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Puerto Rico: Menos tiempo para educarse debido a la escasez de oficiales de custodia

América Central/Puerto Rico/15-04-2022/Autora: Tatiana Díaz Ramos/Fuente: www.metro.pr

Más de 40 eventos violentos en los últimos tres meses de 2021 desestabilizaron los servicios educativos en las instituciones correccionales para menores, señaló la monitora del Departamento de Justicia federal.

Del CPI

Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy.

El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios. En Villalba, son 27 los estudiantes, cinco de Educación Especial.

A principios de noviembre de 2021, tres jóvenes escaparon del Centro de Ponce luego de que uno de los menores agrediera a una oficial de custodia, le arrebatara las llaves del área de admisiones y liberara a otros dos. La situación de seguridad en Villalba luce peor que la fuga de Ponce a juzgar por los 41 actos violentos, incendios y situaciones de riesgo durante el último trimestre del pasado año por el abandono de los oficiales de sus puestos.

El CPI solicitó a Corrección un informe de los días de clases suspendidos entre 2016 y 2021 así como las razones por las que se cancelaron. En Villalba fueron 47 días menos de enseñanza, mientras en Ponce perdieron 41. A diferencia de lo que dice el informe federal, ninguna de las suspensiones fue atribuída a los actos de violencia o falta de oficiales de custodia, sino a emergencias como el huracán María, los terremotos y la pandemia.

Uno de tres educadores del Centro de Tratamiento Social de Villalba que accedieron a entrevistas con el CPI bajo condición de anonimato por temor a represalias, explicó que “si baja[n los menores d]el módulo A [de vivienda] no puede bajar el B porque no hay oficiales para velar por los que se quedan en las otras viviendas. Hoy mismo se suspendieron las clases porque no habían oficiales; muchos estaban doblando turno”.

El informe sometido por Tandy en marzo de 2022 reveló que la escasez de personal custodio “desestabilizó el programa educativo en [el Centro de Tratamiento Social de] Villalba durante los últimos dos trimestres” de 2021 y “contribuyó a numerosos referidos de maltrato institucional y negligencia”.

El NIJ está bajo monitoría desde que en 1993 una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. dio paso a una demanda contra el Gobierno por violar los derechos constitucionales de la población correccional menor de edad. Hacinamiento, condiciones antihigiénicas e inseguras, falta de servicios de salud y salud mental; falta de controles y protocolos para evitar la violencia entre la población juvenil y la ausencia de servicios educativos en casi todas las instituciones fueron algunos de los hallazgos informados en ese entonces. Para 1997 se alcanzó un acuerdo de 106 estipulaciones. Veinticuatro años más tarde, quedan 26 estipulaciones por cumplir, según indicó la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón.

Cuando la enseñanza puede ser individualizada

“A pesar de ser un ambiente por definición hostil, el ambiente de reclusión de adolescentes en instituciones juveniles, las condiciones educativas — paradójicamente — pueden ser en ocasiones superiores a las que hay en muchas de las escuelas públicas. Por ejemplo, la posibilidad de educación individualizada”.

María de Lourdes Santiago, presidenta de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial.

Antes de ingresar al NIJ, el 82% de los menores estudiaba en el sistema público de enseñanza; 7% había estado entre ambos sistemas, público y privado; el 4% sólo en escuela privada y otro 4% tomó exámenes libres, según el Perfil del Menor Transgresor de 2021. El currículo para la población estudiantil correccional es acelerado y no se estructura por semestres, sino por horas contacto, explicó la secretaria interina de Educación Alternativa, Yarilis Santiago, durante una entrevista con el CPI.

No se mide el aprovechamiento. “No fomentamos las pruebas, fomentamos trabajos diarios, en grupo o en el salón. Aquí los grupos son pequeños así que el maestro tiene la oportunidad de individualizar con los menores, porque los grupos no sobrepasan los 12 estudiantes. Podemos trabajar más con su rezago académico y ayudar a ese estudiante”, dijo.

Tan pronto llega un menor a uno de los centros se le administran pruebas para conocer sus necesidades académicas, explicó por su parte el gerente del Programa Educativo en el DCR, Carlos Delgado.

Los maestros también denunciaron que tal como ocurre en otras escuelas del país, les faltan materiales didácticos y escasean los conserjes.

“Tengo que llevar mis materiales, sino no puedo dar la clase”, aseguró uno. El director del área escolar del Centro de Tratamiento de Villalba, Luis Velázquez, rechazó que esto ocurra en su centro y dijo que “si nos faltara algo, se hacen las requisiciones y podemos contar con Corrección”.

Cuando no son los propios educadores quienes echan mano a los productos de limpieza para desinfectar sus áreas, “limpia un oficial con un nene. Ahora mismo no hay un conserje, parece un vertedero”, comentó un maestro sobre la institución de Villalba. Su homólogo alegó que la administración del NIJ les hizo firmar “un documento donde decía que los salones y todas las áreas se fumigan y limpian, cuando eso es falso”.

Desde 2019, los materiales y equipos educativos, talleres vocacionales y técnicos, así como los maestros necesarios para atender a la población correccional se pagan con el presupuesto del Departamento de Educación. DCR está a cargo del acceso a internet y el inmobiliario de los salones.

Para 2017 Corrección administró un presupuesto de $1,176,560 para el área académica, pero en 2018 esta asignación sufrió un recorte de 28%. Bajo la administración de Educación en 2019, el presupuesto separado para la enseñanza de los menores institucionalizados fue $581,256, y al año siguiente $1,000,329. La asignación presupuestaria para 2021-22 es de $2,522,098.

Algunos funcionarios dan prioridad a la salud emocional y a los estudios post secundarios

Las instituciones correccionales para menores carecen de un sistema de manejo de conducta coordinado y multidisciplinario, criticó la monitora federal en su último informe. Según el último Perfil del Menor Transgresor, la mitad de los institucionalizados tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad; 13% trastorno específico del aprendizaje; otro 13% tiene ambos trastornos, y 4% discapacidad intelectual. Además, el 69% de los varones y el 100% de las féminas han padecido alguna condición mental antes de ingresar al sistema correccional.

El DCR, no obstante, se limita a premiar las buenas conductas con dulces o permitiendo acceso a consolas de videojuegos “como actividades programáticas para modificar comportamientos”, denunció Tandy.

El director escolar en Ponce, Pedro Jiménez, opinó que los menores “necesitan demasiado apoyo, no solamente en la parte académica, sino también el refuerzo, trabajar con la inteligencia emocional. Eso ayuda mucho a que se minimice la falta de interés en el área escolar y el rezago”.

Edgar Colón Santos, quien dirige el área de Trabajo Social de la institución de Ponce, opinó que los menores no cuentan con el apoyo familiar suficiente y lamentó escuchar con demasiada frecuencia “¿cuándo me vas a visitar?” durante las llamadas telefónicas entre parientes y algunos de los jóvenes, quienes desean contacto con sus familiares a pesar del ambiente restrictivo.

Un desgastado cartel sobre el marco de un portón de gruesos barrotes grises a la entrada del área de visitas en Ponce ordena: “No se permiten besos, caricias o cualquier demostración de afecto que pueda atraer la atención de los presentes”. Colón Santos aseguró que apenas llegan ocho a 10 visitas cada sábado, para una población de 20.

De esas pocas visitas, Colón Santos recuerda a Carmen Oquendo, quien viajó durante cerca de cuatro meses desde Utuado a Ponce para ver a su bisnieto cada sábado. Ahora Oquendo viaja cada fin de semana a Villalba, a donde fue trasladado “mi hijo, porque lo crié desde los seis meses”, luego de que le impusieron otra falta tras un altercado con un oficial de custodia.

“Al llegar a Villalba, gracias a Dios, pues él tiene un mejor comportamiento. Yo lo encuentro mucho mejor en conducta. Está estudiando, está enfocado”, contó sobre su bisnieto de 17 años, quien cursa el décimo grado y es estudiante del Programa de Educación Especial. “El maestro de Educación Especial me dijo que, de darle el egreso antes de tiempo, ellos le van a dar el examen de cuarto año. De terminarlo ahí, pues ellos lo van a ayudar para seguir en la universidad o cualquier empleo, o cualquier cosa que él quiera estudiar. Él me ha dicho que le gusta la mecánica, la fotografía y algo como de promotor de música”, abundó.

Los jóvenes que completan su cuarto año de escuela superior recluidos en alguno de estos centros pueden solicitar cursos universitarios, pero el DCR divide la población según el espacio disponible para ofrecer las clases y la oferta académica no es uniforme entre las instituciones correccionales. Además, cada institución educativa o proveedor de servicios educativos establece sus requisitos, como puede ser tener octavo grado o cuarto año completados.

Un análisis de los contratos para servicios educativos en Corrección durante los últimos cinco años muestra que la mayoría (42%) se concentran en educación básica para completar la escuela superior. Existe la posibilidad de obtener un bachillerato en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, pero no se ofrece en estas instituciones correccionales para menores. Esta alternativa sólo se le ofrece a confinados de máxima seguridad que hayan aprobado el cuarto año de escuela superior, según el acuerdo entre Corrección y la UPR.

Tandy confirma lo que señala un maestro cuando detalla en su informe que los jóvenes entrevistados que completaron cuarto año se quejaron de la falta de actividades después de obtener el diploma así como sus deseos de continuar estudios.

“No se les muestra esa ventana para que el estudiante siga estudiando. No hay un sistema donde diga ‘te voy a ayudar para que salgas a la calle, te consigo universidad, voy verificando tus salidas, chequeando tu conducta afuera’. Nada de eso existe, y el menor vuelve a los puntos [de venta de drogas ilícitas] de nuevo”, aseguró un profesor entrevistado.

Según el último Perfil del Menor Transgresor, un 53% de los varones estuvo antes en una institución juvenil, y el 19% de los que están en el sistema correccional de menores cumple por la misma falta cometida anteriormente.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/noticias/2022/04/14/menos-tiempo-para-educarse-debido-a-la-escasez-de-oficiales-de-custodia/

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Un mundo que busca la seguridad

Por: Dinorah García Romero

Los pueblos tienen la necesidad de un mundo más seguro. Esta seguridad cada día se siente amenazada por imprevistos como las pandemias; y por hechos calculados y planificados, como las guerras y los distintos tipos de delincuencia.

Formamos parte de un mundo marcado por avances extraordinarios en órdenes diversos. Por ello participamos de escenarios en los que las ciencias y las tecnologías, con bastante frecuencia, sorprenden con cambios e innovaciones. Estos adelantos ponen en evidencia la gran capacidad que tiene el ser humano para la invención y la recreación. Los avances indicados permiten la solución de múltiples problemas que aquejan a la humanidad en muchos ámbitos; especialmente, en materia de salud, educación, comunicación y alimentación. En estos aspectos, el desarrollo es notable y su impacto en la vida de las personas y de los pueblos es evidente y, por tanto, innegable. Pero, los adelantos no llegan con el mismo potencial ni con la rapidez requerida a las diferentes naciones. Las más desarrolladas se benefician de forma directa e intensiva; de forma indirecta y lenta, las naciones más pobres. La distribución de los resultados de los avances es cada vez más desigual en el mundo. Los beneficios de las transformaciones generadas por las ciencias y las tecnologías son exiguos para los países en desarrollo; son exorbitantes para los países ricos. Esta situación acentúa el déficit de solidaridad y de voluntad política para compartir los bienes que  conllevan los progresos científicos y tecnológicos. La gestión y la distribución de los bienes que derivan de estos avances constituyen un obstáculo al desarrollo global de los pueblos. Se percibe una gestión y una distribución centralizada y poco alentadora de la fraternidad universal. Un ejemplo claro es la crisis que supone la desigual adquisición de las vacunas necesarias para contrarrestar la COVID-19. Mientras hay países a los que les sobran vacunas, a otros les falta la primera dosis, como sucede en África. Hay una voluntad clara de retener para sí los bienes científicos y tecnológicos, que deben ser de todos.

En medio de una crisis de la igualdad en el mundo, se produce una búsqueda intensa de la seguridad de las personas y de la sociedad en general. Vivimos la contradicción de un mundo que, por sus progresos científicos y tecnológicos, se ha convertido en una aldea global. Pero esta aldea cada día siente el peso de la inseguridad. Las variantes de la COVID-19 no dan tregua. Esta inseguridad, provocada por diferentes factores, particularmente por las variantes que se producen en este tiempo de pandemia, genera en las personas y en los pueblos una experiencia signada por condiciones de inseguridad y de inestabilidad. Somos parte de un mundo que tiene la necesidad de sentirse seguro; que busca cómo liberarse de todo aquello que limita su acción y sus capacidades. Es una búsqueda de nivel mundial. El poderío que exhibe el mundo a partir del uso inteligente de las innovaciones de las ciencias y de las tecnologías, contrasta con la inseguridad que viven las naciones en estos tiempos. Este fenómeno constituye un desafío para los científicos y para la gente común. En la base de esta inseguridad está la falta de visión del liderazgo mundial sobre la importancia de pensar y de buscar la seguridad colectiva. La superación de la inseguridad ha de ser un compromiso colectivo. Este requiere voluntad política y un ejercicio solidario real dentro de cada país y entre los países. La seguridad no solo se afecta con la aparición de variantes. Se lesiona de forma grave con la delincuencia social, con la corrupción y con la impunidad. Esta tríada está vigente en el mundo que habitamos. Los líderes del mundo han de hacer un esfuerzo conjunto para pensar de forma holística. Los ciudadanos también han de aportar sus conocimientos y experiencias para contribuir a la construcción de un mundo más solidario y seguro. Los pueblos tienen la necesidad de un mundo más seguro. Esta seguridad cada día se siente amenazada por imprevistos como las pandemias; y por hechos calculados y planificados, como las guerras y los distintos tipos de delincuencia. Hemos de apoyar la construcción de una sociedad global más sana, segura y resiliente

Fuente: https://acento.com.do/opinion/un-mundo-que-busca-la-seguridad-9012910.html

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OIT: Expertos del mundo entero piden que se reconozca la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental

Fuentes: USO-FAC

Destacados expertos mundiales en salud y seguridad en el trabajo han exhortado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a incluir la seguridad y salud en el trabajo (SST) como un derecho fundamental, en vísperas del debate sobre el tema en el Consejo de Administración de la OIT, que tuvo lugar el pasado 23 de marzo.

Los sindicatos piden que la Conferencia de la OIT, en junio de 2021, sitúe la salud y seguridad en el trabajo al máximo nivel de las normas internacionales del trabajo, asignando así mayor responsabilidad a gobiernos y empleadores para salvar vidas en el trabajo, y lograr que más países ratifiquen convenios vitales sobre seguridad y salud.

Esto respondería al compromiso que figura en la Declaración del Centenario de la OIT, de 2019, que fuera adoptada unánimemente por gobiernos, trabajadores y empleadores, de garantizar salud y seguridad en el trabajo para toda la gente trabajadora.

El Collegium Ramazzini, sociedad científica independiente integrada por expertos en medicina ocupacional y ambiental, ha instado a la OIT a implementar urgentemente las decisiones adoptadas en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019, idealmente durante la Conferencia de 2021.

Según el Collegium Ramazzini, “Cientos de millones de personas en el mundo entero sufren lesiones cada año a causa de su trabajo. Millones más pierden la vida. Esta masacre puede prevenirse, pero sólo si se concede a la protección de los trabajadores la mayor prioridad posible y la salud y seguridad en el trabajo se reconoce como un derecho humano fundamental. La OIT debe actuar lo antes posible reconociendo la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo”.

Salvar vidas en el trabajo

Nick Pahl, Director Ejecutivo de la Society of Occupational Medicine, asociación internacional de profesionales de la medicina ocupacional con sede en el Reino Unido, indicó: “La Society of Occupational Medicine respalda firmemente que se designe la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Instamos al Consejo de Administración de la OIT a actuar con la debida diligencia aplicando la decisión de la Conferencia del Centenario de la OIT (108ª sesión) en 2019, con vistas a incluir la designación de la salud y seguridad en el trabajo como uno de los derechos fundamentales en el trabajo en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2021”.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró que: “Gobiernos y empleadores deberían hacer caso a estos destacados expertos. Durante demasiado tiempo, se ha venido concediendo a la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a posibles lesiones y enfermedades ocupacionales mucha menos relevancia que a los otros derechos fundamentales en el trabajo. Algunos empleadores e incluso ciertos gobiernos parecen pensar que los costes de la actividad empresarial son más importantes que las vidas de la gente trabajadora. Asignando a la salud y seguridad el estatus legal que se merece contribuiría a reparar un fallo histórico, contribuyendo además a impulsar los esfuerzos para controlar la pandemia de COVID-19”.

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Mundo: Menores e internet: claves para incrementar su seguridad

La seguridad de los niños a la hora de utilizar internet puede incrementarse con unos hábitos adecuados, elecciones inteligentes y buena comunicación

La seguridad de los niños a la hora de utilizar Internet puede incrementarse con unos hábitos adecuados, elecciones inteligentes y buena comunicación, según comparte Avast, empresa especializada en productos de seguridad y privacidad digital. El pasado martes 9 de febrero se celebró el Día de la Internet Segura, en un año en que la situación de pandemia por la Covid-19 ha provocado un aumento sin precedentes del uso de Internet y las redes sociales.

Para usar Internet de forma segura, desde Avast recomiendan que los menores aprendan dónde están las configuraciones de privacidad en cada sitio web y que adquieran el hábito de ajustarlas a sus configuraciones más avanzadas.

La autenticación en dos pasos es una manera de agregar una capa adicional de seguridad para acceder a sus cuentas. Así, además de su contraseña, también deberán autenticarse a través de un código enviado a su teléfono, por ejemplo.

Para procurar que los menores utilicen Internet de manera segura, es preciso evitar que publiquen su información personal en la red (nombre completo, domicilio o número de teléfono) o desvelen sus contraseñas a extraños. Además, conviene recordarles que no todo el mundo es quién dice ser en Internet.

Para evitar situaciones de ciberacoso, se debe fomentar una buena comunicación con los menores basada en la confianza para que, si son víctimas o testigos de estos abusos, sepan pedir ayuda a un adulto y no lo oculten. Y recurran también a los mayores si encuentran en Internet algo que les incomode.

Fuente e imagen:  https://www.abc.es/familia/educacion/abci-menores-internet-claves-para-incrementar-seguridad-202102220107_noticia.html

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Los nueve derechos humanos vulnerados durante la pandemia del COVID-19 en El Salvador, según informe

América Central/El Salvador/27-09-2020/Autora: Liseth Alas/Fuente: www.elsalvador.com

Escasez de agua, negación a la salud, la falta de transparencia de datos y detenciones arbitrarias, entre otros, son parte de los derechos humanos fundamentales vulnerados durante la emergencia del coronavirus en El Salvador en el marco de las medidas aplicadas por el Gobierno, según los resultados de la Contraloría Social de la Gestión Pública de la Pandemia causada por el COVID-19 que desarrolló la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y el Foro Nacional de Salud.

El informe fue presentado este martes en un evento en línea organizado por las instituciones, donde se expusieron los datos recopilados a través de una encuesta virtual en la que participaron los líderes de las comunidades, quienes se han mantenido vigilantes de las necesidades que ha atravesado la población de sus sectores durante la pandemia.

La muestra se recopiló con 253 personas y se desarrolló del 1 de mayo al 31 de julio en 60 municipios de nueve departamentos de El Salvador.

La contraloría concluyó que por lo menos nueve derechos humanos fundamentales han sido vulnerados en el país durante las medidas aplicadas por el Ejecutivo, algunos de estos pese a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que, según el análisis, fallaron a favor de la ciudadanía que se amparaba en esta al considerar que se tomaban decisiones arbitrarias que los afectaban.

“Qué significa, que estos derechos han sido transgredidos por la autoridad o por es Estado”, indicó el consultor Marcos Fermán, quien fue el encargado de la ponencia del documento.

De acuerdo con los resultados de la contraloría estos son los derechos humanos cuestionados a la gestión pública de la pandemia:

1. Derecho a participar en la toma de decisión en los asuntos públicos a nivel local

Ni el gobierno central ni las alcaldías han involucrado a las comunidades en sus planes de prevención y sobre todo en la fiscalización de los recursos financieros y sanitarios para la atención del COVID-19, explicó Fermán.

“Antes de la pandemia y hoy con la pandemia, todos los problemas y procesos se ven cuestionados... La participación ciudadana en su sentido estricto ha sido violentada”, agregó.

2. Derecho de acceso a recibir información pública

Este derecho es complementario al de participación, dijo el consultor, pues incluso está estipulado en el artículo 6 de la Constitución de la República y en la Ley de Acceso a la Información Pública. De acuerdo con el estudio, el 65% de los encuestados indicó no haber recibido información sobre cómo prevenir el COVID-19 por parte de ninguna entidad local o del gobierno central.

“El Salvador ha sido uno de los países un tanto más cuestionados, porque una de las disposiciones que se tomó en uno de los decretos fue cerrar todos los procesos administrativos y judiciales, el acceso a la información es un proceso administrativo y en la pandemia se cerró… Hay gente que aún ha solicitado información y no se la han entregado”, apuntó Fermán.

Lamentó que durante la pandemia “el Gobierno de El Salvador puso en cuarentena el acceso a la información, eso debe de quedarnos claro que estamos frente a un gobierno con poca vocación democrática”.

También cuestionó a los diputados: “Esta fue una ley de emergencia nacional y se les pasó, dejando de responder las solicitudes de información, donde se suspendían los procesos administrativos y judiciales”.

3. Derecho a la integridad personal

Esta vulneración se refirió a las atribuciones que el Gobierno otorgó a la Policía y Fuerza Armada y las retenciones que se desarrollaron por presuntamente violar la cuarentena, lo que provocó que ciudadanos se avocaran ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esta determinó que no se debía restringir la circulación de personas.

Según datos de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) retomados en el informe, del 21 de marzo al 13 de abril se recibieron 471 denuncias “por acciones arbitrarias de diversa índole, principalmente detenciones abusivas sobre quienes infringían la norma de aislamiento”.

Centro de Contención en el Injuve de la colonia Zacamil. Muchos denunciaron hacinamiento, falta de pruebas y mucho tiempo retenidos. Foto EDH / archivo

“Quiero señalar que la restricción del derecho a la libre libertad de tránsito establecida en la Constitución de la República solo se puede establecer en los estados de excepción no en una emergencia, esa es una gran confusión que ha tenido el gobierno central”, afirmó el consultor del Foro Nacional de Salud en la ponencia.

Además, se refirió a otro error que, según él, se está cometiendo en la actualidad al exigir la prueba COVID-19 a los salvadoreños que ingresan al país. “Después rectificaron la plana y dicen que a quienes se les está exigiendo es a las aerolíneas… se siguen vulnerando derechos, muchos constitucionalistas ya se pronunciaron”.

4. Derecho a la seguridad personal y seguridad ciudadana

El 45% de los encuestados consideró que se descuidó la seguridad en las comunidades, el 30% percibió que no, mientras 10% dijo que no sabe y un 15% señaló que “la inseguridad se traduce en hechos de violencia contra las mujeres”.

5. Derecho a la salud

Un 37% de los participantes en la consultoría dijo que se les negó la atención a la salud “porque solo se atendían casos” relacionados al COVID-19. Manifestó que, incluso, hubo centros de salud que optaron por cerrar o suspendieron la consulta externa.

La consulta externa en el ISSS y hospitales públicos permaneció suspendida durante la emergencia. Foto/ Archivo

 “No han estado atendiendo las enfermedades crónicas, solo dan el medicamento y no le dan seguimiento de cómo es que va la salud, no hay promotores de salud en algunas comunidades”, señaló Yeni Jiménez, representante del equipo coordinador de la Mesa Nacional Territorial.

6. Derecho a la alimentación

El informe cuestiona las canastas de alimentos que entregó el Gobierno al considerar que lo hizo de forma desproporcional y que hubo personas de escasos recursos que no fueron beneficiarias ni del paquete de comida ni con el bono de $300. Además, critican “el tipo de comida” que se repartió que “no tiene un enfoque cultural”.

“Y yo recibí platanitos, pensaba ver huevos, frutas pero algo es algo no” escribió Carolina en su cuenta de Twitter junto a la foto de la primera bolsa de víveres que recibió.

“Quienes no tienen energía eléctrica no se vieron beneficiados con la canasta y los que intentaron obtenerla fue toda una odisea”, señaló Alba Villatoro, de la Mesa Territorial de Prevención de Violencia Social hacia la Mujer.

“Hubo mucha improvisación, falta de planificación y falta de participación de la gente en la toma de decisión”, dijo Fermán.

“La alimentación no se está regalando, al final pagamos el costo del alimento y del bono”, sostuvo Jiménez.

También, en el análisis se señala que no hubo control de precios de la canasta básica durante la emergencia.

7. Derecho a la educación y la cultura

“La pandemia expuso la brecha digital existente en la familia”, indicó Fermán. Agregó que maestros y padres de familiar han tenido que invertir en internet para continuar en línea las clases, incluso, tienen conocimiento, que hay quienes deben pagar por impresiones de las guías.

Edgardo recibe sus clases a través de canal 10. La nueva modalidad de envío de tareas por WhatsAPP les ha generado un gasto a su familia. Foto EDH/ Yessica Hompanera

“Esto significa que la educación ha dejado de ser pública y gratuita, porque hay muchos maestros y familias que han tenido que pagar internet y conseguir los dispositivos para las clases”, aseveró el consultor.

8. Derecho al acceso al agua

El 41% de los encuestados dice que desde siempre ha estado desabastecido de agua potable; un 26% afirmó que no contó con el servicio durante la pandemia, mientras un 31 % expresó que sí contó con el suministro y un 2% respondió que no sabe.

El informe criticó que los municipios más afectados por la escasez de agua son los que registran más contagios de COVID-19, entre estos San Salvador, Soyapango y Santa Tecla.

“El GOES y entidades de salud han enfatizado que el primer frente de defensa es el lavado de manos con agua y jabón”; no obstante en El Salvador, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019, “para ese año 131,918 hogares urbanos y 154,887 rurales no tenían un nivel de acceso básico y elemental al agua”.

“El tema del agua se ha evidenciado y colocado en la agenda pública durante la pandemia, pero siempre hemos estado desabastecidos de agua, siempre ha caído de manera irregular y siempre hemos tenido agua de mala calidad”, cuestionó Fermán.

9. Derecho a un vida libre de violencia para las mujeres

El 49% de los participantes en la encuesta respondió que sí tiene conocimiento de hechos de violencia contra la mujer en el marco de la pandemia, un 40% dijo que no y un 11% respondió que no sabe.

De los casos registrados, según los datos recopilados en el informe, solo un 9% (25 personas) se atrevió a denunciar, pero de estos solo 1% (3 personas) fue atendido.

A criterio del experto “la Policía descuidó la seguridad ciudadana y personal por atender la pandemia, eso no es malo, pero yo debo saber administrar los recursos para atender la pandemia, pero sin descuidar las otras atenciones o la realización de otros derechos”.

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 se ha sumado a los patrones culturales ya existentes, como el caso del machismo, para que se repitan actos violentos contra centenares de salvadoreñas. Foto Referencia. Archivo

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nueve-derechos-humanos-vulnerados-pandemia-coronavirus/756151/2020/
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Así debería ser la vuelta al cole para que sea segura

Por: Educación 3.0

Con el fin de ayudar a que la vuelta al cole se lleve a cabo de la forma más segura posible durante la pandemia, un equipo de expertos de la Universidad de Harvard ha publicado un informe con diferentes indicaciones para que se reduzca el riesgo de contagio entre estudiantes y profesores. Estas son las principales medidas que contempla.

¿Cómo será la vuelta al cole que tendrá lugar en solo unos días? ¿Podrá garantizarse la seguridad de docentes, estudiantes y familias? Para un grupo de expertos de la Universidad de Harvard, habría que tener en cuenta una serie de medidas de seguridad y tomar ciertas precauciones tanto en las aulas como en el centro en su conjunto para reducir el riesgo de contagios.

Todas estas indicaciones las han reunido en un informe liderado por el profesor asistente de Ciencias de Evaluación de Exposiciones Ambientales y director del Programa de Edificios Saludables Joseph G. Allen, que asegura que existen pruebas científicas que indican que los riesgos a los que se exponen el alumnado y personal docente se pueden reducir si en los centros se implementan medidas estrictas de control y se reacciona de manera dinámica ante los posibles brotes.

Asimismo, señala que “no existe un plan perfecto de reapertura de las escuelas” ni unas “estrategias universales que sean efectivas”, pero sí es posible tomar algunas precauciones que ayuden a minimizar los riesgos y que la vuelta al cole sea segura. Por eso, han tenido en cuenta las tres vías de transmisión de la Covid-19 que se conocen hasta el momento (por contacto cercano, de largo alcance y por fómites), a partir de las que han propuesto una serie de medidas aplicables a distintos ámbitos de la vida escolar: el aula, los edificios, las políticas, los horarios o las actividades que se llevan a cabo.

Aulas saludables

Con el propósito de que las aulas sean un lugar seguro para todos es imprescindible el uso de mascarillas “en especial en los pasillos, los baños y cuando los alumnos se encuentren cerca de estudiantes de otras clases”. Así, igual de importante es “designar momentos de la jornada escolar durante los cuales se las puedan quitar”.

Una clase de primaria vacía - vuelta al cole durante la pandemia

Lavarse las manos es otra medida imprescindible, sobre todo en momentos como inmediatamente antes de salir de casa, salir del aula, comer, tocar objetos compartidos, tocarse la cara y salir de la escuela, así como después de entrar en el colegio y en el aula, terminar de almorzar, tocar objetos compartidos, ir al baño, toser, estornudar, soplarse la nariz y llegar a casa. Cuando no sea posible, se recomienda usar gel desinfectante.

Maximizar el distanciamiento físico permitirá proteger a las personas y, a su vez, el distanciamiento de los grupos ayudará a desacelerar las cadenas de transmisión. De este modo, se aconseja restringir el traslado de los estudiantes de un aula a otro y evitar reuniones multitudinarias, tanto dentro como fuera del centro.

Edificios saludables

Para mantener la seguridad en los edificios, las medidas de seguridad giran entorno al aire y a la limpieza de superficies. Para respirar aire puro es necesario incrementar la ventilación con aire del exterior, filtrar el aire del interior con filtros de aire de clasificación MERV 13 o superior e incorporar purificadores de aire portátiles equipados con filtros HEPA.

Capacitar adecuadamente al personal de mantenimiento y suministrarle equipos para su protección también es un punto importante. Según el estudio, es necesario mantener la limpieza de superficies y hacer especial hincapié en la limpieza de los baños.

Políticas saludables

Con el fin de crear una cultura de salud, seguridad y responsabilidad compartida, se recomiendan medidas como la creación de carteles que recuerden las pautas sanitarias y se distribuyan por todo el colegio o, incluso, comenzar cada día con un mensaje dirigido a todo el centro reafirmando las medidas sanitarias.

Designar un equipo de respuesta frente a la Covid-19 y dotarlo de un plan es otra clave que se señala en el estudio, así como elaborar planes de acción frente a la aparición de casos, promover las pruebas de detección y las pruebas de anticuerpos del virus y, sobre todo, en caso de enfermedad, será prioritario permanecer en casa. De hecho, y pensando en el supuesto de que alguien empiece a encontrarse mal durante la jornada escolar, se recomienda que exista una “sala cómoda donde puedan autoaislarse hasta que finalice el día”.

El estudio elaborado por la Universidad de Harvard también hace referencia a la necesidad de respaldar las opciones de enseñanza a distancia: proveer los instrumentos y los sistemas de apoyo necesarios para que los estudiantes que se queden en casa puedan seguir con su formación, capacitar al personal para impartir clases online de la mejor manera y evaluar la posibilidad de implementar la enseñanza a distancia por cursos.

Por último, se recomienda disminuir la densidad de ocupación de los edificios escolares, por ejemplo, limitando el acceso de los padres y otros visitantes, llevando a cabo tutorías online o fomentando las funciones administrativas desde casa siempre y cuando sea posible.

Horarios de clases saludables

Gestionar los horarios y los lugares de transición, reforzar la seguridad a la hora de la comida, reevaluar los medios de transporte o modificar las normas de asistencia son las principales pautas que se deberían tener en cuenta para el próximo curso.

Algunas sugerencias para llevar esto a cabo son: escalonar los horarios de entrada y salida o los horarios de comedor para dar tiempo a la adecuada limpieza y desinfección y también para facilitar el distanciamiento entre los grupos.

Actividades saludables

Un padre le coloca la mascarilla a su hijo en la vuelta al cole

Por otro lado, en el informe se pide respetar los recreos, es decir, “no restringir el recreo de los niños ni su acceso al patio o a los juegos de la zona recreativa de la escuela”. Eso sí, para que la vuelta al cole sea segura, será imprescindible “lavarse las manos o limpiarlas con alcohol en gel antes y después del recreo o de utilizar elementos de mucho contacto”. Se plantean también las opciones de escalonar los recreos o, si fuese necesario, designar un área del patio para cada clase.

La Educación Física debería llevarse a cabo al aire libre “en la medida de los posible” y se recomienda limitar la cantidad de tiempo durante el cual se está en contacto estrecho y en grupos grandes, así como reducir el uso de equipos y espacios compartidos.

En resumen, será necesario que los colegios implementen una estrategia de defensa ante el coronavirus, compartir las responsabilidades con otras instituciones y entidades públicas y privadas, restringir las cadenas de transmisión y ser flexibles ante esta nueva normalidad.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/asi-deberia-ser-la-vuelta-al-cole/

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Cuba reiniciará curso escolar el próximo 1 de septiembre

América Central/Cuba/21-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.cibercuba.com

La ministra de Educación Ana Elsa Velázquez informó este viernes que el curso escolar 2019-2020 reiniciará en Cuba el próximo 1 de septiembre, como parte de la estrategia post-COVID diseñada por el gobierno de la isla.

El curso actual, suspendido en marzo por la pandemia de coronavirus, será retomado en esa fecha y culminará el 31 de octubre en la educación general, detalló la funcionaria en el espacio televisivo oficialista Mesa Redonda.

Dos días después, el 2 de noviembre, y coincidiendo con la tercera etapa de reapertura del país, se dará inicio al período escolar 2020-2021, el cual tendrá 37 semanas de clase y 4 de evaluaciones, explicó.

La ministra —quien fue muy criticada en marzo pasado por negarse a cerrar las escuelas del país en medio de la emergencia sanitaria—, dijo que el objetivo esencial de esta primera fase de vuelta a la normalidad es «garantizar las condiciones en las instituciones educacionales», para que el reinicio de clases sea seguro.

Entre las medidas para la nueva etapa, afirmó que se dará solución a los problemas de hacinamiento existente en algunos centros educativos, en particular en las escuelas primarias.

«Se atenderán las situaciones que tienen las instituciones educacionales para cumplir con las medidas higiénico-sanitarias, en especial para el lavado de las manos, las instalaciones hidrosanitarias y el suministro de agua potable», aseguró la funcionaria.

Asimismo, indicó que en la primera fase se otorgarán los «círculos infantiles para el segundo año de vida, a los niños nacidos en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del 2019».

Según expresó, en la segunda fase los niños de la primera infancia, alumnos de primaria y educación especial permanecerán en las instituciones educativas de lunes a viernes.

Sin embargo, para los estudiantes de secundaria básica el horario será el siguiente:

Séptimo grado: De lunes a jueves, en la sesión de la mañana.

Octavo grado: De lunes a jueves, en la sesión de la tarde.

Noveno grado: Los viernes, el día completo.

Para preuniversitario también habrá algunas variaciones:

Décimo grado: Lunes, miércoles y viernes, en la sesión de la tarde.

Onceno grado: Martes y jueves en la sesión de la tarde, y sábados en la sesión de la mañana.

Duodécimo grado: De lunes a viernes en la sesión de la mañana.

Desde el 18 de junio, Cuba se encuentra en la primera fase de reapertura tras varios meses de cierre obligatorio en sus principales instituciones por la pandemia de COVID-19.

Fuente e Imagen: https://www.cibercuba.com/noticias/2020-06-20-u1-e199894-s27061-cuba-reiniciara-curso-escolar-proximo-1-septiembre-afirma

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