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OPINIÓN | COVID-19 y la fragilidad del sistema de salud pública

Por: Tlachinollan

Hemos quedado atónitos ante lo que ha sucedido en China y se está replicando en varios países europeos y en Estados Unidos, con la pandemia del coronavirus. A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos vemos el gran abismo de nuestra fragilidad humana, ante la ola expansiva del virus, que se propaga por todo el orbe. De acuerdo con información de las agencias noticiosas, el nuevo coronavirus que causa la enfermedad conocida como COVID – 19, se ha propagado a más de 150 países. Se habla de que más de 275 mil personas en el mundo, se han contagiado con este virus y más de 11 mil personas han muerto hasta este viernes 20 de marzo. Actualmente hay 500 millones de personas en todo el mundo que se han aislado con el fin de frenar la pandemia, sin embargo, los casos de personas contagiadas siguen avanzando y las cifras de muertos continúan elevándose.

En nuestro país de acuerdo con informes de la Secretaria de Salud (SS) confirmó este viernes el segundo deceso por COVID – 19, reportando 203 casos positivos a nivel nacional; 606 sospechosos y mil 111, negativos. Con este segundo fallecimiento, la tasa de letalidad actual es del uno por ciento. De acuerdo con las estimaciones realizadas por los funcionarios de la SS, el pico de la enfermedad podría presentarse a fines de abril y principios del mes de mayo, aunque mucho dependerá de que las acciones de sana distancia y las recomendaciones de higiene emitidas se realicen cabalmente.

Esta crisis sanitaria de nueva cuenta vuelve a mostrar las graves deficiencias y la fragilidad de nuestro sistema de salud. Es un sistema fragmentado por la diversidad de instituciones de salud, que atienden a los diferentes sectores de la población. En esta fragmentación se reproduce la desigualdad social que existe en nuestro país. La población mayoritariamente pobre, es la que en otros años atendió la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA), posteriormente fue el programa conocido como Seguro Popular (SP) y actualmente, con el Lopezobradorismo se le ha bautizado como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Existe también el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). En estas instituciones de salud, la atención es diferenciada. Entre la población abierta el acceso a estos servicios esta muy restringida y limitada, porque la infraestructura hospitalaria se concentra en las principales ciudades donde existen pocos hospitales de segundo nivel que son insuficientes para atender a miles de pacientes. Esta situación se complica porque hay un gran déficit en cuanto a infraestructura médica, equipamiento, insumos, escasez de medicamentos, falta del personal de enfermería y médicos, que ha colocado a la población pobre en una situación sumamente critica. Los que menos tienen se les obliga a realizar más gastos de lo que se requiere para la atención médica. Los familiares de los pacientes tienen que comprar desde gasas, alcohol, medicamentos del cuadro básico pasando por los gastos catastróficos, como la compra de un marcapasos o un stent.

En Guerrero los servicios de salud son obsoletos e insuficientes. Se requiere ampliar la cobertura hospitalaria en las siete regiones del estado, con la apertura de nuevos hospitales. Es urgente la rehabilitación de la mayoría de ellos, pero sobre todo garantizar una cobertura óptima en los servicios básicos de la salud. Desde hace más de tres sexenios arrastramos un déficit económico altísimo, que es uno de los mayores quebrantos que enfrentamos en el estado. Lamentablemente el sistema de salud estatal ha servido como caja chica para el gobierno del estado, y ha sido también un terreno fértil para la corrupción entre los altos funcionarios.

Se ha dejado en total abandono a la población que vive en el campo y la que se encuentra asentada en las periferias de las principales ciudades del estado. Hay un total descuido en cuanto a los servicios que normalmente tienen que brindar los centros hospitalarios. Se denigra al paciente por el maltrato y la desatención, se hace más cruento su malestar por falta de personal médico y se trunca la posibilidad de garantizarle este derecho al no proporcionarle medicamentos, ni garantizarle estudios de laboratorio. Se ha normalizado que los pacientes tengan que cargar con los costos de la corrupción y pagar con dinero que no tienen los servicios de salud que el Estado debe de brindar de manera gratuita. La situación se complica para la mayoría de los pacientes porque ante la emergencia de la pandemia en Guerrero, se vive un momento critico por la transición que se está dando en cuanto nuevo modelo de salud, implantado por el gobierno federal a través del INSABI. Se vive en la incertidumbre porque aún no se conocen las reglas de operación, por lo mismo, no se tiene un plan bien diseñado para la atención integral de la salud entre los guerrerenses. El panorama se complica porque los mismos trabajadores de la salud se encuentran en la incertidumbre. Nadie tiene la certeza que serán contratados, mucho menos como será la nueva relación laboral. Por lo mismo, no hay condiciones para hacer frente al gran desafío del coronavirus.

A nivel nacional es preocupante que, en estos primeros días de la emergencia nacional causada por el coronavirus, haya sido solo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, quien asumió la alta responsabilidad de informar a la población sobre las medidas que se han tomado ante el grave problema del COVID -19. El Consejo de Salubridad General (CSG) tardó en reaccionar, cuando por ley es el órgano del Estado Mexicano que tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general. El Consejo representa la segunda autoridad sanitaria del país, precedido únicamente por el presidente de la República. El ámbito de acción del Consejo abarca a todas las organizaciones, públicas y privadas, que constituyen el Sistema Nacional de Salud (SNS), incluyendo las autoridades administrativas federales, estatales y municipales. Fue hasta el jueves 19 de marzo, cuando el Consejo de Salubridad General, realizó su primera sesión extraordinaria del año para declarar este padecimiento como una enfermedad grave que requiere atención prioritaria y, por lo mismo, se declaró en sesión permanente. Una de sus primeras decisiones fue avalar el plan de preparación y respuesta a la pandemia del COVID – 19, que lleva a cabo la SS. También el Consejo exhortó a los gobiernos de los estados y las instituciones de salubridad a presentar su plan de ampliación de servicios y reconversión de camas hospitalarias, para atender la demanda de enfermos con el nuevo coronavirus, sobre todo cuando el país transite de la fase I a la fase II.

La preocupación nacional y a nivel del Estado, es que en un inicio se dio un mensaje inapropiado de la amenaza de la pandemia. Se minimizó el problema, al grado que hasta el momento hay amplios sectores de la sociedad, que no creen en la letalidad del COVID – 19. En ciertos ámbitos del gobierno, se mantiene una postura optimista de que se encuentra bajo control el coronavirus. Es sumamente peligroso esta postura ambivalente por parte de algunos gobernantes, que no dimensionan las graves consecuencias de esta pandemia.  Tiene que haber un mensaje claro y contundente de las autoridades sobre las medidas sanitarias que toda la población debe de atender. En nuestra entidad debe igualmente funcionar el Consejo Estatal de Salud como máximo órgano en la toma de decisiones, que esté en permanente comunicación con el Consejo de Salubridad General, para no dar pasos en falso.

Se debe de informar con veracidad a la población y, sobre todo, se tiene que garantizar la atención a los sectores más alejados de los centros urbanos. Tememos que las autoridades federales y estatales estén realizando deliberadamente pocas pruebas con el fin de mostrar un bajo número de personas diagnósticas por el COVID – 19. En el caso de Guerrero el gobernador informó el viernes pasado, que en nuestra entidad hay 28 personas que están en estudio, y que hay cuatro casos confirmados; tres de Acapulco y uno de Chilpancingo. Esta muestra no es significativa de lo que realmente este sucediendo en nuestro estado, con el coronavirus porque hablamos de una población de más de 3 millones de habitantes.

Las razones de peso económico pueden llevarnos a una situación inmanejable, por eso es importante ampliar las pruebas a mayor número de pacientes, porque estamos ante una enfermedad altamente infectocontagiosa. Se tiene que revisar el mecanismo implementado a nivel estado para la realización de las pruebas, porque es insuficiente e ineficiente que solo sea a través de las jurisdicciones sanitarias, como se puedan realizar las muestras de los pacientes para de ahí trasladarlas al Puerto de Acapulco. Es un problema que se puede desbordar por la obsolescencia de este mecanismo y que, además, no esté reflejando el tamaño del problema que enfrentamos. La situación de violencia que enfrentamos y la grave crisis económica que padecemos nos puede llevar a la fase III, antes de lo pronosticado por el subsecretario de salud.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-covid-19-y-la-fragilidad-del-sistema-de-salud-publica/

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OPINIÓN | La brisa rebelde de la Costa Chica

Por: Tlachinollan

El paisaje encantador de la Costa Chica contrasta con la pobreza y la discriminación acendrada por siglos en la zona limítrofe de Guerrero y Oaxaca. El Guerrero Afro sigue siendo ignorado por los gobiernos que han implementado políticas racistas y que han satanizado su cultura que resiste los embates de la cultura blanca. La Costa Chica en gran medida es la costa afro que se extiende de Acapulco a Cuajinicuilapa, una región sumamente rica por su mega diversidad y por la pluralidad de expresiones culturales que se han fundido a lo largo de los años entre los pueblos Na savi, Me’Phaa, Ñomndaa, Nahuas y Afros. Esta abigarrada mezcla de cosmovisiones le han dado un estilo propio que define el carácter bullanguero del guerrerense de la Costa. Sus danzas tradicionales que nos remiten a los famosos diablos hasta las chilenas que nos contagian con sus ritmos candenciosos, nos transmiten la alegría al disfrutar de su sol y de sus playas.

La lucha de compañeros y compañeras Afros ha sido descomunal porque han peleado contra el muro infranqueable del racismo y han tenido que dar una batalla desigual contra un aparato gubernamental que los cosifica y les ha pisoteado sus derechos como individuos y como pueblo. A pesar de su presencia mayoritaria y de sus rostros radiantes en el puerto de Acapulco y en las cabeceras municipales de la Costa Chica, no se les respeta como portadores de una cultura que ha forjado nuestra identidad como guerrerenses. Se utiliza el término costeño para distinguirlos de los sectores sociales acomodados ubicándolo como parte de la clase trabajadora, que es iletrada tildándolo como alguien que no trabaja.

Esta conciencia de lo afro que ha increpado al poder político ha logrado transcender en el ámbito legislativo al reconocer su presencia como parte de la riqueza cultural de México. En Guerrero su lucha es a pulso y por eso han entendido que se tienen que conjuntar los esfuerzos con los pueblos indígenas, porque el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas pasa necesariamente por el reconocimiento de los derechos del pueblo Afro. La esencia de sus demandas es ser tratados como sujetos de derecho público, como lo han demandado también los pueblos indígenas de México, para romper con el circulo de la discriminación y revertir las políticas clientelares y asistencialistas. A la población Afro se le ha confinado a vivir en bajareques y a soportar los maltratos sistemáticos de los patrones. Se les ha relegado de los cargos públicos y aún se mantiene esa idea nefasta cargada de racismo de que la gente afro esta destinada a padecer la explotación económica. Para poder escalar social y económicamente varios miembros de la comunidad afro han tenido que negar sus raíces para aculturarse, asumiéndose como mestizos para no ser victimas de mayor discriminación.

En nuestro estado, se gesta una lucha inédita donde convergen las poblaciones indígenas con la población Afro para impulsar una ley de reconocimiento sobre sus derechos donde sean considerados como actores políticos capaces de realizar transformaciones sociales, ocupando cargos públicos y ejerciendo a plenitud sus derechos. Recientemente, se realizaron 10 foros de consulta para elaborar una ley que plasme de manera integral los derechos de los pueblos indígenas y Afro. Por primera vez, se realizaron esos foros en territorios donde predomina esta población. Fue muy significativa su presencia en Marquelia y Acapulco, donde pudieron expresar sus reclamos, pero ante todo sus demandas para ser respetados y reconocidos. La lucha actual que están dando tanto representantes de pueblos indígenas como del pueblo Afro es ejemplar; porque están demandando al Congreso del estado la creación de nuevos municipios con esta perspectiva de pueblo indígena y de pueblo Afro, como los casos de Las Vigas y San Nicolás Tolentino, y Temalacatzingo con la comunidad Me’Phaa del Rincón. Los pueblos han comprendido que la lucha por nuevas municipalidades es estratégica para romper con el aislamiento político y la discriminación institucionalizada contra los pueblos asentados en zonas rurales. La disputa por el financiamiento público que se le niega a las comunidades indígenas solo cobra sentido cuando se busca una nueva configuración política a través de la creación de nuevos municipios.

La Costa Chica ha hecho sentir su presencia a través de esta demanda legítima y ha logrado visibilizar la raíz encantadora del Guerrero Afro. Se está revitalizando su identidad, la recuperación de su historia, el reavivamiento de sus expresiones culturales y además el potencial económico que se plasma en la belleza de sus paisajes. Hay un proceso de retroalimentación en este intercambio de saberes que se dieron en los parlamentos abiertos y los mismos foros de consulta, donde muchos asistentes tuvimos la oportunidad de escuchar sus opiniones y su manera de ver el mundo. Hay un gran acervo histórico del pueblo Afro que tiene que incorporarse como parte de la enseñanza pública, que robustezca las raíces de nuestra identidad.

El día sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad de conocer esa vitalidad que trasmiten los pueblos indígenas y afro de la costa, de sentir su calidez y su espíritu jocoso, su lenguaje sencillo y directo, su efusividad, pero también su reclamo y su exigencia de justicia. Fue un encuentro festivo que contrastó con esta situación de pobreza que tiene que ver con el olvido secular y con este desprecio a quienes acostumbran disfrutar del mar y de la hamaca. Sintieron la cercanía de un presidente voluntarioso que quiere romper con la telaraña de la corrupción y que predica en todo momento que los nuevos programas sociales vendrán a resolver los problemas de la pobreza ancestral. Últimamente, ha celebrado con bombo y platillo que estos programas adquieran rango constitucional, como un gran logro de su gobierno. Fue recurrente en sus cuatro encuentros este mensaje de que la inversión millonaria que se está asignando a los programas de Bienestar no solo está asegurada, sino que también se incrementará cada año. En el ambiente, se siente que la gente tiene puestas las esperanzas de que se podrá cruzar este umbral de la pobreza con el apoyo presidencial. Hay muchas expectativas que se nutren con la cercanía y el saludo efusivo de la gente que tiene la suerte de sacarse una selfie con AMLO.

Es increíble la popularidad del presidente que, de acuerdo a un sondeo del mes de febrero, es la más alta del país, alcanzando el primer lugar, por encima de su estado natal. A pesar de los problemas más sensibles que enfrentamos en el estado, como es la violencia creciente y la pobreza galopante, su popularidad no ha mermado. En estos dos días de su gira por cuatro municipios de la Costa Chica, se sintió ese contagio de la gente con su presencia y su discurso. Es muy importante resaltar las luchas emblemáticas que se han dado en esta región, sobresaliendo las que se han dado en el municipio de Ayutla, dónde el caso de Inés Fernández Ortega es paradigmático porque, con su denuncia, como sobreviviente de tortura, logró una sentencia a su favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha incidido en cambios legislativos. Un caso sumamente trágico fue la masacre del Charco acaecida el 7 de junio de 1998, donde elementos del ejército mexicano abatieron a 10 campesinos indígenas y un estudiante de la UNAM, sin que a la fecha se haya investigado a los elementos castrenses. En el acto de este domingo as 4 de la tarde, estuvieron presentes en primera fila Inés Fernández y cuatro viudas de El Charco. No podemos dejar de mencionar que seis estudiantes de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa son originarios de este municipio, y siete más del municipio de Tecuanapa. Es decir, que los hijos de los indígenas campesinos y Afros también están dando la batalla para que haya justicia en el país y educación para los niños del pueblo.

Fue trascendental que los representantes del Concejo Municipal de Ayutla compartieran con el Presidente de la República la misma tribuna y que la voz del ejecutivo expresaran claramente su respaldo a este nuevo sistema de gobierno indígena elegido a través de las asambleas comunitarias. Es un modelo que está abriendo brecha para garantizar a los pueblos indígenas un acceso efectivo a los cargos públicos a través de sus usos y costumbres. Sin embargo, los grupos políticos y económicos que han detentado el poder en este municipio se empeñan en denostar al nuevo gobierno comunitario. Ciertos sectores de la cabecera municipal de Ayutla han exacerbado sus fobias contra la población indígena y reproducido un racismo recalcitrante. La presencia masiva de hombres y mujeres de los pueblos Na Savi, Me’Phaa y Ñomnnda de los municipios de Ayutla y de Xochistlahuaca fue una expresión del espíritu combativo que mantienen a los hombres y mujeres de la Costa-Montaña en las principales batallas por la justicia, la democracia y la igualdad. La presencia de la población Afro en Cuajinicuilapa y Marquelia mostró la fuerza y la gran animosidad de este pueblo, que ha roto las cadenas de la esclavitud y del racismo para estar también construyendo una nueva sociedad que lucha contra la desigualdad y todo tipo de discriminación. La presencia de AMLO en Guerrero le permitió sentir la brisa rebelde de los pueblos de la Costa.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-la-brisa-rebelde-de-la-costa/

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Contra el régimen patriarcal

Por: Tlachinollan

Retomando a la antropóloga Rita Segato, de que el “Estado es parte de la historia del patriarcado”, tenemos que entender que su genealogía y su ADN es también patriarcal. En el momento histórico que vivimos la desigualdad ha llegado a extremos impredecibles, la concentración de la riqueza esta en pocas manos, dejando a millones de personas del todo el mundo morir en la miseria. En esta desigualdad las mujeres, son víctimas del poder económico, bélico, político, jurídico que imponen las élites que gobiernan con una visión patriarcal.

A lo largo de los siglos las mujeres han sido enclaustradas a los espacios privados y se ha normalizado y legalizado que a ellas les esta vedado el poder político y económico. Desde la colonialidad, las leyes se hicieron para castigar a las mujeres y exaltar el poder de los hombres. Con la modernidad, a pesar de la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, se ha mermado más su poder. La violencia que se ejerce en este sistema capitalista, es una violencia que se ha globalizado, que se ha desterritorializado y que ha cobrado millones de víctimas para mantener un sistema basado en el poder económico que se transforma en un poder criminal. Este poder se erige en un señorío, en el dueño del mundo que esta sobre la vida y la muerte de los demás, de quienes amenazan el cambio en estas relaciones de poder. La mejor manera de expresar la dominación hacia los desheredados de esta tierra es ejercer el control del pueblo. Asumirse como dueños de los cuerpos de las mujeres, que es la zona extrema del patriarcado.

La estructura del poder político esta armada para reproducir la imagen omnipotente y potente del hombre, que forma parte del mandato de la masculinidad, que se ha traducido en la vida cotidiana con las formas aterradoras de la crueldad. En un ambiente bélico como el que vivimos en nuestro país, lo que se multiplica es la violencia contra las mujeres en las formas más crueles. La guerra que se gesta desde las estructuras del poder político para controlar a la población, ya sea por la aplicación de la ley o poder el uso de la fuerza es la que se incrusta en los hogares. Actualmente, la violencia delincuencial que de algún modo ha crecido por esta complicidad que existe con los cuerpos policiales y el ejército para fortalecer la economía criminal, es la guerra cruenta que nos ha colocado en una situación sumamente critica, por los asesinatos y desapariciones de personas para aterrorizar y mantener bajo control a una sociedad insumisa.

El Estado patriarcal ha sido construido con la visión masculina de que el hombre es la figura de la humanidad, es el sujeto de la actividad pública, el que asume el mandato del dominio, ejerce su poder y que demuestra superioridad al gobernar de manera cruel contra las mujeres a quienes les niega el derecho a irrumpir en la historia como sujetos diferentes, para desmontar este régimen patriarcal. En la práctica más allá de las luchas históricas, las conquistas, logradas a pulso por las mujeres, ellas aún no cuentan con receptores dentro del Estado, porque existe la muralla de la masculinidad. Se mantienen intocadas las relaciones desiguales entre el Estado patriarcal y las mujeres consideradas como minorías.

En este modelo de Estado, que ejerce el mandato de la masculinidad, los gobernantes han sido incapaces de modificar estas relaciones asimétricas basadas en el poder económico y en la crueldad. Las voces de las mujeres siguen sin tener crédito, se duda que ellas construyan su propia historia y protagonismo político. Se les descalifica por irrumpir en los espacios públicos haciendo sentir su poder. No se le da credibilidad a sus exigencias y demandas. Se le sigue viendo como actoras incomodas que atentan contra la legalidad masculina. Su discurso que increpa al poder causa escozor, entre las élites políticas y ciertos sectores de la sociedad, porque cuestionan el régimen patriarcal y porque asumen un rol diferente al que históricamente se les ha impuesto, como entes pasivos, cuyo espacio ha quedado restringido al ámbito privado. La lucha de las mujeres es contra el monopolio del poder que la sojuzga, contra la estructura relacional de un poder asimétrico. Es una lucha también contra el poder económico, contra la etapa apocalíptica del capital que se expresa de manera violenta en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Es una lucha a muerte contra la cosificación de la mujer y la esclavitud ejercida en los espacios domésticos. Es un movimiento emancipador, que no requiere tutelajes, ni condicionamientos políticos. Es la forja de una nueva etapa que busca modificar de raíz estas relaciones enfermizas del poder masculino que actúa de manera temeraria, usando su poder económico, político y bélico contra el poder femenino.

Esta politización de las mujeres esta desenmascarando a este modelo patriarcal del poder público, que a lo largo de los siglos ha reproducido una forma masculina de ejercer el poder, institucionalizando la violencia contra las mujeres. Para ellas es insuficiente ampliar la participación de las mujeres en los ámbitos públicos, si sigue arraigada en la medula del poder político, el mandato de la masculinidad, donde los hombres están llamados a dominar todas las esferas del poder económico, político, jurídico y bélico. Por eso, se requiere también la politización de los hombres desde otra perspectiva que no siga reproduciendo el señorío masculino ni afianzando el dominio de los hombres. Más bien tienen que entender que su obsesión por el poder, de querer mostrar en todo momento su potencia, ejerciendo el dominio hacia los demás y mostrando su crueldad contra las mujeres, es lo que nos ha llevado a un estado fallido.

Ver una mujer empoderada, para la mayoría de hombres que tiene poder y que aún no lo tienen, representa una amenaza al sistema patriarcal, un gran riesgo para la economía global y un cuestionamiento de fondo a las políticas belicistas que han hecho de la guerra el gran negocio del mundo. Ver una mujer empoderada, no significa la derrota del hombre, ni el dominio de las mujeres o la imposición de una opresión femenina, sino es la liberación de las cadenas impuestas por el coloniaje patriarcal que se construyó agrediendo a las mujeres, transformando esta relación desigual en un reencuentro de sujetos con voz, con derechos y rostro propios. Implica refundar un Estado que reconstituya con la participación política de las mujeres, que se erijan también como sujetos transformadores de una realidad oprobiosa.

Aún estamos lejos de asumir esta lucha protagonizada por las mujeres, que en México y en Guerrero les hemos escamoteado sus derechos. En nuestro estado sigue vigente la cultura patriarcal al grado que las mujeres se les ha colocado en una situación de extrema vulnerabilidad. La violencia es más cruenta contra las mujeres y a pesar de que las estadísticas muestran que las víctimas son niñas y jóvenes, las autoridades no han emprendido acciones que reviertan esta escalada de la crueldad por parte de sus perpetradores. A pesar de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) en junio de 2017, en los 8 municipios del estado seguimos documentando varios casos de feminicidios, que las mismas autoridades se niegan a tipificarlos, por esa visión patriarcal y misógina que han introyectado, haciéndose cómplices de esta tragedia. Las mujeres han constatado que el sistema de justicia la revictimiza, las criminaliza y hace escarnio de la violencia que sufre. No solo se les ignora y se les obliga a obedecer las órdenes de quienes tienen la obligación de investigar estos delitos, sino que se les pone en alto riesgo, al filtrar la información a los responsables que por ser hombres se sienten con poder y con capacidad para negociar estos delitos con los hombres que tienen el encargo de velar por los derechos de las víctimas. Estamos ante un sistema de justicia patriarcal que requiere una transformación de fondo, los mismos operadores de este sistema forman parte del problema, porque cosifican a la mujer, no le dan credibilidad a su testimonio, dudan de su honorabilidad y se empeñan en hacer más cruento su sufrimiento.

Son las mujeres la que están abriendo nuevos caminos para hacer realidad sus derechos, pelean contra todo los poderes económico, político y jurídico, luchan desde los espacios privados contra el dominio y la violencia de los hombres, son heroicas sus batallas para desafiar a este sistema que vulnera sus derechos y no permiten el empoderamiento de las mujeres para desmontar ese mandato de la masculinidad. Son alentadoras las iniciativas que han emergido desde las organizaciones de base de las mujeres, como las veracruzanas que prendieron a nivel nacional con el hashtag #UnDíaSinNosotras “El nueve ninguna se mueve”. Es muy significativa su propuesta que ha logrado incidir en las esferas gubernamentales, demostrando la fuerza y la capacidad de un movimiento que quiere colocar en la agenda pública el respeto a los derechos de las mujeres y, sobre todo, un alto a los feminicidios. En Guerrero además de esta iniciativa a la que se han adherido varias organizaciones de mujeres, también se están organizando eventos estatales para seguir dignificando la vida de las mujeres.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-contra-el-regimen-patriarcal/

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