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México| La verdad es que no hay verdad»: madres y padres en lucha por sus 43 hijos

En la reunión provisional de la Asamblea Nacional Popular, doña Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, normalista de Ayotzinapa desaparecido en 2014, señaló que el gobierno «se ha burlado mucho de nosotras las madres y los padres. Nosotras vamos a seguir y no vamos a creer que nuestros hijos ya están muertos. Si no me dan pruebas de mi hijo cómo voy me voy a quedar con esa verdad… La verdad es que no hay verdad».

El 17 de septiembre, se articularon organizaciones sociales y colectivas con la lucha social de las madres y padres por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Las madres siempre se han preguntado dónde están sus hijos, qué pasó con ellos y a dónde los fueron a dejar. «Como madre sigo esperando a mi hijo, no pierdo la fe y la esperanza de que será lo último que voy a perder», dijo doña Blanca Nava.

Lo más que se ha podido hacer son búsquedas donde encontraron mil restos óseos de 4 a 5 centímetros. También se han realizado detenciones, con irregularidades. Las últimas detenciones han sido las de Jesús Murillo Karam, tres militares, entre los que está el coronel José Rodríguez Pérez. Sin embargo, sobre el paradero de los 43 estudiantes no se sabe nada.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43, hizo notar las preocupaciones de los últimos acontecimientos en el caso Ayotzinapa. Primero, las madres y padres ven que hay una demora injustificada en la ejecución de las 20 órdenes de aprehensión en contra de los militares, pero es el día en que no se han ejecutado. El pasado miércoles 14 de septiembre sólo se pudieron detener a tres militares sin saber las razones de qué ha pasado con el resto. Lo que sí vemos es que hay una dosificación en las órdenes de aprehensión.

Segundo, hay una «demora después del discurso del secretario de la defensa nacional en la detención de militares. El presidente de México les da la tribuna a las fuerzas armadas y desde ahí cuestionan a las madres y padres porque supuestamente están generando un conjunto de acciones con el fin de querer desprestigiar a una institución militar». Estas declaraciones son sumamente peligrosas.

Esta posición recia del secretario de la Sedena preocupa porque da un mensaje directo para que no se toquen 17 militares más que tienen orden de detención. Hay un temor justificado de que el ejército esté apretando la tuerca al ejecutivo. Después de que se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión se dio el discurso del secretario donde dice que «hay intereses perversos de querer crear una desconfianza en las fuerzas armadas porque estamos diciendo que son asesinos, que infiltran de manera infundada los movimientos sociales y que deben responder por graves violaciones a los derechos humanos». En fin, el ejército quiere encubrir a 20 de sus elementos.

Tercero, «la comentocracia, quienes escriben para las oligarquías y un régimen militaristas, afirman que el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, están creando acusaciones infundadas contra un pobre ejército que carga a México en sus espaldas», asevera Vidulfo Rosales.

Las madres y padres consideran que hay un ambiente enrarecido que trata de tejer una cortina de humo. Están minimizando las detenciones como el general que está en la cárcel por violar derechos humanos en México. Lo cierto es que no se están ejecutando las órdenes de aprehensión que el mismo gobierno las anunció. Además, los jueces están exonerando a personas responsables, y caciques en Guerrero tratan de dividir a los padres de familia.

Las organizaciones sociales se solidarizaron con las madres y padres, así como el apoyo a Vidulfo Rosales y se manifestaron contra los ataques mediáticos de la clase política y del ejército que se muestra indiferente al dolor de las madres, que, al contrario, busca ocultar la verdad.

Las madres y padres exigen cárcel para todos los militares, desde el soldado hasta los generales que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes. Al general Cienfuegos no se le está investigando, pues no fue ajeno a lo que estuvo ocurriendo. Es impensable que no supiera que la normal estaba siendo infiltrada y que tenían monitoreados a los jóvenes desde su salida hasta el arribo en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y que sus elementos estaban participando de manera directa en la agresión. Por eso debe enfrentar la justicia.

Vidulfo Rosales habla en que «nos negamos mirar al México profundo y otro imaginario con sus contradicciones, lleno de exclusión, desigualdad y más 100 mil desaparecidos. Qué pasa con los desaparecidos. Nos encontramos una burbuja donde la juventud está en un ensueño por la narrativa de una ideología neoliberal. Así, el discurso del gobierno termina criminalizando la protesta social».

El debacle de la democracia en México se profundiza con una crisis de derechos humanos. Se pensó que todo cambiaría con el gobierno de la cuarta transformación. Sin embargo, las imágenes del terror, de la impunidad y la corrupción continúan. Se habla de libertad de expresión, pero se criminaliza la protesta aun cuando la lucha es por verdad y justicia.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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Niñas madres

Por: Tlachinollan

María, una niña de 12 años del pueblo Me phaá, nunca imaginó que después de participar en la posada de la iglesia, sería raptada por un vecino de la comunidad. El violador ubicó a la víctima y buscó el mejor momento para interceptarla y subirla a su vehículo. La oscuridad del callejón que lleva a la casa de la menor, fue el lugar propicio para llevársela. No solo fue víctima del ultraje sino de las amenazas que resonaban en su mente: “si te atreves a denunciarme, te voy a matar”. Tuvo que padecer en silencio esta tropelía y soportar en su cuerpo la asquerosidad del perpetrador. Fue un martirio. Por las noches, su mamá tenía que consolar a su niña sin saber qué remedio darle. La pequeña no se atrevía a decir lo que había sufrido.

Ya no era la misma niña que jugaba y cuidaba a sus 4 hermanitos. Sus malestares físicos y psicológicos se complicaban. Además de estar triste, ya no tenia hambre y sufría de mareos. La doctora del pueblo la atendió y constató que llevaba tres meses de embarazo. Ante esta evidencia, María tuvo que confesar a sus padres lo que había padecido en el mes de diciembre. Acudieron a la comisaría a interponer la denuncia, sin embargo, el comisario no se atrevió a intervenir. Tuvo miedo a las represalias, porque el agresor de 40 años se desempeñaba como servidor de la nación. Su cargo como funcionario público le daba poder en la comunidad, y por lo mismo, actuaba con total impunidad.

Los padres de María no se amedrentaron. Consiguieron dinero prestado para interponer la denuncia en la fiscalía de Tlapa. Fue admirable su sacrificio y el acompañamiento en todo el proceso de la denuncia penal. Las cinco horas del viaje con la polvareda del camino, así como las complicaciones del embarazo de María, no fueron obstáculo para acudir a Tlapa, con tal de que la investigación avanzara. Su persistencia rindió resultados al emitir el juez la orden de aprehensión. De inmediato el agresor tuvo conocimiento por los contactos que tenía en la misma fiscalía. Se amparó para asegurar la protección de la justicia federal, sin embargo, el recurso no prosperó por tratarse de un delito grave.

Al advertir que su situación legal se complicaba, buscó apoyo con políticos de la región para evitar que la orden de aprehensión se ejecutara. Su familia acudió con el comisario municipal para pedir que citara a la mamá de la menor. Ante el temor de que la autoridad actuara arbitrariamente, la mamá optó por presentarse en la comisaría. Los padres del acusado la señalaron como responsable de lo que le fuera a pasar a su hijo. Insistieron en que su denuncia era falsa y que, por lo mismo, también la denunciarían por sus declaraciones sin fundamento. Trataron de convencerla, por la buena y por la mala, para que se desistiera de la denuncia. Ante la negativa le advirtieron que se metería en problemas más graves. Creyeron que al ofrecer dinero lograrían su objetivo. Todo fue en vano, porque la postura firme de la mamá de María fue una demostración de dignidad, porque ni las amenazas ni el dinero doblegaron su afán de justicia.

Ante la imposibilidad de evitar que la orden de aprehensión se aplicara, el agresor huyó de la región y planeó cruzar la frontera para librar la cárcel. Su preocupación fue evadir la justicia y desentenderse de la situación de la niña que dejó embarazada. Los padres de María, a pesar de la vejación que sufrió, le pidieron que tuviera al bebé con la promesa de que ellos la adoptarían como otra hija más. El umbral de la maternidad fue una experiencia dolorosa para la menor por todo lo que implicó la violación y lo que representó la gestación del feto en su cuerpo diminuto.

María tuvo que sobreponerse a un sinnúmero de problemas de salud ante la falta de atención médica en su comunidad. Tuvo que soportar en silencio todos los estragos de un embarazo temprano. Se resignó a tener un hijo, sin poder dimensionar lo que esto representa para su corta vida. En una comunidad pequeña, el embarazo de una niña, el escándalo es mayor contra la mujer, no contra el hombre. Es un hecho grave imposible de ocultarlo y revertirlo contra el agresor. El escarnio clava sus flechas contra la menor, dejando una herida que lacera y que no se cierra.

María tuvo que permanecer confinada en la precariedad de su casa con piso de tierra. El mundo se le derrumbó, se truncaron todos sus sueños y resquebrajaron sus ilusiones, como las demás niñas de la Montaña. En medio de las complicaciones de su embarazo, su abuelo, que es partero, le tocó atenderla. Entre sus rezos y brebajes logró que su nieta tuviera un parto normal. Desde hace nueve meses María tuvo que asumir el rol de madre, además de amamantar a su niña tiene que velar por su salud y trabajar para sostenerla. Ha buscado un empleo pero no la quieren contratar, porque es una niña madre, que además de cargar su morral, carga sobre su espalda a su pequeña niña.

En el mes de febrero, cuando la fiscal general del estado, la maestra Sandra Luz Valdovinos, se reunió con varias familias en la ciudad de Tlapa, platicó con María y su tía. Escucho la triste historia de María que cargando a su bebé le narraba llorando lo que había sufrido. A pesar de enfrentar una situación sumamente precaria, centró su exigencia en que se hiciera justicia, por la violación que había sufrido. La fiscal conoció a su bebé y la reciedumbre de una niña madre que lucha para que se castigue a quienes violan a las mujeres. En el mes de marzo, la fiscalía notificó a los papas de María había detenido a su agresor en la ciudad de Tijuana, cuando se disponía a cruzar la frontera.

El calvario de María, es representativo del gran número de casos de niñas que asumen el rol de madres por diferentes causas. La violación sexual de niñas es un problema creciente que las autoridades encargadas de investigar los delitos no han revertido. Existen graves deficiencias y vicios entre el mismo personal que no integra bien la carpeta de investigación y no realiza todas las diligencias que amerita el caso. No hay peritos que realicen los estudios que se requieren. Hace falta personal especializado para proporcionar una atención apropiada a las víctimas de violación sexual. El número de denuncias no corresponde al alto número de casos de mujeres violentadas, porque no hay suficiente personal que las atienda y lo peor de todo, es que no se les brinda un trato adecuado y se les revictimiza. Es común que las denuncias que se interponen se filtren a los medios amarillistas que se encargan de publicar casos que requieren sigilo. Hacen escarnio de los agravios que denuncian las víctimas causando mayores riesgos a su integridad física y vida misma.

A nivel regional los matrimonios forzados de niñas es otro problema que no es atendido en su justa dimensión por las autoridades estatales ni municipales. A pesar de los esfuerzos que existen para implementar estrategias de atención interinstitucional para evitar los matrimonios forzados, no se logra incidir en el ámbito comunitario. Se ha avanzado en los diagnósticos para ubicar en qué municipios hay mayor incidencia de los matrimonios forzados y se ha logrado convocar a las autoridades municipales para que se involucren como parte de la estrategia interinstitucional. La realidad es que no existe interés genuino en la mayoría de los presidentes municipales. Se reducen a formalizar convenios pero no se comprometen a implementar acciones concretas para que en su municipio se atienda a las niñas que son víctimas de matrimonio forzado.

En el ámbito municipal no se pueden centrar las estrategias de atención, se requiere trabajar en el nivel comunitario, sobre todo en las localidades donde la práctica es generalizada. Pero la intervención no se puede reducir a un programa de pláticas para sensibilizar a los hombres sobre la gravedad de estas prácticas. Tiene que trabajarse una propuesta integral con la participación de personas de la misma comunidad. Es un trabajo que requiere una inserción a la dinámica comunitaria, conocer el contexto y ubicar el sentido que le dan a estos matrimonios de niñas. No es suficiente enfocarse a este problema, implica detonar acciones eficaces en el campo educativo, en el tema de la salud y den el mejoramiento productivo. También es urgente un atención especializada  a la niñez indígena, que desde pequeños tienen que salir con sus padres a trabajar en los campos agrícolas. La precarización de la vida comunitaria es un problema estructural que no esta siendo atendido por los gobiernos municipales. Lo más grave es que las autoridades municipales en lugar de revertir los rezagos sociales, se interesan en establecer negocios privados con los recursos públicos. Hacen alianzas con las empresas que ya tienen experiencia en cómo realizar obras de mala calidad para obtener grandes ganancias. Lo más grave es que los presidentes municipales y el partido gobernante han optado por establecer alianzas con grupos del crimen organizado, quienes se encargan de la seguridad del municipio, a cambio de que se les garantice tener el control territorial. Imponen su ley atemorizando a la población y controlando giros comerciales. También forman parte de los proveedores del municipio. Son el poder fáctico que tienen el control de las instituciones y que opera con el uso de las armas, para allanarle el camino al presidente municipal en su proyección política. Esta criminalidad enquistada en las instancias municipales son la mayor amenaza que enfrenta la población por la supeditación del poder político al poder de la delincuencia organizada. En este entramado criminal las niñas madres, se encuentran en total indefensión. En lugar de encontrar protección y cobijo en las autoridades municipales se topan con los perpetradores.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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La protesta social como un derecho por la presentación con vida de los 43

El 11 de junio de 2022. Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, normalistas y organizaciones sociales se manifestaron en el zócalo de la capital del estado para exigir la presentación con vida de sus hijos. También insistieron en que se tienen que abrir los archivos del ejército y la Marina.

En el mitin señalaron que el ejército y la Marina tienen evidencias sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“Supuestamente los militares son los que resguardan este país, hoy sabemos y reafirmamos que participaron en la desaparición de los 43”, señala Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, uno de los normalistas desaparecidos.

Los padres de familia aseguraron que a pesar del descontento de las autoridades por sus protestas, su lucha está dentro del marco legal, pues está contemplado en la constitución, además de que como víctimas tienen derechos. Asimismo, continúa Melitón Ortega, “si en Guerrero se hiciera justicia contra los responsables que escondieron las evidencias de los hechos en Iguala, que estaban en el poder, y los autores materiales que cumplieron esas órdenes, no habría necesidad de que los padres y estudiantes estuviéramos en las calles, cerrando avenidas, haciendo bloqueos o actividades en las instituciones”.

Por su parte, don Maximino, padre de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, señala que el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dar con el paradero de los estudiantes y dar castigo a los responsables. No obstante, “hoy vemos que no va a dar con el paradero, no tiene la capacidad de resolver el problema. No hay detenidos. Ángel Aguirre Rivero, Iñaki Blanco, Tomás Zerón, Murillo Karam, Enrique Peña Nieto están disfrutando el dinero que se robaron del pueblo”. Hoy solamente quedó un aliento que poco a poco se ha convertido en amargura para los padres. “Estamos viviendo una incertidumbre prolongada. No sabemos cuándo vamos a tener esos personajes en la cárcel y que rindan cuentas”, agrega don Melitón.

También exigieron al gobierno federal seguir con las líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Hicieron un llamado a las instituciones y funcionarios para que no se cubran entre ellos. Son cómplices porque no nos quieren entregar a sus compañeros que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes y que asesinaron a tres jóvenes y otras personas, y que un estudiante todavía sigue en coma, comenta don Bernabé, padre de Adán Abraján de la Cruz, normalista desaparecido.

Finalmente, agregaron que al día de hoy solo han tenido contradicciones de los gobernantes que hablan de leyes, mientras agreden estudiantes, campesinos y al pueblo en general por exigir justicia, verdad y castigo. “Los gobernantes en este país tienen una deuda histórica con los 43 estudiantes, con los 43 familiares de los jóvenes estudiantes. Miles de familias no han tenido respuestas. Entonces, por eso la lucha de los padres sigue aquí”.

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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México: Sin el vuelo de las niñas indígenas

Las lágrimas de doña Jus, indígena Na Savi, inundan sus ojos por la ausencia de su nieta Alejandra, víctima de feminicidio en el 2020. Desde que nació siempre fue su hija. Le gustaba jugar con sus amigas y nunca faltaba su risa en su casa. Vivían en una choza de bajareque en el municipio de Cochoapa el Grande, en la Montaña alta de Guerrero.

Creció en la pobreza extrema, entre las veredas del olvido. Cuando no había que comer caminaba entre las hondas barrancas para cortar quelite. Así pasaban los días. En ocasiones se sentía la punzada en el estómago vacío. No había nada, solo dolor.  Sin embargo, para soportar una cotidianidad, marcada por las carencias, la violencia machista y patriarcal trataba de contemplar la niebla de las montañas. La niña A no imaginó que a sus 14 años le cortarían las alas para emprender el vuelo hacía el horizonte, donde hay esperanzas.

Estaba estudiando la secundaria, era su último año, cuando los agresores buscaron la forma de sacarla de su casa con la idea de entregarle un celular que le habían arrebatado dos días antes, pero no fue verdad. Al contrario, intentaron agredirla sexualmente, pero se defendió sin que pudiera detenerlos. Despúes la torturaron, cercenando su cuerpo hasta que le quitaron la vida.

Esta pesada y cruenta realidad la viven cientos de mujeres indígenas que son silenciadas, vejadas, vilipendiadas, humilladas y mancilladas. Este monstruo de la violencia machista continúa cobrando vidas, sin que las autoridades presten atención. Es más, las mujeres terminan siendo criminalizadas por alzar su voz y pelear por sus derechos. La misma ausencia de las autoridades ha propiciado el aumento de esta violencia feminicida.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentamos la historia de un feminicidio acaecido en el municipio más pobre de Guerrero. Es un testimonio de la abuela y madre de la niña Alejandra, que con el llanto imparable exige justicia por su nieta.

Entre el dolor y la esperanza de justicia estas palabras pretenden ser un eco en los intersticios de la vida humana para erradicar la violencia machista, porque en Guerrero y México no se puede seguir sin el vuelo de las niñas indígenas.

Es un texto escrito en español y en lengua Tu´un Savi. Dejamos el testimonio completo:

Se acostó a dormir mi niña, estaba lloviendo mucho. Estaba triste porque le habían robado el celular. Fue cuando me dijo -abuela ayer me dijo [esa muchacha] que soy flaca. Estábamos por la barranca y me dijo que vaya por el celular. Así me dijo.

A qué vas a ir,  a dónde vas a ir, siéntate porque allá viven puros cholos y te vaya a hacer daño. Así le dije. No me tardo abuela, fue lo que me contestó [mi hija Alejandra].

Me dijeron que en la madrugada fue cuando empezó a forcejear mi niña, gritaba, pero a mí no me consta. Mi hija les dijo que no se quedaría así, no les tuvo miedo, si no hubiera hablado tal vez no la hubieran matado, pero rajaron toda su boca. Qué hizo ella para merecer eso.

Todo fue en la casa de material que está por allá arriba. Fue donde vinieron los ministeriales y quebraron la puerta para rescatarla. Por todos lados se regó la sangre, por todos lados de su cuerpo la cortaron y también sus manos.

En esa casa  la mataron y la fueron a tirar sobre el lodo, la embarraron toda, y como tenía el cabello muy largo se llenó de lodo. Mi hija estaba sin ropa. Qué tanto hizo mi hija, como si hubiera robado, pero no hacemos nada. Esto está complicado y no sabemos que hacer. Ella sólo tenía 14 años.

Eran dos mujeres las que la sacaban de la casa, desconozco sus nombres, pero estudian en la misma escuela [que mi hija]. La persona que la mató en ocasiones toma y me grita diciendo: te voy a matar porque soy hombre. Yo soy hombre, así dice.

Aquí tengo anotado sus nombres de los hombres y de las mujeres también, porque iba a sacar misa por ellos, creo que PL se llama uno.

Sus tíos y todas las personas lloran mucho por ella. Tenía muchas ganas de estudiar, ya hablaba muy bien el español, entendía muy bien las letras. Dicen que cuatro personas son las que saben de su asesinato, pero yo no las conozco, sólo conozco a dos hombres y sus nombres no.

Es triste. Sacaron su pantalón y lo escondieron en el temazcal por eso no lo encontramos, solo su blusa, su brasier y su ropa interior. Tenía mucha ropa mi hija porque hago huipil, los vendo y le compro ropa a mi nieta; tenía un costal  y una mochila lleno de ropa y huipil que también dejó. Se llevó tres huipiles. La quiero muchísimo porque yo no tengo hijas.

Su acta de nacimiento está con su maestro y todos sus papeles de estudios están allá [en su escuela]. Siento que como que no se va a hacer justicia por mi hija. Ella estaba estudiando y la cortaron. No me sé el número de su celular, ella me dijo que no tardaba en regresar [para que le cuente].

La amo mucho por eso la cuidé muy bien. Todas las noches y días lloro porque ella era estudiante. Nosotros no hacemos nada malo. De vez en cuando tenemos algo de dinero y es cuando nos compramos carne para comer. Somos muy pobres. Mi nieto fue el que me dio dinero para comprar el celular, porque ella le gustaba mucho el celular. [Recuerdo que] fui a Tlapa a recoger el dinero y allá compramos el celular, y mi nieta estaba muy feliz. Ese celular fue el que le robaron aquí. La [muchacha] que la venía a sacarla ya huyó al norte, vino cuatro veces aquí y yo no la dejé salir. Déjame ir por el celular abuela, pobre de nosotros porque nos costó mucho, así me dijo.

“El perro que maté no vale ningún dinero”, dijo el agresor. Él se dedica a vender terreno. Mi hijo le dijo que pagará por los daños porque ella es niña y es estudiante, pero él para nada quiso pagar. Gastamos 40 mil pesos para el funeral, con ese dinero compré carne y refresco para que comieran y bebieran los que fueron a dejar flores.

Yo qué hice si todos los días trato de vivir tranquila. Yo no he robado, vivimos bien pobres. Todos los día tengo miedo que entren a matarme también aquí en la casa. Allá del otro lado vive mi hija  y ahí me quedo a dormir. Nosotros no causamos daños a nadie. Mi difunto esposo siempre le decía a mis hijos, -los chivos, caballos o ganados de otras personas no se los roben, anden tranquilos, así les decía, por eso mis hijos no son así. Por qué esas personas nos hicieron esto si nosotros no cometimos ningún delito.

La historia del feminicidio de la niña A en lengua Tu’un Savi

Fernanda Lorenzo Ortiz, poeta Na Savi de la Montaña de Guerrero

Xikandu’u tikua’ái nikixie ra sa ra kuun ní sàvì, salulari kú nú ixaku’uíná ná mà, sá ka’aen ¡nana kuni kia nika’ae  kuyu laki kandu´u yu xi’ia yu’u ivi ka ra ka´aen xi’in ná ku’uin ndaki’in salulari káchie su’va! Kachie vae ma.

Ta nichun kie kù’ùn kun ra, yo ve’e kia kù’ùn kun kundu’u taxiun chi chòlò kú na kan ra kata’án na xi’iún kàchi xi’in ña ra ¡too vitin ku’uin nana! Kachie su’va.

Xa túvi kie kixaa ndakuiyo ña lo’o nda’ayu ña kachi na yuvi ta koe kundaa ini yu ma, ña nika’an kú tikua’ai, ní niká’án tukuen ra ká’áni nae ma, kaan ña yu’uen, ni ví kuachi tikua’a ma.

Ve’e tie’e chínínu kia nixa’aen ikan kia kìxi na sa’án má, ikan kie xàni na yé’e ta nìki’ivi na ra, in kua’a kua’a ká nìkàyù ini ve’e xi’in nìí, in tá kú ní yó’o tuvi nae yó’o tuvi na xa’andia ndi’i na, kuñu lo’o nda’ae yó’o xa’andia ndi’i nae.

Ve’e ta CN xa’ani nae ta nixa’an na sikana nae nú ndo’oyo, tuvi na ñá so’o, náni ka ví xini ña ra mí ndia’ayu kú ña, in ixa chala ví na se’ei ra ni kie ixa vie su ña nixakuina ví ku ña, táxîn ní ndee ndu, ndichi na kie, ndixi na kien koe ki’in ndu, sakan uxi kumî va kuiyae ta nixi’i ña.

Uvi kú mí na si’í tavâ ña’a xiní yu kìvi na, in nú ka’avi na, mí ra xa’ani kan ra, xá’an ra xí’i ra ta kíxaa ra ndia’ayu ko’ó ra kandú’u ra: xá’ani chi tiaa kui, yu’ù ku tiaa, Kachi ra su’va.

Yó’o ndesoi kivi na, xi’i mí na ña’a chi ña taa ndi ku’un tavai misa kia, an PL nani in ra.

Na xitoe chin tákundi’i na ra xáku ní na xa’aen ma, tiaa ní ka’aen ka’avi ña, vénu kaen, vénu letra ñá; kumi na xíni xa’ae xa’ani ña kachi na ra xíní yu na, uvi va na xíni yu ndi su xíní yu kivi na.

Tava na xatue ma nixa’an na ko’oni nae ini i’in kan ta nindáni’in ndia, ndia kotó vae kia ndani’i ndu, chikoto lo’o ndika vae xi’in xatu lo’o tixin vaen kia ndani’i ndu ma; iyo kua toto se’ei chi kunui xìkùn ra ixikoi ya ra satai tikotoe in koxta so’o ku ya, ndee machilae ra in chítu tun tikotoe ndee xiyo kunuu, uni xìkùn kunuu kua’an xi’in ña, tiaa ní xíní sîí tikua’ai chi koo na si’i se’ei.

Ñu’ún acta ña ra nda´a maxtro ñu’ún di’ia ikan ñu’ún ndi’i tutu ña ka’avia, ma koo ví kuachi xa’a se’ei ña kavi kian ra nixa’anda na ñá. Xìní númeroe salulari ña nana, tóviti kù’uen kachie xi’in.

Ñá nda’avi ní xíní sîí yu kuen ndaki’in yu ña ra veno níxa’anu ña, ini ñuu ni ká’añu ra tótoo xáku yu, ña xá’an ka’avi va kie, ta ni kóe ixa ndu nana, tá xa nini’in ndu xu’ún ra ki’in ndu kuñu kuxi ndi ndee ndi, nda’aví ni kú ndu, ra lo’o se’e ñanì vai taxi xu’ún ki’in ndi salulari chi xínísîí ní ña ña ra nixa’ain Tindia’ayu ndiki’in xu’ún ra ikan ki’in salulari ra kúsîì ka ví ini se’ei, ña kan kie ixakui’ina ri yó’o ña nú ndi’i; ñá xíka sanda’aví ña kan ra anda norte ndikáe xinu yuvie kua’aen ma, kumi ichi indikoen tava ña’aen yó’o ra nitáxi yu ña ma ¡ná kú’uin ra ndaki’in salulari nana nda’aví níyo chi xu’un ñue! Kachie.

Koo xu’un nda ví tina xa’aní, nina ñu’ún ixíko ra, nika’an se’ei ù’ùn ciéntoo ná chindu’u ra chi ñalo’o kavi kú ña ra iyo kuchi xa’aen kachi ra su’va ra nixíto mí ví ra. Uvi xiko mili xindi xundi, satai kuñu, tikui vixi, xi’i na kixi nú ita.

Ni kue ixai, ña nda’avi kandu’u vitin tian ku yu, ni koo ni ixakui’ina yu, nda’avi ní ndee ndu, ndia vichi ndia tan va ndatui ki’ivi ra ka’aní ra yu’ù ve’e yó’o, xiyo ká ndika in ña loó se’ei ikan xa’an yu kixin; koe ixa ndi, tata ra nixiyo xi’in ra xindaa yu’u ní ra se’ei: tixu’u sana na Kuri, kuayu sana na, ndiki sana na, ndaxin ndo sana na, taxin koo ndo;  kachi ra xi’in na. ñâkân kia sá iyo se’ei, ni ví ka’an na xa na sá xi’in ndu, ni lo’o kuachi ndu koo nana.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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Historias que duelen y que indignan

Por: Tlachinollan

En la comunidad de Joya Real, a pesar de que tenemos tierras, no las ocupamos porque nuestra pobreza es muy grande. Es un problema que tenemos con todos los gobiernos, porque nos tienen abandonados. Nunca nos visitan. Cuando lo hacen es porque traen alguna despensa para que votemos por ellos. Ya que están en el palacio, no nos atienden porque según andan gestionando obras en Tlapa o Chilpancingo. La realidad es que la creación del nuevo municipio, no nos benefició a quienes vivimos lejos de la cabecera. Les va bien a algunas familias que ahora tienen dinero y pagan a la gente para ganar elecciones. Ahora se dan muchos asesinatos en mero Cochoapa,y todo por el pleito de la presidencia. Hace más de 3 años desaparecieron a un presidente que ganó la elección y según se sabe, apareció muerto en el río Tlapaneco. También han matado a ex presidentes y ex síndicos. En los bailes de la fiesta se han dado balaceras en la cancha. En este trienio que pasó hubo como 10 asesinatos de gente que ocupó cargos en la presidencia y en el comisariado de bienes comunales. Los que aquí vivimos no sabemos por qué tanta muerte, sin que las autoridades del estado y la federación hagan algo. El ministerio público solo viene a levantar los cuerpos, pero en verdad no investiga. Las cosas están peor, porque vemos que andan libres los que cometen estos delitos. Quiere decir que son sus cómplices. Por eso la gente no denuncia, porque les tiene miedo.

Cuando nos animamos a sembrar, solo lo hacemos para comer elotes y para poner la ofrenda en el altar de los muertos. Yo por ejemplo nada más siembro un litro de maíz y vengo sacando 5 costales de mazorca. Cuando desgrano, se medio llenan dos costales, que no pesan ni cien kilos. ¿Tú crees que con eso voy a poder mantener a mi familia todo el año? Eso no nos alcanza ni para un mes. Por eso aquí en Joya Real, nos vamos en cuadrillas a trabajar a varios estados. Por ejemplo ahorita que pasó la fiesta de los difuntos casi todos nos vamos a los estados de Michoacán y Colima, al corte de tomate y de chile. Vamos a estar trabajando en los campos de varios patrones todo el tiempo del frío. Nos regresamos a finales de febrero. Solo en el mes de marzo venimos a ver la casa y a nuestros abuelos que aquí se quedan con las autoridades. Nuevamente en abril salimos con toda la familia, pero ahora agarramos rumbo a León Guanajuato, Zacatecas y Jalisco. Ahí andamos de campo en campo hasta el mes de septiembre. Nos venimos otro rato al pueblo, y algunos que no les va bien en el corte, se vuelven a regresar en octubre, porque en la comunidad no hay que comer.

Nuestra historia es muy dura porque trabajamos mucho y ganamos poco. En el corte de tomate nos pagan 5 pesos por una cubeta de 19 litros. Para que nos convenga el trabajo, tenemos que recolectar toda la familia. Ellos llenan las cubetas y los que cargamos tenemos que llevarnos 4 cubetas: una en el hombro, otra en la cabeza y una en cada mano. Solo así aprovechamos el viaje que hacemos del surco hasta donde están los camiones. Son 100 metros hasta casi medio kilometro, que tenemos que llevar las cubetas. Por eso no nos conviene acarrear de una cubeta porque pierdes tiempo. Aún así con todo ese esfuerzo, como familia vamos sacando como 250 pesos. Muy rara vez juntamos 300 pesos al día. Nos iría un poco mejor si el caporal no nos quitara dos pesos por cada cubeta. El piensa que no sabemos que se agarra ese dinero, pero como nos consigue el trabajo, no le podemos decir nada, porque se enoja y nos corre.

Yo me tuve que cambiar a otro campo porque no le aguante a la cargada. Me salió una hernia y me tuvieron que operar. El medico me dijo que ya no debo de cargar costales ni cubetas, por eso, busco otros trabajos menos pesados. Lo hago porque cuando ando en los campos, aprovecho para que mis hijos estudien. Es lo único que quiero, que ya mis hijos no anden de jornaleros porque se sufre mucho. Todos los que hablan español nos discriminan y nos maltratan. Es muy feo porque desde que subimos al autobús, el chofer nos grita. Regaña a nuestras esposas, cuando los niños lloran mucho y vomitan. En el campo tenemos que buscar un cuarto. Nos cobran caro y muchos ni luz tienen. Luego no nos dejan comprar en las tiendas del pueblo, nos obligan a consumir todos los productos en la tienda del patrón, a un precio más alto. Las chingas diarias no valen la pena, porque mientras tengas fuerza y no te enfermes, aguantas, pero si uno anda mal, como los que tienen diabetes, ya no vas a rendir igual y el caporal ya no te va a dar trabajo.

En verdad como familias jornaleras no veo que tengamos un mejor futuro. Nunca vamos a salir de pobres. Desde que nací esta vida llevamos. Trabajando todo el tiempo en el sol, sin que podamos ahorrar algo y tener una mejor casita. Es más grande el problema de los papás que tienen hijos, y que de acuerdo a la costumbre, los casan muy chicos de los 12 a 15 años. Está la creencia que si te casas más grande vas a tener problemas para tener hijos, por eso prefieren que los hijos se casen temprano. También veo que como jornaleros y en el trabajo mismo que realizamos en el campo, necesitamos que alguien nos ayude, porque uno solo no puede juntar algo de dinero. Por eso algunos papás sienten la necesidad de tener varios hijos e hijas, y que pronto haya nietos para que la familia crezca y así tenga mas gente para trabajar. Se requieren más personas que desde pequeños ayuden en el trabajo del campo, porque se necesitan relevos para sobrevivir como jornaleros. Ese destino nos está llevando al absismo.

Esto ya no tiene que ver con la costumbre, nada más que así dicen los mestizos. La verdad esto que vivimos es por la pobreza, es por culpa del gobierno, porque no hay escuelas. Nuestros hijos e hijas no pueden estudiar. Aquí en Joya Real, aunque hay una escuela primaria tenemos el problema que no vienen los maestros. Con el pretexto de que está lejos, y sobre todo ahora con la pandemia, no vienen.  Por eso mejor nos vamos toda la familia a trabajar. Para el gobierno es mejor, porque sabe que nosotros resolvemos nuestras necesidades, que no los molestamos y así se quedan con el dinero que nos debe tocar en salud, educación, vivienda, apoyo para el campo y construcción de caminos. Todos esos millones de pesos se lo han embolsado, mientras nosotros, con nuestros hijos e hijas, sufriendo como esclavos en otros estados.

Yo quiero decir que el caso que pasó con Angelica que huyó de la casa de su suegro porque estaba siendo amenazada y además fue violada, es un problema grandote que se da en varias comunidades y en otros municipios desde hace varios años. Esto se descompuso desde que los jóvenes se fueron a trabajar a Nueva York. Ellos, además de ayudar a pagar los gastos de la fiesta del pueblo, también mandan dinero para que los papás puedan comprar una niña. Antes era una costumbre de respeto, pero ahora se hace por negocio. Antes los embajadores daban consejo a los padres y madres del niño y la niña y se comprometían a respetarse. Ahora lo que se alega y regatea es el precio de la niña; es qué grupo va a tocar y cuántos cartones de cerveza y refresco se van a comprar. El dinero nos ha traído más problemas, porque hay más violencia y lo peor es que las mujeres y las niñas son a las que golpean y hasta asesinan.

Por eso, las niñas como Angelica y Anayeli tuvieron el valor de huir de sus casas para pedir auxilio a sus familiares y vecinos. Estos casos pasan porque de plano el gobierno nos abandonó y dividió con los partidos políticos. Ahora entre nosotros como comunidad hemos perdido el respeto. Manda el que tiene dinero, el que tiene hijos en Nueva York o al que le va bien como jornalero. Por eso luego algunos niños dicen que su papá va a comprar a su novia, porque ya trabajó para juntar algo de dinero. Yo lo que veo es que ya se rompió la buena armonía que había cuando se daban estos matrimonios, donde los mayores daban buen ejemplo de respetar a las esposas y de cuidar a las hijas.

En la comunidad se sembró la discordia, la división, los pleitos, los abusos y la violencia. Es la consecuencia de los malos gobierno que tenemos. Allá los políticos, lo único que les interesa es el dinero, quieren poder y se juntan con los delincuentes para matar a sus enemigos. También sabemos que hay muchas muertes de mujeres y de niñas en las ciudades grandes y en Tlapa mismo. Quiere decir que tampoco protegen a las mujeres. Si en la ciudad no le dan el apoyo y el cuidado a las mujeres, menos acá en Joya Real, donde la violencia principal es la del gobierno porque por muchos años nos tiene abandonados, porque ha dejado que nos dividamos y nos matemos. Porque no protege a las mujeres y niñas. Les niegan todos los derechos. Por eso les diría que se miren en el espejo, que lo que pasa aquí no se compara con lo que está pasando donde están gobernando. Primero tiene que cambiar el gobierno, tiene que empezar a trabajar con las comunidades, para que realmente haya un cambio aquí en Joya Real. Para que no haya más ventas de niñas. Me gustaría que le preguntaran en tu un savi a Angélica y Anayeli, si alguna vez en su corta vida ha sentido el apoyo del gobierno. La respuesta es negativa. El gobierno ignora, maltrata y castigas a las niñas y mujeres indígenas. Por eso aquí en la Montaña, contamos estas historias que nos duelen mucho.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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“A los jueces no les importa si los niños lloran”

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero, cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La lucha es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la síndica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angélica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angélica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angélica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angélica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angélica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los más altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angélica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angélica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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A los jueces no les importa si los niños lloran

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La luchan es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la sindica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angelica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angelica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angelica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angelica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angelica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los mas altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angelica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez le ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angelica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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