Sector Publico

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Tensiones en región de Haití por demandas de maestros

Noticias

Centro América/ Haití/ 19.08.2019/ Fuente: www.prensa-latina.cu.

A pocas semanas del reinicio del año académico, el Ministerio de Educación de Haití enfrenta hoy una compleja situación en Ouanaminthe, al norte de esta capital, cuyos profesores exigen el pago de salarios atrasados.
Maestros de unas 13 comunas del departamento Noreste ultiman detalles de una movilización para exigir a las autoridades educativas que respondan sus demandas antes del 31 de agosto próximo.

‘Superar este plazo comprometerá la reapertura de las clases en el departamento del noreste de Haití’, amenazaron los profesionales, que también demandan la oficialización de docentes vinculados al sector público, sin percibir honorarios.

Aseguraron que cuentan con el apoyo de directivos de escuelas, y el objetivo es construir un movimiento regional para presionar a la cartera a satisfacer sus peticiones.

Criticaron asimismo, que recientemente, el portafolio prometió tarjetas de débito a los maestros del sector público, sin embargo, nunca han sido efectivas.

En los últimos años, el Ministerio de Educación ha sido blanco de numerosas críticas por el retraso en los sueldos de sus profesores y otro personal, la falta de regularización de los docentes, a lo que se suma la insatisfacción de padres y estudiantes por la calidad de las clases impartidas.

En agosto de 2018, profesores de Cabo Haitiano, segunda ciudad más importante del país, amenazaron con manifestarse el mismo día del reinicio de clases en denuncia a la negativa de la mejora de las condiciones de enseñanza en el país en general y Cabo Haitiano en particular.

También en 2018 el sector regularizó a casi siete mil maestros en menos de dos meses, sin embargo aún quedan muchos por oficializar, aseguran los demandantes.

Fuente de la noticia: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=298792&SEO=tensiones-en-region-de-haiti-por-demandas-de-maestros

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La declaración del Centenario de la OIT y los derechos maltrechos de los trabajadores

Eduardo Camín

Por: Eduardo Camín

Nunca han coexistido tantas normas, instituciones, autoridades encargadas de proteger la dignidad humana de los trabajadores a lo largo y ancho del planeta. Y sigue siendo una de las paradojas más desafiantes de nuestro tiempo la contradicción entre el bienintencionado discurso sobre los derechos laborales que producen las instituciones internacionales y los Estados nacionales y la desdichada realidad que prevalece en la mayoría de los países.

 

El pasado 8 de agosto se dio a conocer públicamente la declaración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el futuro del trabajo adoptado por la conferencia en su centésimo octava reunión, en Ginebra el 21 de junio de 2019.

 

Como único organismo tripartito de las Naciones Unidas, la OIT esta reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros para establecer normas internacionales, elaborar políticas y diseñar programas para promover el trabajo decente.

 

En estos documentos no se dan directivas precisas, son una serie de recomendaciones, plenas de buenas intenciones, pero no que necesariamente presupongan que la OIT es competente en materia de política económica y financiera internacional.

 

Asimismo, en el primer periodo de sesiones del Comité Preparatorio sobre la festividad del centenario de la (OIT), la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, anunció desarrollar su enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas, tomando en consideración las profundas transformaciones en el mundo del trabajo.

 

Resaltando que el diálogo social (la conciliación de clases), incluida la negociación colectiva y la cooperación tripartita, es un fundamento esencial de todas las actividades de la OIT y contribuye al éxito de la elaboración de políticas y la toma de decisiones en sus miembros.

 

En realidad, se ha redactado este documento que publicamos parcialmente en consonancia con el espíritu de la Declaración de Filadelfia según el cual “incumbe” a la OIT examinar y considerar cualquier programa o medida internacional de carácter económico o financiero con arreglo al objetivo fundamental de la justicia social.

 

La necesidad de actuar

 

Este año, en el que la OIT ha celebrado su centenario, era una oportunidad única para recordar que los derechos de los trabajadores son sistemáticamente violados en muchas partes del mundo. De hecho, algunos Estados hacen letra muerta de los convenios y recomendaciones de la OIT. Incluso en países que los han ratificado, sin olvidar que la OIT se enfrenta a la uberización del mundo del trabajo, una nueva economía basada en un sistema salvaje de derechos de los trabajadores.

 

Pero, en nuestros días, el trabajo se ha convertido para centenares de millones de personas en un bien escaso; un sufrimiento o un peligro para aquellos que tienen “la suerte” de trabajar.

 

Sin embargo, después de un siglo, el derecho al trabajo (relaciones y condiciones de trabajo) está codificado y las políticas laborales se elaboran en el seno de la OIT. Ciertamente, sus reglamentos han hecho posible una cierta mejora de las condiciones laborales en ciertas regiones del mundo, en particular en Europa durante el período siguiente a la II Guerra.

 

Pero hay que constatar que ni esa región del mundo escapa ya a los problemas citados y que sus países se encuentran en plena regresión en estos temas

 

Es necesario buscar el origen de todos estos problemas en la organización de la producción y la orientación de las políticas económicas. Además, tres decenios de política neoliberal, aplicada a nivel planetario y la llamada mundialización, han exacerbado las crisis.

 

Al poner a competir no sólo a los trabajadores sino también a los Estados entre ellos, y al excluir aún más la economía del campo político, esta mundialización neoliberal ha provocado una regresión en las legislaciones que regulan las relaciones de trabajo y ha debilitado aún más al ya desorientado movimiento sindical.

 

En este contexto, si bien el derecho laboral es conocido por todo el mundo, el derecho al trabajo no lo es tanto. Por supuesto, la reglamentación de las relaciones de trabajo es extremadamente importante, pero hay que gozar previamente de un empleo del que poder beneficiarse, algo nada fácil hoy en día.

 

El derecho al trabajo, que es reconocido a nivel internacional y en la mayor parte de las legislaciones, responde a esta condición previa. Como derecho humano que es, aporta al tratamiento de estas cuestiones una dimensión que rara vez se pone por delante y no es tenido en cuenta en la elaboración de las políticas y las estrategias de lucha contra el desempleo y el subempleo.

 

En todo el mundo, los derechos de los trabajadores están disminuyendo gradualmente. Más que nunca, es esencial luchar para garantizar que todos los que trabajan -en cualquier lugar del mundo- puedan hacerlo con dignidad, al tiempo que reciban un salario decente.

 

El trabajo es esencial para todas las personas en la organización de la sociedad actual. Contribuye no sólo a la formación de los individuos, sino que también es necesaria para que cada uno pueda hacer frente a sus necesidades y a las de su familia, entablar y mantener vínculos sociales y cumplir con sus deberes para con la sociedad.

 

¿Qué clase de trabajador requiere nuestra sociedad para poder funcionar bien? Las clases dominantes ya lo tienen claro. En realidad, se necesitan hombres que cooperen dócilmente en grupos numerosos con salarios paupérrimos, que deseen consumir más y más y cuyos gustos estén estandarizados y puedan ser influidos fácilmente.

 

Es decir, hacer lo previsto por el sistema.

 

Anexo: La declaración del Centenario

 

La Conferencia declara que:

 

i) asegurar una transición justa a un futuro del trabajo que contribuya al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental;

 

ii) aprovechar todo el potencial del progreso tecnológico y el crecimiento de la productividad, inclusive mediante el diálogo social, para lograr trabajo decente y desarrollo sostenible y asegurar así la dignidad, la realización personal y una distribución equitativa de los beneficios para todos;

 

iii) promover la adquisición de competencias, habilidades y calificaciones para todos los trabajadores a lo largo de la vida laboral como responsabilidad compartida entre los gobiernos y los interlocutores sociales a fin de:

 

— subsanar los déficits de competencias existentes y previstos;

 

— prestar especial atención a asegurar que los sistemas educativos y de formación respondan a las necesidades del mercado de trabajo, teniendo en cuenta la evolución del trabajo, y

 

— mejorar la capacidad de los trabajadores de aprovechar las oportunidades de trabajo decente;

 

iv) formular políticas eficaces destinadas a crear empleo pleno, productivo y libremente elegido y oportunidades de trabajo decente para todos y en particular facilitar la transición de la educación y la formación al trabajo, poniendo énfasis en la integración efectiva de los jóvenes en el mundo del trabajo;

 

v) fomentar medidas que ayuden a los trabajadores de edad a ampliar sus opciones, optimizando sus oportunidades de trabajar en condiciones buenas, productivas y saludables hasta la jubilación, y permitir un envejecimiento activo;

 

vi) promover los derechos de los trabajadores como elemento clave para alcanzar un crecimiento inclusivo y sostenible, prestando especial atención a la libertad de asociación y la libertad sindical y al reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva como derechos habilitantes;

 

vii) lograr la igualdad de género en el trabajo mediante un programa transformador, evaluando periódicamente los progresos realizados, que:

 

— asegure la igualdad de oportunidades, la participación equitativa y la igualdad de trato, incluida la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor;

 

— posibilite una repartición más equilibrada de las responsabilidades familiares;

 

— permita una mejor conciliación de la vida profesional y la vida privada, de modo que los trabajadores y los empleadores acuerden soluciones, inclusive en relación con el tiempo de trabajo, que tengan en cuentan sus necesidades y beneficios respectivos, y

 

— promueva la inversión en la economía del cuidado;

 

viii) asegurar la igualdad de oportunidades y de trato en el mundo del trabajo para las personas con discapacidad, así como para otras personas en situación de vulnerabilidad;

 

ix) apoyar el papel del sector privado como fuente principal de crecimiento económico y creación de empleo promoviendo un entorno favorable a la iniciativa empresarial y las empresas sostenibles, en particular las microempresas y pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas y la economía social y solidaria, a fin de generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles de vida para todos;

 

x) apoyar el papel del sector público como empleador relevante y proveedor de servicios públicos de calidad;

 

xi) fortalecer la administración y la inspección del trabajo;

 

xii) asegurar que las modalidades de trabajo y los modelos empresariales y de producción en sus diversas formas, también en las cadenas nacionales y mundiales de suministro, potencien las oportunidades para el progreso social y económico, posibiliten el trabajo decente y propicien el empleo pleno, productivo y libremente elegido;

 

xiii) erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, promover el trabajo decente para todos y fomentar la cooperación transfronteriza, inclusive en áreas o sectores de alta integración internacional;

 

xiv) promover la transición de la economía informal a la economía formal, prestando la debida atención a las zonas rurales;

 

xv) adoptar y ampliar sistemas de protección social que sean adecuados y sostenibles y estén adaptados a la evolución del mundo del trabajo;

 

xvi) profundizar e intensificar su labor sobre migración laboral internacional en respuesta a las necesidades de los mandantes y asumir una función de liderazgo en materia de trabajo decente en la migración laboral, y

 

xvii) intensificar la participación y cooperación en el sistema multilateral a fin de reforzar la coherencia de las políticas, en consonancia con el reconocimiento de que:

 

— el trabajo decente es clave para el desarrollo sostenible, así como para reducir la desigualdad de ingresos y acabar con la pobreza, prestando especial atención a las zonas afectadas por conflictos, desastres y otras emergencias humanitarias, y

 

— en un contexto de globalización, la no adopción por un país de condiciones de trabajo humanas constituiría más que nunca un obstáculo al progreso en todos los demás países.

 

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/201599

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Docentes latinoamericanos resisten en cruzada contra los que profesan la fe en el conocimiento

Javier Tolcachier

Por: Javier Tolcachier 

No estoy en el mundo simplemente para adaptarme a él, sino para transformarlo

 Paulo Freire

Profesan la fe en el conocimiento, lo declaran y practican públicamente y a diario. Son los que llamamos “profesores”. Maestros, que en cada rincón del planeta se ocupan de que cada niña o niño se sume en corto tiempo a la corriente milenaria del progreso humano. Docentes, que viven en el intento de acompañar, contener, ayudar a resolver o a mitigar las contradicciones acumuladas por ese mismo proceso.

¿Quién podría perseguir o reprimir, quién osaría cercenar los derechos de este pueblo del conocer? ¿Podría acaso alguien poner en entredicho su dedicada entrega, limitar o desfavorecer su sagrada vocación? ¿Quién se arrogaría criticar tan elevada misión? ¿Quién obstaculizar su cometido? Y sin embargo…

En Honduras, el sector magisterial es violentamente reprimido mientras sostiene protestas y paros desde hace varias semanas. La derogación de los decretos que abrían la puerta a despidos masivos y privatización de la educación no conforma a un amplio sector de maestros, quienes descreen que el gobierno inconstitucional de Juan Orlando Hernández tenga interés en fortalecer el sector público de la educación.

En Chile, los profesores iniciaron el 3 de Junio un paro nacional indefinido luego de las reiteradas negativas del Ministerio de Educación a dar respuestas a la crisis de la Educación Pública. Con la medida de fuerza los docentes reclaman que el gobierno se retracte del cambio curricular que hace optativas las materias de Historia, Artes y Educación Física, repare la Deuda Histórica, remedie el agobio y mejore las condiciones laborales de los maestros.

Cientos de miles salen también a la calle para repudiar los dramáticos recortes de presupuesto para la educación y la investigación científica en Brasil. A ello se suma la línea ideológica con la que el gobierno de Bolsonaro pretende censurar la práctica académica, limitar derechos, eliminar contenidos progresistas y ensalzar la sangrienta dictadura de 1964.

El reclamo por mayores recursos para infraestructura escolar, protección a la salud de los docentes, garantías al acceso a la educación gratuita y jerarquización de la educación pública movilizan a los docentes en Colombia, mientras que en Ecuador maestros jubilados debieron iniciar una huelga de hambre en la Asamblea Nacional para exigir el pago de haberes atrasados.

En Puerto Rico, un amplio arco de organizaciones nucleadas en el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) marchó en Marzo de este año en rechazo a las “escuelas chárter”, al tráfico de influencias y contra el mal manejo de fondos públicos para beneficiar intereses privados.

En Costa Rica los sindicatos docentes luchan contra la intención gubernamental de declarar a la educación como “servicio esencial”, subvirtiendo así el Derecho a huelga de los trabajadores de la educación.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó un plantón en el Congreso mexicano contra la sanción de lo que consideran una apenas remozada nueva-vieja Reforma educativa, rechazando las evaluaciones compulsivas como mecanismo que pone en riesgo su estabilidad laboral.

En Argentina, la pérdida de poder adquisitivo de los maestros, la represión de la protesta, la difamación y amenazas a la dirigencia sindical han sido moneda corriente en el gobierno de Macri.

Más allá de los matices locales, la homogeneidad de este cuadro en los países gobernados por la derecha en América Latina y el Caribe responde sin duda a un patrón global.

¿Dónde están, cuántos son, los valientes del pizarrón?

Según consignan las estadísticas de la UNESCO, en el nivel preprimario de la región latinoamericano caribeña hay algo más de un millón de docentes, poco más de 3 millones en la primaria y 3.9 millones en la secundaria. El perfil de género es significativo: las educadoras constituyen un 95% en la etapa inicial, 78% en la primaria y algo menor, pero todavía mayoritaria, es la participación femenina de un 57% en el escalón secundario.

En promedio regional, por aula cada docente se ocupa de unos 20 párvulos, de casi 22 alumnos en la escuela primaria y de algo más de 16 educandos en el nivel secundario. Las disparidades, sin embargo, son elocuentes: Mientras el número de estudiantes por profesor es bajo en Cuba (9), Uruguay (11) o Costa Rica (12), revelando el enorme papel que históricamente tiene la educación en estas naciones, en países como Nicaragua (30, según último dato 2010), El Salvador (28), México (27), Honduras (26) o Colombia (24) la proporción aumenta enormemente, dando cuenta de las dificultades de docentes y educandos para avanzar con el aprendizaje.

Esto guarda directa correlación con el presupuesto que destinan los gobiernos a la misión educativa en relación al PBI. Mientras Cuba se sostiene invicta en la cúspide con casi un 13%, naciones como Panamá o Guatemala rondan un magro 3%; mientras Bolivia o Costa Rica invierten más del 7% del PBI (2015), Chile, Paraguay, Nicaragua, Colombia o Uruguay no llegan al 5%.

Las 7 plagas neoliberales en la educación

El Banco Mundial, por ejemplo, –entidad cuyos principales accionistas son Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos – opina que “realizar inversiones inteligentes y eficaces en las personas resulta imprescindible para desarrollar el capital humano con el que se pondrá fin a la pobreza extrema.” Entiéndase bien: capital humano no es aquí un dinerillo del que todos pueden disponer, sino la increíble visión que reduce lo humano a un factor económico.

En la misma introducción, el Grupo -cuyo actual presidente David Malpass se desempeñó antes como subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos- dice que “trabaja con los países para fortalecer y alinear sus sistemas educativos, de manera que se haga hincapié en garantizar que todos los niños aprendan.” Entre otros elementos “benéficos” este banco, uno de los pilares centrales del esquema financiero y de desigualdad internacional de la posguerra, “ayuda a los países a definir las competencias y los conocimientos que se deben enseñar, a brindar apoyo a los docentes y a los establecimientos educativos para establecer estrategias de instrucción eficaces, y a medir el aprendizaje de los alumnos.”

Esta mirada, alineada (y alienada) con los intereses de los más altos estamentos del poder financiero mundial, permite entender porqué entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conformada por 36 países del capitalismo occidental, ha desarrollado un sistema de evaluación internacional de estudiantes conocido como PISA, a través del cual, directa o indirectamente, se pondera también el desempeño del cuerpo docente y de los Estados.

Como de manera arrogante se indica en su sitio web, este programa “busca determinar qué es importante que los ciudadanos sepan y puedan hacer”. La explicación continúa así:”PISA evalúa hasta qué punto los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cerca del final de su educación obligatoria han adquirido los conocimientos y habilidades que son esenciales para la plena participación en las sociedades modernas”. El test en cuestión contiene pruebas de lectura, matemáticas y ciencias, pero además, en algunos países se han incluido recientemente problemas de “literatura financiera y competencia global”.

Lejos de restringirse a sus miembros, el programa se ha extendido ya a 80 países. Sin duda que el muestreo no da cuenta de la real capacidad estudiantil o de los sistemas educativos, sino que revela el grado de vasallaje de los países que lo aplican de someterse al monitoreo global de la educación por parte de los centros del capital.

Según la integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre Reformas y Contrarreformas Educativas Iliana Marina Lo Priore Infante, con esta estandarización jerarquizadora se induce “la aceptación de escalas estratificadoras socioculturalmente en la educación que se correspondan con la división social y jerárquica que reproduce la sociedad capitalista” y “ se pretende que los países que presuntamente salieron rezagados en las posiciones “deben” imitar en sus políticas y prácticas educativas a los países que resultaron mejor ubicados, con base a las orientaciones de la OCDE.”

La investigadora agrega que así se asimila la educación a la noción de capacitación y no se ve como un proceso holístico, integral, global, humanizado, además de invisibilizar los avances de inclusión educativa en algunas regiones, como es el caso de América Latina, al sobrevalorar criterios de calidad tecnocráticos de la educación.

Es evidente que los resultados de las evaluaciones son consistentes con su propósito, que es hacer llover sobre el mundo educativo las siete plagas del dios dinero.

Mercantilización y Privatización

La Educación pública y gratuita es un logro histórico colectivo hacia la nivelación de oportunidades. El tratamiento de la educación como mercancía y su direccionamiento privatizador representan un ataque directo a la posibilidad de ascenso y cohesión social.

Desfinanciamiento educativo del sector público

Los gobiernos de derecha asumen políticas de desinversión pública, amparados en el supuesto cuidado de no incurrir en déficits presupuestarios. La educación, junto a la salud, suelen ser sus primeros blancos. Por lo demás, si bien el monto global de recursos destinados por el Estado a la educación es un primer indicador, la desagregación de su destino es fundamental. En muchos países los recursos públicos se transfieren a entidades privadas ya sea mediante convenios o cubriendo los salarios de personal en sus establecimientos. Algo similar ocurre con la compra de bienes y servicios. Éstos se tercerizan a empresas cuyas prestaciones, enfocadas en la maximización de beneficios, colocan al sector educativo en calidad de rehén.

En el mismo sentido actúa la municipalización, la que escondida bajo el manto de descentralización administrativa y posibilidad de incluir contenidos locales, impide compensar las dificultades presupuestarias de comunas más pobres, eliminando la mediación niveladora del Estado entre distintos segmentos sociales.

Estandarización, difamación y premio-castigo

Junto a los testeos estudiantiles, se han implantado sistemas de evaluación a la docencia, con punición o recompensa según los resultados. Es frecuente la utilización de estas pruebas estandarizadas para difamar al magisterio, culpándolo del fracaso del sistema. Esta visión tecnocrática y competitiva de la educación, agrega inestabilidad y presión, abriendo la puerta a la precarización, el despido, la enfermedad y el malestar de miles de maestros.

Cosificación al servicio del mercado

El capital exige que el sistema educativo sirva a sus necesidades inmediatas y mediatas. Se “enseña” para conseguir mano de obra “apta”, se instalan en el imaginario individual y colectivo “virtudes” como innovación o eficiencia, se fomenta la potenciación unilateral de capacidades en desmedro de un desarrollo integral y armónico, se apadrinan la competencia y el mérito, se potencian actitudes de tecnificación, se desprestigia lo público y lo colectivo. Los educandos son cifras en planilla tecnocráticas y objetos sin intención, conciencias vacías que hay que llenar. Los docentes, en este esquema, son apenas ejecutores de un plan de sometimiento acrítico a los parámetros existentes.

Gobernanza corporativa en la definición de la política pública educativa

A través del tráfico de influencias, donativos, prácticas de lobby o presión sobre la opinión pública a través de los medios masivos (cuyos grupos hegemónicos están fuertemente ligados al negocio educativo), el sector privatista incide crecientemente en las decisiones públicas. Como lo indica el Mapeo sobre Tendencias de la Privatización en América Latina y el Caribe (CLADE: 2014) mediante la “participación de empresas o redes empresariales en la elaboración de la agenda educativa nacional y regional; la presencia de programas desarrollados por el sector empresarial y la presencia directa de este segmento en órganos públicos y cargos estratégicos para definir dicha agenda, lo que implica un conflicto de intereses manifiesto.”

La financiarización educativa

El informe de la CLADE citado anteriormente señala incluso modalidades tales como la negociación de matrículas en forma de “commodities” en la bolsa de valores, a modo de activos que garantizan rendimientos a futuro. A lo que hay que sumar el endeudamiento forzado del estudiantado en algunos países, como único modo de afrontar el costo de onerosas carreras universitarias.

El sometimiento cultural

Al estar impregnadas por el virus globalizador, las empresas de educación privadas tienden a formar parte de redes internacionales. Los programas pasan a depender de contenidos fabricados en los países centrales, los que a través de nucleamientos como la OCDE, dictaminan los modos y criterios de evaluación. Todo el esquema conspira contra la afirmación e integración de la multiplicidad de identidades propias, implica una mengua de soberanía, de diversidad cultural y la degradación de la lógica democrática, pública y participativa.

La cruzada oscurantista

A los flagelos anteriores se agregan los vientos de irracionalismo que surcan la época. La exclusión sistemática de una porción significativa de la sociedad de los circuitos de protección social, la cerrazón de futuro individual y colectivo junto a la velocidad de transformaciones que resulta arduo digerir, configuran un malestar que es captado por corrientes retrógradas para engrosar sus filas. Este fenómeno, expandido de modo mercantil, pisa sobre terreno fertilizado por el abandono y ha cobrado fuerza en las periferias tanto urbanas como rurales.

La clave de su avance está en la proposición de “volver el tiempo atrás”, a tiempos de una “moralidad” falsamente idealizada pero de perfil más reconocible y ciertamente más estable. Tal imposibilidad histórica arroja sin embargo arcaísmos monstruosos sobre la superficie política, los que rápidamente actúan sobre el aparato educativo para volverlo afín a sus propósitos. De trasfondo actúa la idea de un retroceso civilizatorio a épocas pretéritas, en las que el conocimiento libre, el pensamiento racional y crítico no debían rebasar los límites doctrinales determinados por el poder eclesiástico.

Arriba los que creen en el conocimiento y luchan por él

El azote que propina el sistema capitalista a los que acercan diariamente a niños, niñas y jóvenes a beber de la fuente del conocimiento, es una muestra de su lógica cruel. Cuanto menos redituable para el poder, más fuertes son los latigazos. De nada sirven aquí la súplica, el consentimiento, la inacción, ni la adaptación a la injusticia flagrante. Así lo indican las luchas en curso, en las que profesores y educandos defienden un derecho humano inviolable.

Pretender que los frutos del conocimiento colectivo sirvan tan sólo a la voracidad particular es un barbarismo que debe ser desechado. Por eso es en la educación donde se juega la bifurcación de senderos entre una real igualdad de oportunidades y la perpetuación de un mundo de segregación y violencia, entre la posibilidad de transformar la realidad en sentido humanista o sucumbir a ella.

Tenemos profunda confianza en que triunfarán los que proclaman la fe en el conocimiento. Convicción fundada, más allá de las coyunturas, en su historial de victorias ante la opresión.

Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=257038

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Maestros protestan para exigir más puestos de trabajo en Grecia

Noticias

Europa/ Grecia/ 15.01.2019/ Fuente: www.telesurtv.net.

En los últimos años, el Gobierno griego ha implementado un recorte presupuestario que generó ninguna contratación de docentes en el sector público.

Al menos 3.000 maestros salieron este lunes a protestar en las calles de Atenas, capital de Grecia, para exigirle al Gobierno la creación de más puestos de trabajo para docentes de primaria en el país.

Tras los llamados de huelga, varios gremios sindicales y miles de profesores se congregaron a las afueras del Parlamento griego para demandar cambios en los programas del Gobierno y el aumento de las contrataciones en el sector público.

Durante la jornada de protesta, organizaciones humanitarias denunciaron que miembros de la policía antidisturbios de Atenas reprimieron a los manifestantes con bombas lacrimógenas y carros especiales para lanzar chorros de agua.

Organizaciones humanitarias denunciaron la represión de la Policía contra los manifestantes. I Foto: Reuters

Los profesores aseguran que, debido al poco personal y a las reducciones en los puestos de trabajo, deben lidiar con una mayor carga laboral. Asimismo, reivindicaron la defensa de los derechos de muchos docentes y profesionales que se encuentran sin trabajo en todo el país.

En los últimos años, el Gobierno griego ha implementado un recorte presupuestario enfocado en la disminución del gasto público y, en consecuencia, no se han realizado nuevas contrataciones en el sector educativo.

Por otro lado, cientos de estudiantes de la Universidad Aristóteles en Tesalónica salieron a manifestar en rechazo a la actual política educativa y el alto costo de las matrículas estudiantiles.

Fuente de la noticia: https://www.telesurtv.net/news/maestros-protesta-grecia-protestas-puestos-trabajo-gobierno-20190114-0024.html

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Más de 8 millones de estudiantes regresan a clases

Noticias

América del Sur/ Venezuela/ 07.01.2018/ Fuente: www.eluniversal.com.

En el retorno a las aulas persistirá malestar de docentes por tablas salariales

Autoridades estiman que más de ocho millones de estudiantes regresen hoy a clases en las escuelas y los liceos del territorio nacional tras el asueto de Navidad y Año Nuevo.

De este total, 6 millones 442.269 están inscritos en planteles públicos, de los cuales 1 millón 575.714 están registrados en educación inicial; 2 millones 869.310 en primaria; 1 millón 651.001 pertenecen al nivel de educación media; 135 mil 512 a educación técnica; 171 mil 643 en educación de adultos, y 39 mil 117 están en el nivel de educación especial, reseñó AVN.
En su cuenta de Twitter el Ministerio para la Educación informó que el personal docente, administrativo y obrero participó en jornadas de mantenimiento escolar, para la vuelta a los planteles educativos.
El pasado jueves 3 de enero, el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz, sostuvo el primer gabinete ministerial de esta cartera de 2019, con la finalidad de apoyar las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro «que buscan fortalecer el Sistema Educativo Bolivariano».
El titular de Educación informó sobre la primera videoconferencia del año que lideró la semana pasada, junto a los viceministros, presidentes de entes adscritos, jefes de Zonas Educativas y de División; y jefes de las misiones a escala nacional, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Desde la zona educativa del estado Anzoátegui, Istúriz aprovechó la oportunidad para anunciar el regreso a clases e invitó a toda la comunidad educativa a participar activamente en diversas actividades.
Aristóbulo Istúriz aseguró la semana pasada que en 2018 se firmaron 140 contratos colectivos, de los cuales 20 fueron en el sector público, lo que beneficia a 5.894.510 trabajadores.
Cuadrillas de la gobernación del estado Miranda y distintos equipos de trabajo voluntario atendieron 1.500 escuelas de la entidad a las que hoy, están llamados cerca de 400.000 alumnos a retomar las clases.
En Nueva Esparta docentes, representantes y personal de ministerio de Educación llevarán a cabo jornadas de trabajo voluntario en las escuelas y demás planteles. Asimismo, las diversas zonas educativas del país preparan actividades deportivas, a propósito de la Celebración del Día Nacional del Deporte celebrado ayer, así como para conmemorar el día del Educador el 15 de enero.
Por otra parte, la investigadora Olga Ramos, miembro de la asociación civil Asamblea de Educación, alertó que los estudiantes y miembros de la comunidad educativa enfrentarán los mismos problemas que empañaron el primer trimestre del año escolar 2018-2019, muchos de los que se agudizarán debido, en parte, a la hiperinflación.
La también presidenta del Observatorio Educativo de Venezuela estima que en aquellas escuelas donde no se realizaron reparaciones en su infraestructura durante las vacaciones se acelerarán las averías. Algo asimilar vaticinó para aquellos planteles que reportaron fallas de agua o electricidad que entorpecen el desarrollo de las actividades. La profesora considera que en este regreso a clases persistirá el malestar del personal docente que desató distintas protestas en los últimos meses del año pasado para exigir reivindicaciones salariales y otras exigencias.
Fuente de la noticia: http://www.eluniversal.com/politica/29879/mas-de-8-millones-de-estudiantes-regresan-a-clases
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Educación, un desafío que trasciende el presupuesto

Diego Penizzotto

Por: DIEGO PENIZZOTTO

Una vez más, la inminencia del comienzo de clases y los reclamos salariales, hacen renacer el debate acerca de la calidad del sistema educativo argentino.

La multiplicidad de matices que presenta la problemática exige un abordaje complejo. La incertidumbre que presenta el futuro para los niños y adolescentes de hoy, obliga a ser certeros en la elaboración de políticas públicas y en la asignación de recursos, para atender el contexto de híperconectividad y el nuevo perfil de los alumnos en el siglo XXI. Diferentes estudios acerca del futuro del empleo global, indican que el 65% de los alumnos que ingresan este año a la escuela primaria, trabajarán en empleos que aun no existen. El desafío es inconmensurable.

El análisis no se agota en los datos, pero los mismos permiten obtener un panorama amplio como punto de partida.

La incidencia del gasto

El interrogante es si mayor presupuesto implica per sé, mayor calidad educativa. Si la respuesta se busca solo en el rendimiento académico, el resultado puede ser decepcionante. Sin embargo, la calidad educativa no reside solo en el resultado de un test que se lleva a cabo una vez al año. La infraestructura, la construcción socio cultural, y la contención emocional, también son condiciones necesarias para lograr una mejora cualitativa.

El infograma adjunto muestra el gasto por alumno a valores del año 2017. La tendencia muestra que en Argentina el gasto por alumno creció un 25,8% entre 2003 y 2015, y cayó un 6,2% en 2016 (último dato disponible). En la región, el nivel de gasto es sensiblemente mayor y creció más que a nivel nacional. En Río Negro el gasto creció 34% entre 2003 y 2015, y cayó un 11% en 2016, y en Neuquén lo hizo un 43% y la merma de 2016 llegó al 6%.

Suele señalarse que el Estado asigna un gran presupuesto para un sistema público que expulsa alumnos hacia el sector privado. Una lectura que debiera ser matizada no solo a la luz del gasto educativo, si no en base a la evolución de las condiciones de vida de los alumnos. La estadística muestra que entre 2003 y 2015 la matrícula privada a nivel nacional creció un 27% en las escuelas privadas y cayó un 12% en las escuelas públicas. Tal evolución solo es posible si durante el mismo periodo se produjo una mejora en el poder adquisitivo de la familia media, que puede acceder al pago de una cuota.

Por lo pronto, cierto es que el fuerte incremento en las partidas, no pareciera traducirse en una mejora radical de los resultados obtenidos, no solo en cuanto al rendimiento de los alumnos, sino también en la escuela como red de contención social.

Resultados preocupantes

El desembarco de la nueva gestión nacional a fines de 2015, significó el reemplazo del antiguo Operativo Nacional de Evaluación (ONE), por el renovado operativo Aprender. Hasta el momento solo se conocen los resultados de Aprender 2016, y la foto es preocupante. El relevamiento indica que a nivel nacional solo el 34% de los alumnos de 6° grado, alcanza un nivel satisfactorio en lengua y un 39% lo logra en matemáticas. El registro es mejor en Río Negro y Neuquén donde el 36% alcanza un nivel satisfactorio en lengua y un 40% lo hace en matemática.

Entre los alumnos que finalizan el nivel secundario, el nivel es aun más bajo. Los resultados indican que a nivel nacional el 44% de los alumnos alcanza un nivel satisfactorio en lengua, pero hay un 23% de los alumnos que no alcanza el nivel más básico en la materia. Las dificultades en la escritura o la comprensión de textos se manifiestan más tarde al avanzar a la educación superior, o sencillamente al buscar empleo. Mucho más preocupante es el resultado en matemática, donde solo el 25% de los alumnos de 5° año alcanza un nivel satisfactorio, mientras que el 41% está por debajo del nivel básico. En la región, los datos son más positivos, pero no menos alarmantes. En Río Negro el 36% de los alumnos de 5° año no logran el nivel básico de matemática, mientras que en Neuquén el registro llega al 30%.

Salarios deprimidos

A la hora de discutir sobre presupuesto y gasto, el principal ítem corresponde a los salarios. En las provincias, el 85% del presupuesto educativo corresponde a la masa salarial, y pese a ello, los salarios han visto reducido su poder de compra en los últimos tres años. Un reciente estudio publicado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) da cuenta de ello. El informe toma como caso testigo la evolución del salario docente en la provincia de Buenos Aires, incluyendo la incidencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), expresado a valores del año 2017. La propuesta del gobierno provincial para 2018, es un aumento del 15% anual más un plus por presentismo. El infograma adjunto muestra que aún con el plus por presentismo, la propuesta implica una merma del 3% en el poder adquisitivo del salario en 2018, que se acumula a la pérdida del 7% registrada entre 2015 y 2017. El estudio realiza una estimación del incremento necesario para sostener el poder adquisitivo en el mismo nivel de 2017, utilizando el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central. Concluye que el aumento no debería ser menor al 20% para evitar que la inflación de 2018 deprima el poder de compra de los salarios docentes.

1. ¿Cuál es el principal problema del sistema educativo argentino?
2. ¿Cree que publicar los resultados por escuela mejoraría la calidad?
3. ¿Mayor presupuesto se traduce en mejor calidad?
4. ¿Es adecuada la descentralización de la política educativa?
Alejandra Cardini
Dra. en Educación
Lic. en Sociología
Dir. de Educación del Cippec

1) Uno de los mayores desafíos es el nivel secundario. El secundario enfrenta serios retos para atraer, retener y graduar a todos los jóvenes. Es necesaria una propuesta transformadora, más cercana a los intereses de los jóvenes, centrada en el acompañamiento y sostén de sus trayectorias y en el apoyo a la confección de proyectos de vida con inclusión. Otro nudo estructural es la carrera docente. Es necesario cambiar la carrera profesional vertical (cuyos ascensos y aumentos salariales dependen de la antigüedad) por otra horizontal, que contemple recorridos y puestos diferentes para las distintas tareas escolares.

2) Dar a conocer los resultados por escuela despierta controversias. Los resultados no necesitan ser públicos para que las escuelas trabajen y armen estrategias de mejora. Hacerlos públicos implica responsabilizar a las escuelas por los resultados, cuando las pruebas muestran solo un aspecto de lo que sucede en las escuelas y, sobre todo, lo hacen de manera descontextualizada.

3) Existe una relación entre presupuesto y calidad educativa, pero no es directa. Hay consenso internacional acerca de la necesidad de invertir en educación al menos 6% del PBI, algo que Argentina alcanzó con la Ley de Financiamiento Educativo. Pero el impacto de esta inversión sobre la mejora educativa se dirime en la calidad de ese gasto, en el tipo de políticas implementadas.

4) El rol compensador del Estado nacional es fundamental. En la Argentina, la gestión de la educación está en manos de las provincias. Esto deriva en realidades y sistemas educativos profundamente desiguales, dada la intersección entre las desigualdades históricas del desarrollo regional y el injusto esquema de reparto de recursos fiscales vigente (la Coparticipación Federal de Impuestos).

Alberto Taquini
Dr. en Medicina. Exdecano de la Facultad de Farmacia (UBA).
Miembro Acad. Nac. de Educ.

1) Vivimos en un mundo global, donde los mecanismos de aprendizaje han cambiado sustancialmente. Los medios de comunicación, internet y la telefonía móvil han cambiado el acceso al conocimiento. La instrucción hoy debe enfocarse en el aprender a aprender, para generar un alumno autónomo que maneje la lectoescritura, el pensamiento lógico matemático y el método científico. Parte de la crisis del sistema educativo argentino, tiene que ver con la obsolescencia global de la enseñanza. A ello se suma en Argentina el desorden administrativo del sistema, que lleva a una mala aplicación de los fondos.

2) Cuanto mayor transparencia en la información, mejor. En algunas regiones, por ejemplo en zonas rurales, donde no hay competencia escolar, dar transparencia en la información es complicado. Pero en ciudades medianas y grandes, donde hay distintos establecimientos públicos y privados, soy partidario de dar a conocer todos los datos.

3) El porcentaje del PBI que Argentina dedica a la educación, es adecuado, pero la utilización de los recursos es insuficiente. La descentralización y la ejecución presupuestaria por unidad de gestión, aumenta la eficiencia y evita duplicaciones. La gestión escolar no debería estar en manos de los docentes, sino a cargo de administradores del sector público.

4) Como concepto, estoy a favor de la descentralización, tanto a nivel de las provincias, como dentro de las regiones provinciales, y en las escuelas. No quiere decir que se desconoce el valor de un organismo provincial integrado en el Consejo Federal para capacitación y ordenamiento de las políticas. La conectividad permitiría hoy que todos los desarrollos tecnológicos y pedagógicos en las provincias estén integrados.

Gustavo Iaies
Mg. en Educación
Lic. en Cs. de la Educación
Coord. Gral. Escuela Iberoamericana de Gob. Educ.

1) El principal problema hoy, es la dificultad para cambiar. Es un sistema muy conservador y el Estado tanto nacional como provincial tiene un nivel de gobernabilidad muy bajo sobre las escuelas. Es por ello que las familias optan cada vez más por opciones de gestión privada, una tendencia muy marcada durante los últimos 15 años. Probablemente, la migración no se trate solo con la calidad, sino simplemente con la cantidad de días de clase, cantidad de maestros o de contenidos mínimos.

2) Yo no empezaría por abrir los resultados a los padres, sino por abrir los datos al equipo de la escuela, donde está el insumo más importante de la mejora. Es saludable decirle al director y a los maestros donde están los problemas de los alumnos y como trabajar para mejorar. Una vez que uno generó ese hábito, está bien comunicárselo a la comunidad, porque la comunidad es dueña de esos datos.

3) El presupuesto es una herramienta de política, pero debe ser pensado en términos de mejora. Así como venimos, pagando más por cualquier cosa, no creo que haya mejoras. Pero si uno empieza a incorporar incentivos a la calidad, al presentismo, a la retención de alumnos en la escuela, es posible que haya mejoras. Por ahora dentro del sistema, nadie siente que el componente financiero juegue contra su propia realidad.

4) El sistema dejó de manejarse únicamente desde arriba, y mucho de lo que pasa surge abajo. Lo que pasa en la escuela tiene mucho que ver con su entorno. Hay que trabajar en un esquema con un polo arriba y un polo abajo. Políticas que se gestionen en la escuela, con objetivos de mejora, y el Ministerio bajando lineamientos en cuanto a evaluación y materiales. Es muy difícil hoy decirle a cada escuela lo que tiene que hacer en cada lugar.

Dato
41%
De los alumnos del último año de secundaria, no alcanzan el nivel más básico en matemática.
Fuente del Artículo:
https://www.rionegro.com.ar/pulso/educacion-un-desafio-que-trasciende-el-presupuesto-CM4583015
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Perú: Bono por escolaridad de S/ 400 para sector público se deposita este mes

Noticias

América del sur/Perú/13 Enero 2018/Fuente: Gestión

Se otorgará a los funcionarios que tengan un tiempo no menor a tres meses en el sector público, de lo contrario se hará en forma proporcional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dictó disposiciones reglamentarias para otorgar S/ 400 por la bonificación por escolaridad para los funcionarios y servidores públicos, así como para determinados pensionistas.

Mediante Decreto Supremo 002-2018-EF (ver aquí), publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se establecen estas disposiciones para entregar la bonificación por escolaridad, que se abonará por única vez en la planilla de pagos de enero del 2018.

Esto fue fijado así en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

La norma indica que la bonificación por escolaridad se financiará con cargo a los créditos presupuestarios asignados para dicho fin en el presupuesto institucional de las entidades públicas.

Beneficiarios
La bonificación por escolaridad se otorga a favor de los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 y la Ley 29944; de los docentes universitarios a los que se refiere la Ley 30220 y del personal de la salud contemplado en el Decreto Legislativo 1153.

También favorece a los obreros permanentes y eventuales del sector público, al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley 15117, los decretos leyes 19846 y 20530, el Decreto Supremo 051-88-PCM y la Ley 28091.

Los trabajadores del sector público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada perciben la bonificación por escolaridad, conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley 30693 (Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018).

Los servidores penitenciarios perciben la bonificación por escolaridad de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Los auxiliares de educación nombrados y contratados en las instituciones educativas públicas perciben la bonificación por escolaridad, conforme a lo establecido en la ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial.

Los docentes de institutos y escuelas de educación superior públicos perciben la bonificación por escolaridad, conforme a lo establecido el artículo 99 de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.

Requisitos
El personal beneficiario tendrá derecho a percibir la bonificación por escolaridad, siempre que cumpla de manera conjunta con las siguientes condiciones:

  • a) Estar laborando a la fecha de vigencia de la presente norma, o en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
  • b) Contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres meses a la fecha prevista en el literal precedente. Si no contara con el referido tiempo de tres meses, dicho beneficio se abona en forma proporcional a los meses laborados.

Cabe indicar que los funcionarios, servidores y pensionistas de la administración pública reciben la bonificación por escolaridad en una sola repartición, debiendo ser otorgada en aquella que abona los incrementos por costo de vida.

La bonificación por escolaridad no está afecta a los descuentos por cargas sociales, fondos especiales de retiro ni aportaciones al Sistema Privado de Pensiones.

Asimismo, la bonificación por escolaridad no constituye base de cálculo para el reajuste de cualquier tipo de remuneración, bonificación, beneficio o pensión.

Fuente: https://gestion.pe/economia/bono-escolaridad-s-400-sector-publico-deposita-mes-224598

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