos están perdiendo la oportunidad de impactar no sólo la vida de sus hijos, sino el bienestar de sus sociedades en las próximas décadas.  Niños felices, saludables, e estimulados llegan a ser adultos productivos y participativos. Y dirigiéndose a los niños de bajos ingresos, el gasto en la primera infancia puede ser un instrumento redistributivo eficaz que puede reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. El futuro de una nación está en las manos de sus hijos. Ellos necesitan y merecen más que centavos para asumir la tarea.

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IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Abierto plazo de envío de propuestas de simposios.

FLACSO convoca el IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales que se celebrará en la sede de FLACSO España en la ciudad de Salamanca, los días 17,18 y 19 de julio de 2017. El objetivo del congreso es reflexionar sobre el estado actual de las ciencias sociales en América Latina y explorar los aportes académicos que se pueden hacer desde la región. El evento está dirigido a estudiantes, investigadores y académicos no solo de América Latina sino también otras partes del mundo, y tiene como propósito agrupar las principales y más recientes reflexiones sobre la región.

Plazo de presentación de simposios: hasta el 15 de junio de 2016.

En la página web de FLACSO España se encuentra toda la información necesaria así como el formulario para el envío de propuestas:

http://www.flacso.es/iv-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales/

 

Comité Organizador
IV Congreso FLACSO

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ODS/ Objetivo 5: Igualdad de género

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

Empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible. Poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además tiene un efecto multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo.

Desde 2000, la igualdad de género es un aspecto primordial de la labor del PNUD, sus socios de la ONU y el resto de la comunidad global, y se han registrado algunos avances extraordinarios. Más niñas asisten hoy a la escuela que hace 15 años y en la mayoría de las regiones se logró la paridad de género en educación primaria. Además, las mujeres constituyen hoy el 41% de la fuerza laboral remunerada no agrícola, en comparación con el 35% en 1990.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se apoyarán en estos logros para garantizar el fin de la discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo. Sin embargo, en algunas regiones aún existen grandes desigualdades en el acceso a empleo remunerado entre hombres y mujeres y enormes brechas en el mercado laboral. Los obstáculos más difíciles de superar y que aún persisten son la violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas- y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público.

Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre los géneros.

La igualdad de género es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial para avanzar en los diversos objetivos.

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