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Sin juguetes y sin maestras ni maestros

Por: Tlachinollan

Las niñas y niños indígenas de Joya Real no solo están enfermos por el frío sino porque su estómago está vacío. En este año más de 15 menores perdieron a sus padres: 5 mamás murieron por falta de atención médica. Una de ellas tuvo complicaciones en el parto, murió junto con su bebé. Otra joven madre que viajaba a Ometepec perdió la vida al desbarrancarse la camioneta. Las demás mamás optaron por curarse con remedios caseros ante la imposibilidad de ir al centro de salud a la cabecera municipal de Cochoapa El Grande.

Varias madres optan por caminar 6 horas para ahorrarse el viaje especial que cuesta mil pesos, sin embargo, su salida resulta infructuosa porque solo hay consulta externa y no siempre las atienden. La medicina la tienen que comprar. Los servicios públicos de salud son sumamente precarios; no hay equipo para revisar a las pacientes, mucho menos material de curación y atención a madres embarazadas que tienen complicaciones en el parto. Ante alguna emergencia médica la familia se tiene que endeudar porque el viaje especial a Tlapa es de 3 mil 500, sin tomar en cuenta los gastos de la medicina, los alimentos y la estancia. Esta misma cantidad cobran a Ometepec. Lo inadmisible es la indolencia de las autoridades municipales, que están al margen de estos dramas que enfrentan las familias pobres. No apoyan para los traslados de las enfermas, tampoco para la compra de medicinas y no asumen el compromiso de gestionar ante las autoridades de salud para que mejoren los servicios de salud en el municipio más pobre del país.

Además de la pobreza, los casos de violencia se multiplican en la cabecera municipal y en las comunidades indígenas. En noviembre pasado asesinaron en pleno centro a una madre de 50 años que llevaba entre sus brazos a su nieto. Varios asesinatos ocurrieron en la ruta que va de Cochoapa a Dos Ríos, en el entronque de Arroyo Prieto. En una de las emboscadas hirieron a dos promotores de CONAFE. Ante la inseguridad imperante se suspendió el servicio de transporte público, a pesar de que se construyó un módulo de seguridad que está abandonado.  En Joya Real 5 padres de familia murieron, 3 fueron asesinados y 2 murieron por complicaciones de la diabetes. Estas tragedias familiares dejaron en la orfandad a 15 niñas y niños que fueron recogidos por sus tíos y abuelas. Su sufrimiento no solo es por la pérdida de sus papás o mamás sino por la falta de alimentos, de cariño y de atención a sus necesidades básicas.

En el 2022,  7 niñas fueron víctimas de matrimonios forzados. Antes de la navidad una niña de 12 años fue obligada a casarse por 150 mil pesos. Después de la fiesta varias familias salieron a trabajar como jornaleros agrícolas a los campos de Apatzingán, Catalina, Buena Vista y Tomatlán del estado de Michoacán. Fueron al corte de limón, jitomate y chile serrano. En esas pequeñas empresas trabajan niñas y niños de 14 años, que son muy hábiles  para recolectar estos productos. También reciben su pago cada fin de semana. El apoyo económico de los hijos menores es la manera más efectiva para sobrevivir en los campos agrícolas. El ingreso de dos o más niños y niñas, que oscila de 800 a mil 200 pesos semanales, es fundamental, porque hace más llevadera la vida en las galeras.

De la comunidad de Joya Real alrededor de 60 familias se encuentran en los campos agrícolas. Salieron después de la fiesta de los difuntos y las que se quedaron fue por los compromisos que tenían por los matrimonios de sus hijos e hijas menores. Permanecerán 4 meses para regresar en marzo a la fiesta de san José que celebran el 18 y 19. La mayoría de niñas y niños en edad escolar no estudian. Los padres prefieren llevárselos porque los hijos mayores son contratados y porque las escuelas preescolar y primaria regularmente están cerradas. Ante la ausencia de los niños y niñas los maestros llegan esporádicamente a la comunidad.

Lamentablemente en estas comunidades olvidadas la escuela no representa un bien tangible porque no ven resultados inmediatos en el desarrollo intelectual, tecnológico y artístico de sus hijos. Más bien les resulta una carga por las cooperaciones que tienen que dar, por las reuniones a las que deben de asistir, por los trabajos de mantenimiento que requieren hacer en las instalaciones y por la compra de útiles escolares. A pesar de que hay 340 niños inscritos en la escuela primaria, la asistencia no llega a 100 alumnos. Lo mismo sucede en la escuela preescolar, de los 80 que se registran son muy pocos los que llegan a los salones.

En lugar de recibir algún juguete por parte de sus papás y mamás o de la autoridad municipal, las niñas y los niños más pequeños juegan con la tierra en los surcos y los mayores de 14 años recolectan limones y jitomates para ganar 200 pesos al día en los campos agrícolas. Su infancia es trágica porque sobreviven comiendo tortilla, sal, frijoles y agua. Aprenden a caminar descalzos en el cerro. Ayudan a sus mamás a cortar la leña y también tren su pequeña carga sobre sus hombros. Solo cuando regresan de los campos agrícolas estrenan alguna muda de ropa. Duermen sobre petates o cartones, cubiertos con alguna cobija llena de polvo. La falta de agua les impide lavarse las manos cuando comen y tienen que bañarse cuando van al río o alguna poza de agua. Desde pequeños caminan en los cerros, cuidan los chivos y aprenden a cazar animales. Conocen las plantas comestibles y se trepan a los árboles para cortar frutas y entretenerse bajo sus sombras.

Se educan en la adversidad, en el sacrificio diario, descubriendo los secretos de la naturaleza, desarrollando actividades agrícolas, recolectando frutos, y muy temprano aprenden a utilizar las herramientas del campo; el machete, el espeque, el azadón, el cahualo, la barreta. También adquieren la habilidad para sembrar maíz, frijol, chile, jitomate, cacahuate. En algunas comunidades aprenden las técnicas del rayado de la amapola. Son grandes exploradores y amigos de los animales. Conocen las estrellas del cielo, fácilmente captan las enseñanzas de los sabios y sabias que son expertas en interpretar las señales del universo. Respetan a la madre tierra y también rezan y piden permiso para no hacer enojar a los dueños del bosque o de los animales. Han crecido con la sabiduría comunitaria, han aprendido a caminar cuesta arriba, a luchar todo el tiempo para sobrevivir y enfrentar el maltrato y la discriminación de las autoridades y de la población mestiza.

El 2022 fue el año donde más protestas hubo por parte de las madres y padres de familia tanto en la Montaña como en otras regiones del estado por falta de maestros y maestras. Con el cambio de gobierno vislumbraron la posibilidad de que se atendiera el rezago educativo, que se renovaran los contratos de muchos maestros y maestras que estuvieron dispuestos a trabajar en las escuelas más lejanas. Creyeron que con la elaboración de solicitudes se atenderían sus demandas. La falta de interlocución con las autoridades educativas y sobre todo de respuestas favorables, obligó a tomar acciones más drásticas; bloquearon carreteras, la autopista del sol y varias comunidades resistieron varios días para ejercer mayor presión. A pesar de estas protestas no fueron atendidos, solo firmaron minutas con la promesa de concertar una reunión en Chilpancingo que resultaron infructuosas.

La falta de maestros y maestros sigue siendo la gran demanda en las comunidades indígenas de la Montaña. La misma CETEG ha tenido que movilizarse hasta palacio nacional para ser escuchada por el presidente Andrés Manuel, sin embargo, no fueron atendidos sus planteamientos centrales. A nivel estatal la gobernadora tuvo algunos acercamientos con la dirigencia de la CETEG de la Montaña pero no hubo respuestas de fondo. La confrontación ha crecido y la interlocución que tienen con el secretario de educación en el estado se encuentra empantanada. Los fondos para abatir el rezago educativo son insuficientes, lo grave es que no hay un incremento sustantivo para que en la Montaña haya suficientes maestros y maestras de nivel básico. Es inaudito que existan escuelas primarias cerradas por falta de personal docente, como en la comunidad de Rio de San Martín, municipio de Metlatónoc, en Ojo de Pescado, San Marcos y san Juan Huexoapa, del mismo municipio. De Cochoapa el Grande están las comunidades de Arroyo Prieto, Cieneguilla, Xaha Yucu Yaa. En las comunidades me phaa de Agua Dulce, Colonia de Guadalupe y san Miguel Zapotitlán, así como la escuela preescolar de la Colonia Mirasol del municipio de Tlapa están cerradas por falta de personal. En Tlaquiltepec municipio de Huamuxtitlán la escuela preescolar Itamar se encuentra sin servicio.  A nivel de escuelas secundarias técnicas hay 28 docentes que trabajan en los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Malinaltepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán, Tlapa y Alpoyeca a quienes se les adeudan 212 horas. En la zona escolar número 15 de secundarias técnicas con sede en Tlapa hay 23 vacantes en las diferentes materias que se imparten y tienen 71 horas que adeuda la secretaría de educación. En todas estas escuelas los alumnos no reciben clases desde el inicio del ciclo escolar.

Hay un gran abandono a las escuelas indígenas de preescolar, primaria y secundarias técnicas, que nos muestran la radiografía de la discriminación, nos proyectan las políticas excluyentes y los tratos desiguales que se siguen reproduciendo en un gobierno que ha priorizado atender a la población pobre. La realidad es que en la Montaña el rezago educativo sigue zanjándose, la inequidad en la asignación del presupuesto es un indicador funesto de la desatención y la falta de compromiso de las autoridades educativas. El drama de la niñez indígena es atroz, no solo porque la niñas siguen siendo víctimas de matrimonios forzados y los niños tienen que trabajar como jornaleros agrícolas, sino porque las autoridades siguen alejadas de las comunidades indígenas, dejando en el olvido a la niñas y niños que viven su infancia sin juguetes y sin maestras ni maestros.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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Mujeres violentadas de la Montaña

Por: tlachinollan

Para las niñas y mujeres indígenas de la Montaña

Que luchan contra el yugo devastador de la violencia machista

Las condiciones deplorables de los habitantes de la Montaña han trastocado prácticas comunitarias que denigran y cosifican a las mujeres y niñas indígenas. La cultura machista que persiste en nuestra sociedad se reproduce al interior de las comunidades. Las autoridades municipales se encargan de remarcar el trato desigual entre los hombres y las mujeres. Aplican la ley en favor de los hombres y dejan en estado de indefensión a las mujeres. Están muy lejos de reconocer los derechos y la dignidad de las mujeres. Argumentan que los pueblos tienen sus propios usos y costumbres y por lo mismo, se tiene que respetar lo que la gente decide. Las autoridades municipales en lugar de brindar de manera gratuita sus servicios y de proteger a la población más vulnerable, se ensañan poniéndole precio a cualquier trámite o escrito que realizan. No importa el nivel socioeconómico de la gente porque en el ayuntamiento todo se maneja con dinero. Es común ver a la gente pobre  esperando varias horas para ser atendidos. Los funcionarios municipales imitan a sus jefes actuando con despotismo y reproduciendo prácticas corruptas, como pedirle dinero a la población para atender sus asuntos. La cárcel es el recurso más eficaz para obligar a que la población pague lo que requiere la autoridad.

El síndico o síndica municipal cuando interviene en algún caso es porque el quejoso ya dio un pago en efectivo o llevó un cartón de cerveza y una reja de refrescos. Los policías son personajes que causan miedo porque portan armas de grueso calibre y amedrentan a la población cuando acuden a los domicilios en busca de las personas que están siendo citadas. Tratan como delincuentes a cualquier ciudadano o ciudadana. Son más abusivos y agresivos contra las mujeres. Nadie se atreve a llamarles la atención para que brinden un trato respetuoso a las personas. Se han acostumbrado a usar las armas para someter a la población y demostrar que son la ley.

Cuando el hombre acusa y paga, el regaño es severo contra la mujer. No se le da oportunidad para que se defienda, por el contrario la autoridad le pide que acate lo que está determinando. Son comunes los casos en que las esposas son señaladas de que no cumplen con sus obligaciones. A la síndica municipal no le interesa conocer la situación de la mujer, mucho menos le pregunta si ha sido violentada. Más bien se coloca de lado del marido no solo porque ha pagado por su intervención sino porque la mujer debe asumir un rol de obediencia ciega, de sumisión y de sometimiento al poder del hombre. Hay ocasiones en que la esposa se resiste a mantener la relación matrimonial. Esta postura en lugar de ser respaldada por el síndico o la síndica municipal es sancionada con reprimendas, al grado que se le obliga a regresar con el esposo. La situación es grave porque las mujeres no encuentran apoyo en las autoridades municipales y sus mismos padres las abandonan, debido a que recibieron un pago para entregarla a quien ahora la violenta. Por defender sus derechos son encarceladas. En el encierro quedan en manos de los policías que en muchas ocasiones las violan. No permiten que reciban alimentos porque para las autoridades es parte del castigo que reciben. Además de las detenciones arbitrarias, las autoridades municipales violan flagrantemente sus derechos al privarlas de la libertad sin causa justificada. Para dejarlas libres tienen que pagar una multa de mil a 3 mil pesos, de lo contrario permanecen encerradas y sin posibilidades de probar alimentos.

En el municipio de Cochoapa el Grande estas prácticas son comunes entre las autoridades municipales. Son parte del negocio que les da grandes dividendos violentando los derechos de las mujeres. A nivel estatal la secretaría de la mujer le ha apostado a realizar  talleres con los funcionarios municipales con la idea peregrina de que con esas pláticas van a cambiar la cultura machista que está enraizada entre las mismas familias indígenas. Parten de la idea de que existe un verdadero compromiso y mucha sensibilidad entre las autoridades municipales para salvaguardar los derechos de la mujer. La realidad es que en los mismos ayuntamientos se violenta dignidad porque las consideran inferiores, a causa de su monolingüismo y no tener la oportunidad de asistir a la escuela.

La estrategia implementada por la gobernadora Evelyn Salgado orientada a revertir la violencia contra las mujeres, se centra en los gobiernos municipales excluyendo a las mujeres indígenas que padecen esta violencia. Se requiere focalizar la atención en las comunidades trabajando directamente con las madres de familia, revalorando su rol como principales protagonistas para desmontar esta estructura patriarcal. Mientras no se coloque en el centro de la acción gubernamental a las mujeres indígenas será imposible que las autoridades municipales, ya sean hombres o mujeres, tomen la iniciativa para cancelar el negocio de los matrimonios forzados de niñas indígena.

Las niñas indígenas no tienen la oportunidad de estudiar porque no hay escuelas y donde existen no hay maestros. Los pocos docentes que atienden a los niños y niñas son de contrato y regularmente se encargan de dar clases a varios grados. Muchas escuelas son unitarias y otras funcionan con el sistema de multigrado. Existe un gran desarraigo de maestras y maestros que no son de la región y regularmente permanecen tres días a la semana en las comunidades. Varios de ellos no hablan la lengua materna y solo se reducen a castellanizar. Ante la ausencia de las instituciones y los graves estragos del hambre por falta de trabajos remunerados, los padres deciden casar a sus pequeñas hijas a muy temprana edad. Los pagos oscilan entre 200 a 300 mil pesos y lo inaudito es que los padres del niño optan por endeudarse para cubrir esa cantidad. Para testificar estos matrimonios al margen de la ley, la síndica municipal se encarga de formalizar esta alianza y de contar el dinero en la mesa de la familia paterna. Su presencia también tiene un costo que va de 20 a 30 mil pesos, dependiendo de la distancia y de la hora. Ante la ausencia de la sindica son los comisarios municipales los que se encargan de contar el dinero y de cobrar por esta transacción. Las niñas son rehenes de sus mismos padres y suegros y del niño que también es obligado a casarse. Son matrimonios forzados donde se impone la decisión de los padres, obligando a que los niños y niñas asuman a temprana edad el rol de madre y padre, en condiciones sumamente adversas, por lo que implica formar una familia sin el apoyo y la protección de las instituciones del estado. Lo que caracteriza estas relaciones tempranas es una convivencia forzada, entre dos personas extrañas, que nada tienen en común y que se vieron obligadas a vivir juntos por la decisión de sus padres. La violencia nace, crece y se reproduce desde el momento mismo en que se forza al niño y a la niña a convivir como pareja. Se institucionaliza la violencia y se da un trato indigno a las niñas por el dinero que recibieron sus padres como si se tratara de una mercancía. Quedan inermes ante la casa de los suegros que en muchas ocasiones las violan. Son condenadas a padecer la violencia asumiendo también una maternidad forzada. Ellas, además de soportar el maltrato, tienen que velar por el cuidado de sus hijos.  También están obligadas a trabajar en los campos agrícolas donde el suegro cobre su salario. Quedan a expensas de que la familia del esposo les permita acceder a los alimentos y a tener algún apoyo para comprar la medicina y la ropa de sus hijos. Están condenadas  a trabajar día y noche, a depender económicamente del esposo y de la familia paterna. A soportar los golpes y a obedecer ciegamente las órdenes del marido.

Para las mujeres y niñas indígenas no se vislumbra un futuro promisorio donde sean respetadas y reconocidas como personas con derechos. Las obligan a cargar con el estigma de la inferioridad y de su indianidad. Ninguna persona se atreve a salir en su defensa, quedan atrapadas en el círculo de la violencia machista que protegen las mismas autoridades municipales, porque la venta  de niñas es un gran negocio. Son ingresos extraordinarios engrosan sus bolsillos asumiéndose como cómplice de la violencia feminicida.

La gobernadora Evelyn Salgado tiene que responder a este gran reto. Las acciones que ha implementado a través de la secretaría de la mujer son insuficientes, porque no atacan de raíz los problemas estructurales que persisten en los gobiernos municipales y en las mismas comunidades indígenas. La ausencia de las instituciones del estado y la carencia de oportunidades para el desarrollo personal y comunitario, son parte de este ciclo de violencia que se transmite de generación en generación entre las mujeres y niñas indígenas de la Montaña.

Las autoridades estatales tienen que trabajar con las mujeres indígenas que sufren violencia. Sus acciones no se pueden reducir a la impartición de talleres, tienen más bien que empoderarlas con creando empleos remunerados, para salvaguardar sus derechos y romper con el pacto de impunidad que existe entre las autoridades y los perpetradores. Son las mismas mujeres indígenas las que han demostrado tener el valor y la decisión para liberarse de estas cadenas del oprobio. Varias de ellas fueron asesinadas y lo más doloroso es que las autoridades no investigaron estos feminicidios. Su silencio y sus lágrimas son parte de la resistencia y de la lucha que desde sus precarias viviendas están protagonizando. Las niñas y mujeres de la Montaña nos están demostrando que la batalla contra la violencia es una pelea diaria en condiciones sumamente adversas. Son ellas las que escriben con sangre este capítulo de la ignominia marcada por los rastros de la violencia feminicida.

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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Ayotzinapa: una respuesta digna al dolor y al sufrimiento

Por: Tlachinollan

Nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo\ que tenemos a mano\ para hacer futuro. Con este poema del tiempo de Pedro Casaldáliga el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) dejaron esa sensación de esperanza, pero también evidenciaron el tropel del informe emitido el 18 de agosto de 2022 por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), donde centra la atención en 467 capturas de pantalla presentadas como nueva información en ocho años de las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudientes desaparecidos.

Con el dolor punzante en el alma, las madres y padres de familia solicitaron al grupo de expertos y expertas del GIEI corroborar la información del informe de la CoVAJ, sobre todo, las capturas de pantalla. Así, las expertas y expertos realizaron el peritaje técnico que prueba que 181 del total de capturas de pantalla que se encuentran en el informe de la CoVAJ no tienen veracidad, pues no garantizan su originalidad y por tanto no se puede considerar como una prueba digital fehaciente.

Carlos Beristain, integrante del GIEI, introdujo la conferencia de prensa este lunes 31 de octubre de 2022, en la Ciudad de México, con la preocupación de que “en días pasados hubo una serie de confusiones en torno a información vertida” por las autoridades federales y por los medios de comunicación sobre la desaparición de los jóvenes. “A mediados de agosto los acontecimientos respecto de la desaparición de los 43, en un intento de acelerar los resultados sin las debidas medidas de investigación, han llevado a una crisis en la capacidad de los investigadores en la independencia y en la confianza de los resultados, así como un desconocimiento del papel del propio GIEI en la asistencia técnica internacional”.

En este refuego de información las expertas y los expertos, así como los familiares “no tuvieron información previa a la presentación del informe de la CoVAJ que incluía capturas de supuestas comunicaciones entre presuntos responsables de los hechos. Los avances de acceso a la verdad y a la justicia estuvieron en riesgo. Por eso es urgente retomar el camino de una investigación seria y con los resultados fiables para los derechos a la verdad y a la justicia de los familiares”, apuntó Carlos Beristain.

En este sentido, para Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, es muy importante diferenciar la investigación que realizó la Unidad Especial de la Fiscalía y el informe que fue presentado por la presidencia de la CoVAJ. [De lo contario seguirá] una confusión entre la presentación de 83 judicializaciones contra personas inculpadas por parte de la Fiscalía Especial y los resultados presentados por la CoVAJ. Estas 83 órdenes de aprehensión no tienen relación con el informe de la CoVAJ.

Sin embargo, la parte medular del informe de la CoVAJ está en la segunda parte en la que se incluye 467 capturas de pantalla, información que no se había vertido en el transcurso de las investigaciones para esclarecer los hechos y el paradero de los jóvenes normalistas. Lamentablemente estas evidencias son inconsistentes, pero además no pueden ser consideradas como un proceso judicial, señala Claudia Paz y Paz.

Esta nueva narrativa sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa queda endeble, tambaleante para generar expectativas de verdad. Es importante resaltar porque no hay nada sólido, más bien, los avances en las investigaciones se ponen en duda toda vez que los datos no se llevan a la comprobación científica.

Los pantallazos de la CoVAJ no son confiables para saber la verdad sobre los 43

El Grupo de Expertos Independientes demostró que las capturas de pantalla presentadas por la CoVAJ tienen serias inconsistencias que lejos de esclarecer los hechos lo entorpecen. Así empezó Francisco Cox, integrante del GIEI, con el analisis de “las filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso, si no se toma una determinación radical, examen previo de la consistencia que pueda ser llevada luego a una decisión judicial. Es una condición sine qua non del GIEI a la CoVAJ y a las autoridades mexicanas para la continuación de la asistencia técnica”.

Francisco Cox dio lectura al peritaje que encargó el GIEI sobre la validación de integridad y autenticidad de mensaje de WhatsApp tipo captura de pantalla presentada por la CoVAJ muestra que, en primera, no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes, es decir, no se puede determinar mediante estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad porque no se puede verificar la fecha de creación original del mensaje con la herramienta ExifTool. Así mismo es imposible verificar el tipo de dispositivo. Segundo, algunas capturas de pantalla tienen un entorno visual totalmente diferente, a pesar de que el WhatsApp tiene la versión 2.12.312 apk utilizada de 2012 a 2015, es similar a la utilizada en los mensajes analizados. Otra discrepancia muestra diferencias en la forma de escritura algo inusual de la aplicación y no cuenta con el ícono videollamada. Tercero, el doble check azul en algunos mensajes capturados mediante screenshot aparentemente en octubre del 2014, opción que permite la verificación de lectura por parte del receptor no es coherente, ya que esta funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre del 2014.

Por último, se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screenshot, o sea, la fecha de generación de la imagen es anterior a la fecha de creación y envío de los mensajes. Por ejemplo, se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre del 2014, por lo tanto no existe confiabilidad en la imagen ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado, señaló Francisco Cox.

El grupo de expertas y expertos lograron evidenciar 181 imágenes tipo screenshot que no tienen veracidad. Los problemas de la metadata sobre las capturas de pantalla que se encuentran en el informe de la CoVAJ necesariamente tendría que haber seguido revisiones técnicas y periciales que se contrastaran para que tuviera mayor certeza. Los trabajos de investigación en un caso tan complejo como la desaparición de 43 estudiantes “la información debe basarse en los más altos estándares internacionales”, remarcó Ángela Buitrago.

Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago afirmaron haber alertado “al gobierno de México que la función de esta asistencia técnica ha sido precisamente proporcionar evidencia contrastada de los hallazgos en los hechos, búsquedas y las responsabilidades. Así como la confusión de las instituciones implicadas, la falta de claridad o de consistencia de acciones que generan mayor incertidumbre en los familiares y en la propia sociedad, lo que lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”.

Claramente pasó con el desistimiento de más de 20 órdenes de aprehensión, 16 contra militares,  de las 83 que había en total, producto de investigaciones que había realizado la Unidad Especial de Investigación y Litigación (UEILCA).

El GIEI insiste en que volverá a presentar a la UEILCA y al nuevo fiscal especial del caso Ayotzinapa toda la evidencia existente para dichos procesos de judicialización, incluyendo casos que han sido desestimados por orden del propio fiscal general y que conllevaron al desistimiento de varias órdenes de aprehensión. El tiempo corre a prisa sin que las nuevas autoridades conozcan el estatus de las investigaciones.  Los retrasos tendrán que pagarlos las mismas autoridades por querer correr.

Otro pantano son las fuerzas armadas que se niegan a dar información sobre la desaparición de los 43 estudiantes. El GIEI ha insistido en que existe información en los archivos de inteligencia de Sedena y en el Centro Regional de Inteligencia y otros que puedan tener información clave para la búsqueda que incluyen los monitoreos o escuchas telefónicas en tiempo real del 26 de septiembre del 2014 y de los días subsiguientes, incluido el 4 de octubre del 2014.

“A la luz de estas informaciones se hacen inconsistentes sus explicaciones de que desconocían la gravedad de los hechos y por ello no habrían intervenido. Sedena tenía conocimiento de la implicación con el crimen organizado de varios presidentes municipales y jefes se seguridad local previamente a los hechos. Varios militares fueron sancionados con pena de arresto de 8 días por omitir información relevante sobre el día 26 y 27 de septiembre, y el propio coronel Rodríguez, comandante del 27 batallón fue recriminado internamente bajo un informe de la junta regional de inteligencia por su falta de actuación para ayudar a los jóvenes”, afirmó Ángela Buitrago.

Lo peor de todo, asegura el GIEI, es que en sucesivas declaraciones del personal del 27 batallón han llevado a cambios y adecuación a revelaciones que se fueron dando de los hechos. La Sedena públicamente ha intentado exculpar un militar detenido, el capitán Crespo, pero han ido más allá adecuando declaraciones de militares.

Por su parte, Carlos Beristain, dijo que “se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. México tiene una oportunidad de demostrar que la voluntad política junto con la independencia y consistencia en la investigación son determinantes para la justicia que los familiares reclaman y en otros muchos de los miles que se han dado en el país, pero sobre todo se juega una respuesta digna frente al dolor y al sufrimiento de unos familiares que han sido tantas veces golpeados, no solamente de los hechos, sino también por las versiones distorsionadas o las mentiras. Hay un sistema de investigación e impunidad que hay que cambiar en México. La desaparición forzada no se cierra hasta que se haya dado respuesta al derecho a la verdad de las víctimas y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos”.

La conferencia de prensa terminó con un poema de Pedro Casaldáliga, obispo de Brasil.

Nuestra hora

Es tarde

pero es nuestra hora.

Es tarde

pero es todo el tiempo

que tenemos a mano

para hacer futuro.

Es tarde

pero somos nosotros

esta hora tardía.

Es tarde

pero es madrugada

si insistimos un poco.

Pedro Casaldáliga

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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México| La verdad es que no hay verdad»: madres y padres en lucha por sus 43 hijos

En la reunión provisional de la Asamblea Nacional Popular, doña Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, normalista de Ayotzinapa desaparecido en 2014, señaló que el gobierno «se ha burlado mucho de nosotras las madres y los padres. Nosotras vamos a seguir y no vamos a creer que nuestros hijos ya están muertos. Si no me dan pruebas de mi hijo cómo voy me voy a quedar con esa verdad… La verdad es que no hay verdad».

El 17 de septiembre, se articularon organizaciones sociales y colectivas con la lucha social de las madres y padres por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Las madres siempre se han preguntado dónde están sus hijos, qué pasó con ellos y a dónde los fueron a dejar. «Como madre sigo esperando a mi hijo, no pierdo la fe y la esperanza de que será lo último que voy a perder», dijo doña Blanca Nava.

Lo más que se ha podido hacer son búsquedas donde encontraron mil restos óseos de 4 a 5 centímetros. También se han realizado detenciones, con irregularidades. Las últimas detenciones han sido las de Jesús Murillo Karam, tres militares, entre los que está el coronel José Rodríguez Pérez. Sin embargo, sobre el paradero de los 43 estudiantes no se sabe nada.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43, hizo notar las preocupaciones de los últimos acontecimientos en el caso Ayotzinapa. Primero, las madres y padres ven que hay una demora injustificada en la ejecución de las 20 órdenes de aprehensión en contra de los militares, pero es el día en que no se han ejecutado. El pasado miércoles 14 de septiembre sólo se pudieron detener a tres militares sin saber las razones de qué ha pasado con el resto. Lo que sí vemos es que hay una dosificación en las órdenes de aprehensión.

Segundo, hay una «demora después del discurso del secretario de la defensa nacional en la detención de militares. El presidente de México les da la tribuna a las fuerzas armadas y desde ahí cuestionan a las madres y padres porque supuestamente están generando un conjunto de acciones con el fin de querer desprestigiar a una institución militar». Estas declaraciones son sumamente peligrosas.

Esta posición recia del secretario de la Sedena preocupa porque da un mensaje directo para que no se toquen 17 militares más que tienen orden de detención. Hay un temor justificado de que el ejército esté apretando la tuerca al ejecutivo. Después de que se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión se dio el discurso del secretario donde dice que «hay intereses perversos de querer crear una desconfianza en las fuerzas armadas porque estamos diciendo que son asesinos, que infiltran de manera infundada los movimientos sociales y que deben responder por graves violaciones a los derechos humanos». En fin, el ejército quiere encubrir a 20 de sus elementos.

Tercero, «la comentocracia, quienes escriben para las oligarquías y un régimen militaristas, afirman que el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, están creando acusaciones infundadas contra un pobre ejército que carga a México en sus espaldas», asevera Vidulfo Rosales.

Las madres y padres consideran que hay un ambiente enrarecido que trata de tejer una cortina de humo. Están minimizando las detenciones como el general que está en la cárcel por violar derechos humanos en México. Lo cierto es que no se están ejecutando las órdenes de aprehensión que el mismo gobierno las anunció. Además, los jueces están exonerando a personas responsables, y caciques en Guerrero tratan de dividir a los padres de familia.

Las organizaciones sociales se solidarizaron con las madres y padres, así como el apoyo a Vidulfo Rosales y se manifestaron contra los ataques mediáticos de la clase política y del ejército que se muestra indiferente al dolor de las madres, que, al contrario, busca ocultar la verdad.

Las madres y padres exigen cárcel para todos los militares, desde el soldado hasta los generales que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes. Al general Cienfuegos no se le está investigando, pues no fue ajeno a lo que estuvo ocurriendo. Es impensable que no supiera que la normal estaba siendo infiltrada y que tenían monitoreados a los jóvenes desde su salida hasta el arribo en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y que sus elementos estaban participando de manera directa en la agresión. Por eso debe enfrentar la justicia.

Vidulfo Rosales habla en que «nos negamos mirar al México profundo y otro imaginario con sus contradicciones, lleno de exclusión, desigualdad y más 100 mil desaparecidos. Qué pasa con los desaparecidos. Nos encontramos una burbuja donde la juventud está en un ensueño por la narrativa de una ideología neoliberal. Así, el discurso del gobierno termina criminalizando la protesta social».

El debacle de la democracia en México se profundiza con una crisis de derechos humanos. Se pensó que todo cambiaría con el gobierno de la cuarta transformación. Sin embargo, las imágenes del terror, de la impunidad y la corrupción continúan. Se habla de libertad de expresión, pero se criminaliza la protesta aun cuando la lucha es por verdad y justicia.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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Niñas madres

Por: Tlachinollan

María, una niña de 12 años del pueblo Me phaá, nunca imaginó que después de participar en la posada de la iglesia, sería raptada por un vecino de la comunidad. El violador ubicó a la víctima y buscó el mejor momento para interceptarla y subirla a su vehículo. La oscuridad del callejón que lleva a la casa de la menor, fue el lugar propicio para llevársela. No solo fue víctima del ultraje sino de las amenazas que resonaban en su mente: “si te atreves a denunciarme, te voy a matar”. Tuvo que padecer en silencio esta tropelía y soportar en su cuerpo la asquerosidad del perpetrador. Fue un martirio. Por las noches, su mamá tenía que consolar a su niña sin saber qué remedio darle. La pequeña no se atrevía a decir lo que había sufrido.

Ya no era la misma niña que jugaba y cuidaba a sus 4 hermanitos. Sus malestares físicos y psicológicos se complicaban. Además de estar triste, ya no tenia hambre y sufría de mareos. La doctora del pueblo la atendió y constató que llevaba tres meses de embarazo. Ante esta evidencia, María tuvo que confesar a sus padres lo que había padecido en el mes de diciembre. Acudieron a la comisaría a interponer la denuncia, sin embargo, el comisario no se atrevió a intervenir. Tuvo miedo a las represalias, porque el agresor de 40 años se desempeñaba como servidor de la nación. Su cargo como funcionario público le daba poder en la comunidad, y por lo mismo, actuaba con total impunidad.

Los padres de María no se amedrentaron. Consiguieron dinero prestado para interponer la denuncia en la fiscalía de Tlapa. Fue admirable su sacrificio y el acompañamiento en todo el proceso de la denuncia penal. Las cinco horas del viaje con la polvareda del camino, así como las complicaciones del embarazo de María, no fueron obstáculo para acudir a Tlapa, con tal de que la investigación avanzara. Su persistencia rindió resultados al emitir el juez la orden de aprehensión. De inmediato el agresor tuvo conocimiento por los contactos que tenía en la misma fiscalía. Se amparó para asegurar la protección de la justicia federal, sin embargo, el recurso no prosperó por tratarse de un delito grave.

Al advertir que su situación legal se complicaba, buscó apoyo con políticos de la región para evitar que la orden de aprehensión se ejecutara. Su familia acudió con el comisario municipal para pedir que citara a la mamá de la menor. Ante el temor de que la autoridad actuara arbitrariamente, la mamá optó por presentarse en la comisaría. Los padres del acusado la señalaron como responsable de lo que le fuera a pasar a su hijo. Insistieron en que su denuncia era falsa y que, por lo mismo, también la denunciarían por sus declaraciones sin fundamento. Trataron de convencerla, por la buena y por la mala, para que se desistiera de la denuncia. Ante la negativa le advirtieron que se metería en problemas más graves. Creyeron que al ofrecer dinero lograrían su objetivo. Todo fue en vano, porque la postura firme de la mamá de María fue una demostración de dignidad, porque ni las amenazas ni el dinero doblegaron su afán de justicia.

Ante la imposibilidad de evitar que la orden de aprehensión se aplicara, el agresor huyó de la región y planeó cruzar la frontera para librar la cárcel. Su preocupación fue evadir la justicia y desentenderse de la situación de la niña que dejó embarazada. Los padres de María, a pesar de la vejación que sufrió, le pidieron que tuviera al bebé con la promesa de que ellos la adoptarían como otra hija más. El umbral de la maternidad fue una experiencia dolorosa para la menor por todo lo que implicó la violación y lo que representó la gestación del feto en su cuerpo diminuto.

María tuvo que sobreponerse a un sinnúmero de problemas de salud ante la falta de atención médica en su comunidad. Tuvo que soportar en silencio todos los estragos de un embarazo temprano. Se resignó a tener un hijo, sin poder dimensionar lo que esto representa para su corta vida. En una comunidad pequeña, el embarazo de una niña, el escándalo es mayor contra la mujer, no contra el hombre. Es un hecho grave imposible de ocultarlo y revertirlo contra el agresor. El escarnio clava sus flechas contra la menor, dejando una herida que lacera y que no se cierra.

María tuvo que permanecer confinada en la precariedad de su casa con piso de tierra. El mundo se le derrumbó, se truncaron todos sus sueños y resquebrajaron sus ilusiones, como las demás niñas de la Montaña. En medio de las complicaciones de su embarazo, su abuelo, que es partero, le tocó atenderla. Entre sus rezos y brebajes logró que su nieta tuviera un parto normal. Desde hace nueve meses María tuvo que asumir el rol de madre, además de amamantar a su niña tiene que velar por su salud y trabajar para sostenerla. Ha buscado un empleo pero no la quieren contratar, porque es una niña madre, que además de cargar su morral, carga sobre su espalda a su pequeña niña.

En el mes de febrero, cuando la fiscal general del estado, la maestra Sandra Luz Valdovinos, se reunió con varias familias en la ciudad de Tlapa, platicó con María y su tía. Escucho la triste historia de María que cargando a su bebé le narraba llorando lo que había sufrido. A pesar de enfrentar una situación sumamente precaria, centró su exigencia en que se hiciera justicia, por la violación que había sufrido. La fiscal conoció a su bebé y la reciedumbre de una niña madre que lucha para que se castigue a quienes violan a las mujeres. En el mes de marzo, la fiscalía notificó a los papas de María había detenido a su agresor en la ciudad de Tijuana, cuando se disponía a cruzar la frontera.

El calvario de María, es representativo del gran número de casos de niñas que asumen el rol de madres por diferentes causas. La violación sexual de niñas es un problema creciente que las autoridades encargadas de investigar los delitos no han revertido. Existen graves deficiencias y vicios entre el mismo personal que no integra bien la carpeta de investigación y no realiza todas las diligencias que amerita el caso. No hay peritos que realicen los estudios que se requieren. Hace falta personal especializado para proporcionar una atención apropiada a las víctimas de violación sexual. El número de denuncias no corresponde al alto número de casos de mujeres violentadas, porque no hay suficiente personal que las atienda y lo peor de todo, es que no se les brinda un trato adecuado y se les revictimiza. Es común que las denuncias que se interponen se filtren a los medios amarillistas que se encargan de publicar casos que requieren sigilo. Hacen escarnio de los agravios que denuncian las víctimas causando mayores riesgos a su integridad física y vida misma.

A nivel regional los matrimonios forzados de niñas es otro problema que no es atendido en su justa dimensión por las autoridades estatales ni municipales. A pesar de los esfuerzos que existen para implementar estrategias de atención interinstitucional para evitar los matrimonios forzados, no se logra incidir en el ámbito comunitario. Se ha avanzado en los diagnósticos para ubicar en qué municipios hay mayor incidencia de los matrimonios forzados y se ha logrado convocar a las autoridades municipales para que se involucren como parte de la estrategia interinstitucional. La realidad es que no existe interés genuino en la mayoría de los presidentes municipales. Se reducen a formalizar convenios pero no se comprometen a implementar acciones concretas para que en su municipio se atienda a las niñas que son víctimas de matrimonio forzado.

En el ámbito municipal no se pueden centrar las estrategias de atención, se requiere trabajar en el nivel comunitario, sobre todo en las localidades donde la práctica es generalizada. Pero la intervención no se puede reducir a un programa de pláticas para sensibilizar a los hombres sobre la gravedad de estas prácticas. Tiene que trabajarse una propuesta integral con la participación de personas de la misma comunidad. Es un trabajo que requiere una inserción a la dinámica comunitaria, conocer el contexto y ubicar el sentido que le dan a estos matrimonios de niñas. No es suficiente enfocarse a este problema, implica detonar acciones eficaces en el campo educativo, en el tema de la salud y den el mejoramiento productivo. También es urgente un atención especializada  a la niñez indígena, que desde pequeños tienen que salir con sus padres a trabajar en los campos agrícolas. La precarización de la vida comunitaria es un problema estructural que no esta siendo atendido por los gobiernos municipales. Lo más grave es que las autoridades municipales en lugar de revertir los rezagos sociales, se interesan en establecer negocios privados con los recursos públicos. Hacen alianzas con las empresas que ya tienen experiencia en cómo realizar obras de mala calidad para obtener grandes ganancias. Lo más grave es que los presidentes municipales y el partido gobernante han optado por establecer alianzas con grupos del crimen organizado, quienes se encargan de la seguridad del municipio, a cambio de que se les garantice tener el control territorial. Imponen su ley atemorizando a la población y controlando giros comerciales. También forman parte de los proveedores del municipio. Son el poder fáctico que tienen el control de las instituciones y que opera con el uso de las armas, para allanarle el camino al presidente municipal en su proyección política. Esta criminalidad enquistada en las instancias municipales son la mayor amenaza que enfrenta la población por la supeditación del poder político al poder de la delincuencia organizada. En este entramado criminal las niñas madres, se encuentran en total indefensión. En lugar de encontrar protección y cobijo en las autoridades municipales se topan con los perpetradores.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

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La protesta social como un derecho por la presentación con vida de los 43

El 11 de junio de 2022. Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, normalistas y organizaciones sociales se manifestaron en el zócalo de la capital del estado para exigir la presentación con vida de sus hijos. También insistieron en que se tienen que abrir los archivos del ejército y la Marina.

En el mitin señalaron que el ejército y la Marina tienen evidencias sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“Supuestamente los militares son los que resguardan este país, hoy sabemos y reafirmamos que participaron en la desaparición de los 43”, señala Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, uno de los normalistas desaparecidos.

Los padres de familia aseguraron que a pesar del descontento de las autoridades por sus protestas, su lucha está dentro del marco legal, pues está contemplado en la constitución, además de que como víctimas tienen derechos. Asimismo, continúa Melitón Ortega, “si en Guerrero se hiciera justicia contra los responsables que escondieron las evidencias de los hechos en Iguala, que estaban en el poder, y los autores materiales que cumplieron esas órdenes, no habría necesidad de que los padres y estudiantes estuviéramos en las calles, cerrando avenidas, haciendo bloqueos o actividades en las instituciones”.

Por su parte, don Maximino, padre de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, señala que el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dar con el paradero de los estudiantes y dar castigo a los responsables. No obstante, “hoy vemos que no va a dar con el paradero, no tiene la capacidad de resolver el problema. No hay detenidos. Ángel Aguirre Rivero, Iñaki Blanco, Tomás Zerón, Murillo Karam, Enrique Peña Nieto están disfrutando el dinero que se robaron del pueblo”. Hoy solamente quedó un aliento que poco a poco se ha convertido en amargura para los padres. “Estamos viviendo una incertidumbre prolongada. No sabemos cuándo vamos a tener esos personajes en la cárcel y que rindan cuentas”, agrega don Melitón.

También exigieron al gobierno federal seguir con las líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Hicieron un llamado a las instituciones y funcionarios para que no se cubran entre ellos. Son cómplices porque no nos quieren entregar a sus compañeros que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes y que asesinaron a tres jóvenes y otras personas, y que un estudiante todavía sigue en coma, comenta don Bernabé, padre de Adán Abraján de la Cruz, normalista desaparecido.

Finalmente, agregaron que al día de hoy solo han tenido contradicciones de los gobernantes que hablan de leyes, mientras agreden estudiantes, campesinos y al pueblo en general por exigir justicia, verdad y castigo. “Los gobernantes en este país tienen una deuda histórica con los 43 estudiantes, con los 43 familiares de los jóvenes estudiantes. Miles de familias no han tenido respuestas. Entonces, por eso la lucha de los padres sigue aquí”.

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México: Sin el vuelo de las niñas indígenas

Las lágrimas de doña Jus, indígena Na Savi, inundan sus ojos por la ausencia de su nieta Alejandra, víctima de feminicidio en el 2020. Desde que nació siempre fue su hija. Le gustaba jugar con sus amigas y nunca faltaba su risa en su casa. Vivían en una choza de bajareque en el municipio de Cochoapa el Grande, en la Montaña alta de Guerrero.

Creció en la pobreza extrema, entre las veredas del olvido. Cuando no había que comer caminaba entre las hondas barrancas para cortar quelite. Así pasaban los días. En ocasiones se sentía la punzada en el estómago vacío. No había nada, solo dolor.  Sin embargo, para soportar una cotidianidad, marcada por las carencias, la violencia machista y patriarcal trataba de contemplar la niebla de las montañas. La niña A no imaginó que a sus 14 años le cortarían las alas para emprender el vuelo hacía el horizonte, donde hay esperanzas.

Estaba estudiando la secundaria, era su último año, cuando los agresores buscaron la forma de sacarla de su casa con la idea de entregarle un celular que le habían arrebatado dos días antes, pero no fue verdad. Al contrario, intentaron agredirla sexualmente, pero se defendió sin que pudiera detenerlos. Despúes la torturaron, cercenando su cuerpo hasta que le quitaron la vida.

Esta pesada y cruenta realidad la viven cientos de mujeres indígenas que son silenciadas, vejadas, vilipendiadas, humilladas y mancilladas. Este monstruo de la violencia machista continúa cobrando vidas, sin que las autoridades presten atención. Es más, las mujeres terminan siendo criminalizadas por alzar su voz y pelear por sus derechos. La misma ausencia de las autoridades ha propiciado el aumento de esta violencia feminicida.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentamos la historia de un feminicidio acaecido en el municipio más pobre de Guerrero. Es un testimonio de la abuela y madre de la niña Alejandra, que con el llanto imparable exige justicia por su nieta.

Entre el dolor y la esperanza de justicia estas palabras pretenden ser un eco en los intersticios de la vida humana para erradicar la violencia machista, porque en Guerrero y México no se puede seguir sin el vuelo de las niñas indígenas.

Es un texto escrito en español y en lengua Tu´un Savi. Dejamos el testimonio completo:

Se acostó a dormir mi niña, estaba lloviendo mucho. Estaba triste porque le habían robado el celular. Fue cuando me dijo -abuela ayer me dijo [esa muchacha] que soy flaca. Estábamos por la barranca y me dijo que vaya por el celular. Así me dijo.

A qué vas a ir,  a dónde vas a ir, siéntate porque allá viven puros cholos y te vaya a hacer daño. Así le dije. No me tardo abuela, fue lo que me contestó [mi hija Alejandra].

Me dijeron que en la madrugada fue cuando empezó a forcejear mi niña, gritaba, pero a mí no me consta. Mi hija les dijo que no se quedaría así, no les tuvo miedo, si no hubiera hablado tal vez no la hubieran matado, pero rajaron toda su boca. Qué hizo ella para merecer eso.

Todo fue en la casa de material que está por allá arriba. Fue donde vinieron los ministeriales y quebraron la puerta para rescatarla. Por todos lados se regó la sangre, por todos lados de su cuerpo la cortaron y también sus manos.

En esa casa  la mataron y la fueron a tirar sobre el lodo, la embarraron toda, y como tenía el cabello muy largo se llenó de lodo. Mi hija estaba sin ropa. Qué tanto hizo mi hija, como si hubiera robado, pero no hacemos nada. Esto está complicado y no sabemos que hacer. Ella sólo tenía 14 años.

Eran dos mujeres las que la sacaban de la casa, desconozco sus nombres, pero estudian en la misma escuela [que mi hija]. La persona que la mató en ocasiones toma y me grita diciendo: te voy a matar porque soy hombre. Yo soy hombre, así dice.

Aquí tengo anotado sus nombres de los hombres y de las mujeres también, porque iba a sacar misa por ellos, creo que PL se llama uno.

Sus tíos y todas las personas lloran mucho por ella. Tenía muchas ganas de estudiar, ya hablaba muy bien el español, entendía muy bien las letras. Dicen que cuatro personas son las que saben de su asesinato, pero yo no las conozco, sólo conozco a dos hombres y sus nombres no.

Es triste. Sacaron su pantalón y lo escondieron en el temazcal por eso no lo encontramos, solo su blusa, su brasier y su ropa interior. Tenía mucha ropa mi hija porque hago huipil, los vendo y le compro ropa a mi nieta; tenía un costal  y una mochila lleno de ropa y huipil que también dejó. Se llevó tres huipiles. La quiero muchísimo porque yo no tengo hijas.

Su acta de nacimiento está con su maestro y todos sus papeles de estudios están allá [en su escuela]. Siento que como que no se va a hacer justicia por mi hija. Ella estaba estudiando y la cortaron. No me sé el número de su celular, ella me dijo que no tardaba en regresar [para que le cuente].

La amo mucho por eso la cuidé muy bien. Todas las noches y días lloro porque ella era estudiante. Nosotros no hacemos nada malo. De vez en cuando tenemos algo de dinero y es cuando nos compramos carne para comer. Somos muy pobres. Mi nieto fue el que me dio dinero para comprar el celular, porque ella le gustaba mucho el celular. [Recuerdo que] fui a Tlapa a recoger el dinero y allá compramos el celular, y mi nieta estaba muy feliz. Ese celular fue el que le robaron aquí. La [muchacha] que la venía a sacarla ya huyó al norte, vino cuatro veces aquí y yo no la dejé salir. Déjame ir por el celular abuela, pobre de nosotros porque nos costó mucho, así me dijo.

“El perro que maté no vale ningún dinero”, dijo el agresor. Él se dedica a vender terreno. Mi hijo le dijo que pagará por los daños porque ella es niña y es estudiante, pero él para nada quiso pagar. Gastamos 40 mil pesos para el funeral, con ese dinero compré carne y refresco para que comieran y bebieran los que fueron a dejar flores.

Yo qué hice si todos los días trato de vivir tranquila. Yo no he robado, vivimos bien pobres. Todos los día tengo miedo que entren a matarme también aquí en la casa. Allá del otro lado vive mi hija  y ahí me quedo a dormir. Nosotros no causamos daños a nadie. Mi difunto esposo siempre le decía a mis hijos, -los chivos, caballos o ganados de otras personas no se los roben, anden tranquilos, así les decía, por eso mis hijos no son así. Por qué esas personas nos hicieron esto si nosotros no cometimos ningún delito.

La historia del feminicidio de la niña A en lengua Tu’un Savi

Fernanda Lorenzo Ortiz, poeta Na Savi de la Montaña de Guerrero

Xikandu’u tikua’ái nikixie ra sa ra kuun ní sàvì, salulari kú nú ixaku’uíná ná mà, sá ka’aen ¡nana kuni kia nika’ae  kuyu laki kandu´u yu xi’ia yu’u ivi ka ra ka´aen xi’in ná ku’uin ndaki’in salulari káchie su’va! Kachie vae ma.

Ta nichun kie kù’ùn kun ra, yo ve’e kia kù’ùn kun kundu’u taxiun chi chòlò kú na kan ra kata’án na xi’iún kàchi xi’in ña ra ¡too vitin ku’uin nana! Kachie su’va.

Xa túvi kie kixaa ndakuiyo ña lo’o nda’ayu ña kachi na yuvi ta koe kundaa ini yu ma, ña nika’an kú tikua’ai, ní niká’án tukuen ra ká’áni nae ma, kaan ña yu’uen, ni ví kuachi tikua’a ma.

Ve’e tie’e chínínu kia nixa’aen ikan kia kìxi na sa’án má, ikan kie xàni na yé’e ta nìki’ivi na ra, in kua’a kua’a ká nìkàyù ini ve’e xi’in nìí, in tá kú ní yó’o tuvi nae yó’o tuvi na xa’andia ndi’i na, kuñu lo’o nda’ae yó’o xa’andia ndi’i nae.

Ve’e ta CN xa’ani nae ta nixa’an na sikana nae nú ndo’oyo, tuvi na ñá so’o, náni ka ví xini ña ra mí ndia’ayu kú ña, in ixa chala ví na se’ei ra ni kie ixa vie su ña nixakuina ví ku ña, táxîn ní ndee ndu, ndichi na kie, ndixi na kien koe ki’in ndu, sakan uxi kumî va kuiyae ta nixi’i ña.

Uvi kú mí na si’í tavâ ña’a xiní yu kìvi na, in nú ka’avi na, mí ra xa’ani kan ra, xá’an ra xí’i ra ta kíxaa ra ndia’ayu ko’ó ra kandú’u ra: xá’ani chi tiaa kui, yu’ù ku tiaa, Kachi ra su’va.

Yó’o ndesoi kivi na, xi’i mí na ña’a chi ña taa ndi ku’un tavai misa kia, an PL nani in ra.

Na xitoe chin tákundi’i na ra xáku ní na xa’aen ma, tiaa ní ka’aen ka’avi ña, vénu kaen, vénu letra ñá; kumi na xíni xa’ae xa’ani ña kachi na ra xíní yu na, uvi va na xíni yu ndi su xíní yu kivi na.

Tava na xatue ma nixa’an na ko’oni nae ini i’in kan ta nindáni’in ndia, ndia kotó vae kia ndani’i ndu, chikoto lo’o ndika vae xi’in xatu lo’o tixin vaen kia ndani’i ndu ma; iyo kua toto se’ei chi kunui xìkùn ra ixikoi ya ra satai tikotoe in koxta so’o ku ya, ndee machilae ra in chítu tun tikotoe ndee xiyo kunuu, uni xìkùn kunuu kua’an xi’in ña, tiaa ní xíní sîí tikua’ai chi koo na si’i se’ei.

Ñu’ún acta ña ra nda´a maxtro ñu’ún di’ia ikan ñu’ún ndi’i tutu ña ka’avia, ma koo ví kuachi xa’a se’ei ña kavi kian ra nixa’anda na ñá. Xìní númeroe salulari ña nana, tóviti kù’uen kachie xi’in.

Ñá nda’avi ní xíní sîí yu kuen ndaki’in yu ña ra veno níxa’anu ña, ini ñuu ni ká’añu ra tótoo xáku yu, ña xá’an ka’avi va kie, ta ni kóe ixa ndu nana, tá xa nini’in ndu xu’ún ra ki’in ndu kuñu kuxi ndi ndee ndi, nda’aví ni kú ndu, ra lo’o se’e ñanì vai taxi xu’ún ki’in ndi salulari chi xínísîí ní ña ña ra nixa’ain Tindia’ayu ndiki’in xu’ún ra ikan ki’in salulari ra kúsîì ka ví ini se’ei, ña kan kie ixakui’ina ri yó’o ña nú ndi’i; ñá xíka sanda’aví ña kan ra anda norte ndikáe xinu yuvie kua’aen ma, kumi ichi indikoen tava ña’aen yó’o ra nitáxi yu ña ma ¡ná kú’uin ra ndaki’in salulari nana nda’aví níyo chi xu’un ñue! Kachie.

Koo xu’un nda ví tina xa’aní, nina ñu’ún ixíko ra, nika’an se’ei ù’ùn ciéntoo ná chindu’u ra chi ñalo’o kavi kú ña ra iyo kuchi xa’aen kachi ra su’va ra nixíto mí ví ra. Uvi xiko mili xindi xundi, satai kuñu, tikui vixi, xi’i na kixi nú ita.

Ni kue ixai, ña nda’avi kandu’u vitin tian ku yu, ni koo ni ixakui’ina yu, nda’avi ní ndee ndu, ndia vichi ndia tan va ndatui ki’ivi ra ka’aní ra yu’ù ve’e yó’o, xiyo ká ndika in ña loó se’ei ikan xa’an yu kixin; koe ixa ndi, tata ra nixiyo xi’in ra xindaa yu’u ní ra se’ei: tixu’u sana na Kuri, kuayu sana na, ndiki sana na, ndaxin ndo sana na, taxin koo ndo;  kachi ra xi’in na. ñâkân kia sá iyo se’ei, ni ví ka’an na xa na sá xi’in ndu, ni lo’o kuachi ndu koo nana.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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