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Verdad y justicia: deuda del Estado Mexicano

Por: Tlachinollan

Un homenaje al escritor del Guerrero profundo,

Octavio Navarrete Gorjón,

quien en la noche de los lagartos

nos narra con crudeza y elocuencia

los estragos de la guerra sucia.

El 16 de septiembre de 1977,

el régimen de Figueroa Figueroa,

lo desapareció y torturó.

No es casual que a cinco días

de que se cumplan 6 años,

de la desaparición de los 43 normalistas,

la exigencia de verdad y justicia,

siga siendo la deuda del Estado Mexicano.

Durante esta semana las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa emprenderán una jornada de lucha muy significativa, en Guerrero y en la ciudad de México. Son días claves para evidenciar que son insuficientes los alcances de la investigación y los resultados de las búsquedas que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para ellos y ellas, es muy relevante el trato y el acercamiento que les ha brindado el presidente. Sienten que es genuino su compromiso y auténtica su postura, de dar con el paradero de sus hijos.

Con esa confianza que se ha ido construyendo en las reuniones de Palacio Nacional, le han manifestado con mucha firmeza que se requiere avanzar en las detenciones de las personas que participaron en la desaparición de los estudiantes. Enfatizado que se ubique a los altos funcionarios, como Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, por atreverse a construir una verdad histórica hechiza, y por ser participe en interrogatorios bajo tortura. Le han expresado que es impostergable desenmarañar el telar de la delincuencia que se urdió con la complicidad de autoridades municipales, funcionarios estatales, corporaciones policiales, tanto municipales como del estado y federales, así como del ejército y la marina. Con la autoridad moral que se han ganado, le han expresado al presidente, que dentro de la misma Fiscalía General de la República, existen funcionarios de la antigua administración que participaron en la construcción de la verdad histórica y son obstáculo para avanzar en las nuevas líneas de investigación. Con las actuaciones recientes de los jueces, que le han puesto precio a la libertad de los jefes de la delincuencia organizada, las madres y padres han emplazado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que proceda con todo el peso de la ley para sancionar a quienes inclinan la balanza de la justicia por intereses particulares. Aún hace falta proporcionar toda la información que se mantiene oculta por parte de algunas instancias del gobierno, como el caso de los vídeos del Palacio de Justicia de Iguala.

A pesar de las buenas señales que se han vislumbrado dentro de Palacio Nacional, las madres y padres están desesperados, porque a cinco días de que se cumplan seis años sin saber el paradero de sus hijos, no hay un cambio sustantivo en el acceso a la verdad ni en la aplicación de la justicia. Hay mucha dilación para ejercer las ordenes de aprehensión. Es muy desesperante y tortuoso, para las mamás y papás escuchar argumentos meramente formales constatar que las autoridades del poder judicial no están resolviendo los casos de fondo, por el contrario, están privilegiando las meras formalidades sobre qué instancia es competente para litigar el caso. Lo que más molesta y lastima es el análisis superficial que realizan algunos jueces sobre las imputaciones que se hacen de los detenidos, procediendo a negar las órdenes de aprehensión.

Además de estás obstrucciones, la muralla del ejército sigue siendo un gran obstáculo para avanzar en las investigaciones. Aún no se ha dado la plena colaboración de los altos mandos del ejército que tienen información privilegiada, por la posición que ocupaban, en la 27/a zona militar de Iguala y 35/a zona militar de Chilpancingo. Las madres y padres durante todo este tiempo han insistido que se investigue a los miembros del ejército que mantenían vínculos con el crimen organizado, y que además, estuvieron monitoreando desde Chilpancingo los movimientos de los estudiantes, confabulándose para sus desapariciones y asesinatos.

Este lunes iniciarán su jornada de lucha en el Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala, para focalizar la irresponsabilidad y complicidad del Poder Judicial, que se han negado sistemáticamente a entregar los vídeos de las cámaras de seguridad. Han trivializado el caso y de manera burda han evadido su responsabilidad, como si se tratara de un caso fortuito sin consecuencias legales. En Guerrero, las autoridades se han acostumbrado a vivir en la impunidad, a no rendir cuentas y, mucho menos, a comprometerse con las víctimas de desaparición de personas. Es hora de que las autoridades tomen en serio el papel que desempeñan y el mandato constitucional que se les confiere, máxime que tienen la alta responsabilidad de administrar la justicia. La presencia de las madres y padres y los estudiantes de Ayotzinapa en el Congreso del Estado, es para recordarles a los diputados y diputadas que tienen un compromiso de contribuir en el caso Ayotzinapa. La Comisión que fue creada para este fin, tiene que citar a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que informe sobre las acciones jurídicas que ha emprendido contra las personas responsables del resguardo de los vídeos extraviados, en el Palacio de Justicia de Iguala. En el estado se ha vuelto costumbre que son los ciudadanos y ciudadanas, las que tienen que presionar a las autoridades para que cumplan con su trabajo, siguen actuando como una élite privilegiada, a la que no tiene la obligación de rendirles cuentas a la población. Su poder es para proteger y defender sus intereses partidistas, no para servir a quienes son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En la ciudad de México, las mamás y papás de los 43 se plantarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Fiscalía General de la República, para evidenciar su falta de compromiso con la verdad y la justicia. Por los obstáculos que existen al interior de las mismas instituciones para mantener intactos los intereses de grupos políticos, que se coludieron con personajes de la delincuencia organizada. Exigirán que no se escuden en las formalidades jurídicas y que realmente jalen parejo como lo está demostrando el ejecutivo federal. En Palacio Nacional no habrá plantón sino una reunión formal con el presidente de la república, para informar de los nuevos avances logrados por parte de la Fiscalía General de la República y de los resultados obtenidos en las recientes búsquedas. La incertidumbre es la que mantiene el corazón estrujado de las madres y padres de los 43 normalistas, porque continúan en la zozobra, aún caminan en la oscuridad y no hay indicios de su paradero.

Así como el libro de La Travesía de las Tortugas, que habla de la vida de los 43 normalistas, antes del 26 de septiembre del 2014, tenemos también la dicha de leer el libro del compañero Octavio Navarrete Gorjón titulado La Noche de los Lagartos, que nos narra la época terrorífica de la guerra sucia en Guerrero. El hilo conductor son las desapariciones políticas que fueron ejecutadas por el ejército y auspiciadas por el ejecutivo federal y el gobernador del estado. El mismo Octavio fue víctima de desaparición forzada el 16 de septiembre de 1977, cuando salió de su casa a tirar la basura. Se lo llevaron en un Mustang rojo. Aun cuando lo inmovilizaron y lo tiraron debajo del asiento, pudo identificar a Meche una amiga de su hermana Hilda. Cuando el carro hizo una parada, logró sobreponerse y gritó “Meche avísale a Hilda que me llevan”. El carro fue ubicado en las oficinas de tránsito municipal de Acapulco. Doña Soledad, madre de Octavio junto con Hilda, acudieron con el ingeniero Manuel Mesa Andraca para que con su intervención pudieran hablar con el gobernador Rubén Figueroa Figueroa. La cita se dio, y el ingeniero se presentó como amigo de la familia y de Octavio, el líder estudiantil de la preparatoria 2 de Acapulco. Le informó de su desaparición y le pidió su intervención para que regresara sano y salvo a su casa. El gobernador tomó el teléfono y con voz de mando dijo “mi mayor, con su vida me responde la presentación del joven Octavio Navarrete”. Después de escuchar a su interlocutor, le enfatizó que tenía que encontrarlo. Al final de la tensa plática, se dirigió a doña Soledad con un gesto adusto “váyase tranquila, que se lo vamos a entregar”. 15 días más tarde la jefa de comunicación del gobierno del estado Bella Hernández, presentaba al gobernador Rubén Figueroa y al dirigente estudiantil Octavio Navarrete. Lo inaudito fue el mensaje nefasto del gobernador “mi gobierno no desaparece estudiantes (…) En Guerrero, no se les persigue”. La cita del gobernador a la mamá de Octavio en la ciudad de México, fue para espetarle “póngale gobierno a este muchacho, ¿Le gustaría que apareciera muerto sobre una cuneta? Dígale que el no hará política en Guerrero, mientras yo gobierne. ¿Quiere encierro, destierro o entierro?”. Octavio se fue del estado, pero siempre su corazón estuvo anclado en  Coyuca de Benítez, siendo testigo de las gestas heroicas de los campesinos y maestros por la verdad y la justicia.

Fuente e magen: Tlachinollan

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OPINIÓN: La lucha campesina contra el emporio minero

Por: Tlachinollan

 

A las 5 de la mañana del 3 de septiembre, más de 700 habitantes de la comunidad de Carrizalillo se apostaron en la entrada de la minera Equinox Gold, actual operadora de la extracción de oro del proyecto Los Filos en el municipio de Eduardo Neri. Por el trato despótico y racista del gerente, quien recurrentemente incumplía con las cláusulas del convenio, los trabajadores decidieron cerrar toda la operación de la mina a cielo abierto y de la mina subterránea.  Esta acción de fuerza nos rememora lo que sucedió el 8 de enero de 2007, cuando los ejidatarios tomaron la decisión de bloquear la mina ante la postura arrogante de los empresarios mineros que se negaban a incrementar el pago de la renta de las tierras ejidales, fijada en mil pesos anuales. La reacción fue virulenta por parte del gobierno de Zeferino Torreblanca quien mandó policías del Estado a desalojar a las familias que se atrevieron a desafiar al emporio minero Gold Corp.

De nueva cuenta se reactivó el conflicto por incumplimiento del convenio firmado el 3 de abril del 2019, ahora por la minera Equinox Gold, que fue suscrito por un periodo de 6 años. Con el aval del gobierno federal, que en estos meses de la pandemia consideró a la actividad minera como esencial, las empresas que trabajan en Guerrero se sintieron cobijadas, y por eso algunas no dejaron de trabajar, como sucedió en el mes de mayo, en la comunidad de Tehuixtla, municipio de Teloloapan, con la minera Capela, donde murieron 2 trabajadores y 3 quedaron heridos.

El 13 de mayo cuando se dio el anuncio de la nueva normalidad, a través del sistema de semáforos, la actividad minera fue considerada como parte de las actividades esenciales. Con este respaldo presidencial la empresa Equinox Gold, desde el 16 de mayo convocó de manera precipitada, a los trabajadores subcontratados provenientes de varios estados del país. Ignoró que en Guerrero la curva de la pandemia iba en pleno ascenso.  La minera movilizó a 500 trabajadores para preparar el inicio de sus actividades. Implementó un protocolo de seguridad sanitaria que no le dio importancia a la instalación de campamentos para el resguardo de los trabajadores que se aplicaron la prueba PCR.

Actuaron de forma displicente y no le dieron importancia al contagio que podría suscitarse dentro de las comunidades rurales. Para la empresa la vida de los campesinos queda supeditada al mega negocio del oro, por eso no se preocuparon en instalar un triage para detectar y atender a la población que presentara algunos síntomas del coronavirus. Fue grande su sorpresa cuando aplicaron 170 pruebas, donde resultaron positivas 42 personas, que al parecer no presentaban síntomas. Los representantes de la minera, en lugar de implementar medidas de confinamiento para los trabajadores positivos los regresaron a sus domicilios, poniendo en riesgo a más personas y a sus familias.

Por su parte las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala se vieron obligadas a tomar sus propias medidas de seguridad para contener el contagio. Instalaron filtros sanitarios y acordaron impedir la entrada a trabajadores de otros lugares. Ante la falta de resultados inmediatos de las pruebas PCR que se aplicaban a la población, la situación se salió de control, porque ninguna persona se aislaba y todos realizaban sus actividades. Las consecuencias han sido fatales ante el incremento del número de contagios que hay en la mina, y en las mismas comunidades. Hace dos meses se registró la muerte por COVID-19 de un trabajador sindicalizado, de 32 años, originario de Carrizalillo, quien padeció las consecuencias del trato discriminatorio y racista que caracteriza al gerente de la minera.

Una de las cláusulas que más se incumplen en el presente convenio está relacionada con la atención médica de los trabajadores. Este servicio se ha dejado de brindar, a pesar de que existe un fondo anual asignado para la compra de medicamentos. El gerente en todo momento regatea la entrega, y lo más truculento, es que triplican el precio de los medicamentos, además de que la entrega se hace con un mes de retraso. Lo contrastante en esta relación, abismalmente inequitativa, es el servicio del agua que los habitantes de Carrizalillo siguen padeciendo desde que la empresa Gold Corp instaló su infraestructura hidráulica para consumir 250 millones de litros de agua al día mezclada con 19 toneladas de cianuro para el lavado del metal. Los habitantes de Carrizalillo, que padecen varias enfermedades a causa de la contaminación ambiental y del agua misma, no cuentan con este líquido de manera suficiente para su uso cotidiano. A pesar de las ganancias millonarias que obtienen con la extracción de mineral, la empresa de manera burda y cínica ha incumplido con el compromiso de trabajar en un nuevo proyecto que restablezca la red de agua potable, y sobre todo que no esté contaminada de arsénico.

La lucha de los ejidatarios de Carrizalillo, además de mejorar los precios en la renta de la tierra; de garantizar la atención médica, y contar con suficiente agua potable en sus viviendas, su pelea con la empresa es asegurar el empleo para la población local. Se firmó una cláusula de que se asignaría un porcentaje 60/40 para contratar a trabajadores de Carrizalillo, y hasta la fecha, el gerente ha argumentado que la empresa tiene otros compromisos y que no es fácil cumplir con este acuerdo. Queda claro que para los emporios mineros la población local es desechable, no forma parte de su proyecto extractivista, sólo requiere su riqueza natural. Esto mismo sucede con la renta de maquinaria y de camiones, que de manera permanente bloquea la contratación de estas unidades que poseen algunas familias de la comunidad, incumpliendo el acuerdo de darle prioridad a los trabajadores locales con el porcentaje de 60/40.

En el convenio hay una cláusula destinada al otorgamiento de becas para estudiantes de nivel medio superior y superior, con el fin expreso de que los jóvenes alcancen un nivel de especialización para desempeñar un trabajo calificado. De igual manera, el gerente general ha dejado sentir su desprecio por este deseo de las familias de que sus hijas e hijos alcancen una formación profesional. Cada mes tienen que acudir a sus oficinas para pedirle que libere los recursos. Se trata de 110 becas con un monto de 2 mil 200 pesos que, en la vía de los hechos, el gerente cree que no se lo merecen por ser hijas e hijos de campesinos.

Ante este trato arrogante y discriminatorio del gerente Juan Carlos Flores, los ejidatarios de Carrizalillo han tomado la decisión de no tenerlo como interlocutor para negociar este convenio. Más bien exigen su despido. Así se lo expresaron en una carta al ingeniero Peter Burger vicepresidente de operaciones en México “es importante que usted sepa que, hasta el día de ayer viernes 4 de septiembre le dimos la oportunidad a la empresa de rectificar su actuación de omisión ante nuestros planteamientos, los cuáles como se lo mencionamos al gerente interino todavía la asamblea nos proporcionó un margen de diálogo para destrabar el conflicto.” Sin embargo, para el día sábado 5 de septiembre, la mesa agraria del ejido de Carrizalillo, le enfatizó al vicepresidente una carta de renuncia del gerente, como requisito para reanudar el diálogo, de lo contrario, quedarían cerradas totalmente las operaciones de la mina Los Filos. De igual manera, concluirían el convenio firmado con la empresa en 2019 por el incumplimiento de varias cláusulas que atentan contra sus derechos como trabajadores y como dueños de las tierras.

La lucha que han emprendido los ejidatarios de Carrizalillo muestra las profundas contradicciones que existen entre los intereses del capital minero y los derechos laborales de los trabajadores. La vocación depredadora de este emporio avasalla, no sólo el entorno natural, sino la vida de sus pobladores, truncando el futuro de las nuevas generaciones. Es abismal la riqueza que han acumulado estas empresas mineras, que, a más de 15 años, han destruido el hábitat; sobreexplotado el agua del Rio Balsas; envenenado los mantos freáticos; desertificado las tierras de esta cuenca; cancelado la vida campesina; desplazado de manera forzada a familias; propiciando la violencia intracomunitaria y generando pactos con el crimen organizado, que se han erigido como guardianes de la mina.

La depredación y el atraso social es como el fierro quemador que destruye el tejido comunitario y deja en condiciones de extrema vulnerabilidad a sus pobladores, que han cimentado su vida en la agricultura. El malestar de los campesinos se empieza a extender en las comunidades vecinas, ante el atraco de la empresa minera que se siente respaldada y protegida por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y por la misma Guardia Nacional que subió para atemorizar a los ejidatarios y criminalizar su protesta. La minería a cielo abierto forma parte de los santuarios del capitalismo salvaje, que tiene como sus protectores a los gobiernos en turno, dejando a su suerte a las comunidades campesinas, que siempre han estado asediadas por los dragones del capital.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-la-lucha-campesina-contra-el-emporio-minero/

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OPINIÓN: Voces de dolor, gritos de esperanza

Por: Tlachinollan

 

Para el maestro Arcángel Ramírez Perulero:

Demostraste en todo momento tu compromiso para representar los intereses legítimos del magisterio democrático. Mostrarte ese temple para mantener tus posturas independientes frente al poder. Abrazaste las causas que enarbolan los movimientos sociales en Guerrero. Siempre cercano a los 43 y dando la batalla para que la educación en Guerrero llegue a los lugares más recónditos del estado. Tu legado forma parte de las enseñanzas que ha dado la CETEG para hacer de la educación el motor de la transformación social.

 

Para las autoridades de México el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas sigue sin representar un día especial para reconocer a las familias que han entregado su vida para que haya justicia en México. Según las últimas cifras señaladas por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se tiene el registro de 73 mil 218 personas desaparecidas y de 3 mil 978 fosas clandestinas en donde han sido exhumados 6 mil 625 cuerpos, en un conteo que abarca desde el 2006 hasta julio de 2020. En Guerrero los casos de desaparición forzada nos remiten a la época sombría de la Guerra Sucia donde cientos de personas siguen desaparecidas, sin que las autoridades se hayan comprometido con esta causa, por el contrario, siguen siendo cómplices de los perpetradores.

Esas voces de dolor son los gritos de esperanza de un México adolorido. Este domingo fuimos testigos de las protestas y acciones de reivindicación por parte de madres, hermanas e hijas que desde diferente lugares y trincheras hicieron pública una realidad que nos lacera. Atoyac de Álvarez se ha transformado en el lugar emblemático de la rebeldía y la dignidad. Vimos a través de las redes sociales esa fuerza y ese gran amor de madres y abuelas que mostraban con orgullo y rabia las fotografías de sus seres queridos. Como hace más de 40 años los siguen nombrando. Su recuerdo sigue estando presente en sus vidas sin dejarse vencer por el olvido. A pesar de los años y de las edades el reclamo retumba en el país que desenmascara las tropelías de los gobiernos que violentan los derechos humanos. La figura señera de Tita Radilla siempre será un referente para la lucha nacional de las personas desaparecidas. Su tenacidad y perseverancia le ha permitido demostrar que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de su padre Rosendo Radilla. Su testimonio nos inspira e ilumina el camino de las mujeres y hombres que avanzamos para que se acabe esta forma de gobernar dándole la espalda a las víctimas, quienes son el verdadero motor de la transformación social.

Este mismo domingo por la tarde escuchamos también por redes sociales los testimonios de familiares de personas desaparecidas en la región de la montaña, que, desde el mes de octubre del año pasado, con la desaparición del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, se unieron a la lucha para exigir su presentación y se atrincheraron en el Colectivo Luciérnaga. Es muy ilustrativo el siguiente testimonio “soy una persona que está con la esperanza que un día aparezca mi esposo. Él desapareció el 7 de enero de 2019. Había mucha gente que se dio cuenta de lo que pasó. En esos días nadie decía nada. Todo empezó a salir poco después, pero en un principio nadie te dice nada por miedo. En mi caso sí lo busqué como tres meses con ayuda de amigos y familiares, pero no encontramos nada, después vine a Tlachinollan, en ese entonces todavía había miedo. Por eso en las búsquedas no decíamos que íbamos a buscar una persona, más bien que íbamos a ver unos terrenos para comprar. Inventábamos cualquier cosa.

A Arnulfo lo encontraron, pero la frustración de nosotras es que no buscaron a nuestro familiar como debería de ser. Ese es mi reclamo a la autoridad, porque vas al ministerio público, pero te ven como bicho raro, como diciendo qué haces acá. Yo muchas veces llegaba a pedir que me atendieran. Tengo un indicio de mi compañero, pero es la fecha que no me lo han podido entregar por varias cuestiones que ellos dicen que es difícil la identificación. Siento que está ahí. Tengo la esperanza de que está en un lugar donde fueron encontradas varias personas. Una persona me dijo que tratara de ver la ropa. Con sólo ir allá donde están todos los restos, al SEMEFO, ya es un avance. Para entrar es muy difícil y más para exigir y querer ver la ropa para que te la muestren. Te piden un oficio del MP, yo lo hice y lo volví a llevar, pero me decían que el papel estaba mal redactado y tenía que regresar otra vez. Es una desesperación horrible. Fue hasta la tercera ocasión que me dejaron ver la ropa. Vi unas prendas de mi esposo, pero hasta ahora estamos esperando y no hay respuesta. Es muy lamentable. En mi caso estoy desgastada económicamente, ahora tuve que ponerme a trabajar. Siempre he trabajado, pero de forma independiente. Yo manejaba mis horarios; sin embargo, en el trabajo que hoy tengo no puedo salir a la hora que sea. Ya se lo dejé todo en manos de Dios y me incorporé a este Colectivo porque para mí si hay una esperanza. Para mí hay la posibilidad de encontrarlo vivo o muerto. Más que nada por una niña que tengo. Por ella lucho y me conformo con solo llevarla y decirle: hija aquí está tu papá. Gracias a Tlachinollan, ha venido la Comisión Nacional de Búsqueda y con ellos hemos encontrado a otras personas. A lo mejor de que nunca he formado parte de un colectivo no sé cómo se hacen las cosas; sin embargo, aquí las compañeras me alientan para seguir adelante. Vivimos con la esperanza de que va a aparecer nuestro familiar vivo o muerto.”

En medio de esta grave crisis de derechos humanos donde las desapariciones de personas continúan consumándose, las autoridades federales tienen el enorme desafío de parar esta escalada de violencia y de contener esta embestida delincuencial, donde las mismas fuerzas del Estado forman parte del problema. Hace unos días fuimos testigos de un video que revela la ejecución extrajudicial de un civil a manos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el video se ve una persecución a una camioneta presuntamente del crimen organizado, emboscada por varios vehículos militares que no dejan de disparar a mansalva. Al encontrarse ya detenido el vehículo se puede ver a un civil -que al parecer se trataba de una víctima de secuestro- levantar su mano demostrando que está vivo y se oyen varios gritos diciendo “está vivo, está vivo”. En ese mismo momento, se escucha claramente como un miembro de las fuerzas armadas ordena que se le asesine diciendo “Mátalo, mátalo a la verga” y se logra ver como disparan al civil, quien queda inmóvil instantáneamente.

Estos cruentos hechos nos recuerdan casos como los de Tlatlaya, el Charco y la ejecución arbitraria del joven Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar, así como otros casos donde impera la impunidad militar. Reafirman la fallida estrategia de militarización de la seguridad pública, ante la falta de controles efectivos para las fuerzas armadas y nos dejan pendiente, la necesidad de poner límites al ejército mexicano. Si bien reconocemos que la presencia del crimen organizado es uno de los principales retos que atender en México y que son los principales responsables de las aterradoras cifras de muertes y desapariciones, reiteramos que la estrategia de seguridad nunca debe ir en detrimento del respeto a los derechos humanos.

Durante años hemos podido ser testigos de la actuación desmedida del ejército que, ante la falta de controles civiles y delimitación clara de sus facultades, se han convertido en uno de los principales responsables de las graves violaciones a derechos humanos, especialmente, en estados como Guerrero donde su presencia es latente. Esta semana se cumplen 10 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció a México por la tortura sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a manos de ejército mexicano en el 2002. En dichos fallos, el tribunal interamericano determinó que ambas mujeres habían sido objeto de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano y de autoridades estatales y federales en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó “violencia institucional castrense”.

A una década de estas paradigmáticas sentencias que han marcado un precedente para toda América Latina, sigue pendiente el cumplimiento de varios puntos fundamentales para el acceso a la justicia de las sobrevivientes, como las investigaciones y sanciones de todos los responsables. El 1° junio de 2018, la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia en contra de dos elementos del ejército mexicano para el caso de Valentina Rosendo Cantú, donde los sentencia a 19 años de prisión. Este fallo es histórico porque es la primera resolución que cumple con el mandato del tribunal interamericano y se reconoce la tortura sexual. Sin embargo, esta sentencia aún no es firme, fue apelada por la defensa de los elementos militares y actualmente se encuentra pendiente un amparo, por lo que aún podría revertirse. Un hecho que sería imperdonable.

Para el caso de Inés Fernández Ortega, aún no se ha logrado una sentencia contra los elementos del ejército mexicano responsables de los hechos. El proceso se ha visto retrasado ante varios recursos interpuestos por su defensa. Incluso uno de los probables responsables fue asesinado en una cárcel militar, sin que hasta el momento se haya podido determinar fehacientemente que su muerte no está relacionada con el proceso de justicia de Inés Fernández. Por otra parte, la investigación en contra de los ministerios públicos y personal médico que se negaron a brindar la atención a Inés y Valentina en 2002 ha estado durante años parada y sin avances sustanciales para la determinación formal de las responsabilidades penales en su contra.

En un contexto como el que vive la entidad es urgente que las autoridades mexicanas cumplan con estas sentencias, que buscan poner fin a más casos como los de Inés y Valentina, así como hechos ocurridos en Tamaulipas. Cabe recordar que el Tribunal interamericano señaló la necesidad de adecuar la legislación mexicana a los tratados internacionales y limitar la actuación de ejército. A una década más de la impunidad militar y ante el décimo aniversario de estas sentencias paradigmáticas, emplazamos a las autoridades federales a que den cumplimiento cabal a las sentencias que siguen incumplidas.

En este marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, esperamos que muy pronto el Senado discuta sobre la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED); pero también esperamos que las autoridades mexicanas reconsideren las actuaciones violentas del ejército en las calles y limite su actuación a controles civiles.

Las voces de dolor protagonizadas por los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos; su lucha imbatible; su autoridad moral y su testimonio de vida, son el legado intangible que han forjado con lágrimas y sangre, miles de mujeres de a pie que nos han enseñado cómo se lucha y cómo es el verdadero compromiso de quienes buscan la justicia y la paz en este México adolorido. Ellas son el grito de esperanza.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-voces-de-dolor-gritos-de-esperanza/

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Entre gritos y esperanzas

Por: Tlachinollan

 

“El tiempo ha transcurrido sin saber nada de nuestros hijos. El dolor y la herida sigue marcando nuestras vidas porque nos siguen faltando 43. Estamos preocupados con la noticia de que un juez concede un amparo a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles, y puedan salir impunes por el caso de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Estamos seguros que nuevamente la corrupción que prevalece en el poder judicial queda de manifiesto y demostrado que los jueces reciben sobornos, como cuando se liberó al Mochomo, a pocas horas de su captura”, comentó en el mitin en el antimonumento +43 don Bernabé Abraham, padre de Adán Abraham de la Cruz, joven desaparecido el 26 de septiembre del 2014.

A 71 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas, las madres y padres de familia no dejan de alzar la voz. “Le decimos a México y al mundo que en un inicio el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso callarnos con dinero, pero aquí seguimos buscando a nuestros hijos porque no hay verdad ni justicia”.

Las madres y padres de familia dijeron que las investigaciones se siguen realizando, hay nuevos hallazgos y un nuevo camino hacia la verdad científica. “A un mes de cumplir seis años de este crimen de Estado queremos decirle al mundo que no hay poder humano que nos detenga hasta llegar a la verdad y pueda haber justicia, porque no puede quedar en la impunidad y menos en el olvido”.

“Los policías municipales, policía federal, ministeriales y elementos del ejército han sido señalados que participaron y estuvieron presentes en los diferentes ataques que sufrieron nuestros hijos”. No hubiéramos conocido verdad alguna sin el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), señalaron las madres y los padres.

Doña Hilda Legideño, en su intervención, habló de la disposición que tiene el gobierno actual para seguir investigando y buscando a los jóvenes, pero se requiere del respaldo de todos los mexicanos que han acompañado y siguen para encontrar a nuestros hijos. Es muy importante que los culpables sean castigados para que no se siga cometiendo hechos como en Iguala. “Mientras nuestro grito siga existiendo la esperanza seguirá ardiendo como una luz en los caminos para encontrar a nuestros hijos”.

Por su parte, representaciones de las normales rurales sintetizaron su exigencia por la aparición con vida de sus 43 compañeros, primero, con la solidaridad incondicional hacia los padres para seguir luchando y, segundo, que sus compañeros en estos tiempos “deberían estar impartiendo clases si no fueran desaparecidos por el gobierno. El gobierno nos ha matado a nuestros compañeros y nos quitó a 43 camaradas. Exigimos justicia. Nosotros como normalistas no nos vamos a rendir hasta saber la verdad”.

“Las madres y padres estamos seguros que la justicia va a llegar, porque los que saben de los hechos tienen que hablar para poder saber el paradero de nuestros hijos. No vamos a parar hasta llegar a la verdad y se pueda hacer justicia. Reiteramos nuestra exigencia a las autoridades que encarcelen a las autoridades y/o personas que participaron en la desaparición de los 43 normalistas, sólo así se revelará la verdad”.

Fuente: Tlachinollan

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¿Educación virtual o la enseñanza de la desigualdad social?

Por: Tlachinollan


Para el defensor comunitario Gaudencio Mejía:

En la Montaña,

en la década de los 90, fuiste de los jóvenes rebeldes

que asumieron su indianidad con gran orgullo.

Nunca te arredraste ni retrocediste,

ante el desprecio y a la humillación de los caciques y políticos pendenciaron.

Siempre luchaste contra el racismo y la discriminación.

Tu retorno a la Montaña estuvo marcado

por tu lucha para romper las cadenas del oprobio

y desmontar el andamiaje delincuencial,

anclado en la burocracia gubernamental.

Abriste las puertas de la Voz de la Montaña

para ceder sus micrófonos

a quienes luchan por la justicia.

Tu despedida fue premonitoria, como los sabios y sabias de la Montaña: te quedas en el corazón de nuestras luchas.

El pasado domingo 23 de agosto, al filo del mediodía, 10 niñas y dos niños del segundo grado de la escuela Telesecundaria “Genaro Vázquez Roja”, se encontraban reunidos bajo un cobertizo, a un costado de la comisaría de Xochitepec, municipio de Acatepec. La escena era impactante, porque no había ningún docente o padre de familia que estuviera coordinando la reunión. Por iniciativa propia quedaron de verse para acordar cómo van a trabajar en este nuevo ciclo escolar, que inicia con un nuevo modelo de la educación virtual. Era increíble ver su capacidad de adaptación en un lugar incómodo para revisar la guía de trabajo que su maestra recién había entregado al comité de padres y madres de familia. Las niñas comentaban, en Me’phaa, la forma cómo trabajarían. Se integrarían por pequeños equipos para hacer los ejercicios que vienen en la guía. Quedaba descartada la posibilidad de recibir las clases por internet o por televisión, porque con el cierre de la escuela no hay manera de acceder a una computadora.

Fue muy grato constatar cómo los niños y niñas de una comunidad recóndita de la Montaña, se reúnen para planear sus actividades en la víspera del nuevo ciclo escolar. Ante la falta de un espacio idóneo para su reunión, se sentaron sobre unas tablas y bancas de madera, para preparar su primera sesión académica.

A la intemperie la mayoría de niñas y niños de la Montaña inaugurarán el nuevo ciclo escolar:  sin luz en sus casas, trabajando en el surco, enfrentando la escasez del maíz y padeciendo los estragos la nueva enfermedad del Covid-19. Se las ingeniarán para darse el tiempo con sus compañeros y compañeras, con el apoyo de un padre o madre de familia, para contestar la guía. Ante la lluvia pertinaz, los pisos de tierra, la oscuridad de las viviendas y el viento que se cuela por los techos de lámina, las niñas y los niños difícilmente podrán ejercitar la lectura y la escritura, cuando sus padres se encuentran en la parcela. Esta brecha de la desigualdad social se profundizará más con la nueva normalidad impuesta por las autoridades educativas a causa de la pandemia.

En estas circunstancias los funcionarios de la Secretaría de Educación descargan su responsabilidad en las madres y padres de familia y en los mismos niños y niñas. Con este abismo tecnológico, es inconcebible revertir el rezago educativo sin generar condiciones materiales para que las comunidades rurales estén en posibilidades de trabajar académicamente en esta modalidad de la educación virtual.

Son muy reveladores los testimonios de las maestras y maestros de educación indígena ante una realidad que los avasalla. Para la maestra Diana de la comunidad Na Savi de Arroyo Prieto, municipio de Cochoapa el Grande, la educación dentro del aula, antes de que llegara la pandemia, de por sí era muy deficiente por el rezago social en que se encuentran los niños. Lo normal es que no van seguido a la escuela.  Tampoco cumplen con las tareas o no hay materiales para trabajar. Como maestras nos la ingeniamos pedagógicamente, para que las niñas y niños capten los contenidos. Es muy difícil cumplir con las metas que nos marcan los programas educativos.

La pandemia nos puso en un dilema: de trabajar en la comunidad o enseñar a la distancia. Lo que nos preocupa es que ya arrastramos problemas con la enseñanza de los niños, porque las madres y padres de familia no pueden apoyarnos para que sus hijos realicen sus tareas. El analfabetismo intergeneracional es un gran obstáculo para avanzar, porque se requiere un trabajo más intenso con las madres y padres para generar una comunidad de aprendizaje. La situación del campo es más crítica, por eso los jefes y jefas de familia han optado por dejar su comunidad, para irse a trabajar como jornaleros agrícolas. Se van con todos sus hijos e hijas, porque lo primero es el ingreso económico para alimentarse y lo segundo es juntar dinero para curarse, dejando en último lugar el estudio para sus hijos. Ya no hay forma de trabajar con ellos, a causa de la migración temporal. Por eso no sabemos que vamos hacer, porque no sólo está cerrada la escuela sino también las casas de las niñas y niños que se han ido a los campos agrícolas del norte del país.

Para el maestro Pragedis, quien se siente orgulloso de saber escribir en Náhuatl, manifiesta que se siente preocupado en este inicio de clases por la situación que se vive en la Montaña. Uno no tiene los medios para trabajar a distancia, como lo plantea la Secretaria de Educación Pública. Tal vez desde un enfoque que ellos ven desde la ciudad, donde los niños tienen televisión, tienen laptop, tienen internet, Tablet, en las que ellos se pueden apoyar. Pero desafortunadamente en nuestra Montaña, la mayoría de las comunidades enfrentamos situaciones muy difíciles. Yo soy maestro multigrado, atiendo a alumnos de primero a sexto grado. Tengo que trabajar con ellos y lo que hago es llevarme sus trabajos. Les explico a mis alumnos y los padres de familia para que puedan hacer estos trabajos. Pero como usted comprenderá esto es muy complicado, porque de manera presencial de por sí se dificulta la atención de los niños, ahora a distancia con trece padres de familia es muy difícil avanzar, porque no todos saben leer y tampoco tienen el mismo interés de apoyar. También tengo niños y niñas que viven con su abuelitos y abuelitas y con ellos no cuento, porque no me pueden ayudar.

La mayoría de los padres de familia se dedican al campo.  La única fuente de ingreso es cortar leña y migrar a otros estados.  A veces ni me avisan cuando se van a trabajar por varios meses, simplemente sus niños y niñas dejan de asistir a la escuela. No me queda de otra que trabajar con los pocos niños que se quedan y me siento mal de reprobar a las hijas e hijos de los jornaleros, porque es condenarlos a vivir en analfabetismo.

Mi forma de trabajar, desde que empezó la pandemia, es ir a dejar los trabajos a la comunidad. Les explico a los niños y niñas lo que van a hacer. En una semana voy dos veces: los lunes llevo los trabajos y los viernes los recojo.  De esa manera los he estado atendiendo, aunque no estoy obedeciendo al cien por ciento las órdenes de mi supervisor. Porque nos dijo que llamemos al comité para que venga a Tlapa por los trabajos. No lo veo bien porque es una hora y media en camioneta y tienen que gastar para el pasaje, además hay un tramo que se camina. Por eso prefiero ir, aunque salga caro y tenga que levantarme muy temprano.

Antes de la pandemia mi vida era así: me iba el lunes a la comunidad. Llegando empiezo a trabajar con ellos hasta las 2 de la tarde. Los señores y las señoras no están en sus casas. Regresan muy tarde del campo. Mientras las niñas y los niños se van a echar un baño. Luego regresan y les pongo actividades de lectura. Trabajo con niños con rezago. Como soy maestro unitario, trabajo solo.  Hay días que me llama el supervisor porque necesita la documentación y dejo abandonados los niños. Por eso trato de trabajar en la mañana y en la tarde cuando estoy en la comunidad para no desatenderlos y ayudar más a los de lento aprendizaje.

Como docente siento tristeza por no poder atender a mis niños y niñas. Desde el mes de marzo dejamos de ir a la escuela. No los abandoné totalmente porque iba dos veces a la semana. Avancé con mi programa de trabajo, pero no logré los aprendizajes esperados. Ahora con el nuevo ciclo escolar va ser más difícil porque no vamos a saber medir lo que aprendieron. ¡Imagínese si les aplicamos un examen! Ellos no pueden ver los contenidos de las clases por la televisión. De los 13 padres de familia, si acaso uno tendrá televisión, pero no tiene esos canales donde van a pasar las clases virtuales, ¿cómo van a pagar el sky? Allá no llega la señal. ¿Cómo voy a evaluar a mis niños? Los he atendido poco, de hecho, los conozco, puedo decir a este niño le pongo un 9, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es medir qué tanto ha aprendido.

Para el maestro Silvano de Yerba Santa, municipio de Acatepec, es muy difícil explicarles a las madres y padres de familia lo que va a pasar en este ciclo escolar. En primer lugar, porque suspendimos labores el 21 de marzo sin poder avisarle a la comunidad. No hubo un acuerdo con ellos, solamente les dijimos que hasta nuevo aviso regresaríamos y les diríamos cómo íbamos a trabajar a distancia. Pero ya no se pudo porque la escuela no cuenta con internet. Hay una sola computadora que sólo usa el director. Se la lleva a casa y aparte no sirve porque tiene virus y no se ocupa. El internet solamente lo tiene un señor de la comunidad que vende fichas, pero salen arriba de 35 pesos por 24 horas. La señal ahí no es tan buena que digamos porque está bien lento el internet. A veces hay, a veces no hay. A veces se va hasta por dos días.

Cuando estuve en la comunidad Cerro Ocotal, fue muy complicado, porque yo no hablo Me’phaa. Era una escuela multigrado y los niños estaban prácticamente abandonados. La escuela no es como la imaginamos o como la vemos en la televisión. Ahí la escuela es una casa de adobe con una división de dos cuartitos, una para la dirección y otra para las clases, de 3×2 m y unas mesitas. Ahí las señoras y señores no saben leer, no saben contestar llamadas por whatsapp cuando hay internet.

Mañana tenemos una reunión en la comunidad y al parecer nos van a instruir o vamos a platicar con los compañeros docentes cómo se va a trabajar. De antemano tenemos previsto que no se podrá llevar la enseñanza por la televisión, por eso estamos planeando hacer unas guías para llevarlas cada 15 días a las niñas y los niños. Se las dejaremos a las madres y padres de familia con el compromiso de que las entreguen a sus hijos y revisar sus trabajos a las dos semanas que regresemos. Aun así, vemos que no hay condiciones porque son como cinco horas de camino en pasajera y la distancia es un problema porque con las lluvias no están fácil llegar. Vamos a ir a la comunidad para decirles que no podemos iniciar clases dentro de la escuela. No sabemos cuál será la respuesta, porque algunos padres de familia ya nos advirtieron “profe, ahora si tiene que venir a atender a nuestros niños. Lo de la pandemia ya pasó, además aquí no hay contagios. Nosotros nacimos para morir”. Lo más probable es que varias mamas y papás nos digan que les demos clases a sus hijos porque para ellos las clases por televisión no son clases, son para entretener a los niños o para ver películas. También vemos muy complicado que los papás quieran trabajar con las guías y ayudarles a sus hijos a hacer la tarea. La educación virtual en la Montaña se corre el riesgo de seguir zanjando la desigualdad social y remarcando la discriminación a la niñez indígena. La nueva normalidad tiene que salvaguardar los derechos de la población más vulnerable que se encuentra cercada por el hambre, el coronavirus y el analfabetismo.

Publicado originalmente en Tlachinollan

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Morir de Covid-19 en los pueblos indígenas de México y no contar ni en las estadísticas

Por: Tlachinollan

Nadie tiene un conteo de los contagios y muertes por Covid en las comunidades de la Montaña. El gobierno estatal se basa en el registro que llevan los hospitales para dar las “cifras oficiales”. En las comunidades indígenas las personas pueden morir de Covid-19 y no ser parte de la estadística, los decesos que deja la pandemia no existe forma de saber si son por coronavirus, ni siquiera hay pruebas para el diagnóstico.

Desde que empezó la pandemia en el país, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado un alza en la población que viaja a los campos agrícolas en autobuses en mal estado, sin seguro de viajero y llevando a los niños en los pasillos o en las piernas la mayoría de veces.

“Tan solo del mes de abril a julio se tiene el registro de 4 mil 800 personas que migraron, un 150% más que el año pasado. En las comunidades los precios de los productos han subido, no hay empleo y prefieren arriesgarse e irse a trabajar que morir de hambre en su comunidad”, dice el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernandez.

Gerardo tiene 21 años, es Na savi (gente de la lluvia), de la colonia de Rancho de los Hilarios, anexo de Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, enclavada en la región de la Montaña del estado de Guerrero. Estudió hasta el 4to. año de primaria y él, como la mayoría de las y los habitantes de su comunidad, no tienen otra opción más que migrar a los campos agrícolas del norte del país.

A la edad de 10 años empezó a ir con  su papá a los campos, como a los 16 años inició su trabajo. “De niño no hay nada que hacer, nada más jugar con los otros niños. En los campos empezamos a sembrar chiles y cuando están buenos los cortamos. Aquí en la comunidad se siembra maíz, calabaza, frijol, no hay otra cosa que funcione porque es cerro, aquí pura milpa”.

Victoria es la esposa de Gerardo. Tiene 16 años, es de la comunidad de Calpanapa y solo habla Tuú Savi. Se juntó cuando tenía 15 años. Se le ve un silencio profundo en el rostro.

“Cuando nació pensé que iba a crecer, que iba a salir bien todo, pero a los tres o cuatro días empezó a estar mal y comencé a preocuparme. Nació el 8 de mayo de este año, en Rancho de los Hilarios, ahí estuvimos como un mes y luego nos fuimos a trabajar”, cuenta Gerardo.

“La niña cuando nació no podía respirar ni alimentarse bien, estuvo así como un mes y  días.  Llegamos allá a inicios de junio y al primer hospital que la llevamos, ya llegó mal, no podía respirar y la entubaron, después la mandaron al Centenario Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes, ahí estuvo como dos meses y me dijeron que su corazón ya no aguantaba.

“Yo pensé que tenía mucha flema o algo así, pero no, era otra cosa. A lo mejor así nació. Lo primero que me dijeron en el hospital es que era covid-19, pero luego dijeron que no y que su garganta era pequeña y que al respirar se tapaba; no podía comer leche y la operaron para meter una sonda, eso fue un viernes. El miércoles falleció. De ahí venimos para acá”.

Acompañados por sus padres y en medio de la lluvia, tuvieron que dar sepultura a su hija como a media noche porque no hubo rezos, ni el sacerdote ni el rezandero quisieron acudir porque la niña no fue bautizada.

Gerardo y Victoria sólo regresaron a la Montaña para enterrar a su pequeña hija, la trasladaron en una carroza desde Aguascalientes, les cobró 23 mil pesos, de los cuales deben más de la mitad, por ello regresarán en unos días a esos mismos campos para volver a trabajar y pagar su deuda.

“Podemos tardar un poco para regresar porque tengo que hacer unas cartas, así me dijo la funeraria, que tengo que ir y llevar un papel, pero no sé qué, no me acuerdo para qué me dijo que era ese papel, pero tenemos que entregarlo para que salga bien, para que me den un acta de nacimiento, algo así. Me siento mal, no puedo ni pensar en nada. No estaba registrada, pero se llama Alexa Fernanda”.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/reportaje-morir-de-covid-19-en-los-pueblos-indigenas-de-mexico-y-no-contar-ni-en-las-estadisticas/

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OPINIÓN: El malestar de la sociedad

Por: Tlachinollan

 

El vuelco de la población hacia la figura presidencial, encarnada en Andrés Manuel López Obrador, nos muestra el malestar de los ciudadanos y ciudadanas que no se sienten representados ni atendidos por las autoridades locales y expresa aún la esperanza que tiene la gente en el ejecutivo federal, para que pueda atender y resolver sus demandas. Existe un gran abismo entre las necesidades más urgentes que tiene la población con las acciones del gobierno local, que son distantes y ajenas a la realidad cotidiana. Se percibe un sentimiento de orfandad y pesadumbre en vastos sectores de la sociedad. No hay canales de interlocución que ayuden a desactivar los conflictos que se agudizan por la desatención y la falta de respuestas inmediatas y efectivas.

Hay una emergencia causada por la pandemia que obliga a las autoridades a cambiar el modo de relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas. En lugar de guardar la distancia con la gente se tienen que abrir espacios para procesar sus demandas y mostrar un compromiso con ellas y ellos. El caso de Acapulco, es un claro ejemplo de este distanciamiento entre sociedad y gobierno municipal, que ha ocasionado un desbordamiento de la demanda social, ante la ausencia de la autoridad o su negativa para ayudar a encontrar salidas a la compleja problemática que plantean multiplicidad de actores sociales.

Desde que inició la estrategia del gobierno federal para hacer frente al potencial pandémico del covid – 19, los gobiernos estatal y municipal quedaron supeditados a los informes y directrices emanadas del centro. La responsabilidad recayó en las autoridades de salud para enfrentar la crisis sanitaria, lo que propició que en las diferentes entidades y regiones del país las recomendaciones perdieran fuerza y se diluyera la corresponsabilidad de los otros niveles de gobierno, para actuar como agentes preventivos y de vigilancia entre la población. Se acató a pie juntillas la sana distancia, que en la practica se tradujo en el cierre de todas las oficinas de gobierno y la consecuente desatención de las personas. Se dejó a la deriva a las familias que empezaron a padecer los estragos del contagio y el fallecimiento de alguno de sus seres queridos. No se trabajó en una estrategia masiva de prevención que estimulara a la población a mantenerse en su domicilio.

Las directrices trazadas por el subsecretario de salud, el doctor Hugo López – Gatell, se tradujeron en mensajes ambiguos que han generado desconcierto en la sociedad. El caso más polémico ha sido el uso del cubrebocas, que ante la postura oficial de que no es la panacea para solucionar el problema del contagio y el hecho mismo de que el subsecretario ni el presidente de la república lo usen, ha propiciado que se dispersen las acciones orientadas a disminuir esta trasmisión del virus. La negativa a realizar pruebas masivas de PCR para diagnosticar el número de personas contagiadas por covid – 19, impide que se obligue a que se aíslen con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Las consecuencias han sido fatales para nuestro estado porque en realidad no sabemos el número de personas contagiadas y solo se toma como indicador el número de camas ocupadas por pacientes de covid – 19, con la férrea intención de pasar del semáforo rojo al amarillo. Lo contrastante es que las autoridades informan de que hay más del 50% de disponibilidad de camas covid, sin embargo, los contagios siguen al alza y también el número de personas fallecidas que no están llegando a los hospitales, por el fundado temor de que ahí salen muertos.

Lo que constatamos este viernes 14 con la visita de presidente Andrés Manuel López Obrador al Puerto de Acapulco, es un preludio de los escenarios que están por venir en nuestro país. La pandemia ha colocado en el límite de la sobrevivencia a la población mayoritariamente pobre de México. La situación de Guerrero es preocupante porque el municipio de Acapulco es el centro neurálgico de la vida económica en la entidad, que enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes. Los contagios por covid – 19 aumentan, sin que las autoridades municipales y de salud implementen acciones coordinadas que contengan su propagación. Esta amenaza creciente se complejiza con la debacle de la actividad turística que ha colocado en una situación limite a miles de familias que luchan por la sobrevivencia. El gobierno municipal esta desbordado y no hay forma de recomponer una situación que se ha venido arrastrando a lo largo de los años, por el vaciamiento de los recursos públicos, la desatención a la población y el imperio de la corrupción. El gran desafío es rencausar el malestar ciudadano y asumir sus demandas para conjuntar esfuerzos que trasciendan ante el gobierno federal.

Las protestas han empezado a tomar las calles y los actores que aparecen se han diversificado, sin embargo, a todos los une la lucha por la sobrevivencia: la pérdida masiva de empleos, la precariedad de los salarios, la inseguridad laboral y los insuficientes recursos financieros que se han dispersado a través de las diferentes dependencias del gobierno federal, son los signos ominosos de una crisis más profunda que está a punto de tocar fondo. La población que vive en el campo resiste con mayor crudeza los embates de esta pandemia que esta cobrando muchas muertes al interior de las comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas. En esos lugares no hay como ponerse a salvo ante el contagio porque no hay médicos ni medicinas y los centros hospitalarios están a varias horas de distancia que impide el traslado de los pacientes. Los enfermos por covid – 19 no están en los hospitales porque ahí no puede ni quiere llegar la gente. Prefieren mejor quedarse en casa y hacer frente al coronavirus con remedios caseros y con la compañía de sus familiares. Desde sus hogares resisten y enfrentan con crudeza el riesgo de la muerte.

Un gran número de familias pobres ha dejado de sembrar sus parcelas ante la imposibilidad de comprar insumos para la siembra de maíz. Los recursos que obtenían a través de las remesas que enviaban sus hijos o hijas han mermado y, en muchos casos, ya no les llegará porque sus seres queridos murieron por el covid – 19. Los subsidios gubernamentales no representan un apoyo significativo para mantener a la familia dentro de la comunidad donde no existen trabajos remunerados. Desde el mes de febrero se incrementó el número de jefes y jefas de familia que optaron por dejar la parcela, cerrar sus casas y salir con sus costales de ropa para trabajar como jornaleras y jornaleros agrícolas. En estos seis meses el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña ha registrado 7 mil 116 personas que han salido del estado para trasladarse a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. El número de niños y de niñas es muy representativo: se han registrado 501 bebés de 0 a 2 años; 534 de a 3 a 5 años; mil 264 de 6 a 12 años y 988 de 13 a 17 años. Toda esta población se quedará sin posibilidad de acceder a la educación básica, menos en estas condiciones donde los estudiantes tienen que estar frente a un aparato de televisión. Las niñas y los niños jornaleros regularmente acompañan a sus papás y mamás en los campos donde trabajan. La mayoría de la población jornalera pertenecer al municipio de Cochoapa el Grande, que en su totalidad forman parte del pueblo Na’Savi, contando con un registró de 2 mil 17 personas que han salido en este periodo. Lo secunda el municipio de Tlapa como mil 347; Metlatónoc con 712; Alcozauca 268 y Copanatoyac 221. Se trata de la región mixteca que enfrenta graves problemas de violencia y una desatención sistemática de las autoridades municipales, que brillan por su ausencia en las comunidades donde más se requiere su presencia y apoyo.

Ante el riesgo de que los ánimos de esta población empobrecida se desborden y se acelere la desesperación de la gente, que ha puesto sus esperanzas en el presidente de la república, el desencanto por la 4T puede causar un mayor enojo y malestar de la sociedad. La descoordinación de las instituciones de gobierno tanto en sus programas como en el abordaje de los problemas sociales y económicos que se viven en la entidad, ha dispersado esfuerzos y desgastado recursos. La falta de articulación entre los tres niveles de gobierno ha pulverizado los presupuestos públicos que no se han materializado en acciones efectivas que fortalezcan las iniciativas locales para mejorar sus condiciones de vida.

La nueva normalidad nos está mostrando el semáforo rojo que enfrentamos por la violencia, la inseguridad, el incremento de los contagios y las muertes por covid – 19, el desempleo masivo, la migración interna, los feminicidios y la alta conflictividad agraria que enfrentan las comunidades rurales del estado.

Los gritos y las protestas de prestadores de servicios turísticos, ambulantes, comerciantes, médicos, enfermeras, universitarios y jóvenes estudiantes en el marco de la visita del presidente de la república, es el termómetro que marca el clima social que vivimos en Guerrero, donde la población no tiene otra alternativa que hacer público su malestar para exigir atención a sus demandas. Ha empezado a cerrarse el cerco entre la población y la figura presidencial, y esto en un mal augurio, porque a pesar de que haya un compromiso de darle prioridad a la población marginal, si los derechos básicos como la salud la alimentación, la educación y el trabajo no se materializan, la transformación quedará en el intento.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-malestar-de-la-sociedad/

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