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Opinión: ¿Se acabó la verdad histórica?

Por: Tlachinollan

 

En el mes de noviembre del 2014, en plena efervescencia y convulsión social por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobierno federal anunciaba a través del procurador general de la república Jesús Murillo Karam, que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala, y que los habrían entregado al grupo delictivo guerreros unidos, quienes los asesinaron e incineraron. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, esa fue la versión oficial que defendió a capa y espada.

En el sistema penal de corte inquisitivo se buscaba la verdad histórica, que consistió en reconstruir los hechos tal cual acontecieron en el mundo fáctico, a través de la prueba recabada en el proceso.  Por su parte, el sistema penal acusatorio prescinde de este objetivo procesal y apuesta por el esclarecimiento de los hechos y la solución del conflicto penal, partiendo que la verdad no es unívoca, y que cada persona involucrado en el proceso tiene su versión de lo acontecido.

Murillo Karam, cuando dio a conocer su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, quiso mostrar que el conjunto de pruebas que tenía reunidas, reconstruía fielmente lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre: que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus restos vertidos al río San Juan.

Esta conclusión, se enmarca dentro de una crisis política propiciada por la protesta social que puso en grave riesgo la estabilidad del gobierno Peña Nieto. Para desactivar este movimiento que se tornaba más virulento, abanderando la consigna de “fue el Estado”, la narrativa de la verdad histórica, se limitó a circunscribir los hechos a un conflicto local protagonizado por el presidente municipal de Iguala con su policía preventiva coludidos con un grupo delictivo de alcance municipal. Excluyó deliberadamente la participación de autoridades federales. Esta versión se sustentó básicamente en tres confesiones de testigos, con la finalidad de cerrar la investigación y concluir la búsqueda de los 43 estudiantes.

Estas conclusiones de la investigación que buscaron un gran impacto mediático, tuvieron como respuesta un rechazo social unánime. Para la población que se trató de una respuesta política más que una investigación científica comprometida con la verdad y la justicia para las víctimas.   En el 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su primer informe desmontó esta trama de la versión oficial. Presentó una serie de pruebas científicas que no daban crédito la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), demostró paso a paso las inconsistencias de esta escena de la pira. En el 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas resolvió que los detenidos fueron torturados, declarando ilícitos y nulos sus testimonios.  Por otra parte, se fueron acumulando más datos dentro de la misma investigación que dejaban sin sustento la verdad histórica. Es importante resaltar algunos de ellos: que los celulares de los estudiantes, con los que supuestamente fueron quemados, estuvieron activos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre y varias prendas de vestir de su propiedad aparecerían en lugares distintos al basurero. Estas pruebas irrefutables fueron deshilando la trama de la versión oficial. La lucha inquebrantable de las madres y padres de los 43, se transformó en un referente nacional que cimbró al mismo gobierno peñanietista. Lograron condensar todo el malestar social para transformarse en un símbolo de la dignidad y la resistencia. Su autoridad moral transcendió fronteras y logró atraer la atención internacional, al grado que el gobierno federal perdió credibilidad y su verdad histórica se fue resquebrajando. Su lucha logró innovar un mecanismo de supervisión internacional que tuvo un impacto favorable en el nuevo curso de las investigaciones. Los informes del GIEI fueron determinantes para descarrilar la línea impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR).

Además del peritaje del basurero de Cocula, el GIEI concluyó con gran contundencia: que en el ataque se realizó un operativo de gran envergadura que contenía tres cercos; el primero instalado en el centro de Iguala; el segundo en el crucero de Santa Teresa y el tercero en los municipios colindantes como Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Zumpango. La participación de las policías preventivas de los tres primeros municipios, quedó corroborada con distintos medios de prueba. Ellos obstruyeron el paso de los autobuses en hora críticas. Se ha constatado la participación de fuerzas de seguridad federal como la policía federal y el ejército mexicano. Se logró indagar que el grupo delictivo de guerreros unidos no era una pequeña célula, sino una red delincuencial con capacidad operativa a nivel internacional, que tiene trazada una ruta para la transportación de drogas de Iguala a Chicago, en autobuses de transporte público. La investigación también corroboró que los funcionarios encargados de la investigación incurrieron en actos de tortura, que recabaron pruebas ilícitas, y en contravención a la ley alteraron la escena del crimen, con la intención deliberada de ocultar la verdad y el paradero de los 43 estudiantes.

Con gran visión las madres y padres de los 43 estudiantes lograron posicionar el caso Ayotzinapa en la agenda de los candidatos presidenciales. Irrumpieron en un acto político del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Iguala. No solo los invitó a subir al templete, sino que les dio el micrófono para que planteara con toda claridad su exigencia de verdad y justicia. Desde aquel celebre mitin quedó sellado el compromiso del ahora presidente de la república de esclarecer los hechos. El caso de los 43 es un tema primordial para el gobierno de la república, por ello el mismo presidente dio la pauta para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Por su parte, el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, emitió un acuerdo que crea la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa dentro de la FGR. No obstante, las altas expectativas que se suscitaron al calor de la nueva administración federal, las investigaciones no tuvieron un avance sustantivo. Todo el 2019, fue una espera impaciente por parte de las madres y padres de familias porque no había avances en las investigaciones. Se dieron momentos sumamente desconcertantes, que causaron desencanto. Por la liberación de varios detenidos, a causa de las inconsistencias de la investigación de quienes crearon la “verdad histórica”.  Se percibió desanimo, una especie de decepción, ante el gran número de personas liberadas. Las madres y padres pidieron reunirse con el presidente de la república para hacer expresar su sentir y apelar a su compromiso de llegar a la verdad. En el mes de septiembre se realizó el primer encuentro donde se establecieron nuevos compromisos y se programaron otras reuniones para darle seguimiento a los acuerdos. En el mes de enero y febrero de este año, se realizaron dos reuniones de suma trascendencia con el presidente de la república. En una de ellas estuvieron presentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la república, como lo habían solicitado las madres y padres, para dar un impulso a las investigaciones, pero sobre todo a entregar resultados de las nuevas indagatorias, para acabar con los pactos del silencio. En la última reunión, las madres y padres exigieron la detención de altos funcionarios que construyeron la “verdad histórica”.

La conferencia del fiscal general, el pasado del 30 de junio resume el nuevo derrotero de las investigaciones y vislumbra los nuevos avances y los hallazgos en las búsquedas que se traduce en tres elementos fundamentales: el fin de la “verdad histórica”; la orden de aprehensión contra Tomás Zerón; la detención de Ángel Casarrubias y los actos de corrupción del poder judicial, así como el anunció de 46 nuevas órdenes de aprehensión.

La declaración de que terminó la verdad histórica es muy significativa, porque se desecha la posición del gobierno anterior, colocando nuevos elementos en la indagatoria. Se rompe con el esquema localista del caso Ayotzinapa, más bien contextualiza estos hechos dentro del fenómeno de la macrocriminalidad, donde se encuentran involucradas autoridades federales. Las órdenes de aprehensión contra altos funcionarios es un claro mensaje de que no habrá impunidad. Tomás Zerón tiene mucho que decir sobre su actuación irregular en el proceso ¿Por qué tantas deficiencias cometidas en la investigación? ¿A que intereses políticos respondió su manoseo en el proceso? ¿A qué autoridades de alto nivel a tratado de encubrir? ¿De dónde obtuvo el resto óseo que fue sembrado en el Río San Juan y que las pruebas de genética indican que pertenece al estudiante Alexander Mora Venancio?

La detención de Ángel Casarrubias es de suma transcendencia por la desaparición de los 43 normalistas. El día de los hechos, José Ángel, ejercía el liderazgo del delictivo de guerreros unidos, quienes contaron con el apoyo y el respaldo de corporaciones policiales, tanto municipales, estatales y federales, así como elementos del ejército y de la marina. También está corroborado que la familia Casarrubias dirigía este grupo criminal, pues varios de sus hermanos han sido detenidos por este hecho, además uno de ellos era policía federal y otro, miembro del ejército. Su detención cobra una relevancia fundamental al ser dirigente de este grupo criminal ya que posee información privilegiada del paradero de los 43. En medio de la turbulencia que se dio, cuando una juez dictó su libertad, el mismo presidente de la república intervino para poner en evidencia el alto nivel de corrupción que existe entre los juzgadores del país, que quebrantan las exigencias más sentidas de una sociedad agraviada que reclama justicia. Las madres y padres esperan que impere el estado de derecho y no los intereses facciosos que pueden descarrilar nuevamente estos grandes esfuerzos para llegar a la verdad.

Las 46 órdenes de aprehensión que anunció el fiscal general es un claro mensaje que las pesquisas continuarán y que se procesará a todos los responsables directos e indirectos del caso. Es una exigencia de todo el pueblo de México, que ya no está dispuesto a tolerar más simulaciones y, sobre todo, versiones falases como la “verdad histórica” que quiso transformar en cenizas los sueños de los normalistas de Ayotzinapa, que son el motor de las grandes transformaciones sociales que requieren nuestro país. Solo así se sepultara la “verdad histórica”.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-se-acabo-la-verdad-historica/

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El caso Ayotzinapa: verdad y justicia a cuenta gotas

América/México/Fuente: Tlachinollan

 

El Titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la PGR, Omar Gómez Trejo, en una conferencia de prensa, anunció que entre los restos llevados a Innsbruck, uno corresponde Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; la identificación fue verificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los días 21 y 29 de noviembre de 2019 se realizaron acciones de búsquedas en un punto conocido como Barranca de la Carnicería, Ejido de Cocula; este lugar no es el basurero de Cocula ya que la Barranca se encuentra a más de 800 metros de distancia donde se crea la narrativa de la “verdad histórica”, afirmó Omar Gómez.

Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres, consideró que hoy se ha recibido una noticia con mucho dolor, pero es un paso en la dirección correcta en la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo, queremos decirle a la familia que estamos a su lado, con el compromiso de seguir abrazados, que sentimos su dolor en la distancia y que sin duda no es nada comparado porque la esperanza de que llegara Christian era más inmensa, incluso que la verdad. Nos solidarizamos.

Omar Gómez Trejo dijo que el 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la Unidad Especial del caso Ayotzinapa y al Equipo Argentino, que después de realizar los análisis respectivos de los restos óseos enviadas a Innsbruck, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos. Para mayor certeza de los resultados de Innsbruck también fueron analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, terminando su revisión el 4 de julio. Las conclusiones fueron deforma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece efectivamente al estudiante normalista Christian de forma indubitable. El titular de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa, en sus aseveraciones finales, consideró que con estos hallazgos se rompe el pacto de la impunidad y del silencio, así como se acaba la “verdad histórica”, parafraseando al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Por su parte, Vidulfo Rosales, confía que el hallazgo de los restos pueda revelar una verdad que se ha ocultado a la opinión pública de México y que se ha convertido en una de las promesas de la actual administración, asumida desde la presidencia desde diciembre de 2018. Los primeros indicios de esa verdad llegan con el trago amargo de la muerte de Christian Alfonso Rodríguez que fue víctima de desaparición forzada cuando apenas tenía 19 años.

Aún sigue siendo un tema pendiente. Esta noticia no es más que el símbolo de un país de los desaparecidos, de los rostros ausentes, de la ignominia; un aparato de Estado que quiere exterminar a la voz rebelde, que desaparece a los cuerpos incómodos.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-el-caso-ayotzinapa-verdad-y-justicia-a-cuenta-gotas/

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El fertilizante en tiempos del COVID–19

Por: Tlachinollan

 

El miércoles 24 de junio es el día de San Juan Bautista, que es el día en que los campesinos e indígenas del estado, tienen como fecha simbólica para la siembra del maíz, frijol y calabaza. Un policultivo que le ha permitido a los pueblos de Guerrero mantener una cultura milenaria cimentada en la milpa, es decir, en una comunidad productora de bienes básicos, donde la diversidad de saberes y formas de organización se materializan a través de la asamblea, que es la expresión más sublime de una democracia basada en el consenso.

El programa fertilizante en nuestro estado ha reciclado el control político de la población indígena y campesina del estado.  En sus inicios el gobernador Rubén Figueroa diseñó este programa como un asunto de control de la población más insumisa del estado. Fue una propuesta pensada más en la lógica de contrainsurgencia, para poder someter a la población rural más pobre del estado. Las matanzas que se han suscitado desde Aguas Blancas, tienen que ver con esa visión depredadora, de que a los campesinos y campesinas que se atreven a levantar la voz, hay que someterlos por la fuerza y darles “su merecido”, ya sea matándolos o domesticándolos con el fertilizante.

Desde la década de los noventas hasta la fecha, el Programa Fertilizante se ha transformado en un programa político, que ha servido a los candidatos y a los mismos gobernantes, como el instrumento más eficaz para imponer un control a la población indígena y campesina más pobre del estado. El apoyo directo ha sido la forma más clara y contundente para tener una gran presencia en el ámbito rural. El paquete tecnológico del fertilizante, que ha sido impulsado por las empresas agroquímicas del exterior, resultó ser el milagro de la agricultura temporalera.

El fertilizante, más allá de ser un agente depredador, se ha transformado en un programa para cualquier político. No distingue de qué partido sea. Los mismos campesinos e indígenas, ven en la autoridad que lo promueve como al mesías que viene a redimir el grave problema del hambre, que enfrenta desde que sus padres le enseñaron a cultivar el campo.

En la Montaña, el problema alimentario, sigue siendo uno de los grandes desafíos que enfrentan las familias indígenas ante su extrema vulnerabilidad por la falta de apoyos, para una producción suficiente y adecuada de los granos básicos en sus parcelas. Vemos con gran preocupación que, en el contexto de la pandemia, los productores de maíz quedan supeditados a los dictados de Segalmex, de los servidores de la nación y de los mismos presidentes municipales, quienes sin ser sembradores de maíz, son los que están determinando quiénes serán los productores que recibirán 6 o 12 bultos de fertilizante.

El gobierno federal, a través del presidente de la república, ha anunciado desde el año pasado que este programa es para apoyar a los pequeños productores, sin embargo, para los presidentes municipales, esto se traduce en la oportunidad para fortalecer cacicazgos políticos, orientados a garantizar el triunfo electoral de los próximos candidatos de su partido. Más allá del diseño que puede tener este programa, en la práctica, los fertilizantes son al final de cuentas un producto que genera dividendos políticos, porque los productores los han hecho dependientes de paquetes tecnológicos basados en el petróleo.

En la Montaña, se reciclan los conflictos comunitarios desde hace un año, con relación a la exigencia que legítimamente han planteado los productores para acceder a los fertilizantes. En el marco de la pandemia, la gente del campo entendió que habría que esperar el momento para registrarse como productores, y al mismo tiempo, darles oportunidad a las instancias de gobierno como Segalmex, que realizaran el traslado de los agroquímicos a las bodegas de sus municipios. El grave problema es que en este diseño, desde la elaboración del padrón, la distribución del fertilizante y la ubicación de las bodegas, se realizó en el escritorio. Es decir, en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de los beneficiarios directos. Simplemente se apostó al volumen de millones de pesos que se autorizaban desde la federación para la compra del agroquímico y se planeó que, a través de Pemex, se iba a realizar toda la maniobra, para resolver los problemas de la entrega en cuanto a volumen y tiempo del agroquímico.

En los hechos resultó que Pemex no estaba en condiciones de atender está demanda, mucho menos de cumplir con el compromiso asumido por el Ejecutivo Federal, de que en este año se daría cumplimiento cabal a la entrega del fertilizante en tiempo y forma. Es más, que se ampliaría este programa a otros estados para demostrar la capacidad del gobierno federal y su paraestatal, de que estarían en condiciones de entregar estos insumos a la población campesina e indígena de la zona sur y centro del país.

Es increíble que las cifras que dan tanto el subsecretario de agricultura Miguel García Winder, de que se ha entregado a 167 mil productores el fertilizante, los funcionarios de Segalmex informen que han proporcionado a 227 mil 171, cuando la meta era beneficiar a 280 mil productores. La realidad es que hay un gran número de productores que han sido desaparecidos de los padrones, sin que los servidores de la nación puedan informar qué fue lo que pasó en este nuevo sistema de registro, controlado por la Secretaría del Bienestar.

A pesar de las reuniones que el gobernador del estado ha tenido con los presidentes municipales, cada municipio decidió la forma de apoyar a los productores. En el caso de la Montaña, desde el año pasado tenemos al municipio de Acatepec, como el ejemplo más claro del uso clientelar del programa. A todos los productores se les impuso una cuota de 100 pesos por hectárea para la entrega del fertilizante en sus comunidades. Esto mismo sucedió con el presidente de Tlacoapa, que está cobrando a los productores 50 pesos para el traslado del agroquímico a sus comunidades.

Son casos que hemos documentado y que las mismas personas nos han pedido nuestra intervención, sin embargo, no podemos hacer nada, porque resulta que los presidentes son autoridades intocables. Nadie puede obligarlos a cumplir con el compromiso presidencial, de que los 6 o 12 bultos que reciben los productores más pobres de país, tienen que asumir los costos para el traslado de los agroquímicos a sus domicilios. Ninguno de ellos pondrá de su bolsa, simplemente tendrán que utilizar el Ramo 28, de las participaciones federales.

Es el mismo negocio de los grupos políticos de antaño que en la actualidad, siguen reproduciéndose en el estado, porque forman parte de una estructura clientelar, que al final de cuenta se trata de expoliar al más pobre. En esa pirámide se encuentran tanto los funcionarios federales, del estado y los presidentes municipales, que forman parte del entramado burocrático, quienes lucran con las necesidades de la población más depauperada. Las mafias de los transportistas son los tentáculos de un poder caciquil que se mueven al ritmo del jefe político en turno. Ellos se encargan de movilizar a las clientelas políticas, y al mismo tiempo, de cobrar estos favores a la población más vulnerable, quienes para sobrevivir tienen que pagar el traslado de los agroquímicos para las siembras del hambre.

Las familias indígenas de la Montaña, en el marco de esta pandemia han tenido que esperar a la Secretaria de Desarrollo Rural y a los mismos presidentes municipales, para que hagan llegar el fertilizante a sus comunidades. Nada es gratis. Todo tiene un costo político y económico. La gente quiere sembrar, para que San Marcos les haga el milagro de que llegue la lluvia y puedan cosechar suficiente maíz, sin embargo, para los políticos el fertilizante es una gran oportunidad para afianzar clientelas que les garanticen el voto el próximo año, sufragando en favor de su grupo político o de su propia candidatura.

Hoy el reclamo de la población indígena de la Montaña es que se tome en cuenta a todos los productores y productoras. Que no se discrimine a las mujeres como está pasando en el municipio de Acatepec, a quienes se les asigna la cuota de 6 bultos, independientemente de que puedan acreditar dos o tres hectáreas. Por otro lado, también han reclamado, como sucede en el municipio de Alcozauca, que se incorporen 800 productores que han sido excluidos del padrón, por parte de los servidores de la nación, bajo el criterio de que no son personas afines a Morena.

El principio de la gratuidad no se está garantizando entre los municipios más pobres de Guerrero.  Por el contrario, las cabeceras municipales que el gobierno federal llamó de La Esperanza, por no haber registrado contagios del COVID – 19, sus pobladores son quienes padecen el trato discriminatorio al negarles la atención médica y la aplicación de las pruebas PCR, porque en la Montaña los indígenas no tienen derechos. Estamos ante una realidad que lacera, porque se sigue tratando a las poblaciones que poseen una identidad propia como entes manipulables y sacrificables.

No le cuesta nada al país que varios jefes o jefas de familia mueran por el COVID – 19 o por cualquier otra enfermedad, al final de cuentas se trata de población indígena, quienes, desde la colonia, han sido asesinados o contagiados por epidemias trasmitidas por los colonizadores. El fertilizante en tiempos del COVID – 19 sigue utilizándose en la práctica, como un programa de control político, más que de justicia social. El agroquímico es una apuesta por el poder político en la siembras del hambre.

 

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-fertilizante-en-tiempos-del-covid-19/

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OPINIÓN | Guerrero, en extrema vulnerabilidad

Por: Tlachinollan

Daniel Chiquiar Cikurel, director general de Investigación Económica del Banco de México, calificó como estados muy vulnerables a Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur, “porque tienen una orientación turística y, por lo tanto, claramente, el riesgo de perder empleo por estar en actividades muy riesgosas, es elevado”. El turismo que se ha catalogado como una actividad no esencial en la fase tres de la pandemia, coloca en una situación sumamente critica a nuestra entidad, por el elevado número de empleos que se han perdido. Esta situación ha impactado fuertemente en el Puerto de Acapulco, que es el corazón de la economía del estado.

El Banco de México en su reporte sobre las Economías Regionales de enero – marzo de 2020, registró una pérdida de 685 mil 840 puestos de trabajo, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reporta que las mayores contracciones se dieron en Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur y Guerrero. Son estados cuya vocación productiva está orientada al turismo que, ante el choque sanitario, la gran mayoría de trabajadores pasó de la noche a la mañana a las filas del desempleo. Por su parte el gobernador Héctor Astudillo, informó que la fase tres de la pandemia provocó la pérdida de más de 50 mil empleos formales e informales, llegando a cerrar 220 hoteles en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. La situación pasó de ser delicada a grave.

El grave problema que enfrentamos como estado es que una alta proporción de la fuerza laboral se concentra en un sector económico vulnerable, como ahora es el turismo. Las grandes fluctuaciones en los niveles de ocupación son como una ola que arremete con toda su fuerza contra los trabajadores de este sector. La contingencia ha castigado con toda su furia a la población que se asienta en los centros turísticos del estado.

La gran desventaja es que se trata de trabajos que no pueden llevarse a cabo a la distancia. Los turistas requieren una atención personalizada y un servicio directo. El turismo implica el desplazamiento de personas por diferentes vías de comunicación, marcado por temporadas altas y bajas y centrado en el esparcimiento, la diversión y el descanso. Nada de estos servicios se pueden obtener a distancia, por lo mismo, las empresas están imposibilitadas de implementar otra modalidad de trabajo para mantener la continuidad de sus actividades. Por otra parte, el nivel de calificación que se requiere para la asignación de determinados puestos, no exige un alto grado de profesionalización. Por lo mismo, la rotación laboral es mayor y el desempleo es una amenaza inminente.

El estudio del Banco de México enfatiza que la falta de gobernanza es también un factor de mayor riesgo para el crecimiento económico, es decir, que si en estados como Guerrero, la violencia y la inseguridad pública, siguen siendo la principal amenaza para la población, se truncan las posibilidades de que se consoliden las inversiones económicas en las diferentes regiones de la entidad. No solo el COVID – 19 vulnera nuestro desarrollo, sino también la debilidad de nuestras instituciones y la fragilidad de nuestro orden constitucional.

El reciente informe publicado por International Crisis Group, titulado La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, afirma que nuestro estado es el epicentro del crimen organizado en México, con más grupos luchando por el control del territorio que en cualquier otra región del país. “Al menos 40 grupos luchan, por un diverso portafolio criminal, que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína, para el mercado estadounidense y varios tipos de actividades criminales, que han aparecido recientemente, principalmente la extorsión (…) una reforma a la policía civil, la protección de las poblaciones vulnerable y el desarme de grupos violentos, son tareas esenciales para que el estado salga de su guerra crónica (…) el gobierno debe de proveer los recursos y la protección física para permitir que la sociedad civil local, tal como las organizaciones de víctimas, asuman roles de liderazgo en estos procesos”.

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la siguiente investigación: Vulnerabilidad ante el COVID-19 en México, donde plantea las tres principales dimensiones del índice de vulnerabilidad en el marco de la pandemia: la demográfica que incluye factores socioculturales que dificultan el acceso a la información para prevenir el contagio y acudir a los servicios médicos; la salud que se refiere a la presencia de morbilidades asociadas a complicaciones del coronavirus como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares  e infraestructura en salud, y la socioeconómica, relacionada con la satisfacción de los derechos básicos y la capacidad económica.

El índice de vulnerabilidad está clasificado en 4 grados: media, alta, muy alta y crítica. En la Montaña de Guerrero el grado muy alto de vulnerabilidad se concentra en los municipios de mayor marginación, que cuenta con áreas urbanas pequeñas y un gran número de comunidades dispersas. En esta región la infraestructura de salud es muy escasa, con una tasa de hacinamiento alta. Los hogares cuentan con pocos medios de comunicación y la producción económica es precaria. Son municipios mayoritariamente indígenas. Para los investigadores, las poblaciones con un grado critico de vulnerabilidad, representan un reto mayor que debe ser atendido de manera especial por las autoridades. En términos socioeconómicos, son los municipios con menor capacidad de resistencia y por consecuencia, menor capacidad de resiliencia. Por lo mismo, debe ser un imperativo que la política pública se encamine a evitar la propagación de contagios en estas áreas, ya que no existen los servicios médicos para atender a quienes se enferman.

El estudio señala que la mayor vulnerabilidad se concentra en los municipios más marginados del país, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Hace unas semanas, el gobierno federal catalogó como municipios de “La Esperanza”, a 269 que se ubican fundamentalmente en estos estados y se caracterizan por su alta marginación. Su vulnerabilidad es extrema, a pesar de que no hay contagios, sin embargo, la precariedad en la que viven tiene fuertes efectos negativos en las economías locales. Se señala que es en estos municipios donde se deben prevenir a toda costa los contagios, ya que además de la precariedad económica, los servicios de salud son prácticamente nulos.

Recomiendan aumentar y mantener las medidas de prevención del contagio en municipios con vulnerabilidad muy alta y critica, aunque no presenten casos, por el alto impacto de la pandemia. Sugieren que no se levante las medidas de mitigación del contagio, porque no hay certeza de que en estas poblaciones estén al margen de los intercambios económicos, sociales y culturales. Más bien, existe una gran movilidad poblacional, ante la falta de trabajos remunerados. La alta migración que se ha registrado por parte de familias indígenas provenientes de los municipios de Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte y Tlapa, que se trasladan a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, nos muestran el intenso desplazamiento que se está dando, sin que se implementen acciones coordinadas entre los estados expulsores de mano de obra jornalera y los estados receptores para prevenir contagios y brindar una atención digna a mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores que ante la falta de condiciones materiales y económicas para sembrar en sus pequeñas parcelas, no tienen otra alternativa que realizar actividades agrícolas  extenuantes.

Hoy el gobierno de Guerrero no deja de insistir en su publicidad oficial que la pandemia no ha terminado. Que necesitamos extremar precauciones. El mensaje que dio este domingo el gobernador, fue muy enfático, al reiterar que el semáforo rojo se mantiene en el estado. Advirtió que no estamos en condiciones de abrir las actividades no esenciales. Anunció que se aplaza hasta el 30 de junio del 2020 el inicio de estas actividades. También enfatizó que es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y recomendó el uso de la careta. Reconoció que hay una gran cantidad de contagios, remarcando que por esta situación mucha gente está sufriendo.

En esta semana las cifras de decesos rompieron récord con 61 defunciones en un solo día, arrojando el domingo 14 de junio, un total de 546 defunciones y 3 mil 325 casos confirmados. Lo que más preocupa es que sigue aumentando el número de casos, a pesar de las escasas pruebas que se aplican en los centros hospitalarios. El fenómeno de la comorbilidad, es decir, el padecimiento de dos o más enfermedades que tiene una misma persona, ha desconcertado a un gran número de familiares y a la población en general, porque a pesar de que hospitalizan a sus enfermos por diabetes o hipertensión, cuando el desenlace es fatal, los médicos dictaminan, que la causa de su muerte fue por coronavirus. Esto ha generado desconfianza entre los nuevos pacientes y desencadenado versiones inverosímiles, de que en los centros hospitalarios la gente se está contagiando y muriendo por COVID – 19.

Otro elemento que es importante señalar, es el doble sufrimiento de las familias, quienes además de tener a un familiar hospitalizado, deben de sufragar todos los gastos relacionados con la compra de medicamentos. En el hospital de Tlapa, hemos constatado que ni siquiera mascarillas, ni paracetamol pueden proporcionarles a los pacientes. Desconocemos dónde está el problema, pero lo real, es que ha habido pacientes que han gastado hasta 10 mil pesos en la compra de medicamentos. Estas situaciones que deben de atenderse y corregirse, se adhieren a los problemas más complejos que enfrentamos en el estado, y que nos colocan en el desfiladero de la extrema vulnerabilidad.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-guerrero-en-extrema-vulnerabilidad/

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Opinión: Las viudas de El Charco

Por:  Tlachinollan- Abel Barrera Hernández-

 

“Salgan perros, les vamos a dar su chilate con pan”, fue el grito de guerra del general Alfredo Oropeza Garnica para arremeter contra los indígenas Na’Savi, que descansaban en uno de los salones de clases de la escuela primera Caritino Maldonado. Rosearon de balas los salones para acabar antes del amanecer contra algunos miembros del Ejército Revolucionario del pueblo Insurgente (ERPI).  El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante universitario asesinados, cuatro adultos y un niño fueron gravemente heridos, mientras 22 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, entre ellas cuatro niños y una estudiante universitaria.

Para doña Eustolia, esposa de José Rivera, uno de los caídos en esa madrugada “no había necesidad de matarlos. El gobierno los masacró cruelmente a sangre fría. Estas fechas me causan tristeza porque aquí quedó su alma. Aquí murió. Nos marcó la vida. El gobierno nos golpeó. No se puede reparar ni olvidar lo que pasó. Fue muy doloroso, son huellas que nos marcaron para siempre. El sufrimiento, la soledad y el hambre que pasamos con nuestros hijos, además de los rumores de que los militares nos iban a matar, ha sido la pesadilla que por 22 años nos ha impedido vivir tranquilas y conciliar el sueño”.

“Mi esposo me decía que al gobierno no le gustaba que nos organizáramos. El gobierno quiere que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Recién había pasado lo de Aguas Blancas, aquí puede pasar algo parecido, decía, si llegara a pasar es porque estamos exigiendo algo justo”.

Eustolia recuerda que “la organización era para impulsar la autonomía de las propias comunidades, que traerían los cambios sociales en beneficio de la gente más pobre. Por eso, se trabajó con los comisarios de cada comunidad. Fue como un sueño que se pensaba lograr muchas cosas. La organización era la magia para recuperar la fuerza de las comunidades, porque solos, cuando bajamos a Ayutla nadie nos ve ni nos atiende”.

Hoy se sabe que los militares dispararon 284 municiones y lanzaron dos granadas al interior de los salones donde pernoctaban los indígenas. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que el ejército disparó 780 cartuchos.

En la madrugada del 7 de junio, Apolonio Giménez fue uno de los primeros que se animaron a salir con las manos en alto gritando que no le dispararán. Les respondieron que se tirara en la cancha. Así lo hizo. Empezó a avanzar como pudo, mientras otros compañeros al animarse a salir recibieron varios impactos de bala. Ya no pudieron avanzar. Ante la metralla que no cesaba, algunos intentaron correr, pero fueron alcanzados por las balas. José Rivera fue herido en la pierna, como pudo se arrastró hacia la cancha para ponerse a salvo. Las balas arremetían contra quienes se atrevían a salir. José ya no tuvo fuerza para arrastrarse con sus brazos, porque sus piernas quedaron inmovilizadas por las balas.  Al final, recibió el tiro de gracia, como pasó con varios compañeros que se encontraban en la cancha.

La esposa de José Apolonio, que dejó a 9 hijos, nos comenta que se había ido al arroyo a buscar acamayas. En el camino escuchó los ruidos de los helicópteros. No sabía lo que había pasado en la madrugada.  A su regreso se topo con uno de sus pequeños hijos que desesperadamente corría para darle la noticia, de que habían asesinado a su papá. “Yo no creía que mi esposo estuviera muerto. Hasta regañé a mi hijo, porque pensé que estaba inventando. Al llegar al pueblo, varios señores me dieron la noticia. Más bien me espantaron, porque me dijeron que escondiera mis papeles, la credencial de mi esposo, porque si no lo hacía iban a matar a todos. Les dije que prefería que nos mataran a todos si en verdad teníamos la culpa para merecer la muerte. No entendía el coraje que tenía el gobierno para que nos viniera a matar. Ya no pude comer, sentía desfallecer. Estaba muy desesperada y triste. No sabía como consolar a mis hijos, ni que hacer para que entregaran a mi esposo. Me quedé aturdida. En varias ocasiones se me revelaba, escuchaba sus pasos, el ruido de sus huaraches. Sentía que entraba a la casa, pero todo era imaginación. Porque él ya está muerto. Mi cabeza se hacía grande y mi cuerpo pequeño. Para mí era mejor morir y no saber nada, sobre todo porque tenía un mes de embarazo. Sólo mis hijos me dieron la fuerza para seguir. Mis dos hijos más grandes, que en ese tiempo eran niños, empezaron a ir de peones para conseguir maíz y jabón. Así la íbamos pasando porque tenía nueve hijos. Estuve a punto de regalar a un hijo, ya que mucha gente venía a pedírmelo porque veían que no iba a poder, pero mis hijos grandes lo evitaron. Uno de mis hijos se fue a Estados Unidos a trabajar de jornalero. Tenía 17 años. Lamentablemente falleció en marzo de 2009. Era el que más me apoyaba para que mis hijos más pequeños pudieran estudiar. Por él teníamos que comer. He sufrido mucho porque tuve que trabajar como peón para no morirnos de hambre. En medio de tanto sufrimiento, mi hija se logró. Ahora ya esta grande y está estudiando para médico.

En la lengua Tu’un savi, otra de las viudas se animó a decir que gobierno solo sube al pueblo para matar a la gente. Así lo hizo con su esposo y sus demás compañeros. No solo nos quita la vida, sino que nos mete miedo, para que no hagamos nada para defender nuestros derechos. Tuve que dar varias vueltas para recuperar el cuerpo de mi esposo. Me decían que ya lo habían enterrado en la fosa común. Era para que yo ya no lo buscara y me quedara callada. Después de tres días me lo entregaron. Me traje su cuerpo y me quedé en mi pueblo para enterrarlo. He vivido con mucho miedo, porque el ejército siguió subiendo para detener a más gente. A varios compañeros, los han ido matando. Nadie sabe quien lo hace, pero así trabaja el gobierno, para que sigamos agachados sin decir nada.

Después de El Charco, nuestra vida está marcada por el dolor y el sufrimiento. Así como está la escuela rociada de balas, así siento que está mi cuerpo. Como si a mi me hubieran matado. En verdad así es, porque para el gobierno no existimos, no valemos nada. Las vidas de nuestros esposos tampoco valieron, porque las autoridades no investigaron a los militares. Más bien, los premiaron y les dieron mejores cargos. Así hace el gobierno, gasta el dinero en armas y en el entrenamiento a los militares, para que vengan a matarnos, cuando se dan cuenta que nos estamos organizando para salir de pobres.

Han pasado 22 años y estamos peor. Las autoridades se han puesto de acuerdo para castigarnos, para que nosotros mismos nos peleemos y seamos nuestros propios verdugos. Quisieran que El Charco no existiera para que nadie reclame justicia y para que no molestemos a los militares que asesinaron a nuestros esposos.

Trabajamos sin descanso, en muchas ocasiones con el estómago vacío. Con nuestras propias fuerzas hemos podido sacar adelante a nuestros hijos. Con muchos sacrificios logramos que estudiaran en Ayutla y en Chilpancingo. Me da mucha alegría, en medio de tanta pobreza, saber que mi hija está estudiando en la universidad, y que tiene el sueño de ser doctora. Nunca imaginé que, trabajando en el campo, cortando leña y sembrando maíz, iba a lograr que mis hijos crecieran y que pudieran estudiar. Eso es lo que me da fuerza, para seguir en esta lucha. Ahora entiendo porque mi esposo trataba de organizarse con la gente del pueblo, para que ya no hubiera tantas injusticias y tantos sufrimientos. Puedo decir, que está orgulloso de mi, porque no abandoné a mis hijos y porque nunca me olvidé por lo que el soñó.

A 22 años de la masacre de El Charco, el gobierno sigue desangrando nuestras vidas. Como mujeres indígenas, nunca hemos recibido la protección del Estado, ni nos han reconocido como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Lo más cruel es que el gobierno sigue sin castigar a los militares que perpetraron esta masacre y se obstina en darle más facultades el ejército para que se encargue de la seguridad pública, sin que se les obligue a rendir cuentas por estas atrocidades.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-las-viudas-de-el-charco/

Publicado originalmente en Desinformémonos

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OPINIÓN | Guerrero rojo

Por: Tlachinollan

En la cúspide de la curva del coronavirus, a nivel nacional llegamos a 90 mil 694 casos de personas contagiadas y a 9 mil 930 decesos. En el plano estatal se registraron mil 893 casos y 275 defunciones. El viernes 29 de mayo en el estado tuvimos el número más alto de contagios que ascendió a 185 casos. El municipio de Acapulco sobresale con mil 182 casos, seguido de Chilpancingo con 189, Iguala 116 y Taxco 54. Se reportan 56 municipios con casos positivos, 23 municipios vecinos sin contagio, y solo dos municipalidades, Cochoapa el Grande en la Montaña y Azoyú en la Costa Chica, aparecen sin contagio y sin vecindad. Son las cifras del Guerrero rojo, de la alerta máxima para contener el contagio que puede desbordarse, no solo en los municipios de mayor densidad poblacional, sino en las regiones donde no se han tomado medidas efectivas, por parte de las autoridades municipales en coordinación con las autoridades de salud, para persuadir a la población de que permanezca en sus domicilios.

El escenario que se vislumbra en el estado, en cuanto a número de contagios, seguirá al alza. El plan A si le podemos llamar así, de contar con camas suficientes para atender a los pacientes que requieren hospitalización, es el que nos han venido mostrando las autoridades del estado. Mientras los pacientes sean de esos municipios la situación puede estar relativamente controlada, en cuanto al acceso a los servicios hospitalarios. Sin embargo, el mismo presidente de la república manifestó en la conferencia mañanera del miércoles 27 de mayo su preocupación por la situación de Acapulco: “Es el único sitio, el único lugar, Acapulco, en donde tenemos que estar muy pendientes y ampliar de inmediato la capacidad de hospitalización, ya lo estamos haciendo”. Mientras no se implementen mayores medidas preventivas en los focos rojos donde proliferan los contagios, las camas del Puerto no alcanzaran para los pacientes que requieran hospitalización. Es decir, que aún el plan A, no ha pasado la prueba porque la curva de la pandemia aún no llega al techo en nuestro estado.

Lo preocupante es cómo implementar un plan B, tomando en consideración a la población que se encuentra dispersa en las diferentes regiones del estado, donde las pruebas de PCR no se aplican y, por lo mismo, tanto las autoridades de salud como los habitantes desconocen el número de personas contagiadas. Ante la carencia de infraestructura hospitalaria, el mismo personal médico ha optado por regresar a los pacientes a sus domicilios, aplicándoles únicamente un cuestionario para ubicar a las personas que presentan algunos síntomas. La misma población se resiste a acudir a los hospitales para diagnosticar su estado de salud. En estas circunstancias, la apuesta se circunscribe al ámbito meramente voluntarista, que no tiene ningún sustento en la realidad. En este contexto la mayoría de las personas construye en el imaginario que el contagio no llegará al extremo de cobrar vidas humanas. Pesa más el sentido religioso del milagro, que la postura objetiva y responsable de tomar medidas preventivas, para no cruzar el umbral de una enfermedad mortífera.

La realidad parece desbordar cualquier proyección sobre el comportamiento de la pandemia. Empezamos a constatar que el contagio se ha expandido a 79 municipios del estado, sin tener la certeza de que Cochoapa El Grande y Azoyú, sea una población que esté libre de contagio. En más de la mitad de los municipios no hay personal médico que esté en condiciones de detectar los casos y canalizarlos a los centros hospitalarios. Más bien estamos ante un panorama desolador por las condiciones precarias que enfrenta la población y que difícilmente podrá mantenerse en casa ante la amenaza de no comer ese día. Muchas familias indígenas están saliendo de sus comunidades porque no encuentran una respuesta inmediata de las autoridades para hacer frente para garantizar su alimentación. No hay forma de obtener un ingreso. Los mismos programas sociales que están aplicándose en el país son insuficientes, porque estamos ante una grave recesión económica que empieza a golpear con mayor fuerza a los sectores más depauperados del país.

El plan B, es cómo garantizarle camas a la población que se encuentra alejada de los centros hospitalarios, y que difícilmente podrán ser trasladados de sus comunidades o municipios porque no hay módulos de triage que puedan atenderlos y tampoco ambulancias para sus traslados. Normalmente, las personas enfermas de las comunidades rurales, para que puedan acceder a una ambulancia tienen que pagar el combustible y en varias ocasiones los viáticos del chofer. Difícilmente estás familias puede sufragar el gasto, por eso optan por regresarse a su comunidad. La descoordinación que existe entre las autoridades municipales y el sector salud, impide que muchos enfermos puedan tener la oportunidad de ser trasladados a hospitales de tercer nivel.

Por esta pandemia tenemos conocimiento que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha congelado los capítulos 2,000 y 3,000 de todas las dependencias. Eso quiere decir, que no tendrán recursos para su operación, hasta que no entreguen sus recortes presupuestales del 75 por ciento. Por lo mismo, cualquier dependencia le dirá a la población que no cuenta con recursos para apoyarlos en sus necesidades más básicas. Si antes de la pandemia los presidentes municipales se quejaban de los recortes presupuestales, como mayor razón ahora que se avecina el fin del trienio las arcas estarán vacías. Como siempre los ciudadanos y ciudadanas que depositaron su confianza en las autoridades tendrán que batallar para su sobrevivencia.

El dinero se ha canalizado a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaria de Salud y la Secretaría del Bienestar. No sabemos cómo van a canalizar esos fondos millonarios. La respuesta generalizada será que los recursos se destinaran para enfrentar la crisis sanitaria, principalmente. Las cifras millonarias que manejarán estas dependencias difícilmente llegarán a la población que es extremadamente vulnerable al COVID – 19.

Quisiéramos saber cómo se va a apoyar a los pacientes que requieran trasladados a los centros hospitalarios; cómo se brindará ayuda a las familias que han perdido a un ser querido a causa del COVID – 19 y que implica gastos funerarios especiales. Cómo se apoyará a las mujeres que son víctimas de la violencia, y que enfrentan la amenaza del coronavirus y del hambre. Cómo se va a garantizar un tratamiento médico adecuado a los adultos mayores, para no confinarlos en sus precarias viviendas, resignándose a la muerte.

¿Será la SEDENA y la Marina, en lugar del INPI quiénes se encargarán de atender ahora las necesidades más urgentes de la población indígena y afromexicana? ¿Será las Secretarías de Salud y de Bienestar, las que se avocaran a brindar apoyos a los pacientes que requieran traslados a los centros hospitalarios? o ¿Qué asuman la responsabilidad de sufragar los gastos funerarios de las personas que fallezcan por COVID – 19?

Es preocupante que a punto de llegar a la cúspide de esta pandemia no estemos preparados para implementar un plan B. Así como vemos que un número de habitantes se niega a ver con realismo los efectos devastadores de esta pandemia, así percibimos a varias autoridades que solo vislumbran una sola ruta para aplanar la curva del coronavirus. Tampoco quieren mirar a profundidad la crisis económica que se avecina y que puede desbordar los ánimos de una población que se siente desamparada. Que puede darse un descarrilamiento de esta etapa de la nueva normalidad, que estará marcada por más muertes, más enfermedades, más pobreza y más hambre.

El mapa del país coloreado en rojo, no parece ser una metáfora sino una realidad marcada por la incertidumbre, el miedo, el caos, la desesperación y el fin trágico. La fortaleza de una sociedad que no sucumbe ante las recurrentes crisis económicas que ha tenido que sortear para salir adelante y la solidaridad vigorosa que se ha mostrado ante las catástrofes naturales, son el gran reservorio del país donde emanarán nuevas formas de organización comunitaria, para reconstruir el tejido social que se ha roto, por un modelo económico depredador que quiso suplantar al Estado, colocando al mercado como el paraíso terrenal, y al individuo como rey de la creación.

El colapso no lo generó una Tercera Guerra Mundial, sino el coronavirus que se incubó en la ruindad de los poderosos y que se anido en sus mismos palacios para evidenciar que el capital está sostenido con pies de barro. Es inadmisible que ante tanto poderío económico de los países ricos ahora se encuentran desorbitados y amenazados por un enemigo invisible. Hoy las noticias en el mundo son las curvas de contagio que hay en todo el orbe, son las cifras de muertos por COVID – 19 y los millones de personas que se encuentran contagiadas en todo el globo terráqueo.

Las consecuencias de las políticas malévolas que le apostaron a la acumulación del capital a través de las guerras, las invasiones, los despojos y la privatización de los bienes comunes nos tienen ahora con el semáforo rojo, en medio del peligro, con la acechanza de la muerte, como pacientes potenciales, para que, de la noche a la mañana, aparezcan en la lista de espera de una cama de cuidados intensivos, para la atención de pacientes graves por COVID – 19. Esperamos que la fase 4 sea el retorno a la nueva normalidad y no el tránsito a un estado de catástrofe, donde el país sea inundado de rojo por la mayor tasa de mortalidad en el mundo. En Guerrero tenemos que luchar para no asfixiarnos por la violencia, la pobreza y el coronavirus.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

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Reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, impostergable en momentos críticos para las definiciones políticas

Por: Tlachinollan

Preocupa al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan la dilación de los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero para dictaminar la iniciativa de Ley presentada por la Comisión de Asuntos Indígenas. No vemos motivos ni fundamentos válidos para postergar indefinidamente su discusión y aprobación.

El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano es una demanda histórica por la que han dado la vida los pueblos de Guerrero. Ante la reiterada negativa de gobiernos neocoloniales han sido orillados a ejercer sus derechos de facto, como ejemplarmente lo ha hecho la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), al ejercer los sistemas normativos de los Pueblos Mephaá, Na Savi, Naua y Afromexicano que brinda seguridad, justicia y reeducación a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica. Orgullosamente podemos decir que en estas regiones la seguridad es un bien tangible, en una entidad desbordada por la violencia irracional que imponen los grupos de la delincuencia organizada.

En contrapartida, la postura obtusa de algunas autoridades, han criminalizado, perseguido y encarcelado a las autoridades indígenas que velan por los derechos del pueblo. Es preocupante que la clase política ignore el marco constitucional e internacional que ha reconocido ampliamente los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano. Es más, varios organismos internacionales, jurisdiccionales y autónomos han instado al Congreso del Estado a legislar para reconocer los derechos y armonizar el marco jurídico estatal.

Ante esta lucha secular la Comisión de Asuntos indígenas del Congreso del Estado y los pueblos indígenas y Afromexicano, así como organizaciones sociales y derechos humanos, iniciamos un movimiento inédito que se concretó en un parlamento abierto y 10 foros de consulta realizados en varias regiones indígenas y municipios Afromexicanos del Estado. El gran logro de esta concertación social y política ha sido la elaboración de una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Guerrero, que se encuentra en estudio en la Junta de Coordinación Política, que ha sido insensible para atender el reclamo de los Pueblos.

Como se puede constatar no encontramos motivos de fondo ni fundamentos jurídicos válidos para postergar la aprobación de esta reforma. Han sido más bien posturas mezquinas de algunos legisladores y legisladoras que con su visión corta y racista se niegan a atender una demanda histórica de los Pueblos, de contar con un marco jurídico constitucional y legal que reconozca sus derechos. Para ello existen recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos y resoluciones de distintos Tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan al poder legislativo local a armonizar el marco jurídico local. Es inconcebible que ante un movimiento tan creativo que han protagonizados los Pueblos indígenas y el Pueblo Afromexicano para impulsar transformaciones sociales en nuestro país y nuestro estado, quede trunco esta corriente de pensamiento jurídico innovador por los intereses electoreros y partidistas de un grupo de legisladores y legisladoras que no están a la altura de los grandes desafíos que enfrentamos en Guerrero.

En esta visión mezquina su verdadera pretensión es evitar que los Pueblos indígenas y Afromexicano participen eligiendo a sus autoridades a través de sus sistemas normativos, ya que la reforma permitiría que cerca del 40% de municipios con fuerte presencia de población indígena y Afromexicana ejerza sus derechos políticos a través de sus sistemas normativos.

Lamentamos esta visión crasa que tienen los legisladores locales, porque la reforma además de incorporar los más altos estándares de protección de los derechos de los Pueblos indígenas, es un esfuerzo innovador que tendrá un impacto nacional. La reforma protege el derecho a la tierra y territorio, a la educación, salud y alimentación con perspectiva intercultural, a la comunicación, acceso al presupuesto público para su desarrollo y a la conservación de su ciencia y artes, es por lo tanto, una reforma integral.

Obstruir el debate y aprobación de la iniciativa de Ley es apostarle al descarrilamiento legal y legítimo construido a pulso por los Pueblos indígenas y Afromexicano con el fin supremo del reconocimiento de sus derechos. Los legisladores locales exhiben su visión neocolonial, monocultural, racista y excluyente y privilegian sus intereses electoreros y partidistas por encima del reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano, que son imprescindibles para forjar un Estado cimentado en los derechos humanos y colectivos.

En estos momentos en que el pico de la pandemia está mostrando las grandes debilidades de un sistema económico y político basado en la ganancia y no en la protección de los derechos, hoy los Pueblos indígenas y Afromexicano, además de mostrar capacidad para implementar medidas preventivas eficaces, con los doce municipios que no tienen contagio de Covid-19, están dando la batalla para luchar contra el oprobio y exigir la aprobación inmediata de la iniciativa de Ley para saldar la deuda histórica de quienes han gobernado de espaldas al pueblo.

Por todo lo anterior solicitamos a los Diputados de la junta de Coordinación Política y a todos los que integran la actual legislatura a probar de inmediato la iniciativa de ley presentada que condensa las aspiraciones más altas de los Pueblos indígenas y Afromexicano y además constituye una deuda histórica de los gobiernos.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/reconocimiento-a-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-impostergable-en-momentos-criticos-para-las-definiciones-politicas/

Publicado originalmente en Tlachinollan

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