Author: Tlachinollan

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El 68 y los 43: el hilo indeleble de la impunidad

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Por: Abel Barrera Hernández

Desde la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, al 26 y 27 de septiembre de 2014 con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y 3 de sus compañeros asesinados, la tónica gubernamental es la misma: No hay verdad ni justicia. La alternancia política mantiene intocado el hilo indeleble de la impunidad. Los gobiernos conservadores y progresistas no han marcado su distancia ni han demostrado que son diferentes: protegen a los autores intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que arrastran una enorme cauda de personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas, desplazadas, encarceladas en instalaciones militares y arrojadas al mar.

Los múltiples agravios que han dejado una honda huella en nuestro país nos remiten a períodos siniestros gobernados por presidentes de la república que se asumieron como los jefes supremos de la represión. Manuel Ávila Camacho firmó un decreto en el que suspendió las garantías individuales en el marco de la conflagración mundial. Desde entonces se desencadenaron violentas represiones por parte del régimen priista contra sindicatos de salud, contra los movimientos mineros en 1951, la represión encarnizada contra el Movimiento Revolucionario Magisterial y el combativo movimiento ferrocarrilero.

En Guerrero, Raúl Caballero Aburto reprimió al movimiento estudiantil y social de 1960, dejando un saldo de 19 asesinados, 37 heridos y la detención de más de 400 manifestantes. El 18 de mayo de 1967 se consuma la matanza en Atoyac y el 20 de agosto la matanza de los copreros en Acapulco. La escalada represiva se expandió en todo el país. El 2 de octubre de 1968 se da el “genocidio” en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

En opinión de Félix Hernández Gamundi, ex líder estudiantil, el movimiento de 1968 inició el proceso de ruptura con el viejo régimen encabezado por los neo priistas y tiene un halo que ha durado décadas. La orientación del pliego petitorio fue capaz de detonar un proceso de pensamiento político nuevo en el país. Desde el fin de la segunda guerra mundial, de 1945 y 1968 el gobierno mexicano se había hecho cada vez más autoritario y represor contra el movimiento campesino, obrero, estudiantil, contra los médicos, ingenieros, trabajadores petroleros, telegrafistas.

A pesar de que el 68 se considera un movimiento estudiantil, sus demandas son sociales y políticas que atañen a todo el país como la libertad de todos los presos políticos; la reforma del código penal federal para eliminar instrumentos persecutorios contra la disidencia política; la renuncia de los jefes policiacos y la desaparición de los granaderos, que eran el cuerpo represor por antonomasia en la Ciudad de México.

En la masacre de Tlatelolco el ejército interviene exactamente en el momento en que van arribando al mitin del 2 de octubre los contingentes de los ferrocarrileros, petroleros, sindicato mexicano de electricistas, metalúrgicos, transportistas, entre otros. La represión estaba orquestada por el Estado, solo faltaba la bengala para aplastar la movilización popular independiente.

Félix vivió el crimen de Estado. Ese día junto con sus compañeros era parte de la comisión de la organización del mitin. Como estudiante de ingeniería poco a poco se fue sumergiendo en las actividades de protesta porque era la única manera de luchar contra la barbarie del gobierno autoritario. Todo se mezclaba, el estrés, las emociones, la alegría, los miedos. Las olimpiadas estaban muy cerca y había entusiasmo en la comunidad estudiantil, pero no hubo tiempo siquiera para ver la televisión porque México quedó en luto. Félix tenía 21 años, la mayoría de edad en ese tiempo, solo para que lo detuvieran. Estuvo tres años preso en Lecumberri.

El movimiento obrero estaba muy controlado por las organizaciones priistas. Por eso cuando se sumaban a las protestas estudiantiles eran fuertemente reprimidos. El movimiento magisterial que lideraba Othón Salazar fue muy respetado. En esos años la efervescencia política de la juventud era vibrante en el mundo desde Europa a Norteamérica, de Asia a Sudamérica y en México donde se condensaban las heridas más profundas por la gran ola represiva.

A 57 años de la masacre del 68 los cambios sociales los ha dado el pueblo, porque desde las estructuras del Estado aún impera la impunidad, que es la madre de todos los males que padecemos como sociedad agraviada. En palabras de Félix Hernández, si los crímenes de Tlatelolco se hubieran procesado adecuadamente en el poder judicial, si hubieran castigado a los responsables, jamás habría ocurrido la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa no solo devela el terror de los cuerpos represivos de los gobiernos, sino el sello funesto de la contrainsurgencia que viene desde la década de los 60 y que con el paso de los años los gobiernos corruptos establecieron vínculos con el crimen organizado. El pasado 26 de septiembre se cumplieron 11 años de impunidad, nada se sabe de los normalistas, a pesar de la participación de muchos agentes del estado. Durante seis años las investigaciones caminaron entre engaños, torturas de los detenidos, mala integración de las denuncias, mucha corrupción, asesinatos de personajes claves que participaron en las desapariciones, fiscales especiales que han dado la espalda a las madres y padres. Todo quedó trunco cuando las investigaciones toparon con el ejército. El presidente Andrés Manuel López Obrador desplazó a la fiscalía y tomó el caso en sus manos. Elaboró su propio informe tirando por la borda los 6 informes del GIEI y todas las líneas de investigación que proponían. No puso en duda la palabra del ejército, por el contrario, los defendió y sostuvo que ya habían entregado toda la información que solicitaba el GIEI, las madres y los padres.

Las familias llevan cinco años exigiendo a las autoridades federales que el ejército tiene que entregar los 800 folios para saber el paradero de sus hijos, pero no han encontrado eco a su planteamiento. En las últimas reuniones la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a seguir con las investigaciones, con la propuesta de conformar un grupo de expertos centrados en la línea de la telefonía. Aún así no hay avances.

Las madres y padres plantean cinco líneas de investigación: la entrega de los 800 folios que tiene el ejército; el paradero de los 17 estudiantes que estuvieron en barandilla municipal de Iguala, profundizar en los vínculos que arroja la telefonía celular, concretizar las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, así como deslindar responsabilidades de las autoridades de Guerrero que participaron directa o indirectamente en la desaparición de los estudiantes.

La desaparición forzada de los normalistas destapó la cloaca; toda la red de la macrocriminalidad que se teje dentro de las esferas del poder político, las desapariciones en todo el país, el hallazgo de fosas clandestinas, la presencia de grupos delictivos dentro de las fuerzas de seguridad del estado, los pactos del silencio entre el ejército con la delincuencia organizada. La intromisión del ejército en la escuela normal de Ayotzinapa y la violencia imparable en medio de una militarización que es la causante del resquebrajamiento de nuestro sistema de seguridad y justicia que se achican y opacan para no llamar a cuenta a los perpetradores. Las demandas de verdad y justicia es el grito que retumba en todo el país. Las heridas del 68 siguen abiertas, lo mismo la matanza de 1971, los crímenes de la guerra sucia, la masacre de Acteal en Chiapas, la masacre de campesinos en Aguas Blancas y de indígenas de El Charco en Guerrero. La lista de agravios es interminable.

Con Andrés Manuel López Obrador hubo muchas expectativas. La esperanza se vislumbraba en el horizonte, pero la justicia ni los derechos humanos nunca brillaron en su gobierno. En el pasado proceso electoral Claudia Sheinbaum tuvo un voto masivo, como si la gente pidiera a gritos cambios reales y de fondo, pero tampoco hay señales. Las violaciones a los derechos humanos persisten.

En una creciente ola de inseguridad generada por los grupos delincuenciales, coludidos con cuerpos policiacos, algunos elementos del ejército y la marina, nuestro país requiere un aparato de justicia robusto que responda a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Las demandas de verdad y justicia de las familias que buscan a sus seres queridos deben ser respondidas por las autoridades. No es suficiente que haya jueces, magistrados y ministros electos con el voto popular. Con urgencia tiene que darse una reforma en las fiscalías, con los agentes de los ministerios público, reformas al sistema penitenciario, a las defensorías de oficio. La procuración y administración de justicia son los grandes pendientes de la 4T.

Sin los cambios de fondo en el sistema de justicia las graves violaciones de derechos humanos difícilmente podrán atenderse. Las autoridades federales tienen que comprometerse con las familias que buscan verdad y justicia. Los crímenes de Estado como el 68, Acteal, los copreros, Aguas Blancas, El Charco, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la matanza de Nochixtlán, entre tantos otros casos deleznables, las autoridades no deben darle la vuelta las páginas de la impunidad. No pueden seguir siendo parte de los perpetradores.

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Ser mujer indígena jornalera es motivo de discriminación laboral y racial

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Por: Isabel Margarita Nemecio Nemesio

Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC

Las mujeres indígenas jornaleras fueron reconocidas al igual que los jornaleros agrícolas, como trabajadoras esenciales para la seguridad y soberanía alimentaria del país, a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del Seguro Social (LSS) que aprobó el Congreso de la Unión en diciembre de 2023, y se publicó en el Diario Oficial en enero de 2024. La reforma permite ampliar el reconocimiento para garantizar derechos como a un salario justo, acceso a la seguridad social, acceso a una vivienda digna, a la educación y evitar la subcontratación.

Ellas son vitales para la industria agrícola en México, pero no es suficiente frente a una realidad que se resiste a reconocerlas, como a Carmen, originaria de una comunidad nahua de la región de la Montaña de Guerrero, que, desde agosto de 2024, cuando fue despedida por la empresa agrícola para la que ella trabajaba, constató que la violencia tiene diversos rostros, y la justicia social y laboral no es uno de ellos.

Carmen llevaba 336 días trabajando en esa empresa cuando fue despedida. El primer día que llegó la hicieron firmar unas hojas, le dijeron que “era su contrato por seis meses”. Ella cursó solamente el segundo grado de primaria, a sus 32 años reconoce que el español lo comprende, pero no es su primer idioma, aprendió a firmar porque se lo solicitaron cuando tramitó su Credencial de Elector, así que ella plasmó su firma en esas hojas blancas con algunas líneas escritas que nunca le explicaron qué decían, solamente le dijeron que si terminaba su contrato le darían al final cuatro mil pesos de finiquito, y podía seguir trabajando en la empresa.

Después de cumplir los primeros seis meses, fue al área de recursos humanos para cobrar su finiquito, pero la convencieron de quedarse a trabajar otros seis meses más, y al final le iban a pagar la cantidad de ocho mil pesos, como finiquito por su trabajo.

Carmen tiene un hijo de 10 años, una hija con discapacidad de 9 años y un niño de 3 años. No van a la guardería porque el albergue donde estuvo habitando no cuenta con ese servicio, pero sí dispone de un cuarto de lámina habilitado para el cuidado de las niñas y niños. Ella le pagaba a otra mamá jornalera para que le cuidara a sus hijos e hija mientras se iba a trabajar. El albergue tampoco cuenta con aulas escolares, su cuarto es de concreto y techo de lámina. A pesar de esas condiciones, estuvo trabajando porque necesita el dinero para comprar la medicina que requiere su hija, así como todo lo necesario para ella y sus hijos. Pensó que su finiquito le iba a permitir comprar unos bultos de cemento y varilla, para comenzar a construir un cuarto en un pequeño espacio que le heredó su papá a espaldas de su vivienda, allá en su comunidad de origen.

Sin embargo, el 17 de agosto de 2024, salió a trabajar a las siete de la mañana junto con su grupo de trabajadores y trabajadoras agrícolas, su jornada iba sin novedad, después del medio día la llamaron de recursos humanos, pensó que le iban a pagar su finiquito, pero le comentaron que “ya no había hortalizas para cortar y debía regresar a Guerrero”. Le hicieron firmar una hoja que después supo era su “renuncia voluntaria”, le comentaron que ella y su familia debían pagar su traslado porque la empresa no lo iba a cubrir debido a que no concluyó su año de trabajo. Además, le comentaron que debía abandonar el albergue esa noche, pero “rogó” para que la dejaran salir al día siguiente y tuviera tiempo suficiente para guardar sus cosas. Le prometieron que el lunes 19 de agosto le depositarían su salario de esa semana que trabajó y su finiquito. La empresa agrícola no lo hizo, ella insistió por dos largos meses, pero sus llamadas nunca fueron atendidas por el área de recursos humanos.

Quiso presentar una denuncia cuando tuvo conocimiento que sus derechos habían sido violentados, pero la autoridad laboral le dijo que ya había vencido el plazo jurídico. La única alternativa y realidad a la que se enfrentó de nuevo Carmen fue migrar en noviembre de ese año a una empresa que no conoce, pero que la admitían con sus hijos e hija. A pesar del contexto de violencia que está atravesando el estado de Sinaloa, ella se arriesga cada día al salir al corte a los campos agrícolas donde la mandan, porque necesita de esos recursos para sobrellevar el día a día.

Para Carmen, los cambios hechos a los artículos 280, 283, 284 de la LFT y todos los del Capítulo VIII Trabajadores del Campo, no la han beneficiado como trabajadora agrícola, menos como “esencial”. La reforma es ajena a esa realidad, a esto se suma que esos abusos están íntimamente relacionados con la discriminación que ejercen los Centros de Trabajo Agrícola por ser mujer indígena y migrante, por no hablar, ni escribir y leer en español, por no tener una red de apoyo familiar, por no tener los medios, ni recursos para defender sus derechos, por no conocer los procedimientos jurídicos y por no acudir a tiempo con la autoridad laboral. Carmen no tuvo ni tiene acceso a lineamientos que le garanticen mejores condiciones de trabajo y de vida, no tiene acceso a protocolos y políticas internas que implementen acciones concretas que les permitan tener garantía de una reforma que la proteja como “mujer trabajadora”. Por ello, es fundamental que las autoridades como los empleadores den cumplimiento a esas leyes, que garantice realmente reconocer el carácter esencial de Carmen y de las miles de mujeres jornaleras de contextos rurales e indígenas que están viviendo esa misma realidad.

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Infancias rotas, gobierno obtuso

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Por: Tlachinollan

Un trabajo arduo que hemos tenido que aprender a lo largo de los años es saber acompañar de la mejor manera a las mujeres indígenas que son víctimas de las violencias que se multiplican en la Montaña. Es un aprendizaje que requiere mucha sensibilidad, empatía y respeto. Requiere un gran cuidado para no revictimizarlas, implica tiempo para comprender el contexto que enfrentan y ante todo identificar los nudos de las violencias que la atrapan. Su extrema vulnerabilidad nos obliga a tomar con sumo cuidado y sigilo las realidades que más lastiman su dignidad. Tenemos que desmontar nuestros esquemas urbanos para adentrarnos al mundo comunitario, para entender mejor su situación económica y cultural. Son mujeres que no cuentan con redes de apoyo al interior de sus comunidades. No solo se sienten solas e indefensas, sino que sienten que su mundo se derrumba porque en las comunidades indígenas la palabra de las mujeres aún no es escuchada y atendida, porque los hombres monopolizan el poder y sus voces tienen más peso. Esta asimetría de poder debe ser tomada en cuenta, porque la situación de las mujeres es de extrema vulnerabilidad.

Recientemente una madre de familia del municipio de Metlatónoc denunció a su concuño que entró al cuarto donde ella duerme con sus pequeños hijos, aprovechando que su esposo se encuentra en Estados Unidos. Recuerda que era de madrugada cuando lo vio sentado en su cama. Le reclamó por qué se había atrevido a entrar. Él solo le comentó que no dijera nada. La esposa comunicó a su suegro y denunció el caso ante el comisario. En lugar de darle credibilidad a su dicho, a pesar de que el concuño aceptó que había entrado a su cuarto, las autoridades dijeron que no había pruebas de que la haya tocado o violado. En lugar de investigar los hechos descalificaron sus dichos y procedieron a imponerle una multa por difamar al concuño. En lugar de respetar su testimonio y tratarla como víctima, la sancionaron por atreverse a denunciar.

Lo más grave es que se han trivializado las denuncias de las mujeres y se ha normalizado la violencia que ejercen los hombres. Desde los espacios comunitarios padecen esta dominación: desempeñan el rol de sumisión, se les enseña a obedecer desde pequeñas y a realizar trabajos extenuantes en su infancia. Son las niñas las encargadas de cargar y cuidar a los hermanitos más pequeños. Tienen que ir al campo con sus mamás para acarrear el agua y cargar con las varas para la lumbre. Varias de ellas cuidan chivos, y esa actividad las absorbe porque tienen que cortar camino y arrear los animales para que no se escapen ni pierdan. Es muy común que por no cuidar bien los animales los padres las reprendan y les den algún golpe.

Las niñas son víctimas de maltratos sistemáticos de los hombres de la casa. No solo padecen estos maltratos, también crecen con el estómago vacío. Comen tortillas frías en el cerro y resisten los escabrosos caminos para llegar a medio comer a sus casas.   Se las ingenian para jugar en el campo: corren, se suben a los árboles, juegan a las escondidas, saltan la cuerda. Cuando son varias niñas también juegan a los encantados. En lugar de jugar con alguna muñeca tienen que asumir el cuidado de sus hermanitos que cargan sobre su espalda.

Son infancias truncas porque en las comunidades de la Montaña las niñas no tienen derecho a jugar, tampoco tienen acceso a la educación, a cultivarse en las artes y desarrollar su creatividad con las nuevas tecnologías. Padecen la desnutrición y son presas de las enfermedades gastrointestinales. Cuando son pequeñas sólo comen tortilla mojada con caldo de frijol y cuando crecen se alimentan con tortilla y sal. El agua la toman de los manantiales que la mayoría están contaminados por los agroquímicos que aplican a la milpa. Aprenden a dar sus primeros pasos sobre los pisos de tierra lo que provoca que varias niñas y niños coman tierra y que fácilmente ensucien su ropa que la usan por varios días. En los hogares es difícil contar con depósitos de agua porque las tuberías de agua están rotas.

Desde los 11 años, en algunas comunidades de la Montaña, los padres siguen practicando la costumbre de unir en matrimonio a sus pequeñas hijas. Es una decisión arbitraria que no toma en cuenta a su esposa y mucho menos le comparte esta idea a su pequeña hija. Simplemente el padre escucha ofertas de otros papás que tienen a hijos de la misma edad para llegar a un arreglo económico. En las últimas décadas hemos constatado que esta práctica del pago de la dote se trivializó con lo que hoy se conoce como la venta de las niñas. Los padres llegan a un acuerdo pecuniario. Se trata de precios altos que oscilan entre 200 y 300 mil pesos para firmar esta alianza entre sus menores hijos. Además de este pago tiene que haber fiesta, mucha bebida y suficiente comida. La música no puede faltar. Son gastos onerosos que endeudan gravemente a las familias que pagan por el precio de una niña.

La costumbre es que la desposada tiene que irse a la casa de los suegros y ahí tiene que trabajar en todos los quehaceres domésticos que la nueva suegra le ordene. La niña paga las consecuencias del dinero que entregaron a su papá y es tratada como una persona sin derechos. Se dedica a lavar la ropa de todos, a preparar el nixtamal, a moler la masa, y hacer las tortillas. También se va al campo para apoyar en todas las labores de la siembra y de la cosecha. Viaja con la familia a los campos agrícolas y todo lo que llega a ganar en cada jornada el dinero lo cobra el suegro. Ella simplemente es una empleada de su nuevo patrón.

No tiene voz y por lo mismo debe de soportar los maltratos, los golpes y las malas acciones de su esposo. Nadie puede defenderla, su destino es obedecer y soportar todos los desprecios y regaños. A los 12 años se embarazan y aún en estas condiciones no dejan de trabajar. De milagro sobreviven para dar a luz a su hijo en condiciones sumamente insalubres. La misma necesidad las obliga aprender a cuidar a sus bebés y a cargar con otra responsabilidad de la que el esposo se desentiende. Ser niña madre es un calvario que sufren por décadas sin que nadie se acerque para ayudarlas. Sufren en silencio, resisten en medio del dolor y se sobreponen a muchas adversidades.

Su destino es ser madre en la adolescencia y soportar las violencias que ejercen sus esposos, sus suegros, las suegras, los demás familiares de su esposo, la comunidad y las mismas autoridades. Es una montaña de agravios los que padecen las mujeres, nadie se coloca de su lado y más bien todas las señalan como las que no trabajan y que gastan mucho. Su misma familia se desentiende de ella, su padre no puede decir nada porque recibió mucho dinero y no tiene el derecho a reclamar nada.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno son cómplices de estas tragedias. No hay formas de revertir este sistema patriarcal en un contexto de extrema pobreza donde las instituciones del Estado están ausentes. Es una desolación atroz que nadie se interesa en conocer y mucho menos apoyar. Dejan que las mujeres se desangren y mueran sin que nadie salga en su defensa. Las autoridades de los municipios en lugar de proteger a las mujeres que hacen un gran esfuerzo para ir a denunciar los delitos que padecen, la misma síndica o síndico se encarga de regañarlas y las obligan a regresar con sus maridos.

Lo insólito es que por levantar un acta que atenta contra sus derechos y que revictimiza a las mujeres, les cobran 500 pesos para firmar el documento que legitima la violencia de los hombres. Son las mismas mujeres las que se han revelado y atrevido a denunciar la violencia de sus maridos ante el Ministerio Público de Tlapa, sin embargo, este esfuerzo las revíctimiza porque no las atienden, cuestionan sus dichos y regularmente le dan la razón al agresor, a cambio de dinero.

Es inconmensurable todo lo que padecen las mujeres para alcanzar la justicia del Estado. Muchas de ellas se han regresado a sus domicilios porque no son atendidas. Su atrevimiento tiene consecuencias funestas porque al regresar a sus hogares, el marido se ensaña para golpearlas y matarlas.

Los feminicidios en la Montaña se han incrementado por esta inacción del Estado; por su ausencia en las comunidades; por su complicidad con los agresores; por vender la justicia al mejor postor; por tratar a la mujer como un ser inferior; por no darle crédito a su palabra; por darle un trato discriminatorio y por pisotear sus derechos y sepultar sus sueños de vivir dignamente.

Esta lacerante realidad nos obliga a levantar la voz y denunciar estas atrocidades cometidas contra las mujeres indígenas. Las madres y niñas requieren un compromiso serio de las autoridades. Sus acciones son obtusas, inmediatistas y para salir del paso. En lugar de llegar a las comunidades más recónditas, para ser un gobierno de territorio, se siguen implementando acciones que reproducen los vicios añejos del burocratismo. Las prácticas insolentes y corruptas se siguen reproduciendo como hace 5 décadas en las fiscalías del estado. La discriminación y el racismo contra las mujeres indígenas es una práctica acendrada en las dependencias gubernamentales, las niñas lo padecen a flor de piel.

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México: Autoridades comunitarias llaman a la unidad para reconstruir la Montaña

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Por: Tlachinollan

Este 6 de octubre del 2024 en asamblea regional, la casa de justicia de Espino Blanco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC-PC llamaron a la unidad para una ruta de lucha que proponga la reconstrucción de la devastada región de la Montaña por el huracán John. En una reflexión colectiva más de 35 comunidades me’phaa, na savi y nahuas coincidieron en que hay un enorme olvido a esta región sumida en la pobreza. La atención de las autoridades estatales y federales está en los pulmones de la economía y lejos de los pueblos pobres.

En la asamblea acordaron rellenar un formato que Abel Bruno Arriaga, titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEDEPIA) se comprometió a facilitar. También acordaron realizar una conferencia de prensa este miércoles 9 de octubre para presionar a las autoridades estatales y volteen a ver a la Montaña. Por su parte, el Presidente de Malinaltepec, Jhon Navarro Mateos, hizo el compromiso de ayudar a las comunidades.

Martin Rosales Sierra, ex coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, aseveró que hay afectaciones considerables en las comunidades indígenas de la Montaña “y no hay quién intervenga. Somos las comunidades quienes tenemos que ver cómo le vamos a hacer para restablecer todos los servicios como las carreteras, tuberías de toma de agua. Va avanzando poco a poco el restablecimiento del cableado de la luz, pero es insuficiente. En las vías principales están trabajando medianamente, pero lo que nos ha preocupado es que sigue siendo igual, porque en el terreno de los hechos no estamos siendo vistos como pueblos indígenas. Nos tenemos que esperar hasta el final, hasta que tengan tiempo los gobiernos porque tienen que atender primero Acapulco, las zonas turísticas donde hay derrama económica. Mientras nosotros aquí enlodados, con el pico y la pala, sufriendo los embates de este huracán”.

Abundó que a la fecha hay pueblos que no tienen luz. Los accesos  están cortados, por ejemplo, Ahuejullo, municipio de Tlacoapa, no tiene para dónde darle. Por el lado de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, también está tapado. En Totomixtlahuaca está crecido el río Tamiaco y los caminos están totalmente destrozados. En la misma situación están El carrizal, Metlapilapa, Mezcalapa, Pascala del Oro. “Llevan ya más de una semana sin luz, sin agua y el alimento se escasea. Solamente la organización comunitaria, como pueden, están buscando la manera de sobrevivir prácticamente por instinto”.

En la asamblea también estuvo la sindica municipal, Lucía Méndez Miguel, vecina de Tenamazapa, quien señaló que en Tlacoapa está incomunicado, sin luz, ni agua. Realizó un llamado a las autoridades estatales y federales para que atiendan el desastre en la Montaña.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derecho Humanos de la Montaña Tlachinollan, habló de los daños en diferentes municipios de la Montaña. “Qué bueno que está Abel Bruno que viene en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como Manuel, Alejandra y Martha que vienen en representación del INPI federal porque pueden ser canales para ayudarnos a encauzar toda esta problemática. Sin embargo, es muy importante que, como miembros de una comunidad, encabezada por el comisario o comisaria, delegado o delegada, pudiéramos hacer un reporte por escrito de los diferentes daños. Necesitamos decir, aquí en Ahuejullo está el camino intransitable y que se repare para que haya flujo vehícular, la red de agua potable, la luz eléctrica, aulas dañadas, en fin, todos esos detalles que solamente ustedes conocen”.

“El problema es que para que llegue un recurso extraordinario en los municipios o las comunidades tiene que haber un decreto federal, una declaratoria de desastre. Lo que apenas anunciaron hace dos o tres días son 29 municipios, de Guerrero son 12 y algunos municipios de Oaxaca. Sin embargo, no hay ninguno de la Montaña. La declaratoria materializa los fondos económicos, pero no van a ser para la Montaña. Aquí está el presidente Jhon, él debe saber, para que incluyan a los municipios de la Montaña en la declaratoria. Los presidentes municipales tienen que hacer un registro, un reporte de todos los daños de las comunidades y tiene que nombrar al cabildo como el comité de protección civil que formalmente solicita que se contemplen los municipios que fueron dañados o sufrieron un desastre”, expuso Abel Barrera.

Lo más importante es que cada comunidad se responsabilice de hacer un reporte detallado de los caminos derrumbados y trozados, centros de salud, escuelas, producción, vivienda, agua potable, luz eléctrica, todos los daños. Comentaron que les dieron un formato a los presidentes para que se compartiera a las autoridades comunitarias, donde viene, por ejemplo, áreas afectadas, escuelas, carreteras, centros de salud, espacios públicos, viviendas, infraestructura de agua, infraestructura agrícola, alimentación… Después de la explicación detallada de cómo hacer el registro se acordó que la CRAC de Espino Blanco recibirá los paquetes de registro por lo menos de los núcleos agrarios de Colombia, Tierra Colorada, Totomixtlahuaca, Tenamazapa, Paraje Montero, Tilapa, San Miguel el Progreso, Xalpatláhuac, y en coordinación con Tlachinollan se realizará el concentrado.

Abel Barrera hizo hincapié en que como como autoridades comunitarias tendrían que hacer una rueda de prensa para decir a la gobernadora y a la presidenta Claudia que atiendan la Montaña. “Sabemos que al parecer la gobernadora va a venir pasado mañana a la región, pero es necesario tener datos concretos para demostrar que hay daños en la Montaña”.

En la intervención del presidente de Malinaltepec, Jhon Navarro Mateos, comentó que en torno a la declaratoria “nosotros ya metimos la documentación. [Este sábado 5 de octubre] fue un personal a entregarlo a la ciudad de Tlapa a Protección Civil Regional, y dice que nada más son nueve municipios los que están en la declaratoria y es Acatepec, Alpoyeca, Atlixtac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Tlapa de Comonfort, Xochihuehuetlán y Santa Cruz del Rincón. Nosotros como municipio pudimos rentar cuatro máquinas retros, una la tenemos en la parte alta, otra la tenemos en la parte de Malinaltepec y otra la tenemos en La Soledad, pero no nos damos abasto para poder darle esa apertura a los caminos porque hay derrumbes grandes. Pero los presidentes estamos nada más aperturando el acceso para que entren y salgan los carritos pequeños, no para carros grandes, para que no haya este desabasto de  alimentación”.

Algunas autoridades estuvieron el viernes 4 de octubre en La Lucerna centro porque desafortunadamente perdió la vida una señora y una niña de 7 años. A la señora ya la encontraron, pero siguen buscando a la niña. El apoyo de las autoridades es insuficiente. Las familias indígenas están desamparadas, olvidadas.

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México: Grave Situación De Violencia Y Crisis Humanitaria En Comunidades Indígenas

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Por: Tlachinollan

A los Pueblos Indígenas de México y del mundo

A la opinión pública solidaria

A los medios de comunicación

Al Gobierno Federal

Con mucha preocupación nos dirigimos a la opinión pública para compartir con ustedes la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas de México. En el momento de publicación de este comunicado, las organizaciones firmantes y otras instancias solidarias están atendiendo a alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno. Desde Chiapas nos reportan que, en lo que va del año 2024, han registrado tan sólo en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo 8,190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas.

En un lapso de apenas tres semanas, desde el 25 de agosto, hemos registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán; 1 persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, 1 persona asesinada en el municipio de Chenalhó en Chiapas y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad.

Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.

Desde las organizaciones hemos acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos. Sin embargo, hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda. En el caso de Michoacán se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; sin embargo nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad.

Esta falta de respuesta asertiva y coordinada con las mismas autoridades indígenas promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es de que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado especialmente de jóvenes menores de edad y violaciones de niñas y mujeres.

Frente a esta situación de suma gravedad hacemos un llamado al Gobierno Federal para que, atendiendo a sus obligaciones para con la población, coordine los esfuerzos interinstitucionales necesarios para:

• Proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos.

• Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las personas afectadas.

• Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados.

• Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.

• La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.

• Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.

• Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias. Los hechos que hemos descrito constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la integridad y la existencia misma de los pueblos indígenas que hoy son víctimas de ellos. El Estado en sus tres niveles tiene la obligación de proteger, defender y procurar justicia a estas comunidades.

Finalmente, desde las organizaciones que firmamos el presente comunicado damos todo el respaldo a la comunidad indígena Tsotsil de Tzajalchen que el pasado 24 de agosto declaró que su comunidad es y será el “Campamento civil por la Paz, Los peregrinos de Tzajalchen, Chenalho Chiapas, México”. Exigimos a los tres niveles de gobierno respetar esa decisión para proteger ese campamento como un espacio seguro para quienes están huyendo de la violencia.

ATENTAMENTE. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Data Cívica Fondo Defensores Grupo de Periodistas Independientes.

Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; Colectivo Emancipaciones; Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA; Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA Oaxaca.

Para mayor información contactarse a: Citlalli Hernández Saad 614 130 6883 mexico.ipri@iprights.org Nataniel Hernández Núñez 56 4160 1225 proteccion@redtdt.org.mx

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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En el abandono, la educación de la niñez en la Montaña de Guerrero

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Han pasado 23 años desde que autoridades y habitantes de la comunidad nahua de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, construyeran dos aulas de la Escuela Secundaria Técnica número 229 “Roberto Mejía Guzmán” para que estudiaran sus hijas e hijos.

Marcados por el olvido de las autoridades estatales y educativas, se organizaron para velar por el derecho de la educación de sus hijos. Después de varios años solicitando infraestructura para la escuela, en una asamblea del 2000 decidieron cooperar mil pesos por persona mayor de edad para la compra de materiales. El logro fue de la comunidad, sin la intervención de las autoridades que siempre estuvieron ausentes.

De acuerdo con las autoridades comunitarias la comunidad nahua se fundó en 1650. Desde el dominio colonial ha estado marginado. El poblado se encuentra a una hora de Tlapa. De un total de 741 habitantes, 193 son niños y niñas de 6 a 17 años; 18 tienen computadoras, 29 internet y línea telefónica, y 159 saben leer y escribir, es decir, el 21.5 por ciento. Menos de la mitad de las personas que viven en ese lugar tiene vivienda con piso de cemento, luz eléctrica, agua entubada, refrigerador y algunos electrodomésticos. Se cuenta con un preescolar, una primaria y una secundaria.

El 13 de febrero de 2024 el comité de padres de familia, integrado por el presidente Antonio Reyes, vicepresidente Aurelio Calleja, secretaria Leticia Méndez, tesorera Lucía Estrada y las vocales Antonia Rodríguez, María Guadalupe, Marcelina Gálvez, Eufemia Gálvez, Conrrada Rojas y Enahu Martínez, presentó una demanda de amparo ante el Juez de Distrito en la ciudad de Chilpancingo. Fue admitido con el número 236/2024 el 16 de febrero “en forma colectiva contra actos de la gobernadora constitucional del estado de Guerrero y otras autoridades responsables” al afectar el derecho de la educación de 51 estudiantes.

El 22 de febrero de este año, un juez negó a los padres de familia la medida cautelar de contratar con urgencia a los maestros que impartan las materias de educación física, historia, geografía, formación cívica y ética “para que nuestros hijos no sigan perdiendo clases” y que las autoridades a la brevedad realicen un estudio técnico y un proyecto de seis aulas, una cancha de usos múltiples, una cancha de futbol y un centro de cómputo con computadores e internet.

Sin embargo, el 27 de febrero otro juez concedió la medida cautelar porque al negarse estaría afectando el derecho a la educación de las niñas y niños indígenas, pero las autoridades educativas a la fecha no han acatado la sentencia.

En 1997 se fundó la Escuela Secundaria Técnica número 229 “Roberto Mejía Guzmán” con clave 12DST0249D. Las primeras generaciones de estudiantes tomaron clases en las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales, la comisaría municipal y la tienda CONASUPO. Los pizarrones y gises los puso la comunidad, mientras las sillas y las mesas corrió a cuenta de los alumnos. A pesar de que las autoridades comunitarias realizaron múltiples solicitudes en la oficina del gobernador del Estado de Guerrero para aulas y muebles nunca los atendieron.

Ante la desatención sistemática de las autoridades las familias se organizaron en el 2000 y 2001 para construir dos aulas, aun así, un grupo de alumnos siguió recibiendo clases en la comisaria municipal. Cada año se les solicitaba a las autoridades educativas que construyeran un aula, pero prevaleció la inacción. “Nuevamente nos cooperamos económicamente para comprar materiales para la construcción de dos aulas más sobre las que ya estaban”. Un aula es al mismo tiempo bodega, sala de juntas, biblioteca escolar y oficina de dirección. Otra se usa para comedor del albergue y también sirve para reunión de padres de familia.

En el 2013 se gestionó con el presidente municipal de Tlapa la construcción de dos aulas más para la Escuela Secundaria Técnica, pero sólo se comprometió con una, argumentando que les corresponde a las autoridades educativas. Al no quedarles alternativa volvieron a cooperar para hacer una mezcla de recursos con el presidente municipal y sólo así se construyeron otras dos aulas.

En la actualidad, “el primer edificio que construimos en el 2001 para la escuela se encuentra en muy mal estado y representa un peligro para las niñas y niños, así como la plantilla docente. Hay fisuras muy pronunciadas en sus paredes a consecuencia de los temblores en el estado. Hay goteras y hundimiento significativo en el techo de concreto, se desprenden pequeños trozos de concreto que se desmoronan y genera polvo blanco que inhalan los niños y niñas”.

El 27 de septiembre de 2023 el comisario municipal, el comité de padres de familia y la directora de la secundaria realizaron una solicitud oficial con número 15/2023-2024 a Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario de Educación Guerrero, para que les asignaran dos maestros de geografía, historia y formación cívica y ética, la construcción de tres aulas, una dirección, 15 computadoras e internet, 12 tambores y 12 cornetas para la banda de guerra, cinco escritorios y sillas para maestros, tres pizarrones blancos, 12 mesas binarias, 24 sillas didácticas, material para oficina y para el aseo, así como uniformes escolares de secundaria técnica. No hubo respuesta.

También dirigieron un oficio a Benjamín Guinto Nava, Director General del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), para solicitar la construcción de tres aulas y una dirección, la realización de un dictamen para que certifique el estado real del edificio, constituir el expediente y atender de manera urgente las necesidades de infraestructura de la escuela. El funcionario les pidió un acta de asamblea general de comuneros que le fue entregada para iniciar los trabajos. Personal del IGIFE fue en junio de este año, pero no volvieron para darle seguimiento.

Las autoridades del estado y la misma SEG violan el artículo tercero constitucional donde señala que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado debe garantizarlo. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Este principio constitucional obliga a las autoridades a trazar políticas públicas que garanticen el acceso a la educación sin que las madres y padres tengan que gastar para que sus hijos estudien. Las niñas y niños deben tener suficientes maestros, aulas adecuadas y en buenas condiciones, becas, alimentos y todo lo necesario para su aprendizaje.

Las madres y padres de familia tienen la esperanza de que sus hijos continúen estudiando, pero las autoridades educativas los tienen en el abandono. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y otras autoridades permanecen ausentes. Lejos de proteger el derecho superior de la niñez ponen trabas para garantizarlo. Lamentablemente a las autoridades no les interesa la educación de las niñas y niños indígenas de la Montaña.

Fuente de la información e imagen: Tlachinollan

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Ayotzinapa: conspirar contra el ejército

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Por: Tlachinollan

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nunca imaginaron que llegarían al final del sexenio sin saber el paradero de sus hijos. Desde el encuentro que tuvieron en Iguala, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial, aguardaron con mucha paciencia el momento en que les develaría lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre. El reciente informe que envió a las mamás y papás, y que no llegó a todos, pudo marcar la diferencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, todo quedó en descalificaciones y conjeturas.

Las mamás y papás hojearon las 29 páginas para dar con los avances y novedades de las nuevas investigaciones. Les desconcertó que desde la primera hoja el presidente iniciara con el descrédito a los “supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos.” Reclamó que se sostuviera sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia fueran los soldados de la Sedena. Catalogó como un afán de venganza de personas o instancias del extranjero, para debilitar al ejército. Lo inaudito fue que la hipótesis central del presidente no giró en torno al paradero de los 43 sino en la conspiración internacional que se urdió contra el ejército.

Los resultados alcanzados con la llegada del nuevo fiscal se redujeron a 42 entrevistas de 15 detenidos; 45 recursos jurídicos contra resoluciones de jueces federales; 280 excavaciones en búsquedas y una ley de amnistía. La enumeración de acciones no presenta resultados plausibles. Nadie duda que son arduos los trabajos de excavación, pero los restos que se han encontrado no corresponden a los estudiantes. Los recursos interpuestos, en realidad, son los reveses judiciales que ha tenido el fiscal especial sobre el caso Ayotzinapa.

El informe contiene imprecisiones y en algunos casos falta a la verdad. En los primeros días de la desaparición de los 43 jóvenes, como organismos de derechos humanos acompañamos a las madres y padres en las búsquedas de sus hijos en Iguala. Nuestro mayor interés fue salvaguardar la vida de los estudiantes desaparecidos y nunca confabularnos con un gobierno extranjero. Realizamos denuncias penales por desaparición de personas, interpusimos juicios de amparo, presentamos una queja en la CNDH y solicitamos medidas cautelares ante la CIDH. El resultado fue la firma de un acuerdo de asistencia técnica.

En el 2014 no se tenían elementos sólidos de las implicaciones del ejército en la desaparición de los 43, por eso no se hizo algún señalamiento de su participación. Sin embargo, las madres y padres, desde el primer día que iniciaron las búsquedas en Iguala tenían datos de que el ejército patrulló las calles y detuvo a estudiantes. Las investigaciones del GIEI también lo confirmaron: los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición en Iguala; patrullaron las calles en las horas críticas de la agresión e hicieron contacto con los jóvenes; intervinieron llamadas de perpetradores claves y pudieron escuchar qué pasaba con los estudiantes y a dónde los llevaban; altos mandos militares de Iguala estaban coludidos con guerreros unidos. Además, un testigo afirmó que 25 estudiantes ingresaron al 27 batallón de infantería, donde fueron torturados y entregados a guerreros unidos. Con relación al militar infiltrado como estudiante de la normal, Julio César López Patolzin, existe un oficio urgente de la 35 zona militar que confirma las actividades de búsqueda de información que realiza utilizando la fachada de alumno. No se trata de un soldado que tenía el deseo genuino de superarse y convertirse en maestro rural, como lo justificó el presidente en el informe.

Estos elementos son claves para que la fiscalía impulse una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra miembros del ejército. No se puede pedir pruebas a las madres, ni a sus abogados sobre su involucramiento, porque es invertir la carga de la investigación a las víctimas. Corresponde al estado profundizar en estas líneas de investigación y determinar la responsabilidad de los militares.

Desde las más altas esferas del poder se trató de silenciar lo que sucedió y se encubrió a los responsables. Durante más de 8 años el ejército ocultó información de que 17 jóvenes pudieron ser trasladados de la comisaría de barandillas de Iguala a Loma de Coyotes. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 26 de septiembre el ejército escuchó cómo hablaban los cabecillas de guerreros unidos y los policías de Iguala sobre la suerte de los estudiantes.

Conforme avanzó la investigación, el entonces subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, concluyó en su segundo informe que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo guerreros unidos y agentes de diversas instituciones del estado mexicano. Los militares son una pieza clave dentro del tablero de los perpetradores; presenciaron la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, no lo evitaron y peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).    Afirmar que no hay pruebas de su involucramiento y encarar a las víctimas y sus representantes para que las presenten es colocarse al lado de los responsables.

El informe del presidente no tiene avances sustanciales del caso. Se limita a defender y encubrir al ejército. Los mayores logros se obtuvieron cuando estuvo al frente de las investigaciones Alejandro Encinas y el fiscal especial Omar Gómez que contó con la coadyuvancia del GIEI. En ese tiempo se identificó a dos estudiantes y se obtuvo la declaración de varios testigos que permitieron trazar nuevas líneas de investigación. También se logró consignar a 20 militares. Con el nuevo fiscal la investigación se cayó. Desde entonces el presidente tomó en sus manos la investigación. Lejos quedó su compromiso de campaña, que Ayotzinapa sería el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático.

Publicado originalmente en el periodico La Jornada

Fuente de la información:  https://www.tlachinollan.org

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