Ayotzinapa precisa sanciones penales, políticas y administrativas a quienes obstaculizan acceso a la información: ONU-DH

Por: Redacción Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. «Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no sólo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado», señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), ante la negativa del ejército mexicano, del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) y otras instituciones para entregar la información completa sobre el paradero de los estudiantes.

A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, la ONU-DH reconoció que los avances en las investigaciones del Caso Ayotzinapa «sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa».

La declaración de la ONU-DH sucede frente a la actual lucha que mantienen los padres y madres de los 43 en exigencia de que el ejército cese el ocultamiento de la documentación faltante, luego de que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostrara que los militares estuvieron involucrados en la Noche de Iguala.

«Los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza. Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes», precisó la ONU-DH.

A continuación el comunicado completo:

En el marco del noveno aniversario del inicio de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifiesta que es el amor de las madres y los padres hacia sus hijos y la legítima búsqueda de la verdad y la justicia la causa que les anima, y que amerita el respaldo de todas las autoridades y la sociedad en su conjunto.

El trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) ha permitido llevar a cabo múltiples diligencias de búsqueda, identificar a 434 actores relevantes que participaron en los crímenes perpetrados durante y después del 26 de septiembre de 2014, detener a 132 personas presuntamente responsables (entre ellas 14 militares) y acceder a diversas fuentes de información, que incluyen algunos archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones.

El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de julio de 2023, menciona la negativa de algunas corporaciones civiles y militares de entregar toda la información disponible. Ante ello, la ONU-DH sostiene que los esfuerzos y avances sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa. Los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza. Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes.

Para la ONU-DH es fundamental que los avances se consoliden y expandan hasta lograr esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortificar las investigaciones y procesos judiciales en curso. Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado.

La Oficina reconoce el digno caminar de las familias que, a nueve años de la desaparición forzada de sus seres queridos, se mantienen firmes en sus exigencias y con la disposición para seguir caminando por un intrincado y doloroso sendero hasta dar con la localización de los normalistas y alcanzar el castigo de todos los responsables. La Oficina expresa también su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a las familias y han apoyado las legítimas causas que les impulsan a través de la defensa de sus derechos humanos.

La ONU-DH reitera su compromiso de seguir brindando su asesoría y acompañamiento a las familias, a sus representantes y a aquellas autoridades comprometidas con la verdad, la búsqueda efectiva y la reparación integral.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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Chile: Diputados piden pena de cárcel para lucro en educación superior

Chile/10 de Abril de 2017/Entorno Inteligente

Este viernes el gobierno ingresó la indicación sustitutiva a la reforma a la educación superior, que se votará en general el martes en la Comisión de Educación de la Cámara. En términos generales, su contenido dejó satisfechos a los parlamentarios oficialistas de la instancia, excepto por dos puntos: lucro y acreditación.

El nuevo proyecto señala que quien transgreda las normas relativas a la prohibición de lucrar será sancionado con reclusión menor en su grado medio, lo que significa entre 541 días y 3 años y un día de presidio. ¿Por qué la molestia? Porque esta pena generalmente no se cumple con privación de libertad.

«Hay que fortalecer las multas y las sanciones penales, no puede ser que no haya cárcel efectiva para quienes causan daño al sistema lucrando, algo que impacta fuertemente en la calidad de la educación y en la sociedad?, dijo Rodrigo González (PPD), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara.

Similar es la opinión del diputado Mario Venegas (DC), quien aseguró que el punto más débil de la indicación sustitutiva es la regulación en torno al lucro.»Cuando se lucra en la educación superior finalmente se deteriora el servicio educativo y el Estado debe dar garantías de que esto se sancionará fuertemente. Con irreprochable conducta anterior, cualquiera que transgreda la ley va a tener penas alternativas y seguiremos con delitos de cuello y corbata que tienen una penalización muy baja?, aseguró Venegas.

«Si queremos mover las cosas en otra dirección, las penas tienen que ser adecuadas al daño potencial que se produce. Hay que endurecer las sanciones?, dijo el diputado falangista.

En tanto, Cristina Girardi (PPD) señaló que»es necesario establecer una gradualidad. Se entiende que si te robas $ 10 no sea grave, pero si pones en peligro el servicio educativo de miles de jóvenes, como pasó con la U. del Mar, la sanción debe ser concordante con ese daño»

Explicó que esta materia no es solo potestad del Ejecutivo.»Hay acuerdo entre los parlamentarios oficialistas de la comisión de que este tema debe ser fuertemente regulado, por tanto, si el Ejecutivo no lo modifica, lo podemos hacer nosotros?, aseguró Girardi, quien agregó que»en casos de fraude al Fisco de parte de universidades debe haber pena de cárcel efectiva»

Para los legisladores la acreditación es otro punto débil y se mostraron en desacuerdo con que las universidades que se certifiquen por tres años queden condicionales.»El sistema de acreditación tiene que ser estricto y riguroso. Que existan universidades condicionales se contradice con ese principio?, dijo González, cuya postura es compartida por Girardi y Alberto Robles (PR).

Sin embargo, Venegas se mostró en desacuerdo.»Algunos quieren un sistema binario (que apruebe o rechace la acreditación) pero hay que considerar que los sistemas de acreditación son complejos, requieren tiempo. Además, el impacto de una certificación binaria se traduciría en cierre inmediato de instituciones, ¿qué hacemos con esos alumnos??, dijo.

Con todo, los parlamentarios señalaron que aprobarán la idea de legislar y buscarán los cambios en la discusión en particular.

Sin embargo, para Giorgio Jackson (RD), el aspecto del lucro es solo un pequeño ejemplo de lo insatisfactoria que es la actual reforma a la educación superior.»Es un proyecto minimalista, absolutamente insuficiente para el diagnóstico de crisis en la educación superior. No se hace cargo ni de la calidad del sistema ni de la promesa de gratuidad y tampoco revisa las eventuales crisis que pueden ocurrir en el sistema, casos como los de la U. del Mar?, señaló el diputado y ex dirigente estudiantil.

Según Jackson, algunas demostraciones de que este proyecto es peor que el anterior son que se eliminan los principios rectores que originalmente estaban en la primera parte de la iniciativa o que no hay cambios a la ley de administrador provisional.»Le comuniqué a la ministra, que dados los cambios y retrocesos desde la propuesta inicial, no hay espacio para aprobar un proyecto de estas características. Es lamentable que el gobierno esté forzando la votación de un proyecto que puede fracasar?, añadió Jackson.

En tanto, el diputado Jaime Bellolio (UDI) acusó que en la reforma solo se piensa en las instituciones del Consejo de Rectores (Cruch).»El proyecto es tan burdo que se olvida de lo clave: la calidad de las instituciones y los estudiantes»

Fuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/9846948/CHILE-Diputados-piden-pena-de-carcel-para-lucro-en-educacion-superior

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