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“A los jueces no les importa si los niños lloran”

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero, cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La lucha es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la síndica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angélica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angélica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angélica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angélica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angélica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los más altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angélica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angélica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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A los jueces no les importa si los niños lloran

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La luchan es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la sindica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angelica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angelica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angelica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angelica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angelica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los mas altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angelica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez le ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angelica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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En busca de la esperanza, 43 sueños

Por: Tlachinollan

Desde el 19 al 23 de mayo de 2021, durante los cuatro días, madres y padres de los 43 estudiantes recorrieron la ruta de la violencia y las huellas donde posiblemente llevarían a sus hijos. Una experiencia esperanzadora y dolorosa porque había personas que daban mensajes de aliento para continuar la lucha hasta encontrar a los 43 jóvenes, pero también había miedo de hablar por los grupos de la delicuencia organizada que imponen la ley de las balas y mantienen asoladas a las comunidades. Seguir las huellas de quienes están ausentes es como revivir el momento de los hechos de la agresión del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.Madres y padres, junto con estudiantes de la normal de Ayozinapa, buscaron información sobre sus hijos en Iguala, Huitzuco, Tepecuacuilco, Cocula y en Carrizalillo. Estos lugares son las zonas silenciadas, de fosas clandestinas y dónde impera el terror de la macrodelincuencia.«Buscamos información sobre el paradero de nuestros hijos. En estos días nos hemos encontrado con personas que nos dicen que están muertos, que ya no los busquemos porque es mucho tiempo, y que los hubiermos buscados desde que asaron los hechos. Me duele mucho que las personas piensen eso porque no sabemos que pasó con nuestros hijos. Sabemos que están desaparecidos, quizá en una cueva o los tendrán trabajando. Otras personas nos dan fuerza, lloran y nos abrazan, comparten nuestro dolor porque también tienen familiares desaparecidos desde los años 80».Por ejemplo, uno de los habitantes de Cocula comentó que se solidarizan porque hay antecedentes de violencia en la región, en 2013 desaparecieron a 17 jóvenes sin que hasta la fecha se sepa algo. Es el mismo dolor de muchas familias no saber de sus seres queridos, comparten angustia como las madres y padres de los normalistas de Ayozinapa. En estos días de búsqueda se han recabado información valiosa que las autoridades deberían tomar en cuenta para darle seguimiento, pues de por sí es responsabilidad de las autoridades investigar y conseguir información del paradero de los estudiantes.En la búsqueda de información muchas que son madres lloraron por lo que pasó con los jóvenes. Se cumplirán 7 años de no saber nada más que las reuniones que se realizan para informarles sobre todo las búsquedas dónde desde hace unos meses se han estado encontrado 900 restos humanos, 16 estaban en buenas condiciones y 6 fueron llevados para su análisis en la Universidad de Innsbruck. En los inicios del 2021 volvieron a encontrar restos, tres de ellos también se analisarán, pero no hay noticias de los estudiantes en vida, por eso las madres y los padres empiezan a sospechar del gobierno de Andrés Manual López Obrador de no querer llegar a la verdad, ya que desde el inicio se comprometió dar con el paradero de los 43, pero «sentimos poco avance».«Unos días antes de que empezarán las búsquedas tenía miedo ir a las búsquedas porque no sabía que información me darían, pero también me daba esperanza porque imaginaba que podría encontrarlo para abrazarlo». Doña Cristina Bautista se queda pensando en lo que le comentaron en las búsquedas, no obstante, brotan sus lágrimas sin poder contenerse. Así se busca la esperanza. Mientras la verdad y la justica a vuelta de rueda. El túnel de la angustia sigue.

Fuente e imagen: https://www.tlachinollan.org/en-busca-de-la-esperanza-43-suenos/

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Trabajadores esenciales: precarizados y prescindibles

Por: Tlachinollan

Las jornaleras y jornaleros agrícolas son trabajadores del campo que, por su precaria preparación académica, son contratados de manera temporal para realizar trabajos sumamente extenuantes, inhumanos, que requieren fuerza física y habilidades especiales. Se trata de una población marginal que sale de sus comunidades de origen, para enrolarse como jornaleros y jornaleras. No cuentan con contratos de trabajo formales. El enganchamiento realizado por contratistas y mayordomos es el sistema de explotación semiesclavista, que confina a las familias a sobrevivir en las galeras de los campos agrícolas o en las periferias de las ciudades. Un gran número de familias trabajan en campos conocidos como ranchos, que no cuentan con registros ante la secretaría del trabajo, y que en la mayoría de lugares funcionan de manera irregular.

Por su pertenencia a un pueblo indígena las jornaleras y jornaleros, son maltratados y discriminados por privilegiar su comunicación en sus lenguas maternas y por tener dificultades para expresarse en castellano. Las relaciones que se imponen en los campos son de explotación, sumisión, racismo, clasismo, machismo, violencia y agresión sexual contra las mujeres. Sus derechos laborales son violentados de forma masiva y sistemática, sin que exista una autoridad en nuestro país que se avoque a proteger y defender sus derechos. Su itinerancia los estigmatiza como los indios, para resaltar su atraso y propiciar su repulsión. Son víctimas de extorsión, engaños, fraudes, abusos y atracos. Para las autoridades son seres invisibles, que no existen como personas con derechos. No son atendidos en sus comunidades de origen, porque su desarraigo no les permite organizarse para exigir a los funcionarios municipales que asignen presupuesto para la instalación de servicios básicos.

La falta de inversión en el campo ha propiciado la expulsión de las familias que no encuentran opciones productivas que mejoren sus condiciones de vida y fomenten el arraigo. El trabajo agrícola no remunerado ha tornado inviable la vida comunitaria. La sola siembra del maíz, el frijol y la calabaza han dejado de ser el principal sustento para las familias indígenas. La baja productividad de sus tierras los obliga a salir para contratarse como jornaleros y jornaleras. Su desplazamiento familiar les impide que los hijos asistan de manera regular a la escuela. Para muchas madres y padres el estudio es un bien intangible que resulta ser oneroso, porque son más de doce años que las hijas y los hijos tienen que dedicarse al estudio, dejando en segundo término las labores del campo, sin que obtengan beneficios económicos inmediatos. El monto de las becas y de los demás programas federales no son aún una cantidad atractiva para las jefas y jefes de familia, porque no logran cubrir de manera satisfactoria sus necesidades básicas. Las remesas que llegan de Estados Unidos representan una alternativa para enfrentar el problema del hambre. El alto costo de la canasta básica requiere ingresos permanentes, que como mínimo rebasen 6 mil pesos mensuales por familia.

Ante la falta de ingresos seguros y de un familiar en Estados Unidos, los padres o las madres establecen contactos con contratistas de la región para planear la salida de sus comunidades. El sueldo base oscila entre 120 a 150 pesos diarios. Pocos son los lugares que ofrecen galeras para instalarse con los niños y niñas. En otros campos pueden trabajar a destajo, dependiendo de la urgencia que tengan los empresarios para recolectar y exportar sus productos. Puede haber un mejor sueldo a cambio de un esfuerzo físico extraordinario, pero la renta del cuarto corre por su cuenta. Son trabajos que no duran más de tres meses. El poco dinero que juntan será para pagar el autobús que los trasladará a otros estados en busca de un sueldo no menor a los 150 pesos, porque no sacarían los gastos de comida de la semana. La meta es encontrar trabajos donde puedan tener un pago de 200 a 250 pesos diarios. Hay familias que se desplazan hasta san Quintín donde hay empresas que ofrecen estos sueldos, pero por la alta demanda no siempre son contratados.

Recientemente llegaron de Villa Unión Sinaloa 50 familias jornaleras que salieron de una colonia de Tlapa el 16 de diciembre. Fueron 4 meses de intensos trabajos. Varios jefes de familia que rebasan los 60 años, se enlistaron junto con sus esposas para trabajar al lado de sus hijas e hijos en la recolecta del chile jalapeño. La empresa les pagó a 5 pesos el bote de 20 kilos. Las personas mayores llegaban a juntar 50 botes con mucho esfuerzo, para ganar 250 pesos diarios, con un horario de 7 de la mañana a las 8 de la noche. Los afortunados eran los jóvenes que llegaban a recolectar de 60 a 70 botes, para ganar de 300 a 350 pesos diarios, sin embargo, pronto se acabó el trabajo. Fueron meses difíciles porque se enfermaron mucho de tos y de gripa. Ante estos síntomas los mayordomos no los dejaban trabajar, porque temían que fuera el Covid 19.  Varios se quedaron en sus cuartos gastando lo poco que ganaron con la compra de medicamentos. Los servicios médicos, que por ley deben de brindar las empresas, no los proporcionan. Cuando hay accidentes de trabajo, son los familiares quienes se encargan de trasladarlos a clínicas particulares, pagando un viaje especial. La empresa no se responsabiliza de estos incidentes, por el contrario, amedrenta a los trabajadores con no recibirlos en el campo. El seguro social sigue siendo parte de este entramado institucional que protege al patrón y permite la simulación de las prestaciones sociales, que supuestamente garantiza a sus trabajadores. Para que la secretaría del trabajo haga verificaciones sobre cómo las empresas dan o no cumplimiento a la ley federal del trabajo, tiene que haber una solicitud formal, con datos muy específicos sobre la razón social, la dirección fiscal, su ubicación y la problemática que existe. Con estos trámites burocráticos se obstaculiza en la ley misma, que los derechos de los trabajadores y trabajadoras se hagan efectivos y no sean justiciables.

En la región de la Montaña, el Consejo de jornaleros y jornaleras agrícolas registró del mes de febrero de 2020 al mes de marzo de 2021, la salida de 17 mil 775 personas. La mayoría de familias son de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Tlapa, Alcozauca y Copanatoyac. Los niños y niñas de 0 a 17 años arrojan un registro de 7 mil 389. El 29 por ciento no cuenta con estudios, mientras el 22 por ciento cuenta con primaria incompleta y sólo el 16 por ciento concluyó la primaria. El 10 por ciento logró terminar sus estudios de secundaria. El rezago educativo es muy alto, al grado que el municipio de Cochoapa presenta los índices más bajos de desarrollo humano. La alta migración jornalera forma parte de estos indicadores de la pobreza extrema que muestra las dificultades que enfrentan las familias indígenas para que dentro de su propio hábitat desarrollen sus capacidades cognitivas y todo su potencial creativo que dignifiquen su vida y enaltezcan su cultura, su lengua y su patrimonio cultural y natural.

Dentro de la clase trabajadora en México la población indígena, no sólo se encuentran en los índices más bajos del desarrollo humano, sino que es la más explotada y discriminada por su pertenencia a una cultura primigenia y porque existe esa visión racista de que son inferiores, y por lo mismo, pueden hacer trabajos rudos, al modo de explotación esclavista. El abandono secular, no es gratuito, es parte de ese etnocentrismo de la clase política, que ha ensanchado la brecha de la desigualdad social y del segregacionismo racial, al confinar al olvido a las poblaciones indígenas del estado, siendo los protagonistas de luchas históricas que han defendido con su sangre, la libertad, la independencia, la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos del trabajador, el pago justo de su jornal o su salario, y que además, han dado fama mundial a un territorio encantador que han sabido preservar por siglos sus bellezas naturales, junto con un legado cultural de alto nivel, que forma parte de la civilización mesoamericana.

Los jornaleros y jornaleras agrícolas en esta pandemia no pararon de trabajar. Son parte las y los trabajadores esenciales que garantizan la alimentación en nuestro país. No ha habido ningún reconocimiento a su labor silenciosa pero titánica. Se ha puesto en primer término al ejército como la institución que más ha trabajado en tiempos de la pandemia, por encima del personal médico. Esta falta de visibilidad para la población indígena, forma parte de esta visión monoétnica que reproducen las autoridades, que siguen sin reconocer el aporte de los pueblos indígenas y su importancia estratégica para el desarrollo justo y equitativo en nuestro país.

Las jornaleras y jornaleros indígenas han estado expuestos al contagio del Covid 19, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno los atiendan de manera prioritaria. No se ha obligado a que los empresarios agrícolas cumplan con las recomendaciones de la secretaría de salud para evitar contagios en los campos, ni se han interesado en hacer gestiones, para que se puedan instalar módulos de vacunación dentro de los campos agrícolas, para las personas mayores de 60 años. Los trabajadores del campo aún no se les reconoce como un sector productivo que es estratégico y esencial, pero se les sigue viendo como seres precarizados y prescindibles.

Fuente e imagen: Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

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Ayotzinapa: mujeres tejedoras de lucha y resistencia

Por: Deisy González

Hace apenas unos meses, tuve la oportunidad de visitar algunos hogares de madres y padres de los +43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Estado de Guerrero. En medio de esta contingencia de salud pública que acecha a todo el mundo, con los debidos cuidados de prevención, nos sumergimos en sus cotidianidades luego de casi 6 años (2020) de búsqueda y lucha incesante.

A pesar de tanta incertidumbre, ya que hasta la fecha no se han esclarecidos los hechos y aun frente a las dificultades de la pandemia que ha limitado continuar con su exigencia pública de aparición con vida de todos los chavos, me topé con familias humildes, aguerridas y persistentes en su lucha: la de encontrar a sus hijos.

Quizá por mi condición de mujer y/o por esa conexión que desde el feminismo nos hace más empáticas entre nosotras, tuve mayor interés en conversar y escuchar a las mujeres de cada familia. Justamente, son ellas, quienes inspiran este escrito.

No pretendo referirme a partir de su dolor maternal, que de por si me resulta inimaginable, pero desde donde muy seguramente se aferran para no claudicar frente a sus exigencias.  Más bien me atrevo a hacerlo desde su valiosa condición de mujeres diversas e intersectoriales pero comunes en su lucha: “buscadoras de sus hijos y la verdad”, a quienes la vida se les transformó intempestivamente, teniendo que redistribuir su tiempo entre múltiples actividades de ámbito privado-personal y las de implicancia pública. Y es justamente en este último escenario donde más surgieron retos: participar activamente de la toma de decisiones y perder el miedo a hablar públicamente; espacios que, por tradición patriarcal, han pertenecido a los hombres.

Acompañarlas en mítines, caravanas y en diferentes manifestaciones públicas ha sido tan inspirador, como reconocerlas y admirarlas en su propio entorno familiar. Han sido ellas quienes más han tenido que modificar sus laboriosas rutinas -no olvidemos que gran peso de los quehaceres del hogar recaen sobre las mujeres-, quienes en algunos casos cumplen la difícil tarea de ser madres cabeza de hogar. Por estas y otras circunstancias la desaparición forzada y posterior búsqueda de sus hijos sigue implicando, hasta hoy, una multiplicidad de esfuerzos y sentimientos.

Seguramente ninguna imaginó verse en el lugar de tantas otras mujeres que, a diario, salían y salen por noticias denunciando la desaparición de algún familiar o compañera, como muy seguramente nos ocurre a muchas; vemos estas situaciones adversas muy lejos de nuestra propia realidad. Y es eso lo que más rescato de todas ellas que, aun estando lejanas a tan cruel violación a los derechos humanos, han logrado sobrellevar autónoma y colectivamente durante estos años, diversas capacidades y fortalezas propias que, además, les permite entretejer lazos de acompañamiento, autogestión y afecto mutuo entre sus pares.

Como única mujer en el grupo, una madre se arriesgó junto a otros hombres a recorrer Iguala y poblados cercanos, luego de pesquisas sobre el posible paradero de los estudiantes.  Recorrían colonias de casa en casa ofreciendo pan, cacahuate y jamaica, con el único fin de corroborar la veracidad de tal información y/o de obtener cualquier otro dato que las llevará a encontrar a sus hijos. También participó de otras búsquedas con acompañamiento -aunque más parecía amedrentamiento- de funcionarios y gendarmería. Incluso anduvieron por unas minas, pero los padres no querían que una mujer participara, “que porque era complicado y luego ustedes no pueden correr o tal”; en otra ocasión la misma persona sintió que no la querían llevar, pero ella agarró sus cosas y sin más se subió al autobús.

Para algunas mujeres su lengua indígena no ha sido impedimento de locución; tan así, que una de ellas se dio a la tarea de aprender español de manera autodidacta y actualmente es una madre que, con mucha vehemencia, reivindica su derecho a la verdad y a la justicia. Casi todas adquirieron habilidades de expresión, y lo hacen con tanta naturalidad y convicción que sus pronunciamientos son reclamos claros y concretos, dejando de lado su timidez y participando activamente en las decisiones que se discuten al interior del grupo de familiares y representantes. Su incasable búsqueda, incluso ha llevado a que muchas de ellas, dejen sus trabajos y familia mientras participan de las actividades para visibilizar su causa al interior y fuera del país, adicional a las que realizan sagradamente cada 26 y 27 de septiembre.

Pero no solamente las que participan activamente de reuniones y actividades cumplen una función importante en todo este entramado de exigencias y búsqueda, también son sumamente inapreciables, aquellas mujeres que se quedan en casa mientras sus maridos se movilizan constantemente. Para ellas su tarea es un aún más difícil, ya que son el sostén familiar física, emocional y económicamente. Muchas de ellas participaron en algún momento de las actividades, pero con el pasar del tiempo, las enfermedades, la compleja situación económica de casi todas, las largas distancias y los gastos que dicha movilidad generan (algunas familias deben realizar hasta cinco transbordos para llegar al punto de encuentro en la Escuela), su presencia se ha visto cada vez más limitada.

Esto no quiere decir que sean ajenas a esta lucha, todo lo contrario, son resistencia silenciosa, pero nunca pasiva, ya que su rol en todo este proceso es el de nuclear y conservar, aun en medio de lo inconcebible, la manutención familiar.

Precisamente, ahora se me viene a la mente una visita en particular. Llegamos justo al medio día, y lo primero que hizo la señora de casa fue convidarnos algo de beber y comer, mientras conversábamos con su marido. Ya en la cocina ella estaba de pie con su mandil frente al fuego -un rincón tradicional con trasfondo negro, que denotaba décadas de sazón y mucha junta familiar-, pese a ser la hora más calurosa del día. Amasaba el maíz recién molido sobre una gran piedra que también sirve de lavado, y que posteriormente se iba transformando en pequeñas masitas prensadas y retocadas manual y hábilmente, antes de reposar e inflar en el gran comal de barro. Mientras, iban siendo retiradas una por una, y puestas en su canasto cubiertas con un manto tejido a mano. Doña Socorro, me explicaba cada paso del armonioso ritual. Y, sin entrar en mucho detalle, agarró un plato del trastero recordando que, así como éste, su hijo le había hecho varios objetos de madera que sigue conservando para uso diario.

En medio de múltiples trabajos diarios que debe realizar para mantener el hogar, le han de venir muchos recuerdos, cosas que su hijo hacía, lo que le gustaba y, sobre todo, lo que le decía. Sentimientos que también percibí en otros hogares, y que han de ser el común de muchas, sino de todas las madres. Mujeres fuertes, valientes, resistentes, resilientes, buscadoras, que se preocupan pero a la vez se ocupan, que se hablan y a la vez se escuchan, que entretejen y abrazan no solo su causa, sino muchas otras, que se acuerpan y hermanan, ya no en la búsqueda de uno o dos hijos sino de sus 43 hijos, reivindicando también los 82 mil 825 casos de personas dadas por desaparecidas en México[1], porque ellas ya son eso, un emblema de Verdad y Justicia para un país que se resiste ante los graves problemas de violencia estructural. Por esto y para ellas, toda mi admiración, reconocimiento y gratitud por ser semilla en medio del desierto.

[1] https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/24/politica/subio-13-cifra-de-desaparecidos-pese-a-pandemia-son-82-825-segun-datos-oficiales/

Fuente e imagen:  Tlachinollan

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OPINIÓN: Agenda 2021

Por:  Tlachinollan

Para la clase política de Guerrero, las elecciones que se realizarán en el mes de junio, será el tema central, en torno al cual girará el devenir del estado en este naciente año. La lucha por los cargos públicos será ríspida y hasta con visos de violencia, por las divisiones internas que resaltan al interior de los partidos políticos. La multiplicidad de facciones desgasta y debilita a los partidos, porque se lucha por los cargos y no por la transformación de nuestra sociedad. Los intereses económicos son los que ahora rigen al interior de los institutos políticos, y no los principios ideológicos, que son meros referentes de lo que antaño fue la identidad de los partidos.

Las disputas políticas al interior de los mismos institutos se tornan graves, por los enconos y rivalidades que se profundizan, sin que existan mecanismos eficaces para contener y atemperar estas rivalidades. Ante el temor de que haya agandalle en los cargos públicos, cada facción se organiza con su líder o dirigente, para dar la pelea en cada distrito y en cada municipalidad. El pleito es al interior del partido, porque de ahí depende de que sus candidatos aparezcan en las boletas electorales. Este trance requiere hacer méritos, sobre todo, tener aportaciones de todo tipo, para congraciarse con la dirigencia.

El escenario se complica por la colusión que existe entre los grupos de la delincuencia con los grupos políticos. En los últimos trienios hemos visto como algunos líderes políticos, han coqueteado con el crimen organizado y establecido vínculos con jefes de la delincuencia, para dar la pelea con recursos mal habidos. Esta situación anómala no solo pervierte el proceso electoral, sino que atiza la violencia en un terreno minado por las rivalidades que existen entre los grupos de la delincuencia, que se disputan férreamente el control territorial. El empoderamiento de estas organizaciones ha puesto contra la pared a las mismas autoridades municipales, al grado que prefieren alinearse y supeditarse a su lógica delincuencial. Los mismos cuerpos de seguridad no dan confianza a la población, por sus nexos con la delincuencia y porque no están capacitadas para realmente prevenir el delito y apoyar en la desarticulación de las redes del crimen.

El desbordamiento de los márgenes de la legalidad, propiciado por la delincuencia, no garantizará un proceso electoral dentro de un ambiente de libertad y seguridad, por el contrario, estará marcado por un clima de miedo, amenazas y vendettas. El asesinato de precandidatos, precandidatas y candidatos a puestos de elección popular en los pasados procesos electivos, son los focos rojos que siguen activados, y que requiere acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno.

No basta que se incremente el número de efectivos policiales o militares, porque los actores armados no son los más idóneos para garantizar la paz y la legalidad. El gran desafío lo tienen los partidos políticos y las mismas autoridades, que están obligadas a actuar con pulcritud y transparencia, y no ser comparsas de la ilegalidad y de componendas con actores delincuenciales, que se han enquistado al interior de las instituciones gubernamentales y de los mismos partidos políticos. La corrupción que se encuentra adherida dentro de las estructuras del poder, no se puede extirpar de forma abrupta, mientras no se depuren a los funcionarios y agentes que se acostumbraron a vivir de la extorsión y los moches, como si fuera parte de la gobernabilidad. Se tienen que acabar con las zonas porosas que existen dentro de las estructuras del poder público, que son las que permiten las transacciones ilícitas, al amparo del poder. Las mismas autoridades tienen que mantenerse al margen de esta contienda, porque su injerencia es lo que genera enojo, desconfianza y encono, porque se lucra con la pobreza y se toman banderas partidistas que desprestigian a los mimos partidos.  El destino del presupuesto público debe de manejarse con transparencia, sin la carga electorera que tradicionalmente utilizan los gobernantes., al igual que la construcción de obras, que siempre llevan el sello o el del partido que gobierna en el municipio o en el estado, como si fueran los dueños de estos fondos. Aun estamos lejos de que las contiendas electorales sean transparentes y pacíficas, porque quienes nos gobiernan no se manejan bajo estos principios, les pesa todavía la visión clientelar, facciosa, coactiva, utilitarista y mafiosa de los procesos electorales, que miden la calidad de nuestra democracia.

Mientras esto ocurre entre clase política, la población guerrerense se sigue hundiendo en el pantano de la pobreza. Cada mañana lo corroboramos en las principales avenidas de las ciudades, con las decenas de personas ambulantes, desde niños y niñas hasta adultos mayores. El crecimiento desmedido del ambulantaje nos invade por todos lados. La deserción escolar se incrementa en la medida que no hay alimento seguro en la casa y no hay dinero para comprar medicinas. Miles de familias del campo han cerrado sus casas para contratarse como jornaleros y jornaleras agrícolas en los estados fronterizos de Chihuahua, Sonora y Baja California. Mas de 15 mil personas indígenas de la Montaña, se han registrado en la casa de jornalero, siendo el 30 por ciento de niños y niñas.

El hambre será el principal flagelo en este 2021 para las familias guerrerenses, porque no hay ingresos seguros. Ni las ciudades turísticas cubrieron las expectativas económicas de los empresarios y trabajadores. Las remesas ya son insuficientes para cubrir las necesidades básicas y los subsidios gubernamentales, se diluyen ante los altos precios de la canasta básica. No hay dinero que alcance para comprar suficiente maíz y las medicinas básicas para sobrellevar los síntomas del Covid-19. El escenario se vislumbra incierto, sin opciones para hacer frente a esta calamidad. Los programas federales, ha pesar de su incremento en el presupuesto, no podrán atender la multiplicidad de necesidades básicas que requieren las familias pobres. Se necesita implementar programas especiales para cada región, tomando en cuenta su potencial productivo y las características de su población y de su habitat.

La falta de medicamentos tiene costos muy altos, no solo por lo inalcanzable de sus precios, sino porque en población vulnerable, como niños y niñas prematuras, mujeres con alto riesgo en su embarazo, adultos mayores con problemas de comorbilidad, que se encuentran en comunidades apartadas, tienen sus días contados. El numero de personas que fallecen por falta de atención médica, se ha incrementado y agravado con la llegada del coronavirus. Los pacientes y sus familias prefieren atenderse en sus domicilios, porque saben que en el único hospital que recibe pacientes en general, no cuenta con suficientes camas, con personal médico especializado, con estudios de laboratorio ni con medicamentos. Con estas deficiencias, hay fundados temores de que la gente muera en el hospital, no solo por Covid-19, sino por la obsolescencia de los servicios.

El grave problema de la violencia y la inseguridad, en la percepción de la gente común, la situación va de mal en peor. No hay un municipio que garantice seguridad a sus habitantes. Hemos constatado que los grupos de la delincuencia tienen controladas rutas y regiones, donde la población tiene que adaptarse a sus modos de operar. En la Tierra Caliente, la cuota, es una práctica generalizada entre los comerciantes que quieren mantenerse con sus giros económicos. En la región Norte, las disputas por las plazas y ciertos territorios mantienen en constante zozobra a la población. En la zona Centro y la Sierra, varias comunidades están en medio del fuego cruzado y en la disyuntiva de permanecer en sus domicilios o desplazarse fuera de la región. En el puerto de Acapulco, los asesinatos diarios muestran el nivel de empoderamiento de los grupos de la delincuencia, que están en constante pugna. En la Costa Grande, la población sigue padeciendo las peleas a muerte por el reparto territorial entre los grupos del crimen organizado, dejando inerme a la población. La Costa Chica y la Montaña, empiezan a resentir las divisiones que se han dado al interior de los grupos de la policía comunitaria, que ha sido aprovechada por la delincuencia, para irse posicionando de algunas cabeceras municipales.

Este panorama deja ver que la guardia nacional, no ha dado los resultados esperados. Su presencia, además de insuficiente, es meramente testimonial. Los mismos grupos de la delincuencia saben que no tienen órdenes para desarmarlos ni para desmantelar su estructura. En los lugares donde se han suscitado hechos de violencia, a causa de los conflictos agrarios, no han querido establecerse, porque requieren lugares seguros para acampar y que las partes en conflicto, lo soliciten por escrito. Pesa más el criterio burocrático entre los pueblos indígenas que requieren con urgencia su presencia para disuadir la confrontación, que contrasta con su intervención inmediata, para desalojar a los migrantes centroamericanos.

El 2021 llega con mucha pesadumbre, por la violencia imparable, sobre todo contra las mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidios y de un sistema de justicia patriarcal, que da un trato discriminatorio que vulnera sus derechos como víctimas. Lo más desolador es que en este año las autoridades estatales y municipales, sobrellevarán los problemas más agudos, con el pretexto de que no habrá presupuesto suficiente. La población por su parte, seguirá luchando por su sobrevivencia, sorteando su vida, en medio del coronavirus, el hambre y la violencia delincuencial. También será testigo de la disputa que protagonizarán los partidos políticos y sus candidatos, para agenciarse los cargos públicos, donde hay dinero seguro, protección garantizada y servicios de calidad. La brecha entre la clase política y el pueblo trabajador, seguirá ensanchándose y profundizándose en nuestro estado, mientras los que ambicionan el poder, sigan haciendo negocios privados,  pisoteando los derechos de la gente pobre.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-agenda-2021/

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OPINIÓN: El arcoíris de la Montaña

Por: Tlachinollan

Entre los pueblos indígenas de Guerrero persiste la leyenda de que el lugar donde nace el arcoíris, subyace el tesoro del pueblo. Se trata de un encanto, que solo los elegidos o elegidas por las potencias sagradas, lo pueden descubrir. Desde la infancia se nos inculca que no debemos señalar al arco refulgente, que es un deleite para nuestra vista. Si lo hacemos, nos advierten que nuestra mano se puede secar. Es una ilusión visual, encantadora y terrible.

Para las comunidades indígenas de la Montaña el rayo anuncia y atrae las lluvias. Es como un látigo que le pega a la serpiente, que simboliza a Quetzalcóatl y vive al pie del arcoíris. Las sabias y los sabios, tienen que congraciarse con la serpiente, porque obstaculiza la llegada de la lluvia buena.

El arcoíris tiene un significado dual: puede ser malo, porque anuncia sequía y enfermedades, pero también, se transforma en un buena augurio, cuando se presenta la ofrenda a la culebra, elaborada con tamal de calabaza, se baila a su alrededor en la cima del cerro, y ritualmente se le sacrifica. Es cuando el arcoíris anuncia el advenimiento de las lluvias, del tiempo bueno. Esta dualidad es la que explica la doble dimensión del arcoíris y el dinamismo que se tiene en las potencias cósmicas, de que las fuerzas contrarias pueden vencer la adversidad.

En el arcoíris de culturas y lenguas, Tlachinollan sembró con las comunidades, la semilla de los derechos humanos, para hacer frente a la violencia institucionalizada.
El hechizo del arco multicolor es una señal funesta, por eso los sabios y las sabias rezan en las cimas de la Montaña. La entrada del coronavirus a las comunidades indígenas, obligó a instalar cercos sanitarios y a limitar las salidas a la ciudad. El confinamiento comunitario, así como el uso de las plantas medicinales, el baño del temazcal y la acción ritual del “Xtambá”, que es el rezo que amarra al pueblo para protegerlo contra las plagas y las enfermedades, fueron las medidas tomadas en asamblea, ante la carencia de personal médico e infraestructura hospitalaria en la Montaña.

En este enclave rocoso, la muerte es la compañera inseparable de quienes luchan contra el atraco y la felonía. Los caciques imponen la ley del yugo con sus pistoleros que extorsionan a los pobres, mientras a los rebeldes, los torturan, desaparecen o zurcen sus cuerpos con plomo.

En el arcoíris de culturas y lenguas, Tlachinollan sembró con las comunidades, la semilla de los derechos humanos, para hacer frente a la violencia institucionalizada. Con la entereza de las víctimas desmadejamos el nudo de la impunidad y sentamos en el banquillo de los acusados a los perpetradores. A pesar de esta lucha titánica, el estado aún protege a quienes violan los derechos humanos, porque para los jueces, en la balanza de la justicia, el poder y el dinero tienen más peso.

En estos manantiales de agua cristalina, las víctimas de feminicidio, las sobrevivientes de la tortura sexual, los pueblos que defienden sus territorios contra las mineras, los familiares de las personas desaparecidas, la lucha emblemática de los 43 padres y madres de familia de Ayotzinapa, nos han enseñado a exigir justicia con el corazón por delante. En medio de peligros y amenazas, sus figuras se agigantan, porque tienen autoridad moral que arruina los planes aviesos que han urdido gobernantes, cuerpos de seguridad y crimen organizado. Los pueblos de la Montaña, que se encuentran cercados por el coronavirus, la violencia y el hambre, son el fortín de la dignidad en esta noche de la ignominia.

Siempre cuesta arriba, sembrando en el tlacolol, el maíz que no alcanza; caminando en los lodazales; padeciendo el maltrato y la discriminación de las autoridades; enfrentando al sicariato coludido con los grupos de poder; cargando en todo momento con el dolor, por la desaparición o asesinato de algún ser querido, las mujeres y los hombres de la Montaña, son el arcoíris de los derechos humanos, el arcoíris que ha escuchado los rezos de los sabios y las sabias.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org

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