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La protesta social como un derecho por la presentación con vida de los 43

El 11 de junio de 2022. Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, normalistas y organizaciones sociales se manifestaron en el zócalo de la capital del estado para exigir la presentación con vida de sus hijos. También insistieron en que se tienen que abrir los archivos del ejército y la Marina.

En el mitin señalaron que el ejército y la Marina tienen evidencias sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“Supuestamente los militares son los que resguardan este país, hoy sabemos y reafirmamos que participaron en la desaparición de los 43”, señala Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, uno de los normalistas desaparecidos.

Los padres de familia aseguraron que a pesar del descontento de las autoridades por sus protestas, su lucha está dentro del marco legal, pues está contemplado en la constitución, además de que como víctimas tienen derechos. Asimismo, continúa Melitón Ortega, “si en Guerrero se hiciera justicia contra los responsables que escondieron las evidencias de los hechos en Iguala, que estaban en el poder, y los autores materiales que cumplieron esas órdenes, no habría necesidad de que los padres y estudiantes estuviéramos en las calles, cerrando avenidas, haciendo bloqueos o actividades en las instituciones”.

Por su parte, don Maximino, padre de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, señala que el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dar con el paradero de los estudiantes y dar castigo a los responsables. No obstante, “hoy vemos que no va a dar con el paradero, no tiene la capacidad de resolver el problema. No hay detenidos. Ángel Aguirre Rivero, Iñaki Blanco, Tomás Zerón, Murillo Karam, Enrique Peña Nieto están disfrutando el dinero que se robaron del pueblo”. Hoy solamente quedó un aliento que poco a poco se ha convertido en amargura para los padres. “Estamos viviendo una incertidumbre prolongada. No sabemos cuándo vamos a tener esos personajes en la cárcel y que rindan cuentas”, agrega don Melitón.

También exigieron al gobierno federal seguir con las líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Hicieron un llamado a las instituciones y funcionarios para que no se cubran entre ellos. Son cómplices porque no nos quieren entregar a sus compañeros que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes y que asesinaron a tres jóvenes y otras personas, y que un estudiante todavía sigue en coma, comenta don Bernabé, padre de Adán Abraján de la Cruz, normalista desaparecido.

Finalmente, agregaron que al día de hoy solo han tenido contradicciones de los gobernantes que hablan de leyes, mientras agreden estudiantes, campesinos y al pueblo en general por exigir justicia, verdad y castigo. “Los gobernantes en este país tienen una deuda histórica con los 43 estudiantes, con los 43 familiares de los jóvenes estudiantes. Miles de familias no han tenido respuestas. Entonces, por eso la lucha de los padres sigue aquí”.

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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México: Sin el vuelo de las niñas indígenas

Las lágrimas de doña Jus, indígena Na Savi, inundan sus ojos por la ausencia de su nieta Alejandra, víctima de feminicidio en el 2020. Desde que nació siempre fue su hija. Le gustaba jugar con sus amigas y nunca faltaba su risa en su casa. Vivían en una choza de bajareque en el municipio de Cochoapa el Grande, en la Montaña alta de Guerrero.

Creció en la pobreza extrema, entre las veredas del olvido. Cuando no había que comer caminaba entre las hondas barrancas para cortar quelite. Así pasaban los días. En ocasiones se sentía la punzada en el estómago vacío. No había nada, solo dolor.  Sin embargo, para soportar una cotidianidad, marcada por las carencias, la violencia machista y patriarcal trataba de contemplar la niebla de las montañas. La niña A no imaginó que a sus 14 años le cortarían las alas para emprender el vuelo hacía el horizonte, donde hay esperanzas.

Estaba estudiando la secundaria, era su último año, cuando los agresores buscaron la forma de sacarla de su casa con la idea de entregarle un celular que le habían arrebatado dos días antes, pero no fue verdad. Al contrario, intentaron agredirla sexualmente, pero se defendió sin que pudiera detenerlos. Despúes la torturaron, cercenando su cuerpo hasta que le quitaron la vida.

Esta pesada y cruenta realidad la viven cientos de mujeres indígenas que son silenciadas, vejadas, vilipendiadas, humilladas y mancilladas. Este monstruo de la violencia machista continúa cobrando vidas, sin que las autoridades presten atención. Es más, las mujeres terminan siendo criminalizadas por alzar su voz y pelear por sus derechos. La misma ausencia de las autoridades ha propiciado el aumento de esta violencia feminicida.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentamos la historia de un feminicidio acaecido en el municipio más pobre de Guerrero. Es un testimonio de la abuela y madre de la niña Alejandra, que con el llanto imparable exige justicia por su nieta.

Entre el dolor y la esperanza de justicia estas palabras pretenden ser un eco en los intersticios de la vida humana para erradicar la violencia machista, porque en Guerrero y México no se puede seguir sin el vuelo de las niñas indígenas.

Es un texto escrito en español y en lengua Tu´un Savi. Dejamos el testimonio completo:

Se acostó a dormir mi niña, estaba lloviendo mucho. Estaba triste porque le habían robado el celular. Fue cuando me dijo -abuela ayer me dijo [esa muchacha] que soy flaca. Estábamos por la barranca y me dijo que vaya por el celular. Así me dijo.

A qué vas a ir,  a dónde vas a ir, siéntate porque allá viven puros cholos y te vaya a hacer daño. Así le dije. No me tardo abuela, fue lo que me contestó [mi hija Alejandra].

Me dijeron que en la madrugada fue cuando empezó a forcejear mi niña, gritaba, pero a mí no me consta. Mi hija les dijo que no se quedaría así, no les tuvo miedo, si no hubiera hablado tal vez no la hubieran matado, pero rajaron toda su boca. Qué hizo ella para merecer eso.

Todo fue en la casa de material que está por allá arriba. Fue donde vinieron los ministeriales y quebraron la puerta para rescatarla. Por todos lados se regó la sangre, por todos lados de su cuerpo la cortaron y también sus manos.

En esa casa  la mataron y la fueron a tirar sobre el lodo, la embarraron toda, y como tenía el cabello muy largo se llenó de lodo. Mi hija estaba sin ropa. Qué tanto hizo mi hija, como si hubiera robado, pero no hacemos nada. Esto está complicado y no sabemos que hacer. Ella sólo tenía 14 años.

Eran dos mujeres las que la sacaban de la casa, desconozco sus nombres, pero estudian en la misma escuela [que mi hija]. La persona que la mató en ocasiones toma y me grita diciendo: te voy a matar porque soy hombre. Yo soy hombre, así dice.

Aquí tengo anotado sus nombres de los hombres y de las mujeres también, porque iba a sacar misa por ellos, creo que PL se llama uno.

Sus tíos y todas las personas lloran mucho por ella. Tenía muchas ganas de estudiar, ya hablaba muy bien el español, entendía muy bien las letras. Dicen que cuatro personas son las que saben de su asesinato, pero yo no las conozco, sólo conozco a dos hombres y sus nombres no.

Es triste. Sacaron su pantalón y lo escondieron en el temazcal por eso no lo encontramos, solo su blusa, su brasier y su ropa interior. Tenía mucha ropa mi hija porque hago huipil, los vendo y le compro ropa a mi nieta; tenía un costal  y una mochila lleno de ropa y huipil que también dejó. Se llevó tres huipiles. La quiero muchísimo porque yo no tengo hijas.

Su acta de nacimiento está con su maestro y todos sus papeles de estudios están allá [en su escuela]. Siento que como que no se va a hacer justicia por mi hija. Ella estaba estudiando y la cortaron. No me sé el número de su celular, ella me dijo que no tardaba en regresar [para que le cuente].

La amo mucho por eso la cuidé muy bien. Todas las noches y días lloro porque ella era estudiante. Nosotros no hacemos nada malo. De vez en cuando tenemos algo de dinero y es cuando nos compramos carne para comer. Somos muy pobres. Mi nieto fue el que me dio dinero para comprar el celular, porque ella le gustaba mucho el celular. [Recuerdo que] fui a Tlapa a recoger el dinero y allá compramos el celular, y mi nieta estaba muy feliz. Ese celular fue el que le robaron aquí. La [muchacha] que la venía a sacarla ya huyó al norte, vino cuatro veces aquí y yo no la dejé salir. Déjame ir por el celular abuela, pobre de nosotros porque nos costó mucho, así me dijo.

“El perro que maté no vale ningún dinero”, dijo el agresor. Él se dedica a vender terreno. Mi hijo le dijo que pagará por los daños porque ella es niña y es estudiante, pero él para nada quiso pagar. Gastamos 40 mil pesos para el funeral, con ese dinero compré carne y refresco para que comieran y bebieran los que fueron a dejar flores.

Yo qué hice si todos los días trato de vivir tranquila. Yo no he robado, vivimos bien pobres. Todos los día tengo miedo que entren a matarme también aquí en la casa. Allá del otro lado vive mi hija  y ahí me quedo a dormir. Nosotros no causamos daños a nadie. Mi difunto esposo siempre le decía a mis hijos, -los chivos, caballos o ganados de otras personas no se los roben, anden tranquilos, así les decía, por eso mis hijos no son así. Por qué esas personas nos hicieron esto si nosotros no cometimos ningún delito.

La historia del feminicidio de la niña A en lengua Tu’un Savi

Fernanda Lorenzo Ortiz, poeta Na Savi de la Montaña de Guerrero

Xikandu’u tikua’ái nikixie ra sa ra kuun ní sàvì, salulari kú nú ixaku’uíná ná mà, sá ka’aen ¡nana kuni kia nika’ae  kuyu laki kandu´u yu xi’ia yu’u ivi ka ra ka´aen xi’in ná ku’uin ndaki’in salulari káchie su’va! Kachie vae ma.

Ta nichun kie kù’ùn kun ra, yo ve’e kia kù’ùn kun kundu’u taxiun chi chòlò kú na kan ra kata’án na xi’iún kàchi xi’in ña ra ¡too vitin ku’uin nana! Kachie su’va.

Xa túvi kie kixaa ndakuiyo ña lo’o nda’ayu ña kachi na yuvi ta koe kundaa ini yu ma, ña nika’an kú tikua’ai, ní niká’án tukuen ra ká’áni nae ma, kaan ña yu’uen, ni ví kuachi tikua’a ma.

Ve’e tie’e chínínu kia nixa’aen ikan kia kìxi na sa’án má, ikan kie xàni na yé’e ta nìki’ivi na ra, in kua’a kua’a ká nìkàyù ini ve’e xi’in nìí, in tá kú ní yó’o tuvi nae yó’o tuvi na xa’andia ndi’i na, kuñu lo’o nda’ae yó’o xa’andia ndi’i nae.

Ve’e ta CN xa’ani nae ta nixa’an na sikana nae nú ndo’oyo, tuvi na ñá so’o, náni ka ví xini ña ra mí ndia’ayu kú ña, in ixa chala ví na se’ei ra ni kie ixa vie su ña nixakuina ví ku ña, táxîn ní ndee ndu, ndichi na kie, ndixi na kien koe ki’in ndu, sakan uxi kumî va kuiyae ta nixi’i ña.

Uvi kú mí na si’í tavâ ña’a xiní yu kìvi na, in nú ka’avi na, mí ra xa’ani kan ra, xá’an ra xí’i ra ta kíxaa ra ndia’ayu ko’ó ra kandú’u ra: xá’ani chi tiaa kui, yu’ù ku tiaa, Kachi ra su’va.

Yó’o ndesoi kivi na, xi’i mí na ña’a chi ña taa ndi ku’un tavai misa kia, an PL nani in ra.

Na xitoe chin tákundi’i na ra xáku ní na xa’aen ma, tiaa ní ka’aen ka’avi ña, vénu kaen, vénu letra ñá; kumi na xíni xa’ae xa’ani ña kachi na ra xíní yu na, uvi va na xíni yu ndi su xíní yu kivi na.

Tava na xatue ma nixa’an na ko’oni nae ini i’in kan ta nindáni’in ndia, ndia kotó vae kia ndani’i ndu, chikoto lo’o ndika vae xi’in xatu lo’o tixin vaen kia ndani’i ndu ma; iyo kua toto se’ei chi kunui xìkùn ra ixikoi ya ra satai tikotoe in koxta so’o ku ya, ndee machilae ra in chítu tun tikotoe ndee xiyo kunuu, uni xìkùn kunuu kua’an xi’in ña, tiaa ní xíní sîí tikua’ai chi koo na si’i se’ei.

Ñu’ún acta ña ra nda´a maxtro ñu’ún di’ia ikan ñu’ún ndi’i tutu ña ka’avia, ma koo ví kuachi xa’a se’ei ña kavi kian ra nixa’anda na ñá. Xìní númeroe salulari ña nana, tóviti kù’uen kachie xi’in.

Ñá nda’avi ní xíní sîí yu kuen ndaki’in yu ña ra veno níxa’anu ña, ini ñuu ni ká’añu ra tótoo xáku yu, ña xá’an ka’avi va kie, ta ni kóe ixa ndu nana, tá xa nini’in ndu xu’ún ra ki’in ndu kuñu kuxi ndi ndee ndi, nda’aví ni kú ndu, ra lo’o se’e ñanì vai taxi xu’ún ki’in ndi salulari chi xínísîí ní ña ña ra nixa’ain Tindia’ayu ndiki’in xu’ún ra ikan ki’in salulari ra kúsîì ka ví ini se’ei, ña kan kie ixakui’ina ri yó’o ña nú ndi’i; ñá xíka sanda’aví ña kan ra anda norte ndikáe xinu yuvie kua’aen ma, kumi ichi indikoen tava ña’aen yó’o ra nitáxi yu ña ma ¡ná kú’uin ra ndaki’in salulari nana nda’aví níyo chi xu’un ñue! Kachie.

Koo xu’un nda ví tina xa’aní, nina ñu’ún ixíko ra, nika’an se’ei ù’ùn ciéntoo ná chindu’u ra chi ñalo’o kavi kú ña ra iyo kuchi xa’aen kachi ra su’va ra nixíto mí ví ra. Uvi xiko mili xindi xundi, satai kuñu, tikui vixi, xi’i na kixi nú ita.

Ni kue ixai, ña nda’avi kandu’u vitin tian ku yu, ni koo ni ixakui’ina yu, nda’avi ní ndee ndu, ndia vichi ndia tan va ndatui ki’ivi ra ka’aní ra yu’ù ve’e yó’o, xiyo ká ndika in ña loó se’ei ikan xa’an yu kixin; koe ixa ndi, tata ra nixiyo xi’in ra xindaa yu’u ní ra se’ei: tixu’u sana na Kuri, kuayu sana na, ndiki sana na, ndaxin ndo sana na, taxin koo ndo;  kachi ra xi’in na. ñâkân kia sá iyo se’ei, ni ví ka’an na xa na sá xi’in ndu, ni lo’o kuachi ndu koo nana.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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Historias que duelen y que indignan

Por: Tlachinollan

En la comunidad de Joya Real, a pesar de que tenemos tierras, no las ocupamos porque nuestra pobreza es muy grande. Es un problema que tenemos con todos los gobiernos, porque nos tienen abandonados. Nunca nos visitan. Cuando lo hacen es porque traen alguna despensa para que votemos por ellos. Ya que están en el palacio, no nos atienden porque según andan gestionando obras en Tlapa o Chilpancingo. La realidad es que la creación del nuevo municipio, no nos benefició a quienes vivimos lejos de la cabecera. Les va bien a algunas familias que ahora tienen dinero y pagan a la gente para ganar elecciones. Ahora se dan muchos asesinatos en mero Cochoapa,y todo por el pleito de la presidencia. Hace más de 3 años desaparecieron a un presidente que ganó la elección y según se sabe, apareció muerto en el río Tlapaneco. También han matado a ex presidentes y ex síndicos. En los bailes de la fiesta se han dado balaceras en la cancha. En este trienio que pasó hubo como 10 asesinatos de gente que ocupó cargos en la presidencia y en el comisariado de bienes comunales. Los que aquí vivimos no sabemos por qué tanta muerte, sin que las autoridades del estado y la federación hagan algo. El ministerio público solo viene a levantar los cuerpos, pero en verdad no investiga. Las cosas están peor, porque vemos que andan libres los que cometen estos delitos. Quiere decir que son sus cómplices. Por eso la gente no denuncia, porque les tiene miedo.

Cuando nos animamos a sembrar, solo lo hacemos para comer elotes y para poner la ofrenda en el altar de los muertos. Yo por ejemplo nada más siembro un litro de maíz y vengo sacando 5 costales de mazorca. Cuando desgrano, se medio llenan dos costales, que no pesan ni cien kilos. ¿Tú crees que con eso voy a poder mantener a mi familia todo el año? Eso no nos alcanza ni para un mes. Por eso aquí en Joya Real, nos vamos en cuadrillas a trabajar a varios estados. Por ejemplo ahorita que pasó la fiesta de los difuntos casi todos nos vamos a los estados de Michoacán y Colima, al corte de tomate y de chile. Vamos a estar trabajando en los campos de varios patrones todo el tiempo del frío. Nos regresamos a finales de febrero. Solo en el mes de marzo venimos a ver la casa y a nuestros abuelos que aquí se quedan con las autoridades. Nuevamente en abril salimos con toda la familia, pero ahora agarramos rumbo a León Guanajuato, Zacatecas y Jalisco. Ahí andamos de campo en campo hasta el mes de septiembre. Nos venimos otro rato al pueblo, y algunos que no les va bien en el corte, se vuelven a regresar en octubre, porque en la comunidad no hay que comer.

Nuestra historia es muy dura porque trabajamos mucho y ganamos poco. En el corte de tomate nos pagan 5 pesos por una cubeta de 19 litros. Para que nos convenga el trabajo, tenemos que recolectar toda la familia. Ellos llenan las cubetas y los que cargamos tenemos que llevarnos 4 cubetas: una en el hombro, otra en la cabeza y una en cada mano. Solo así aprovechamos el viaje que hacemos del surco hasta donde están los camiones. Son 100 metros hasta casi medio kilometro, que tenemos que llevar las cubetas. Por eso no nos conviene acarrear de una cubeta porque pierdes tiempo. Aún así con todo ese esfuerzo, como familia vamos sacando como 250 pesos. Muy rara vez juntamos 300 pesos al día. Nos iría un poco mejor si el caporal no nos quitara dos pesos por cada cubeta. El piensa que no sabemos que se agarra ese dinero, pero como nos consigue el trabajo, no le podemos decir nada, porque se enoja y nos corre.

Yo me tuve que cambiar a otro campo porque no le aguante a la cargada. Me salió una hernia y me tuvieron que operar. El medico me dijo que ya no debo de cargar costales ni cubetas, por eso, busco otros trabajos menos pesados. Lo hago porque cuando ando en los campos, aprovecho para que mis hijos estudien. Es lo único que quiero, que ya mis hijos no anden de jornaleros porque se sufre mucho. Todos los que hablan español nos discriminan y nos maltratan. Es muy feo porque desde que subimos al autobús, el chofer nos grita. Regaña a nuestras esposas, cuando los niños lloran mucho y vomitan. En el campo tenemos que buscar un cuarto. Nos cobran caro y muchos ni luz tienen. Luego no nos dejan comprar en las tiendas del pueblo, nos obligan a consumir todos los productos en la tienda del patrón, a un precio más alto. Las chingas diarias no valen la pena, porque mientras tengas fuerza y no te enfermes, aguantas, pero si uno anda mal, como los que tienen diabetes, ya no vas a rendir igual y el caporal ya no te va a dar trabajo.

En verdad como familias jornaleras no veo que tengamos un mejor futuro. Nunca vamos a salir de pobres. Desde que nací esta vida llevamos. Trabajando todo el tiempo en el sol, sin que podamos ahorrar algo y tener una mejor casita. Es más grande el problema de los papás que tienen hijos, y que de acuerdo a la costumbre, los casan muy chicos de los 12 a 15 años. Está la creencia que si te casas más grande vas a tener problemas para tener hijos, por eso prefieren que los hijos se casen temprano. También veo que como jornaleros y en el trabajo mismo que realizamos en el campo, necesitamos que alguien nos ayude, porque uno solo no puede juntar algo de dinero. Por eso algunos papás sienten la necesidad de tener varios hijos e hijas, y que pronto haya nietos para que la familia crezca y así tenga mas gente para trabajar. Se requieren más personas que desde pequeños ayuden en el trabajo del campo, porque se necesitan relevos para sobrevivir como jornaleros. Ese destino nos está llevando al absismo.

Esto ya no tiene que ver con la costumbre, nada más que así dicen los mestizos. La verdad esto que vivimos es por la pobreza, es por culpa del gobierno, porque no hay escuelas. Nuestros hijos e hijas no pueden estudiar. Aquí en Joya Real, aunque hay una escuela primaria tenemos el problema que no vienen los maestros. Con el pretexto de que está lejos, y sobre todo ahora con la pandemia, no vienen.  Por eso mejor nos vamos toda la familia a trabajar. Para el gobierno es mejor, porque sabe que nosotros resolvemos nuestras necesidades, que no los molestamos y así se quedan con el dinero que nos debe tocar en salud, educación, vivienda, apoyo para el campo y construcción de caminos. Todos esos millones de pesos se lo han embolsado, mientras nosotros, con nuestros hijos e hijas, sufriendo como esclavos en otros estados.

Yo quiero decir que el caso que pasó con Angelica que huyó de la casa de su suegro porque estaba siendo amenazada y además fue violada, es un problema grandote que se da en varias comunidades y en otros municipios desde hace varios años. Esto se descompuso desde que los jóvenes se fueron a trabajar a Nueva York. Ellos, además de ayudar a pagar los gastos de la fiesta del pueblo, también mandan dinero para que los papás puedan comprar una niña. Antes era una costumbre de respeto, pero ahora se hace por negocio. Antes los embajadores daban consejo a los padres y madres del niño y la niña y se comprometían a respetarse. Ahora lo que se alega y regatea es el precio de la niña; es qué grupo va a tocar y cuántos cartones de cerveza y refresco se van a comprar. El dinero nos ha traído más problemas, porque hay más violencia y lo peor es que las mujeres y las niñas son a las que golpean y hasta asesinan.

Por eso, las niñas como Angelica y Anayeli tuvieron el valor de huir de sus casas para pedir auxilio a sus familiares y vecinos. Estos casos pasan porque de plano el gobierno nos abandonó y dividió con los partidos políticos. Ahora entre nosotros como comunidad hemos perdido el respeto. Manda el que tiene dinero, el que tiene hijos en Nueva York o al que le va bien como jornalero. Por eso luego algunos niños dicen que su papá va a comprar a su novia, porque ya trabajó para juntar algo de dinero. Yo lo que veo es que ya se rompió la buena armonía que había cuando se daban estos matrimonios, donde los mayores daban buen ejemplo de respetar a las esposas y de cuidar a las hijas.

En la comunidad se sembró la discordia, la división, los pleitos, los abusos y la violencia. Es la consecuencia de los malos gobierno que tenemos. Allá los políticos, lo único que les interesa es el dinero, quieren poder y se juntan con los delincuentes para matar a sus enemigos. También sabemos que hay muchas muertes de mujeres y de niñas en las ciudades grandes y en Tlapa mismo. Quiere decir que tampoco protegen a las mujeres. Si en la ciudad no le dan el apoyo y el cuidado a las mujeres, menos acá en Joya Real, donde la violencia principal es la del gobierno porque por muchos años nos tiene abandonados, porque ha dejado que nos dividamos y nos matemos. Porque no protege a las mujeres y niñas. Les niegan todos los derechos. Por eso les diría que se miren en el espejo, que lo que pasa aquí no se compara con lo que está pasando donde están gobernando. Primero tiene que cambiar el gobierno, tiene que empezar a trabajar con las comunidades, para que realmente haya un cambio aquí en Joya Real. Para que no haya más ventas de niñas. Me gustaría que le preguntaran en tu un savi a Angélica y Anayeli, si alguna vez en su corta vida ha sentido el apoyo del gobierno. La respuesta es negativa. El gobierno ignora, maltrata y castigas a las niñas y mujeres indígenas. Por eso aquí en la Montaña, contamos estas historias que nos duelen mucho.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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“A los jueces no les importa si los niños lloran”

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero, cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La lucha es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la síndica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angélica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angélica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angélica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angélica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angélica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los más altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angélica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angélica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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A los jueces no les importa si los niños lloran

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La luchan es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la sindica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angelica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angelica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angelica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angelica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angelica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los mas altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angelica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez le ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angelica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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En busca de la esperanza, 43 sueños

Por: Tlachinollan

Desde el 19 al 23 de mayo de 2021, durante los cuatro días, madres y padres de los 43 estudiantes recorrieron la ruta de la violencia y las huellas donde posiblemente llevarían a sus hijos. Una experiencia esperanzadora y dolorosa porque había personas que daban mensajes de aliento para continuar la lucha hasta encontrar a los 43 jóvenes, pero también había miedo de hablar por los grupos de la delicuencia organizada que imponen la ley de las balas y mantienen asoladas a las comunidades. Seguir las huellas de quienes están ausentes es como revivir el momento de los hechos de la agresión del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.Madres y padres, junto con estudiantes de la normal de Ayozinapa, buscaron información sobre sus hijos en Iguala, Huitzuco, Tepecuacuilco, Cocula y en Carrizalillo. Estos lugares son las zonas silenciadas, de fosas clandestinas y dónde impera el terror de la macrodelincuencia.«Buscamos información sobre el paradero de nuestros hijos. En estos días nos hemos encontrado con personas que nos dicen que están muertos, que ya no los busquemos porque es mucho tiempo, y que los hubiermos buscados desde que asaron los hechos. Me duele mucho que las personas piensen eso porque no sabemos que pasó con nuestros hijos. Sabemos que están desaparecidos, quizá en una cueva o los tendrán trabajando. Otras personas nos dan fuerza, lloran y nos abrazan, comparten nuestro dolor porque también tienen familiares desaparecidos desde los años 80».Por ejemplo, uno de los habitantes de Cocula comentó que se solidarizan porque hay antecedentes de violencia en la región, en 2013 desaparecieron a 17 jóvenes sin que hasta la fecha se sepa algo. Es el mismo dolor de muchas familias no saber de sus seres queridos, comparten angustia como las madres y padres de los normalistas de Ayozinapa. En estos días de búsqueda se han recabado información valiosa que las autoridades deberían tomar en cuenta para darle seguimiento, pues de por sí es responsabilidad de las autoridades investigar y conseguir información del paradero de los estudiantes.En la búsqueda de información muchas que son madres lloraron por lo que pasó con los jóvenes. Se cumplirán 7 años de no saber nada más que las reuniones que se realizan para informarles sobre todo las búsquedas dónde desde hace unos meses se han estado encontrado 900 restos humanos, 16 estaban en buenas condiciones y 6 fueron llevados para su análisis en la Universidad de Innsbruck. En los inicios del 2021 volvieron a encontrar restos, tres de ellos también se analisarán, pero no hay noticias de los estudiantes en vida, por eso las madres y los padres empiezan a sospechar del gobierno de Andrés Manual López Obrador de no querer llegar a la verdad, ya que desde el inicio se comprometió dar con el paradero de los 43, pero «sentimos poco avance».«Unos días antes de que empezarán las búsquedas tenía miedo ir a las búsquedas porque no sabía que información me darían, pero también me daba esperanza porque imaginaba que podría encontrarlo para abrazarlo». Doña Cristina Bautista se queda pensando en lo que le comentaron en las búsquedas, no obstante, brotan sus lágrimas sin poder contenerse. Así se busca la esperanza. Mientras la verdad y la justica a vuelta de rueda. El túnel de la angustia sigue.

Fuente e imagen: https://www.tlachinollan.org/en-busca-de-la-esperanza-43-suenos/

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Trabajadores esenciales: precarizados y prescindibles

Por: Tlachinollan

Las jornaleras y jornaleros agrícolas son trabajadores del campo que, por su precaria preparación académica, son contratados de manera temporal para realizar trabajos sumamente extenuantes, inhumanos, que requieren fuerza física y habilidades especiales. Se trata de una población marginal que sale de sus comunidades de origen, para enrolarse como jornaleros y jornaleras. No cuentan con contratos de trabajo formales. El enganchamiento realizado por contratistas y mayordomos es el sistema de explotación semiesclavista, que confina a las familias a sobrevivir en las galeras de los campos agrícolas o en las periferias de las ciudades. Un gran número de familias trabajan en campos conocidos como ranchos, que no cuentan con registros ante la secretaría del trabajo, y que en la mayoría de lugares funcionan de manera irregular.

Por su pertenencia a un pueblo indígena las jornaleras y jornaleros, son maltratados y discriminados por privilegiar su comunicación en sus lenguas maternas y por tener dificultades para expresarse en castellano. Las relaciones que se imponen en los campos son de explotación, sumisión, racismo, clasismo, machismo, violencia y agresión sexual contra las mujeres. Sus derechos laborales son violentados de forma masiva y sistemática, sin que exista una autoridad en nuestro país que se avoque a proteger y defender sus derechos. Su itinerancia los estigmatiza como los indios, para resaltar su atraso y propiciar su repulsión. Son víctimas de extorsión, engaños, fraudes, abusos y atracos. Para las autoridades son seres invisibles, que no existen como personas con derechos. No son atendidos en sus comunidades de origen, porque su desarraigo no les permite organizarse para exigir a los funcionarios municipales que asignen presupuesto para la instalación de servicios básicos.

La falta de inversión en el campo ha propiciado la expulsión de las familias que no encuentran opciones productivas que mejoren sus condiciones de vida y fomenten el arraigo. El trabajo agrícola no remunerado ha tornado inviable la vida comunitaria. La sola siembra del maíz, el frijol y la calabaza han dejado de ser el principal sustento para las familias indígenas. La baja productividad de sus tierras los obliga a salir para contratarse como jornaleros y jornaleras. Su desplazamiento familiar les impide que los hijos asistan de manera regular a la escuela. Para muchas madres y padres el estudio es un bien intangible que resulta ser oneroso, porque son más de doce años que las hijas y los hijos tienen que dedicarse al estudio, dejando en segundo término las labores del campo, sin que obtengan beneficios económicos inmediatos. El monto de las becas y de los demás programas federales no son aún una cantidad atractiva para las jefas y jefes de familia, porque no logran cubrir de manera satisfactoria sus necesidades básicas. Las remesas que llegan de Estados Unidos representan una alternativa para enfrentar el problema del hambre. El alto costo de la canasta básica requiere ingresos permanentes, que como mínimo rebasen 6 mil pesos mensuales por familia.

Ante la falta de ingresos seguros y de un familiar en Estados Unidos, los padres o las madres establecen contactos con contratistas de la región para planear la salida de sus comunidades. El sueldo base oscila entre 120 a 150 pesos diarios. Pocos son los lugares que ofrecen galeras para instalarse con los niños y niñas. En otros campos pueden trabajar a destajo, dependiendo de la urgencia que tengan los empresarios para recolectar y exportar sus productos. Puede haber un mejor sueldo a cambio de un esfuerzo físico extraordinario, pero la renta del cuarto corre por su cuenta. Son trabajos que no duran más de tres meses. El poco dinero que juntan será para pagar el autobús que los trasladará a otros estados en busca de un sueldo no menor a los 150 pesos, porque no sacarían los gastos de comida de la semana. La meta es encontrar trabajos donde puedan tener un pago de 200 a 250 pesos diarios. Hay familias que se desplazan hasta san Quintín donde hay empresas que ofrecen estos sueldos, pero por la alta demanda no siempre son contratados.

Recientemente llegaron de Villa Unión Sinaloa 50 familias jornaleras que salieron de una colonia de Tlapa el 16 de diciembre. Fueron 4 meses de intensos trabajos. Varios jefes de familia que rebasan los 60 años, se enlistaron junto con sus esposas para trabajar al lado de sus hijas e hijos en la recolecta del chile jalapeño. La empresa les pagó a 5 pesos el bote de 20 kilos. Las personas mayores llegaban a juntar 50 botes con mucho esfuerzo, para ganar 250 pesos diarios, con un horario de 7 de la mañana a las 8 de la noche. Los afortunados eran los jóvenes que llegaban a recolectar de 60 a 70 botes, para ganar de 300 a 350 pesos diarios, sin embargo, pronto se acabó el trabajo. Fueron meses difíciles porque se enfermaron mucho de tos y de gripa. Ante estos síntomas los mayordomos no los dejaban trabajar, porque temían que fuera el Covid 19.  Varios se quedaron en sus cuartos gastando lo poco que ganaron con la compra de medicamentos. Los servicios médicos, que por ley deben de brindar las empresas, no los proporcionan. Cuando hay accidentes de trabajo, son los familiares quienes se encargan de trasladarlos a clínicas particulares, pagando un viaje especial. La empresa no se responsabiliza de estos incidentes, por el contrario, amedrenta a los trabajadores con no recibirlos en el campo. El seguro social sigue siendo parte de este entramado institucional que protege al patrón y permite la simulación de las prestaciones sociales, que supuestamente garantiza a sus trabajadores. Para que la secretaría del trabajo haga verificaciones sobre cómo las empresas dan o no cumplimiento a la ley federal del trabajo, tiene que haber una solicitud formal, con datos muy específicos sobre la razón social, la dirección fiscal, su ubicación y la problemática que existe. Con estos trámites burocráticos se obstaculiza en la ley misma, que los derechos de los trabajadores y trabajadoras se hagan efectivos y no sean justiciables.

En la región de la Montaña, el Consejo de jornaleros y jornaleras agrícolas registró del mes de febrero de 2020 al mes de marzo de 2021, la salida de 17 mil 775 personas. La mayoría de familias son de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Tlapa, Alcozauca y Copanatoyac. Los niños y niñas de 0 a 17 años arrojan un registro de 7 mil 389. El 29 por ciento no cuenta con estudios, mientras el 22 por ciento cuenta con primaria incompleta y sólo el 16 por ciento concluyó la primaria. El 10 por ciento logró terminar sus estudios de secundaria. El rezago educativo es muy alto, al grado que el municipio de Cochoapa presenta los índices más bajos de desarrollo humano. La alta migración jornalera forma parte de estos indicadores de la pobreza extrema que muestra las dificultades que enfrentan las familias indígenas para que dentro de su propio hábitat desarrollen sus capacidades cognitivas y todo su potencial creativo que dignifiquen su vida y enaltezcan su cultura, su lengua y su patrimonio cultural y natural.

Dentro de la clase trabajadora en México la población indígena, no sólo se encuentran en los índices más bajos del desarrollo humano, sino que es la más explotada y discriminada por su pertenencia a una cultura primigenia y porque existe esa visión racista de que son inferiores, y por lo mismo, pueden hacer trabajos rudos, al modo de explotación esclavista. El abandono secular, no es gratuito, es parte de ese etnocentrismo de la clase política, que ha ensanchado la brecha de la desigualdad social y del segregacionismo racial, al confinar al olvido a las poblaciones indígenas del estado, siendo los protagonistas de luchas históricas que han defendido con su sangre, la libertad, la independencia, la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos del trabajador, el pago justo de su jornal o su salario, y que además, han dado fama mundial a un territorio encantador que han sabido preservar por siglos sus bellezas naturales, junto con un legado cultural de alto nivel, que forma parte de la civilización mesoamericana.

Los jornaleros y jornaleras agrícolas en esta pandemia no pararon de trabajar. Son parte las y los trabajadores esenciales que garantizan la alimentación en nuestro país. No ha habido ningún reconocimiento a su labor silenciosa pero titánica. Se ha puesto en primer término al ejército como la institución que más ha trabajado en tiempos de la pandemia, por encima del personal médico. Esta falta de visibilidad para la población indígena, forma parte de esta visión monoétnica que reproducen las autoridades, que siguen sin reconocer el aporte de los pueblos indígenas y su importancia estratégica para el desarrollo justo y equitativo en nuestro país.

Las jornaleras y jornaleros indígenas han estado expuestos al contagio del Covid 19, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno los atiendan de manera prioritaria. No se ha obligado a que los empresarios agrícolas cumplan con las recomendaciones de la secretaría de salud para evitar contagios en los campos, ni se han interesado en hacer gestiones, para que se puedan instalar módulos de vacunación dentro de los campos agrícolas, para las personas mayores de 60 años. Los trabajadores del campo aún no se les reconoce como un sector productivo que es estratégico y esencial, pero se les sigue viendo como seres precarizados y prescindibles.

Fuente e imagen: Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

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