Author: Tlachinollan

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OPINIÓN: La batalla contra el abuso policial: crónica de un desencuentro

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

Bajo la pertinaz lluvia, los comuneros de Alacatlazala permanecían en el corredor de la comisaria, para analizar la situación de tres policías ministeriales, que detuvieron el día viernes 17 de julio, en el crucero de Malinaltepec.  A pesar de que llevaban más de media mañana discutiendo el caso, nadie se exasperaba para pedir que concluyera la reunión, por la hora de la comida. Queda claro que es un tema de mucha preocupación para la comunidad. Estaban presentes las autoridades agrarias, el comisario y todos los delegados municipales, acompañados de sus comisiones y de su policía comunitaria. En esta reunión no se encontraban las mujeres, tampoco los niños ni las niñas. Solo los jóvenes y personas mayores, que con sus machetes fajados en el cinturón hacen frente a este problema. De por sí, se encuentran en guardia, por el conflicto agrario que se reactivó en esta temporada de siembra con los comuneros de Malinaltepec.

A pesar de que las autoridades de la fiscalía regional no pudieron asistir este sábado 18 de julio a la comunidad, los habitantes se mantenían en sesión permanente. Escuchamos los testimonios que daban cuenta de la detención de los tres policías ministeriales. Explicaron que varias familias no tienen tierras dentro de su núcleo agrario para sembrar maíz, por eso en cada temporada se ven obligados a rentar la tierra a la comunidad de Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, en la zona conocida como Barranca Honda. Un lugar peligroso, donde se han encontrado varios cuerpos de personas desaparecidas.

Estas familias construyen rudimentariamente cobertizos con lonas para vivir dos meses en su parcela, mientras crece la milpa. Enfrentan con mucha crudeza las inclemencias del tiempo. Por eso, otras familias prefieren viajar diariamente de la comunidad a la parcela, aunque es más caro por el costo del pasaje o el combustible, sin embargo, la noche es menos pesada, porque duermen en su casa. La desventaja es que las madres de familia tienen que levantarse a las cuatro de la mañana para hacer las tortillas y preparar el almuerzo y la comida. A las cinco horas, ya van rumbo a la parcela. En este trajín, es donde se han suscitado algunos problemas con la policía ministerial de Tlapa.

El 26 de junio, cuando varias familias regresaban de Barranca Honda, fueron detenidos por un grupo de la policía ministerial. Revisaron su vehículo, verificaron el número de motor y les comentaron que su carro tenía reporte de robo. Por más que el chofer argumentaba que su camioneta había sido revisada en otras ocasiones, nunca le habían dicho que tuviera problemas. Sin atender el dicho del chofer, los policías bajaron a las familias y se llevaron el vehículo para Tlapa. Antes de llegar a la agencia del ministerio público, lo presionaron diciéndole que sabían que tenía armas de alto poder, y que su caso se complicaría. Le prometieron ayudarle, con dinero de por medio. Le pidieron 18 mil pesos. Al sentirse acorralado y desprotegido, el chofer se vio obligado a conseguir el dinero, logrando juntar 15 mil pesos. En lugar de pedir apoyo a su familia y amigos, prefirió guardar silencio a cambio de su libertad. Además del temor que infundieron, carga con la deuda, sin saber cuando la podrá pagar.

El 7 de julio pasado en el crucero de Tototepec, se instaló otro puesto de revisión por la policía ministerial. A los pasajeros les pedían que se identificaran para corroborar en la computadora si alguien tenía orden de aprehensión. Preguntaban de qué comunidad venían y a qué se dedicaban. También revisaban los vehículos. De nueva cuenta a otro comunero de Alacatlazala lo detuvieron, porque supuestamente su nombre aparecía con orden de aprehensión. No le mostraron ningún documento, simplemente lo intimidaron. No tuvo otra alternativa que negociar su libertad por 25 mil pesos. Para darle más confianza a la víctima de esta extorsión, los policías se identificaron como el grupo “chuta”, garantizándole que ya no lo molestarían.

El viernes 17 de julio, como a las 11:30 de la mañana, recibimos una llamada de Alacatlazala. Nos informaban que en el crucero de Malinaltepec se encontraban tres personas que decían ser policías ministeriales. Comentaron que revisaban los vehículos y preguntaban por personas de Alacatlazala. Ante este operativo, los pobladores se organizaron y fueron a verificar el motivo de esta molestia. Constataron que el vehículo no estaba “balizado”, por lo mismo, dudaron de que fueran policías ministeriales. Los comuneros decidieron llevarse la camioneta y a las tres personas para la comisaría. Los interrogaron sobre su proceder. Solo comentaron que iban a entregar una notificación a la comunidad de Moyotepec y que aprovecharon para comprar duraznos. Se identificaron como elementos de la Policía Investigadora Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, con sede en Tlapa. Tomaron las declaraciones de cada uno y vieron que sus armas de cargo no correspondían con las que portaban y que, además, uno de los elementos traía una charola de otra persona. Comentó que aun no estaba dado de alta. Ante estas irregularidades, los comuneros determinaron su detención y acordaron solicitar la presencia del fiscal regional para denunciar las tropelías que han estado cometiendo sus elementos y dar a conocer la situación de las tres personas detenidas.

En la asamblea, resaltaron los reclamos de una población que se siente agraviada y perseguida por la policía ministerial. Los principales del pueblo cuestionaban el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad y respetar los derechos de las personas. Con la experiencia que han obtenido a lo largo de los años, como servidores del pueblo, lamentaron que las autoridades no pongan el ejemplo y, que, al contrario, sean ellas quienes violenten la ley. Por eso, existe mucho desorden. Ya no hay respeto a la misma autoridad porque han defraudado la confianza de la gente. Ya no se sabe si en verdad los policías están capacitados para desempeñar bien su trabajo. Les preocupa mucho que no haya controles dentro de la misma corporación policial, para que no existan personas que se ostenten como policías, sin que tengan su nombramiento, mucho menos que no estén en orden el armamento que portan y el vehículo que usan.

Este domingo 19, los comuneros de Alacatlazala tuvieron una reunión con los principales y delegados municipales. Después de la una de la tarde, recibieron a la comisión encabezada por el fiscal regional de la Montaña. El ambiente se tornaba tenso, al no permitir que los vehículos de las autoridades quedaran sobre la carretera. La instrucción era que quedaran frente a la comisaría, y que la entrada fuera bloqueada con un vehículo de la comunidad. El mensaje era claro: no permitirían la salida de las autoridades hasta que se firmara los acuerdos planteados por la asamblea. Leyeron un documento que narra los hechos de la detención de los tres policías reportando las irregularidades que encontraron. Las personas agraviadas, sobre todo las que han sido extorsionadas dieron su testimonio, resaltando que esta práctica es recurrente. Ilustraban con ejemplos, que a las personas que llevan leña, venden animales de rancho o que se trasladan para ir a sus parcelas, son molestados y llevados a Tlapa. Demandaron con mucha fuerza de que las policías dejen de molestarlos, de intimidarlos y de quitarles dinero. Señalaron que los puestos de revisión no son para proteger a la población sino el mejor pretexto para extorsionar y meter miedo a la población.

Los pobladores de Alacatlazala tuvieron que llegar al extremo de detener a tres policías, para hacer público su reclamo; expresar su enojo, y denunciar los abusos de los policías. Exigieron respeto y demandaron el cumplimiento cabal de su responsabilidad, amparado siempre en la ley. Ante la multiplicidad de agravios que se remiten a otros momentos, en los que también ha habido detenciones de policías del estado y ministeriales, la asamblea tomó el acuerdo de liberar a los tres elementos de la policía ministerial, pero no devolver la camioneta y las armas. Fue una negociación difícil, por los desencuentros que a lo largo de los años se han suscitado en la región, y que la población indígena ha tenido que padecer multiplicidad de abusos, maltratos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, torturas y extorsiones.

Este entuerto ha sido la causa de que las comunidades indígenas generen mecanismos de autodefensa, para proteger sus derechos y contener la fuerza avasalladora de los grupos policiales, que, ante la falta de controles internos para ordenar sus actuaciones, y ante sus precarias condiciones laborales, arremeten contra la población indígena, por considerarla como personas iletradas, que son presa fácil de cualquier amenaza, abuso o engaño.

Los pueblos indígenas no solo han tomado la palabra, sino también las calles, y han sido obligadas a ejercer la protesta para reclamar sus derechos, llegando al extremo de encarar a la autoridad para exigir respeto. Resulta imperioso que las autoridades estatales y municipales pongan el ejemplo de lo que significa respetar la ley y salvaguardar los derechos humanos de la población más lastimada por gobiernos que los han excluido socialmente y les han dado un trato despótico y discriminatorio. Es tiempo de que Congreso del Estado, apruebe la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para dar un salto cualitativo en nuestra legislación que los reconozca como sujetos de derecho y acabar con este yugo secular.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-la-batalla-contra-el-abuso-policial-la-cronica-de-un-desencuentro/

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Opinión: Luces de plomo

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

Abel Barrera Hernández

En la cresta de la Montaña de Guerrero, sobre la amplia zona de alto riesgo para los asentamientos humanos, se multiplican pequeños poblados que se encuentran en las líneas de fuego marcadas por cruces, a causa de las disputas agrarias dirimidas a punta de bala. Son conflictos añejos, que antes de la revolución protagonizaron innumerables batallas los pueblos fundadores de esta entidad suriana. Con gran orgullo rememoran que lucharon al lado de Vicente Guerrero en la gesta por la independencia.

Sus documentos coloniales forman parte de las pruebas tangibles que reclaman derechos primordiales. Tienen leyendas que nutren la memoria colectiva sobre el robo de documentos agrarios supuestamente planeado por comunidades vecinas. La falta de documentos oficiales, como la carpeta básica, colocan en desventaja a comunidades indígenas, que, a pesar de su asentamiento ancestral, la ley agraria no protege sus derechos territoriales. Las resoluciones de los tribunales agrarios, en muchas ocasiones, en lugar de resolver los conflictos, los exacerba, porque la parte que es vencida en juicio no está dispuesta a ceder las hectáreas, que por muchos años han ocupado. Es cuando los comuneros y comuneras deciden defender sus tierras con las armas en la mano, en las líneas de fuego.

La disputa agraria que actualmente protagonizan los habitantes de Alacatlatzala, perteneciente al pueblo Na Savi, con el núcleo agrario de Malinaltepec, del pueblo Me’phaa, nos remite a una lucha cíclica, que de manera recurrente tiene momentos ríspidos al grado que han llegado a la confrontación armada. El último tramo de esta reyerta se da en 1978, cuando los comuneros de Alacatlatzala incursionan en una superficie de mil 300 hectáreas, que la comunidad agraria de Malinaltepec, reclama como suya. En abril de ese mismo año Alacatlatzala inició un juicio agrario solicitando la confirmación y titulación de sus bienes comunales.

Los dos núcleos agrarios le han apostado a la ocupación de las tierras en conflicto, a través de la apertura de nuevas parcelas o la conformación de centros de población. Alacatlatzala tomó la decisión de trabajar estas tierras, mientras que las autoridades agrarias, con el apoyo de las autoridades municipales de Malinaltepec, autorizaron nuevos asentamientos en la zona de conflicto. Esta franja ha sido escenario de múltiples agresiones por parte de los dos pueblos, que se han enfrascado en una disputa estéril.

En 1993 el tribunal agrario le restituyó a Malinaltepec, 9 mil 500 hectáreas, causando un gran agravio a los comuneros de Alacatlatzala, quienes interpusieron un recurso de revisión que no procedió. Esta situación mantuvo en suspenso la ejecución de la sentencia. Fue hasta octubre de 2005, cuando el Tribunal Unitario Agrario, determina entregar una superficie de 12 mil 546 hectáreas, ignorando la decisión de 1993. Para las autoridades agrarias de Alacatlatzala hubo un exceso en la sentencia, por parte de los magistrados, que trazaron la línea en el punto conocido como Piedra de Moler, borrando de un plumazo la zona de conflicto de mil 744 hectáreas.

Con ese aval del Tribunal y con los acuerdos que logró establecer con los núcleos agrarios de Mixtecapa y Coatzoquitengo, para Malinaltepec la disputa histórica con Alacatlatzala quedaba saldada.

Este capítulo dio paso a una confrontación mayor, porque para Alacatlatzala, representó una provocación la construcción de nuevas viviendas dentro de los territorios que han disputado por décadas. Han resistido cultivando sus parcelas por encima de la resolución del Tribunal. Cada año, el conflicto se reactiva con la llegada de las lluvias. Las familias salen a sembrar en un terreno minado, saben que hay que cuidarse las espaldas porque el riesgo de una bala perdida, es inminente.

Para Alacatlazala, la creación de nuevas colonias, por parte de Malinaltepec, es para ocupar la franja en disputa y para cercarlos territorialmente. Para contener este avance, han creado más anexos, en la zona de conflicto. Es una pelea que se disputa metro a metro, con la apertura de nuevas parcelas o la construcción de casas. Los dos grupos enfrentados, han constatado que las denuncias interpuestas por daños, despojo, lesiones, allanamiento de morada o robo, no prosperan ante el ministerio público. Por eso, han ganado las posturas radicales, de ocupar las tierras atrincherándose, para arremeter con las armas. Se ha vuelto recurrente que al inicio del ciclo agrícola se organicen para irrumpir en la zona de conflicto y de esta manera someter a los adversarios. Se destruyen cultivos, se queman casas y se atemoriza a la población con armas de fuego.

En el 2017, Alacatlatzala interpuso un juicio por conflicto de limites ante el Tribunal Unitario Agrario, para reclamar 3 mil 200 hectáreas que mantienen en disputa con Malinaltepec.  A pesar de llevar el caso ante las instancias competentes, la disputa agraria se ha acrecentado en la zona de conflicto. Ha crecido la animadversión y el deseo de venganza, porque cada parte se aferra a su terruño y al derecho que han generado, por la misma ocupación de estos territorios.

En este año de la pandemia causada por el covid – 19, la conflictividad agraria se reactivó con mayor virulencia en varios núcleos agrarios de la Montaña de Guerrero. El conflicto de Malinaltepec y Alacatlatzala no fue la excepción. Cuando iniciaron los trabajos de preparación de los terrenos para la siembra, se dio la primera agresión a un vecino de Encino Roble, municipio de Malinaltepec, quien fue retenido por los comuneros de Alacatlatzala y posteriormente liberado. Se armó la trifulca y desde esa fecha se han suscitado balaceras nocturnas entre ambos bandos. El 19 de mayo, fue una noche de luces de plomo. Solo la lluvia apaciguó a los rijosos.

A pesar de las reuniones que se han establecido con personal de la Procuraduría Agraria, con el presidente municipal de Malinaltepec y con los magistrados del Tribunal Unitario Agrario, la confrontación no ha cesado.

El 29 de junio, como Tlachinollan convocamos a las dos partes para reafirmar el compromiso de esperar la resolución que emita el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Chilpancingo. En este encuentro constatamos la hondura del conflicto, por ser añejo y por estar marcado por eventos violentos que han causado muertes, destrucción de casas, desplazamientos de familias, la imposibilidad de vivir en paz y dormir con tranquilidad. Hace falta implementar una estrategia interinstitucional, impulsada por el gobierno federal que atienda de fondo la conflictividad agraria en las regiones indígenas.  Se requiere estar más cerca de las regiones que se encuentran desamparadas y abandonadas a su suerte. Ante la ausencia de las autoridades y la ineficacia en la aplicación de la ley, la población indígena ha tenido que usar la fuerza para hacer valer sus derechos. En lugar de verse como pueblos hermanos que han forjado una cultura resplandeciente en este macizo montañoso, sus energías se pierden en la disputa agraria, que debilita la organización comunitaria y su capacidad para ejercer su libre determinación. No podemos permitir que sean las luces de plomo las que impongan la ley del más fuerte y la paz de los sepulcros entre los pueblos indígenas de Guerrero.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-luces-de-plomo/

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Opinión: ¿Se acabó la verdad histórica?

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

En el mes de noviembre del 2014, en plena efervescencia y convulsión social por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobierno federal anunciaba a través del procurador general de la república Jesús Murillo Karam, que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala, y que los habrían entregado al grupo delictivo guerreros unidos, quienes los asesinaron e incineraron. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, esa fue la versión oficial que defendió a capa y espada.

En el sistema penal de corte inquisitivo se buscaba la verdad histórica, que consistió en reconstruir los hechos tal cual acontecieron en el mundo fáctico, a través de la prueba recabada en el proceso.  Por su parte, el sistema penal acusatorio prescinde de este objetivo procesal y apuesta por el esclarecimiento de los hechos y la solución del conflicto penal, partiendo que la verdad no es unívoca, y que cada persona involucrado en el proceso tiene su versión de lo acontecido.

Murillo Karam, cuando dio a conocer su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, quiso mostrar que el conjunto de pruebas que tenía reunidas, reconstruía fielmente lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre: que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus restos vertidos al río San Juan.

Esta conclusión, se enmarca dentro de una crisis política propiciada por la protesta social que puso en grave riesgo la estabilidad del gobierno Peña Nieto. Para desactivar este movimiento que se tornaba más virulento, abanderando la consigna de “fue el Estado”, la narrativa de la verdad histórica, se limitó a circunscribir los hechos a un conflicto local protagonizado por el presidente municipal de Iguala con su policía preventiva coludidos con un grupo delictivo de alcance municipal. Excluyó deliberadamente la participación de autoridades federales. Esta versión se sustentó básicamente en tres confesiones de testigos, con la finalidad de cerrar la investigación y concluir la búsqueda de los 43 estudiantes.

Estas conclusiones de la investigación que buscaron un gran impacto mediático, tuvieron como respuesta un rechazo social unánime. Para la población que se trató de una respuesta política más que una investigación científica comprometida con la verdad y la justicia para las víctimas.   En el 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su primer informe desmontó esta trama de la versión oficial. Presentó una serie de pruebas científicas que no daban crédito la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), demostró paso a paso las inconsistencias de esta escena de la pira. En el 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas resolvió que los detenidos fueron torturados, declarando ilícitos y nulos sus testimonios.  Por otra parte, se fueron acumulando más datos dentro de la misma investigación que dejaban sin sustento la verdad histórica. Es importante resaltar algunos de ellos: que los celulares de los estudiantes, con los que supuestamente fueron quemados, estuvieron activos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre y varias prendas de vestir de su propiedad aparecerían en lugares distintos al basurero. Estas pruebas irrefutables fueron deshilando la trama de la versión oficial. La lucha inquebrantable de las madres y padres de los 43, se transformó en un referente nacional que cimbró al mismo gobierno peñanietista. Lograron condensar todo el malestar social para transformarse en un símbolo de la dignidad y la resistencia. Su autoridad moral transcendió fronteras y logró atraer la atención internacional, al grado que el gobierno federal perdió credibilidad y su verdad histórica se fue resquebrajando. Su lucha logró innovar un mecanismo de supervisión internacional que tuvo un impacto favorable en el nuevo curso de las investigaciones. Los informes del GIEI fueron determinantes para descarrilar la línea impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR).

Además del peritaje del basurero de Cocula, el GIEI concluyó con gran contundencia: que en el ataque se realizó un operativo de gran envergadura que contenía tres cercos; el primero instalado en el centro de Iguala; el segundo en el crucero de Santa Teresa y el tercero en los municipios colindantes como Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Zumpango. La participación de las policías preventivas de los tres primeros municipios, quedó corroborada con distintos medios de prueba. Ellos obstruyeron el paso de los autobuses en hora críticas. Se ha constatado la participación de fuerzas de seguridad federal como la policía federal y el ejército mexicano. Se logró indagar que el grupo delictivo de guerreros unidos no era una pequeña célula, sino una red delincuencial con capacidad operativa a nivel internacional, que tiene trazada una ruta para la transportación de drogas de Iguala a Chicago, en autobuses de transporte público. La investigación también corroboró que los funcionarios encargados de la investigación incurrieron en actos de tortura, que recabaron pruebas ilícitas, y en contravención a la ley alteraron la escena del crimen, con la intención deliberada de ocultar la verdad y el paradero de los 43 estudiantes.

Con gran visión las madres y padres de los 43 estudiantes lograron posicionar el caso Ayotzinapa en la agenda de los candidatos presidenciales. Irrumpieron en un acto político del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Iguala. No solo los invitó a subir al templete, sino que les dio el micrófono para que planteara con toda claridad su exigencia de verdad y justicia. Desde aquel celebre mitin quedó sellado el compromiso del ahora presidente de la república de esclarecer los hechos. El caso de los 43 es un tema primordial para el gobierno de la república, por ello el mismo presidente dio la pauta para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Por su parte, el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, emitió un acuerdo que crea la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa dentro de la FGR. No obstante, las altas expectativas que se suscitaron al calor de la nueva administración federal, las investigaciones no tuvieron un avance sustantivo. Todo el 2019, fue una espera impaciente por parte de las madres y padres de familias porque no había avances en las investigaciones. Se dieron momentos sumamente desconcertantes, que causaron desencanto. Por la liberación de varios detenidos, a causa de las inconsistencias de la investigación de quienes crearon la “verdad histórica”.  Se percibió desanimo, una especie de decepción, ante el gran número de personas liberadas. Las madres y padres pidieron reunirse con el presidente de la república para hacer expresar su sentir y apelar a su compromiso de llegar a la verdad. En el mes de septiembre se realizó el primer encuentro donde se establecieron nuevos compromisos y se programaron otras reuniones para darle seguimiento a los acuerdos. En el mes de enero y febrero de este año, se realizaron dos reuniones de suma trascendencia con el presidente de la república. En una de ellas estuvieron presentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la república, como lo habían solicitado las madres y padres, para dar un impulso a las investigaciones, pero sobre todo a entregar resultados de las nuevas indagatorias, para acabar con los pactos del silencio. En la última reunión, las madres y padres exigieron la detención de altos funcionarios que construyeron la “verdad histórica”.

La conferencia del fiscal general, el pasado del 30 de junio resume el nuevo derrotero de las investigaciones y vislumbra los nuevos avances y los hallazgos en las búsquedas que se traduce en tres elementos fundamentales: el fin de la “verdad histórica”; la orden de aprehensión contra Tomás Zerón; la detención de Ángel Casarrubias y los actos de corrupción del poder judicial, así como el anunció de 46 nuevas órdenes de aprehensión.

La declaración de que terminó la verdad histórica es muy significativa, porque se desecha la posición del gobierno anterior, colocando nuevos elementos en la indagatoria. Se rompe con el esquema localista del caso Ayotzinapa, más bien contextualiza estos hechos dentro del fenómeno de la macrocriminalidad, donde se encuentran involucradas autoridades federales. Las órdenes de aprehensión contra altos funcionarios es un claro mensaje de que no habrá impunidad. Tomás Zerón tiene mucho que decir sobre su actuación irregular en el proceso ¿Por qué tantas deficiencias cometidas en la investigación? ¿A que intereses políticos respondió su manoseo en el proceso? ¿A qué autoridades de alto nivel a tratado de encubrir? ¿De dónde obtuvo el resto óseo que fue sembrado en el Río San Juan y que las pruebas de genética indican que pertenece al estudiante Alexander Mora Venancio?

La detención de Ángel Casarrubias es de suma transcendencia por la desaparición de los 43 normalistas. El día de los hechos, José Ángel, ejercía el liderazgo del delictivo de guerreros unidos, quienes contaron con el apoyo y el respaldo de corporaciones policiales, tanto municipales, estatales y federales, así como elementos del ejército y de la marina. También está corroborado que la familia Casarrubias dirigía este grupo criminal, pues varios de sus hermanos han sido detenidos por este hecho, además uno de ellos era policía federal y otro, miembro del ejército. Su detención cobra una relevancia fundamental al ser dirigente de este grupo criminal ya que posee información privilegiada del paradero de los 43. En medio de la turbulencia que se dio, cuando una juez dictó su libertad, el mismo presidente de la república intervino para poner en evidencia el alto nivel de corrupción que existe entre los juzgadores del país, que quebrantan las exigencias más sentidas de una sociedad agraviada que reclama justicia. Las madres y padres esperan que impere el estado de derecho y no los intereses facciosos que pueden descarrilar nuevamente estos grandes esfuerzos para llegar a la verdad.

Las 46 órdenes de aprehensión que anunció el fiscal general es un claro mensaje que las pesquisas continuarán y que se procesará a todos los responsables directos e indirectos del caso. Es una exigencia de todo el pueblo de México, que ya no está dispuesto a tolerar más simulaciones y, sobre todo, versiones falases como la “verdad histórica” que quiso transformar en cenizas los sueños de los normalistas de Ayotzinapa, que son el motor de las grandes transformaciones sociales que requieren nuestro país. Solo así se sepultara la “verdad histórica”.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-se-acabo-la-verdad-historica/

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El caso Ayotzinapa: verdad y justicia a cuenta gotas

Tlachinollan

América/México/Fuente: Tlachinollan

 

El Titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la PGR, Omar Gómez Trejo, en una conferencia de prensa, anunció que entre los restos llevados a Innsbruck, uno corresponde Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; la identificación fue verificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los días 21 y 29 de noviembre de 2019 se realizaron acciones de búsquedas en un punto conocido como Barranca de la Carnicería, Ejido de Cocula; este lugar no es el basurero de Cocula ya que la Barranca se encuentra a más de 800 metros de distancia donde se crea la narrativa de la “verdad histórica”, afirmó Omar Gómez.

Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres, consideró que hoy se ha recibido una noticia con mucho dolor, pero es un paso en la dirección correcta en la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo, queremos decirle a la familia que estamos a su lado, con el compromiso de seguir abrazados, que sentimos su dolor en la distancia y que sin duda no es nada comparado porque la esperanza de que llegara Christian era más inmensa, incluso que la verdad. Nos solidarizamos.

Omar Gómez Trejo dijo que el 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la Unidad Especial del caso Ayotzinapa y al Equipo Argentino, que después de realizar los análisis respectivos de los restos óseos enviadas a Innsbruck, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos. Para mayor certeza de los resultados de Innsbruck también fueron analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, terminando su revisión el 4 de julio. Las conclusiones fueron deforma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece efectivamente al estudiante normalista Christian de forma indubitable. El titular de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa, en sus aseveraciones finales, consideró que con estos hallazgos se rompe el pacto de la impunidad y del silencio, así como se acaba la “verdad histórica”, parafraseando al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Por su parte, Vidulfo Rosales, confía que el hallazgo de los restos pueda revelar una verdad que se ha ocultado a la opinión pública de México y que se ha convertido en una de las promesas de la actual administración, asumida desde la presidencia desde diciembre de 2018. Los primeros indicios de esa verdad llegan con el trago amargo de la muerte de Christian Alfonso Rodríguez que fue víctima de desaparición forzada cuando apenas tenía 19 años.

Aún sigue siendo un tema pendiente. Esta noticia no es más que el símbolo de un país de los desaparecidos, de los rostros ausentes, de la ignominia; un aparato de Estado que quiere exterminar a la voz rebelde, que desaparece a los cuerpos incómodos.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-el-caso-ayotzinapa-verdad-y-justicia-a-cuenta-gotas/

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El fertilizante en tiempos del COVID–19

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

El miércoles 24 de junio es el día de San Juan Bautista, que es el día en que los campesinos e indígenas del estado, tienen como fecha simbólica para la siembra del maíz, frijol y calabaza. Un policultivo que le ha permitido a los pueblos de Guerrero mantener una cultura milenaria cimentada en la milpa, es decir, en una comunidad productora de bienes básicos, donde la diversidad de saberes y formas de organización se materializan a través de la asamblea, que es la expresión más sublime de una democracia basada en el consenso.

El programa fertilizante en nuestro estado ha reciclado el control político de la población indígena y campesina del estado.  En sus inicios el gobernador Rubén Figueroa diseñó este programa como un asunto de control de la población más insumisa del estado. Fue una propuesta pensada más en la lógica de contrainsurgencia, para poder someter a la población rural más pobre del estado. Las matanzas que se han suscitado desde Aguas Blancas, tienen que ver con esa visión depredadora, de que a los campesinos y campesinas que se atreven a levantar la voz, hay que someterlos por la fuerza y darles “su merecido”, ya sea matándolos o domesticándolos con el fertilizante.

Desde la década de los noventas hasta la fecha, el Programa Fertilizante se ha transformado en un programa político, que ha servido a los candidatos y a los mismos gobernantes, como el instrumento más eficaz para imponer un control a la población indígena y campesina más pobre del estado. El apoyo directo ha sido la forma más clara y contundente para tener una gran presencia en el ámbito rural. El paquete tecnológico del fertilizante, que ha sido impulsado por las empresas agroquímicas del exterior, resultó ser el milagro de la agricultura temporalera.

El fertilizante, más allá de ser un agente depredador, se ha transformado en un programa para cualquier político. No distingue de qué partido sea. Los mismos campesinos e indígenas, ven en la autoridad que lo promueve como al mesías que viene a redimir el grave problema del hambre, que enfrenta desde que sus padres le enseñaron a cultivar el campo.

En la Montaña, el problema alimentario, sigue siendo uno de los grandes desafíos que enfrentan las familias indígenas ante su extrema vulnerabilidad por la falta de apoyos, para una producción suficiente y adecuada de los granos básicos en sus parcelas. Vemos con gran preocupación que, en el contexto de la pandemia, los productores de maíz quedan supeditados a los dictados de Segalmex, de los servidores de la nación y de los mismos presidentes municipales, quienes sin ser sembradores de maíz, son los que están determinando quiénes serán los productores que recibirán 6 o 12 bultos de fertilizante.

El gobierno federal, a través del presidente de la república, ha anunciado desde el año pasado que este programa es para apoyar a los pequeños productores, sin embargo, para los presidentes municipales, esto se traduce en la oportunidad para fortalecer cacicazgos políticos, orientados a garantizar el triunfo electoral de los próximos candidatos de su partido. Más allá del diseño que puede tener este programa, en la práctica, los fertilizantes son al final de cuentas un producto que genera dividendos políticos, porque los productores los han hecho dependientes de paquetes tecnológicos basados en el petróleo.

En la Montaña, se reciclan los conflictos comunitarios desde hace un año, con relación a la exigencia que legítimamente han planteado los productores para acceder a los fertilizantes. En el marco de la pandemia, la gente del campo entendió que habría que esperar el momento para registrarse como productores, y al mismo tiempo, darles oportunidad a las instancias de gobierno como Segalmex, que realizaran el traslado de los agroquímicos a las bodegas de sus municipios. El grave problema es que en este diseño, desde la elaboración del padrón, la distribución del fertilizante y la ubicación de las bodegas, se realizó en el escritorio. Es decir, en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de los beneficiarios directos. Simplemente se apostó al volumen de millones de pesos que se autorizaban desde la federación para la compra del agroquímico y se planeó que, a través de Pemex, se iba a realizar toda la maniobra, para resolver los problemas de la entrega en cuanto a volumen y tiempo del agroquímico.

En los hechos resultó que Pemex no estaba en condiciones de atender está demanda, mucho menos de cumplir con el compromiso asumido por el Ejecutivo Federal, de que en este año se daría cumplimiento cabal a la entrega del fertilizante en tiempo y forma. Es más, que se ampliaría este programa a otros estados para demostrar la capacidad del gobierno federal y su paraestatal, de que estarían en condiciones de entregar estos insumos a la población campesina e indígena de la zona sur y centro del país.

Es increíble que las cifras que dan tanto el subsecretario de agricultura Miguel García Winder, de que se ha entregado a 167 mil productores el fertilizante, los funcionarios de Segalmex informen que han proporcionado a 227 mil 171, cuando la meta era beneficiar a 280 mil productores. La realidad es que hay un gran número de productores que han sido desaparecidos de los padrones, sin que los servidores de la nación puedan informar qué fue lo que pasó en este nuevo sistema de registro, controlado por la Secretaría del Bienestar.

A pesar de las reuniones que el gobernador del estado ha tenido con los presidentes municipales, cada municipio decidió la forma de apoyar a los productores. En el caso de la Montaña, desde el año pasado tenemos al municipio de Acatepec, como el ejemplo más claro del uso clientelar del programa. A todos los productores se les impuso una cuota de 100 pesos por hectárea para la entrega del fertilizante en sus comunidades. Esto mismo sucedió con el presidente de Tlacoapa, que está cobrando a los productores 50 pesos para el traslado del agroquímico a sus comunidades.

Son casos que hemos documentado y que las mismas personas nos han pedido nuestra intervención, sin embargo, no podemos hacer nada, porque resulta que los presidentes son autoridades intocables. Nadie puede obligarlos a cumplir con el compromiso presidencial, de que los 6 o 12 bultos que reciben los productores más pobres de país, tienen que asumir los costos para el traslado de los agroquímicos a sus domicilios. Ninguno de ellos pondrá de su bolsa, simplemente tendrán que utilizar el Ramo 28, de las participaciones federales.

Es el mismo negocio de los grupos políticos de antaño que en la actualidad, siguen reproduciéndose en el estado, porque forman parte de una estructura clientelar, que al final de cuenta se trata de expoliar al más pobre. En esa pirámide se encuentran tanto los funcionarios federales, del estado y los presidentes municipales, que forman parte del entramado burocrático, quienes lucran con las necesidades de la población más depauperada. Las mafias de los transportistas son los tentáculos de un poder caciquil que se mueven al ritmo del jefe político en turno. Ellos se encargan de movilizar a las clientelas políticas, y al mismo tiempo, de cobrar estos favores a la población más vulnerable, quienes para sobrevivir tienen que pagar el traslado de los agroquímicos para las siembras del hambre.

Las familias indígenas de la Montaña, en el marco de esta pandemia han tenido que esperar a la Secretaria de Desarrollo Rural y a los mismos presidentes municipales, para que hagan llegar el fertilizante a sus comunidades. Nada es gratis. Todo tiene un costo político y económico. La gente quiere sembrar, para que San Marcos les haga el milagro de que llegue la lluvia y puedan cosechar suficiente maíz, sin embargo, para los políticos el fertilizante es una gran oportunidad para afianzar clientelas que les garanticen el voto el próximo año, sufragando en favor de su grupo político o de su propia candidatura.

Hoy el reclamo de la población indígena de la Montaña es que se tome en cuenta a todos los productores y productoras. Que no se discrimine a las mujeres como está pasando en el municipio de Acatepec, a quienes se les asigna la cuota de 6 bultos, independientemente de que puedan acreditar dos o tres hectáreas. Por otro lado, también han reclamado, como sucede en el municipio de Alcozauca, que se incorporen 800 productores que han sido excluidos del padrón, por parte de los servidores de la nación, bajo el criterio de que no son personas afines a Morena.

El principio de la gratuidad no se está garantizando entre los municipios más pobres de Guerrero.  Por el contrario, las cabeceras municipales que el gobierno federal llamó de La Esperanza, por no haber registrado contagios del COVID – 19, sus pobladores son quienes padecen el trato discriminatorio al negarles la atención médica y la aplicación de las pruebas PCR, porque en la Montaña los indígenas no tienen derechos. Estamos ante una realidad que lacera, porque se sigue tratando a las poblaciones que poseen una identidad propia como entes manipulables y sacrificables.

No le cuesta nada al país que varios jefes o jefas de familia mueran por el COVID – 19 o por cualquier otra enfermedad, al final de cuentas se trata de población indígena, quienes, desde la colonia, han sido asesinados o contagiados por epidemias trasmitidas por los colonizadores. El fertilizante en tiempos del COVID – 19 sigue utilizándose en la práctica, como un programa de control político, más que de justicia social. El agroquímico es una apuesta por el poder político en la siembras del hambre.

 

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-fertilizante-en-tiempos-del-covid-19/

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OPINIÓN | Guerrero, en extrema vulnerabilidad

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

Daniel Chiquiar Cikurel, director general de Investigación Económica del Banco de México, calificó como estados muy vulnerables a Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur, “porque tienen una orientación turística y, por lo tanto, claramente, el riesgo de perder empleo por estar en actividades muy riesgosas, es elevado”. El turismo que se ha catalogado como una actividad no esencial en la fase tres de la pandemia, coloca en una situación sumamente critica a nuestra entidad, por el elevado número de empleos que se han perdido. Esta situación ha impactado fuertemente en el Puerto de Acapulco, que es el corazón de la economía del estado.

El Banco de México en su reporte sobre las Economías Regionales de enero – marzo de 2020, registró una pérdida de 685 mil 840 puestos de trabajo, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reporta que las mayores contracciones se dieron en Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur y Guerrero. Son estados cuya vocación productiva está orientada al turismo que, ante el choque sanitario, la gran mayoría de trabajadores pasó de la noche a la mañana a las filas del desempleo. Por su parte el gobernador Héctor Astudillo, informó que la fase tres de la pandemia provocó la pérdida de más de 50 mil empleos formales e informales, llegando a cerrar 220 hoteles en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. La situación pasó de ser delicada a grave.

El grave problema que enfrentamos como estado es que una alta proporción de la fuerza laboral se concentra en un sector económico vulnerable, como ahora es el turismo. Las grandes fluctuaciones en los niveles de ocupación son como una ola que arremete con toda su fuerza contra los trabajadores de este sector. La contingencia ha castigado con toda su furia a la población que se asienta en los centros turísticos del estado.

La gran desventaja es que se trata de trabajos que no pueden llevarse a cabo a la distancia. Los turistas requieren una atención personalizada y un servicio directo. El turismo implica el desplazamiento de personas por diferentes vías de comunicación, marcado por temporadas altas y bajas y centrado en el esparcimiento, la diversión y el descanso. Nada de estos servicios se pueden obtener a distancia, por lo mismo, las empresas están imposibilitadas de implementar otra modalidad de trabajo para mantener la continuidad de sus actividades. Por otra parte, el nivel de calificación que se requiere para la asignación de determinados puestos, no exige un alto grado de profesionalización. Por lo mismo, la rotación laboral es mayor y el desempleo es una amenaza inminente.

El estudio del Banco de México enfatiza que la falta de gobernanza es también un factor de mayor riesgo para el crecimiento económico, es decir, que si en estados como Guerrero, la violencia y la inseguridad pública, siguen siendo la principal amenaza para la población, se truncan las posibilidades de que se consoliden las inversiones económicas en las diferentes regiones de la entidad. No solo el COVID – 19 vulnera nuestro desarrollo, sino también la debilidad de nuestras instituciones y la fragilidad de nuestro orden constitucional.

El reciente informe publicado por International Crisis Group, titulado La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, afirma que nuestro estado es el epicentro del crimen organizado en México, con más grupos luchando por el control del territorio que en cualquier otra región del país. “Al menos 40 grupos luchan, por un diverso portafolio criminal, que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína, para el mercado estadounidense y varios tipos de actividades criminales, que han aparecido recientemente, principalmente la extorsión (…) una reforma a la policía civil, la protección de las poblaciones vulnerable y el desarme de grupos violentos, son tareas esenciales para que el estado salga de su guerra crónica (…) el gobierno debe de proveer los recursos y la protección física para permitir que la sociedad civil local, tal como las organizaciones de víctimas, asuman roles de liderazgo en estos procesos”.

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la siguiente investigación: Vulnerabilidad ante el COVID-19 en México, donde plantea las tres principales dimensiones del índice de vulnerabilidad en el marco de la pandemia: la demográfica que incluye factores socioculturales que dificultan el acceso a la información para prevenir el contagio y acudir a los servicios médicos; la salud que se refiere a la presencia de morbilidades asociadas a complicaciones del coronavirus como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares  e infraestructura en salud, y la socioeconómica, relacionada con la satisfacción de los derechos básicos y la capacidad económica.

El índice de vulnerabilidad está clasificado en 4 grados: media, alta, muy alta y crítica. En la Montaña de Guerrero el grado muy alto de vulnerabilidad se concentra en los municipios de mayor marginación, que cuenta con áreas urbanas pequeñas y un gran número de comunidades dispersas. En esta región la infraestructura de salud es muy escasa, con una tasa de hacinamiento alta. Los hogares cuentan con pocos medios de comunicación y la producción económica es precaria. Son municipios mayoritariamente indígenas. Para los investigadores, las poblaciones con un grado critico de vulnerabilidad, representan un reto mayor que debe ser atendido de manera especial por las autoridades. En términos socioeconómicos, son los municipios con menor capacidad de resistencia y por consecuencia, menor capacidad de resiliencia. Por lo mismo, debe ser un imperativo que la política pública se encamine a evitar la propagación de contagios en estas áreas, ya que no existen los servicios médicos para atender a quienes se enferman.

El estudio señala que la mayor vulnerabilidad se concentra en los municipios más marginados del país, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Hace unas semanas, el gobierno federal catalogó como municipios de “La Esperanza”, a 269 que se ubican fundamentalmente en estos estados y se caracterizan por su alta marginación. Su vulnerabilidad es extrema, a pesar de que no hay contagios, sin embargo, la precariedad en la que viven tiene fuertes efectos negativos en las economías locales. Se señala que es en estos municipios donde se deben prevenir a toda costa los contagios, ya que además de la precariedad económica, los servicios de salud son prácticamente nulos.

Recomiendan aumentar y mantener las medidas de prevención del contagio en municipios con vulnerabilidad muy alta y critica, aunque no presenten casos, por el alto impacto de la pandemia. Sugieren que no se levante las medidas de mitigación del contagio, porque no hay certeza de que en estas poblaciones estén al margen de los intercambios económicos, sociales y culturales. Más bien, existe una gran movilidad poblacional, ante la falta de trabajos remunerados. La alta migración que se ha registrado por parte de familias indígenas provenientes de los municipios de Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte y Tlapa, que se trasladan a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, nos muestran el intenso desplazamiento que se está dando, sin que se implementen acciones coordinadas entre los estados expulsores de mano de obra jornalera y los estados receptores para prevenir contagios y brindar una atención digna a mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores que ante la falta de condiciones materiales y económicas para sembrar en sus pequeñas parcelas, no tienen otra alternativa que realizar actividades agrícolas  extenuantes.

Hoy el gobierno de Guerrero no deja de insistir en su publicidad oficial que la pandemia no ha terminado. Que necesitamos extremar precauciones. El mensaje que dio este domingo el gobernador, fue muy enfático, al reiterar que el semáforo rojo se mantiene en el estado. Advirtió que no estamos en condiciones de abrir las actividades no esenciales. Anunció que se aplaza hasta el 30 de junio del 2020 el inicio de estas actividades. También enfatizó que es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y recomendó el uso de la careta. Reconoció que hay una gran cantidad de contagios, remarcando que por esta situación mucha gente está sufriendo.

En esta semana las cifras de decesos rompieron récord con 61 defunciones en un solo día, arrojando el domingo 14 de junio, un total de 546 defunciones y 3 mil 325 casos confirmados. Lo que más preocupa es que sigue aumentando el número de casos, a pesar de las escasas pruebas que se aplican en los centros hospitalarios. El fenómeno de la comorbilidad, es decir, el padecimiento de dos o más enfermedades que tiene una misma persona, ha desconcertado a un gran número de familiares y a la población en general, porque a pesar de que hospitalizan a sus enfermos por diabetes o hipertensión, cuando el desenlace es fatal, los médicos dictaminan, que la causa de su muerte fue por coronavirus. Esto ha generado desconfianza entre los nuevos pacientes y desencadenado versiones inverosímiles, de que en los centros hospitalarios la gente se está contagiando y muriendo por COVID – 19.

Otro elemento que es importante señalar, es el doble sufrimiento de las familias, quienes además de tener a un familiar hospitalizado, deben de sufragar todos los gastos relacionados con la compra de medicamentos. En el hospital de Tlapa, hemos constatado que ni siquiera mascarillas, ni paracetamol pueden proporcionarles a los pacientes. Desconocemos dónde está el problema, pero lo real, es que ha habido pacientes que han gastado hasta 10 mil pesos en la compra de medicamentos. Estas situaciones que deben de atenderse y corregirse, se adhieren a los problemas más complejos que enfrentamos en el estado, y que nos colocan en el desfiladero de la extrema vulnerabilidad.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-guerrero-en-extrema-vulnerabilidad/

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Opinión: Las viudas de El Charco

Tlachinollan

Por:  Tlachinollan- Abel Barrera Hernández-

 

“Salgan perros, les vamos a dar su chilate con pan”, fue el grito de guerra del general Alfredo Oropeza Garnica para arremeter contra los indígenas Na’Savi, que descansaban en uno de los salones de clases de la escuela primera Caritino Maldonado. Rosearon de balas los salones para acabar antes del amanecer contra algunos miembros del Ejército Revolucionario del pueblo Insurgente (ERPI).  El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante universitario asesinados, cuatro adultos y un niño fueron gravemente heridos, mientras 22 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, entre ellas cuatro niños y una estudiante universitaria.

Para doña Eustolia, esposa de José Rivera, uno de los caídos en esa madrugada “no había necesidad de matarlos. El gobierno los masacró cruelmente a sangre fría. Estas fechas me causan tristeza porque aquí quedó su alma. Aquí murió. Nos marcó la vida. El gobierno nos golpeó. No se puede reparar ni olvidar lo que pasó. Fue muy doloroso, son huellas que nos marcaron para siempre. El sufrimiento, la soledad y el hambre que pasamos con nuestros hijos, además de los rumores de que los militares nos iban a matar, ha sido la pesadilla que por 22 años nos ha impedido vivir tranquilas y conciliar el sueño”.

“Mi esposo me decía que al gobierno no le gustaba que nos organizáramos. El gobierno quiere que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Recién había pasado lo de Aguas Blancas, aquí puede pasar algo parecido, decía, si llegara a pasar es porque estamos exigiendo algo justo”.

Eustolia recuerda que “la organización era para impulsar la autonomía de las propias comunidades, que traerían los cambios sociales en beneficio de la gente más pobre. Por eso, se trabajó con los comisarios de cada comunidad. Fue como un sueño que se pensaba lograr muchas cosas. La organización era la magia para recuperar la fuerza de las comunidades, porque solos, cuando bajamos a Ayutla nadie nos ve ni nos atiende”.

Hoy se sabe que los militares dispararon 284 municiones y lanzaron dos granadas al interior de los salones donde pernoctaban los indígenas. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que el ejército disparó 780 cartuchos.

En la madrugada del 7 de junio, Apolonio Giménez fue uno de los primeros que se animaron a salir con las manos en alto gritando que no le dispararán. Les respondieron que se tirara en la cancha. Así lo hizo. Empezó a avanzar como pudo, mientras otros compañeros al animarse a salir recibieron varios impactos de bala. Ya no pudieron avanzar. Ante la metralla que no cesaba, algunos intentaron correr, pero fueron alcanzados por las balas. José Rivera fue herido en la pierna, como pudo se arrastró hacia la cancha para ponerse a salvo. Las balas arremetían contra quienes se atrevían a salir. José ya no tuvo fuerza para arrastrarse con sus brazos, porque sus piernas quedaron inmovilizadas por las balas.  Al final, recibió el tiro de gracia, como pasó con varios compañeros que se encontraban en la cancha.

La esposa de José Apolonio, que dejó a 9 hijos, nos comenta que se había ido al arroyo a buscar acamayas. En el camino escuchó los ruidos de los helicópteros. No sabía lo que había pasado en la madrugada.  A su regreso se topo con uno de sus pequeños hijos que desesperadamente corría para darle la noticia, de que habían asesinado a su papá. “Yo no creía que mi esposo estuviera muerto. Hasta regañé a mi hijo, porque pensé que estaba inventando. Al llegar al pueblo, varios señores me dieron la noticia. Más bien me espantaron, porque me dijeron que escondiera mis papeles, la credencial de mi esposo, porque si no lo hacía iban a matar a todos. Les dije que prefería que nos mataran a todos si en verdad teníamos la culpa para merecer la muerte. No entendía el coraje que tenía el gobierno para que nos viniera a matar. Ya no pude comer, sentía desfallecer. Estaba muy desesperada y triste. No sabía como consolar a mis hijos, ni que hacer para que entregaran a mi esposo. Me quedé aturdida. En varias ocasiones se me revelaba, escuchaba sus pasos, el ruido de sus huaraches. Sentía que entraba a la casa, pero todo era imaginación. Porque él ya está muerto. Mi cabeza se hacía grande y mi cuerpo pequeño. Para mí era mejor morir y no saber nada, sobre todo porque tenía un mes de embarazo. Sólo mis hijos me dieron la fuerza para seguir. Mis dos hijos más grandes, que en ese tiempo eran niños, empezaron a ir de peones para conseguir maíz y jabón. Así la íbamos pasando porque tenía nueve hijos. Estuve a punto de regalar a un hijo, ya que mucha gente venía a pedírmelo porque veían que no iba a poder, pero mis hijos grandes lo evitaron. Uno de mis hijos se fue a Estados Unidos a trabajar de jornalero. Tenía 17 años. Lamentablemente falleció en marzo de 2009. Era el que más me apoyaba para que mis hijos más pequeños pudieran estudiar. Por él teníamos que comer. He sufrido mucho porque tuve que trabajar como peón para no morirnos de hambre. En medio de tanto sufrimiento, mi hija se logró. Ahora ya esta grande y está estudiando para médico.

En la lengua Tu’un savi, otra de las viudas se animó a decir que gobierno solo sube al pueblo para matar a la gente. Así lo hizo con su esposo y sus demás compañeros. No solo nos quita la vida, sino que nos mete miedo, para que no hagamos nada para defender nuestros derechos. Tuve que dar varias vueltas para recuperar el cuerpo de mi esposo. Me decían que ya lo habían enterrado en la fosa común. Era para que yo ya no lo buscara y me quedara callada. Después de tres días me lo entregaron. Me traje su cuerpo y me quedé en mi pueblo para enterrarlo. He vivido con mucho miedo, porque el ejército siguió subiendo para detener a más gente. A varios compañeros, los han ido matando. Nadie sabe quien lo hace, pero así trabaja el gobierno, para que sigamos agachados sin decir nada.

Después de El Charco, nuestra vida está marcada por el dolor y el sufrimiento. Así como está la escuela rociada de balas, así siento que está mi cuerpo. Como si a mi me hubieran matado. En verdad así es, porque para el gobierno no existimos, no valemos nada. Las vidas de nuestros esposos tampoco valieron, porque las autoridades no investigaron a los militares. Más bien, los premiaron y les dieron mejores cargos. Así hace el gobierno, gasta el dinero en armas y en el entrenamiento a los militares, para que vengan a matarnos, cuando se dan cuenta que nos estamos organizando para salir de pobres.

Han pasado 22 años y estamos peor. Las autoridades se han puesto de acuerdo para castigarnos, para que nosotros mismos nos peleemos y seamos nuestros propios verdugos. Quisieran que El Charco no existiera para que nadie reclame justicia y para que no molestemos a los militares que asesinaron a nuestros esposos.

Trabajamos sin descanso, en muchas ocasiones con el estómago vacío. Con nuestras propias fuerzas hemos podido sacar adelante a nuestros hijos. Con muchos sacrificios logramos que estudiaran en Ayutla y en Chilpancingo. Me da mucha alegría, en medio de tanta pobreza, saber que mi hija está estudiando en la universidad, y que tiene el sueño de ser doctora. Nunca imaginé que, trabajando en el campo, cortando leña y sembrando maíz, iba a lograr que mis hijos crecieran y que pudieran estudiar. Eso es lo que me da fuerza, para seguir en esta lucha. Ahora entiendo porque mi esposo trataba de organizarse con la gente del pueblo, para que ya no hubiera tantas injusticias y tantos sufrimientos. Puedo decir, que está orgulloso de mi, porque no abandoné a mis hijos y porque nunca me olvidé por lo que el soñó.

A 22 años de la masacre de El Charco, el gobierno sigue desangrando nuestras vidas. Como mujeres indígenas, nunca hemos recibido la protección del Estado, ni nos han reconocido como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Lo más cruel es que el gobierno sigue sin castigar a los militares que perpetraron esta masacre y se obstina en darle más facultades el ejército para que se encargue de la seguridad pública, sin que se les obligue a rendir cuentas por estas atrocidades.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-las-viudas-de-el-charco/

Publicado originalmente en Desinformémonos

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