Seguridad

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Prohibición del uso de celulares en escuelas y colegios de Ecuador: ¿es la solución para mejorar la atención y la seguridad de los estudiantes?

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Expertos analizan los pros y los contras que causan el uso de dispositivos tecnológicos en los estudiantes.

El uso de teléfonos celulares en las escuelas y colegios de Ecuador se ha convertido en un tema central de debate a raíz de las declaraciones de la ministra de Educación, Alegría Crespo, quien anunció que se está evaluando la posibilidad de prohibir estos dispositivos durante la jornada escolar.

 

La discusión, que ha desatado reacciones en redes sociales, pone en la balanza los beneficios y riesgos asociados con el uso de los celulares en el contexto educativo.

 

Las declaraciones de la ministra Crespo se dieron el 28 de agosto, a pocos días del inicio del nuevo año escolar en el régimen Sierra-Amazonía, durante una entrevista radial con el medio Nueva RCN.

 

La ministra señaló que la prohibición del uso de celulares en los establecimientos educativos es una política en discusión, inspirada en medidas similares adoptadas en países del primer mundo.

 

Crespo mencionó que la medida podría ser necesaria para combatir la inseguridad que, según ella, “también entra por los celulares”. Además, argumentó que existe una preocupación creciente sobre el impacto negativo de la tecnología en la concentración y el desarrollo neurológico de los estudiantes.

 

“Cada vez se vuelve más evidente el posible daño que causa el uso prolongado de la tecnología y, posiblemente, este supere a las bondades que se pueden encontrar en estos dispositivos”, afirmó.

Mariana Rivera, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), enfatizó que el uso de celulares en el ámbito escolar es un tema complejo que requiere un análisis profundo.

 

Para Rivera, el celular puede ser una herramienta poderosa si se utiliza con objetivos claros y bajo la guía adecuada de los docentes.

 

Rivera destacó seis beneficios clave del uso de celulares en las escuelas:

1. Acceso a información y recursos educativos: los celulares permiten a los estudiantes acceder rápidamente a información, materiales de estudio y recursos en línea, como tutoriales y aplicaciones educativas, que pueden complementar el aprendizaje en clase.

2. Desarrollo de habilidades digitales: el uso de la tecnología en el aula ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades esenciales para el siglo XXI, como la búsqueda de información y la familiaridad con herramientas de productividad.

3. Facilitación de la comunicación y colaboración: los celulares permiten la interacción entre estudiantes y profesores a través de plataformas educativas y redes sociales, lo que promueve la colaboración y el aprendizaje activo.

 

4. Personalización del aprendizaje: los dispositivos móviles permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo, ya que se utilizan aplicaciones y plataformas que se adaptan a sus necesidades individuales.

5. Organización y gestión del tiempo: aplicaciones como calendarios y recordatorios ayudan a los estudiantes a organizarse mejor y gestionar sus responsabilidades académicas.

6. Incorporación de realidad aumentada y ludificación: los celulares pueden ser una puerta de entrada a experiencias educativas más dinámicas, como la realidad aumentada y los juegos educativos, que pueden hacer el aprendizaje más atractivo.

 

No obstante, Rivera advirtió que estos beneficios solo se pueden alcanzar si existe un acompañamiento adecuado por parte de los docentes y si se establecen objetivos claros para el uso de estas herramientas en el aula.

 

A pesar de los beneficios, Rivera también mencionó varios riesgos asociados con el uso de celulares en el entorno educativo:

 

1. Distracción y bajo rendimiento académico: los celulares pueden ser una fuente constante de distracción, especialmente si los docentes no integran adecuadamente la tecnología en sus clases.

 

2. Ciberseguridad y privacidad: el uso de celulares en la escuela puede exponer a los estudiantes a riesgos de ciberseguridad, como el acceso a contenido inapropiado o el ciberacoso.

 

3. Dependencia tecnológica: el uso excesivo de celulares puede llevar a una dependencia tecnológica, lo que afecta a las habilidades sociales y la capacidad de interactuar cara a cara.

 

4. Desigualdad en el acceso: no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos de la misma calidad, lo que puede acentuar las desigualdades en el aula.

 

5. Impacto en la salud física y mental: el uso prolongado de dispositivos móviles puede causar problemas de visión, postura inadecuada y aumento del estrés o ansiedad.

 

6. Dificultad para regular el uso de la tecnología: establecer y hacer cumplir normas claras sobre el uso de celulares en el aula puede ser un desafío para los docentes.

 

7. Usos no éticos de la tecnología: el mal uso de los celulares en el aula, como el acoso o la difusión de contenido inapropiado, también es un riesgo a considerar.

 

Rivera concluyó que, aunque los celulares y otras herramientas tecnológicas tienen el potencial de enriquecer el aprendizaje, también conllevan riesgos que deben ser gestionados adecuadamente.

 

Subrayó la importancia de la formación continua de los docentes en ciudadanía digital y la implementación de políticas claras que promuevan un uso responsable y seguro de la tecnología.

 

Diego Paz, docente universitario y consultor internacional, se mostró en desacuerdo con la posible prohibición. Para él, prohibir el uso de celulares es una medida simplista y populista que no aborda las raíces del problema.

 

Paz argumentó que, en lugar de prohibir, se deberían enfocar en la educación y el uso responsable de la tecnología.

 

Por su parte, Aranzazu Cisneros, docente investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), señaló que, según estudios realizados en países europeos, particularmente en los nórdicos, el uso de dispositivos móviles durante los procesos de aprendizaje puede derivar en dificultades de atención.

 

Limitar el acceso a los celulares en las aulas, sugirió, podría mejorar la concentración y los procesos de memoria y aprendizaje, especialmente en niños y adolescentes que aún están en etapas cruciales de desarrollo cognitivo.

 

Cisneros añadió que el problema no se soluciona únicamente con una prohibición, sino que se debe complementar con métodos pedagógicos efectivos y una formación adecuada de los docentes en el manejo de grupos y en estrategias psicopedagógicas.

 

Es crucial, dijo, que los docentes sepan cómo utilizar las herramientas tecnológicas de manera que complementen y no obstaculicen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

La discusión sobre la prohibición del uso de celulares en las escuelas y colegios de Ecuador es un reflejo de un debate más amplio sobre el papel de la tecnología en la educación. Mientras que algunos expertos destacan los beneficios potenciales de integrar los celulares en el aula, otros advierten sobre los riesgos asociados con su uso inadecuado.

 

El Ministerio de Educación, a través de la ministra, respondió que continúa evaluando la mejor manera de abordar este desafío y toma en cuenta tanto las preocupaciones de seguridad como las necesidades pedagógicas.

 

Mientras tanto, el debate seguirá en curso con la participación de educadores, expertos y la sociedad en general, en busca de una solución que equilibre los beneficios de la tecnología con la protección y el bienestar de los estudiantes. (I)

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/ministerio-educacion-analiza-prohibir-uso-celulares-escuelas-colegios-ecuador-nota-2/

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México: Los huracanes de la violencia

Tlachinollan Deja un comentario

Por: Tlachinollan

 

¿Por qué el gobierno federal no interviene con toda su capacidad para salvar vidas con estos huracanes de la violencia como lo hizo con el huracán Otis? ¿Por qué deja en total abandono a las víctimas de las acciones criminales? ¿En realidad estas organizaciones son tan poderosas que son capaces de pisarle la sombra a los 3 niveles de gobierno? ¿Qué pasa con la guardia nacional? ¿Es insuficiente el número de efectivos para contener al crimen o su intervención, es fallida? ¿Cuántas muertes diarias se necesitan para que el gobierno federal cambie su estrategia y atienda con presteza los huracanes de la violencia?

De acuerdo con datos de El Sur, en el puerto de Acapulco, el mes de junio fue el más violento con 77 asesinatos, 3 veces más que el mes de mayo. En los primeros 7 días de julio se tienen registrados 25 asesinatos entre ataques armados, cuerpos desmembrados y personas ejecutadas dentro de sus vehículos. Todos los hechos son devastadores porque los criminales actúan con total impunidad. Las fuerzas de seguridad del estado son impasibles, aunque los crímenes se cometan a unos metros donde se encuentran, no actúan, supuestamente esperan la orden de sus superiores para hacerlo.

Lo inenarrable empezó el primero de junio cuando hallaron las extremidades y el torso de un hombre que fueron esparcidos en el mercado central de Acapulco. Lo patético es que el torso se halló en la avenida Cuauhtémoc frente al Woolworth y las demás partes del cuerpo se encontraron dentro de una bolsa de plástico, afuera de la nave de flores, en la avenida constituyentes. Son crímenes que se cometen para causar terror, para mandar mensajes siniestros a las personas que tienen amenazadas. Se cometen con mucha saña porque saben que ninguna autoridad intervendrá. No se trata de acciones aisladas ni esporádicas, más bien, son frecuentes y recurrentes.

El martes 2 de julio a las 3 de la madrugada un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en la colonia Ciudad Renacimiento. 6 horas después fueron encontrados 3 cuerpos envueltos en sábanas adentro de la cajuela de un vehículo marca Dodge, a unos metros de la avenida ejido, en la colonia Hogar Moderno. A la misma hora se reportó que en la colonia Progreso varios hombres armados atacaron a balazos a una mujer entre las avenidas Vallarta y Coahuila. De acuerdo con las investigaciones se trataba de una enfermera que se desempeñaba como secretaria del departamento de enfermeras del CAAPS. 5 asesinatos se consumaron en solo 6 horas, sin que se tuviera conocimiento de algún operativo para dar con los criminales.

Otro deleznable crimen ocurrió el miércoles 3 de julio. A las 5:45 de la mañana se reportó el hallazgo de una cabeza humana sobre el cofre de un vehículo en la colonia Emiliano Zapata. Los policías al inspeccionar el carro encontraron el cuerpo de la persona decapitada y de otro hombre asesinado. El macabro hallazgo se dio en la explanada de la tienda soriana a un costado del bulevar Vicente Guerrero. A las 9:17 una persona fue asesinada a balazos en el interior de su vivienda, que se ubica cerca de le escuela primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia Lomas Verdes. Un reporte de la policía registró que a la 1:16 de la madrugada varios hombres armados quemaron un Jetta, en el bulevar Vicente Guerrero. No se reportaron víctimas.

Otro asesinato que ocurrió dentro de otra vivienda se reportó el jueves 4. El crimen se difundió después del mediodía en la colonia Frontera, ubicada pasando el Río de la Sábana. Por la noche fueron encontrados restos de una persona dentro de un automóvil en el poblado de La Venta. Mediante una llamada de emergencia se informó de un Jetta blanco abandonado.  Los policías al hacer la revisión del coche encontraron restos de una persona, al parecer desmembrada. Se reportó que fueron hombres armados los que abandonaron el vehículo y que huyeron caminando. En ese mismo día por la tarde, otro hombre fue asesinado a balazos dentro de un bar en la colonia Las Cruces. Algunos testigos dijeron que un hombre entró al bar y disparó directo a su víctima, privándolo de la vida. El agresor en su huida se topó con una patrulla de la Guardia Nacional e intentó dispararles, pero los efectivos le dispararon en la pierna y quedó bajo resguardo policiaco en un hospital. En esa misma tarde se registró otro hecho de violencia. Se trató de una pareja que se desplazaba en su automóvil y de manera intempestiva una motocicleta, con dos hombres armados, dispararon en varias ocasiones, asesinando a las 2 personas. El crimen sucedió en la avenida Universidad, a una cuadra de la Costera.

A las 10 de la noche del viernes 5 fue reportado el hallazgo de dos hombres y una mujer desmembrados, fueron encontrados dentro de un taxi colectivo, en el estacionamiento de la tienda Sam’club. Por la tarde, en ciudad Renacimiento, un hombre fue atacado a balazos por hombres armados, cuando compraba en una miscelánea. A las 5 de la tarde se tuvo conocimiento que hombres armados se robaron un camión de la ruta Costera-Hornos para luego prenderle fuego en el fraccionamiento Mozimba. En este mismo día se reportó la muerte de la secretaria Cinthia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien fue atacada a balazos el domingo 30 de junio junto con el director general de Administración y finanzas del Poder Judicial del Estado, Antonio Sebastián Ortuño, que sigue hospitalizado por las heridas que le ocasionaron.

A las 8 de la mañana de este domingo 7 fueron encontrados sobre el pavimento los restos de una persona en la avenida Ruiz Cortines. Media hora más tarde fue encontrado el torso de un hombre en la glorieta de Puerto Marqués. De acuerdo con las investigaciones los restos hallados en la avenida Ruiz Cortines y en la Glorieta puerto Marqués corresponden a una persona. Lo más grave  es que también fue encontrado otro hombre desmembrado en la colonia Vicente Guerrero. Fue un reporte que se tuvo en la madrugada de este domingo, en la calzada de la carretera federal México-Acapulco. La versión es que hombres armados que se trasladaban en un vehículo arrojaron los restos de la persona. Antes del mediodía un hombre fue asesinado a golpes y mutilado en la colonia Benito Juárez. Lo dejaron encima de una cajuela de un taxi azul con blanco. A las 3:30 de la tarde fue reportado el asesinato de un taxista en el poblado de El Bejuco, en la zona rural de Acapulco, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Hombres armados le dieron alcance y de inmediato le dispararon.

La violencia se ha enseñoreado en las plazas comerciales, en las avenidas principales, en las carreteras y mercados. Los grupos delincuenciales buscan la máxima publicidad de sus crímenes atroces. Han logrado su propósito, porque no hay autoridad que se los impida, mucho menos que se atreva a confrontarlos, ni a detenerlos o castigarlos. Han demostrado ser los amos y señores del puerto. Desde la madrugada comenten sus crímenes, continúan durante la mañana, siguen en la tarde y concluyen por la noche. No hay hora que no demuestren su poder destructor, tampoco tienen límites para cometer crímenes en cualquier colonia. En las zonas turísticas también han tomado el control: las cuotas se han generalizado en las playas, en los comercios establecidos y en los mercados. Toda la población sabe cómo operan y cuáles son sus guaridas. Hay días y horarios para el cobro de la cuota. Ya no les alcanza lo poco que venden, porque también tienen que consumir con los proveedores autorizados por el jefe de la plaza.

Esta tragedia cotidiana dejó de causar preocupación para las autoridades, ya nada les afecta ni ponen en riesgo sus cargos. Los asesinatos no tienen costos políticos. El miedo de la gente, la desorganización de los colonos y la misma lucha por la sobrevivencia han dejado que la violencia se desborde y que cada quien busque como protegerse. Los asesinatos en las playas, en los mercados y las plazas comerciales son parte del espectáculo dantesco, donde nadie se compadece por el dolor de las víctimas, ni mucho menos se atreve a alzar la voz, porque primero hay que asegurar la vida.

La reconstrucción de Acapulco pasa principalmente por sanar las heridas de la violencia, proteger a las víctimas, acompañarlas, reparar daños, reconstruir el tejido social, atender sus reclamos y demandas y colocarlas en el centro de la atención gubernamental. Es un imperativo el cambio de estrategia. La seguridad no está centrada en proteger la vida de la población, se concentra en cuidar a los funcionarios y a sus instituciones. Han ignorado a la población que tiene propuestas y está dispuesta a colaborar para garantizar seguridad en sus entornos. Han dejado que la ola delincuencial arrastre al despeñadero a la población pobre de Acapulco, que lucha en las calles para ir al día. Los problemas económicos que arrastran los jóvenes desde que nacen truncan sus vidas como futuros profesionistas. Se quedan como vendedores ambulantes, como trabajadores eventuales y como carne de cañón del crimen organizado. Los huracanes de la violencia acechan a una población inerme que pide al cielo que la libre de todo mal, porque sabe que aquí  en el puerto solo pagando la cuota puede ser su tablita de salvación.

Foto: Cuartoscuro

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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Libertad vs seguridad: ¿Un falso dilema?

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Por: Marcelo Trivelli

A medida que los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales se ven inundadas por noticias, comentarios y opiniones sobre la delincuencia, crece el temor de la ciudadanía y el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele comienza a ser añorado como posible solución a los problemas de seguridad que vive Chile. Antes de avanzar en esa línea es necesario preguntarse si la única solución a los problemas de seguridad es la limitación de las libertades y derechos, o si este es un falso dilema.

La percepción de seguridad no sólo depende del número de delitos, sino que mayormente depende de otros factores tales como la cobertura en los medios de comunicación y redes sociales, la violencia de estos y otros factores subjetivos.

Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y corroborado como verdadero por https://factchecking.cl/ de la Universidad Católica, «Las cifras muestran que, si uno toma los delitos de mayor connotación social, efectivamente vienen con una tendencia persistente a la baja. Pero los robos con intimidación, los robos con violencia, y los homicidios hace 10 años que tienen una tendencia persistente al alza. Cada día que pasa, Chile ha sido un país que tiene más delitos violentos».

En la percepción de inseguridad, el Índice Paz Ciudadana 2023 informa que la proporción de personas con temor alto al delito alcanzó 30,5%, la cifra más alta desde que se inició el registro hace 23 años. En la medida que el miedo siga aumentando habrá cada vez más personas que apoyen las limitaciones a las libertades señalando que “quien nada hace, nada teme”.

El gran problema radica, no en la condena al delincuente, sino que, sin la vigencia de un Estado de derecho, no hay contrapeso a las arbitrariedades y abusos que llevan a inocentes a vivir las consecuencias de una política represiva. Además, y quizás lo más grave, como la historia lo demuestra, el poder sin contrapeso es fuente de abuso y corrupción.

La delincuencia y la percepción de inseguridad también tiene una dimensión política. Nos encontramos en un punto de inflexión. Por un lado, nuestra sociedad y nuestro sistema político, está enfrascado en rencillas de poca monta y no ha sido capaz de lograr aprendizajes que vayan por delante de la nueva realidad delincuencial que enfrentamos. Y por el otro, la población ve que los presidentes Bukele en El Salvador y Noboa en Ecuador están logrando resultados en reducir la violencia en sus respectivos países con severas restricciones a las libertades y derechos.

Si la democracia y el Estado de derecho no muestran resultados en el combate a la delincuencia, nos enfrentaremos al dilema político de seguridad vs libertades porque, mientras más miedo tenga la población, más inclinada va a estar para apoyar un líder autoritario que limite sus derechos y libertades como canje por mayor seguridad.

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

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Panamá: Pandillerismo, en la mira del Ministerio de Educación

Noticias

El Ministerio de Educación evalúa las acciones a seguir para reforzar la seguridad en las escuelas, tras los últimos hechos de violencia ocurridos en los que se han visto involucrados estudiantes.

De acuerdo con la alta funcionaria las escuelas deben ser entornos de protección para la comunidad educativa.

Además recordó que ya existen múltiples programas orientados a  reforzar este tema en conjunto con estamentos de seguridad.

En este sentido recalcó que las familias también deben cumplir su rol en la formación de los jóvenes.

«Debemos evaluar cómo disminuir las pandillas para evitar la iniciación temprana de los jóvenes en estos grupos», expuso.

La jefa del Meduca añadió que también se revisarán los reglamentos disciplinarios a nivel nacional.

«Colón fue la alerta, pero sabemos que hay otras áreas de mucha vulnerabilidad en el país», agregó Gorday de Villalobos.

Según la ministra, los propios estudiantes han reportado situaciones irregulares de pandillas con otros compañeros, por lo que no se puede ocultar este tema.

A inicios de mes, un estudiante fue asesinado a balazos cuando regresaba de clases.

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/pandillerismo-en-la-mira-del-ministerio-de-educacion-1225580

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Sobre la igualdad y la libertad

Opinion

Por: Rodrigo Rettig Vargas

En Francia, el actual lema estatal de la República que viene desde la época de la revolución, es libertad, igualdad y fraternidad. Sí, la igualdad es tan relevante para ellos como la libertad. Y Francia no es Cuba o Venezuela. El problema con esta palabra nace cuando afiebrados regímenes en nombre de la igualdad mutilaron la libertad y, en consecuencia, generaron peor calidad de vida ahí donde quisieron mejorarla. La libertad y la igualdad no son valores contrapuestos, sino complementarios ya que son dos caras de una misma moneda que se llama justicia y quien pretenda construir justicia social, debiera atender a ambas virtudes. Esta es la madre de la discusión política, ya que tomar posición por una, la otra, o ponderar ambas, implica determinar cómo discurren prácticamente todas las políticas públicas que se aplican en un país. La condición para vivir una vida libre consiste en que las personas que constituyen una sociedad estén en relaciones de igualdad con otros en determinadas dimensiones.

Pero, ¿de qué igualdad se habla cuando uno la promueve? Esta palabra, junto a la libertad, son de aquéllas que tienen distintos significados y ello hace que sea de fácil caricaturización y de difícil comprensión el asunto sometido a análisis. Usted cuando promueve la libertad, ¿habla de la de tipo negativa (no interferencia) o positiva (capacidad de ejercerla)? ¿O ambas? Pues bien, en materia de igualdad, también existe esta disyuntiva. Hay que ponerle apellido a la igualdad, pero no cambiarle el nombre.

La igualdad que sería deseable promover y construir sobre ella, es la igualdad de todos en al menos algo, no de todos en todo. Nadie sensato debiera buscar que todos tengan un automóvil de una marca alemana o italiana en el frontis de la casa o que nadie tuviera un auto, sino que todos tengan iguales consideraciones de respeto, trato (ver concepto “Igualdad Democrática” de Elizabeth Anderson) y de condiciones de vida material. Y ojo, aquí se debe hablar de igualdad, no de equidad, que es la justicia aplicada al caso concreto. Hablar de equidad es admitir que la igualdad democrática, de consideración, ciudadanía y respeto, debiera ser objeto de un segundo análisis. ¿Cómo se entiende la igualdad democrática si cambiamos igualdad por equidad?

Asimismo, hablar de equidad en materia de Derechos Humanos (civiles, políticos, sociales) implica desconocer su carácter de derechos fundamentales, lo que permite afectar la máxima de que la titularidad de ellos está por el solo hecho de ser persona (distinto es el problema de la provisión). No tiene sentido plantear que, por ejemplo, existe equidad y no igualdad de todos para poder ejercer la libertad de expresión. En nombre de la equidad, que es justicia al caso concreto, ¿podríamos suspender el ejercicio de la libertad de expresión de alguien producto de determinadas características o circunstancias? ¿Cómo conversa la equidad cuando se habla de derechos civiles y políticos? La verdad es que no tiene mayor sentido. ¿Porqué modificar la conclusión anterior en razón de los derechos sociales que son los que dotan de condiciones de vida material para ejercer genuinamente la libertad? La equidad si bien deseable (sobre todo en materia jurídica), no es lo mismo que la igualdad en el lenguaje político, todo circunscrito evidentemente a un objetivo a largo plazo que permite progresividad, pero objetivo político al fin y al cabo.

Ahora bien, cuando se habla de condiciones de vida material nos referimos a ese conjunto de bienes primarios que permiten a los individuos poder desplegar su plan de vida de forma autónoma, sin atender al lugar en que nacieron o dónde desarrollaron su infancia. En este sentido, las condiciones de vida material aplicadas al caso concreto son los derechos a la salud, educación y seguridad social. Y aquí sí efectivamente quiero darle más consistencia a la palabra igualdad, por cuanto la problemática excede la igualdad de oportunidades, que como dijera Nils Christie en Los Límites del Dolor (1984): “es un arreglo perfectamente apropiado para transformar injusticias estructurales en experiencias individuales de frustración o fracaso”.

La igualdad de oportunidades permite desprenderse de analizar cuál fue el diseño en la carrera de la vida, quiénes dibujaron la pista y las posiciones ocupadas. Y si nos desprendiéramos del diseño y el resultado en materia de estos tres derechos, la crisis de octubre de 2019 no tendría mayor sentido. Todos los chilenos tienen la oportunidad de tener educación, salud y pensiones, pero el problema se presenta en el tiempo/acceso, calidad y eficiencia: salud que te permita vivir o ser atendido en tiempos dignos si no tienes recursos, educación que te permita competir si prescindes de medios económicos, y una pensión que permita tranquilidad a los adultos mayores.

Y, en esta dimensión, una lucha por igualdad pareciera tener más consistencia, le da más robustez a la problemática, que una lucha por igualdad de oportunidades y/o suficientarismo. Implica tener un grado de compromiso mucho mayor en la mejora de lo referido.

El profesor Agustín Squella en su libro que analiza esta palabra (“Igualdad” Universidad de Valparaíso, 2014) nos menciona que Pierre Rosanvallón en su célebre obra llamada “La Sociedad de los Iguales” explica que la carrera de la vida se asemeja bastante a lo que son las competencias deportivas identificándolas como “El Teatro de la Igualdad de Oportunidades”. Efectúa analogías explicando que en muchos deportes se complementa la igualdad de oportunidades o “igualdad de inicio”, precisamente para entregar más justicia a los resultados. Se cita a la carrera de 100 metros planos, en la cual no tan solo importa el punto de partida, sino que existe una cámara que determina el resultado, incluso después de ella existe el control antidopaje. Sumo a ello que en el básquetbol los equipos peores situados en el término de temporada, eligen primero en la siguiente a los jugadores de mejor rendimiento que vienen de las universidades, y así.

En consecuencia, para determinar la justicia de un contrato social, es relevante analizar no tan solo el lugar de dónde se parte, sino que también se debe atender a problemas de diseño y posiciones. Que te atiendan en un año una dolencia en el sistema de salud público versus al día siguiente en el sector privado contra el pago de sumas no menores de dinero, pareciera que no es tan solo un problema de oportunidades o de inicio.

Finalmente, el llamado es a no temerle a la palabra igualdad por culpa de fanáticos que en su nombre ahogaron la libertad haciendo a todos iguales en desdicha, sino que a tener un real compromiso por esta virtud, ponderándola prudencialmente con la palabra libertad, tal como se conjuga a ésta con la seguridad pública (menos libertad, más seguridad). Francia, país que si bien es cierto ha tenido sus problemas, ha demostrado que ambos objetivos son perfectamente aplicables en conjunto siendo incluso deseable hacerlo, tal como nos lo ilustrara uno de los filósofos políticos más relevantes del siglo XX, John Rawls, padre de la corriente llamada (vaya novedad) “liberalismo igualitario”.

Rodrigo Rettig Vargas

Abogado Magíster en Política y Gobierno

Candidato Consejero Constitucional Región Metropolitana

Pacto Unidad Para Chile

Fuente de la información e imagen:  https://www.diarioconstitucional.cl

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Venezuela: 2da Juntadera Formativa en la nueva era política 2022

Noticias

El día de mañana miércoles 27 de julio del presente año seguiremos nuestra Juntadera Formativa en el estado Táchira, dónde iniciamos esta propuesta el pasado 20 de Julio en el salón de sesiones Ligia Montoya del Consejo Legislativos fue el epicentro de una valiosa jornada para la plataforma política del movimiento de movimiento Somos Venezuela de la entidad; a través de la secretaria de Formación integral les invitamos a la *2da Juntadera Formativa en la nueva era política 2022* con una clase magistral dictada por el ponente MSC Jorge Forero, titulada *»Análisis de la Coyuntura Geopolítica: Tiempo de Inestabilidad Sistémica, Transiciones y Crisis Organicas*

 la actividad se desarrollará en la casa Steinvort junto a activistas, simpatizantes, responsables de redes y secretarias, asimismo con esta actividad se da inicio a una nueva fase formativa impulsada por el Consejo Político Regional y que cabe destacar que está dentro de nuestra objetivo propiciar espacios para el intercambio de saberes de manera permanente.
 Por esta razón el encuentro será cada miércoles, de forma intinerantes y con diversos ponentes que viene apoyando desde la red de intelectuales del estado, quiénes desarrollaran sus ponencia en marco de los siguientes cincos (5) ejes temático: Geopolítica, Políticas pública, Seguridad, Economía y Frontera, Pensamientos Bolivariano, Ética y ciudadanía.
La Juntadera formativa se convierte en una acción que busca el intercambio, interacción y el encuentro para fortalecer la estructura de nuestro movimiento, donde en esta nueva era se desarrolla un espacio que permita poner la tecno-política al servicio de nuestros Activistas.
 *#SomosTáchira*. 💛🖤❤️ *#SomosVenezuela* 🇻🇪
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Puerto Rico: Menos tiempo para educarse debido a la escasez de oficiales de custodia

Noticias

América Central/Puerto Rico/15-04-2022/Autora: Tatiana Díaz Ramos/Fuente: www.metro.pr

Más de 40 eventos violentos en los últimos tres meses de 2021 desestabilizaron los servicios educativos en las instituciones correccionales para menores, señaló la monitora del Departamento de Justicia federal.

Del CPI

Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy.

El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios. En Villalba, son 27 los estudiantes, cinco de Educación Especial.

A principios de noviembre de 2021, tres jóvenes escaparon del Centro de Ponce luego de que uno de los menores agrediera a una oficial de custodia, le arrebatara las llaves del área de admisiones y liberara a otros dos. La situación de seguridad en Villalba luce peor que la fuga de Ponce a juzgar por los 41 actos violentos, incendios y situaciones de riesgo durante el último trimestre del pasado año por el abandono de los oficiales de sus puestos.

El CPI solicitó a Corrección un informe de los días de clases suspendidos entre 2016 y 2021 así como las razones por las que se cancelaron. En Villalba fueron 47 días menos de enseñanza, mientras en Ponce perdieron 41. A diferencia de lo que dice el informe federal, ninguna de las suspensiones fue atribuída a los actos de violencia o falta de oficiales de custodia, sino a emergencias como el huracán María, los terremotos y la pandemia.

Uno de tres educadores del Centro de Tratamiento Social de Villalba que accedieron a entrevistas con el CPI bajo condición de anonimato por temor a represalias, explicó que “si baja[n los menores d]el módulo A [de vivienda] no puede bajar el B porque no hay oficiales para velar por los que se quedan en las otras viviendas. Hoy mismo se suspendieron las clases porque no habían oficiales; muchos estaban doblando turno”.

El informe sometido por Tandy en marzo de 2022 reveló que la escasez de personal custodio “desestabilizó el programa educativo en [el Centro de Tratamiento Social de] Villalba durante los últimos dos trimestres” de 2021 y “contribuyó a numerosos referidos de maltrato institucional y negligencia”.

El NIJ está bajo monitoría desde que en 1993 una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. dio paso a una demanda contra el Gobierno por violar los derechos constitucionales de la población correccional menor de edad. Hacinamiento, condiciones antihigiénicas e inseguras, falta de servicios de salud y salud mental; falta de controles y protocolos para evitar la violencia entre la población juvenil y la ausencia de servicios educativos en casi todas las instituciones fueron algunos de los hallazgos informados en ese entonces. Para 1997 se alcanzó un acuerdo de 106 estipulaciones. Veinticuatro años más tarde, quedan 26 estipulaciones por cumplir, según indicó la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón.

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Cuando la enseñanza puede ser individualizada

“A pesar de ser un ambiente por definición hostil, el ambiente de reclusión de adolescentes en instituciones juveniles, las condiciones educativas — paradójicamente — pueden ser en ocasiones superiores a las que hay en muchas de las escuelas públicas. Por ejemplo, la posibilidad de educación individualizada”.

María de Lourdes Santiago, presidenta de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial.

Antes de ingresar al NIJ, el 82% de los menores estudiaba en el sistema público de enseñanza; 7% había estado entre ambos sistemas, público y privado; el 4% sólo en escuela privada y otro 4% tomó exámenes libres, según el Perfil del Menor Transgresor de 2021. El currículo para la población estudiantil correccional es acelerado y no se estructura por semestres, sino por horas contacto, explicó la secretaria interina de Educación Alternativa, Yarilis Santiago, durante una entrevista con el CPI.

No se mide el aprovechamiento. “No fomentamos las pruebas, fomentamos trabajos diarios, en grupo o en el salón. Aquí los grupos son pequeños así que el maestro tiene la oportunidad de individualizar con los menores, porque los grupos no sobrepasan los 12 estudiantes. Podemos trabajar más con su rezago académico y ayudar a ese estudiante”, dijo.

Tan pronto llega un menor a uno de los centros se le administran pruebas para conocer sus necesidades académicas, explicó por su parte el gerente del Programa Educativo en el DCR, Carlos Delgado.

Los maestros también denunciaron que tal como ocurre en otras escuelas del país, les faltan materiales didácticos y escasean los conserjes.

“Tengo que llevar mis materiales, sino no puedo dar la clase”, aseguró uno. El director del área escolar del Centro de Tratamiento de Villalba, Luis Velázquez, rechazó que esto ocurra en su centro y dijo que “si nos faltara algo, se hacen las requisiciones y podemos contar con Corrección”.

Cuando no son los propios educadores quienes echan mano a los productos de limpieza para desinfectar sus áreas, “limpia un oficial con un nene. Ahora mismo no hay un conserje, parece un vertedero”, comentó un maestro sobre la institución de Villalba. Su homólogo alegó que la administración del NIJ les hizo firmar “un documento donde decía que los salones y todas las áreas se fumigan y limpian, cuando eso es falso”.

Desde 2019, los materiales y equipos educativos, talleres vocacionales y técnicos, así como los maestros necesarios para atender a la población correccional se pagan con el presupuesto del Departamento de Educación. DCR está a cargo del acceso a internet y el inmobiliario de los salones.

Para 2017 Corrección administró un presupuesto de $1,176,560 para el área académica, pero en 2018 esta asignación sufrió un recorte de 28%. Bajo la administración de Educación en 2019, el presupuesto separado para la enseñanza de los menores institucionalizados fue $581,256, y al año siguiente $1,000,329. La asignación presupuestaria para 2021-22 es de $2,522,098.

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Algunos funcionarios dan prioridad a la salud emocional y a los estudios post secundarios

Las instituciones correccionales para menores carecen de un sistema de manejo de conducta coordinado y multidisciplinario, criticó la monitora federal en su último informe. Según el último Perfil del Menor Transgresor, la mitad de los institucionalizados tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad; 13% trastorno específico del aprendizaje; otro 13% tiene ambos trastornos, y 4% discapacidad intelectual. Además, el 69% de los varones y el 100% de las féminas han padecido alguna condición mental antes de ingresar al sistema correccional.

El DCR, no obstante, se limita a premiar las buenas conductas con dulces o permitiendo acceso a consolas de videojuegos “como actividades programáticas para modificar comportamientos”, denunció Tandy.

El director escolar en Ponce, Pedro Jiménez, opinó que los menores “necesitan demasiado apoyo, no solamente en la parte académica, sino también el refuerzo, trabajar con la inteligencia emocional. Eso ayuda mucho a que se minimice la falta de interés en el área escolar y el rezago”.

Edgar Colón Santos, quien dirige el área de Trabajo Social de la institución de Ponce, opinó que los menores no cuentan con el apoyo familiar suficiente y lamentó escuchar con demasiada frecuencia “¿cuándo me vas a visitar?” durante las llamadas telefónicas entre parientes y algunos de los jóvenes, quienes desean contacto con sus familiares a pesar del ambiente restrictivo.

Un desgastado cartel sobre el marco de un portón de gruesos barrotes grises a la entrada del área de visitas en Ponce ordena: “No se permiten besos, caricias o cualquier demostración de afecto que pueda atraer la atención de los presentes”. Colón Santos aseguró que apenas llegan ocho a 10 visitas cada sábado, para una población de 20.

De esas pocas visitas, Colón Santos recuerda a Carmen Oquendo, quien viajó durante cerca de cuatro meses desde Utuado a Ponce para ver a su bisnieto cada sábado. Ahora Oquendo viaja cada fin de semana a Villalba, a donde fue trasladado “mi hijo, porque lo crié desde los seis meses”, luego de que le impusieron otra falta tras un altercado con un oficial de custodia.

“Al llegar a Villalba, gracias a Dios, pues él tiene un mejor comportamiento. Yo lo encuentro mucho mejor en conducta. Está estudiando, está enfocado”, contó sobre su bisnieto de 17 años, quien cursa el décimo grado y es estudiante del Programa de Educación Especial. “El maestro de Educación Especial me dijo que, de darle el egreso antes de tiempo, ellos le van a dar el examen de cuarto año. De terminarlo ahí, pues ellos lo van a ayudar para seguir en la universidad o cualquier empleo, o cualquier cosa que él quiera estudiar. Él me ha dicho que le gusta la mecánica, la fotografía y algo como de promotor de música”, abundó.

Los jóvenes que completan su cuarto año de escuela superior recluidos en alguno de estos centros pueden solicitar cursos universitarios, pero el DCR divide la población según el espacio disponible para ofrecer las clases y la oferta académica no es uniforme entre las instituciones correccionales. Además, cada institución educativa o proveedor de servicios educativos establece sus requisitos, como puede ser tener octavo grado o cuarto año completados.

Un análisis de los contratos para servicios educativos en Corrección durante los últimos cinco años muestra que la mayoría (42%) se concentran en educación básica para completar la escuela superior. Existe la posibilidad de obtener un bachillerato en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, pero no se ofrece en estas instituciones correccionales para menores. Esta alternativa sólo se le ofrece a confinados de máxima seguridad que hayan aprobado el cuarto año de escuela superior, según el acuerdo entre Corrección y la UPR.

Tandy confirma lo que señala un maestro cuando detalla en su informe que los jóvenes entrevistados que completaron cuarto año se quejaron de la falta de actividades después de obtener el diploma así como sus deseos de continuar estudios.

“No se les muestra esa ventana para que el estudiante siga estudiando. No hay un sistema donde diga ‘te voy a ayudar para que salgas a la calle, te consigo universidad, voy verificando tus salidas, chequeando tu conducta afuera’. Nada de eso existe, y el menor vuelve a los puntos [de venta de drogas ilícitas] de nuevo”, aseguró un profesor entrevistado.

Según el último Perfil del Menor Transgresor, un 53% de los varones estuvo antes en una institución juvenil, y el 19% de los que están en el sistema correccional de menores cumple por la misma falta cometida anteriormente.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/noticias/2022/04/14/menos-tiempo-para-educarse-debido-a-la-escasez-de-oficiales-de-custodia/

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