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Entre gritos y esperanzas

Por: Tlachinollan

 

“El tiempo ha transcurrido sin saber nada de nuestros hijos. El dolor y la herida sigue marcando nuestras vidas porque nos siguen faltando 43. Estamos preocupados con la noticia de que un juez concede un amparo a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles, y puedan salir impunes por el caso de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Estamos seguros que nuevamente la corrupción que prevalece en el poder judicial queda de manifiesto y demostrado que los jueces reciben sobornos, como cuando se liberó al Mochomo, a pocas horas de su captura”, comentó en el mitin en el antimonumento +43 don Bernabé Abraham, padre de Adán Abraham de la Cruz, joven desaparecido el 26 de septiembre del 2014.

A 71 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas, las madres y padres de familia no dejan de alzar la voz. “Le decimos a México y al mundo que en un inicio el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso callarnos con dinero, pero aquí seguimos buscando a nuestros hijos porque no hay verdad ni justicia”.

Las madres y padres de familia dijeron que las investigaciones se siguen realizando, hay nuevos hallazgos y un nuevo camino hacia la verdad científica. “A un mes de cumplir seis años de este crimen de Estado queremos decirle al mundo que no hay poder humano que nos detenga hasta llegar a la verdad y pueda haber justicia, porque no puede quedar en la impunidad y menos en el olvido”.

“Los policías municipales, policía federal, ministeriales y elementos del ejército han sido señalados que participaron y estuvieron presentes en los diferentes ataques que sufrieron nuestros hijos”. No hubiéramos conocido verdad alguna sin el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), señalaron las madres y los padres.

Doña Hilda Legideño, en su intervención, habló de la disposición que tiene el gobierno actual para seguir investigando y buscando a los jóvenes, pero se requiere del respaldo de todos los mexicanos que han acompañado y siguen para encontrar a nuestros hijos. Es muy importante que los culpables sean castigados para que no se siga cometiendo hechos como en Iguala. “Mientras nuestro grito siga existiendo la esperanza seguirá ardiendo como una luz en los caminos para encontrar a nuestros hijos”.

Por su parte, representaciones de las normales rurales sintetizaron su exigencia por la aparición con vida de sus 43 compañeros, primero, con la solidaridad incondicional hacia los padres para seguir luchando y, segundo, que sus compañeros en estos tiempos “deberían estar impartiendo clases si no fueran desaparecidos por el gobierno. El gobierno nos ha matado a nuestros compañeros y nos quitó a 43 camaradas. Exigimos justicia. Nosotros como normalistas no nos vamos a rendir hasta saber la verdad”.

“Las madres y padres estamos seguros que la justicia va a llegar, porque los que saben de los hechos tienen que hablar para poder saber el paradero de nuestros hijos. No vamos a parar hasta llegar a la verdad y se pueda hacer justicia. Reiteramos nuestra exigencia a las autoridades que encarcelen a las autoridades y/o personas que participaron en la desaparición de los 43 normalistas, sólo así se revelará la verdad”.

Fuente: Tlachinollan

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¿Educación virtual o la enseñanza de la desigualdad social?

Por: Tlachinollan


Para el defensor comunitario Gaudencio Mejía:

En la Montaña,

en la década de los 90, fuiste de los jóvenes rebeldes

que asumieron su indianidad con gran orgullo.

Nunca te arredraste ni retrocediste,

ante el desprecio y a la humillación de los caciques y políticos pendenciaron.

Siempre luchaste contra el racismo y la discriminación.

Tu retorno a la Montaña estuvo marcado

por tu lucha para romper las cadenas del oprobio

y desmontar el andamiaje delincuencial,

anclado en la burocracia gubernamental.

Abriste las puertas de la Voz de la Montaña

para ceder sus micrófonos

a quienes luchan por la justicia.

Tu despedida fue premonitoria, como los sabios y sabias de la Montaña: te quedas en el corazón de nuestras luchas.

El pasado domingo 23 de agosto, al filo del mediodía, 10 niñas y dos niños del segundo grado de la escuela Telesecundaria “Genaro Vázquez Roja”, se encontraban reunidos bajo un cobertizo, a un costado de la comisaría de Xochitepec, municipio de Acatepec. La escena era impactante, porque no había ningún docente o padre de familia que estuviera coordinando la reunión. Por iniciativa propia quedaron de verse para acordar cómo van a trabajar en este nuevo ciclo escolar, que inicia con un nuevo modelo de la educación virtual. Era increíble ver su capacidad de adaptación en un lugar incómodo para revisar la guía de trabajo que su maestra recién había entregado al comité de padres y madres de familia. Las niñas comentaban, en Me’phaa, la forma cómo trabajarían. Se integrarían por pequeños equipos para hacer los ejercicios que vienen en la guía. Quedaba descartada la posibilidad de recibir las clases por internet o por televisión, porque con el cierre de la escuela no hay manera de acceder a una computadora.

Fue muy grato constatar cómo los niños y niñas de una comunidad recóndita de la Montaña, se reúnen para planear sus actividades en la víspera del nuevo ciclo escolar. Ante la falta de un espacio idóneo para su reunión, se sentaron sobre unas tablas y bancas de madera, para preparar su primera sesión académica.

A la intemperie la mayoría de niñas y niños de la Montaña inaugurarán el nuevo ciclo escolar:  sin luz en sus casas, trabajando en el surco, enfrentando la escasez del maíz y padeciendo los estragos la nueva enfermedad del Covid-19. Se las ingeniarán para darse el tiempo con sus compañeros y compañeras, con el apoyo de un padre o madre de familia, para contestar la guía. Ante la lluvia pertinaz, los pisos de tierra, la oscuridad de las viviendas y el viento que se cuela por los techos de lámina, las niñas y los niños difícilmente podrán ejercitar la lectura y la escritura, cuando sus padres se encuentran en la parcela. Esta brecha de la desigualdad social se profundizará más con la nueva normalidad impuesta por las autoridades educativas a causa de la pandemia.

En estas circunstancias los funcionarios de la Secretaría de Educación descargan su responsabilidad en las madres y padres de familia y en los mismos niños y niñas. Con este abismo tecnológico, es inconcebible revertir el rezago educativo sin generar condiciones materiales para que las comunidades rurales estén en posibilidades de trabajar académicamente en esta modalidad de la educación virtual.

Son muy reveladores los testimonios de las maestras y maestros de educación indígena ante una realidad que los avasalla. Para la maestra Diana de la comunidad Na Savi de Arroyo Prieto, municipio de Cochoapa el Grande, la educación dentro del aula, antes de que llegara la pandemia, de por sí era muy deficiente por el rezago social en que se encuentran los niños. Lo normal es que no van seguido a la escuela.  Tampoco cumplen con las tareas o no hay materiales para trabajar. Como maestras nos la ingeniamos pedagógicamente, para que las niñas y niños capten los contenidos. Es muy difícil cumplir con las metas que nos marcan los programas educativos.

La pandemia nos puso en un dilema: de trabajar en la comunidad o enseñar a la distancia. Lo que nos preocupa es que ya arrastramos problemas con la enseñanza de los niños, porque las madres y padres de familia no pueden apoyarnos para que sus hijos realicen sus tareas. El analfabetismo intergeneracional es un gran obstáculo para avanzar, porque se requiere un trabajo más intenso con las madres y padres para generar una comunidad de aprendizaje. La situación del campo es más crítica, por eso los jefes y jefas de familia han optado por dejar su comunidad, para irse a trabajar como jornaleros agrícolas. Se van con todos sus hijos e hijas, porque lo primero es el ingreso económico para alimentarse y lo segundo es juntar dinero para curarse, dejando en último lugar el estudio para sus hijos. Ya no hay forma de trabajar con ellos, a causa de la migración temporal. Por eso no sabemos que vamos hacer, porque no sólo está cerrada la escuela sino también las casas de las niñas y niños que se han ido a los campos agrícolas del norte del país.

Para el maestro Pragedis, quien se siente orgulloso de saber escribir en Náhuatl, manifiesta que se siente preocupado en este inicio de clases por la situación que se vive en la Montaña. Uno no tiene los medios para trabajar a distancia, como lo plantea la Secretaria de Educación Pública. Tal vez desde un enfoque que ellos ven desde la ciudad, donde los niños tienen televisión, tienen laptop, tienen internet, Tablet, en las que ellos se pueden apoyar. Pero desafortunadamente en nuestra Montaña, la mayoría de las comunidades enfrentamos situaciones muy difíciles. Yo soy maestro multigrado, atiendo a alumnos de primero a sexto grado. Tengo que trabajar con ellos y lo que hago es llevarme sus trabajos. Les explico a mis alumnos y los padres de familia para que puedan hacer estos trabajos. Pero como usted comprenderá esto es muy complicado, porque de manera presencial de por sí se dificulta la atención de los niños, ahora a distancia con trece padres de familia es muy difícil avanzar, porque no todos saben leer y tampoco tienen el mismo interés de apoyar. También tengo niños y niñas que viven con su abuelitos y abuelitas y con ellos no cuento, porque no me pueden ayudar.

La mayoría de los padres de familia se dedican al campo.  La única fuente de ingreso es cortar leña y migrar a otros estados.  A veces ni me avisan cuando se van a trabajar por varios meses, simplemente sus niños y niñas dejan de asistir a la escuela. No me queda de otra que trabajar con los pocos niños que se quedan y me siento mal de reprobar a las hijas e hijos de los jornaleros, porque es condenarlos a vivir en analfabetismo.

Mi forma de trabajar, desde que empezó la pandemia, es ir a dejar los trabajos a la comunidad. Les explico a los niños y niñas lo que van a hacer. En una semana voy dos veces: los lunes llevo los trabajos y los viernes los recojo.  De esa manera los he estado atendiendo, aunque no estoy obedeciendo al cien por ciento las órdenes de mi supervisor. Porque nos dijo que llamemos al comité para que venga a Tlapa por los trabajos. No lo veo bien porque es una hora y media en camioneta y tienen que gastar para el pasaje, además hay un tramo que se camina. Por eso prefiero ir, aunque salga caro y tenga que levantarme muy temprano.

Antes de la pandemia mi vida era así: me iba el lunes a la comunidad. Llegando empiezo a trabajar con ellos hasta las 2 de la tarde. Los señores y las señoras no están en sus casas. Regresan muy tarde del campo. Mientras las niñas y los niños se van a echar un baño. Luego regresan y les pongo actividades de lectura. Trabajo con niños con rezago. Como soy maestro unitario, trabajo solo.  Hay días que me llama el supervisor porque necesita la documentación y dejo abandonados los niños. Por eso trato de trabajar en la mañana y en la tarde cuando estoy en la comunidad para no desatenderlos y ayudar más a los de lento aprendizaje.

Como docente siento tristeza por no poder atender a mis niños y niñas. Desde el mes de marzo dejamos de ir a la escuela. No los abandoné totalmente porque iba dos veces a la semana. Avancé con mi programa de trabajo, pero no logré los aprendizajes esperados. Ahora con el nuevo ciclo escolar va ser más difícil porque no vamos a saber medir lo que aprendieron. ¡Imagínese si les aplicamos un examen! Ellos no pueden ver los contenidos de las clases por la televisión. De los 13 padres de familia, si acaso uno tendrá televisión, pero no tiene esos canales donde van a pasar las clases virtuales, ¿cómo van a pagar el sky? Allá no llega la señal. ¿Cómo voy a evaluar a mis niños? Los he atendido poco, de hecho, los conozco, puedo decir a este niño le pongo un 9, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es medir qué tanto ha aprendido.

Para el maestro Silvano de Yerba Santa, municipio de Acatepec, es muy difícil explicarles a las madres y padres de familia lo que va a pasar en este ciclo escolar. En primer lugar, porque suspendimos labores el 21 de marzo sin poder avisarle a la comunidad. No hubo un acuerdo con ellos, solamente les dijimos que hasta nuevo aviso regresaríamos y les diríamos cómo íbamos a trabajar a distancia. Pero ya no se pudo porque la escuela no cuenta con internet. Hay una sola computadora que sólo usa el director. Se la lleva a casa y aparte no sirve porque tiene virus y no se ocupa. El internet solamente lo tiene un señor de la comunidad que vende fichas, pero salen arriba de 35 pesos por 24 horas. La señal ahí no es tan buena que digamos porque está bien lento el internet. A veces hay, a veces no hay. A veces se va hasta por dos días.

Cuando estuve en la comunidad Cerro Ocotal, fue muy complicado, porque yo no hablo Me’phaa. Era una escuela multigrado y los niños estaban prácticamente abandonados. La escuela no es como la imaginamos o como la vemos en la televisión. Ahí la escuela es una casa de adobe con una división de dos cuartitos, una para la dirección y otra para las clases, de 3×2 m y unas mesitas. Ahí las señoras y señores no saben leer, no saben contestar llamadas por whatsapp cuando hay internet.

Mañana tenemos una reunión en la comunidad y al parecer nos van a instruir o vamos a platicar con los compañeros docentes cómo se va a trabajar. De antemano tenemos previsto que no se podrá llevar la enseñanza por la televisión, por eso estamos planeando hacer unas guías para llevarlas cada 15 días a las niñas y los niños. Se las dejaremos a las madres y padres de familia con el compromiso de que las entreguen a sus hijos y revisar sus trabajos a las dos semanas que regresemos. Aun así, vemos que no hay condiciones porque son como cinco horas de camino en pasajera y la distancia es un problema porque con las lluvias no están fácil llegar. Vamos a ir a la comunidad para decirles que no podemos iniciar clases dentro de la escuela. No sabemos cuál será la respuesta, porque algunos padres de familia ya nos advirtieron “profe, ahora si tiene que venir a atender a nuestros niños. Lo de la pandemia ya pasó, además aquí no hay contagios. Nosotros nacimos para morir”. Lo más probable es que varias mamas y papás nos digan que les demos clases a sus hijos porque para ellos las clases por televisión no son clases, son para entretener a los niños o para ver películas. También vemos muy complicado que los papás quieran trabajar con las guías y ayudarles a sus hijos a hacer la tarea. La educación virtual en la Montaña se corre el riesgo de seguir zanjando la desigualdad social y remarcando la discriminación a la niñez indígena. La nueva normalidad tiene que salvaguardar los derechos de la población más vulnerable que se encuentra cercada por el hambre, el coronavirus y el analfabetismo.

Publicado originalmente en Tlachinollan

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Morir de Covid-19 en los pueblos indígenas de México y no contar ni en las estadísticas

Por: Tlachinollan

Nadie tiene un conteo de los contagios y muertes por Covid en las comunidades de la Montaña. El gobierno estatal se basa en el registro que llevan los hospitales para dar las “cifras oficiales”. En las comunidades indígenas las personas pueden morir de Covid-19 y no ser parte de la estadística, los decesos que deja la pandemia no existe forma de saber si son por coronavirus, ni siquiera hay pruebas para el diagnóstico.

Desde que empezó la pandemia en el país, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado un alza en la población que viaja a los campos agrícolas en autobuses en mal estado, sin seguro de viajero y llevando a los niños en los pasillos o en las piernas la mayoría de veces.

“Tan solo del mes de abril a julio se tiene el registro de 4 mil 800 personas que migraron, un 150% más que el año pasado. En las comunidades los precios de los productos han subido, no hay empleo y prefieren arriesgarse e irse a trabajar que morir de hambre en su comunidad”, dice el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernandez.

Gerardo tiene 21 años, es Na savi (gente de la lluvia), de la colonia de Rancho de los Hilarios, anexo de Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, enclavada en la región de la Montaña del estado de Guerrero. Estudió hasta el 4to. año de primaria y él, como la mayoría de las y los habitantes de su comunidad, no tienen otra opción más que migrar a los campos agrícolas del norte del país.

A la edad de 10 años empezó a ir con  su papá a los campos, como a los 16 años inició su trabajo. “De niño no hay nada que hacer, nada más jugar con los otros niños. En los campos empezamos a sembrar chiles y cuando están buenos los cortamos. Aquí en la comunidad se siembra maíz, calabaza, frijol, no hay otra cosa que funcione porque es cerro, aquí pura milpa”.

Victoria es la esposa de Gerardo. Tiene 16 años, es de la comunidad de Calpanapa y solo habla Tuú Savi. Se juntó cuando tenía 15 años. Se le ve un silencio profundo en el rostro.

“Cuando nació pensé que iba a crecer, que iba a salir bien todo, pero a los tres o cuatro días empezó a estar mal y comencé a preocuparme. Nació el 8 de mayo de este año, en Rancho de los Hilarios, ahí estuvimos como un mes y luego nos fuimos a trabajar”, cuenta Gerardo.

“La niña cuando nació no podía respirar ni alimentarse bien, estuvo así como un mes y  días.  Llegamos allá a inicios de junio y al primer hospital que la llevamos, ya llegó mal, no podía respirar y la entubaron, después la mandaron al Centenario Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes, ahí estuvo como dos meses y me dijeron que su corazón ya no aguantaba.

“Yo pensé que tenía mucha flema o algo así, pero no, era otra cosa. A lo mejor así nació. Lo primero que me dijeron en el hospital es que era covid-19, pero luego dijeron que no y que su garganta era pequeña y que al respirar se tapaba; no podía comer leche y la operaron para meter una sonda, eso fue un viernes. El miércoles falleció. De ahí venimos para acá”.

Acompañados por sus padres y en medio de la lluvia, tuvieron que dar sepultura a su hija como a media noche porque no hubo rezos, ni el sacerdote ni el rezandero quisieron acudir porque la niña no fue bautizada.

Gerardo y Victoria sólo regresaron a la Montaña para enterrar a su pequeña hija, la trasladaron en una carroza desde Aguascalientes, les cobró 23 mil pesos, de los cuales deben más de la mitad, por ello regresarán en unos días a esos mismos campos para volver a trabajar y pagar su deuda.

“Podemos tardar un poco para regresar porque tengo que hacer unas cartas, así me dijo la funeraria, que tengo que ir y llevar un papel, pero no sé qué, no me acuerdo para qué me dijo que era ese papel, pero tenemos que entregarlo para que salga bien, para que me den un acta de nacimiento, algo así. Me siento mal, no puedo ni pensar en nada. No estaba registrada, pero se llama Alexa Fernanda”.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/reportaje-morir-de-covid-19-en-los-pueblos-indigenas-de-mexico-y-no-contar-ni-en-las-estadisticas/

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OPINIÓN: El malestar de la sociedad

Por: Tlachinollan

 

El vuelco de la población hacia la figura presidencial, encarnada en Andrés Manuel López Obrador, nos muestra el malestar de los ciudadanos y ciudadanas que no se sienten representados ni atendidos por las autoridades locales y expresa aún la esperanza que tiene la gente en el ejecutivo federal, para que pueda atender y resolver sus demandas. Existe un gran abismo entre las necesidades más urgentes que tiene la población con las acciones del gobierno local, que son distantes y ajenas a la realidad cotidiana. Se percibe un sentimiento de orfandad y pesadumbre en vastos sectores de la sociedad. No hay canales de interlocución que ayuden a desactivar los conflictos que se agudizan por la desatención y la falta de respuestas inmediatas y efectivas.

Hay una emergencia causada por la pandemia que obliga a las autoridades a cambiar el modo de relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas. En lugar de guardar la distancia con la gente se tienen que abrir espacios para procesar sus demandas y mostrar un compromiso con ellas y ellos. El caso de Acapulco, es un claro ejemplo de este distanciamiento entre sociedad y gobierno municipal, que ha ocasionado un desbordamiento de la demanda social, ante la ausencia de la autoridad o su negativa para ayudar a encontrar salidas a la compleja problemática que plantean multiplicidad de actores sociales.

Desde que inició la estrategia del gobierno federal para hacer frente al potencial pandémico del covid – 19, los gobiernos estatal y municipal quedaron supeditados a los informes y directrices emanadas del centro. La responsabilidad recayó en las autoridades de salud para enfrentar la crisis sanitaria, lo que propició que en las diferentes entidades y regiones del país las recomendaciones perdieran fuerza y se diluyera la corresponsabilidad de los otros niveles de gobierno, para actuar como agentes preventivos y de vigilancia entre la población. Se acató a pie juntillas la sana distancia, que en la practica se tradujo en el cierre de todas las oficinas de gobierno y la consecuente desatención de las personas. Se dejó a la deriva a las familias que empezaron a padecer los estragos del contagio y el fallecimiento de alguno de sus seres queridos. No se trabajó en una estrategia masiva de prevención que estimulara a la población a mantenerse en su domicilio.

Las directrices trazadas por el subsecretario de salud, el doctor Hugo López – Gatell, se tradujeron en mensajes ambiguos que han generado desconcierto en la sociedad. El caso más polémico ha sido el uso del cubrebocas, que ante la postura oficial de que no es la panacea para solucionar el problema del contagio y el hecho mismo de que el subsecretario ni el presidente de la república lo usen, ha propiciado que se dispersen las acciones orientadas a disminuir esta trasmisión del virus. La negativa a realizar pruebas masivas de PCR para diagnosticar el número de personas contagiadas por covid – 19, impide que se obligue a que se aíslen con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Las consecuencias han sido fatales para nuestro estado porque en realidad no sabemos el número de personas contagiadas y solo se toma como indicador el número de camas ocupadas por pacientes de covid – 19, con la férrea intención de pasar del semáforo rojo al amarillo. Lo contrastante es que las autoridades informan de que hay más del 50% de disponibilidad de camas covid, sin embargo, los contagios siguen al alza y también el número de personas fallecidas que no están llegando a los hospitales, por el fundado temor de que ahí salen muertos.

Lo que constatamos este viernes 14 con la visita de presidente Andrés Manuel López Obrador al Puerto de Acapulco, es un preludio de los escenarios que están por venir en nuestro país. La pandemia ha colocado en el límite de la sobrevivencia a la población mayoritariamente pobre de México. La situación de Guerrero es preocupante porque el municipio de Acapulco es el centro neurálgico de la vida económica en la entidad, que enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes. Los contagios por covid – 19 aumentan, sin que las autoridades municipales y de salud implementen acciones coordinadas que contengan su propagación. Esta amenaza creciente se complejiza con la debacle de la actividad turística que ha colocado en una situación limite a miles de familias que luchan por la sobrevivencia. El gobierno municipal esta desbordado y no hay forma de recomponer una situación que se ha venido arrastrando a lo largo de los años, por el vaciamiento de los recursos públicos, la desatención a la población y el imperio de la corrupción. El gran desafío es rencausar el malestar ciudadano y asumir sus demandas para conjuntar esfuerzos que trasciendan ante el gobierno federal.

Las protestas han empezado a tomar las calles y los actores que aparecen se han diversificado, sin embargo, a todos los une la lucha por la sobrevivencia: la pérdida masiva de empleos, la precariedad de los salarios, la inseguridad laboral y los insuficientes recursos financieros que se han dispersado a través de las diferentes dependencias del gobierno federal, son los signos ominosos de una crisis más profunda que está a punto de tocar fondo. La población que vive en el campo resiste con mayor crudeza los embates de esta pandemia que esta cobrando muchas muertes al interior de las comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas. En esos lugares no hay como ponerse a salvo ante el contagio porque no hay médicos ni medicinas y los centros hospitalarios están a varias horas de distancia que impide el traslado de los pacientes. Los enfermos por covid – 19 no están en los hospitales porque ahí no puede ni quiere llegar la gente. Prefieren mejor quedarse en casa y hacer frente al coronavirus con remedios caseros y con la compañía de sus familiares. Desde sus hogares resisten y enfrentan con crudeza el riesgo de la muerte.

Un gran número de familias pobres ha dejado de sembrar sus parcelas ante la imposibilidad de comprar insumos para la siembra de maíz. Los recursos que obtenían a través de las remesas que enviaban sus hijos o hijas han mermado y, en muchos casos, ya no les llegará porque sus seres queridos murieron por el covid – 19. Los subsidios gubernamentales no representan un apoyo significativo para mantener a la familia dentro de la comunidad donde no existen trabajos remunerados. Desde el mes de febrero se incrementó el número de jefes y jefas de familia que optaron por dejar la parcela, cerrar sus casas y salir con sus costales de ropa para trabajar como jornaleras y jornaleros agrícolas. En estos seis meses el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña ha registrado 7 mil 116 personas que han salido del estado para trasladarse a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. El número de niños y de niñas es muy representativo: se han registrado 501 bebés de 0 a 2 años; 534 de a 3 a 5 años; mil 264 de 6 a 12 años y 988 de 13 a 17 años. Toda esta población se quedará sin posibilidad de acceder a la educación básica, menos en estas condiciones donde los estudiantes tienen que estar frente a un aparato de televisión. Las niñas y los niños jornaleros regularmente acompañan a sus papás y mamás en los campos donde trabajan. La mayoría de la población jornalera pertenecer al municipio de Cochoapa el Grande, que en su totalidad forman parte del pueblo Na’Savi, contando con un registró de 2 mil 17 personas que han salido en este periodo. Lo secunda el municipio de Tlapa como mil 347; Metlatónoc con 712; Alcozauca 268 y Copanatoyac 221. Se trata de la región mixteca que enfrenta graves problemas de violencia y una desatención sistemática de las autoridades municipales, que brillan por su ausencia en las comunidades donde más se requiere su presencia y apoyo.

Ante el riesgo de que los ánimos de esta población empobrecida se desborden y se acelere la desesperación de la gente, que ha puesto sus esperanzas en el presidente de la república, el desencanto por la 4T puede causar un mayor enojo y malestar de la sociedad. La descoordinación de las instituciones de gobierno tanto en sus programas como en el abordaje de los problemas sociales y económicos que se viven en la entidad, ha dispersado esfuerzos y desgastado recursos. La falta de articulación entre los tres niveles de gobierno ha pulverizado los presupuestos públicos que no se han materializado en acciones efectivas que fortalezcan las iniciativas locales para mejorar sus condiciones de vida.

La nueva normalidad nos está mostrando el semáforo rojo que enfrentamos por la violencia, la inseguridad, el incremento de los contagios y las muertes por covid – 19, el desempleo masivo, la migración interna, los feminicidios y la alta conflictividad agraria que enfrentan las comunidades rurales del estado.

Los gritos y las protestas de prestadores de servicios turísticos, ambulantes, comerciantes, médicos, enfermeras, universitarios y jóvenes estudiantes en el marco de la visita del presidente de la república, es el termómetro que marca el clima social que vivimos en Guerrero, donde la población no tiene otra alternativa que hacer público su malestar para exigir atención a sus demandas. Ha empezado a cerrarse el cerco entre la población y la figura presidencial, y esto en un mal augurio, porque a pesar de que haya un compromiso de darle prioridad a la población marginal, si los derechos básicos como la salud la alimentación, la educación y el trabajo no se materializan, la transformación quedará en el intento.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-malestar-de-la-sociedad/

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México: La batalla secular contra la discriminación y el racismo

En plena pandemia los pueblos indígenas luchan con otro enemigo que está arrebatando la vida de sus hijos e hijas, tanto en sus comunidades como en los diferentes condados de Nueva York. Además de las muertes maternas, de los niños y niñas indígenas que mueren por desnutrición, los feminicidios, la violencia delincuencial que ha cobrado muchas vidas de jóvenes que se vieron obligados a incorporarse a las filas del sicariato, en el primer semestre del 2020 se ha elevado el número de muertes de jóvenes y adultos mayores de los pueblos indígenas que han muerto por covid. El desmantelamiento de los centros hospitalarios, la carencia de personal médico, de equipamiento y medicinas son indicadores funestos de la discriminación y el racismo, que cotidianamente enfrentan las madres y padres de familia cuando llegan a los hospitales o clínicas de salud.

La falta de pruebas PCR invisibiliza los contagios, pero sobre todo desdeñan las muertes que ocurren en las comunidades indígenas. Son atisbos del etnocidio que se sigue reproduciendo por parte del estado ante el abandono secular y el despojo sistemático de sus riquezas naturales y del presupuesto público, por parte de una clase política voraz, que se ensaña contra la población más vulnerable. El escenario es cruento en las regiones indígenas porque el desmantelamiento de la vida comunitaria está tocando fondo, sobre todo porque se ha ido resquebrajando la red de solidaridad que han sabido tejer en las últimas décadas para contar con ingresos seguros que provienen de las remesas. El gran número de muertes de jóvenes indígenas en Nueva York, nos muestra el rostro del racismo que padecen en Estados Unidos, por el simple hecho, de asumir una identidad cimentada en sus raíces culturales y por pertenecer a la población estigmatizada por el presidente Trump, que los sataniza por el hecho de ser personas indocumentadas.

En nuestro país la brecha social y económica tiene visos de una brecha que institucionaliza la discriminación y el racismo, porque la clase política y el empresariado mexicano siempre se han erigido como los herederos de la revolución y los elegidos y ungidos para gobernar un país pluricultural. Sigue imperando una forma vertical de ejercer el poder con una visión etnocéntrica que tiene como paradigma el individualismo, la privatización de los bienes públicos y el modelo extractivista para garantizar la acumulación capitalista. Las consecuencias de este sistema depredador se han traducido en miseria, muerte y sometimiento a una población indígena insumisa, que ha sido protagonista de las grandes transformaciones del país, pero que al final de las gestas históricas, siempre han sido relegados tratándolos como súbditos o seres sin derechos.

En Guerrero la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos nos remite a momentos claves de nuestra historia. La lucha independentista y la gesta revolucionara no se entiende sin la participación de estas poblaciones y de sus dirigentes. A pesar de que, en el estado, el mismo congreso celebra con bombo y platillo el legado histórico que nos dejó José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación, que es como la carta de los derechos humanos en América, los diputados y diputadas de esta legislatura, se han negado atender la demanda legitima de los pueblos de Guerrero, para impulsar una reforma que reconozca plenamente sus derechos como pueblos indígenas y afromexicanos.

En esta lucha varias organizaciones sociales y autoridades comunitarias buscamos el acercamiento con diputados de la actual legislatura del estado, con el fin de emprender un proceso de dialogo que iniciamos en los meses de mayo y junio de 2019. Celebramos 4 sesiones de parlamento abierto, donde se invitamos a varios expertos y expertas en los temas e hicimos mesas de trabajo para discutir las problemáticas y propuestas en la materia.

Posteriormente se organizaron 10 foros de consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada en diversas regiones y municipios del Estado de Guerrero, siendo un ejercicio inédito, por la participación de diferentes actores sociales y políticos, pero sobre todo de las comunidades indígenas y afromexicanas. El primer foro fue en la comunidad del Paraíso, municipio de Ayutla; el segundo, se realizó en la cabecera municipal de Metlatónoc; el tercero, en Tlapa de Comonfort; el cuarto en la comunidad de Paraje Montero; el quinto, en San Luis Acatlán; el sexto, en Marquelia; el séptimo, el Tlacoachistlahuca; el octavo, en la comunidad de las Juntas-Caxitepec municipio de Acatepec; el noveno, Xalitla municipio de Tepecoacuilco de Trujano y el décimo en el Puerto de Acapulco.

Los foros de consulta cumplieron con los requisitos de ser previos puesto que se realizaron anteriormente a la elaboración y presentación de la iniciativa de reforma, libres e informados pues a la gente no se le condicionó ni se le obligó a ir, sino que por su propia voluntad acudieron a manifestar sus voces de reclamo y propuestas sobre sus derechos; de buena fe, porque no hubo otra intención más que la del reconocimiento pleno de los derechos; y culturalmente adecuados porque se dieron en el marco de sus asambleas estando presentes sus autoridades. Se contó con intérpretes y las decisiones las tomaron de acuerdo a sus sistemas internos.

Después de todo este proceso de consulta en el mes de octubre 2019 por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso se nombró un Comité Técnico Comunitario, el cual se encuentra integrado por autoridades indígenas y afromexicanas, así como expertos en el tema. Una vez que tomaron protesta dicho Comité comenzó a trabajar y redactó la iniciativa de reforma constitucional tomando en cuenta todas las participaciones y propuestas que se dieron en los foros de consulta.

En diciembre de 2019 el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos presentó la iniciativa de reforma constitucional que redactó el Comité Técnico Comunitario, la cual fue respaldada por otros 19 diputados y diputadas, siendo turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos. Sin embargo, hasta el 1 de junio de 2020, luego de que diversas autoridades comunitarias e integrantes del Comité Técnico Comunitario, realizaran una manifestación en el Congreso del Estado, para pedir la dictaminación y aprobación de dicha reforma, fueron recibidos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso (JUCOPO), tomando como acuerdo central, discutir esta propuesta para el 24 de junio del 2020.

Se sostuvieron dos reuniones virtuales entre los integrantes del Comité Técnico Comunitario y la JUCOPO, y a pesar de que los diputados y diputadas han expresado su disposición y la voluntad política de legislar en la materia de los derechos indígenas y afromexicanos, no hay avances a más de 8 meses y ni si quiera un dictamen por parte de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

Recientemente, el 3 de agosto el Comité Técnico Comunitario dio una conferencia de prensa en la que exhortó a los diputados integrantes de la JUCOPO, para que se instalará el 9 de agosto de 2020 una mesa de trabajo para debatir los temas. Contrario a lo esperado emitieron un comunicado argumentando que los anexos de los foros de consulta no habían sido entregados y en consecuencia, no podían determinar que dicha iniciativa había sido sometida a consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos.

Conviene traer a colación las palabras del EZLN hechas en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona cuando de igual manera el gobierno en turno y los partidos políticos traicionaron los Acuerdos de Sn Andres Larrainzar: Y entonces en esos acuerdos los malos gobiernos dijeron que sí van a reconocer los derechos de los pueblos indios de México y van a respetar su cultura, y todo lo van a hacer ley en la Constitución. Pero, ya luego que firmaron, los malos gobiernos se hicieron como que se les olvida y pasan muchos años y nada que se cumplen esos acuerdos”.

“Pero resulta que no, que los políticos que son del partido PRI, el partido PAN y el partido PRD se pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Eso fue en abril del 2001 y ahí los políticos demostraron claro que no tienen nada de decencia y son unos sinvergüenzas que sólo piensan en ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que son. Esto hay que recordarlo porque ya van a ver ustedes que ahora van a decir que sí van a reconocer los derechos indígenas, pero es una mentira que echan para que votemos por ellos, pero ya tuvieron su oportunidad y no cumplieron”

Estos Acuerdos tienen más de 20 años y no han sido cumplidos. No es posible que a pesar de todo este tiempo que ha pasado los legisladores se sientan con el derecho de decidir quién debe tener derechos y quién no. Ojalá que la reforma en el estado de Guerrero se logré plasmar conforme al interés supremo de los sujetos principales que son los pueblos indígenas y afromexicanos. Que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar sus demandas históricas. Ya es tiempo de que los pueblos sean reconocidos como sujetos de derechos públicos y que formen parte de las transformaciones sociales que se requieren en nuestro estado, para que haya justicia, equidad, pluralidad política, autónoma, respeto a los sistemas normativos y una verdadera representación política en todos los órganos de gobierno.

Fuente e imagen: Tlachinollan

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OPINIÓN: En el laberinto del olvido y la violencia

Por: Tlachinollan

 

Desde la desaparición del presidente electo Daniel Esteban González, junto con su chofer Juventino García Rosas, el 2 de septiembre de 2018, la disputa política por la presidencia municipal de Cochoapa el Grande se tornó truculenta. No solo se dieron las impugnaciones en los tribunales electorales, sino que a nivel local algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañados por representantes del Partido del Trabajo (PT), tomaron las instalaciones del ayuntamiento para revertir el triunfo que el Tribunal Electoral Federal (TRIFE), le otorgó a Daniel Esteban. Fueron momentos de mucha tensión, en los que fracturó más la convivencia pacifica entre los pobladores y las divisiones comunitarias se hicieron más profundas.

A pesar de que Cochoapa el Grande es uno de los municipios de reciente creación, desde el 2003 ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional en cuanto al mayor índice de marginación social. Desplazó a Metlatónoc y se colocó en el sótano de la miseria. Su extensión territorial que rebasa las 61 mil hectáreas, lo coloca como uno de los municipios con mayor reserva boscosa en la región de la Montaña. Cuenta con más de 140 comunidades del pueblo Na’Savi, que en su totalidad se dedican a la siembra de maíz de temporal. Lo contrastante de esta riqueza natural es la pobreza ancestral de las familias, que en gran medida se desplazan de sus comunidades para enrolarse como jornaleros agrícolas durante seis meses. La población no encuentra, en su propio hábitat, alternativas económicas para tener un ingreso seguro y garantizar una alimentación adecuada durante todo el año.

La ilusión que se habían forjado, de que habría una mejoría económica, con la creación del nuevo municipio, se ha tornado en un desenlace fatal. No solo se han empantanado por la disputa sorda que protagonizan cada periodo electoral los partidos políticos, sino que se profundiza la desigualdad social y se recrudece la violencia. Los 17 años como nuevo municipio no han significado mejoría alguna entre la población indígena mayoritariamente analfabeta y con un alto grado de monolingüismo entre las mujeres. La violencia se enseñorea contra ellas, y las mismas autoridades comunitarias y municipales, son parte de este sistema de justicia patriarcal. Es sumamente grave la situación de indefensión que enfrentan las mujeres. Se han registrado varios casos de feminicidios que la fiscalía no ha investigado, por esa visión racista y discriminatoria que tienen contra las mujeres indígenas.

La lucha que emprendieron los compañeros y compañeras del Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre de 2019, obligó a que las autoridades del estado se avocaran a su búsqueda en las colonias periférica de Tlapa. En estas jornadas se lograron encontrar los restos de Daniel Esteban y de Juventino García, a un año y cuatro meses de su desaparición. Este hallazgo generó mayor encono y una situación de ingobernabilidad en el municipio. La misma presidenta municipal, Edith López Rivera, ha hecho públicas las amenazas que ha recibido, y por eso mismo, se desplaza con escoltas y su presencia en el ayuntamiento es esporádica. En la cabecera municipal nadie se siente seguro y tampoco hay confianza en las autoridades encargadas de la seguridad y los mismos elementos de la policía. Hay un sentimiento de orfandad y desamparo. No hay una autoridad que proteja a las mujeres que son víctimas de violencia. El trato es despótico e insensible. La compasión por el más débil no existe, los pleitos por tierras proliferan y las deudas son el mejor negocio de las autoridades municipales y los abogados, privando de la libertad por cualquier motivo a las personas. El colapso de las instituciones ha dado pauta para el incremento de la violencia y la justicia por propia mano.

El cierre del año 2019 fue trágico por el asesinato del expresidente municipal Luciano Moreno López, quien fue interceptado por personas armadas en pleno baile realizado en la cabecera de Cochoapa el Grande. En ese mismo evento, también fue lesionada la excandidata a presidenta municipal del PRI, Hermelinda Rivera Francisco. En este año arreció la violencia con el asesinato de Alberto Martínez Flores, quien se desempeñaba como comisariado de Bienes Comunales de este núcleo agrario. El 15 de marzo, en la colonia Tepeyac del municipio de Tlapa, fue arteramente asesinado Benjamín Ponce Martínez, quien contendió para presidente municipal de Cochoapa el Grande, por el Partido del Trabajo (PT). Fue sorprendido en su domicilio por su agresor cuando jugaba con su pequeña hija. Tres días después por el cerro De La Garza, una región inhóspita del municipio de Cochoapa el Grande, fue asesinada una familia de Yozondacua, cuando se desplazaban en su vehículo. El papá tenía parentesco con el comisariado de Bienes Comunales, Alberto Martínez. El primero de junio, el chofer de la ruta de Cochoapa el Grande – Ometepec, Felipe Chávez Flores, fue herido a balazos, cuando desplazaba en su vehículo, quedando gravemente herido.

Un caso que condensa la tragedia que enfrentan las mujeres Na’Savi de este municipio es el de Aurelia Vázquez Velázquez, quien además de padecer la violencia de su esposo, que lamentablemente fue asesinado en su domicilio, sus suegros la señalaron como responsable del homicidio de Santiago Esteban. Fue citada por el ministerio público de Tlapa para declarar como testigo, donde se le aplicó la prueba de rodizonato de sodio, que resultó negativa. Ante la intención fallida de señalarla como responsable de este homicidio, su suegro, la golpeó y con una navaja lesionó su cuello. Le arrebató a sus dos pequeñas hijas una de ellas de cuatro años y la bebé de seis meses. La madre de Aurelia, doña Catalina Velázquez y su hermano, Honorio García Velázquez de 17 años, fueron encarcelados de manera arbitraria en la cabecera de Cochoapa el Grande, por el mismo consuegro, Emilio Esteban, director de Seguridad Pública, porque supuestamente fueron cómplices del homicidio de su hijo Santiago Esteban. Lo más cruento es la desaparición de Aurelia Vázquez Velázquez que, ante la inacción de las autoridades ministeriales y de la misma sindica municipal que no atendieron las denuncias de violencia familiar y la sustracción de menores por parte de sus suegros, el 12 de mayo del presente año fue el último día en que su familia tuvo conocimiento de que se encontraba en el domicilio de sus suegros, obligada por las circunstancias de no ver a sus pequeñas hijas. Lo inaudito fue la actuación de la sindica municipal, que a petición del señor Emilio Esteban y su esposa Aurelia Lorenzo, citaron a Catalina Velázquez para que se presentara el 22 de mayo al ayuntamiento municipal. Fue en esa fecha cuando la sindica junto con los consuegros le reclamaron sobre el paradero de su hija Aurelia, porque no la han ubicado para entregarle a sus dos pequeñas hijas y al hijo mayor de siete años. Fue en ese momento cuando Catalina intuyó que su hija estaba desaparecida y que las autoridades en lugar de investigar su paradero, se empeñaron en criminalizarla y atemorizar a la misma familia.

Hasta la fecha no hay indicios del paradero de Aurelia, tampoco las acciones de búsqueda de las autoridades se han realizado como amerita el caso. El temor es grande, por eso la familia ha optado por guardar silencio y mantenerse oculta.

El pasado 22 de julio fue asesinado el excoordinador de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Zitlatepec, Rufino Gómez González, cuando se dirigía a presentar una ofrenda en el paraje conocido como Piedra de Petate, en San Lucas, municipio de Cochoapa el Grande, donde fue originario. En el 2018 en la fiesta del sexto viernes de cuaresma realizada en Cochoapa, acompañó a las autoridades de su pueblo junto con la Policía Comunitaria. En la noche cuando resguardaban el baile fue atacado a balazos por personas desconocidas. Fue trasladado al hospital de Tlapa, donde fue atendido teniendo una recuperación larga por lo delicado de la lesión. Fue en la mañana del 22 de julio, cuando llevaba sus flores, en compañía de su esposa y sus dos hijos, que impunemente que nada pudieron hacer cuando personas desconocidas se acercaron y le dispararon. Fue un defensor comunitario que se solidarizó con la lucha emprendida por el Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano, y al mismo tiempo, acompañó a las autoridades comunitaria de Tierra Blanca, para exigir al Fiscal Regional que impulsaran la búsqueda y la investigación de tres personas que fueron desaparecidas el 2 de julio del presente año, en el marco de un conflicto agrario que enfrentan con la comunidad de San Juan Huexoapa, municipio de Metlatónoc.

El pasado lunes 27 de julio como a las 10 horas, se suscitó una balacera atrás de la iglesia de Santiago Apóstol, en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande. En esta acción violenta murió Alberto Flores, que acompañaba a Carlos Esteban, hermano de Daniel Esteban, y la niña Leticia, de cuatro años de edad, quien caminaba con su hermanito y su mamá, después de haber vendido atole en la pequeña plaza que se encuentra frente al ayuntamiento.

Esta cauda de violencia muestra la crisis de gobernabilidad que se agudizado con la pandemia provocada por el covid – 19, en los municipios de nuestro país. Para colmó de males, las autoridades municipales, se han ausentado de los ayuntamientos y han dejado a la deriva, a una población inerme, que es víctima de la violencia delincuencial y que se encuentran en extrema vulnerabilidad por la precariedad económica y los estragos del coronavirus que se suma al número de muertes que enlutan que nos sumergen en este laberinto del olvido y la violencia.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-en-el-laberinto-del-olvido-y-la-violencia/

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OPINIÓN | 70 meses: “como si hubiera sido ayer”

Por: Tlachinollan

 

A don Facundo Hernández,

aguerrido luchador del CECOP.

Con su acero en la mano peleo con ahínco contra la presa La Parota,

y tomó los pozos de Salsipuedes para desafiar

del gobierno municipal de Acapulco.

A Rufino Gómez, ex coordinador de la CRAC- PC de Zitlatepec,

defensor comunitario del pueblo Na’Savi,

que exigió la presentación con vida de Arnulfo Cerón

y acompañó a las familias de los 3 principales

desaparecidos de Tierra Blanca, Cochoapa el Grande.

Para don Clemente Rodríguez, papá de Cristian, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, la noticia que recibió en su domicilio, por parte del subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y Omar Gómez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, fue un duro golpe en su corazón. Con la sencillez y la franqueza que le caracterizan, escuchó junto con su esposa, doña Luz María Telumbre, la información que le proporcionaron con mucho detalle y cuidado las autoridades federales y la experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Les explicaron sobre el hallazgo de restos óseos que encontraron en la Barranca de la Carnicería, municipio de Cocula. Les comentaron que trasladaron estas piezas al laboratorio de la universidad de Innsbruck, que después de un riguroso análisis, encontró coincidencia genética en uno de los restos que corresponde a su hijo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Para la familia, estos datos científicos son sumamente dolorosos y muy difíciles de asimilar. A pesar de la evidencia empírica, el sentimiento amoroso que profesan por Cristian se impone por encima de la razón. Toda su energía centrada en la búsqueda con vida, impide vislumbrar la posibilidad de un desenlace fatal.

Don Clemente Rodríguez Moreno, es hijo de don Alfonso Rodríguez Cortés y Cristina Moreno Hernández, originarios de Tepozcuahutla, municipio de Chilapa. La situación de pobreza que enfrentaron los llevo a vivir en Tixtla, desde hace 50 años. Su papá se dedicó a cargar y descargar verduras en el mercando municipal. En ese trajín de la vida nació Clemente, que con muchos sacrificios logró estudiar hasta el bachillerato. No tuvo dinero para continuar una carrera. Al igual que su papá, Clemente descarga maíz y alimentos para ganado en una forrajería. Desde niño apoyo a su papá en este arduo trabajo.

A los 26 años conoció a Luz María Telumbre, una joven oriunda de La Estacada del municipio de Tixtla, tuvieron cuatro hijos, el único varón es Cristian. Cuando ocurrió la desaparición de su hijo, Clemente trabajaba en la purificadora Agua Valle. Desde el 27 de septiembre del 2014, Clemente y doña Luz María se fueron a la escuela a esperar la llegada de Cristian. A lo largo de estos años, aprendieron a luchar a levantar la voz y a protestar en las calles para exigir la presentación de sus 43 hijos. Don Clemente es un padre aguerrido que está dispuesto a dar la batalla con tal de encontrar a su hijo.

Como algo premonitorio de la reciente noticia que recibió, don Clemente nos narró en septiembre del 2019: “Cinco años de lucha es como si hubiera sido ayer. Yo me siento así, a pesar de que ya son cinco años (…) Con el anterior gobierno de Peña Nieto, no podíamos acercarnos. ¿Cuándo íbamos a llegar a la verdad? Nos entorpeció las investigaciones, nos engañó. Yo creo que, si no hubiera llegado la Comisión Interamericana, el GIEI y los peritos argentinos, probablemente hubiéramos dado por muertos a nuestros hijos. Cuando nos presentaron su verdad histórica. Fue un golpe muy duro. Llegaban las noches en que uno no podía dormir, la incertidumbre nos mataba. Nos han martirizado, por no saber dónde está Cristian y dónde están sus compañeros.

Antes del 2014, todo era maravilla, porque teníamos la familia completa, convivíamos, jugábamos. Celebrábamos los cumpleaños. Apenas el 9 de agosto fue su cumpleaños. La verdad, a mí me pegó muy duro. Me martirizo yo solo, porque (…) ¿cómo se puede decir? Me automaltrato. ‘Uta madre’, si yo le hubiera echado más ganas, esto no hubiera pasado. Quizás lo hubiéramos metido en otra escuela. Pero la pinche pobreza que nos está atacando, como padres no podemos hacer más, por no tener dinero. La única opción fue Ayotzinapa, la verdad.

Creo que, en poco tiempo, nos pueden dar una sorpresa de Cristian. Nos puede llegar: ‘Aquí estoy papá’, yo lo siento así. Precisamente con mi esposa, estaba platicando que, si en este momento me dijeran que Cristian está en cualquier punto del mundo, agarro mis cosas y me largo. Yo no sé, lo iría a traer a cualquier punto del mundo. Mi esposa me apoya. Ella vende tortillas hechas a mano.  Me apoya mucho para los gastos. Con muchos sacrificios, la vamos pasando. Por eso, no puedo dejar la lucha, no puedo, porque me falta mi hijo”.

Doña Luz María Telumbre también espera la llegada de Cristian y de los 43: “Yo trabajo cada tercer día haciendo tortillas. Cuando no tengo compromiso salgo a darle de comer a un conejito que tenemos.  Me pongo a bordar, siento que así la tristeza no es tan pesada. Ha sido duro todo este tiempo sin Cristian. No ha sido fácil. A veces siento que ya no puedo, pero no sé de dónde me salen las fuerzas y las ganas de encontrar a los muchachos.  Yo siento que mi hijo es uno, pero igual que las otras mamás, igual que yo, sienten el mismo dolor, la misma tristeza y la misma angustia de no saber dónde están sus hijos.

Así que espero a 43 hijos y yo sé, que no soy la única que digo esto, porque estamos pasando por la misma situación. Yo necesito a mi hijo, lo quiero de vuelta, me hace mucha falta. Los que tienen hijos desparecidos me entienden, saben que no es fácil vivir con esta angustia toda la vida, porque cuando lo desaparecieron, nunca pensé que tardaría tanto tiempo en buscarlo. Yo le daba 15 días, pensé que llegaría por el cerro. Incluso yo me ponía a platicar con mis hijas, yo sé que, si mi hijo viniera caminando por el cerro, que se hubiera escapado, aunque sea raspado, a los 15 días iba a llegar. Yo sé que mi hijo era de las personas que ya presentía lo que iba a pasar. Él tomaba agua de la llave, comía guayabas, comía cualquier cosa, a lo mejor ya presentía lo que les iba a pasar.

Cada cosa que hay en la casa, me recuerda a mi hijo. Cada rinconcito, cada espacio, me trae a la memoria su figura. Si ese ropero pudiera hablar, solo hablaría de Cristian. Ahí está su ropa, sus sombreros, también una maleta llena de ropa. Todos lo esperamos. Todo el tiempo está en mi mente. Yo te digo que cada familia que tiene un hijo desaparecido así lo siente.  Todo el tiempo está con nosotros y está presente en todas las cosas que nosotros hacemos”.

A 70 meses de esta búsqueda incansable de las 43 madres y padres de familia, la noticia que les transmitieron estando presente el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, fue muy dura: “A mi si me pegó muy fuerte. Fue una parte de mi vida, aunque no es mi hijo, sin embargo, los siento y lo quiero como tal”, expresó un papá al terminar el mitin realizado en el antimonumento. “Es muy difícil, asimilar una noticia de esta magnitud y la verdad, me causa un miedo tremendo, estoy con la presión baja, resiento que mi salud no es la misma”.

“Como padres y madres de los 43 nos ha salido muy caro y muy doloroso tener que destruir todas las mentiras del gobierno de Peña Nieto. Esta lucha nos ha llevado a construir una nueva ruta con el gobierno federal. También ha sido un caminar difícil, porque el avance es lento. Ahora con la noticia de Cristian, estamos enfrentando con mucho dolor y miedo, las nuevas investigaciones y búsquedas que se están realizando. Qué bueno que estamos avanzando, sin embargo, estamos preocupados porque no vemos que haya detenciones de los personajes que nos hicieron tanto daño. Nuestro temor, es que cada mes o cada tres meses nos entreguen restos de nuestros hijos y es algo que nuestra mente y nuestro corazón, no lo concibe, más bien lo rechazan. Demandamos con urgencia la detención de los funcionarios que armaron la verdad histórica y que se empeñaron en pisotear la memoria y la dignidad de nuestros hijos. Queremos acciones firmes y contundentes para que hablen los perpetradores y digan donde están nuestros hijos”.

Una madre de familia, que dejó su parcela para ir a la ciudad, alzó la voz, con el garbo que le caracteriza: “Estamos aquí en el antimonumento, porque el poder judicial no está jalando parejo, como lo pedimos nosotras el día 9 de marzo. No están trabajando bien como la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Porque los jueces dejaron en libertad a los que están detenidos, como el “Mochomo” que pagó 2 millones y lo dejaron en libertad. Eso es lo que a nosotras no nos parece, porque lo que queremos es justicia. ¿Como es posible que lo dejen en libertad sabiendo que es el culpable de la desaparición forzada de nuestros hijos? Por eso, nuestra exigencia es que se encarcele a estos jueces corruptos.

Le pedimos al gobierno que agilice las investigaciones. Esa es nuestra exigencia, porque ya se van a cumplir 6 años de la desaparición forzada de nuestros hijos y no sabemos el paradero de ellos. Eso le pedimos al presidente de la república, que encarcele a los responsables de la verdad histórica y a los jueces corruptos.  A 70 meses nuestra paciencia se agota”.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-70-meses-como-si-hubiera-sido-ayer/

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