El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó hoy jueves que en mayo de este año habrá un aumento adicional del salario mínimo, que pasará de los actuales 1.302 reales (unos 248 dólares) a 1.320 (unos 251 dólares).
«Vamos a aumentar el salario mínimo a 1.320 reales en mayo y vamos a recuperar la regla en la que el salario, además de reponer la inflación, considerará el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), porque es la forma más justa de distribuir el crecimiento de la economía», difundió Lula da Silva en redes sociales.
El mandatario se refería a una regla vigente en administraciones anteriores del Partido de los Trabajadores (PT) por la que se reajustaba anualmente el salario mínimo en función de la inflación del año previo y el índice de crecimiento económico.
El actual salario mínimo en Brasil fue reajustado en diciembre pasado de 1.212 a 1.302 reales por el anterior Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), al considerar la inflación y un aumento real de 1,4 por ciento.
Lula da Silva indicó que también habrá un nuevo rango en la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para quienes ganan a partir de 2.640 reales (505 dólares) mensuales y avanzar hasta llegar a los 5.000 reales (953 dólares).
La corrección en el tabulador del ISR es uno de los puntos centrales de la agenda económica del nuevo Gobierno y una promesa de campaña de Lula da Silva.
El anuncio formal del aumento del salario mínimo lo hará el mandatario brasileño el 1 de mayo venidero, en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores.
El salario mínimo indispensable en Brasil para satisfacer las necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación, higiene, transporte, ocio y seguridad social) de una familia con cuatro personas debe ser de 6.641 reales (1.270 dólares), según el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos.
Cada nuevo año hay aumento a los salarios mínimos. Cada vez que se aplica ese aumento empeora la situación de algunas pensiones pues se profundiza la diferencia negativa entre lo que algunos pensionados reciben respecto de lo que deben recibir.
En el año 2016 hubo una reforma constitucional que contemplaba dejar de usar a los salarios mínimos como medida para pagos administrativos como multas, tarifas, etc. Se creó para el efecto una unidad llamada unidad de medida y actualización, uma, que tomaría un camino separado, divergente, de los salarios mínimos, a partir del año siguiente, 2017, y con las disminuidas umas comenzó indebidamente el pago de algunas pensiones.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia validó esta medida regresiva como constitucional en febrero de 2021, pero la hizo pública y vinculante hasta junio del mismo año, después de las elecciones intermedias, para no alborotar al respetable. La SCJN lo justificó así en un comunicado el 17 de febrero de 2021:
“La reforma constitucional (de 2016) eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de diversas obligaciones, multas, créditos, y aportaciones de seguridad social. La finalidad de esta modificación fue permitir que el salario mínimo pudiera ser incrementado constantemente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores; ello sin que al mismo tiempo se incrementaran otra serie de conceptos ajenos al salario. La decisión de la Segunda Sala permitirá que continúe la recuperación del salario, sin poner en riesgo los fondos de pensiones. Por todo lo anterior, la Sala concluyó que, acorde con la Constitución Federal, la Ley del ISSSTE abrogada y el artículo Décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse con base en la UMA. Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.”
Y la sentencia de la Suprema se publicó hasta junio de 2021 diciendo esencialmente que las pensiones no son el problema sino su cuantificación para el pago: “El aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional.”
Durante ese recorrido que ya lleva seis años, se ha profundizado la diferencia pensionaria de una manera muy grave. El SNTE dio falsamente por resuelto el tema en septiembre de 2019 (bityl.co/BpCj). Falsamente porque en el año 2017 en que se aplicó por primera vez la medida, un salario mínimo valía $80.04 contra $70.49 que valían las umas. Las pensiones con umas pagaban el 94% de lo correcto. En 2022 los salarios mínimos generales valen $172.87 contra $96.22 que valen las umas. Las pensiones con umas pagan apenas el 55% de lo correcto, vale decir que se pagan a la mitad de lo que debe ser. Estas pensiones han sido golpeadas severamente al grado de que escuchan borroso. Hay que meterlas en arroz.
El salario mínimo que regirá en Venezuela para 2022: equivalencia en pesos colombianos
El ingreso no alcanza para comprar dos libras de carne en el país vecino.
Las principales razones por las que huyen los venezolanos de su país son la hiperinflación y los bajos sueldos que ha profundizado la crisis social y económica desde el año 2017. El poder adquisitivo del ciudadano común se ha desplomado, ya que el monto mensual fijado por el régimen de Nicolás Maduro no les alcanza a los trabajadores de instituciones públicas ni para comprar dos libras de carne.
A pesar de que en mayo pasado el mandatario chavista aumentó en un 300 % el sueldo mínimo en Venezuela, esta cantidad se vuelve sal y agua en el bolsillo de los venezolanos, quienes comenzarán el año 2022 con salarios de miseria, que equivalen a poco más de 10.000 pesos colombianos al mes.
En Venezuela, los precios han aumentado dieciséis millardos por ciento (16.800.239.776 %) desde noviembre de 2017, y treinta y siete millones por ciento (37.699.882 %) desde la última reconversión monetaria en el año 2018, según cifras de la firma encuestadora Ecoanalítica.
Esta última reconversión disminuirá el poder adquisitivo, según explicó a SEMANA el economista y docente universitario Aarón Olmos, ya que el Banco Central de Venezuela no usa los céntimos, lo que obliga a redondear hacia arriba los precios de los productos.
Por tercera vez en 13 años, Venezuela hace una reconversión monetaria. En total, le ha quitado 14 ceros al bolívar. La más reciente reconversión entró en vigencia el pasado 1.° de octubre, y busca disminuir los fajos de billetes que se necesitan para comprar, por ejemplo, un plátano en una plaza de mercado.
Muy al contrario de generar confianza –explican expertos– esta situación consolida el uso de las transacciones en línea, no con el ‘bolívar digital’, como propone el oficialismo, sino con el dólar americano mediante aplicaciones ya muy populares allá como Zelle o Paypal.
Por tercera vez en 13 años, Venezuela hace una reconversión monetaria. En total, le ha quitado 14 ceros al bolívar. La más reciente reconversión entró en vigencia el pasado 1.° de octubre, y busca disminuir los fajos de billetes que se necesitan para comprar, por ejemplo, un plátano en una plaza de mercado.
Muy al contrario de generar confianza –explican expertos– esta situación consolida el uso de las transacciones en línea, no con el ‘bolívar digital’, como propone el oficialismo, sino con el dólar americano mediante aplicaciones ya muy populares allá como Zelle o Paypal.
“Cuando no hay céntimos para los redondeos, generalmente los precios se llevan al número superior siguiente; es decir, si algo cuesta 8,45, lo llevan a nueve o quizás a diez”, afirma Olmos, a la vez que advierte que lo más probable es que se generen ajustes de precios. “No es el deber ser, pero pudiera ocurrir”, dice.
Salario mínimo: ¿cuánto tiempo les durará el ingreso adicional a trabajadores?
La cascada de incrementos que arrastra el ajuste salarial de 10,07 % termina sacando del bolsillo de los trabajadores el ingreso adicional. ¿Cómo corregir esa situación?
El salario mínimo en Colombia, en el componente básico, llegó al anhelado millón de pesos que aclamaban los sindicatos desde hacía al menos tres años. Pero ¿cuánto durará ese ingreso adicional, en medio de una inflación con tendencia al alza? Sobre todo si se tiene en cuenta que el incremento del sueldo básico amenaza con una mayor escalada del costo de vida.
El aumento de 10,07 por ciento logrado por acuerdo en la mesa de negociación de la política salarial equivale a una remuneración total de 1.117.172 pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Aunque el incremento fue catalogado por el presidente Iván Duque como un hecho histórico, pues en términos reales sería el más importante en casi 50 años, hay varias circunstancias alrededor de la sonada decisión que podrían ir en contravía de uno de los fines del ajuste: evitar que el trabajador pierda poder adquisitivo.
Precisamente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los salarios mínimos se establecen con la finalidad de proteger a los trabajadores contra el riesgo de una remuneración indebidamente baja frente al aumento del costo de vida. No obstante, para el logro de esa protección parece no ser suficiente la fórmula que se usa cada año: subir una cifra compuesta por la productividad, que en 2020 fue de 1,19 por ciento, y la inflación esperada al cierre del año, que es de 5,3 por ciento. Eso da una cifra de 6,49 por ciento, lo que implica una ganancia de 3,58 puntos porcentuales si se tiene en cuenta que el salario mínimo subirá 10,07 por ciento.
El lío es que existen otras variables que pueden sacar esa ganancia extra rápidamente del bolsillo de los ciudadanos. Por ejemplo, la indexación del salario mínimo a costos como la salud. Pese a que el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que se identificarán los costos que están amarrados al alza del mínimo y que no tienen fuerza de ley, de manera que se puedan realizar con otra herramienta –como la Unidad de Valor Tributario, UVT–, por ahora es complejo evitar el arrastre.
Incrementos a granel
Tan pronto como empieza el año y entra en vigencia el incremento del mínimo, los ciudadanos comienzan a sentir que la plata adicional se esfuma por la cascada de incrementos que se suscitan. Si sube el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y los comparendos por infracciones, el sector transporte experimenta una variación en el costo de operación.
En muchos casos, el efecto termina llegando al final de la cadena, que es el consumidor. Sucede, por ejemplo, con las tarifas de administración de las propiedades horizontales, que se elevan al mismo ritmo del alza en el salario mínimo, pues al personal que presta los servicios de seguridad y de aseo hay que subirles el sueldo, que en general es el salario mínimo.
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, llamó la atención sobre el riesgo que tienen los aumentos del salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad laboral, que “también generan indexación”. Expresó que “en sectores con márgenes bajos o baja productividad, a las empresas no les queda otra alternativa sino trasladar esos mayores costos salariales al consumidor a través de un aumento en el precio del bien final”.
La ola termina llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso. Por eso, aumenta el salario y se aviva el riesgo inflacionario. Tanto es así que Daniel Velandia, director económico de Credicorp Capital, estima que el porcentaje incrementado al salario mínimo podría agregar entre 0,5 y 1 por ciento a la inflación esperada en 2022.
Los boquetes que se abren para que el trabajador finalmente pierda el incremento son muchos. Tan pronto como se dio a conocer el alza en el salario mínimo que regirá para el próximo año, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas mencionó la necesidad de que el Gobierno fije un aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con la que se cubre el costo de atención en salud para cada persona afiliada al sistema, en al menos un 7 u 8 por ciento, de manera que los hospitales y clínicas puedan hacer el incremento salarial al personal de la salud sin que sean ellos los que salgan sacrificados al asumir el mayor gasto.
Costo-beneficio
El debate sobre el incremento en el salario mínimo no se acaba con la decisión de la mesa de negociación salarial, que este año se dio por acuerdo, algo que no sucedía desde 2018. Algunos analistas económicos, como David Pérez-Reyna, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, estiman que la decisión del incremento en 10,07 por ciento “puede tener un componente de economía política unido al descontento social que se vio este año”. En consecuencia, esa alza “puede dar una señal positiva para los ciudadanos, sobre todo en época electoral”.
Pero el consenso entre las opiniones es que sigue vigente el error craso de indexar precios al salario. Mario Valencia, de Conexión Análisis, expresa que, “si se supone que estamos en una economía de mercado, resulta inadecuado amarrar el salario mínimo a otros precios. El Gobierno debería velar porque no se pierda poder adquisitivo, y, en ese contexto, tendría más sentido indexar costos a tasas de interés, por ejemplo. En Colombia, todos los años hay un gran debate por la tasa de crecimiento del salario mínimo, que ganan muy pocas personas, pero nadie, ni siquiera los empresarios, debate sobre la tasa de interés que fija unilateralmente el Banco de la República”.
La decisión del incremento en el salario mínimo se celebra con bombos y platillos, pese a que la cobertura directa que logra en el mercado laboral colombiano no es tan amplia, pues solo 18,1 por ciento de la población ocupada recibe un ingreso entre 0,9 y 1,1 salario mínimo. En cifras netas, el Ministerio del Trabajo estima que serían unos 2,2 millones de trabajadores dependientes los beneficiados con el incremento, ya que en el país, aun cuando 64,2 por ciento de los ocupados reciben hasta 1,1 salario mínimo o menos, 47,9 por ciento está en la informalidad, con un ingreso inestable.
Ese universo de trabajadores formales es el que se defiende en una negociación del salario. Francisco Maltés, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), argumentó que “los hogares que ganan el salario mínimo gastan cerca del 40 por ciento en alimentos. Entonces, si miramos la propuesta del 10 por ciento frente al 15 por ciento que subieron los alimentos, es claro que no compensa”.
Para el director de Fedesarrollo, entre tanto, “cuando el crecimiento salarial está muy por encima de la productividad laboral, continúa ampliándose la brecha entre los 10 millones de ocupados que ganan menos de un salario mínimo y el resto de ocupados. Ese es el balance que se debe tener en cuenta en esta discusión”.
¿Cómo desindexar el salario?
Por el lado del Gobierno, Alejandra Botero Barco, directora de Planeación Nacional, respondió un par de preguntas en SEMANA.
SEMANA ¿Qué camino seguiría el gobierno para desblindar costos indexados al incremento en el salario mínimo y garantizar así que la población no se empobrezca cada año pese a los aumentos?
Alejandra Botero. El presidente de la República señaló que “se hace historia porque se está logrando el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años. Se hace historia porque se llega a un salario mínimo de $1 millón, cumpliendo una promesa de campaña, cumpliendo un anhelo de los trabajadores por décadas, pero, también, cumpliendo con una agenda de solidaridad y de generosidad que quiero reconocerle a los empresarios, emprendedores e industriales de nuestro país”.
De esta forma, no es una respuesta fácil decir que se viene una indexación debido a este aumento, por cuanto este logro está basado en un acuerdo unánime entre trabajadores, empresarios y emprendedores o pequeños empresarios, y el Gobierno.
Acá todos haremos un esfuerzo porque estos aumentos no se trasladen de manera automática a los precios finales al consumidor. Por parte del Gobierno, el presidente dio la orden de que muchos de los contratos que estaban indexados al salario mínimo sean convertidos en UVT, ello se hará por vía decreto o resolución. De esta manera se alivian algunas de las posibles alzas en los precios de los servicios regulados. El sector empresarial ha venido haciendo grandes esfuerzos para evitar que las alzas en muchos de los insumos se trasladen directamente a la inflación.
De otro lado, hay muchas presiones inflacionarias que no solo están afectando el desempeño de la economía, sino también el ingreso de los trabajadores y sus familias. Este aumento también es una compensación a estos ingresos, con el fin de lograr equidad y compromisos entre empresarios y trabajadores.
SEMANA. Países como China han demostrado que incrementos en los salarios constituyen un estímulo para subir la productividad laboral y, por esa vía, la de todos los factores. En Colombia se sigue insistiendo en que los salarios son altos y la productividad baja. Es decir, el meollo del asunto está en qué debe ser primero. ¿Qué camino se debería seguir en los próximos años en ese sentido?
Alejandra Botero. Es una pregunta compleja porque hay muchas respuestas dependiendo del sector, de la tecnología y del momento del ciclo de la economía. No es lo mismo la manera de producir de una gran empresa, los incentivos que ella implementa para sus trabajadores, los procesos que ella adopta para aumentar la productividad y que tiene como compensar estos costos debido a la escala de producción, que una empresa Pyme o pequeña, donde la tecnología es menos avanzada, lo costos de personal pesan más y hay poca facilidad de mitigarlos, dado que otros factores tienen un peso importante. Esto es aún más complejo en el sector informal, donde el capital es muy pequeño.
Lo que hemos hecho está vez es cumplir con el anhelo de los trabajadores por décadas, pero, también, cumpliendo con una agenda de solidaridad y de generosidad en vista de que estamos saliendo de una de las crisis más agudas de la historia. Este incremento salarial va a tener un impacto importante en el bolsillo de los colombianos, permitiendo compensar las pérdidas que tuvieron en 2020 y parte de 2021, cuando muchos no pudieron trabajar de manera normal y, por ende, es necesario aumentar su capacidad de compra en el año que viene.
En esta coyuntura, cuando la economía aún se encuentra por debajo de su nivel potencial y la pobreza todavía está en niveles superiores a los que se registraban antes de la pandemia. Este aumento, con seguridad, permitirá estimular la demanda por bienes y servicios por parte de las familias más pobres, teniendo en cuenta que es una coyuntura en donde aún es necesario que ellas tengan más ingresos, tal como nos ha enseñado la historia en las crisis pasadas.
Fuente de la Información: https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/salario-minimo-cuanto-tiempo-les-durara-el-ingreso-adicional-a-trabajadores/202100/
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer la consecución de un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales, los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados y su gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades, y en beneficio de miles de trabajadores del “outsourcing”.
Desde noviembre del año pasado, AMLO presentó una iniciativa de reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto al Valor Agregado y Federal del Trabajo, con el propósito de poner fin a esa práctica, conocida como outsourcing, que por décadas permitió a los patrones eludir obligaciones legales con sus trabajadores.
La iniciativa generó de inmediato expresiones de rechazo por parte de los organismos cúpula empresariales, pero luego se sentaron en las negociaciones con el gobierno y los sindicatos.
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal mexicano, señaló que de cuatro mil empresas dedicadas a este negocio, sólo 40 cumplen con sus impuestos. Las irregularidades en el pago de obligaciones vinculadas al trabajo alcanzan varios esquemas.
Asimismo advirtió que la subcontratación no se limitó a ser un mecanismo para que las empresas redujeran costos: el abuso llegó al grado de que además de subregistrar a los trabajadores con salario mínimo, se les daba de alta frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo un día del mes.
Muchas de las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios son de papel; cuando se inician acciones de fiscalización desaparecen y luego abren otra razón social, con lo que dejan una estela de adeudos incobrables.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, expuso que en un caso reciente se encontró que los trabajadores estaban registrados con un sueldo base de 166 pesos. Iniciadas las auditorías se encontró que éste debía ser de 865, 421 por ciento más. “De ese tamaño se ha abusado de estos modelos”, añadió.
Destacó que tres empresas concentran 242 mil puestos de trabajo en tercerización, con un salario promedio de cotización de 243 pesos, cuando el promedio en el sector ronda 386. Esto representa una evasión en cuotas obrero-patronales de 773 millones de pesos anuales, además de todos los derechos laborales que se vulneran a los empleados. Indicó que, además de dar seguimiento a las factureras y a las empresas que omiten el pago de contribuciones laborales, también se sigue los actos de corrupción de políticos.
En el curso de las conversaciones tripartitas de esta semana se agregó el asunto del reparto de utilidades, una obligación que en el marco legal actual puede ser minimizada o eludida por los empleadores mediante triquiñuelas legales y también, desde luego, por medio de la subcontratación, lo que en los hechos resulta nugatorio de ese derecho laboral.
En la reunión con el mandatario hubo acuerdo para prohibir la subcontratación de personal, la regulación para subcontratar servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, así como la creación de un registro en la Secretaría del Trabajo de un padrón de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que propuso la creación de dos modalidades para que los propios trabajadores definan su reparto de utilidades: con un límite de tres meses de salario o con el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
La Fiscalía, mientras tanto, explicó que se investiga por defraudación fiscal a cualquier funcionario o ex funcionario público que recibió ingresos no reportados o que no van con su declaración patrimonial. Busca investigar por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente e imagen: https://rebelion.org/fin-del-outsourcingun-tipo-de-explotacion-laboral/
América del Norte/Estados Unidos/28-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.cibercuba.com
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles un plan de 500 millones de dólares para aumentar el salario mínimo de todos los maestros de escuelas públicas a $ 47,500.
«El proyecto de ley que firmaremos hoy será realmente excelente para los maestros de Florida», dijo DeSantis durante una visita a la escuela autónoma Mater Academy Charter School en Hialeah Gardens. «Este es un gran día para la compensación de los maestros «.
«Fue todo un desafío asegurarnos de que, aunque lucháramos por ello, pudiéramos hacerlo», sostuvo. «Puedo informar … esto estará allí al 100 por ciento. Tendremos que tomar decisiones difíciles, pero esto es importante «, agregó.
Con este aumento a los maestros, según DeSantis, el salario promedio de los de Florida pasaría del 26 al quinto lugar en todo los Estados Unidos.
El salario promedio inicial de los maestros en el periodo 2017-2018 en Florida era de $ 37,636.
El gobernador firmó el llamado HB 641, un proyecto de ley que reserva 400 millones de dólares para aumentar el salario mínimo de maestros y 100 millones para aumentar el salario de maestros veteranos y otro personal de instrucción como bibliotecarios y consejeros.
Aunque DeSantis propuso que los salarios de los docentes se aumenten a un mínimo de $ 47,500, ese número no se convertirá en ley como parte de este proyecto de ley, el cual sí establece que los distritos escolares y las escuelas autónomas deben acercarse lo más posible a ese número.
Por su parte, la Asociación de Educación de Florida apoyó la propuesta de DeSantis, a pesar de las críticas que ha traído en otros sectores.
“Esta inversión de $ 500 millones en los maestros de Florida es especialmente significativa dadas las circunstancias actuales. Habla del profundo valor de la educación pública para el futuro de nuestro estado «, dijo en un comunicado Fedrick Ingram, presidente del sindicato.
“La decisión de dejar intacta esta inversión para las escuelas de Florida es un reconocimiento del arduo trabajo que nuestros miembros hacen todos los días por los estudiantes de Florida. Agradecemos al gobernador DeSantis por firmar este proyecto de ley tan importante ”, añadió.
El vicepresidente de la Asociación de Educación de Florida, Andrew Spar, dijo sobre la medida: «Sabemos que nuestras escuelas públicas en este momento van a tener dificultades al comienzo del año escolar. Será importante que el estado continúe haciendo todo lo posible para retener y reclutar maestros. Esta sería una buena señal, para honrar este compromiso que la Legislatura hizo incluso durante este momento difícil «.
Asimismo, el presidente de Asignaciones del Senado Rob Bradley, elogió a DeSantis por cumplir su promesa.
«Dijo que este será el año del maestro», declaró Bradley. “Promesa hecha, promesa cumplida. Hoy está sucediendo. El año del profesor es una realidad «.
Entre las críticas que la propuesta ha generado están las que sostienen que la medida es injusta y que la naturaleza única del dinero de los bonos no era confiable año tras año.
El ejemplo de Hungría, con escuela gratuita y obligatoria, acentúa la ambigüedad de los sistemas: los alumnos pagan la comida, el jabón y hasta el papel higiénico.
“¿Dónde te crees que estás? Esto es Hungría.”
Así, subida de tono, una de las madres de la Asociación de Padres de la escuela me increpó en la última reunión. Mi hijo va a quinto grado, en una escuela del Estado, en Budapest. Le había hecho una llamada de atención, cuando ella, con total naturalidad, explicaba que los niños que no hubiesen pagado la mensualidad, la entrada al evento o que no hubiesen traído el ticket para el bus, de haber una excursión, se quedarían en la escuela.
En Hungría, la educación es gratuita y obligatoria desde los 3 hasta los 16 años. Pero hay que puntualizar lo de gratuita, y por qué no, lo de obligatoria también. La comida de los niños hay que pagarla. Suelen ser unos 30 euros por mes. Hay que dar también unos 3 ó 4 euros por mes, dinero que administra la Asociación de Padres y que usan para organizar excursiones, comprar algún material de clase y regalos, como los de fin de curso a las maestras.
De haber algún evento extra, por ejemplo, ir al teatro, o incluso a algún concurso, hay que mandar el dinero aparte, en un sobre. Y efectivamente, tal como decía aquella madre, los que no mandan el dinero se quedan en la escuela, o directamente no van al colegio, a sabiendas de lo que va a pasar. Igual lo que realmente pica es la lista de útiles escolares que piden a comienzos de año, que entre pitos y flautas, supera los 60 euros.
Y solo como detalle, cada mes hay que llevar a la escuela jabón para lavar las manos, servilletas de papel, papel higiénico y pañuelos de papel.
Una madre camina con sus hijos tras acabar la escuela, en Hungría. (.)
Salario mínimo
De 300 a 400 euros al mes
Para que se entienda mejor, el salario mínimo en Hungría es de unos 300 euros, o de 400, si para ese puesto se necesita al menos un título de educación media (8 años de primaria más 4 años de secundaria).
Igual, a sabiendas de la práctica, me atreví a sugerir que al menos la Asociación de Padres o bien el tutor de la clase aceptase un fondo voluntario para los casos en que los niños no hubiesen pagado. Es decir que los padres que quisieran entregasen a fondo perdido un equis monto de dinero para que nadie se quede sin participar en la actividad del día, entendiendo que estas actividades se suelen hacer durante el horario escolar.
Repetía yo aquello de “la educación es gratuita…”. Insistí en que mi sugerencia no pretendía exonerar a los padres de la obligación de pagar, pero sí evitar que ningún niño quede privado de participar en las actividades comunes que se realizan en horario escolar. Mi propuesta cayó en balde. Aquí la gente no es muy habladora en las reuniones. Siempre son, somos los mismos los que hablamos.
El tema se cerró con aquello de que los niños tienen que aprender cómo funciona la sociedad para no cometer de mayores los mismos errores que sus padres. Respiré hondo, y esperé a que terminase la reunión, boli en mano, en silencio, tomando nota del calendario para el año entrante, como un buda.
La siguiente semana volvimos a encontrarnos con la madre en cuestión, nos dimos un beso, un abrazo, y dejamos claro que el griterío forma parte del folclore de las reuniones, y seguimos tan amigos.
Terapia con perro en una escuela de educación especial en Budapest. (Marton Monus / EFE)
Ayudas
Para familias con ingresos muy bajos
De cualquier modo, tengo que aclarar que existen ayudas específicas para cubrir los gastos escolares. Un niño puede quedar exento de pagar la comida en la escuela, si el ingreso por miembro de la familia no excede los 130 euros. En el caso de familia numerosa (por lo menos 3 hijos), pagan la mitad. Con respecto a los gastos de inicio de clases, también se puede solicitar una ayuda de 10 euros, siempre y cuando el ingreso por cabeza no supere 265 euros. Y los libros de texto son gratuitos. Hay que hacer las cuentas.
Para terminar me gustaría aclarar que hasta ahora el tema de la obligatoriedad de la escuela tenía su trampa. Es decir, hasta este año existía la figura del alumno particular. O sea, no tenía que ir a la escuela, sino, periódicamente, asistir a los exámenes de rigor.
En base a esta fórmula se fundaron algunas escuelas, como la Budapest School, de uno de los fundadores del Prezi, donde todos sus alumnos estaban exentos de ir a las escuelas del Estado. De esta manera, el colegio podía enseñar como quería, y el Estado no podía inmiscuirse en el diseño pedagógico. Pero a partir de este septiembre esto está prohibido. Todo el mundo tiene que ir a la escuela del Fidesz (el partido que está en el gobierno).
La enseñanza gratuita y obligatoria se entiende o se entendía como una conquista social, atendiendo a los derechos del menor. Hoy por hoy, al menos por estos lares, es cada vez más común rebelarse contra el Estado, no ya para hacer que el niño se quede trabajando en la mina o en el campo, sino para ofrecerle una educación distinta, diferente al rígido modelo estatal.
La otra opción sería democratizar la escuela. Pero de eso estamos todavía más lejos.
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