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México: Autoridades comunitarias llaman a la unidad para reconstruir la Montaña

Por: Tlachinollan

Este 6 de octubre del 2024 en asamblea regional, la casa de justicia de Espino Blanco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC-PC llamaron a la unidad para una ruta de lucha que proponga la reconstrucción de la devastada región de la Montaña por el huracán John. En una reflexión colectiva más de 35 comunidades me’phaa, na savi y nahuas coincidieron en que hay un enorme olvido a esta región sumida en la pobreza. La atención de las autoridades estatales y federales está en los pulmones de la economía y lejos de los pueblos pobres.

En la asamblea acordaron rellenar un formato que Abel Bruno Arriaga, titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEDEPIA) se comprometió a facilitar. También acordaron realizar una conferencia de prensa este miércoles 9 de octubre para presionar a las autoridades estatales y volteen a ver a la Montaña. Por su parte, el Presidente de Malinaltepec, Jhon Navarro Mateos, hizo el compromiso de ayudar a las comunidades.

Martin Rosales Sierra, ex coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, aseveró que hay afectaciones considerables en las comunidades indígenas de la Montaña “y no hay quién intervenga. Somos las comunidades quienes tenemos que ver cómo le vamos a hacer para restablecer todos los servicios como las carreteras, tuberías de toma de agua. Va avanzando poco a poco el restablecimiento del cableado de la luz, pero es insuficiente. En las vías principales están trabajando medianamente, pero lo que nos ha preocupado es que sigue siendo igual, porque en el terreno de los hechos no estamos siendo vistos como pueblos indígenas. Nos tenemos que esperar hasta el final, hasta que tengan tiempo los gobiernos porque tienen que atender primero Acapulco, las zonas turísticas donde hay derrama económica. Mientras nosotros aquí enlodados, con el pico y la pala, sufriendo los embates de este huracán”.

Abundó que a la fecha hay pueblos que no tienen luz. Los accesos  están cortados, por ejemplo, Ahuejullo, municipio de Tlacoapa, no tiene para dónde darle. Por el lado de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, también está tapado. En Totomixtlahuaca está crecido el río Tamiaco y los caminos están totalmente destrozados. En la misma situación están El carrizal, Metlapilapa, Mezcalapa, Pascala del Oro. “Llevan ya más de una semana sin luz, sin agua y el alimento se escasea. Solamente la organización comunitaria, como pueden, están buscando la manera de sobrevivir prácticamente por instinto”.

En la asamblea también estuvo la sindica municipal, Lucía Méndez Miguel, vecina de Tenamazapa, quien señaló que en Tlacoapa está incomunicado, sin luz, ni agua. Realizó un llamado a las autoridades estatales y federales para que atiendan el desastre en la Montaña.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derecho Humanos de la Montaña Tlachinollan, habló de los daños en diferentes municipios de la Montaña. “Qué bueno que está Abel Bruno que viene en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como Manuel, Alejandra y Martha que vienen en representación del INPI federal porque pueden ser canales para ayudarnos a encauzar toda esta problemática. Sin embargo, es muy importante que, como miembros de una comunidad, encabezada por el comisario o comisaria, delegado o delegada, pudiéramos hacer un reporte por escrito de los diferentes daños. Necesitamos decir, aquí en Ahuejullo está el camino intransitable y que se repare para que haya flujo vehícular, la red de agua potable, la luz eléctrica, aulas dañadas, en fin, todos esos detalles que solamente ustedes conocen”.

“El problema es que para que llegue un recurso extraordinario en los municipios o las comunidades tiene que haber un decreto federal, una declaratoria de desastre. Lo que apenas anunciaron hace dos o tres días son 29 municipios, de Guerrero son 12 y algunos municipios de Oaxaca. Sin embargo, no hay ninguno de la Montaña. La declaratoria materializa los fondos económicos, pero no van a ser para la Montaña. Aquí está el presidente Jhon, él debe saber, para que incluyan a los municipios de la Montaña en la declaratoria. Los presidentes municipales tienen que hacer un registro, un reporte de todos los daños de las comunidades y tiene que nombrar al cabildo como el comité de protección civil que formalmente solicita que se contemplen los municipios que fueron dañados o sufrieron un desastre”, expuso Abel Barrera.

Lo más importante es que cada comunidad se responsabilice de hacer un reporte detallado de los caminos derrumbados y trozados, centros de salud, escuelas, producción, vivienda, agua potable, luz eléctrica, todos los daños. Comentaron que les dieron un formato a los presidentes para que se compartiera a las autoridades comunitarias, donde viene, por ejemplo, áreas afectadas, escuelas, carreteras, centros de salud, espacios públicos, viviendas, infraestructura de agua, infraestructura agrícola, alimentación… Después de la explicación detallada de cómo hacer el registro se acordó que la CRAC de Espino Blanco recibirá los paquetes de registro por lo menos de los núcleos agrarios de Colombia, Tierra Colorada, Totomixtlahuaca, Tenamazapa, Paraje Montero, Tilapa, San Miguel el Progreso, Xalpatláhuac, y en coordinación con Tlachinollan se realizará el concentrado.

Abel Barrera hizo hincapié en que como como autoridades comunitarias tendrían que hacer una rueda de prensa para decir a la gobernadora y a la presidenta Claudia que atiendan la Montaña. “Sabemos que al parecer la gobernadora va a venir pasado mañana a la región, pero es necesario tener datos concretos para demostrar que hay daños en la Montaña”.

En la intervención del presidente de Malinaltepec, Jhon Navarro Mateos, comentó que en torno a la declaratoria “nosotros ya metimos la documentación. [Este sábado 5 de octubre] fue un personal a entregarlo a la ciudad de Tlapa a Protección Civil Regional, y dice que nada más son nueve municipios los que están en la declaratoria y es Acatepec, Alpoyeca, Atlixtac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Tlapa de Comonfort, Xochihuehuetlán y Santa Cruz del Rincón. Nosotros como municipio pudimos rentar cuatro máquinas retros, una la tenemos en la parte alta, otra la tenemos en la parte de Malinaltepec y otra la tenemos en La Soledad, pero no nos damos abasto para poder darle esa apertura a los caminos porque hay derrumbes grandes. Pero los presidentes estamos nada más aperturando el acceso para que entren y salgan los carritos pequeños, no para carros grandes, para que no haya este desabasto de  alimentación”.

Algunas autoridades estuvieron el viernes 4 de octubre en La Lucerna centro porque desafortunadamente perdió la vida una señora y una niña de 7 años. A la señora ya la encontraron, pero siguen buscando a la niña. El apoyo de las autoridades es insuficiente. Las familias indígenas están desamparadas, olvidadas.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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México: Grave Situación De Violencia Y Crisis Humanitaria En Comunidades Indígenas

A los Pueblos Indígenas de México y del mundo

A la opinión pública solidaria

A los medios de comunicación

Al Gobierno Federal

Con mucha preocupación nos dirigimos a la opinión pública para compartir con ustedes la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas de México. En el momento de publicación de este comunicado, las organizaciones firmantes y otras instancias solidarias están atendiendo a alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno. Desde Chiapas nos reportan que, en lo que va del año 2024, han registrado tan sólo en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo 8,190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas.

En un lapso de apenas tres semanas, desde el 25 de agosto, hemos registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán; 1 persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, 1 persona asesinada en el municipio de Chenalhó en Chiapas y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad.

Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.

Desde las organizaciones hemos acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos. Sin embargo, hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda. En el caso de Michoacán se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; sin embargo nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad.

Esta falta de respuesta asertiva y coordinada con las mismas autoridades indígenas promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es de que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado especialmente de jóvenes menores de edad y violaciones de niñas y mujeres.

Frente a esta situación de suma gravedad hacemos un llamado al Gobierno Federal para que, atendiendo a sus obligaciones para con la población, coordine los esfuerzos interinstitucionales necesarios para:

• Proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos.

• Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las personas afectadas.

• Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados.

• Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.

• La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.

• Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.

• Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias. Los hechos que hemos descrito constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la integridad y la existencia misma de los pueblos indígenas que hoy son víctimas de ellos. El Estado en sus tres niveles tiene la obligación de proteger, defender y procurar justicia a estas comunidades.

Finalmente, desde las organizaciones que firmamos el presente comunicado damos todo el respaldo a la comunidad indígena Tsotsil de Tzajalchen que el pasado 24 de agosto declaró que su comunidad es y será el “Campamento civil por la Paz, Los peregrinos de Tzajalchen, Chenalho Chiapas, México”. Exigimos a los tres niveles de gobierno respetar esa decisión para proteger ese campamento como un espacio seguro para quienes están huyendo de la violencia.

ATENTAMENTE. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Data Cívica Fondo Defensores Grupo de Periodistas Independientes.

Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; Colectivo Emancipaciones; Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA; Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA Oaxaca.

Para mayor información contactarse a: Citlalli Hernández Saad 614 130 6883 mexico.ipri@iprights.org Nataniel Hernández Núñez 56 4160 1225 proteccion@redtdt.org.mx

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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En el abandono, la educación de la niñez en la Montaña de Guerrero

Han pasado 23 años desde que autoridades y habitantes de la comunidad nahua de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, construyeran dos aulas de la Escuela Secundaria Técnica número 229 “Roberto Mejía Guzmán” para que estudiaran sus hijas e hijos.

Marcados por el olvido de las autoridades estatales y educativas, se organizaron para velar por el derecho de la educación de sus hijos. Después de varios años solicitando infraestructura para la escuela, en una asamblea del 2000 decidieron cooperar mil pesos por persona mayor de edad para la compra de materiales. El logro fue de la comunidad, sin la intervención de las autoridades que siempre estuvieron ausentes.

De acuerdo con las autoridades comunitarias la comunidad nahua se fundó en 1650. Desde el dominio colonial ha estado marginado. El poblado se encuentra a una hora de Tlapa. De un total de 741 habitantes, 193 son niños y niñas de 6 a 17 años; 18 tienen computadoras, 29 internet y línea telefónica, y 159 saben leer y escribir, es decir, el 21.5 por ciento. Menos de la mitad de las personas que viven en ese lugar tiene vivienda con piso de cemento, luz eléctrica, agua entubada, refrigerador y algunos electrodomésticos. Se cuenta con un preescolar, una primaria y una secundaria.

El 13 de febrero de 2024 el comité de padres de familia, integrado por el presidente Antonio Reyes, vicepresidente Aurelio Calleja, secretaria Leticia Méndez, tesorera Lucía Estrada y las vocales Antonia Rodríguez, María Guadalupe, Marcelina Gálvez, Eufemia Gálvez, Conrrada Rojas y Enahu Martínez, presentó una demanda de amparo ante el Juez de Distrito en la ciudad de Chilpancingo. Fue admitido con el número 236/2024 el 16 de febrero “en forma colectiva contra actos de la gobernadora constitucional del estado de Guerrero y otras autoridades responsables” al afectar el derecho de la educación de 51 estudiantes.

El 22 de febrero de este año, un juez negó a los padres de familia la medida cautelar de contratar con urgencia a los maestros que impartan las materias de educación física, historia, geografía, formación cívica y ética “para que nuestros hijos no sigan perdiendo clases” y que las autoridades a la brevedad realicen un estudio técnico y un proyecto de seis aulas, una cancha de usos múltiples, una cancha de futbol y un centro de cómputo con computadores e internet.

Sin embargo, el 27 de febrero otro juez concedió la medida cautelar porque al negarse estaría afectando el derecho a la educación de las niñas y niños indígenas, pero las autoridades educativas a la fecha no han acatado la sentencia.

En 1997 se fundó la Escuela Secundaria Técnica número 229 “Roberto Mejía Guzmán” con clave 12DST0249D. Las primeras generaciones de estudiantes tomaron clases en las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales, la comisaría municipal y la tienda CONASUPO. Los pizarrones y gises los puso la comunidad, mientras las sillas y las mesas corrió a cuenta de los alumnos. A pesar de que las autoridades comunitarias realizaron múltiples solicitudes en la oficina del gobernador del Estado de Guerrero para aulas y muebles nunca los atendieron.

Ante la desatención sistemática de las autoridades las familias se organizaron en el 2000 y 2001 para construir dos aulas, aun así, un grupo de alumnos siguió recibiendo clases en la comisaria municipal. Cada año se les solicitaba a las autoridades educativas que construyeran un aula, pero prevaleció la inacción. “Nuevamente nos cooperamos económicamente para comprar materiales para la construcción de dos aulas más sobre las que ya estaban”. Un aula es al mismo tiempo bodega, sala de juntas, biblioteca escolar y oficina de dirección. Otra se usa para comedor del albergue y también sirve para reunión de padres de familia.

En el 2013 se gestionó con el presidente municipal de Tlapa la construcción de dos aulas más para la Escuela Secundaria Técnica, pero sólo se comprometió con una, argumentando que les corresponde a las autoridades educativas. Al no quedarles alternativa volvieron a cooperar para hacer una mezcla de recursos con el presidente municipal y sólo así se construyeron otras dos aulas.

En la actualidad, “el primer edificio que construimos en el 2001 para la escuela se encuentra en muy mal estado y representa un peligro para las niñas y niños, así como la plantilla docente. Hay fisuras muy pronunciadas en sus paredes a consecuencia de los temblores en el estado. Hay goteras y hundimiento significativo en el techo de concreto, se desprenden pequeños trozos de concreto que se desmoronan y genera polvo blanco que inhalan los niños y niñas”.

El 27 de septiembre de 2023 el comisario municipal, el comité de padres de familia y la directora de la secundaria realizaron una solicitud oficial con número 15/2023-2024 a Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario de Educación Guerrero, para que les asignaran dos maestros de geografía, historia y formación cívica y ética, la construcción de tres aulas, una dirección, 15 computadoras e internet, 12 tambores y 12 cornetas para la banda de guerra, cinco escritorios y sillas para maestros, tres pizarrones blancos, 12 mesas binarias, 24 sillas didácticas, material para oficina y para el aseo, así como uniformes escolares de secundaria técnica. No hubo respuesta.

También dirigieron un oficio a Benjamín Guinto Nava, Director General del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), para solicitar la construcción de tres aulas y una dirección, la realización de un dictamen para que certifique el estado real del edificio, constituir el expediente y atender de manera urgente las necesidades de infraestructura de la escuela. El funcionario les pidió un acta de asamblea general de comuneros que le fue entregada para iniciar los trabajos. Personal del IGIFE fue en junio de este año, pero no volvieron para darle seguimiento.

Las autoridades del estado y la misma SEG violan el artículo tercero constitucional donde señala que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado debe garantizarlo. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Este principio constitucional obliga a las autoridades a trazar políticas públicas que garanticen el acceso a la educación sin que las madres y padres tengan que gastar para que sus hijos estudien. Las niñas y niños deben tener suficientes maestros, aulas adecuadas y en buenas condiciones, becas, alimentos y todo lo necesario para su aprendizaje.

Las madres y padres de familia tienen la esperanza de que sus hijos continúen estudiando, pero las autoridades educativas los tienen en el abandono. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y otras autoridades permanecen ausentes. Lejos de proteger el derecho superior de la niñez ponen trabas para garantizarlo. Lamentablemente a las autoridades no les interesa la educación de las niñas y niños indígenas de la Montaña.

Fuente de la información e imagen: Tlachinollan

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Ayotzinapa: conspirar contra el ejército

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nunca imaginaron que llegarían al final del sexenio sin saber el paradero de sus hijos. Desde el encuentro que tuvieron en Iguala, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial, aguardaron con mucha paciencia el momento en que les develaría lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre. El reciente informe que envió a las mamás y papás, y que no llegó a todos, pudo marcar la diferencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, todo quedó en descalificaciones y conjeturas.

Las mamás y papás hojearon las 29 páginas para dar con los avances y novedades de las nuevas investigaciones. Les desconcertó que desde la primera hoja el presidente iniciara con el descrédito a los “supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos.” Reclamó que se sostuviera sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia fueran los soldados de la Sedena. Catalogó como un afán de venganza de personas o instancias del extranjero, para debilitar al ejército. Lo inaudito fue que la hipótesis central del presidente no giró en torno al paradero de los 43 sino en la conspiración internacional que se urdió contra el ejército.

Los resultados alcanzados con la llegada del nuevo fiscal se redujeron a 42 entrevistas de 15 detenidos; 45 recursos jurídicos contra resoluciones de jueces federales; 280 excavaciones en búsquedas y una ley de amnistía. La enumeración de acciones no presenta resultados plausibles. Nadie duda que son arduos los trabajos de excavación, pero los restos que se han encontrado no corresponden a los estudiantes. Los recursos interpuestos, en realidad, son los reveses judiciales que ha tenido el fiscal especial sobre el caso Ayotzinapa.

El informe contiene imprecisiones y en algunos casos falta a la verdad. En los primeros días de la desaparición de los 43 jóvenes, como organismos de derechos humanos acompañamos a las madres y padres en las búsquedas de sus hijos en Iguala. Nuestro mayor interés fue salvaguardar la vida de los estudiantes desaparecidos y nunca confabularnos con un gobierno extranjero. Realizamos denuncias penales por desaparición de personas, interpusimos juicios de amparo, presentamos una queja en la CNDH y solicitamos medidas cautelares ante la CIDH. El resultado fue la firma de un acuerdo de asistencia técnica.

En el 2014 no se tenían elementos sólidos de las implicaciones del ejército en la desaparición de los 43, por eso no se hizo algún señalamiento de su participación. Sin embargo, las madres y padres, desde el primer día que iniciaron las búsquedas en Iguala tenían datos de que el ejército patrulló las calles y detuvo a estudiantes. Las investigaciones del GIEI también lo confirmaron: los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición en Iguala; patrullaron las calles en las horas críticas de la agresión e hicieron contacto con los jóvenes; intervinieron llamadas de perpetradores claves y pudieron escuchar qué pasaba con los estudiantes y a dónde los llevaban; altos mandos militares de Iguala estaban coludidos con guerreros unidos. Además, un testigo afirmó que 25 estudiantes ingresaron al 27 batallón de infantería, donde fueron torturados y entregados a guerreros unidos. Con relación al militar infiltrado como estudiante de la normal, Julio César López Patolzin, existe un oficio urgente de la 35 zona militar que confirma las actividades de búsqueda de información que realiza utilizando la fachada de alumno. No se trata de un soldado que tenía el deseo genuino de superarse y convertirse en maestro rural, como lo justificó el presidente en el informe.

Estos elementos son claves para que la fiscalía impulse una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra miembros del ejército. No se puede pedir pruebas a las madres, ni a sus abogados sobre su involucramiento, porque es invertir la carga de la investigación a las víctimas. Corresponde al estado profundizar en estas líneas de investigación y determinar la responsabilidad de los militares.

Desde las más altas esferas del poder se trató de silenciar lo que sucedió y se encubrió a los responsables. Durante más de 8 años el ejército ocultó información de que 17 jóvenes pudieron ser trasladados de la comisaría de barandillas de Iguala a Loma de Coyotes. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 26 de septiembre el ejército escuchó cómo hablaban los cabecillas de guerreros unidos y los policías de Iguala sobre la suerte de los estudiantes.

Conforme avanzó la investigación, el entonces subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, concluyó en su segundo informe que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo guerreros unidos y agentes de diversas instituciones del estado mexicano. Los militares son una pieza clave dentro del tablero de los perpetradores; presenciaron la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, no lo evitaron y peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).    Afirmar que no hay pruebas de su involucramiento y encarar a las víctimas y sus representantes para que las presenten es colocarse al lado de los responsables.

El informe del presidente no tiene avances sustanciales del caso. Se limita a defender y encubrir al ejército. Los mayores logros se obtuvieron cuando estuvo al frente de las investigaciones Alejandro Encinas y el fiscal especial Omar Gómez que contó con la coadyuvancia del GIEI. En ese tiempo se identificó a dos estudiantes y se obtuvo la declaración de varios testigos que permitieron trazar nuevas líneas de investigación. También se logró consignar a 20 militares. Con el nuevo fiscal la investigación se cayó. Desde entonces el presidente tomó en sus manos la investigación. Lejos quedó su compromiso de campaña, que Ayotzinapa sería el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático.

Publicado originalmente en el periodico La Jornada

Fuente de la información:  https://www.tlachinollan.org

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México: Los huracanes de la violencia

Por: Tlachinollan

 

¿Por qué el gobierno federal no interviene con toda su capacidad para salvar vidas con estos huracanes de la violencia como lo hizo con el huracán Otis? ¿Por qué deja en total abandono a las víctimas de las acciones criminales? ¿En realidad estas organizaciones son tan poderosas que son capaces de pisarle la sombra a los 3 niveles de gobierno? ¿Qué pasa con la guardia nacional? ¿Es insuficiente el número de efectivos para contener al crimen o su intervención, es fallida? ¿Cuántas muertes diarias se necesitan para que el gobierno federal cambie su estrategia y atienda con presteza los huracanes de la violencia?

De acuerdo con datos de El Sur, en el puerto de Acapulco, el mes de junio fue el más violento con 77 asesinatos, 3 veces más que el mes de mayo. En los primeros 7 días de julio se tienen registrados 25 asesinatos entre ataques armados, cuerpos desmembrados y personas ejecutadas dentro de sus vehículos. Todos los hechos son devastadores porque los criminales actúan con total impunidad. Las fuerzas de seguridad del estado son impasibles, aunque los crímenes se cometan a unos metros donde se encuentran, no actúan, supuestamente esperan la orden de sus superiores para hacerlo.

Lo inenarrable empezó el primero de junio cuando hallaron las extremidades y el torso de un hombre que fueron esparcidos en el mercado central de Acapulco. Lo patético es que el torso se halló en la avenida Cuauhtémoc frente al Woolworth y las demás partes del cuerpo se encontraron dentro de una bolsa de plástico, afuera de la nave de flores, en la avenida constituyentes. Son crímenes que se cometen para causar terror, para mandar mensajes siniestros a las personas que tienen amenazadas. Se cometen con mucha saña porque saben que ninguna autoridad intervendrá. No se trata de acciones aisladas ni esporádicas, más bien, son frecuentes y recurrentes.

El martes 2 de julio a las 3 de la madrugada un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en la colonia Ciudad Renacimiento. 6 horas después fueron encontrados 3 cuerpos envueltos en sábanas adentro de la cajuela de un vehículo marca Dodge, a unos metros de la avenida ejido, en la colonia Hogar Moderno. A la misma hora se reportó que en la colonia Progreso varios hombres armados atacaron a balazos a una mujer entre las avenidas Vallarta y Coahuila. De acuerdo con las investigaciones se trataba de una enfermera que se desempeñaba como secretaria del departamento de enfermeras del CAAPS. 5 asesinatos se consumaron en solo 6 horas, sin que se tuviera conocimiento de algún operativo para dar con los criminales.

Otro deleznable crimen ocurrió el miércoles 3 de julio. A las 5:45 de la mañana se reportó el hallazgo de una cabeza humana sobre el cofre de un vehículo en la colonia Emiliano Zapata. Los policías al inspeccionar el carro encontraron el cuerpo de la persona decapitada y de otro hombre asesinado. El macabro hallazgo se dio en la explanada de la tienda soriana a un costado del bulevar Vicente Guerrero. A las 9:17 una persona fue asesinada a balazos en el interior de su vivienda, que se ubica cerca de le escuela primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia Lomas Verdes. Un reporte de la policía registró que a la 1:16 de la madrugada varios hombres armados quemaron un Jetta, en el bulevar Vicente Guerrero. No se reportaron víctimas.

Otro asesinato que ocurrió dentro de otra vivienda se reportó el jueves 4. El crimen se difundió después del mediodía en la colonia Frontera, ubicada pasando el Río de la Sábana. Por la noche fueron encontrados restos de una persona dentro de un automóvil en el poblado de La Venta. Mediante una llamada de emergencia se informó de un Jetta blanco abandonado.  Los policías al hacer la revisión del coche encontraron restos de una persona, al parecer desmembrada. Se reportó que fueron hombres armados los que abandonaron el vehículo y que huyeron caminando. En ese mismo día por la tarde, otro hombre fue asesinado a balazos dentro de un bar en la colonia Las Cruces. Algunos testigos dijeron que un hombre entró al bar y disparó directo a su víctima, privándolo de la vida. El agresor en su huida se topó con una patrulla de la Guardia Nacional e intentó dispararles, pero los efectivos le dispararon en la pierna y quedó bajo resguardo policiaco en un hospital. En esa misma tarde se registró otro hecho de violencia. Se trató de una pareja que se desplazaba en su automóvil y de manera intempestiva una motocicleta, con dos hombres armados, dispararon en varias ocasiones, asesinando a las 2 personas. El crimen sucedió en la avenida Universidad, a una cuadra de la Costera.

A las 10 de la noche del viernes 5 fue reportado el hallazgo de dos hombres y una mujer desmembrados, fueron encontrados dentro de un taxi colectivo, en el estacionamiento de la tienda Sam’club. Por la tarde, en ciudad Renacimiento, un hombre fue atacado a balazos por hombres armados, cuando compraba en una miscelánea. A las 5 de la tarde se tuvo conocimiento que hombres armados se robaron un camión de la ruta Costera-Hornos para luego prenderle fuego en el fraccionamiento Mozimba. En este mismo día se reportó la muerte de la secretaria Cinthia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien fue atacada a balazos el domingo 30 de junio junto con el director general de Administración y finanzas del Poder Judicial del Estado, Antonio Sebastián Ortuño, que sigue hospitalizado por las heridas que le ocasionaron.

A las 8 de la mañana de este domingo 7 fueron encontrados sobre el pavimento los restos de una persona en la avenida Ruiz Cortines. Media hora más tarde fue encontrado el torso de un hombre en la glorieta de Puerto Marqués. De acuerdo con las investigaciones los restos hallados en la avenida Ruiz Cortines y en la Glorieta puerto Marqués corresponden a una persona. Lo más grave  es que también fue encontrado otro hombre desmembrado en la colonia Vicente Guerrero. Fue un reporte que se tuvo en la madrugada de este domingo, en la calzada de la carretera federal México-Acapulco. La versión es que hombres armados que se trasladaban en un vehículo arrojaron los restos de la persona. Antes del mediodía un hombre fue asesinado a golpes y mutilado en la colonia Benito Juárez. Lo dejaron encima de una cajuela de un taxi azul con blanco. A las 3:30 de la tarde fue reportado el asesinato de un taxista en el poblado de El Bejuco, en la zona rural de Acapulco, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Hombres armados le dieron alcance y de inmediato le dispararon.

La violencia se ha enseñoreado en las plazas comerciales, en las avenidas principales, en las carreteras y mercados. Los grupos delincuenciales buscan la máxima publicidad de sus crímenes atroces. Han logrado su propósito, porque no hay autoridad que se los impida, mucho menos que se atreva a confrontarlos, ni a detenerlos o castigarlos. Han demostrado ser los amos y señores del puerto. Desde la madrugada comenten sus crímenes, continúan durante la mañana, siguen en la tarde y concluyen por la noche. No hay hora que no demuestren su poder destructor, tampoco tienen límites para cometer crímenes en cualquier colonia. En las zonas turísticas también han tomado el control: las cuotas se han generalizado en las playas, en los comercios establecidos y en los mercados. Toda la población sabe cómo operan y cuáles son sus guaridas. Hay días y horarios para el cobro de la cuota. Ya no les alcanza lo poco que venden, porque también tienen que consumir con los proveedores autorizados por el jefe de la plaza.

Esta tragedia cotidiana dejó de causar preocupación para las autoridades, ya nada les afecta ni ponen en riesgo sus cargos. Los asesinatos no tienen costos políticos. El miedo de la gente, la desorganización de los colonos y la misma lucha por la sobrevivencia han dejado que la violencia se desborde y que cada quien busque como protegerse. Los asesinatos en las playas, en los mercados y las plazas comerciales son parte del espectáculo dantesco, donde nadie se compadece por el dolor de las víctimas, ni mucho menos se atreve a alzar la voz, porque primero hay que asegurar la vida.

La reconstrucción de Acapulco pasa principalmente por sanar las heridas de la violencia, proteger a las víctimas, acompañarlas, reparar daños, reconstruir el tejido social, atender sus reclamos y demandas y colocarlas en el centro de la atención gubernamental. Es un imperativo el cambio de estrategia. La seguridad no está centrada en proteger la vida de la población, se concentra en cuidar a los funcionarios y a sus instituciones. Han ignorado a la población que tiene propuestas y está dispuesta a colaborar para garantizar seguridad en sus entornos. Han dejado que la ola delincuencial arrastre al despeñadero a la población pobre de Acapulco, que lucha en las calles para ir al día. Los problemas económicos que arrastran los jóvenes desde que nacen truncan sus vidas como futuros profesionistas. Se quedan como vendedores ambulantes, como trabajadores eventuales y como carne de cañón del crimen organizado. Los huracanes de la violencia acechan a una población inerme que pide al cielo que la libre de todo mal, porque sabe que aquí  en el puerto solo pagando la cuota puede ser su tablita de salvación.

Foto: Cuartoscuro

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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México: Sin avances en el caso Ayotzinapa

Desde septiembre del año pasado, hoy fue la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Palacio Nacional. Las familias abordaron tres grandes temas: la exigencia de los 886 folios que el ejército no ha entregado, la extradición de dos funcionarios y una reunión de vínculo el 3 de julio con la nueva presidenta electa para que pueda darle seguimiento al caso.

Las madres y padres, luego de unas horas, salieron de la reunión con pocas esperanzas. Sus rostros denotaban la angustia y la impotencia de un gobierno indolente. El presidente no presentó avance alguno en términos de búsqueda y de investigación. “Nos informó de más de 250 búsquedas en terreno, pero no tenemos una sola identificación que corresponda a los estudiantes. Se reconoce la labor que hace el gobierno, pero resultados sustantivos no tenemos. También se informó de los procesos, que ya sabemos cómo están avanzando, y que a juicio de nosotros en lugar de tener victorias se han tenido derrotas porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad en pocas palabras”, comentó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias.

En la reunión hicieron énfasis en la extradición de dos funcionarios que tienen responsabilidad y que no se ha llevado acabo. En el caso de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación, el presidente dijo que no se puede avanzar porque México no tiene tratado con Israel, y la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla de Iguala, “para nosotros es un personaje clave porque de ahí se habla que fueron sacados 17 estudiantes y llevados a otro lugar. Dicen que Estados Unidos otorgó un juicio político sesgado porque no se valoraron declaraciones que existen contra él, y más bien, que lo único que tomó de declaración el Tribunal de Estados Unidos para conceder el asilo político fue un testimonio de Anabel Hernández”, señaló Vidulfo Rosales.

Para el abogado el 70 por ciento de la intervención del presidente alude a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) obstaculizó la investigación al oponerse contra el “ejercicio penal de Murillo Karam, y que los abogados celebramos la sentencia de Reynosa, Tamaulipas… Ahí cerró porque dice que ya no tenía tiempo”. Sin embargo, hoy las madres y padres se van sin avances en las búsquedas y en las investigaciones. Lo peor es que a casi 10 años no saben nada de sus hijos.

Las familias esperaban que la reunión fuera hermética, pero querían que el presidente fijara postura cara a cara. Están desilusionados de este gobierno. A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados esperan que en la próxima reunión del 3 de julio el gobierno sí tenga resultados consistentes.

Lo rescatable de la reunión es que el presidente se comprometió para que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda darle seguimiento al caso, a pesar de que las madres y padres vieron que no figuró entre los compromisos que tuvo como plataforma de campaña. Es muy probable que en la última reunión esté la doctora Claudia, mientras tanto el presidente dejó ver que se estarían reuniendo cada mes hasta que termine su gobierno.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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